Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: LUIS EMILIO COBOS MANTILLA
TESIS: LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO MITIGARON EL
RIESGO DE LA ZONA OBJETO DE LA ACCIÓN, PERO EL
DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, NO
PERMITE DECLARAR LA SUPERACIÓN DEL RIESGO, POR LO QUE DEBE
EFECTUARSE UN ESTUDIO TÉCNICO QUE PERMITA ESTABLECER SUS
CONDICIONES, CUYA ELABORACIÓN LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: DEFENSA
DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PÚBLICA, Y A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE
LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB1 y el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA2 contra la sentencia de 28 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander3.
1 En adelante CDMB.
2 En adelante el Municipio.
3 En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
El señor LUIS EMILIO COBOS MANTILLA, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó
demanda5 contra el MUNICIPIO, la CDMB y la EMPRESA PÚBLICA
DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS6-7, tendiente a
obtener la protección de los derechos colectivos a la defensa del
patrimonio público, a la seguridad y salubridad pública, y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
I.2. Hechos
Señaló que la parte posterior de las viviendas ubicadas en la carrera
2ª entre calles 47 y 48 del barrio Campo Hermoso del MUNICIPIO,
colindaban con un lote que, al parecer, era de propiedad del ente
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 La demanda fue coadyuvada por el señor Ramón Alirio Cárdenas Sánchez, en
representación de la Defensoría del Pueblo – Regional Arauca.
6 En adelante EMPAS.
7 Vinculada por el Tribunal mediante auto de 22 de julio de 2020.
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Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla
territorial o de la CDMB, el cual se encontraba “totalmente quebrado”
y desde hacía varios años empezó a erosionarse.
Aseguró que la erosión del predio en comento afectó las primeras dos
o tres casas colindantes, lo que puso en peligro la seguridad de los
habitantes y transeúntes.
Indicó que en varias ocasiones la comunidad les solicitó a las
entidades accionadas que solucionaran esta problemática, sin que a
la fecha de presentación de la demanda ello hubiera ocurrido.
Concluyó que la omisión en la atención de la erosión que se
presentaba en el predio estatal afectaba los derechos e intereses
colectivos invocados.
I.3. Pretensiones
Solicitó, lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Que se ordene al alcalde municipal de BUCARAMANGA
– SANTANDER y al director de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB; garantizar los
derechos e intereses colectivos de las personas que habitan y
transitan por la carrera 2ª calles 47 y 48 del Barrio Campo Hermoso,
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consagrados en los numerales E, G y L del Art 4 de la Ley 472 de
1998.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior se
ordene al Alcalde municipal de BUCARAMANGA – SANTANDER y al
director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga – CDMB; la obra civil consistente en la
construcción de un muro de contención o la obra civil que profesional
y técnicamente se requiera para corregir y evitar la erosión y el riesgo
de las personas que residen y transitan por la carrera 2ª entre calles
47 y 48 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.
TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se
consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los
intereses colectivos aquí violados, otorgando un término perentorio
para tal caso.
CUARTO: Que se condenen en costas a la parte demandada […]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1. El MUNICIPIO solicitó desestimar las pretensiones de la
demanda, en atención a que se trataba de hechos imprecisos y que
no probaban la supuesta vulneración de los derechos colectivos.
Aseguró que los hechos expuestos eran de competencia de la CDMB,
la cual, de acuerdo con la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 y el
Decreto 2372 de 1o. de julio de 2010, tenía a su cargo la reserva,
delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción
del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga – DRMI.
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Agregó que, además, la zona objeto de la acción no comprendía la
jurisdicción de la CDMB, sino del Área Metropolitana de
Bucaramanga -AMB.
Señaló que, en consecuencia, la protección y administración de la
escarpa y zona urbana colindante eran de competencia de la CDMB
y del AMB.
Puso de presente que en el presente caso se configuró la cosa
juzgada frente a la acción popular identificada con el número de
radicación 2006-00718, en donde se le condenó por hechos como los
aquí ventilados.
Aseguró que la erosión del sector se estaría causando por las redes
de alcantarillado, conforme se estableció en la acción popular con
número de radicación 2006-00719, por lo que era necesaria la
vinculación de la EMPAS.
8 Se advierte que en el escrito de contestación de la demanda el MUNICIPIO hizo referencia
al número de radicación 2006-0071. Sin embargo, aportó como prueba la sentencia que
fundamentó la solicitud de la excepción de cosa juzgada, en la que se advierte que el número
de radicado del proceso es 2007-0294-00, proferida por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Bucaramanga.
9 Ut supra.
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Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones de falta de
legitimación por pasiva y de “improcedencia de la acción popular”.
I.4.2. La CDMB se refirió a su naturaleza jurídica y a las funciones
previstas en el artículo 31 de la Ley 99 y, en consecuencia, propuso
como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, en
atención a que no le corresponde atender y responder las
pretensiones planteadas, las cuales pueden ser garantizadas por
medio de los planes de ordenamiento territorial y del de gestión del
riesgo de desastres, cuya implementación es exclusiva del
MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto en la Leyes 388 de 18
de julio de 199710 y 1454 de 28 de junio de 201111.
Puso de presente que en tratándose de gestión del riesgo, de acuerdo
con la Ley 1523 de 24 de abril de 201212, su competencia era
complementaria y subsidiaria, pues le correspondía apoyar a las
entidades territoriales de su jurisdicción en los estudios necesarios
para el conocimiento y reducción del riesgo, para que el MUNICIPIO
10 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
11 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.
12 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
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lo integrara al POT, cuya función cumplió a cabalidad, pues entregó
el estudio en comento al ente territorial.
Afirmó que la Ley 388 asignó a los entes territoriales la función de
determinar las zonas que no se podían urbanizar por presentar
riesgos para las comunidades de personas que se localizaban en
asentamientos por amenazas naturales.
Indicó que le corresponde identificar y caracterizar los ecosistemas
importantes ambientalmente para que el ente territorial respondiera
frente a su protección y manejo adecuado; y por ello, le comunicaba
las determinantes ambientales para que fueran tenidas en cuenta en
el POT y en el control, vigilancia y seguimiento en la construcción de
edificaciones.
Se refirió a lo previsto en la Ley 1454 en relación con el urbanismo y
el ordenamiento territorial y precisó que en caso de que el
MUNICIPIO lo requiriera, podía apoyarlo con asesoría y orientación
para que en su autonomía tomara la decisión que correspondiera
para atender la situación de riesgo por erosión que afectaba el suelo
y ponía en riesgo a la comunidad; no obstante, en caso de que no
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pudiera atender dicha circunstancia, de manera complementaria o
subsidiaria otra autoridad lo podría hacer.
Arguyó que no tenía ningún tipo de responsabilidad en la presunta
violación de los derechos colectivos invocados, ni por acción ni por
omisión, pues en ejercicio de su competencia y por tratarse de un
asunto de erosión, ha realizado las gestiones pertinentes en materia
de gestión de apoyo técnico para que el MUNICIPIO implementara
y ejecutara las acciones pertinentes. Las acciones en comento son:
i.- Con ocasión de una petición de la parte del accionante presentada
en el año 2019, remitió a la Secretaría de Infraestructura del
MUNICIPIO, al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres y a la Personería Municipal de Bucaramanga un informe de
gestión del riesgo del 1o. de junio de 2016.
ii.- En el año 2017 incluyó el sector objeto de la presente acción en
su mapeo de seguimiento y monitoreo sobre la situación de erosión
en la meseta de Bucaramanga y, en consecuencia, contrató una
consultoría técnica13 para realizar un estudio geotécnico.
13 Mediante contrato núm. 11153-04 de 2017.
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Advirtió que la consultoría referida permitió que se definiera la
amenaza por fenómenos de remoción en masa y recomendó al
MUNICIPIO, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,
las medidas a implementar y ejecutar para la corrección del riesgo
en el sector sub examine.
I.4.3. EMPAS se refirió a su creación para indicar que las
pretensiones de la demanda escapaban de su objeto.
Afirmó que luego de la visita realizada por sus funcionarios, evidenció
que el servicio de alcantarillado del sector objeto de la demanda
estaba en funcionamiento y no presentaba ninguna avería, además
que realizó actividades de limpieza y mantenimiento en todo el
sistema, conforme a la norma RAS.
Aseguró que posiblemente la problemática se presentaba en la parte
posterior de las viviendas, en donde las redes de alcantarillado no
existían, ya que por ser el borde de la escarpa, la cubierta vertía
libremente las aguas lluvias a la misma, lo que evidenciaba focos de
erosión, de manera que el manejo interno de la totalidad de las aguas
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lluvia y sanitarias de cada predio debían ser conectadas al colector
existente en el sendero peatonal para evitar que las aguas que
drenaban de los techos de la escarpa acelerara el proceso de erosión,
tal y como se advertía del concepto técnico aportado.
Argumentó que no era responsable de la vulneración de los derechos
e intereses colectivos, dado que la erosión de la escarpa no era
producto de sus obras, ni por la omisión en el cumplimiento de su
misión.
Señaló que conforme con la Ley 142 y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, la prestación de los servicios públicos era de competencia
de los municipios, a quienes también les correspondía la
implementación de procesos de gestión del riesgo de desastres en su
jurisdicción, de acuerdo con la Ley 1523, por lo que no era la llamada
a responder en el presente caso.
Afirmó que no tenía competencia para adelantar obras de
construcción o estabilización, pues su función era la de operar y
mantener sistemas de alcantarillado ejecutados por el constructor o
urbanizados, conforme con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.
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Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de legitimación
en la causa por pasiva.
Manifestó que la revisión o reparaciones de las redes domiciliarias
que se llegasen a requerir en el presente caso eran responsabilidad
de los propietarios de los bienes inmuebles, tal y como se estableció
en el concepto técnico que realizó y en el Decreto 1077 de 2015.
Argumentó que la carga de la prueba le correspondía a la parte
accionante, quien debía demostrar que no había cumplido con sus
obligaciones.
I.5.- Pacto de cumplimiento
El Tribunal prescindió de celebrar la audiencia de pacto de
cumplimiento, a través de auto de 21 de mayo de 2021, en atención a
que las partes manifestaron, a través de oficios que fueron allegados
en el trámite de primera instancia, que no se presentaría formula de
arreglo.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, mediante sentencia de 28 de julio de 2023, declaró no
probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, declaró
que el MUNICIPIO, la CDMB y EMPAS vulneraron el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente e impartió las siguientes órdenes:
“[…] TERCERO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo
vulnerado, se ORDENA:
I. Al Municipio de Bucaramanga, que en el término de los cuatro (4)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice un
censo en el que se identifiquen el número de viviendas y el núcleo
familiar que las integra en el respectivo sector comprendido de la
carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.
II. En ese mismo plazo en conjunto con la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, deberá
realizar estudio técnico que contenga diagnóstico del estado actual de
todas las viviendas construidas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso.
III. Una vez se tengan dicho estudio, el Municipio de Bucaramanga,
en el término máximo de seis (6) meses siguientes, deberá realizar
las gestiones administrativas y, presupuestales para lograr la
reubicación definitiva de las familias que viven en la carrera 2ª entre
calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.
IV. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo
la reubicación definitiva a favor de las familias cuyas viviendas estén
en inminente riesgo de colapso.
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V. A la COPORACIÓN (sic) AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, para que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las
gestiones presupuestales y contractuales necesarias para la ejecución
de las obras de estabilización necesarias para mitigar el riesgo de alto
a bajo en el sector comprendido en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso, conforme las conclusiones establecidas
en el Contrato de Consultoría No. 11153-04 de 2017.
VI. Se le ordena al Municipio de Bucaramanga ejercer el cumplimiento
de las funciones constitucionales y legales de control urbano, en aras
de que no permita la construcción de nuevas viviendas sobre la
ladera, una vez se disponga la reubicación de cada una de las familias
afectadas.
VII. Se le ordena a la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS
para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de
la presente providencia, realice una revisión en la carrera 2ª con
calles 47 y 48 del sector campo hermoso, con el fin de evidenciar las
viviendas en las cuales las aguas servidas tienen como destino final
el talud de tierra.
CUARTO: CONDENAR en costas a las autoridades que resultaron
vencidas y a favor del actor popular las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de esta Corporación conforme las reglas previstas en el
artículo 366 del Código General del Proceso y lo señalado en la parte
motiva.
QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación de la sentencia con
la participación: i) del señor Luis Emilio Cobos Mantilla como
accionante; ii) el Municipio de Bucaramanga; iii) la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-
CDMB; iv) la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS v) la
Defensoría del Pueblo; y vi) el delegado de la Procuraduría General
de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Santander. Este
Comité será presidido, a través de la Magistrada ponente.
SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
472 de 5 de agosto de 1998.
SÉPTIMO: En firme esta decisión, archívese el expediente […]”.
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Desestimó la excepción de cosa juzgada planteada por el
MUNICIPIO respecto de la acción popular núm. 2007–00294–00,
porque: i) el lugar de los hechos ventilados en una y otra acción no
eran coincidentes, pues en el asunto sub examine, la problemática
se presentaba en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del Barrio Campo
Hermoso, mientras que en el otro proceso ocurría en la carrera 5ª y
7ª con calle 42 y 43 de ese mismo barrio; y ii) en el proceso núm.
2007–00294–00 el principal problema se relacionaba con el destino
final del colector de aguas residuales, mientras que en el presente
asunto se discutía la erosión que tenía la ladera que bordeaba las
viviendas ubicadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48.
Señaló que el material probatorio obrante en el expediente, en
especial el informe técnico rendido por la CDMB, evidenciaba que: i)
el sector sub examine presentaba problemas de erosión por causa de
la inestabilidad del terreno; y ii) las viviendas construidas al borde
de la ladera estaban en grave peligro debido a las condiciones
geotécnicas desfavorables, por lo que era propensa a presentar a
“[…] agrietamiento co- sísmico de la superficie del suelo,
deslizamientos de tierra y avance de las cárcavas de erosión, por lo
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que no se garantiza la estabilidad geotécnica de las viviendas […]”
construidas en el sector.
Consideró que, en consecuencia, era latente la afectación del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y, por tanto, se requería la intervención de las
autoridades accionadas para que ejercieran las competencias legales
y constitucionales que les correspondían para contrarrestar el riesgo
que presentaban los habitantes de la zona.
Precisó, respecto de la problemática encontrada que:
“[…] De acuerdo con el informe técnico que rindió la CDMB, queda
claro que, en el sector bajo estudio, está demostrado lo siguiente:
i) Las características geológicas, geotécnicas y morfológicas de
estas áreas no permiten garantizar la estabilidad de proyectos de
desarrollo urbano.
ii) La vivienda distinguida con nomenclatura carrera 2ª # 47-02
presenta en su zona posterior (colindante con la escarpa)
problemas de deslizamiento y movimiento en masa, lo que causó
averías estructurales y pérdida de espacios arquitectónicos en la
misma.
iii) Las viviendas comprendidas entre las nomenclaturas carrera 2ª
#47-08 a carrera 2ª # 47-18, están cimentadas superficialmente
colindando con el borde de la escarpa, propensas a sufrir daños por
erosión y/o remoción en masa durante eventos intensos de lluvia
como principal detonante de estos fenómenos.
iv) De acuerdo con la morfología de los taludes y su altura y a la
experiencia técnica de las entidades ambientales, la CDMB indicó
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que el costo de las obras, serían mucho mayores que el costo
mismo de las viviendas […]”.
Cuestionó al MUNICIPIO por permitir la construcción de viviendas
en un sector en el que el terreno se caracterizaba por su inestabilidad
y porque, pese a conocer la problemática, no adelantó acciones para
la gestión del riesgo de desastres, a través de la implementación y
desarrollo de medidas a corto y mediano plazo.
Señaló que la CDMB no ejerció las competencias legales y
constitucionales que le asistían en materia ambiental al permitir la
construcción de viviendas y el vertimiento de aguas sobre la ladera
pese a su inestabilidad.
Adujo que la EMPAS omitió el control del sistema de alcantarillado
en la zona, pues quedó en evidencia que las aguas servidas de las
viviendas eran vertidas sobre ladera, lo cual aumentaba el riesgo de
erosión.
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Condenó en costas a cargo de las entidades vencidas, por cuanto
accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP.
III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. La CDMB aseguró que las órdenes que le fueron impartidas
escapaban a sus competencias y que el deber de atender, vigilar y
controlar el ordenamiento del territorio urbano y el uso del suelo era
una función exclusiva del MUNICIPIO, máxime si éste ya tenía las
determinantes ambientales para la planeación, ordenamiento del
territorio y uso del suelo.
Indicó que, por lo anterior, no era procedente considerar que omitió
su competencia ambiental al permitir la construcción de viviendas y
que con ello se generaban vertimientos de aguas en el sector objeto
de la demanda, pues históricamente el MUNICIPIO ha convalidado
por acción u omisión la urbanización en un territorio que, por su
naturaleza geomorfológica, era de carácter erosivo.
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Puso de presente que lo atinente al vertimiento de agua le
correspondía al MUNICIPIO, como responsable de la prestación del
servicio de alcantarillado, evitar las afectaciones al suelo y que se
generen riesgos.
Arguyó que ha cumplido con sus deberes al brindar apoyo técnico
ambiental al ente territorial municipal, conforme lo dispuesto en la
Ley 1523 y demás normas ambientales, como lo demuestra el
contrato núm. 11153-01 de 2017, referido en la sentencia, que dio
como resultado el informe técnico en el que se hicieron
recomendaciones relacionadas con la mitigación del riesgo.
Estimó que el a quo al ordenarle la realización del estudio técnico,
no tuvo en cuenta que el MUNICIPIO tiene las capacidades
instaladas de personal capacitado profesional y técnico, con logística
y presupuesto para adelantar dicha gestión, con independencia de
que en determinado momento se requiera de su apoyo, el cual debía
ser solicitado directamente por el ente territorial con el debido
sustento técnico, presupuestal y/o falta de capacidad, en el marco
de los principios de subsidiariedad, complementariedad y
concurrencia.
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Manifestó, frente a la orden de ejecutar las obras de estabilización
que se requieran para mitigar el riesgo en el sector de acuerdo con
las conclusiones establecidas en el contrato núm. 11153-04 de 2017,
que no tiene competencia directa para adelantarlas ya que no cuenta
con la capacidad presupuestal requerida.
Destacó que solamente ha adelantado obras de mitigación del riesgo
en el marco de convenios que los mismos municipios, en ejercicio de
su autonomía, han acordado y dispuesto que lo haga, o por
directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, por lo que no se puede desconocer la autonomía de los
entes territoriales de atender este tipo de circunstancias.
Puso de presente que la situación fáctica sub examine,
históricamente, obedeció a que la zona fue construida como una
urbanización bajo los parámetros sociales del Instituto de Crédito
Territorial en los años 70, de manera que esos terrenos eran
quebrados, con vocación erosiva y tienen la evidencia advertir que el
fenómeno de la erosión es característico y natural de esa zona.
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Solicitó, por lo anterior, la modificación de las órdenes que le fueron
impartidas, las cuales, a su juicio, son de competencia del
MUNICIPIO; y que se declare probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Aseguró que no existía congruencia en la sentencia apelada, debido
a que las consideraciones y el soporte legal que se utilizó para
fundamentar la decisión no era coherente en lo que a ella se refería,
por cuanto:
“[…] de manera clara se puede interpretar en una juiciosa labor
hermenéutica, que la misma señora Magistrada Ponente y los demás
magistrados que integran la sala, avalaron y aceptaron las
consideraciones en el marco de la responsabilidad, que en cuanto al
control urbanístico corresponde al Municipio de Bucaramanga, que
dejó construir las viviendas y no obstante conocer las situación de
riesgo no ha ejercido las competencias en materia de gestión de riesgo
que se encentran dispuestas en la ley 1523 de 2012, tales como la
ejecución de obras de mitigación del riesgo, reubicación de las
personas humanas habitantes en estos sectores de riesgo, previos
estudios técnicos, que en caso de no poder realizarlos, como lo hemos
expresado reiteradamente, lo solicita o requiere directamente en el
marco del Consejo Local de Riesgo, a la autoridad ambiental regional
u a otras instancias que crea pertinentes, como apoyo técnico; que en
el presente caso, como se ha reconocido, la CDMB ha cumplido […]”.
III.2. El MUNICIPIO informó que está ejecutando el contrato de
obra pública núm. 9677-PPAL001-970-2021, cuyo objeto es “realizar
las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo
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de deslizamiento y movimiento en masa mediante la construcción de
obras de mitigación y estabilización en los sectores de Campo
Hermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo del municipio de
Bucaramanga, departamento de Santander en el marco de la
calamidad pública declarada mediante Decreto No. 0398 del 11 de
noviembre de 2020 en desarrollo del plan de acción especifico (PAE)”.
Puso de presente que, en atención a lo ordenado por el Tribunal,
realizó un análisis de las obras de estabilización y mitigación del
riesgo que estaban en ejecución en su territorio, luego de lo cual
identificó el mencionado contrato que comprende la totalidad de la
zona señalada en el fallo, por lo que, a su juicio, si se está realizando
una estabilización del talud aferente a las viviendas de la zona y, con
ello, está solucionando eficaz y funcionalmente los fenómenos de
remoción en masa y erosión de la escarpa.
Manifestó que las órdenes impartidas en la sentencia apelada no son
adecuadas, en atención a que no impactaban la condición estructural
de las viviendas y, por el contrario, las presentes evitaban que
ocurrieran fallas estructurales posteriores a la obra, producto de
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fenómenos de remoción en masa del terreno sobre el cual están las
estructuras.
Indicó que la decisión de primera instancia se fundamentó en la visita
técnica realizada por la CDMB en el año 2016, es decir que habían
pasado más de 6 años desde que dicho documento fue elaborado; y
que no existía un informe por riesgo de colapso de las viviendas
ubicadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del barrio Campo
Hermoso.
Solicitó revocar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del Tribunal, en razón a que solo hay lugar a condenar en
costas cuando se encuentra probada la temeridad o la mala fe,
conforme con el artículo 38 de la Ley 472, la cual no se demostró.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la
CDMB y el MUNICIPIO contra la sentencia de primera instancia,
advirtiéndole al señor procurador delegado en lo Contencioso
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Administrativo ante el Consejo de Estado que, de conformidad con el
numeral 6 del artículo 247 del CPACA, podría emitir su concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para sentencia.
Asimismo, en dicho auto se indicó que por concurrir el presupuesto
previsto en el numeral 3 del artículo 327 del CGP, resultaba
procedente tener como prueba el Contrato de Obra núm. 9677-
PPAL001- 970-2021, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y el Consorcio Mitigación Bucaramanga en el año
2021, por lo que se dio traslado de la misma a las partes por el
término de tres (3) días.
Transcurrido el término anterior, las partes y el MINISTERIO
PÚBLICO guardaron silencio.
IV.2.- Mediante auto de 27 de octubre de 2023, se corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión
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IV.2.1. EMPAS presentó alegatos de conclusión en los que adujo
que no le correspondían las pretensiones de la demanda, ya que su
objeto social no incluía obras de mitigación por erosión.
Afirmó que el servicio de alcantarillado estaba en funcionamiento y
que existían conexiones erradas de aguas servidas a la ladera por
parte de los propios habitantes, lo cual aumentaba el
desmoronamiento.
Argumentó que la decisión del Tribunal estaba en contravía de su
competencia legal y que la responsabilidad era del Municipio en
coordinación con la CDMB y la Unidad de Gestión del Riesgo.
Arguyó que no existían antecedentes administrativos de que se le
hubiera puesto en conocimiento la situación de degradación y erosión
en el barrio Campo Hermoso, es decir que no se han presentado
requerimientos de la comunidad en relación con dicho tema, sumado
a que el accionante no cumplió con el requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 del CPACA.
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Puso de presente que el sector objeto de debate no fue producto de
un desarrollo urbano, enmarcado dentro de las normas legales y
técnicas contempladas en la planeación del MUNICIPIO.
Indicó que la normativa prevé un procedimiento específico en caso
de detección de conexiones erradas, el cual incluía notificación al
propietario del predio, solicitud de suspensión del servicio de agua,
notificación a la autoridad ambiental y al usuario, entre otras,
proceso que según su dicho tardaba entre 2 y 3 meses, todo lo cual
fue desconocido por el Tribunal.
Estimó que realizó todo lo que operativamente ha estado a su alcance
para mitigar el daño que han causado los propios habitantes de la
carrera 2ª con calles 27 y 48 del MUNICIPIO, por lo que se está en
presencia del hecho de un tercero.
IV.2.2. El MUNICIPIO reiteró lo dicho en el recurso de apelación,
en el sentido de que se ejecutó el contrato de obra pública núm.
9677-PPAL001-970-2021 y que no vulneró los derechos colectivos
que resultaron amparados.
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Adjuntó el informe suscrito por el contratista en donde consta que
ejecutó la obra, en aras de que se revoquen las órdenes dadas por
el Tribunal, pues con el muro cesó el peligro para la comunidad y no
era necesaria la reubicación.
Señaló que no era procedente la condena en costas, conforme lo
establecido en la Ley 472 y el Código General del Proceso al respecto.
IV.3. Por medio de auto de 31 de octubre de 2024, el Despacho
Sustanciador requirió al MUNICIPIO para que allegara: i) el acta de
terminación del contrato núm. 9677-PPAL01-970-2021; ii) el Decreto
núm. 0398 de 11 de noviembre de 2020, por medio del cual se
declaró la situación de calamidad pública; y iii) el Plan Específico –
PAE y demás estudios técnicos que sirvieron de fundamento para
adoptar la decisión de declaratoria de la situación de calamidad
pública, en especial aquellos relacionados con el barrio Campo
Hermoso. Además, se dispuso que una vez se allegue lo requerido,
debía correrse traslado de las pruebas por el término de cinco días.
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-. Mediante correo electrónico remitido el 3 de diciembre de 202414,
la apoderada del MUNICIPIO dio respuesta al requerimiento
efectuado.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
De lo expuesto en precedencia, los problemas jurídicos a resolver por
la Sala son los siguientes:
14 Documento obrante en el índice 39 del expediente digital de SAMAI.
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1. ¿Las obras adelantas en el marco del contrato de obra núm. 9677-
PPAL001-970-2021, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y el Consorcio Mitigación Bucaramanga 2021,
resultan suficientes e idóneas para tener por superado el hecho
vulnerador de los derechos colectivos, como lo afirma el MUNCIPIO
en el recurso de apelación?
2. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿Es la CDMB
la encargada de realizar el estudio técnico de diagnóstico del estado
de las viviendas localizadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del
barrio Campo Hermoso del MUNICIPIO, así como de adelantar las
gestiones presupuestales y contractuales necesarias para la
ejecución de las obras de estabilización que permitan mitigar el
riesgo en dicho sector o, por el contrario, es el ente territorial el
llamado a asumir las órdenes dadas el Tribunal, caso en el cual habría
lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la CDMB?
3. ¿Se debe revocar la condena en costas efectuada por el Tribunal,
en atención a que no se probó la temeridad o la mala fe del
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MUNICIPIO, conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley
472?
Caso concreto
Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala precisa
que no hará referencia a la vulneración de los derechos colectivos
declarados en la sentencia de primera instancia, habida cuenta que
esta no fue cuestionada en el recurso de apelación, por lo que se
prohijarán las conclusiones que al respecto efectuó el Tribunal.
De las obras ejecutadas en el marco del contrato núm. 9677-
PPAL001-970-2021
El MUNICIPIO afirmó en el recurso de apelación que ejecutó las
obras de mitigación de la zona objeto de la presente acción a través
del contrato de obra núm. 9677- PPAL001-970-2021, razón por la
que le corresponde a la Sala establecer si efectivamente se mitigó el
riesgo que existía.
Para el efecto, es preciso referirse al material probatorio relevante,
así:
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-. Decreto núm. 0398 de 11 de noviembre de 2020, “Por el cual se
declara la situación de calamidad pública en siete zonas
microzonificadas del municipio de Bucaramanga”, del cual se resalta:
“[…] Que al realizar una retrospectiva sobre la problemática de la
Erosión en la Ciudad de Bucaramanga, se puede ver que desde finales
de la década del sesenta, las características geológicas más
importantes de los suelos, destacan un alto potencial erosivo, baja
fertilidad y los niveles freáticos que afloran en la escarpa occidental,
esto último debido a la recarga en las laderas orientales, lo que genera
un fenómeno de erosión regresiva de las quebradas de la escarpa,
causada por el tipo de suelos que conforman el cauce y la gran
pendiente de los mismos. A esta problemática se suma el movimiento
de aguas de tipo superficial y subterránea que vienen de la escarpa
oriental de la ciudad.
Su localización geográfica está en una zona de actividad sísmica alta,
por estar ubicada cerca al nudo sísmico de Los Santos, que, sumada
a las características climáticas de la región, constituyen un detonante
permanente de los eventos naturales tales como: sismos,
deslizamientos de tierras, procesos erosivos, avalanchas, remociones
en masa, incendios e inundaciones.
Que la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo ha realizado
diversas visitas a viviendas, por solicitud de los afectados,
presidentes de Junta de acción comunal, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga — CDMB y el Área Metropolitana de
Bucaramanga — AMB a los barrios afectados por la erosión,
encontrando viviendas en condiciones precarias de estabilidad
y sectores que requieren la contratación de estudio de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, los presupuestos y costos de
las obras de mitigación para realizar la gestión de recursos
ante las entidades del orden Departamental y Nacional, toda
vez que desborda el presupuesto del municipio y las entidades
que hacen parte del sistema Municipal de Gestión de Riesgo de
Bucaramanga.
Qué con base a una serie de estudios geológicos recientes, anexos al
presente documento, se pueden concluir que cerca de 51 kilómetros
de escarpa que bordea la meseta, sobre la cual se construyó la ciudad,
en la actualidad no son estables, de los cuales se han logrado
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estabilizar 7 kilómetros. Sobre esta gran área a proteger hay
aproximadamente 5.400 viviendas que requieren atención inmediata
por el riesgo que causa la erosión.
Derivado de los constantes movimientos de la placa tectónica, sumado
a otros factores como la deforestación, los constantes cambios
climáticos, la circulación de agua y el viento, son algunas de las causas
de la problemática de la erosión. Bucaramanga tiene 51 kilómetros
que bordean los siguientes barrios: San Rafael, Gaitán, La Gloria,
Nariño, Girardot, Camilo Torres, Zarabanda, La Feria, Nápoles, 12 de
Octubre, Pio XII, 23 de Junio, Santander, Alfonso López, Pantano I,
Pantano II, Pantano iil, La Joya, Primero de Mayo, La Palma, La
Estrella, Campo Hermoso, Chorreras de Don Juan, San Miguel,
Candiles, Gómez Niño, Balconcitos, Brisas del Mutis, Manzanares,
Estoraques, los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, Cordoncillo I,
San Gerardo I, San Gerardo II, Cordoncillo II, Pablo VI, Juan XXIII,
África, 20 de Julio. Dentro de estos 41 barrios, existe una población
afectada de aproximadamente 27.000 habitantes.
[…]
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la Situación de Calamidad Pública en
los siguientes sectores del municipio de Bucaramanga, teniendo en
cuenta lo expuesto, conceptuado y aprobado por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo en acta de fecha 23 de octubre de 2020, por el
término de seis (6) meses, prorrogable hasta por otros seis (6), de
acuerdo a la evaluación, seguimiento y aprobación que realice el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo así:
[…]
4. Barrio Campo Hermoso - Comuna 5, para la construcción de
obras de mitigación entre la carrera 2 occ y 3 occ con calle 47
[…]” (Destacado de la Sala).
-. Contrato de obra núm. 9677-PPAL001-970-2021, suscrito entre el
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio
Mitigación Bucaramanga 2021, en el año 2021, el cual tenía por
objeto "[…] realizar las obras de intervención correctiva requeridas
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para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimientos en masa
mediante la construcción de obras de mitigación y estabilización en
los sectores de Campohermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo
del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander en el
marco de la calamidad pública declarada mediante decreto No. 0398
del 11 de noviembre de 2020 en desarrollo del plan de acción
específico (PAE) […]”.
Conforme con lo dispuesto en el parágrafo primero de la cláusula
primera, el alcance del objeto del contrato es el siguiente:
“[…] Una de las principales metas que tiene el proyecto, es
lograr la estabilidad los taludes de los Sectores de
Campohermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo del
Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander, por
medio de obras de mitigación con el propósito de reducir el
riesgo por fenómenos de remoción en masa en los sectores en
mención, mediante la construcción de pantallas ancladas en
concreto lanzado, la cual sirve para garantizar la estabilidad de
sectores críticos con pendientes significativas, logrando utilizar
soporte mediante anclajes que introducen estados de tensiones,
esfuerzos y deformaciones adicionales a la masa de suelos mejorando
la estabilidad general, ya que una vez instalados se pretensan hasta
alcanzar una carga admisible, con lo cual se comprime el terreno entre
la zona del anclaje y el apoyo superficial de la pantalla. Así mismo se
realizará el perfilado y adecuación morfo métrica de los sectores a
intervenir. También como obras complementarias en el pie de los
taludes revegetalizados y en el pie de las pantallas ancladas se
recomienda la ejecución de una canalización disipadora en concreto
reforzado, de sección trapezoidal de sección variable de acuerdo
según la sección del canal y a la ubicación y áreas aferentes que
tendrá para la recolección de las aguas de escorrentía, así como en la
corona del perfilado que capten las aguas que se dirigen hacia el muro
en concreto reforzado […]” (Destacado de la Sala).
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Sobre el lugar de ejecución del contrato, la cláusula trigésima
primera establece que, “[…] en el sector del Barrio Campohermoso,
específicamente en las viviendas ubicadas sobre la carrera 2 y
carrera 3 con calle 47, se encuentra un talud de aproximadamente
15 metros de alto el cual presenta alta pendiente y es una amenaza
por la erosión que allí se presenta para las familias que viven en este
sector […]”.
-. Sobre la ejecución del contrato, reposa en el expediente el acta de
recibo definitivo de la obra de fecha 6 de noviembre de 2023, en la
que consta que la interventoría del contrato estimó que las obras
recibidas cumplieron las normas y especificaciones generales de
construcción y demás condiciones contractuales.
Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que la situación de riesgo
que fue evidenciada en la zona de la presente acción fue objeto de
mitigación por parte del MUNICIPIO, tal y como se evidencia del
objeto del contrato de obra núm. 9677-PPAL001-970-2021 de 2021
y del acta de recibido definitivo de las obras de noviembre de 2023.
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Por lo tanto, el riesgo en el que se encontraba la comunidad del barrio
Campo Hermoso, específicamente en la carrera 2ª con calle 47, fue
atendido y mitigado con base en los estudios técnicos que el ente
territorial tenía a su disposición, como bien lo indica el ente territorial
en el escrito de apelación.
En consecuencia, lo anterior pone de manifiesto que actualmente no
existe la necesidad de ejecutar obras adicionales, razón por la que la
orden impartida la CDMB de adelantar las gestiones presupuestales
y contractuales necesarias para la ejecución de las obras de
estabilización necesarias para mitigar el riesgo de alto a bajo, en el
sector comprendido en la carrera 2ª con calle 47 y 48 del barrio
Campo Hermoso, deberá ser revocada.
Sin embargo, la Sala desconoce el estado de las viviendas y las
condiciones en que se encuentran las personas asentadas en el
sector objeto de las obras, motivo por el que no es posible afirmar
que cesó la afectación al derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes
del barrio Campo Hermoso, por lo que resulta necesario adelantar
acciones que permitan conocer el estado en que se encuentran y
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proceder a su reubicación en caso de que ello sea necesario, lo que
conduce a la modificación del numeral III del ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia apelada.
De las competencias de las Corporaciones Autónomas
Regionales y del MUNICIPIO en materia de gestión del riesgo
Teniendo en cuenta que la afectación al derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente no ha
cesado, le corresponde a la Sala establecer la entidad encargada de
cumplir las órdenes impartidas por el Tribunal, para lo cual es
necesario referirse a las competencias de la CDMB y del MUNICIPIO
en materia de gestión del riesgo.
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres
como “un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
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programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.” Asimismo, dispuso que era una política de
desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad
territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y
las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,
con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población.15
La anterior definición es complementada por el numeral 11 del
artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que la gestión
del riesgo también implica la promoción de una mayor conciencia del
mismo, que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o
controlarlo cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar
las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entendida como rehabilitación y reconstrucción.
15 Ley 1523 de 2012. Artículo 1° así como el artículo 11.
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Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a
todas las autoridades y habitantes del territorio. En
consecuencia, asignó a las entidades públicas, privadas y
comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del
riesgo que comprenden conocimiento y reducción del mismo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito
de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo
corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar
con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades16.
En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres –Sistema Nacional-, el artículo 5° ídem dispuso que era el
conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,
así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.
16 Ley 1523 de 2012. Artículo 2.
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En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel
nacional está dirigido por el presidente de la República, el director de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los gobernadores y
alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.17
En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la Ley otorgó
funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los alcaldes
y gobernadores. Respecto de los primeros, la norma en comento
asignó las siguientes funciones:
1.- Como conductor del desarrollo local, “es el responsable directo
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción”18(Negrillas fuera del texto).
2.- “Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
17 Ley 1523 de 2012. Artículo 9.
18 Ley 1523 de 2012. Artículo 14.
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territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos
de gestión pública”19.
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancione la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y
por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de
1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales
como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a
tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la
constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
19 Ley 1523 de 2012. Parágrafo del artículo 13.
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adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”20.
4-. “Formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte
del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar
su seguimiento y evaluación”21.
5-. “Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en
armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de
respuestas nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones,
serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o
alcalde, según el caso, en un plazo no mayor a noventa (90) días,
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley”22.
20 Ley 1523 de 2012, artículo 40.
21 Ley 1523 de 2012. Artículo 32
22 Ley 1523 de 2012. Artículo 37
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6-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso
y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la
configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un
plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley
1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial
y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen
incluido la gestión del riesgo23.
Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada
uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley
1523; tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la
Constitución Política como rectores en el ejercicio de las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y fueron
desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199424.
23 Ley 1523 de 2012. Artículo 39
24 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
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Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,
en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los
artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de
junio de 199428, que definen al Municipio como la entidad territorial
fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya
finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
territorio.
Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas
Regionales25, el artículo 23 de la Ley 99, estableció que son "[…] entes
25 Ver sentencia de 10 de diciembre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
núm. 66001-23-33-000-2013-00290-02).
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corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente
[…]”.
En relación con el objeto de estas entidades, la misma Ley señala
que son las encargadas de la “[…] ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”.
El artículo 31 de la Ley 99 prevé las funciones de las corporaciones
autónomas regionales, dentro de las cuales se destacan las
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relacionadas con: i) el apoyo en materia ambiental que debe brindar
al municipio para la ordenación del territorio; ii) establecer las
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas en su
jurisdicción; iii) ejecución de obras para la regulación de cauces y
corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con
la administración municipal programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,
manejo de cauces y reforestación.
Dichas competencias fueron previstas en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…]
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar
a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
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ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]
7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y
recursos naturales renovables;
[…]
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables;
[…]
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación:
[…]
PARÁGRAFO 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por
objeto principal la defensa y protección del medio ambiente urbano,
podrá adelantar con las administraciones municipales o distritales
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; así
mismo podrá administrar, manejar, operar y mantener las obras
ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o
distritos para esos efectos;
PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y
con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades
de su competencia […]”.
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Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las corporaciones
autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…] estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo […]”. Para el efecto, la
norma en comento previó:
“ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN
EL SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o
las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
PARÁGRAFO 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres.
PARÁGRAFO 2o. Las corporaciones autónomas regionales
deberán propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible.
PARÁGRAFO 3o. Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades
territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
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implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán
corresponsables en la implementación.
PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor
de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités
territoriales, harán parte de estos las autoridades ambientales locales
(Resaltado de la Sala).
Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1° del artículo en mención
dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías y
Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la
exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia
ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar
coordinadamente con las demás entidades para la consecución de
dichos fines.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de
202126, consideró lo siguiente:
“[…] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no
suple ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae
en ella el deber de asesorar y colaborar con las autoridades
26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 29 de julio de 2021, expediente núm. 47001
23 31 000 2011 08425 02.
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territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la prevención de
desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala determina que
el papel de la Corporación no es subsidiario respecto de las
labores de alcaldías y gobernaciones.
6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que, según
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012, los
Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, asesoría,
planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción
del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial
correspondiente, están conformados por un representante de cada
una de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.
Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que el
propósito de la norma es fomentar un trabajo de cooperación
interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte del
sistema, en búsqueda de corresponsabilidad e integralidad en
las acciones. Así las cosas, cualquier competencia que recaía en los
Comités de Prevención y Atención de Desastres, indirectamente lo es
de la Corporación al ser uno de sus miembros.
Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que en
este sentido emitió el Tribunal, ya que, con base en las
consideraciones expuestas, queda claro que es competencia de
CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de soluciones
respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos Colorados
ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye realizar
estudios y asignar o gestionar recursos para la ejecución de
proyectos, en ejercicio de las funciones que en materia
ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley le ha
atribuido […]” (Resaltado de la Sala).
Del mismo modo, las corporaciones autónomas regionales están en
la facultad de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
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las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de daños causados.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que, conforme se
explicó en precedencia, la autoridad ambiental desempeña un papel
muy importante en la gestión del riesgo, pues integra el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo, en el que tiene la función de apoyar
a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo,
conforme lo prevé el artículo 31 de la Ley 1523.
Sin embargo, pese a la importancia de las corporaciones autónomas
en la gestión del riesgo, la Sala considera que en sus competencias
no se encuentra la realización de estudios técnicos sobre el
diagnóstico del estado de las viviendas, razón por la que la orden
impartida en tal sentido a la CDMB no está ajustada a derecho.
En efecto, la orden en comento no se ajusta a las normas de rango
superior como el artículo 121 de la Constitución, pues es el
MUNICIPIO, como responsable de integrar en la planificación del
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desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, y de incorporar en sus planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial los programas y proyectos prioritarios que
permitan la gestión del riesgo, el llamado a adelantar el mencionado
estudio.
Por lo tanto, se modificará el numeral segundo del ordinal tercero de
la sentencia proferida por el Tribunal, en el sentido de ordenar al
MUNICIPIO realizar un estudio técnico que contenga diagnóstico
del estado actual de todas las viviendas construidas en la carrera 2ª
entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.
Ahora bien, la CDMB afirmó en el recurso de apelación que como no
era la entidad llamada a atender las órdenes que le fueron
impartidas, debía declararse la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva27.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 18
de agosto de 2020, expediente núm. 25000-23-41-000-2014-00277-01 M.P. Oswaldo
Giraldo López. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva esta Corporación ha
sostenido que “[…] la legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la
calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial,
para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte
demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -
legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese
sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el
demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación
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Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón a la Corporación,
pues aun cuando no es la entidad llamada a realizar el estudio técnico
que determine el estado de las viviendas localizadas en el sector en
que se debe gestionar el riesgo, lo cierto es que sí tiene competencias
en relación con la gestión del riesgo, tal y como se explicó en
precedencia, razón por la que no cabe duda de la existencia de
fundamentos normativos, funcionales y fácticos que justifican la
legitimación material de dicho órgano administrativo.
Ahora bien, en relación con el argumento expuesto en el recurso de
apelación por parte de la CDMB de que el MUNICIPIO no adelantó
gestiones para el control de la urbanización en el sector objeto de
discusión, la Sala estima que dicha omisión no excusa a la autoridad
ambiental del cumplimiento de sus deberes.
jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad
que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.”
Así las cosas, la legitimación en la causa en el proceso contencioso hace referencia a la
posibilidad de formular o controvertir las pretensiones de la demanda por tratarse del sujeto
activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Ahora bien, la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la existencia de dos clases de
legitimación para actuar en el proceso, a saber, la legitimación de hecho y la legitimación
material. Al respecto precisó: «i) La de hecho que hace referencia a la circunstancia de obrar
dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo
en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal y
ii) la material que da cuenta de la participación o relación que tienen las personas naturales
o jurídicas - sean o no partes del proceso-, con los hechos que originaron la demandada”.
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Finalmente, en cuanto a la presunta falta de congruencia de la
sentencia de primera instancia, alegada por la autoridad ambiental,
se advierte que en el presente caso no se vulneró tal principio, pues
el Tribunal se pronunció frente a los derechos colectivos invocados
en la demanda como vulnerados y se ciñó a los supuestos fácticos
allí expuestos, frente a lo cual las entidades accionadas pudieron
ejercer su derecho de defensa y contradicción, razón por la que este
argumento no está llamado a prosperar28.
De la condena en costas
Para resolver el tercer problema jurídico, esto es, si se debe revocar
la condena en costas impuesta al MUNICIPIO, por cuanto no se
probó su temeridad o mala fe, se advierte que, sobre el particular, el
artículo 38 de la Ley 472 prevé que:
28 De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, el principio
de congruencia en las acciones populares se flexibiliza en beneficio de la protección de los
derechos colectivos conculcados. En efecto, en sentencia de 5 de junio de 2018 se indicó
que: “[…] dentro de los procesos de acción popular, la flexibilización del principio de
congruencia en beneficio de la protección de derechos e intereses colectivos no puede
implicar el desconocimiento del derecho de contradicción y de defensa de la parte
demandada. Por lo tanto, el juez popular puede pronunciarse respecto de derechos
colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados
siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y directa relación o conexidad con los
derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del
actor popular y frente a los cuales la parte demandada haya tenido la oportunidad de
pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse que
conoció y pudo presentar argumentos de defensa […]” (Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Adminsitrativo. Sala Seis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de junio de 2018.
Núm. Radicación: 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP). M.P: Carlos Enrique
Moreno Rubio).
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“ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar el demandante a
sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de
mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá
imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los
cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya
lugar” (Resaltado de la Sala).
De la lectura de la norma en comento, la Sala destaca que la
temeridad o mala fe debe ser tenida en cuenta por el juez popular
para condenar en costas al demandante y no al demandado, razón
por la que los argumentos expuestos por el MUNICIPIO para
eximirse de dicha sanción no resultan procedentes.
Finalmente, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno
frente a los reparos contra la sentencia de primera instancia
expuestos por la EMPAS, en atención a que esa no es la oportunidad
procesal prevista para el efecto, como sí lo es el recurso de apelación
que, por demás, no fue interpuesto por dicha entidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 28 de
julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo
vulnerado, se ORDENA:
I. Al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, que en el término de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
realice un censo en el que se identifiquen el número de viviendas y el
núcleo familiar que las integra en el respectivo sector comprendido de
la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.
II. En ese mismo plazo, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA deberá
realizar estudio técnico que contenga diagnóstico del estado actual de
todas las viviendas construidas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso.
III. Una vez se tengan dicho estudio, el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en el término máximo de seis (6) meses siguientes,
deberá realizar las gestiones administrativas y, presupuestales para
lograr la reubicación definitiva de las familias que viven en la carrera
2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso, en caso de que
ello sea necesario.
IV. ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y
previo al agotamiento del procedimiento administrativo previsto para
el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve
a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias cuyas viviendas
estén en inminente riesgo de colapso.
V. Se le ordena al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejercer el
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de control
urbano, en aras de que no permita la construcción de nuevas viviendas
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sobre la ladera, una vez se disponga la reubicación de cada una de las
familias afectadas.
VI. Se le ordena a la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS
para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia, realice una revisión en la carrera 2ª con calles
47 y 48 del sector campo hermoso, con el fin de evidenciar las
viviendas en las cuales las aguas servidas tienen como destino final el
talud de tierra […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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