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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00158-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 22 de marzo de 2022, en cuanto negó las pretensiones de la demanda presentada por Carmen Cecilia Villabona Araque contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO. Revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia. CUARTO. Reconocer como apoderado de la UGPP, a Daniel Antonio Genes Benedetti identificado con cédula de ciudadanía número 1.067.899.781 y portador de la tarjeta profesional número 318.543 del Consejo Superior de la Judicatura, y otorgarle acceso al expediente de la referencia, en los términos de los memoriales que obran en el índice 20 de Samai. QUINTO. Aceptar la renuncia al poder presentada por Daniel Antonio Genes Benedetti en los términos del memorial que obra a índice 23 de Samai, al reunir los requisitos dispuestos por el artículo 76 del CGP. SEXTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2021-00158-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: 20 años de servicio en una plaza
nacionalizada o territorial. Subtema 2: vínculo nacional no mutó a territorial por
descentralización de la educación. Subtema 3: no se acreditan los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander1 el 22 de marzo de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo apelante.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Carmen Cecilia Villabona Araque solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
a la UGPP, entidad que se lo negó con fundamento en que no cumplió los 20 años de
servicio en una plaza territorial o nacionalizada, al no ser posible computar tiempos
nacionales. La demandante aduce que los actos administrativos expedidos por la
UGPP, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, deben ser declarados
nulos porque incurrieron en las causales de nulidad por falsa motivación y por
infracción de las normas en que deberían fundarse, al pasar por alto que en virtud del
proceso de descentralización de la educación su vínculo mutó de nacional a territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Carmen Cecilia Villabona Araque radicó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, el 23 de febrero de 20212, en contra de la UGPP, con estas pretensiones:

1
En la sala integrada por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar, como ponente y por Milciades Rodríguez
Quintero y Solange Blanco Villamizar.
2
Samai, índice 2, ED_RV680012333000202(.msg) NroActua 2, 04.CONSTANCIAS SECRETARIALES,
CONSTANCIA FECHA Y HORA RADICADO 24 DE FEBRERO DE 2021.pdf.
1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

i) Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la UGPP que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia: RDP 044113 del 23 de noviembre
de 2017 y RDP 005033 del 9 de febrero de 2018.

ii) Como restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP a reconocer a su favor la
pensión gracia de jubilación a partir del 2 de junio de 2006, en cuantía de
$1.382.996,31.

iii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar los reajustes del artículo 14 de la Ley 100
de 1993, a ajustar las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC a partir del artículo
187 del CPACA, a qué de cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo
192 del CPACA y a que pague los intereses moratorios como lo autoriza ese mismo
artículo. A su vez, condenar en costas a la UGPP en los términos del artículo 188 del
CPACA3.

2.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

i) Que nació el 17 de julio de 1948, por lo cual cumplió 50 años en 1998.

ii) Que fue nombrada docente en el municipio de Floridablanca, Santander, a través
del Decreto núm. 708 del 10 de abril de 1968 proferido por el gobernador; prestó sus
servicios desde el 15 de abril de 1968 al 30 de agosto de 1979 con una vinculación de
carácter departamental en atención al proceso de nacionalización de la educación
previsto en la Ley 43 de 1975; y se vinculó como docente en el distrito turístico de
Cartagena a través de la Resolución núm. 1326 del 9 de agosto de 1979 expedida por
el Ministerio de Educación Nacional, laborando en esta plaza hasta el 27 de agosto de
1995.

iii) Que se trasladó al municipio de Floridablanca, Santander, a través del Decreto núm.
200 del 22 de agosto de 1995 expedido por el alcalde de Floridablanca. De manera
que, su vínculo docente nacional se mantuvo hasta el 16 de octubre de 1996.

iv) Que su vínculo laboral mutó de nacional a departamental por mandato de la Ley 60
de 1993 del 17 de octubre de 1997 al 13 de febrero de 2003; y que este, a su vez,
mutó a territorial del 14 de febrero de 2003 al 14 de enero de 2008, fecha en la cual se
retiró del servicio.

v) Que cumplió los 20 años de servicio para ser beneficiaria de la pensión gracia y que
adquirió el estatus pensional el 2 de junio de 2006.

vi) Que el 5 de octubre de 2017 le solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia, que esta entidad le negó en las resoluciones RDP 044113 del 23 de noviembre
de 2017 y RDP 005033 del 9 de febrero de 2018.

3
Samai, índice 2, ED_RV680012333000202(.msg) NroActua 2, 01.EXPEDIENTE DIGITAL, 02.DEMANDA Y
ANEXOS.pdf, páginas 2 a 32 del archivo digital.
2

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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

2.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó los siguientes artículos: 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287,
288, 356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4
de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto Reglamentario núm. 1743 de 1966;
1 y 10 de la Ley 43 de 1975; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto Ley 2277 de 1979; 1 y 15,
numeral 2 literal a de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 19, 34,
36, 40, 41, 42, 65, 66, 67, 68, 69 y 74 del CPACA; 14 de la Ley 100 de 1993; y 7, 34,
37, 38 y 41 de la Ley 715 de 2001.

4. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos administrativos
demandados incurrieron en las causales de nulidad por falsa motivación y por
infracción de las normas en que deberían fundarse, por cuanto si bien laboró como
docente nacionalizada, la UGPP dejó de analizar que su vínculo laboral como docente
mutó a departamental y, luego a municipal, a partir del 17 de octubre de 1997 y hasta
su retiro el 14 de enero de 2008, como consecuencia del proceso de descentralización
de la educación.

5. Por estos motivos, consideró que una certificación no podía primar por encima
de una ley y que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de forma unánime, ha
reconocido que después de la Ley 60 de 1993 los educadores dejaron de tener como
patrono a la nación la cual fue reemplazada por los departamentos, los distritos y los
municipios.

2.4. Contestación de la demanda

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto la señora
Carmen Cecilia Villabona Araque no tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en tanto no acreditó el cumplimiento de los 20 años de servicio como docente
oficial en una plaza departamental, distrital, municipal o nacionalizada, sino en una
nacional del 31 de agosto de 1979 al 14 de enero de 2008. A su vez, indicó que no
existía prueba en el expediente que pudiera demostrar que la vinculación mutó de
nacional a territorial.

7. Planteó, como excepciones, la presunción de legalidad de los actos
administrativos, la inexistencia de la obligación, la falta de título y causa, el cobro de lo
no debido, la buena fe, la prescripción y la innominada4.

2.5. Sentencia anticipada de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia anticipada5 el 22 de
marzo de 2022, en la que luego de un análisis de las pruebas aportadas al expediente,
determinó que aunque la demandante ejerció como docente nacionalizada del 15 de
4
Samai, índice 2, ED_RV680012333000202(.msg) NroActua 2, 20.CONTESTACION DEMANDA.docx.
5
El ponente del Tribunal Administrativo de Santander profirió auto el 17 de febrero de 2022 en el que dispuso que
las excepciones propuestas serían decididas en el fondo del asunto, tuvo como pruebas las aportadas con la
demanda y la contestación, fijó el litigio e informó que dictaría sentencia anticipada porque el asunto se enmarcó
en lo previsto en el literal a, numeral 1 del artículo 182ª del CPACA. En consecuencia, les corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y para que este último rindiera
concepto en el asunto. Samai, índice 2, ED_RV680012333000202(.msg) NroActua 2,28. AUTO EXCEPCIONES,
FIJ. DE LITIGIO, PBS Y ALEGATOS – 17 FEB 2022.pdf.
3

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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

abril de 1968 al 30 de agosto de 1979, el tiempo prestado a partir de 1979 fue de
naturaleza nacional, motivo por el cual no cumplió con el requisito de haber laborado
durante 20 años al servicio nacionalizado o territorial de acuerdo con el artículo 1° de
la Ley 91 de 1989.

9. Para sustentar lo anterior, indicó que el propio demandante aceptó en su
demanda que su nombramiento de 1979 fue nacional, pero aún así pretendía que
estos tiempos se tuvieran como válidos para el reconocimiento de la pensión gracia,
con el argumento de que su vínculo mutó de nacional a territorial, por la
descentralización de la educación. De ahí que, el Tribunal aclaró que el hecho de
afirmarse que se descentralizó la educación no eximía a la demandante de probar que
la plaza que ocupó era territorial o nacionalizada, de acuerdo con los lineamientos de
la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018.

10. Consideró que estos motivos le permitían negar las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la parte demandante en los términos de los artículos 188 del
CPACA; y 365 y 366 del CGP, porque fue vencida en el proceso. Al efecto, dispuso
que las agencias en derecho las fijaría en un auto separado6.

2.6. Recurso de apelación

11. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

12. Indicó que el Tribunal omitió tener en cuenta que la naturaleza de la plaza
docente que ocupó a partir del 31 de agosto de 1979 mutó de nacional a departamental
y luego a municipal, con ocasión del proceso de descentralización de la educación.

13. De ahí que, a su juicio, la modificación de su vinculación de nacional a territorial,
primero en el departamento de Santander y, con posterioridad, en el municipio de
Floridablanca, operó por mandato directo del artículo 3 de la Ley 60 de 1993 y la Ley
715 de 2001, comoquiera que desde que tuvo lugar el proceso de descentralización
ocupó plazas en las nóminas de estas entidades territoriales.

14. Por tanto, el Tribunal estaba obligado a realizar un análisis constitucional y legal
sobre la descentralización de la educación. Dicho análisis le habría permitido
comprobar la existencia de un cambio normativo y determinar que el caso cumplía con
los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
del Consejo de Estado.

15. De otra parte, expresó que el Tribunal inobservó la normatividad y la
jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la mutación de la naturaleza de
los vínculos laborales docentes, con ocasión del proceso de nacionalización de la
educación. Y, adicionalmente, omitió analizar las pruebas aportadas al proceso que
eran determinantes para demostrar que se completaron los requisitos exigidos por las
leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 para el cambio de naturaleza de su vinculación laboral,
lo que lo condujo a violar el principio de congruencia, al dejar de pronunciarse sobre la
descentralización de la educación y la incidencia que esta tendría en el caso particular.

6
Samai, exp. 68001233300020210015800, índice 27.
4

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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

16. En igual sentido, consideró que desconocer el proceso de descentralización
conllevó al Tribunal a violar los artículos 1, 285, 286, 287, 356 y 357 de la Constitución
Política, la jurisprudencia constitucional y las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, ya que
en virtud de este proceso las entidades territoriales asumieron el pago de los recursos,
ubicaron los planteles educativos, y las plantas pasaron de ser nacionales o
nacionalizadas a distritales o departamentales.

17. En estos términos, aunque el Ministerio de Educación Nacional la nombró a
través de la Resolución núm. 1326 del 9 de agosto de 1979, lo que haría que su
vinculación fuera nacional, en los términos del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, se
convirtió en docente territorial por virtud de la descentralización de la educación.

18. Sumado a lo anterior, explicó que el certificado de tiempos de servicios que
expidió la Secretaría de Educación municipal de Floridablanca del departamento de
Santander, el 16 de agosto de 2017, en su condición de nominadora, adolece de
falsedad ideológica parcial al catalogar la totalidad del tiempo ejercido como nacional,
aspecto que no fue corregido por el Tribunal debido a que no efectuó una adecuada
valoración de las pruebas incurriendo, así, en un defecto fáctico.

19. En consecuencia, los servicios que prestó del 31 de agosto de 1979 al 16 de
octubre de 1997 fueron de carácter nacional lo que impediría que se tuvieran en cuenta
para el reconocimiento de la pensión gracia, pero esto no era predicable respecto de
los períodos laborados del 17 de octubre de 1997 al 14 de enero de 2008, porque estos
sí fueron en una vinculación territorial.

20. Así las cosas, teniendo en cuenta el periodo laborado del 15 de abril de 1968 al
30 de agosto de 1979 como docente nacionalizada, y del 17 de octubre de 1997 al 14
de enero de 2008 como territorial, la recurrente cuenta con los 20 años de servicios
exigidos para ser beneficiaria de la pensión gracia.

21. Por último, reparó en que el Tribunal no debió imponer condena en costas en
primera instancia, sin tener en cuenta criterios subjetivos como su posición en la
relación laboral, la confianza legítima y la buena fe predicable de su condición como
docente beneficiaria de la pensión gracia. En consecuencia, como no actuó de forma
temeraria o de mala fe, no quedó probada la causación de las costas7.

2.7. Trámite procesal en segunda instancia

22. Mediante auto del 29 de julio de 20238, el despacho ponente admitió el recurso de
apelación conforme lo prevé el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Determinó que no había lugar a correr traslado
para alegar de conclusión en segunda instancia, toda vez que las partes no solicitaron
la práctica de pruebas. No obstante, aunque no se concedió oportunidad para ello, la
UGPP allegó memorial9 en el que ratificó que no existían pruebas por decretar y solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, comoquiera que la decisión apelada se
ajustó a la fijación del litigio. A su vez, la abogada que actuó a su nombre pidió que le
fuera reconocida personería jurídica.

7Samai, exp. 68001233300020210015800, índice 30, 7_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSODEAPELACIO´(.pdf) NroActua
30.
8
Samai, índice 4.
9
Samai, índice 9.
5

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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

23. El Ministerio Público rindió el concepto núm. 353 del 1 de septiembre de 202310,
en el que solicitó revocar el numeral segundo de la sentencia referente a la condena
en costas, y confirmarla en lo demás, porque de lo probado en el proceso se tiene que
la demandante tuvo una vinculación nacional del 31 de agosto de 1979 al 14 de enero
de 2008, la cual no mutó a territorial. Al punto de la condena en costas, indicó que
como el Consejo de Estado ha optado por un criterio objetivo valorativo y en el
expediente no se demostró que se causaron gastos procesales, no procedía condenar
en costas a la parte actora.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

25. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si:

26. ¿La plaza docente que ocupó la señora Carmen Cecilia Villabona Araque, mutó
de nacional a territorial, del 17 de octubre de 1997 al 14 de enero de 2008, por virtud
del proceso de descentralización de la educación previsto en las leyes 60 de 1993 y
715 de 2001?

27. En caso de que la respuesta al problema jurídico planteado sea afirmativa, y se
logre constatar que Carmen Cecilia Villabona Araque laboró por 20 años de servicios,
se verificará si cumple con los restantes requisitos para ser beneficiaria de la pensión
gracia en los términos de la normativa aplicable.

28.Finalmente, se deberá determinar si procede revocar la condena en costas
impuesta en primera instancia.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

29. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191311, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

10
Samai, índice 11.
11
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6

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Demandado: UGPP

30. La Ley 116 de 192812 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

31. Posteriormente, la Ley 37 de 193313 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

32. Por su parte, la Ley 91 de 198914, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

33. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1015 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

34. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

12
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
13
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
7

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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…)
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
(…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que
sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

35. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201817, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980;
haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.

36. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
8

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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados18,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y
(ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar (…).

37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Caso concreto

3.4.1. Primer problema jurídico: prestación de servicios por 20 años en una plaza
nacionalizada o territorial

38. La parte apelante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia toda
vez que los períodos laborados del 17 de octubre de 1997 al 14 de enero de 2008

18
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
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fueron con ocasión de una vinculación territorial, por virtud del proceso de
descentralización de la educación que operó por mandato directo del artículo 3 de la
Ley 60 de 1993 y de la Ley 715 del 2001.

39. Al respecto, la Sala encuentra demostrado – aspecto que no fue controvertido-
que la señora Carmen Cecilia Villabona Araque fue docente nacionalizada19 a partir
del 15 de abril de 196820 al 30 de agosto de 1979, cargo en el cual fue nombrada a
través del Decreto núm. 708 del 10 de abril de 1968 expedido por el gobernador de
Santander.

40. Adicionalmente, que fue nombrada a través de la Resolución núm. 1326 en el
Liceo Nacional Soledad Acosta de Samper, con una vinculación nacional, por
espacio de 25 años, 37 meses y 50 días, desde el 31 de agosto de 1979 hasta el 14
de enero de 2008, cuando renunció, según el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral que emitió la subsecretaria de educación de la
Secretaría de Educación de Floridablanca el 16 de agosto de 201721, que dio cuenta
de este nombramiento, de traslados posteriores y de una incorporación.

41. Esta información se corrobora con el certificado expedido por la subsecretaria
de educación el 28 de abril de 201722 que hizo referencia a que la docente tenía un
tipo de vinculación nacional y, a su vez, con el Decreto núm. 00200 del 22 de agosto
de 199523 en la cual el alcalde municipal de Floridablanca ordenó que Carmen Cecilia
Villabona Araque pasara a ocupar el cargo vacante en el municipio, del que era titular
Moisés Vega Ojeda, en virtud de permuta libremente convenida, ya que en esta se
consideró que tanto Carmen Cecilia Villabona Araque como Moisés Vega Ojeda eran
«docentes Nacionales»24. De este acto se le envió copia al representante del ministro
de educación nacional en Santander.

42. De lo visto, la plaza que ocupó la señora Carmen Cecilia Villabona Araque del
31 de agosto de 1979 hasta el 14 de enero de 2008 fue nacional, sin que le asista
razón a la apelante cuando sostiene que su nombramiento mutó de nacional a
territorial por disposición de la descentralización de la educación. Dado que, si bien es
cierto prestó sus servicios a entidades territoriales, el fallo de unificación CE-SUJ-SII-
11-2018 dispuso que la naturaleza de la plaza docente es lo determinante para el
reconocimiento de la pensión gracia, en los siguientes términos «lo esencialmente

19
La subsecretaria de educación de Floridablanca, Santander, expidió el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral el 28 de agosto de 2017, en el que consignó que Carmen Cecilia Villabona Araque
era docente de básica secundaria, nombrada en propiedad, no estaba activa y tenía un tipo de vinculación
nacionalizada con nombramiento a través del Decreto núm. 708 del 10 de abril de 1968 y con posesión e ingreso
a partir del 15 de abril de 1968 y hasta el 30 de agosto de 1979. Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua
2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf, páginas 154 y 155 del archivo digital.
20
La demandante tomó posesión en este cargo el 17 de abril de 1968, pero con efectos retroactivos a partir del 15
de abril de ese mismo año. Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02.
DEMANDA Y ANEXOS.pdf, página 163 del archivo digital.
21
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 156 y 157 del archivo digital.
22
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 158 y 159 del archivo digital.
23
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
página, páginas 233 y 234 del archivo digital.
24
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
página 233 del archivo digital.
10

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relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza
a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada»25.

43. De esta forma, la supuesta mutación de su vinculación laboral docente carece
de sustento normativo y respaldo probatorio, ya que, las Resoluciones núms. 3024 del
11 de agosto de 199726 y 2754 del 3 de diciembre de 200227 expedidas por el Ministerio
de Educación Nacional, así como las actas de verificación de los requisitos y entrega
de personal, bienes y administración del situado fiscal al departamento de Santander
por parte del Ministerio de Educación Nacional del 17 de octubre de 201728, y de
entrega de la administración del servicio educativo del departamento de Santander al
municipio de Floridablanca, el 14 de febrero de 200329, acreditan la incorporación, pero
no mutan el nombramiento realizado mediante la Resolución núm. 1326.

44. Si se revisa el contenido de estos documentos solo es posible concluir que el
Ministerio de Educación Nacional certificó que el departamento de Santander y el
municipio de Floridablanca cumplieron con los requisitos que prevén las leyes 60 de
1993 y 715 de 2001 para la prestación del servicio educativo. Y que, en cumplimiento
de lo ordenado se suscribieron las actas respectivas que formalizaron la entrega, en
las que se consignó que para la incorporación de la planta de personal se expidieron
y expedirían determinados actos administrativos respecto de los vinculados.

45. Ahora bien, el fallo de unificación CE-SUJ-SII-11-201830 estableció como regla
para probar la calidad de docente territorial, la que sigue:

Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los
que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

46. Así las cosas, aplicadas las reglas de la unificación CE-SUJ-SII-11-2018 al caso
concreto, está acreditado con los formatos aportados a este expediente, y con el
Decreto núm. 00200 del 22 de agosto de 1995, que la plaza docente que ocupó la
señora Carmen Cecilia Villabona Araque fue nacional, y este hecho no lo desvirtuó la
parte actora.

47. Sin embargo, la apelante pretende que se considere que por el simple mandato
legal de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 adquirió la naturaleza de docente territorial

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ-01-S2 del 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
26
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 189 a 191 del archivo digital.
27
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 224 a 225 del archivo digital.
28
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 166 y 188 del archivo digital.
29
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
páginas 226 a 232 del archivo digital.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ-01-S2 del 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
11

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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

una vez surtida la descentralización del servicio educativo, planteamiento que no es
jurídicamente admisible como lo ha reiterado esta subsección al explicar lo siguiente:

[…] Ahora bien, la recurrente alegó que con la descentralización de la educación
dejó de ser una maestra nacional y con ello pasó a formar parte de la planta de
personal del distrito de Bogotá D.C.; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales31.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación32 […]33.

48. De modo que, si bien es cierto está acreditado que existió un proceso de
descentralización en el departamento de Santander y en el municipio de Floridablanca
a partir de las pruebas sobre las cuales la apelante echó de menos una valoración en
la primera instancia, no es posible entender que todos los docentes con una
vinculación nacional, como la señora Carmen Cecilia Villabona Araque, adquirieron la
connotación de territoriales por mandato directo de la ley, desapareciendo, así, la
categoría de docente nacional; porque esta etapa de la educación en Colombia no
implicó una nueva nominación susceptible de incidir en el vínculo con el servicio
público que ya tenía la docente.
49. Precisamente, aunque la Sala no desconoce el proceso de descentralización de
la educación, la calidad de docente territorial se prueba con la copia de los actos
administrativos o, en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora, de
acuerdo con la regla de unificación establecida en la sentencia CE-SUJ-SII-11-2018.
Por consiguiente, no le asiste razón a la parte apelante cuando afirma que, por virtud
de la ley, las plantas pasaron de ser nacionales o nacionalizadas a distritales o
departamentales y que le bastaba con probar que se cumplieron los requisitos exigidos
por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, para que su vínculo laboral mutara de nacional
a territorial.

50. Por estas razones, no puede validarse que la vinculación de la señora Carmen
Cecilia Villabona Araque fue territorial porque se incorporó a las plantas de docentes
de las entidades territoriales que recibieron la debida certificación para operar en el
sector educativo, pues si esto se hiciera se desconocerían pronunciamientos previos

31
«Ver en el mismo sentido las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés con radicados 68001-23-33-000-2019-00273-01; 73001-23-33-000-2019-
00122-01; 25000-23-42-000-2018-02378-01; 25000-23-42-000-2018-02547-01; 15001-23-33-000-2018-00683-
01». (Cita textual dentro del texto original).
32
«Sentencia del 25 de agosto en el expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P. César
Palomino Cortés; y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022),
citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-2022) y
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.». (Cita textual dentro del texto original).
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25
de mayo de 2023, exp. 25000-23-42-000-2018-02469-01. Se transcribe textualmente.

12

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de esta corporación, así como las reglas de unificación en cuanto a la manera de
probar la calidad de docente territorial, a partir de las definiciones de la Ley 91 de 1989.

51. Así las cosas, en este asunto está demostrado que el vínculo laboral de la aquí
demandante no mutó de nacional a territorial, ya que a partir de las pruebas aportadas
a este proceso los tiempos de servicios docentes prestados por la demandante, a partir
de su nombramiento en 1979, correspondieron a una vinculación nacional. De suerte
que, no estaría demostrado que ocupó una plaza territorial o nacionalizada del 17 de
octubre de 1997 hasta el 14 de enero de 2008, período en el cual consideró que su
vínculo nacional mutó, lo que imposibilita reconocerle la pensión gracia en los términos
del artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

52. Bajo estos supuestos, la sentencia proferida en primera instancia se ajustó a la
normativa y a la jurisprudencia vigente en cuanto a la forma de probar la calidad de
docente territorial y fue congruente con los pedimentos y lo discutido en el proceso. De
modo que, al no ser posible computar los tiempos servidos por la actora a partir del 31
de agosto de 1979 hasta el 14 de enero de 2008, esta no demostró el requisito de
haber laborado 20 años al servicio docente nacionalizado o territorial.

53. En este orden, solo es válido para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, el tiempo laborado por la señora Carmen Cecilia Villabona Araque en calidad
de docente nacionalizada34 del 15 de abril de 196835 al 30 de agosto de 1979, cargo
en el cual fue nombrada a través del Decreto núm. 708 del 10 de abril de 1968
expedido por el gobernador de Santander, no obstante, este es insuficiente para
completar los 20 años de servicios requeridos.

54. Finalmente, la demandante manifestó que se configura una supuesta falsedad
ideológica en el certificado de tiempos de servicios expedido por la Secretaría de
Educación municipal de Floridablanca, el 16 de agosto de 2017, según el cual su
vinculación docente tuvo un carácter nacional.

55. Al respecto, el Código General del Proceso (CGP), en sus artículos 269 y
subsiguientes, establece las reglas aplicables en materia de tacha de falsedad, al
considerar que «la parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está
suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la
demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia
en que se ordene tenerlo como prueba».

56. Sin embargo, al margen de lo anterior, esta subsección recuerda que la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo ha sostenido que, para la falsedad ideológica,
a diferencia de la falsedad material, no procede el trámite de la tacha de falsedad
previsto en el CGP como disposición supletiva.

34
La subsecretaria de educación de Floridablanca, Santander, expidió el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral el 28 de agosto de 2017, en el que consignó que Carmen Cecilia Villabona Araque
era docente de básica secundaria, nombrada en propiedad, no estaba activa y tenía un tipo de vinculación
nacionalizada con nombramiento a través del Decreto núm. 708 del 10 de abril de 1968 y con posesión e ingreso
a partir del 15 de abril de 1968 y hasta el 30 de agosto de 1979. Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua
2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf, páginas 154 y 155 del archivo digital.
35
La demandante tomó posesión en este cargo el 17 de abril de 1968, pero con efectos retroactivos a partir del 15
de abril de ese mismo año. Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02.
DEMANDA Y ANEXOS.pdf, página 163 del archivo digital.
13

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Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

57. De manera que, cuando se invoca la configuración de una falsedad ideológica,
la cual atiende a la «la veracidad del contenido del documento, es decir, cuando el
legítimo autor realiza manifestaciones ajenas a la realidad»36, corresponde al juez dar
aplicación al principio de libertad probatoria, esto es, acudir a los restantes medios de
prueba para establecer la veracidad del contenido del documento cuestionado37.

58. A partir de lo anterior, no se puede concluir que el documento señalado por la
parte recurrente adolece de falsedad ideológica, ya que su contenido se valida con el
de otras pruebas documentales aportadas al proceso, a saber: i) el certificado
expedido por la Dirección Administrativa y de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación departamental de Santander el 19 de marzo de 1999; ii) el certificado de la
Subsecretaría de Educación del 28 de abril de 2017; y iii) el Decreto núm. 00200 del
22 de agosto de 199538.

59. Por las razones expuestas, Carmen Cecilia Villabona Araque no acreditó haber
laborado 20 años al servicio docente en una plaza nacionalizada o territorial. De modo
que, la Sala esta relevada para analizar el cumplimiento de los restantes requisitos
que le permitirían acceder al reconocimiento de la pensión gracia reclamada.

3.4.2. Segundo problema jurídico: condena en costas

60. En este punto la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia apelada impuso condena en costas a la parte demandante, sin embargo,
teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se discute esta condena, la
presente providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario39 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de ponderación
subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, en
el caso concreto, habrá lugar a revocar dicha condena en atención a que no se advierte
que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite de
las dos instancias. En línea con esto, no habrá lugar a imponer costas en segunda
instancia.

36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019, exp. 11001-
03-15-000-2018-02417-01(PI).
37
Ibidem.
38
Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, 01. EXPEDIENTE DIGITAL, 02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf,
página, páginas 233 y 234 del archivo digital.
39
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

3.5. Conclusión

61. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 22 de marzo de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada por Carmen Cecilia
Villabona Araque en contra de la UGPP, por las razones expuestas en esta
providencia; y la revocará en cuanto condenó en costas en primera instancia a la parte
demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el 22 de marzo de 2022, en cuanto negó las pretensiones de la demanda
presentada por Carmen Cecilia Villabona Araque contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).

SEGUNDO. Revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. Reconocer como apoderado de la UGPP, a Daniel Antonio Genes
Benedetti identificado con cédula de ciudadanía número 1.067.899.781 y portador de
la tarjeta profesional número 318.543 del Consejo Superior de la Judicatura, y otorgarle
acceso al expediente de la referencia, en los términos de los memoriales que obran en
el índice 20 de Samai.

QUINTO. Aceptar la renuncia al poder presentada por Daniel Antonio Genes Benedetti
en los términos del memorial que obra a índice 23 de Samai, al reunir los requisitos
dispuestos por el artículo 76 del CGP.

SEXTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00158-01 (4687-2022)
Demandante: Carmen Cecilia Villabona Araque
Demandado: UGPP

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

VMP/HDGM

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