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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará así: “[…] TERCERO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo vulnerado, se ORDENA: I. Al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, que en el término de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice un censo en el que se identifiquen el número de viviendas y el núcleo familiar que las integra en el respectivo sector comprendido de la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso. II. En ese mismo plazo, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA deberá realizar estudio técnico que contenga diagnóstico del estado actual de todas las viviendas construidas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso. III. Una vez se tengan dicho estudio, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en el término máximo de seis (6) meses siguientes, deberá realizar las gestiones administrativas y, presupuestales para lograr la reubicación definitiva de las familias que viven en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso, en caso de que ello sea necesario. IV. ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias cuyas viviendas estén en inminente riesgo de colapso. V. Se le ordena al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejercer el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de control urbano, en aras de que no permita la construcción de nuevas viviendas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01 Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla sobre la ladera, una vez se disponga la reubicación de cada una de las familias afectadas. VI. Se le ordena a la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2021-00175-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: LUIS EMILIO COBOS MANTILLA

TESIS: LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO MITIGARON EL
RIESGO DE LA ZONA OBJETO DE LA ACCIÓN, PERO EL
DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, NO
PERMITE DECLARAR LA SUPERACIÓN DEL RIESGO, POR LO QUE DEBE
EFECTUARSE UN ESTUDIO TÉCNICO QUE PERMITA ESTABLECER SUS
CONDICIONES, CUYA ELABORACIÓN LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: DEFENSA
DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PÚBLICA, Y A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE

LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB1 y el MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA2 contra la sentencia de 28 de julio de 2023,

proferida por el Tribunal Administrativo de Santander3.

1 En adelante CDMB.
2 En adelante el Municipio.
3 En adelante el Tribunal.

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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor LUIS EMILIO COBOS MANTILLA, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó

demanda5 contra el MUNICIPIO, la CDMB y la EMPRESA PÚBLICA

DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS6-7, tendiente a

obtener la protección de los derechos colectivos a la defensa del

patrimonio público, a la seguridad y salubridad pública, y a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

I.2. Hechos

Señaló que la parte posterior de las viviendas ubicadas en la carrera

2ª entre calles 47 y 48 del barrio Campo Hermoso del MUNICIPIO,

colindaban con un lote que, al parecer, era de propiedad del ente

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 La demanda fue coadyuvada por el señor Ramón Alirio Cárdenas Sánchez, en

representación de la Defensoría del Pueblo – Regional Arauca.
6 En adelante EMPAS.
7 Vinculada por el Tribunal mediante auto de 22 de julio de 2020.

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Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla

territorial o de la CDMB, el cual se encontraba “totalmente quebrado”

y desde hacía varios años empezó a erosionarse.

Aseguró que la erosión del predio en comento afectó las primeras dos

o tres casas colindantes, lo que puso en peligro la seguridad de los

habitantes y transeúntes.

Indicó que en varias ocasiones la comunidad les solicitó a las

entidades accionadas que solucionaran esta problemática, sin que a

la fecha de presentación de la demanda ello hubiera ocurrido.

Concluyó que la omisión en la atención de la erosión que se

presentaba en el predio estatal afectaba los derechos e intereses

colectivos invocados.

I.3. Pretensiones

Solicitó, lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Que se ordene al alcalde municipal de BUCARAMANGA
– SANTANDER y al director de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB; garantizar los
derechos e intereses colectivos de las personas que habitan y
transitan por la carrera 2ª calles 47 y 48 del Barrio Campo Hermoso,

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consagrados en los numerales E, G y L del Art 4 de la Ley 472 de
1998.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior se
ordene al Alcalde municipal de BUCARAMANGA – SANTANDER y al
director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga – CDMB; la obra civil consistente en la
construcción de un muro de contención o la obra civil que profesional
y técnicamente se requiera para corregir y evitar la erosión y el riesgo
de las personas que residen y transitan por la carrera 2ª entre calles
47 y 48 del Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se
consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los
intereses colectivos aquí violados, otorgando un término perentorio
para tal caso.

CUARTO: Que se condenen en costas a la parte demandada […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1. El MUNICIPIO solicitó desestimar las pretensiones de la

demanda, en atención a que se trataba de hechos imprecisos y que

no probaban la supuesta vulneración de los derechos colectivos.

Aseguró que los hechos expuestos eran de competencia de la CDMB,

la cual, de acuerdo con la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 y el

Decreto 2372 de 1o. de julio de 2010, tenía a su cargo la reserva,

delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción

del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga – DRMI.

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Agregó que, además, la zona objeto de la acción no comprendía la

jurisdicción de la CDMB, sino del Área Metropolitana de

Bucaramanga -AMB.

Señaló que, en consecuencia, la protección y administración de la

escarpa y zona urbana colindante eran de competencia de la CDMB

y del AMB.

Puso de presente que en el presente caso se configuró la cosa

juzgada frente a la acción popular identificada con el número de

radicación 2006-00718, en donde se le condenó por hechos como los

aquí ventilados.

Aseguró que la erosión del sector se estaría causando por las redes

de alcantarillado, conforme se estableció en la acción popular con

número de radicación 2006-00719, por lo que era necesaria la

vinculación de la EMPAS.

8 Se advierte que en el escrito de contestación de la demanda el MUNICIPIO hizo referencia

al número de radicación 2006-0071. Sin embargo, aportó como prueba la sentencia que
fundamentó la solicitud de la excepción de cosa juzgada, en la que se advierte que el número
de radicado del proceso es 2007-0294-00, proferida por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Bucaramanga.
9 Ut supra.

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Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones de falta de

legitimación por pasiva y de “improcedencia de la acción popular”.

I.4.2. La CDMB se refirió a su naturaleza jurídica y a las funciones

previstas en el artículo 31 de la Ley 99 y, en consecuencia, propuso

como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, en

atención a que no le corresponde atender y responder las

pretensiones planteadas, las cuales pueden ser garantizadas por

medio de los planes de ordenamiento territorial y del de gestión del

riesgo de desastres, cuya implementación es exclusiva del

MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto en la Leyes 388 de 18

de julio de 199710 y 1454 de 28 de junio de 201111.

Puso de presente que en tratándose de gestión del riesgo, de acuerdo

con la Ley 1523 de 24 de abril de 201212, su competencia era

complementaria y subsidiaria, pues le correspondía apoyar a las

entidades territoriales de su jurisdicción en los estudios necesarios

para el conocimiento y reducción del riesgo, para que el MUNICIPIO

10 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
11 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras

disposiciones.
12 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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lo integrara al POT, cuya función cumplió a cabalidad, pues entregó

el estudio en comento al ente territorial.

Afirmó que la Ley 388 asignó a los entes territoriales la función de

determinar las zonas que no se podían urbanizar por presentar

riesgos para las comunidades de personas que se localizaban en

asentamientos por amenazas naturales.

Indicó que le corresponde identificar y caracterizar los ecosistemas

importantes ambientalmente para que el ente territorial respondiera

frente a su protección y manejo adecuado; y por ello, le comunicaba

las determinantes ambientales para que fueran tenidas en cuenta en

el POT y en el control, vigilancia y seguimiento en la construcción de

edificaciones.

Se refirió a lo previsto en la Ley 1454 en relación con el urbanismo y

el ordenamiento territorial y precisó que en caso de que el

MUNICIPIO lo requiriera, podía apoyarlo con asesoría y orientación

para que en su autonomía tomara la decisión que correspondiera

para atender la situación de riesgo por erosión que afectaba el suelo

y ponía en riesgo a la comunidad; no obstante, en caso de que no

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pudiera atender dicha circunstancia, de manera complementaria o

subsidiaria otra autoridad lo podría hacer.

Arguyó que no tenía ningún tipo de responsabilidad en la presunta

violación de los derechos colectivos invocados, ni por acción ni por

omisión, pues en ejercicio de su competencia y por tratarse de un

asunto de erosión, ha realizado las gestiones pertinentes en materia

de gestión de apoyo técnico para que el MUNICIPIO implementara

y ejecutara las acciones pertinentes. Las acciones en comento son:

i.- Con ocasión de una petición de la parte del accionante presentada

en el año 2019, remitió a la Secretaría de Infraestructura del

MUNICIPIO, al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de

Desastres y a la Personería Municipal de Bucaramanga un informe de

gestión del riesgo del 1o. de junio de 2016.

ii.- En el año 2017 incluyó el sector objeto de la presente acción en

su mapeo de seguimiento y monitoreo sobre la situación de erosión

en la meseta de Bucaramanga y, en consecuencia, contrató una

consultoría técnica13 para realizar un estudio geotécnico.

13 Mediante contrato núm. 11153-04 de 2017.

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Advirtió que la consultoría referida permitió que se definiera la

amenaza por fenómenos de remoción en masa y recomendó al

MUNICIPIO, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,

las medidas a implementar y ejecutar para la corrección del riesgo

en el sector sub examine.

I.4.3. EMPAS se refirió a su creación para indicar que las

pretensiones de la demanda escapaban de su objeto.

Afirmó que luego de la visita realizada por sus funcionarios, evidenció

que el servicio de alcantarillado del sector objeto de la demanda

estaba en funcionamiento y no presentaba ninguna avería, además

que realizó actividades de limpieza y mantenimiento en todo el

sistema, conforme a la norma RAS.

Aseguró que posiblemente la problemática se presentaba en la parte

posterior de las viviendas, en donde las redes de alcantarillado no

existían, ya que por ser el borde de la escarpa, la cubierta vertía

libremente las aguas lluvias a la misma, lo que evidenciaba focos de

erosión, de manera que el manejo interno de la totalidad de las aguas

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lluvia y sanitarias de cada predio debían ser conectadas al colector

existente en el sendero peatonal para evitar que las aguas que

drenaban de los techos de la escarpa acelerara el proceso de erosión,

tal y como se advertía del concepto técnico aportado.

Argumentó que no era responsable de la vulneración de los derechos

e intereses colectivos, dado que la erosión de la escarpa no era

producto de sus obras, ni por la omisión en el cumplimiento de su

misión.

Señaló que conforme con la Ley 142 y la jurisprudencia del Consejo

de Estado, la prestación de los servicios públicos era de competencia

de los municipios, a quienes también les correspondía la

implementación de procesos de gestión del riesgo de desastres en su

jurisdicción, de acuerdo con la Ley 1523, por lo que no era la llamada

a responder en el presente caso.

Afirmó que no tenía competencia para adelantar obras de

construcción o estabilización, pues su función era la de operar y

mantener sistemas de alcantarillado ejecutados por el constructor o

urbanizados, conforme con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.

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Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de legitimación

en la causa por pasiva.

Manifestó que la revisión o reparaciones de las redes domiciliarias

que se llegasen a requerir en el presente caso eran responsabilidad

de los propietarios de los bienes inmuebles, tal y como se estableció

en el concepto técnico que realizó y en el Decreto 1077 de 2015.

Argumentó que la carga de la prueba le correspondía a la parte

accionante, quien debía demostrar que no había cumplido con sus

obligaciones.

I.5.- Pacto de cumplimiento

El Tribunal prescindió de celebrar la audiencia de pacto de

cumplimiento, a través de auto de 21 de mayo de 2021, en atención a

que las partes manifestaron, a través de oficios que fueron allegados

en el trámite de primera instancia, que no se presentaría formula de

arreglo.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 28 de julio de 2023, declaró no

probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, declaró

que el MUNICIPIO, la CDMB y EMPAS vulneraron el derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente e impartió las siguientes órdenes:

“[…] TERCERO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo
vulnerado, se ORDENA:

I. Al Municipio de Bucaramanga, que en el término de los cuatro (4)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice un
censo en el que se identifiquen el número de viviendas y el núcleo
familiar que las integra en el respectivo sector comprendido de la
carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.

II. En ese mismo plazo en conjunto con la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, deberá
realizar estudio técnico que contenga diagnóstico del estado actual de
todas las viviendas construidas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso.

III. Una vez se tengan dicho estudio, el Municipio de Bucaramanga,
en el término máximo de seis (6) meses siguientes, deberá realizar
las gestiones administrativas y, presupuestales para lograr la
reubicación definitiva de las familias que viven en la carrera 2ª entre
calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.

IV. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo
la reubicación definitiva a favor de las familias cuyas viviendas estén
en inminente riesgo de colapso.

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V. A la COPORACIÓN (sic) AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, para que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las
gestiones presupuestales y contractuales necesarias para la ejecución
de las obras de estabilización necesarias para mitigar el riesgo de alto
a bajo en el sector comprendido en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso, conforme las conclusiones establecidas
en el Contrato de Consultoría No. 11153-04 de 2017.

VI. Se le ordena al Municipio de Bucaramanga ejercer el cumplimiento
de las funciones constitucionales y legales de control urbano, en aras
de que no permita la construcción de nuevas viviendas sobre la
ladera, una vez se disponga la reubicación de cada una de las familias
afectadas.

VII. Se le ordena a la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS
para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de
la presente providencia, realice una revisión en la carrera 2ª con
calles 47 y 48 del sector campo hermoso, con el fin de evidenciar las
viviendas en las cuales las aguas servidas tienen como destino final
el talud de tierra.

CUARTO: CONDENAR en costas a las autoridades que resultaron
vencidas y a favor del actor popular las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de esta Corporación conforme las reglas previstas en el
artículo 366 del Código General del Proceso y lo señalado en la parte
motiva.

QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación de la sentencia con
la participación: i) del señor Luis Emilio Cobos Mantilla como
accionante; ii) el Municipio de Bucaramanga; iii) la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-
CDMB; iv) la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS v) la
Defensoría del Pueblo; y vi) el delegado de la Procuraduría General
de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Santander. Este
Comité será presidido, a través de la Magistrada ponente.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
472 de 5 de agosto de 1998.

SÉPTIMO: En firme esta decisión, archívese el expediente […]”.

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Desestimó la excepción de cosa juzgada planteada por el

MUNICIPIO respecto de la acción popular núm. 2007–00294–00,

porque: i) el lugar de los hechos ventilados en una y otra acción no

eran coincidentes, pues en el asunto sub examine, la problemática

se presentaba en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del Barrio Campo

Hermoso, mientras que en el otro proceso ocurría en la carrera 5ª y

7ª con calle 42 y 43 de ese mismo barrio; y ii) en el proceso núm.

2007–00294–00 el principal problema se relacionaba con el destino

final del colector de aguas residuales, mientras que en el presente

asunto se discutía la erosión que tenía la ladera que bordeaba las

viviendas ubicadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48.

Señaló que el material probatorio obrante en el expediente, en

especial el informe técnico rendido por la CDMB, evidenciaba que: i)

el sector sub examine presentaba problemas de erosión por causa de

la inestabilidad del terreno; y ii) las viviendas construidas al borde

de la ladera estaban en grave peligro debido a las condiciones

geotécnicas desfavorables, por lo que era propensa a presentar a

“[…] agrietamiento co- sísmico de la superficie del suelo,

deslizamientos de tierra y avance de las cárcavas de erosión, por lo

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que no se garantiza la estabilidad geotécnica de las viviendas […]”

construidas en el sector.

Consideró que, en consecuencia, era latente la afectación del derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente y, por tanto, se requería la intervención de las

autoridades accionadas para que ejercieran las competencias legales

y constitucionales que les correspondían para contrarrestar el riesgo

que presentaban los habitantes de la zona.

Precisó, respecto de la problemática encontrada que:

“[…] De acuerdo con el informe técnico que rindió la CDMB, queda
claro que, en el sector bajo estudio, está demostrado lo siguiente:

i) Las características geológicas, geotécnicas y morfológicas de
estas áreas no permiten garantizar la estabilidad de proyectos de
desarrollo urbano.

ii) La vivienda distinguida con nomenclatura carrera 2ª # 47-02
presenta en su zona posterior (colindante con la escarpa)
problemas de deslizamiento y movimiento en masa, lo que causó
averías estructurales y pérdida de espacios arquitectónicos en la
misma.

iii) Las viviendas comprendidas entre las nomenclaturas carrera 2ª
#47-08 a carrera 2ª # 47-18, están cimentadas superficialmente
colindando con el borde de la escarpa, propensas a sufrir daños por
erosión y/o remoción en masa durante eventos intensos de lluvia
como principal detonante de estos fenómenos.

iv) De acuerdo con la morfología de los taludes y su altura y a la
experiencia técnica de las entidades ambientales, la CDMB indicó

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que el costo de las obras, serían mucho mayores que el costo
mismo de las viviendas […]”.

Cuestionó al MUNICIPIO por permitir la construcción de viviendas

en un sector en el que el terreno se caracterizaba por su inestabilidad

y porque, pese a conocer la problemática, no adelantó acciones para

la gestión del riesgo de desastres, a través de la implementación y

desarrollo de medidas a corto y mediano plazo.

Señaló que la CDMB no ejerció las competencias legales y

constitucionales que le asistían en materia ambiental al permitir la

construcción de viviendas y el vertimiento de aguas sobre la ladera

pese a su inestabilidad.

Adujo que la EMPAS omitió el control del sistema de alcantarillado

en la zona, pues quedó en evidencia que las aguas servidas de las

viviendas eran vertidas sobre ladera, lo cual aumentaba el riesgo de

erosión.

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Condenó en costas a cargo de las entidades vencidas, por cuanto

accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en el

numeral 1 del artículo 365 del CGP.

III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La CDMB aseguró que las órdenes que le fueron impartidas

escapaban a sus competencias y que el deber de atender, vigilar y

controlar el ordenamiento del territorio urbano y el uso del suelo era

una función exclusiva del MUNICIPIO, máxime si éste ya tenía las

determinantes ambientales para la planeación, ordenamiento del

territorio y uso del suelo.

Indicó que, por lo anterior, no era procedente considerar que omitió

su competencia ambiental al permitir la construcción de viviendas y

que con ello se generaban vertimientos de aguas en el sector objeto

de la demanda, pues históricamente el MUNICIPIO ha convalidado

por acción u omisión la urbanización en un territorio que, por su

naturaleza geomorfológica, era de carácter erosivo.

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Puso de presente que lo atinente al vertimiento de agua le

correspondía al MUNICIPIO, como responsable de la prestación del

servicio de alcantarillado, evitar las afectaciones al suelo y que se

generen riesgos.

Arguyó que ha cumplido con sus deberes al brindar apoyo técnico

ambiental al ente territorial municipal, conforme lo dispuesto en la

Ley 1523 y demás normas ambientales, como lo demuestra el

contrato núm. 11153-01 de 2017, referido en la sentencia, que dio

como resultado el informe técnico en el que se hicieron

recomendaciones relacionadas con la mitigación del riesgo.

Estimó que el a quo al ordenarle la realización del estudio técnico,

no tuvo en cuenta que el MUNICIPIO tiene las capacidades

instaladas de personal capacitado profesional y técnico, con logística

y presupuesto para adelantar dicha gestión, con independencia de

que en determinado momento se requiera de su apoyo, el cual debía

ser solicitado directamente por el ente territorial con el debido

sustento técnico, presupuestal y/o falta de capacidad, en el marco

de los principios de subsidiariedad, complementariedad y

concurrencia.

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Manifestó, frente a la orden de ejecutar las obras de estabilización

que se requieran para mitigar el riesgo en el sector de acuerdo con

las conclusiones establecidas en el contrato núm. 11153-04 de 2017,

que no tiene competencia directa para adelantarlas ya que no cuenta

con la capacidad presupuestal requerida.

Destacó que solamente ha adelantado obras de mitigación del riesgo

en el marco de convenios que los mismos municipios, en ejercicio de

su autonomía, han acordado y dispuesto que lo haga, o por

directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres, por lo que no se puede desconocer la autonomía de los

entes territoriales de atender este tipo de circunstancias.

Puso de presente que la situación fáctica sub examine,

históricamente, obedeció a que la zona fue construida como una

urbanización bajo los parámetros sociales del Instituto de Crédito

Territorial en los años 70, de manera que esos terrenos eran

quebrados, con vocación erosiva y tienen la evidencia advertir que el

fenómeno de la erosión es característico y natural de esa zona.

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Solicitó, por lo anterior, la modificación de las órdenes que le fueron

impartidas, las cuales, a su juicio, son de competencia del

MUNICIPIO; y que se declare probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Aseguró que no existía congruencia en la sentencia apelada, debido

a que las consideraciones y el soporte legal que se utilizó para

fundamentar la decisión no era coherente en lo que a ella se refería,

por cuanto:

“[…] de manera clara se puede interpretar en una juiciosa labor
hermenéutica, que la misma señora Magistrada Ponente y los demás
magistrados que integran la sala, avalaron y aceptaron las
consideraciones en el marco de la responsabilidad, que en cuanto al
control urbanístico corresponde al Municipio de Bucaramanga, que
dejó construir las viviendas y no obstante conocer las situación de
riesgo no ha ejercido las competencias en materia de gestión de riesgo
que se encentran dispuestas en la ley 1523 de 2012, tales como la
ejecución de obras de mitigación del riesgo, reubicación de las
personas humanas habitantes en estos sectores de riesgo, previos
estudios técnicos, que en caso de no poder realizarlos, como lo hemos
expresado reiteradamente, lo solicita o requiere directamente en el
marco del Consejo Local de Riesgo, a la autoridad ambiental regional
u a otras instancias que crea pertinentes, como apoyo técnico; que en
el presente caso, como se ha reconocido, la CDMB ha cumplido […]”.

III.2. El MUNICIPIO informó que está ejecutando el contrato de

obra pública núm. 9677-PPAL001-970-2021, cuyo objeto es “realizar

las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo

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de deslizamiento y movimiento en masa mediante la construcción de

obras de mitigación y estabilización en los sectores de Campo

Hermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo del municipio de

Bucaramanga, departamento de Santander en el marco de la

calamidad pública declarada mediante Decreto No. 0398 del 11 de

noviembre de 2020 en desarrollo del plan de acción especifico (PAE)”.

Puso de presente que, en atención a lo ordenado por el Tribunal,

realizó un análisis de las obras de estabilización y mitigación del

riesgo que estaban en ejecución en su territorio, luego de lo cual

identificó el mencionado contrato que comprende la totalidad de la

zona señalada en el fallo, por lo que, a su juicio, si se está realizando

una estabilización del talud aferente a las viviendas de la zona y, con

ello, está solucionando eficaz y funcionalmente los fenómenos de

remoción en masa y erosión de la escarpa.

Manifestó que las órdenes impartidas en la sentencia apelada no son

adecuadas, en atención a que no impactaban la condición estructural

de las viviendas y, por el contrario, las presentes evitaban que

ocurrieran fallas estructurales posteriores a la obra, producto de

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fenómenos de remoción en masa del terreno sobre el cual están las

estructuras.

Indicó que la decisión de primera instancia se fundamentó en la visita

técnica realizada por la CDMB en el año 2016, es decir que habían

pasado más de 6 años desde que dicho documento fue elaborado; y

que no existía un informe por riesgo de colapso de las viviendas

ubicadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del barrio Campo

Hermoso.

Solicitó revocar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la

sentencia del Tribunal, en razón a que solo hay lugar a condenar en

costas cuando se encuentra probada la temeridad o la mala fe,

conforme con el artículo 38 de la Ley 472, la cual no se demostró.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho

sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la

CDMB y el MUNICIPIO contra la sentencia de primera instancia,

advirtiéndole al señor procurador delegado en lo Contencioso

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Administrativo ante el Consejo de Estado que, de conformidad con el

numeral 6 del artículo 247 del CPACA, podría emitir su concepto

hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para sentencia.

Asimismo, en dicho auto se indicó que por concurrir el presupuesto

previsto en el numeral 3 del artículo 327 del CGP, resultaba

procedente tener como prueba el Contrato de Obra núm. 9677-

PPAL001- 970-2021, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres y el Consorcio Mitigación Bucaramanga en el año

2021, por lo que se dio traslado de la misma a las partes por el

término de tres (3) días.

Transcurrido el término anterior, las partes y el MINISTERIO

PÚBLICO guardaron silencio.

IV.2.- Mediante auto de 27 de octubre de 2023, se corrió traslado a

las partes para que alegaran de conclusión

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IV.2.1. EMPAS presentó alegatos de conclusión en los que adujo

que no le correspondían las pretensiones de la demanda, ya que su

objeto social no incluía obras de mitigación por erosión.

Afirmó que el servicio de alcantarillado estaba en funcionamiento y

que existían conexiones erradas de aguas servidas a la ladera por

parte de los propios habitantes, lo cual aumentaba el

desmoronamiento.

Argumentó que la decisión del Tribunal estaba en contravía de su

competencia legal y que la responsabilidad era del Municipio en

coordinación con la CDMB y la Unidad de Gestión del Riesgo.

Arguyó que no existían antecedentes administrativos de que se le

hubiera puesto en conocimiento la situación de degradación y erosión

en el barrio Campo Hermoso, es decir que no se han presentado

requerimientos de la comunidad en relación con dicho tema, sumado

a que el accionante no cumplió con el requisito de procedibilidad

previsto en el artículo 144 del CPACA.

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Puso de presente que el sector objeto de debate no fue producto de

un desarrollo urbano, enmarcado dentro de las normas legales y

técnicas contempladas en la planeación del MUNICIPIO.

Indicó que la normativa prevé un procedimiento específico en caso

de detección de conexiones erradas, el cual incluía notificación al

propietario del predio, solicitud de suspensión del servicio de agua,

notificación a la autoridad ambiental y al usuario, entre otras,

proceso que según su dicho tardaba entre 2 y 3 meses, todo lo cual

fue desconocido por el Tribunal.

Estimó que realizó todo lo que operativamente ha estado a su alcance

para mitigar el daño que han causado los propios habitantes de la

carrera 2ª con calles 27 y 48 del MUNICIPIO, por lo que se está en

presencia del hecho de un tercero.

IV.2.2. El MUNICIPIO reiteró lo dicho en el recurso de apelación,

en el sentido de que se ejecutó el contrato de obra pública núm.

9677-PPAL001-970-2021 y que no vulneró los derechos colectivos

que resultaron amparados.

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Adjuntó el informe suscrito por el contratista en donde consta que

ejecutó la obra, en aras de que se revoquen las órdenes dadas por

el Tribunal, pues con el muro cesó el peligro para la comunidad y no

era necesaria la reubicación.

Señaló que no era procedente la condena en costas, conforme lo

establecido en la Ley 472 y el Código General del Proceso al respecto.

IV.3. Por medio de auto de 31 de octubre de 2024, el Despacho

Sustanciador requirió al MUNICIPIO para que allegara: i) el acta de

terminación del contrato núm. 9677-PPAL01-970-2021; ii) el Decreto

núm. 0398 de 11 de noviembre de 2020, por medio del cual se

declaró la situación de calamidad pública; y iii) el Plan Específico –

PAE y demás estudios técnicos que sirvieron de fundamento para

adoptar la decisión de declaratoria de la situación de calamidad

pública, en especial aquellos relacionados con el barrio Campo

Hermoso. Además, se dispuso que una vez se allegue lo requerido,

debía correrse traslado de las pruebas por el término de cinco días.

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-. Mediante correo electrónico remitido el 3 de diciembre de 202414,

la apoderada del MUNICIPIO dio respuesta al requerimiento

efectuado.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

De lo expuesto en precedencia, los problemas jurídicos a resolver por

la Sala son los siguientes:

14 Documento obrante en el índice 39 del expediente digital de SAMAI.

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1. ¿Las obras adelantas en el marco del contrato de obra núm. 9677-

PPAL001-970-2021, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres y el Consorcio Mitigación Bucaramanga 2021,

resultan suficientes e idóneas para tener por superado el hecho

vulnerador de los derechos colectivos, como lo afirma el MUNCIPIO

en el recurso de apelación?

2. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿Es la CDMB

la encargada de realizar el estudio técnico de diagnóstico del estado

de las viviendas localizadas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del

barrio Campo Hermoso del MUNICIPIO, así como de adelantar las

gestiones presupuestales y contractuales necesarias para la

ejecución de las obras de estabilización que permitan mitigar el

riesgo en dicho sector o, por el contrario, es el ente territorial el

llamado a asumir las órdenes dadas el Tribunal, caso en el cual habría

lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva

respecto de la CDMB?

3. ¿Se debe revocar la condena en costas efectuada por el Tribunal,

en atención a que no se probó la temeridad o la mala fe del

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MUNICIPIO, conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley

472?

Caso concreto

Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala precisa

que no hará referencia a la vulneración de los derechos colectivos

declarados en la sentencia de primera instancia, habida cuenta que

esta no fue cuestionada en el recurso de apelación, por lo que se

prohijarán las conclusiones que al respecto efectuó el Tribunal.

De las obras ejecutadas en el marco del contrato núm. 9677-

PPAL001-970-2021

El MUNICIPIO afirmó en el recurso de apelación que ejecutó las

obras de mitigación de la zona objeto de la presente acción a través

del contrato de obra núm. 9677- PPAL001-970-2021, razón por la

que le corresponde a la Sala establecer si efectivamente se mitigó el

riesgo que existía.

Para el efecto, es preciso referirse al material probatorio relevante,

así:
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-. Decreto núm. 0398 de 11 de noviembre de 2020, “Por el cual se

declara la situación de calamidad pública en siete zonas

microzonificadas del municipio de Bucaramanga”, del cual se resalta:

“[…] Que al realizar una retrospectiva sobre la problemática de la
Erosión en la Ciudad de Bucaramanga, se puede ver que desde finales
de la década del sesenta, las características geológicas más
importantes de los suelos, destacan un alto potencial erosivo, baja
fertilidad y los niveles freáticos que afloran en la escarpa occidental,
esto último debido a la recarga en las laderas orientales, lo que genera
un fenómeno de erosión regresiva de las quebradas de la escarpa,
causada por el tipo de suelos que conforman el cauce y la gran
pendiente de los mismos. A esta problemática se suma el movimiento
de aguas de tipo superficial y subterránea que vienen de la escarpa
oriental de la ciudad.

Su localización geográfica está en una zona de actividad sísmica alta,
por estar ubicada cerca al nudo sísmico de Los Santos, que, sumada
a las características climáticas de la región, constituyen un detonante
permanente de los eventos naturales tales como: sismos,
deslizamientos de tierras, procesos erosivos, avalanchas, remociones
en masa, incendios e inundaciones.

Que la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo ha realizado
diversas visitas a viviendas, por solicitud de los afectados,
presidentes de Junta de acción comunal, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga — CDMB y el Área Metropolitana de
Bucaramanga — AMB a los barrios afectados por la erosión,
encontrando viviendas en condiciones precarias de estabilidad
y sectores que requieren la contratación de estudio de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, los presupuestos y costos de
las obras de mitigación para realizar la gestión de recursos
ante las entidades del orden Departamental y Nacional, toda
vez que desborda el presupuesto del municipio y las entidades
que hacen parte del sistema Municipal de Gestión de Riesgo de
Bucaramanga.

Qué con base a una serie de estudios geológicos recientes, anexos al
presente documento, se pueden concluir que cerca de 51 kilómetros
de escarpa que bordea la meseta, sobre la cual se construyó la ciudad,
en la actualidad no son estables, de los cuales se han logrado

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estabilizar 7 kilómetros. Sobre esta gran área a proteger hay
aproximadamente 5.400 viviendas que requieren atención inmediata
por el riesgo que causa la erosión.

Derivado de los constantes movimientos de la placa tectónica, sumado
a otros factores como la deforestación, los constantes cambios
climáticos, la circulación de agua y el viento, son algunas de las causas
de la problemática de la erosión. Bucaramanga tiene 51 kilómetros
que bordean los siguientes barrios: San Rafael, Gaitán, La Gloria,
Nariño, Girardot, Camilo Torres, Zarabanda, La Feria, Nápoles, 12 de
Octubre, Pio XII, 23 de Junio, Santander, Alfonso López, Pantano I,
Pantano II, Pantano iil, La Joya, Primero de Mayo, La Palma, La
Estrella, Campo Hermoso, Chorreras de Don Juan, San Miguel,
Candiles, Gómez Niño, Balconcitos, Brisas del Mutis, Manzanares,
Estoraques, los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, Cordoncillo I,
San Gerardo I, San Gerardo II, Cordoncillo II, Pablo VI, Juan XXIII,
África, 20 de Julio. Dentro de estos 41 barrios, existe una población
afectada de aproximadamente 27.000 habitantes.

[…]

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la Situación de Calamidad Pública en
los siguientes sectores del municipio de Bucaramanga, teniendo en
cuenta lo expuesto, conceptuado y aprobado por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo en acta de fecha 23 de octubre de 2020, por el
término de seis (6) meses, prorrogable hasta por otros seis (6), de
acuerdo a la evaluación, seguimiento y aprobación que realice el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo así:

[…]

4. Barrio Campo Hermoso - Comuna 5, para la construcción de
obras de mitigación entre la carrera 2 occ y 3 occ con calle 47
[…]” (Destacado de la Sala).

-. Contrato de obra núm. 9677-PPAL001-970-2021, suscrito entre el

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio

Mitigación Bucaramanga 2021, en el año 2021, el cual tenía por

objeto "[…] realizar las obras de intervención correctiva requeridas

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para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimientos en masa

mediante la construcción de obras de mitigación y estabilización en

los sectores de Campohermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo

del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander en el

marco de la calamidad pública declarada mediante decreto No. 0398

del 11 de noviembre de 2020 en desarrollo del plan de acción

específico (PAE) […]”.

Conforme con lo dispuesto en el parágrafo primero de la cláusula

primera, el alcance del objeto del contrato es el siguiente:

“[…] Una de las principales metas que tiene el proyecto, es
lograr la estabilidad los taludes de los Sectores de
Campohermoso, Don Bosco, Gaitán y San Gerardo del
Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander, por
medio de obras de mitigación con el propósito de reducir el
riesgo por fenómenos de remoción en masa en los sectores en
mención, mediante la construcción de pantallas ancladas en
concreto lanzado, la cual sirve para garantizar la estabilidad de
sectores críticos con pendientes significativas, logrando utilizar
soporte mediante anclajes que introducen estados de tensiones,
esfuerzos y deformaciones adicionales a la masa de suelos mejorando
la estabilidad general, ya que una vez instalados se pretensan hasta
alcanzar una carga admisible, con lo cual se comprime el terreno entre
la zona del anclaje y el apoyo superficial de la pantalla. Así mismo se
realizará el perfilado y adecuación morfo métrica de los sectores a
intervenir. También como obras complementarias en el pie de los
taludes revegetalizados y en el pie de las pantallas ancladas se
recomienda la ejecución de una canalización disipadora en concreto
reforzado, de sección trapezoidal de sección variable de acuerdo
según la sección del canal y a la ubicación y áreas aferentes que
tendrá para la recolección de las aguas de escorrentía, así como en la
corona del perfilado que capten las aguas que se dirigen hacia el muro
en concreto reforzado […]” (Destacado de la Sala).

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Sobre el lugar de ejecución del contrato, la cláusula trigésima

primera establece que, “[…] en el sector del Barrio Campohermoso,

específicamente en las viviendas ubicadas sobre la carrera 2 y

carrera 3 con calle 47, se encuentra un talud de aproximadamente

15 metros de alto el cual presenta alta pendiente y es una amenaza

por la erosión que allí se presenta para las familias que viven en este

sector […]”.

-. Sobre la ejecución del contrato, reposa en el expediente el acta de

recibo definitivo de la obra de fecha 6 de noviembre de 2023, en la

que consta que la interventoría del contrato estimó que las obras

recibidas cumplieron las normas y especificaciones generales de

construcción y demás condiciones contractuales.

Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que la situación de riesgo

que fue evidenciada en la zona de la presente acción fue objeto de

mitigación por parte del MUNICIPIO, tal y como se evidencia del

objeto del contrato de obra núm. 9677-PPAL001-970-2021 de 2021

y del acta de recibido definitivo de las obras de noviembre de 2023.

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Por lo tanto, el riesgo en el que se encontraba la comunidad del barrio

Campo Hermoso, específicamente en la carrera 2ª con calle 47, fue

atendido y mitigado con base en los estudios técnicos que el ente

territorial tenía a su disposición, como bien lo indica el ente territorial

en el escrito de apelación.

En consecuencia, lo anterior pone de manifiesto que actualmente no

existe la necesidad de ejecutar obras adicionales, razón por la que la

orden impartida la CDMB de adelantar las gestiones presupuestales

y contractuales necesarias para la ejecución de las obras de

estabilización necesarias para mitigar el riesgo de alto a bajo, en el

sector comprendido en la carrera 2ª con calle 47 y 48 del barrio

Campo Hermoso, deberá ser revocada.

Sin embargo, la Sala desconoce el estado de las viviendas y las

condiciones en que se encuentran las personas asentadas en el

sector objeto de las obras, motivo por el que no es posible afirmar

que cesó la afectación al derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes

del barrio Campo Hermoso, por lo que resulta necesario adelantar

acciones que permitan conocer el estado en que se encuentran y

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proceder a su reubicación en caso de que ello sea necesario, lo que

conduce a la modificación del numeral III del ordinal tercero de la

parte resolutiva de la sentencia apelada.

De las competencias de las Corporaciones Autónomas

Regionales y del MUNICIPIO en materia de gestión del riesgo

Teniendo en cuenta que la afectación al derecho colectivo a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente no ha

cesado, le corresponde a la Sala establecer la entidad encargada de

cumplir las órdenes impartidas por el Tribunal, para lo cual es

necesario referirse a las competencias de la CDMB y del MUNICIPIO

en materia de gestión del riesgo.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

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programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el

manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible.” Asimismo, dispuso que era una política de

desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población.15

La anterior definición es complementada por el numeral 11 del

artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que la gestión

del riesgo también implica la promoción de una mayor conciencia del

mismo, que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o

controlarlo cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar

las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

15 Ley 1523 de 2012. Artículo 1° así como el artículo 11.

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Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a

todas las autoridades y habitantes del territorio. En

consecuencia, asignó a las entidades públicas, privadas y

comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del

riesgo que comprenden conocimiento y reducción del mismo y

manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito

de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades16.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres –Sistema Nacional-, el artículo 5° ídem dispuso que era el

conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,

así como la información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.

16 Ley 1523 de 2012. Artículo 2.

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En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel

nacional está dirigido por el presidente de la República, el director de

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los gobernadores y

alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.17

En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la Ley otorgó

funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los alcaldes

y gobernadores. Respecto de los primeros, la norma en comento

asignó las siguientes funciones:

1.- Como conductor del desarrollo local, “es el responsable directo

de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el

distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del

riesgo y el manejo de desastres en el área de su

jurisdicción”18(Negrillas fuera del texto).

2.- “Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones

estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de

desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento

17 Ley 1523 de 2012. Artículo 9.
18 Ley 1523 de 2012. Artículo 14.

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territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos

de gestión pública”19.

3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se

sancione la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes

de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y

por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos

fines y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de

1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales

como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,

señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a

amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o

antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de

reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a

tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la

constitución de reservas de tierras para hacer posible tales

reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de

19 Ley 1523 de 2012. Parágrafo del artículo 13.

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adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para

reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”20.

4-. “Formular e implementar planes de gestión del riesgo para

priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades

del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento

del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte

del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar

su seguimiento y evaluación”21.

5-. “Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del

riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia

para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en

armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de

respuestas nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones,

serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o

alcalde, según el caso, en un plazo no mayor a noventa (90) días,

posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley”22.

20 Ley 1523 de 2012, artículo 40.
21 Ley 1523 de 2012. Artículo 32
22 Ley 1523 de 2012. Artículo 37

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6-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del

riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,

considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso

y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la

configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un

plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley

1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial

y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen

incluido la gestión del riesgo23.

Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada

uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley

1523; tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la

Constitución Política como rectores en el ejercicio de las

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y fueron

desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199424.

23 Ley 1523 de 2012. Artículo 39
24 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.

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Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,

en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199428, que definen al Municipio como la entidad territorial

fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas

Regionales25, el artículo 23 de la Ley 99, estableció que son "[…] entes

25 Ver sentencia de 10 de diciembre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
núm. 66001-23-33-000-2013-00290-02).

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corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por

las entidades territoriales que por sus características constituyen

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad

geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,

encargados por la ley de administrar, dentro del área de su

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las

disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente

[…]”.

En relación con el objeto de estas entidades, la misma Ley señala

que son las encargadas de la “[…] ejecución de las políticas, planes,

programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales

renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,

manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y

directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”.

El artículo 31 de la Ley 99 prevé las funciones de las corporaciones

autónomas regionales, dentro de las cuales se destacan las

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relacionadas con: i) el apoyo en materia ambiental que debe brindar

al municipio para la ordenación del territorio; ii) establecer las

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas en su

jurisdicción; iii) ejecución de obras para la regulación de cauces y

corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos

naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,

seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con

la administración municipal programas de adecuación de áreas

urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,

manejo de cauces y reforestación.

Dichas competencias fueron previstas en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:

[…]

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar
a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y

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ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]

7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y
recursos naturales renovables;

[…]

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables;

[…]

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación:

[…]

PARÁGRAFO 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por
objeto principal la defensa y protección del medio ambiente urbano,
podrá adelantar con las administraciones municipales o distritales
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; así
mismo podrá administrar, manejar, operar y mantener las obras
ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o
distritos para esos efectos;

PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y
con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades
de su competencia […]”.

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Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las corporaciones

autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su

jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…] estudios necesarios

para el conocimiento y la reducción del riesgo […]”. Para el efecto, la

norma en comento previó:

“ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN
EL SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o
las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

PARÁGRAFO 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales
es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres.

PARÁGRAFO 2o. Las corporaciones autónomas regionales
deberán propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible.

PARÁGRAFO 3o. Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades
territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la

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implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán
corresponsables en la implementación.

PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor
de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités
territoriales, harán parte de estos las autoridades ambientales locales
(Resaltado de la Sala).

Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1° del artículo en mención

dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales es

complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías y

Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que

corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la

exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia

ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar

coordinadamente con las demás entidades para la consecución de

dichos fines.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de

202126, consideró lo siguiente:

“[…] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no
suple ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae
en ella el deber de asesorar y colaborar con las autoridades

26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 29 de julio de 2021, expediente núm. 47001
23 31 000 2011 08425 02.

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territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la prevención de
desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala determina que
el papel de la Corporación no es subsidiario respecto de las
labores de alcaldías y gobernaciones.

6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que, según
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012, los
Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, asesoría,
planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción
del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial
correspondiente, están conformados por un representante de cada
una de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial.

Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que el
propósito de la norma es fomentar un trabajo de cooperación
interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte del
sistema, en búsqueda de corresponsabilidad e integralidad en
las acciones. Así las cosas, cualquier competencia que recaía en los
Comités de Prevención y Atención de Desastres, indirectamente lo es
de la Corporación al ser uno de sus miembros.

Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que en
este sentido emitió el Tribunal, ya que, con base en las
consideraciones expuestas, queda claro que es competencia de
CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de soluciones
respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos Colorados
ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye realizar
estudios y asignar o gestionar recursos para la ejecución de
proyectos, en ejercicio de las funciones que en materia
ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley le ha
atribuido […]” (Resaltado de la Sala).

Del mismo modo, las corporaciones autónomas regionales están en

la facultad de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas

de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a

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las normas de protección ambiental y de manejo de recursos

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones

pertinentes, la reparación de daños causados.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que, conforme se

explicó en precedencia, la autoridad ambiental desempeña un papel

muy importante en la gestión del riesgo, pues integra el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo, en el que tiene la función de apoyar

a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo,

conforme lo prevé el artículo 31 de la Ley 1523.

Sin embargo, pese a la importancia de las corporaciones autónomas

en la gestión del riesgo, la Sala considera que en sus competencias

no se encuentra la realización de estudios técnicos sobre el

diagnóstico del estado de las viviendas, razón por la que la orden

impartida en tal sentido a la CDMB no está ajustada a derecho.

En efecto, la orden en comento no se ajusta a las normas de rango

superior como el artículo 121 de la Constitución, pues es el

MUNICIPIO, como responsable de integrar en la planificación del

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desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias en materia de

gestión del riesgo, y de incorporar en sus planes de desarrollo y de

ordenamiento territorial los programas y proyectos prioritarios que

permitan la gestión del riesgo, el llamado a adelantar el mencionado

estudio.

Por lo tanto, se modificará el numeral segundo del ordinal tercero de

la sentencia proferida por el Tribunal, en el sentido de ordenar al

MUNICIPIO realizar un estudio técnico que contenga diagnóstico

del estado actual de todas las viviendas construidas en la carrera 2ª

entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.

Ahora bien, la CDMB afirmó en el recurso de apelación que como no

era la entidad llamada a atender las órdenes que le fueron

impartidas, debía declararse la excepción de falta de legitimación en

la causa por pasiva27.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 18

de agosto de 2020, expediente núm. 25000-23-41-000-2014-00277-01 M.P. Oswaldo
Giraldo López. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva esta Corporación ha
sostenido que “[…] la legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la
calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial,
para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte
demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -
legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese
sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el
demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación

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Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón a la Corporación,

pues aun cuando no es la entidad llamada a realizar el estudio técnico

que determine el estado de las viviendas localizadas en el sector en

que se debe gestionar el riesgo, lo cierto es que sí tiene competencias

en relación con la gestión del riesgo, tal y como se explicó en

precedencia, razón por la que no cabe duda de la existencia de

fundamentos normativos, funcionales y fácticos que justifican la

legitimación material de dicho órgano administrativo.

Ahora bien, en relación con el argumento expuesto en el recurso de

apelación por parte de la CDMB de que el MUNICIPIO no adelantó

gestiones para el control de la urbanización en el sector objeto de

discusión, la Sala estima que dicha omisión no excusa a la autoridad

ambiental del cumplimiento de sus deberes.

jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad
que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.”
Así las cosas, la legitimación en la causa en el proceso contencioso hace referencia a la
posibilidad de formular o controvertir las pretensiones de la demanda por tratarse del sujeto
activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Ahora bien, la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la existencia de dos clases de
legitimación para actuar en el proceso, a saber, la legitimación de hecho y la legitimación
material. Al respecto precisó: «i) La de hecho que hace referencia a la circunstancia de obrar
dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo
en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal y
ii) la material que da cuenta de la participación o relación que tienen las personas naturales
o jurídicas - sean o no partes del proceso-, con los hechos que originaron la demandada”.

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Finalmente, en cuanto a la presunta falta de congruencia de la

sentencia de primera instancia, alegada por la autoridad ambiental,

se advierte que en el presente caso no se vulneró tal principio, pues

el Tribunal se pronunció frente a los derechos colectivos invocados

en la demanda como vulnerados y se ciñó a los supuestos fácticos

allí expuestos, frente a lo cual las entidades accionadas pudieron

ejercer su derecho de defensa y contradicción, razón por la que este

argumento no está llamado a prosperar28.

De la condena en costas

Para resolver el tercer problema jurídico, esto es, si se debe revocar

la condena en costas impuesta al MUNICIPIO, por cuanto no se

probó su temeridad o mala fe, se advierte que, sobre el particular, el

artículo 38 de la Ley 472 prevé que:

28 De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, el principio

de congruencia en las acciones populares se flexibiliza en beneficio de la protección de los
derechos colectivos conculcados. En efecto, en sentencia de 5 de junio de 2018 se indicó
que: “[…] dentro de los procesos de acción popular, la flexibilización del principio de
congruencia en beneficio de la protección de derechos e intereses colectivos no puede
implicar el desconocimiento del derecho de contradicción y de defensa de la parte
demandada. Por lo tanto, el juez popular puede pronunciarse respecto de derechos
colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados
siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y directa relación o conexidad con los
derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del
actor popular y frente a los cuales la parte demandada haya tenido la oportunidad de
pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse que
conoció y pudo presentar argumentos de defensa […]” (Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Adminsitrativo. Sala Seis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de junio de 2018.
Núm. Radicación: 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP). M.P: Carlos Enrique
Moreno Rubio).

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“ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar el demandante a
sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de
mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá
imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los
cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya
lugar” (Resaltado de la Sala).

De la lectura de la norma en comento, la Sala destaca que la

temeridad o mala fe debe ser tenida en cuenta por el juez popular

para condenar en costas al demandante y no al demandado, razón

por la que los argumentos expuestos por el MUNICIPIO para

eximirse de dicha sanción no resultan procedentes.

Finalmente, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno

frente a los reparos contra la sentencia de primera instancia

expuestos por la EMPAS, en atención a que esa no es la oportunidad

procesal prevista para el efecto, como sí lo es el recurso de apelación

que, por demás, no fue interpuesto por dicha entidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00175-01
Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 28 de

julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de

Santander, el cual quedará así:

“[…] TERCERO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo
vulnerado, se ORDENA:

I. Al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, que en el término de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
realice un censo en el que se identifiquen el número de viviendas y el
núcleo familiar que las integra en el respectivo sector comprendido de
la carrera 2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso.

II. En ese mismo plazo, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA deberá
realizar estudio técnico que contenga diagnóstico del estado actual de
todas las viviendas construidas en la carrera 2ª entre calles 47 y 48
del sector Campo Hermoso.

III. Una vez se tengan dicho estudio, el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en el término máximo de seis (6) meses siguientes,
deberá realizar las gestiones administrativas y, presupuestales para
lograr la reubicación definitiva de las familias que viven en la carrera
2ª entre calles 47 y 48 del sector Campo Hermoso, en caso de que
ello sea necesario.

IV. ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y
previo al agotamiento del procedimiento administrativo previsto para
el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve
a cabo la reubicación definitiva a favor de las familias cuyas viviendas
estén en inminente riesgo de colapso.

V. Se le ordena al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejercer el
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de control
urbano, en aras de que no permita la construcción de nuevas viviendas

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Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla

sobre la ladera, una vez se disponga la reubicación de cada una de las
familias afectadas.

VI. Se le ordena a la Empresa de Alcantarillado de Santander-EMPAS
para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia, realice una revisión en la carrera 2ª con calles
47 y 48 del sector campo hermoso, con el fin de evidenciar las
viviendas en las cuales las aguas servidas tienen como destino final el
talud de tierra […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

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Actor: Luis Emilio Cobos Mantilla

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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