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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2021-00172-02

Fecha
27 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2021-00172-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, SEGUNDO: ESTESE a lo resuelto en la sentencia del 13 de junio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso 68001-23-33-000- 2019-00762-02 (28444). TERCERO: No se condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2021-00172-02

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de septiembre de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2021-00172-02 (28308)
Demandante: Cobranzas y Consultorías CMC SAS
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00172-02 (28308)
Demandante: COBRANZAS Y CONSULTORÍAS CMC SAS
Demandado: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA

Temas: Cobro coactivo. Pérdida de fuerza de ejecutoria. Prescripción de la
acción de cobro.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 10 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.

ANTECEDENTES

El extinto Instituto de Seguros Sociales- ISS inició el proceso administrativo de cobro
nro. 2009-07 contra la Clínica Santa Teresa S.A. En consecuencia, dictó mandamiento
de pago 009 de 29 de abril de 2009 por concepto de aportes patrono-laborales en
mora, que fue aclarado por resolución de 30 de julio de 2009. Contra el referido
mandamiento de pago se formuló la excepción de cobro de lo no debido.

Mediante Resolución 353 de 27 de octubre de 2010, corregida por Resolución 993 de
23 de mayo de 2013, el ISS declaró no probada la excepción propuesta y ordenó
continuar la ejecución contra la Clínica Santa Teresa, condenar en costas y practicar
la liquidación del crédito y las costas.

Por Resolución 994 de 23 de mayo de 2013, el ISS decretó el embargo y posterior
secuestro de tres (3) inmuebles.

El proceso de cobro se trasladó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia para que continuara su trámite.

COBRANZAS Y CONSULTORÍAS CMC S.A.S., en su condición de liquidadora de la
Clínica Santa Teresa S.A. en Liquidación, solicitó al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia que declare la pérdida de fuerza ejecutoria de
las Resoluciones 353 de 27 de octubre de 2010 y 993 de 23 de mayo de 2013 que
resolvieron excepciones y ordenaron seguir adelante la ejecución del proceso de
cobro, toda vez que han transcurrido diez (10) años sin que se secuestren, avalúen y
rematen los bienes.

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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00172-02 (28308)
Demandante: Cobranzas y Consultorías CMC SAS
FALLO

Con Oficio 2020-134-015021-1 del 4 de septiembre de 2020, reiterado en el Oficio
2020-134-4017777-1 del 13 de octubre de 2020, el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia negó la petición.

DEMANDA

COBRANZAS Y CONSULTORÍAS CMC SAS en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló ante esta
jurisdicción las siguientes pretensiones:

“1. Que son nulos los actos administrativos proferidos por el Fondo demandado y
determinados como: Oficios de fechas 04 de septiembre de 2.020 (Radicado N.
CC2020-134-015021-1) y 13 de octubre de 2.020 (Radicado No. CC-2020-134-
4017777- 1), […].

2. Que, como consecuencia de la nulidad invocada:

a) Se condene al Fondo, a declarar decaimiento o pérdida de ejecutoriedad de los
actos administrativos contenidos en las Resoluciones 353 de octubre 27 de 2.010
y 993 de 23 de mayo de 2.013, dentro del Proceso de Cobro Coactivo
Administrativo No. 2009-07- Aportes e identificación patronal número 890200142,
iniciado por el desaparecido Instituto de los Seguros Sociales y luego, trasladado
al Fondo demandado.

b) Dar por terminado el referido proceso de cobro coactivo, en contra de la
representada por la demandante, Clínica Santa Teresa de Bucaramanga.

c) Levantar medidas cautelares practicadas.

d) Devolver dineros o bienes, que estén embargados y secuestrados, propiedad
de la Clínica Santa Teresa S.A.”.

Normas invocadas como vulneradas

La demandante invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución
Política; 834 y 835 del Estatuto Tributario; 91 numeral 3, 100 y 101 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El concepto de la violación se sintetiza así:

De acuerdo con el artículo 91 numeral 3 del CPACA, cuando la Administración no
ejecuta un acto administrativo en un lapso de cinco (5) años, la decisión pierde fuerza
ejecutoria y el administrado puede alegarla.

Sostuvo que los actos demandados son nulos porque operó la pérdida de fuerza
ejecutoria respecto de las Resoluciones 353 de 7 de octubre de 2010 y 993 de 23 de
mayo de 2013, toda vez que transcurrieron más de cinco (5) años desde su firmeza
sin que se haya materializado la ejecución de las obligaciones pendientes de pago en
el proceso de cobro coactivo.

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a
las pretensiones de la demanda bajo los argumentos que se resumen a continuación:

Teniendo en cuenta la naturaleza imprescriptible de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, para el demandado no es válida la interpretación que propone la
demandante, en el sentido de que las resoluciones 353 de 2010 y 993 de 2013 son
susceptibles de la perdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos,
consagrada en el artículo 91 literal 3 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, por cuanto,
de eso ser así, esos derechos también prescribirían al no haber acción de cobro en
cabeza de las entidades que recaudan dichos dineros.

Expuso que el derecho a pensionarse hace parte de la seguridad social, y, por ende,
adquiere un carácter fundamental e irrenunciable, al no ser un derecho de libre
disposición. En esa medida, como los derechos contenidos en el proceso de cobro
coactivo tienen una relación indisoluble con el estatus de pensionado, no es viable
admitir la perdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que buscan el
recaudo de dineros que financian el sistema, pues de lo contrario, se vería afectado el
núcleo fundamental del derecho a la seguridad social al dejar desfinanciado el
Sistema.

Con fundamento en lo antes expuesto, concluyó que la argumentación presentada por
la parte demandante carece de la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante, por las siguientes razones:

Según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 91 del CPACA, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto,
no podrán ser ejecutados, cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
autoridad no haya realizado las actuaciones que le correspondan para ejecutarlos.

La pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos es la figura que
establece el límite temporal dentro del cual debe iniciarse el proceso de cobro coactivo.
En ese sentido, la notificación del mandamiento de pago es la actuación con la cual la
autoridad garantiza la ejecución del cobro. Por consiguiente, cuando transcurra el
lapso de cinco años previsto en el artículo 91 del CPACA sin que las autoridades hayan
cumplido esta exigencia, tales actos administrativos habrán perdido su fuerza
ejecutoria.

En el caso concreto, los dineros a cobrar por concepto de aportes se hicieron exigibles
el 31 de julio de 2008 y el Instituto de Seguros Sociales libró el mandamiento de pago
en contra de la Clínica Santa Teresa mediante la Resolución 009 del 29 de abril de
2009. Acto que fue notificado el 12 de junio de 2010. En consecuencia, la entidad
demandada inició el proceso de cobro coactivo y notificó el mandamiento de pago

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dentro del término de cinco (5) años que exige el artículo 91 del CPACA, razón por la
cual, los actos administrativos demandados no perdieron su fuerza ejecutoria.

Finalmente, dijo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA en
concordancia con el artículo 365 del CGP, procede la condena en costas contra la
parte vencida en el proceso [demandante].

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que expuso los siguientes
argumentos:

El Tribunal se equivocó al negar las pretensiones de la demanda, pues las
Resoluciones 353 del 27 de octubre de 2010 y 993 de 23 de mayo de 2013 que fueron
expedidas dentro del proceso de cobro coactivo nro. 2009-7 y mediante las cuales se
resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y se ordenó
seguir adelante con la ejecución, perdieron su fuerza ejecutoria debido a que después
de cinco años de existencia jurídica, no han tenido realización material.

Sostuvo que, si bien la resolución que establece una obligación clara, expresa y
exigible se circunscribe al mandamiento de pago, tal decisión no puede confundirse
con los actos que ordenaron seguir adelante la ejecución, frente a los cuales se alega
la pérdida de fuerza ejecutoria.

Finalmente, concluyó que procede la declaratoria de nulidad de los oficios por los que
se negó la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos que ordenan seguir adelante con
la ejecución en el proceso de cobro coactivo.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada no se pronunció frente al recurso de apelación presentado por
la demandada en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Por su parte el Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en
numeral 6º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar si frente a la Resolución 353 de 27 de octubre de
2010, corregida por Resolución 993 de 23 de mayo de 2013, por las que el ISS declaró
no probada la excepción de cobro de lo no debido y ordenó continuar la ejecución
contra la Clínica Santa Teresa dentro del proceso de cobro coactivo nro. 2009-07,
operó la pérdida de fuerza ejecutoria y, en consecuencia, si procede la nulidad de los
Oficios del 04 de septiembre de 2.020 (Radicado N. CC2020-134-015021-1) y 13 de
octubre de 2.020 (Radicado No. CC-2020-134-4017777- 1).

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Proceso de cobro coactivo

El Título VIII del Libro Quinto del Estatuto Tributario reglamenta el cobro de las
obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes o responsables por parte de la
Administración, en el procedimiento de cobro coactivo. Este procedimiento está
exclusivamente encaminado a hacer valer los créditos fiscales a favor de la
Administración, contenidos en los documentos señalados por la misma ley que
constituyen título ejecutivo.

La ley delimitó el debate que puede darse frente al cobro coactivo, al disponer de
manera taxativa las excepciones que pueden presentarse contra el mandamiento de
pago que sirve de fundamento a la ejecución. Dice el artículo 831 ET:

“Art. 831. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del
acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de
revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. (…)”

Así, dentro del proceso de ejecución coactiva solo hay lugar a objetar el cobro de la
obligación a favor del fisco contenida en un título ejecutivo mediante las excepciones
señaladas.

La Sala ha precisado que de la interpretación armónica de los artículos 835 del ET1 y
101 del CPACA2 se puede determinar que en el proceso administrativo de cobro
únicamente son demandables los actos administrativos por medio de los cuales i) se
resuelven las excepciones, ii) se ordena llevar adelante la ejecución y iii) se liquida el
crédito. Sin embargo, por vía jurisprudencial se han ampliado las actuaciones que
pueden ser objeto de control jurisdiccional.

En reiteradas oportunidades, esta Sección3 ha considerado que en los procesos de
cobro coactivo existen decisiones, además de las previstas en el artículo 835 del ET,
que pueden ser objeto de control jurisdiccional, porque, por sus especiales
condiciones, son diferentes de aquellas que simplemente ejecutan obligaciones
tributarias y que pueden crear, modificar o extinguir las situaciones particulares de los
administrados, quienes deben tener la posibilidad de controvertirlas.

1 “Artículo 835. Intervención del Contencioso Administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo
coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro,
pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.”
2 “Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. (…)”
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Ver, entre otras providencias: auto

del 19 de julio de 2002, Exp. 12733, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; sentencias del 29 de enero de 2004,
Exp.12498, C.P. Ligia López Díaz; del 26 de noviembre de 2009, Exp. 17426, C.P. Héctor J. Romero Díaz; del 28
de agosto de 2013, Exp. 18567, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 9 de septiembre de 2021; Exp.
25373, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Caso concreto

En el caso en estudio, la demandante promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Oficio 2020-134-015021-1 del 4 de septiembre de 2020, reiterado
en el Oficio 2020-134-4017777-1 del 13 de octubre de 20204, por el cual el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia negó la petición de declarar la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto que declaró no probada la excepción de cobro de
lo no debido y ordenó continuar con la ejecución en el proceso administrativo de
iniciado contra la Clínica Santa Teresa.

Teniendo en cuenta el criterio de la Sección Cuarta de esta Corporación en lo atinente
a que la decisión de negar la solicitud de pérdida de fuerza ejecutoria dentro del
procedimiento administrativo de cobro es un acto definitivo susceptible de control
judicial5, en el presente caso, la Sala mediante auto del 5 de septiembre de 2022
revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Santander del 27 de mayo de
2021, por la que se rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. En su lugar, ordenó la admisión de la demanda al considerar que los oficios
acusados crean una situación jurídica para la ejecutada y que pueden ser demandados
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Para la parte demandante operó la pérdida de ejecutoria de las Resoluciones 353 del
27 de octubre de 2010 y 993 de 23 de mayo de 2013, dado que han pasado más de
diez años sin que se adelanten las diligencias de secuestro, avalúo y remate de los
bienes inmuebles embargados en el proceso de administrativo de cobro coactivo.
Razón por la cual, a su juicio, procede la nulidad del Oficio 2020-134-015021-1 del 4
de septiembre de 2020, reiterado en el Oficio 2020-134-4017777-1 del 13 de octubre
de 2020, por el cual el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia negó la petición de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de las
resoluciones antes mencionadas.

Es de precisar que si bien la demandante pretende la aplicación del numeral 3º del
artículo 91 del CPACA6, no puede obviarse que desde el mandamiento de pago 009
de 29 de abril de 2009, aclarado por la Resolución 150 de 30 de julio de 2009, la
Administración precisó que este proceso de cobro coactivo se regiría por las normas
del Estatuto Tributario Nacional. De manera que, se aplicaran las normas especiales
del ET que disponen el procedimiento de cobro coactivo.

En ese entendido, el artículo 817 del Estatuto Tributario7, dispone que el término de
prescripción de la acción de cobro es de cinco años contados a partir de: i) la fecha de

4 Mediante auto del 5 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la providencia del

27 de mayo de 2021, por la que se rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En su
lugar, se ordenó la admisión de la demanda al considerar que los oficios acusados crean una situación jurídica para
la ejecutada, por lo que es susceptible de control judicial.
5 Autos del 24 de octubre de 2013, Exp. 20277 y del 19 de febrero de 2020, Exp. 25170, C.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.
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Art. 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos: […] 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutarlos.
7 “Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales

prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

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vencimiento del término para declarar, ii) la fecha de presentación de la declaración
cuando sea extemporánea, iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección
por los mayores valores o iv) la fecha de ejecutoria del acto de determinación. No
obstante, precisó que cuando el procedimiento de cobro se adelanta para obtener el
pago de aportes patrono-laborales, el término de prescripción debe contarse a partir
del momento en que dichas obligaciones se hicieron exigibles.

El término para adelantar la acción de cobro y lograr el pago efectivo, según lo dispone
el artículo 818 ibídem8, se interrumpe i) por la notificación del mandamiento de pago,
ii) por el otorgamiento de facilidades para el pago, iii) por la admisión de la solicitud de
concordato o iv) por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Sea del caso agregar que en asuntos en los que se estudia la ocurrencia o no de la
prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, esta Sección ha
señalado que de la lectura de los artículos 817 y 818 del ET se colige que la
administración no solo debe iniciar la acción de cobro coactivo dentro del término
prescriptivo contado desde que se hace exigible la obligación, sino que, una vez
iniciada, debe culminarla en ese término. De no hacerlo así, los actos que profiera con
posterioridad quedan viciados por falta de competencia temporal9.

Así, se ha sostenido que la acción de cobro no puede extenderse en forma indefinida
en el tiempo y que la ejecutante (entidad pública) debe obtener forzadamente el pago
de las obligaciones que el deudor no cubrió voluntariamente con el decreto de medidas
cautelares como el embargo, secuestro y remate, diligencia última que busca lograr el
pago hasta la concurrencia de lo debido. Así que, con el producto del remate, si cubre
el valor adeudado, se extingue la obligación. También se extingue cuando la
adjudicación de los bienes del ejecutado es directa.

En el caso bajo examen, se observa que la prescripción de la acción en el proceso de
cobro coactivo nro. 2009-7, ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sección
Cuarta de esta Corporación mediante la sentencia del 13 de junio de 2024 10, que
confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Santander el 20 de septiembre de 2023, en el que se decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en del oficio
del 24 de mayo de 2019 con radicado CC-20191340110761 proferido por el Fondo de
Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que negó la solicitud de

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las
declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma
extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o
de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en
quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.”
8 “Artículo 818: Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la

acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades
para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa
administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo
desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la
termina
9 Ver, entre otras, las sentencias de 28 de febrero de 2013, Exp. 17935 y 28 de agosto de 2013, Exp. 18567, C.P.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10 Exp. 28444, C.P. Milton Chaves García.

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prescripción de la acción de cobro dentro del proceso cobro coactivo administrativo
No 2009-07, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la prescripción de la acción de cobro, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho al FONDO PASIVO
SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, TERMINAR el proceso
de cobro coactivo No 2009-07, adelantado contra la persona moral denominada
Clínica Santa Teresa S.A en Liquidación, y el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas y/o practicadas sobre los bienes de la Clínica Santa Teresa
S.A EN LIQUIDACIÓN. Así mismo, DEVOLVER las sumas de dinero, se hayan hecho
efectivas a través de depósitos judiciales constituidos en favor de la entidad
demandada.

CUARTO: ACTUALÍZASE en su valor la suma que resulte de la devolución
anteriormente ordenada, en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia,
y conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, y la fórmula señalada por el
H. Consejo de Estado.

QUINTO: CONDENÁSE en costas a la parte demandada y a favor de la parte
demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: El FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE
COLOMBIA dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

(…) ”.

En consecuencia, la Sala revoca la sentencia apelada y se atiene a lo resuelto en la
sentencia del 13 de junio de 202411 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró la prescripción de la acción de cobro y ordenó terminar el proceso
de cobro coactivo nro. 2009-07 adelantado contra la Clínica Santa Teresa SA en
Liquidación.

Condena en costas

La parte demandante no apeló la decisión del Tribunal en relación con la condena en
costas impuesta a la actora, sin embargo, en este proceso no existe parte vencida en
la medida en que se decidió estarse a lo resuelto en la sentencia que declaró la
prescripción de la acción de cobro y ordenó terminar el proceso de cobro coactivo nro.
2009-07 adelantado contra la Clínica Santa Teresa SA en Liquidación, razón por la
cual, de acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 1 del Código General
del Proceso, no procede la condena en costas en ambas instancias.

Finalmente, no procede la condena en costas en segunda instancia, por cuanto en el
expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

11 Exp. 68001-23-33-000-2019-00762-02 (28444), C.P. Milton Chaves García.

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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00172-02 (28308)
Demandante: Cobranzas y Consultorías CMC SAS
FALLO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar,

SEGUNDO: ESTESE a lo resuelto en la sentencia del 13 de junio de 2024 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso 68001-23-33-000-
2019-00762-02 (28444).

TERCERO: No se condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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