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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00114-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00114-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 Nº 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Núm. único de radicación: 680012333000202100114-01 SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2021-00114-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 680012333000202100114-01
Actor: Jaime Orlando Martínez García
Demandados: Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Seccional Bucaramanga y Edificio
José Acevedo y Gómez PH1

Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime
Orlando Martínez García contra la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Jaime Orlando Martínez García presentó demanda2, en ejercicio del
respectivo medio de control, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bucaramanga – Santander y el
Edificio José Acevedo y Gómez PH, con el objeto de obtener la protección de los
derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2.
2 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_002REPARTODEMANDA(.pdf) NroActua

2.

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2

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la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; iv) al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; v) al derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; vi) a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; y vii) a los derechos de los consumidores y usuarios.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1- Se declare a través de sentencia que la administración del Edificio José
Acevedo y Gómez PH propiedad horizontal y al Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander,
violan la Ley No.361 de 1997, el Decreto No.1538 de 2005, el Decreto No.93 del 13
de enero de 1998, Ley No.46 de 1998, el Decreto extraordinario No.919 de 1989, la
Ley No.1275 del 5 de junio de 2009, artículos 3 y 6 literal a) de este último (Ley que
protege derechos colectivos de las personas de talla pequeña), la Ley Estatutaria
No.1618 de 2013, la Ley No.1752 de 2015 (Ley Penal); se ordene cumplir las
especificaciones constructivas, técnicas, de fabricación, elaboración e instalación,
consagradas en las Normas Técnicas Colombiana: NTC 4145 y/o NTC 4201 y
demás normas concordantes y las que considere el señor juez, para el uso de las
personas en general en especial las que presentan discapacidad visual y para las
personas de talla pequeña […].

2- Se ordene a la administración del Edificio José Acevedo y Gómez PH propiedad
horizontal y al Consejo Superior De La Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional De
Administración Judicial Bucaramanga – Santander, la inmediata unión de todos y
cada uno de los tramos que presentan discontinuidad, o que estén desunidos,
sueltos, desconectados, interrumpidos, cortados unos con otros tramos de las
ESCALERAS DE EVACUACIÓN, dando un término máximo de 30 días
calendarios para ello, y así garantizar a la comunidad en general el óptimo uso,
seguro tránsito vertical peatonal, y disfrute confiable, a las personas en situación de
discapacidad en general y en este caso las que presentan discapacidad visual
temporal como permanente, la población infantil, los adultos mayores, los turistas
nacionales, para las personas de talla pequeña, extranjeros y población en general.

3- Se declare a través de sentencia que la administración del Edificio José Acevedo
y Gómez PH propiedad horizontal por ACCIÓN y al Consejo Superior de la
Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga –
Santander por OMISIÓN, vulneran los derechos colectivos en conexidad con las
normas y leyes de la PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
dirigidos a la población en situación de discapacidad visual tanto temporal como
permanente, la población infantil, los adultos mayores, los turistas nacionales, para
las personas de talla pequeña, extranjeros y población en general.

4- Se ordene a las accionadas al protegersen(sic) los derechos colectivos parcial o
totalmente como lo predica la Ley No. 472 de 1998, artículo 42, expedir una póliza
que garantice el cumplimiento de la sentencia.

5- Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de
forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.
[…]

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6- Se condene en costas y agencias en derecho y demás gastos económicos a
las demandadas que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa
del artículo 38 de la Ley No. 472 de 1998, el Código General Del Proceso, el
C.P.A.D.A., el acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura artículos
2 y 3, y al numeral 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura y demás normas concordantes […]”3.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. El Edificio José Acevedo y Gómez PH se encuentra ubicado en la Calle 35
núm. 16-24 de la ciudad de Bucaramanga. En aquel lugar concurre gran número de
visitas, especialmente usuarios de los quince (15) juzgados administrativos que allí
operan, los cuales están situados “[…] en los pisos 4, 15, 16 y 17 […]”.

3.2. La ausencia de pasamanos continuos, lozas texturizadas y avisos en acrílico
en la edificación vulneran la protección de la población con discapacidad visual,
temporal y permanente, de las personas de talla baja y de los demás transeúntes
que por allí concurren. Lo anterior, sobre todo relacionado con resguardar la
independencia de las personas por si se presenta algún caso de fenómeno natural,
riesgo o desastre.

3.3. Al indicar lo mencionado, destacó las obligaciones derivadas de las normas
concordantes, dentro de las cuales se encuentran las Normas Técnicas
Colombianas 4145 y 4201, en las que se ordena la existencia de pasamanos a
ambos lados del trayecto, su continuidad en todo el recorrido y prolongaciones
horizontales, para advertir al transeúnte tanto del inicio de la ruta como de su final.

3.4. Asimismo, advirtió que la Nación - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga es responsable solidariamente por la
vulneración a los derechos e intereses colectivos, dado que debió exigir a la
administración del edificio que se realizaran los correctivos pertinentes porque el
accionante ya le había informado la situación mediante una petición.

3.5. El Municipio de Bucaramanga está ubicado en el Departamento de Santander,
el cual “[…] se encuentra clasificado como uno de los departamentos más
sísmicos del país por ser poseedores del NIDO de los SANTOS (Adjunto informe
expedido por INGEOMINAS, censo sismos diarios en Santander); no es posible que
bomberos […] a hoy por hoy no haya requerido lo que se exige se realice en esta

3 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_0181SUBSANOAPR(.pdf) NroActua 2.

Páginas 14-15.

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demanda, entidad municipal que en clara violación a las normas y leyes, […] con su
omisión [se hace] solidariamente responsable junto con el consejo administrativo
y/o copropietarios del edificio […]” (Destacado del original).

3.6. Los pasamanos existentes no acatan la normativa relacionada debido a que,
tal como fueron fabricados e instalados, no garantizan la posibilidad de decisión
independiente de los transeúntes, sea cual sea su condición.

Actuaciones en primera instancia

4. El Tribunal Administrativo de Santander profirió auto de 13 de mayo de 20214
en el que resolvió: i) admitir la demanda; ii) notificar personalmente a la parte
demandada y al Ministerio Público; iii) informar a los miembros de la comunidad, a
través de un medio masivo de comunicación y iv) rechazar la demanda en lo
referente a las pretensiones atinentes a la no existencia de avisos informativos y
rutas de evacuación en braille, lenguaje de señas colombiana -LSC – y la instalación
de losetas texturizadas guías de alerta y orientación.

Contestaciones de la demanda

5. La Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bucaramanga5
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas6, así:

5.1. Los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga y oficinas
administrativas de la Rama Judicial funcionan, únicamente, en los pisos 3, 15, 16 y
17.

5.2. Mediante escrito identificado con núm. DESAJBUO19-1567 de 26 de febrero
de 2019, se informó al accionante y a la Administradora del Edificio José Acevedo
y Gómez PH lo relacionado con los pasamanos instalados en los pisos 3, 15, 16 y
17, sin que hubiera intervención por parte de la copropiedad.

5.3. Los pasamanos de la zona de acceso a la edificación no pueden ingresar
dentro de los elementos a cargo de la Rama Judicial debido a que deben ser
asumidos por parte de la administración del edificio, por tratarse de una zona de uso
común, “[…] que en todo caso, se encuentra sometida a la GUÍA DE ATENCIÓN A

4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_020202100114ADMI(.pdf)
NroActua 2.
5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0321CONTESTACIONA(.pdf)

NroActua 2.

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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA, para lo
cual la Administración Judicial dispone en esa sede de un dispositivo tipo oruga
salvaescaleras que está al servicio de la comunidad en general que lo requiera […]”.

5.4. Mediante Contrato de Obra núm. 030 de 13 de septiembre de 2021, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, contrató la
adecuación de los pasamanos instalados en los pisos 3, 15, 16 y 17, con el fin de
dar cumplimiento a la reglamentación vigente en la materia y a las especificaciones
técnicas del documento denominado “COMUNICACION DE ACEPTACION DE
OFERTA IP Nº 017 DE 2021”. Se advirtió que la inversión se limitaría
exclusivamente a los pasamanos en uso en los pisos donde funcionan instalaciones
de la Rama Judicial, sin que le corresponda a la entidad asumir de forma solidaria
el costo de la adecuación de los pasamanos de los otros pisos de la edificación.

5.5. El grupo de infraestructura de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial supervisó las actividades de adecuación de los pasamanos
de los pisos 3, 15, 16 y 17, donde funcionan despachos y oficinas de la Rama
Judicial.

6. El Edificio José Acevedo y Gómez PH7 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas8, así:

6.1. Frente a la aplicación de la norma técnica colombiana referente a los
pasamanos, hay carencia de objeto por hecho superado debido a que, para el
momento de la notificación de la admisión de la demanda, la Nación - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bucaramanga, había surtido las
obras correspondientes.

6.2. Como excepciones presentó la denominada: “Inexistencia de la vulneración
y/o puesta en peligro de los derechos o intereses colectivos determinados en la
demanda”.

La audiencia especial de pacto de cumplimiento

7. El Tribunal Administrativo de Santander profirió auto el 1 de septiembre de
20229 mediante el cual fijó fecha de audiencia de pacto de cumplimiento, y,

7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0381CONTESTACIONA(.pdf)

NroActua 2.
9 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_6_AUTOFIJAFECHA5DOC(.docx)

NroActua 2.

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posteriormente, profirió auto el 1 de noviembre de 202210 mediante el cual fijó nueva
fecha para la misma diligencia.

8. La misma Corporación realizó la Audiencia de Pacto de Cumplimiento el 15
de noviembre de 202211, en la cual se presentaron las respectivas fórmulas de
arreglo y se llegó a un pacto de cumplimiento entre las partes. En el mencionado
acuerdo, el Edificio José Acevedo y Gómez PH se comprometió a que, dentro del
término de dos (2) meses, emitiría un informe una vez realizara las siguientes
labores:

“[…] 1. [Dar c]ontinuidad de los tramos incompletos del pasamanos, del lobby al piso
dos, del piso dos al tres, y de la plazoleta al pasaje Santander.

2. [Realizar la s]eñalización texturizada en el pasamanos al concluir los tramos del
pasaje Santander, la plazoleta, el lobby y el piso 18.

3. [Elaborar los a]visos en acrílico en el sistema de lectura braille, ubicados debajo
del pasamanos señalando el lugar en el que se encuentran al concluir los
respectivos tramos de pasamanos (Lobby, plazoleta y pasaje Santander y el piso
18) […]”.

9. En dicha audiencia, la Magistrada del Tribunal le concedió el uso de la
palabra al apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -
Seccional Bucaramanga, quien explicó las diligencias que habían surtido de
conformidad con la fórmula de arreglo y señaló que en el informe de cumplimiento
se evidencian los avances de las adecuaciones locativas con imágenes capturadas
ese mismo día, dentro de las que se encuentran las siguientes:

10 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_8_AUTOFIJAFECHAPACTO(.docx)

NroActua 2.
11 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_12_ACTAAUDIENCIA9DO(.docx)

NroActua 2.

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10. Más adelante, la Magistrada le concedió el uso de la palabra al apoderado
del Edificio José Acevedo y Gómez, quien manifestó que también habían realizado
obras civiles en el edificio para adecuarlo a la normativa mencionada en este
proceso.

11. Posteriormente, la palabra fue otorgada al actor popular, quien en su
intervención convino a informar que las obras no abarcaban la totalidad de los
pasamanos, hacían falta ciertas uniones y unos avisos texturizados en la zona de
entrada al edificio. En sus palabras señaló que “[…] [al hacer un] recorrido desde la
plazoleta veo que no existe conectividad en cuanto los pasamanos, hay unos
tramos interrumpidos, empezando por la parte interna donde está el lobby […]
cuando se llega al piso 3, donde la administración de justicia presta sus servicios,
no están unidos los pasamanos desde que uno sale de la oficina
administrativa […]”. Asimismo, advirtió que hace falta “[…] una señalización para
que [la persona con discapacidad visual] entienda que ya llegó al primer piso y
así en la plazoleta debería tener la misma texturizada. También en los
pasamanos, para que sepa que ya está al aire libre, segura sobre la plazoleta,
para poder evacuar completamente […]” (Destacado fuera de texto).

12. Con posterioridad se debatieron los puntos que hacen falta y se asignaron
compromisos determinando como plazo los dos (2) meses informados supra.

13. Al finalizar la mencionada diligencia, el Tribunal informó que “[…] [e]l pacto
queda pendiente a ser aprobado por el Tribunal, de igual manera lo correspondiente
a las costas procesales […]”.

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Sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento, en primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Santander12, mediante sentencia de 6 de
diciembre de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: APROBAR el pacto de cumplimiento suscrito en audiencia especial
realizada el 15 de noviembre de 2022, entre las partes la cual es del siguiente tenor:

‘El Edificio José Acevedo y Gómez PH se compromete, en un término de
dos (02) meses a realizar las siguientes obras, y una vez ejecutadas las
mismas emitiría un informe a las partes:

1. Realizar la continuidad de los tramos incompletos de los pasamanos,
del lobby al piso dos, del piso dos al tres, y de la plazoleta al pasaje
Santander.

2. Realizar la señalización texturizada en el pasamanos al concluir los
tramos del pasaje Santander, la plazoleta, el lobby y el piso 18.

3. Realizar los avisos en acrílico en el sistema de lectura braille, ubicados
debajo del pasamanos señalando el lugar en el que se encuentran al
concluir los respectivos tramos de pasamanos (Lobby, plazoleta y pasaje
Santander y el piso 18)’

SEGUNDO: PUBLICAR la parte resolutiva de esta sentencia, a costa de la
demandada -Edificio José Acevedo y Gómez PH-, en un diario de amplia circulación
nacional (Art. 27 inciso final, ley 472) y de lo cual allegará lo pertinente a este
despacho para demostrar el cumplimiento de este deber.

TERCERO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia, conforme a los artículos 27 y 34 de la Ley 472 de 1998, integrado por el
accionante, el Edificio José Acevedo y Gómez PH, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la agente del Ministerio Público delegada ante este
Despacho. Con la observación que al cabo de dos (2) meses contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la presente providencia, deberán rendir un informe al Despacho
referente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad demanda.

CUARTO: SIN CONDENA en costas, de conformidad con las razones consignadas
en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación previa las
constancias respectivas en el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI […]”.

Consideraciones del Tribunal

15. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] Corresponde a la Sala determinar ¿(sic)sí se imparte aprobación al pacto de
cumplimiento que se llevó a cabo en audiencia el pasado 15 de noviembre de 2022?
[…]”13.

12 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_14_SENTENCIADEPRPOPU(.docx)

NroActua 2.
13 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_14_SENTENCIADEPRPOPU(.docx)

NroActua 2. Página 6.

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16. El Tribunal consideró que existe una vulneración de los derechos e intereses
colectivos: i) a la seguridad y salubridad públicas; y ii) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; toda vez que, “[…] en la mentada edificación aun cuando se
arreglaron ciertos pasamanos, se colocaron algunos avisos en acrílico en el sistema
de lectura braille, en ciertos lugares de la edificación aún falta […]”, circunstancia
que afecta a personas en situación de discapacidad como aquellos con disminución
visual y personas de baja estatura.

17. El Tribunal aludió a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política,
sobre la libertad de locomoción, y en el artículo 9 de la Ley 1346 de 31 de julio de
200914 frente a que los Estados Partes deben adoptar medidas que aseguren la
accesibilidad de personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás. Dichas medidas deben incluir “[…] la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso [...]” (Destacado fuera de texto). Asimismo, que,
“[…] se aplicarán entre otras cosas, a: a) Los edificios las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo […]”.

18. Por un lado, el Tribunal precisó que los compromisos que forman parte del
pacto de cumplimiento fueron planteados con un plazo prudencial y constituyeron la
respuesta efectiva del Edificio José Acevedo y Gómez PH para remediar la
vulneración de los derechos e intereses colectivos demandados, conforme a sus
competencias.

19. Y, por el otro, adujo a lo ordenado en el artículo 38 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 199815, en razón a que cuando una acción popular finaliza con aprobación
de un pacto de cumplimiento mediante sentencia, en el cual se señalaron fórmulas
de arreglo, no existe parte vencida y, por lo tanto, no hay lugar a costas.

20. Concluyó que “[…] el compromiso asumido por la demandada, resulta
razonable y proporcional a las expectativas derivadas de la demanda, satisfaciendo
los derechos colectivos, no va en contravía de la ley, ni atenta contra los fines e
intereses del Estado, por lo que, sin que se adviertan vicios de ilegalidad, se
impartirá su aprobación […]”.

14 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad’,

adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
15 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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Recurso de apelación

21. El señor Jaime Orlando Martínez García interpuso recurso de apelación16
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:

Primer argumento: Configuración del hecho superado

22. El Tribunal incurrió en error al no observar que las obras civiles que se
solicitaron en las pretensiones de la demanda se encontraban terminadas al
momento en que se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento, lo cual, a su
juicio, se prueba con los contratos allegados al expediente en el mes de octubre del
año 2021.

23. Para el momento en que se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento
las obras pretendidas se encontraban terminadas y únicamente faltaban algunas
secciones de pasamanos en el lobby y en el piso externo del edificio, pero los
pasamanos en esos dos niveles ya estaban instalados.

24. Para el día 15 de noviembre de 2022, fecha en la cual se celebró la audiencia
de pacto de cumplimiento, el Tribunal debió declarar el hecho superado debido a
que ya se habían ejecutado las obras que se pretendían con la demanda.

25. En su criterio, el Tribunal incurrió en error al afirmar que el actor popular
pretendía elaborar avisos adicionales a los pasamanos para instalarlos en algunos
sitios por donde se localizaron e instalaron dichas barandas, pretensión que no fue
incluida en el escrito de subsanación de la demanda, por lo cual obedece a la
voluntad de la parte accionada, sin que pueda afirmarse que fue una pretensión del
medio de control admitido.

26. Fundamentó su solicitud de declaratoria de hecho superado y condena en
costas en diversas providencias proferidas por juzgados y tribunales del país y por
el Consejo de Estado17.

16 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_16_RECEPCIONDEME9PD(.pdf) NroActua 2.
17 Las providencias que cita son las siguientes: i) sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,

no se indicó la fecha de la providencia, M.P.: José Ascención Fernández Osorio, actor: Defensoría del Pueblo,
accionados: Municipio de Tunja y otros; ii) sentencia de 29 de mayo de 2014 proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga en el trámite de la acción popular núm. 680013331008201000473-
00, actor: Jaime Orlando Martínez García, accionados: Municipio de Bucaramanga y la Estación de Servicio
TERPEL-RIO-FRIO, en la que se declaró el hecho superado y se condenó al pago de agencias en derecho a
favor del actor popular; iii) sentencia de 31 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bucaramanga promovida por el señor Jaime Orlando Martínez García contra el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en la que se declaró hecho superado; iv) sentencia de 31 de mayo
de 2013 proferida por el Juzgado Cuarto de Descongestión Administrativo de Bucaramanga promovida por el
señor Jaime Orlando Martínez García contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en la que se declaró
hecho superado; v) sentencia de 11 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander

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Segundo argumento: Necesidad de condenar en costas procesales

27. El Tribunal debió condenar en costas procesales y agencias en derecho a las
demandadas y condenadas y en favor del actor popular.

28. En el sentido de las providencias mencionadas supra, era procedente que se
condenara en costas y agencias en derecho de acuerdo con lo previsto en los
artículos 38 de la Ley 472, 361 y 366 del Código General del Proceso. Asimismo,
afirmó que debía aplicarse la sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera
Rocío Araujo Oñate.

29. En conclusión, solicitó que se revoque la sentencia proferida en primera
instancia, se declare que se configuró el hecho superado y se condene, en costas
procesales y agencias en derecho, a favor del actor popular.

Actuaciones en segunda instancia

30. La Magistrada Sustanciadora del Tribunal Administrativo de Santander
profirió auto de 19 de enero de 202318 mediante el cual se concedió, en efecto
suspensivo, el recurso de apelación presentado por el actor popular contra la
sentencia proferida, en primera instancia.

31. El Despacho sustanciador profirió auto de 10 de febrero de 202319, a través
del cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de diciembre de
2022.

promovida por el señor Jaime Orlando Martínez García contra la Regional Santander de la Contraloría General
de la República, en la que se declaró el hecho superado; vi) sentencia de 6 de septiembre de 2012 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el trámite de la acción popular núm.
540012331000201100012-01, C.P. María Elizabeth García González promovida por el señor Germán Fajardo
Vargas contra la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que se declaró hecho superado; vii) sentencia
de 24 de junio de 2015 proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bucaramanga en el trámite de una acción popular promovida por el señor Orlando Martínez García contra la
Promotora Turística La Triada S.A. y el Hotel Internacional La Triada Bucaramanga, en la que se declaró hecho
superado y se condenó en costas a favor del actor popular; viii) sentencia de 13 de mayo de 2014 proferida por
la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el trámite de una acción
popular promovida por Jaime Orlando Martínez García contra la Clínica Chicamocha S.A., en la que se declaró
hecho superado y se condenó en costas procesales a favor de la parte actora; ix) sentencia de 25 de mayo de
2015 proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga en el trámite
de una acción popular promovida por Jaime Orlando Martínez García contra el Hotel Dann Carlton Bucaramanga
en el trámite de una acción popular, en la que se declaró la existencia del hecho superado y se condenó en
costas a favor del actor popular; y x) sentencia de 7 de junio de 2022 proferida por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito Judicial de Bucaramanga en el trámite de la acción popular núm. 680013103007201200012-00
promovida por Jaime Orlando Martínez García contra el Hotel Prado 34 West, en la que se declaró la existencia
del hecho superado y se condenó en costas a favor del actor popular.
18 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_20_AUTOCONCEDEREDOC(.docx) NroActua 2.
19 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

32. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
carencia de objeto por hecho superado; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre las costas procesales en el medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

33. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201920, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15021 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

35. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con los artículos 32022 y 32823 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201224, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el

20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
21 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de
Radicación. Modificado por los artículos 615 de la Ley 1564 de 2012 y 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo
de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]”.
22 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
23 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
24 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

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artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a
los cuales se contraen dichos recursos.

Problemas jurídicos

36. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

36.1. Si se configura o no el hecho superado cuando al momento de la celebración
de la audiencia de pacto de cumplimiento se encontraban realizadas las obras
civiles que se solicitaron en la demanda.

36.2. Si es procedente o no la condena en costas procesales cuando el proceso
que se tramita a través del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos termina con sentencia aprobatoria de un pacto de cumplimiento
formulado por las partes, en el que no se incluyó el pago de costas procesales.

37. Y, en consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

38. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

39. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

40. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

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41. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

42. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”25.

43. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

44. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la carencia de objeto por
hecho superado

45. Visto el artículo 9 de la Ley 472, sobre la procedencia del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos establece que “[…] [l]as
acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e
intereses colectivos […]”.

46. Teniendo en cuenta que, en mayor medida, el concepto de hecho superado
ha sido desarrollo desde la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado que
se presenta cuando “[…] por la acción u omisión […] del obligado, se supera la
afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado […] en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido […][.] En efecto, si lo pretendido con la
acción […] era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez […], sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración
de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se
satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío’ […]”26 (Destacado fuera de texto).

47. Esta Sección27 ha reiterado el criterio jurisprudencial y sostuvo que la
carencia de objeto puede presentarse cuando se ha superado la afectación de los
derechos e intereses colectivos y no es necesario ordenar la restitución de las cosas
a su estado anterior; o cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir
a la restitución. En la ocurrencia de tales supuestos, la orden judicial sería inocua y
carecería de sentido exigir que se efectuara o se omitiera algo que ya se cumplió.

48. En otra oportunidad, la Corte Constitucional28 determinó que mientras
permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la presentación de la
demanda, no se configura el fenómeno de la carencia de objeto. Lo anterior ocurre,

26 Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de

2018, número único de radicación: 250002341000201300817-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
28 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En este caso, dicha

Corporación decidió que en el caso bajo estudio no se había configurado la carencia actual de objeto, por cuanto
el Seguro Social, al momento del fallo, sólo había expedido una orden escrita para la práctica del examen
requerido por la accionante, sin embargo, la misma seguía a la espera de su práctica, de manera que la
vulneración de su derecho a la salud no había cesado.

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por ejemplo, cuando la autoridad ha adelantado alguna actuación tendiente a la
superación de la situación que ocasiona la vulneración o amenaza de los derechos,
sin que ello implique que cesó la conducta o los hechos que dieron lugar al reclamo
de amparo de dichos derechos.

49. De esa misma forma, esta Sección se pronunció cuando en el marco de una
acción popular se ha encontrado que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados persiste, a pesar que el demandado, o las autoridades
judiciales de conocimiento consideran que la situación conculcadora cesó; por
ejemplo, en sentencia de 30 de junio de 2017 29 se consideró que no había lugar a
declarar carencia actual de objeto en la medida en que “[…] no se probó que hubiese
desaparecido la situación de transgresión de los derechos colectivos cuyo amparó
se perseguía, la Sala considera que no hay lugar a su declaración […]".

50. Al respecto, esta Sección ha mantenido de forma reiterada que, pese al
argumento de superación de la situación que dio lugar a la instauración de la
demanda, es necesario que se pruebe tal circunstancia y que el juez ‘verifique el
cese de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor
popular’30 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no es
posible declarar el hecho superado31.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las costas procesales en
el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

51. Visto el artículo 38 de la Ley 472 que, en materia de costas procesales,
establece: “[…] El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las
costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y
costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o
de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin
perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]” (Destacado fuera de texto).

52. Vistos los numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, sobre la
regulación de condena en costas que disponen lo siguiente:

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de

2017, número único de radicación: 170012333000201300259-02(AP), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,

número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de

2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.

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“[…] En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código […]

8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan que se
causaron y en la medida de su comprobación […]” (Destacado fuera de
texto).

53. Esta Corporación32 ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena
en costas que implica, por una parte, que no se tenga en cuenta el obrar temerario
o de mala fe, o si quiera culpable de la parte demandada, sino su derrota en el
proceso o en recurso que haya propuesto33; y, por la otra, la prueba de su causación
por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias en derecho34.

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación profirió
sentencia de 6 de agosto de 201935, en la que unificó lo relacionado con el
reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el trámite del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, de la siguiente manera:

“[…] [U]nificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
32 Ver, entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia

de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
110010324000201600162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación
150012333000201200509-00; y iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación
250002337000201401115-01.
33 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
34 Al respecto se puede consultar también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, providencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
050012333000201600713-01(AP).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P.

Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 150013333007201700036-
01 (AP)REV-SU.

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este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo
previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas […]” (Destacado fuera del texto).

55. Frente a la condena en costas cuando el proceso termina con sentencia
aprobatoria del pacto de cumplimiento, visto el artículo 27 de la Ley 472 sobre el
pacto de cumplimiento, entre otras cosas, prevé que el juez citará a las partes y al
Ministerio Público a una audiencia especial en la que escuchará las diversas
posiciones sobre la acción instaurada, pudiendo establecerse un pacto de
cumplimiento a iniciativa del juez en el que se determine la forma de protección de
los derechos e intereses colectivos y, de ser posible, el restablecimiento de las
cosas a su estado anterior.

56. Al respecto, en caso de lograrse un pacto, el juez, mediante sentencia, lo
declarará aprobado o improbado. Dicha sentencia que aprueba un pacto de
cumplimiento constituye una de las formas de terminación del proceso debido a que,
en el marco de la voluntad de las partes, con verificación del juez, se establecen las
medidas necesarias para lograr la efectiva protección de los derechos e intereses
colectivos, así como los términos y las condiciones que se necesitan para el
respectivo cumplimiento.

57. La Corte Constitucional36 precisó lo siguiente frente al objetivo del pacto de
cumplimiento:

“[...] En principio, la Corte encuentra que la finalidad del pacto de cumplimiento encaja
dentro del ordenamiento constitucional y, en particular, hace efectivos los principios

36 Corte Constitucional. Sentencia C- 215 del 14 de abril de 1999. M.P. (e) María Victoria Sáchica.

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Núm. único de radicación: 680012333000202100114-01

de eficacia, economía y celeridad (art. 209, C.P.), los cuales, como lo ha entendido
esta Corporación, son aplicables también a la administración de justicia.

En efecto, el objetivo que persigue ese pacto es, previa la convocatoria del juez,
que las partes puedan llegar a un acuerdo de voluntades para obtener el
oportuno restablecimiento y reparación de los perjuicios ocasionados a los
derechos e intereses colectivos, dando con ello una terminación anticipada al
proceso y solución de un conflicto y por ende, un menor desgaste para el
aparato judicial. Además, cabe observar, que el acuerdo no sólo debe ser avalado
por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de
ilegalidad, sino que ha de contar con la intervención del Ministerio Público, cuyo papel
es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su función de ‘defensor de
los intereses colectivos’, en los términos del numeral 4 del artículo 277 de la Carta
Política.

[...]

En este orden de ideas, concluye la Corte, que la posibilidad de conciliación prevista
en el artículo 27 acusado, como un mecanismo para poner fin a una controversia
judicial en torno a la amenaza o violación de derechos e intereses colectivos, no
contradice el ordenamiento constitucional, razón por la cual, el fallo que aprueba el
pacto de cumplimiento hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con el artículo
36 de la Ley 472 de 1998. [...]” (Destacado por fuera del texto).

58. La Sección Primera del Consejo de Estado, sobre la condena en costas
cuando el proceso de acción popular termina con sentencia aprobatoria del pacto
de cumplimiento, se pronunció en sentencia de 18 de julio de 201237, en los
siguientes términos:

“[…] [E]n ese orden de ideas, advierte la Sala que ya en otra oportunidad la Sección
se pronunció sobre el asunto en cuestión mediante sentencia de 16 de marzo de 2006
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en la cual consideró:

[…]

En relación con la condena en costas en materia de acciones populares, el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998 preceptúa lo siguiente:

‘Artículo 38. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a
las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios,
gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada
sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el
juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales,
los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.’
(se resalta)
[…]

Del análisis de las normas legales antes transcritas se deduce que la condena en
costas sólo es procedente cuando el proceso culmina con sentencia estimatoria de
las pretensiones de la demanda, como quiera que aquella sólo podría ser
eventualmente impuesta a la parte que resulte vencida en el proceso, esto es, a la
entidad pública o al particular demandado, siempre que tal decisión se justifique y se
encuentre debidamente probada.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012,

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 520012331000201100030-01.

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Núm. único de radicación: 680012333000202100114-01

Para la Sala, no ocurre lo propio cuando el proceso culmina con sentencia
aprobatoria del pacto de cumplimiento, debido a que en ese evento, en estricto
sentido, no existe una parte vencida, pues se trata propiamente de un acuerdo
de naturaleza conciliatoria para obtener el oportuno restablecimiento de los
derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados cuya protección se
reclama con la demanda, dando con ello una terminación anticipada al proceso”.

Así las cosas es claro que la condena en costas sólo es procedente cuando el
proceso culmina con sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda,
en tanto que la misma sólo puede ser impuesta a la parte que resulte vencida
en el proceso, siempre que tal decisión se justifique y se encuentre
debidamente probada, lo cual no sucede en este caso, dado que el proceso
terminó con sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento, esto es, un
acuerdo conciliatorio que de manera anticipada puso fin al litigio […]” (Subrayas
y destacado dentro del texto original).

59. El anterior criterio jurisprudencial fue reiterado en la sentencia proferida el 6
de diciembre de 2012, de la siguiente manera: “[…] [E]n el caso sub examine la Sala
considera que no hay lugar a condenar en costas a las entidades demandas
por los gastos en que incurrió la demandante durante el proceso, pues como
lo definió en oportunidad precedente ésta Sección38, cuando una acción
popular termina con un pacto de cumplimiento, donde se señalaron fórmulas
de arreglo, y este es aprobado mediante sentencia, no existe parte vencida, y
por lo tanto, no es procedente la condena en costas, atendiendo las normas citadas
del Código de Procedimiento Civil […]”39 (Destacado fuera del texto).

Análisis del caso concreto

60. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

Solución a los problemas jurídicos

61. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Análisis del material probatorio obrante en el expediente

62. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso, sub
examine, son las siguientes40:

38 Sentencia del 11 de mayo de 2006. Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. número único de
radicación: 250002327000200402302-01(AP).
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de diciembre de

2012, CP. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación: 730012331000201000718-01.
40 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: Expediente Digital.

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Núm. único de radicación: 680012333000202100114-01

62.1. Copia de la Comunicación de Aceptación de Oferta de 13 de septiembre de
2021, relacionada con la Invitación Pública de Mínima Cuantía núm. 017 de 2021,
mediante la cual se aceptó la oferta del señor Fabio Garzón Daza para distintas
actividades de mantenimiento o remodelación en los Despachos Judiciales y Sedes
Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional Bucaramanga, entre las
que se encontró “[…] [s]uministro, adecuación e instalación de pasamanos en tubo
de 2’’ (Incluye anticorrosivo, pintura en esmalte, pernos, pines y tornillería para su
anclaje) […]”41 (Destacado fuera de texto).

62.2. Copia del contrato de obra civil42, suscrito el 4 de octubre de 2021 entre el
Edificio José Acevedo y Gómez PH, como contratante; y la sociedad Vidrios y
Aceros A.L. S.A.S., como contratista. El documento fue presentado por el Edificio,
como fórmula de pacto de cumplimiento, el cual tiene como objeto la “[…] VENTA
DE UNIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PASAMANOS YA INSTALADOS
EN EL EDIFICIO Y VENTA DE CODOS PARA LOS PASAMANOS LATERALES
DEL EDIFICIO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ PH […]”.

62.3. Copia del acta de 29 de octubre de 202143, relacionada con el contrato núm.
BGA-030-2021 suscrito entre Fabio Garzón Daza, como contratista, y la Nación -
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, como contratante. Asimismo, se registró como objeto del
contrato el “[…] [s]ervicio de reparaciones locativas, mantenimientos y
adecuaciones, incluyendo materiales, de los bienes inmuebles en donde funcionan
las diferentes dependencias, despachos Judiciales y demás Oficinas de la Rama
Judicial en la Seccional Santander, en las condiciones técnicas, de calidad y
cantidades requeridas por la entidad […]”.

62.4. Copia del informe de avance de obra núm. 1 del Contrato BGA-030-202144,
suscrito el 30 de octubre de 2021 por el arquitecto contratista, en el cual relacionó
que en la sede Bucaramanga se habían realizado las siguientes actividades:

41 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0328COMUNICACIOND(.pdf)

NroActua 2.
42 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0412CONTRATO1P(.pdf)

NroActua 2.
43 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_ACTAPARCIALNO1CO(.pdf)

NroActua 2.
44 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_INFORMEDEOBRACONT(.pdf)

NroActua 2.

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62.4.1. El mismo documento finaliza indicando que, en el control de programación
de obra y, de acuerdo con las instrucciones de la supervisión de obra, en porcentaje
la misma se encuentra en:

“[…] Programado proyecto = 35.78%
Ejecutado proyecto = 35.78 % […]”45.

62.5. Copia del certificado del Comité Seccional de Defensa Judicial y Conciliación
de la Rama Judicial, suscrito el 9 de noviembre de 2021 por el Secretario Técnico
del Comité, en el cual relacionó que la propuesta de conciliación se realizó bajo los
siguientes términos:

“[…] [P]roponiendo como pacto de cumplimiento el desarrollo de labores de
mejoramiento que se contrataren por la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander, a través del Contrato de
Obra N° 030 suscrito el 13 de septiembre de 2021, mediante el cual esta Dirección
contrató la adecuación de los pasamanos instalados en los pisos 3, 15, 16 y 17, con
el fin de dar estricto cumplimiento a la reglamentación vigente en la materia y que
resulta aplicable a la entidad, conforme a las especificaciones técnicas del documento
denominado “COMUNICACI[Ó]N DE ACEPTACI[Ó]N DE OFERTA IP Nº 017 DE
2021” adjunto y que se considera parte integral del presente pacto de cumplimiento,
dada la falta de atención de la necesidad advertida ante la Copropiedad del Edificio y
la urgencia en garantizar las mejores condiciones de accesibilidad posibles a los
servidores y usuarios de la Rama Judicial en particular.

Todo esto, sin perjuicio de que dicha inversión se limitará exclusivamente a los
pasamanos en uso en los pisos donde funcionan instalaciones de la Rama Judicial,
dada la urgencia en la intervención y la ausencia de avances de parte de la
copropiedad en ese sentido, a quien compete, en última instancia hacerse cargo de
estas labores, máxime considerando que los recursos del erario público están
destinados a ser invertidos únicamente en inmuebles de propiedad de la entidad, no

45 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_INFORMEDEOBRACONT(.pdf)

NroActua 2.

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siendo viable asumir el costo de las adecuaciones que se requieren en los pisos
restantes […].

Ello, destacando respetuosamente que el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Seccional de Administración Judicial, no es la propietaria del Edificio José
Acevedo y Gómez PH, y tampoco de las instalaciones y áreas donde el actor pretende
se asuman las reparaciones locativas, y no puede asumir de forma solidaria el costo
de la adecuación de los pasamanos de los diversos pisos de la edificación José
Acevedo y Gómez en zonas distintas de la copropiedad, ni en las de propiedad de
otras personas naturales o jurídicas mucho menos […]”46.

63. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

La configuración de carencia de objeto por hecho superado, en el caso
concreto

64. Una de las modalidades para que se presente el fenómeno jurídico de
carencia actual de objeto es el hecho superado, explicado por la Corte
Constitucional47 como el acaecimiento del cese de la vulneración de los derechos e
intereses alegados, entre la interposición de la acción y la sentencia proferida por el
juez, y la completa satisfacción de las pretensiones de la acción por hechos
imputables a la parte accionada.

65. Al respecto, esta Sección ha reiterado que es necesaria la demostración de
dicha circunstancia, es decir, pese al argumento de superación de la situación que
dio lugar a la instauración de la demanda, el juez debe “[…] verifi[car] el cese de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor popular
[…]”48 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no podrá
declarar el hecho superado49.

66. En síntesis, esta Sección ha señalado:

“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la
acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento
de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se
había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección,

46 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CERTIFICACION158PA(.pdf)

NroActua 2.
47 Corte Constitucional, sentencia T-060 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,

número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de

2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.

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pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración
existió pero desapareció […]”50.

66.1. Ahora bien, en el caso concreto; por un lado, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Seccional Bucaramanga, allegó copia del acta núm. 151
relacionada con el contrato BGA-030-2021 de 13 de septiembre de 2021, el cual se
suscribió para realizar las reparaciones locativas en los pisos 3, 15, 16 y 17,
correspondientes a la normativa vigente en la materia. Posteriormente, adjuntó
copia del certificado del Comité Seccional de Defensa Judicial y Conciliación de la
Rama Judicial, suscrito el 9 de noviembre de 2021, mediante el cual indicó la
propuesta para el pacto de cumplimiento, reiterando que las acciones de dicha
Dirección se limitarían a los pisos en donde funcionan instalaciones de la Rama
Judicial.

67. Por otro lado, el Edificio José Acevedo y Gómez52 allegó escrito de 9 de
noviembre de 2021 proponiendo “[…] la construcción de la unión de los pasamanos
y los codos de los que van anclados a las paredes, obra que se están ejecutando
en la actualidad y llevamos como un 50% ya realizado […]”. Junto a dicho memorial
allegó copia del contrato de obra civil53 de 4 de octubre de 2021, suscrito con la
sociedad Vidrios y Aceros A.L. S.A.S., para la realización de las actividades
mencionadas.

68. Con posterioridad, el actor popular allegó memorial54 solicitando aclaración
de las fórmulas de pacto, el cual fue discutido en la audiencia especial de pacto de
cumplimiento, celebrada el 15 de noviembre de 2022. Allí se evidenció que las
demandadas dieron respuesta puntual a sus inquietudes exponiendo las medidas
que, a la fecha, habían tomado.

69. De lo anterior, en dicha diligencia se indicó que la mayor parte de las obras
se había realizado en observancia a las fórmulas de pacto de cumplimiento, es
decir, previo a la audiencia de pacto de cumplimiento; en ese sentido, las obras para
dar continuidad a los pasamanos de los pisos 0 al 18 fueron distribuidas por
competencias, así: en los pisos 3, 15, 16 y 17 las obras se ejecutaron a cargo de la
Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.: Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 250002324000201000616-01(AP).
51 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_ACTAPARCIALNO1CO(.pdf)

NroActua 2.
52 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0411MEMORIALALLEG(.pdf)

NroActua 2.
53 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0412CONTRATO1P(.pdf)

NroActua 2.
54 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_0421SOLICITUDTAS(.pdf)

NroActua 2.

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Administración Judicial de Bucaramanga y las realizadas en los demás pisos,
estuvieron a cargo de la administración del Edificio José Acevedo y Gómez PH.

70. Asimismo, se destaca que, dentro de la audiencia de pacto de cumplimiento,
cuando se le otorgó la palabra al actor popular, este manifestó que “[…] todavía no
hay un hecho superado, faltan obras por realizar para completar esto […]”, e
igualmente indicó que “[…] si tienen ánimo conciliatorio las dos partes, pues
lleguemos a un acuerdo aquí en un tiempo adicional para que se completen estos
trabajos que hacen falta […] en representación del colectivo de situación de
discapacidad, yo no acepto en este momento que ya se terminó, o sea, no acepto
que haya un hecho superado […]”. En sus propios términos, el actor manifestó que,
para ese momento, no se habían finalizado las obras pertinentes a la protección de
los derechos e intereses colectivos incoados.

71. Al respecto, la Sala considera que la posición adoptada por parte del Tribunal,
en primera instancia, resulta acertada, debido a que las intenciones de las partes
fueron claras cuando comparecieron a la audiencia de pacto de cumplimiento y
llegaron a los compromisos acordados, lo cual fue objeto de aprobación posterior
por el Tribunal. Otra realidad habría sido si en dicho escenario, donde pudieron
esbozar sus argumentos y tener oportunidad de presentar inconformidades, no
encontraran posturas compartidas y se declarara fallida dicha diligencia para
proceder con el trámite del proceso.

72. Ahora bien, la Sala resalta que es cierto que para la celebración de la
audiencia de pacto de cumplimiento ya se habían instalado o adoptado medidas en
relación con algunos pasamanos, circunstancia que se ha señalado desde el escrito
de la demanda; sin embargo, hacía falta la continuidad de los mismos que, en
palabras del actor popular, “[…] como están fabricados, elaborados e instalados no
les va a garantizar la información idónea en tiempo real que estas personas [con
alguna discapacidad] requieren conocer en los mismos elementos para saber en
qué piso van al ascender o descender en determinado momento de la evacuación,
o si ya llegaron al extremo y fin del pasamanos con la información del pasamanos
curvo y texturizado que le informe que ya consiguió su evacuación y haber
conseguido el exterior del edificio […]”.

73. La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Santander al proferir la
sentencia de 6 de diciembre de 2022 tuvo como fundamento lo debatido en la
audiencia especial de pacto de cumplimiento y pudo determinar que hacía falta la
ejecución de ciertas obras civiles para garantizar la protección de los derechos e
intereses colectivos; por lo tanto, aprobó el pacto de cumplimiento y ordenó la

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conformación del comité de verificación con el propósito de realizar el seguimiento
pertinente.

74. En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso no está probada
una situación de carencia actual de objeto por hecho superado, al punto que la
superación de la amenaza actual de los derechos e intereses colectivos motivó el
acuerdo logrado entre las partes en el marco de la audiencia especial de pacto de
cumplimiento y que fue objeto de aprobación por el Tribunal en la sentencia
aprobatoria de pacto que fue objeto de apelación.

Improcedencia de la condena en costas procesales cuando el proceso termina
con sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento, en el caso concreto

75. Visto el artículo 27 de la Ley 472 sobre el pacto de cumplimiento, en el que,
entre otras cosas, se prevé que el juez citará a las partes y al Ministerio Público a
una audiencia especial en la que escuchará las diversas posiciones sobre la acción
instaurada, pudiendo establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa del juez en
pro de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos que, en caso
de lograrse, el Juez, mediante sentencia, lo declarará aprobado o improbado.

76. Asimismo, es importante resaltar que la sentencia que aprueba un pacto de
cumplimiento constituye una de las formas de terminación de este tipo de proceso
debido a que, en el marco de la voluntad de las partes, se establecen las medidas
necesarias para lograr la efectiva protección de los derechos e intereses colectivos,
así como los términos y las condiciones que se necesitan para el respectivo
cumplimiento.

77. La Sala reitera que el pacto de cumplimiento es un arreglo entre las partes,
en el que se definen las acciones u omisiones a las que se comprometen para
superar la afectación y garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos. En esa oportunidad procesal es ineludible que todas las partes estén de
acuerdo, allí se establecen los términos y condiciones de protección que son
obligatorios dentro del marco de la voluntad de las partes y no por imposición del
juez, quien sí deberá verificar lo que allí se convenga.

78. En el presente caso, se observa que en la audiencia especial se logró un
acuerdo en torno a los compromisos de realizar modificaciones en los pasamanos
para permitir que cualquier persona y, en especial, las personas con discapacidad
visual, de talla baja, puedan ingresar y movilizarse de forma independiente en las
instalaciones del Edificio José Acevedo y Gómez PH.

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79. La Sala considera que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 365 del Código
General del Proceso, y en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta
Sección, en especial, las sentencias de 18 de julio de 2012 y de 6 de diciembre de
2012, indicadas supra, en los eventos en que se profiere sentencia aprobatoria de
pacto de cumplimiento, como ocurre en este caso concreto, no procede la condena
en costas procesales, en atención a que estas se imponen a la parte que resulte
vencida en un proceso judicial, sumado a que la jurisprudencia de esta Sección ha
considerado que no hay extremo vencido cuando el proceso termina con sentencia
aprobatoria de un pacto de cumplimiento.

80. La Sala concluye que, en el caso concreto, no es procedente revocar la
sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento, la cual fue apelada en razón a
que, entre otras cosas, no se habían condenado costas. Lo anterior debido a que,
por un lado, la aprobación de un pacto de cumplimiento es semejante a una
conciliación en la cual no existe parte derrotada; y, por el otro, en dicho acuerdo no
se convino el pago de gastos procesales, por lo que se confirmará la sentencia de
6 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia.

Conclusiones de la Sala

81. En suma, la Sala confirmará la sentencia de 6 de diciembre de 2022
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, debido
a que: i) se demostró que aún no se encontraba ejecutada la totalidad de las obras
civiles tendientes a la protección de los derechos e intereses colectivos incoados,
por lo cual no se presenta el fenómeno de hecho superado; y, ii) no es procedente
el pago de costas cuando el proceso finaliza con sentencia aprobatoria de pacto de
cumplimiento, especialmente cuando en el acuerdo no se pactaron dichas
erogaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

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SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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