Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00189-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00189-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00189-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00189-02 (0122-2026)
Demandante: Doris Yaneth Suárez Castro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00189-02 (0122-2026)
Demandante: Doris Yaneth Suárez Castro
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Estarse a lo resuelto y confirma. Condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de
noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. 20205920004031 GSA
30860 del 24 de abril de 20202 mediante la cual la entidad demandada negó el
reajuste solicitado; y de la Resolución 2-0832 del 3 de julio de 20203, que resolvió
el recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 1.3. DECLARAR que
DORIS YANETH SUAREZ CASTRO tiene derecho a recibir la Prima Especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como incremento o adición a su salario básico
y/o asignación básica, un factor salarial y prestacional.
1.6.- [...] reliquidar y reajustar, mes a mes, el salario básico […], teniendo en cuenta un
básico mensual al 100% para liquidar la Prima Especial del 30% de que trata la Ley 4ª
de 1992 como agregado o adición a su asignación básica, y, en consecuencia, pagarle
las diferencias adeudadas por estos conceptos -retroactivo- y las que se causen en
adelante, con su correspondiente indexación, intereses y sanciones.
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Índice 14 expediente digital, págs. 39-62, gestión en otros despachos de Samai.
3 Índice 14 expediente digital, págs. 69-72, gestión en otros despachos de Samai.
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Demandante: Doris Yaneth Suárez Castro
1.7. […] reliquidar y reajustar, mes a mes, los demás factores SALARIALES,
PRESTACIONALES SOCIALES (BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS,
PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE VACACIONES, VACACIONES, PRIMA DE
NAVIDAD, CESANTÍAS, INTERESES A CESANTÍAS) […] en condición de Fiscal
Delegado, adicionando a la base salarial un 30 % por concepto de la Prima Especial
mensual de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
1.9. Condenar […] al reconocimiento y pago de la incidencia sobre la base de
cotización al sistema general de pensiones que conlleva las reliquidaciones […]»4.
Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Doris Yaneth Suárez Castro ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal delegada ante jueces penales del circuito5.
5. La parte actora elevó petición el 12 de marzo de 2020 ante la entidad
demandada, en la que solicitó se le reconociera y reliquidara la prima especial de
servicios, y el reajuste de salarios. La cual fue resuelta de manera negativa
mediante los actos demandados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136, 150 de la Constitución
Política; 127, 128 y 143 del C.S.T.; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 152 de la Ley 270
de 1996; 3, 10 y 138 del CPACA; y Decretos 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549
de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008,
730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de
2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018 y 996
de 2019.
7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la prima especial
constituye un beneficio adicional para quienes asumen un rol particular dentro de
los cargos diseñados para administrar justicia, no se encuentra razón valedera
por la cual se le niegue ese reconocimiento.
Contestación de la demanda
8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6 y se opuso a las
pretensiones en razón a que la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 y aclarado por
el artículo 1 de la Ley 476 de 1998, no debe tomarse como base del ingreso de
los destinatarios allí indicados, para efectos de liquidar las prestaciones sociales,
salvo la pensión de jubilación.
4 Transcripción literal del acápite de pretensiones de la demanda.
5 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio de la actora.
6 Índice 29 gestión en otros despachos de Samai.
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9. Finalmente, propuso las excepciones de «cumplimiento de un deber legal»,
«prescripción» y genérica.
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia proferida el 7 de noviembre de 20257, el Tribunal
Administrativo de Santander accedió a las súplicas de la demanda.
11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica durante los lapsos de vinculación laboral
como Fiscal -sin perjuicio de la prescripción-, advirtiendo que dicha prima sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
12. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 12 de marzo de 2017, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el 12 de marzo de 2020.
13. En consecuencia, declaró la prescripción de los valores reconocidos con
anterioridad al 12 de marzo de 2017, la nulidad de los actos administrativos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NACION –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a
favor de DORIS YANETH SUAREZ CASTRO a partir del 12 de marzo de 2017 - en
virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia adelante hasta que por razón del cargo
tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en
cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un
incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación
[…]
Recurso de apelación
14. Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.8
15. En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 20209 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que el derecho a reclamar la
reliquidación, con el salario pagado a título de prima especial entre 1994 y 2002,
surgió con la primera sentencia de nulidad del 4 de agosto de 2010. Además,
indicó que el Gobierno Nacional dejó de reproducir el texto anulado hasta con la
expedición del Decreto 3549 de 2003, por lo que considera que se debe revisar
7 Índice 37, gestión en otros despachos de Samai.
8 Índice 39, gestión en otros despachos de Samai.
9 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
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el restablecimiento del derecho, y en ese sentido no procede el reajuste de las
prestaciones sociales.
16. Igualmente, señaló que la prima especial no constituye salario para liquidar
las prestaciones sociales. Además, sostuvo que debe limitarse el cumplimiento
del fallo hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que la Fiscalía viene dando
cumplimiento al Decreto 272 de 2021, reconociendo dicho emolumento en un
30%.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
17. Por auto del 22 de junio de 2026,10 se admitió el recurso de apelación de la
entidad demandada.
18. Las partes guardaron silencio.
19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
21. Le corresponde a la Sala establecer si la entidad no adeuda ningún valor por
concepto de prestaciones sociales. Asimismo, se deberá determinar si la actora
tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios y si dicho
emolumento constituye salario para liquidar las prestaciones sociales, si esta se
debe limitar al 31 de diciembre de 2020, y si a partir de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, la entidad la reconoce en debida forma.
22. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
10 Índice 0004 de Samai.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
23. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
24. Por su parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción13 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
25. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199614 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
26. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
13 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
14 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos
se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
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332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
27. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202015, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
28. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
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6 de junio de 2023,16 10 de septiembre de 202417 y 5 de noviembre 2024.18
29. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202219 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Hechos probados
30. Dentro del proceso se encuentra probado20 que la actora presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegada
ante los jueces penales municipales desde el 15 de julio de 2016, sin que a la
fecha de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.21
31. Está demostrado que la demandante a partir de la fecha de su vinculación
como fiscal percibió el 100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal que
desempeñó y que no reporta ningún emolumento por concepto de la prima
mencionada. 22
32. Que el 12 de marzo de 202023 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el pago de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.
Caso concreto
33. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,24 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica25,, según lo dispuesto en la
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:
05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.
Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
19 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
20 Se dictó auto de mejor proveer el 7 de noviembre de 2023, en el cual se solicitó los tiempos de servicio
de la actora- ver índice 30 de Samai.
21Índice 14 expediente digital, págs. 74-75, Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 8
de mayo de 2020.
22 Índice 14 expediente digital, págs. 35-38, Gestión en otros despachos de Samai.
23 Índice 14 expediente digital, págs. 74-75, Gestión en otros despachos de Samai.
24 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)
conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
25 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
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Ley 476 de 199826, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica a los beneficiarios de dicha prima, y en consecuencia para el
caso concreto a partir del año 2016- vinculación de la demandante- liquidó las
prestaciones sociales teniendo en cuenta dicho emolumento de forma completa.
No obstante, se evidencia que no reconoció ningún concepto por prima especial
de servicios del 30%.
34. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia no resulta
equivocada, ya que conforme lo probado en el expediente, desde que la
demandante se desempeñó como fiscal (2016, y en adelante), no le fue
reconocido ningún concepto por prima especial de servicios, sino que le fue
pagado el salario en un 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la
asignación básica.
35. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que la demandante no recibió a título de prima especial, tal cual fue
ordenado por el a quo, por lo que no le asiste razón a la entidad apelante, pues
el Tribunal no ordenó el reconocimiento o reajuste de prestaciones sociales.
36. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual y que se limite el restablecimiento hasta antes de
entrar en vigor dicho precepto, se advierte que una vez revisado el expediente,
la entidad no acreditó que a partir del 1 de enero de 2021 lo hubiera reconocido,
por lo que no es posible acceder a la solicitud de limitar el restablecimiento en los
términos solicitados por la Fiscalía en el recurso de apelación.
37. Por otro lado, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 202227 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales señaló que el 30% correspondiente a
la prima especial «no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste». Además, se declaró la nulidad de la siguiente
previsión «ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
26 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
27 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00189-02 (0122-2026)
Demandante: Doris Yaneth Suárez Castro
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
38. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018); y ii) se confirmará la sentencia apelada.
Condena en costas
39. . La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander.
43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
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Radicación: 68001-23-33-000-2021-00189-02 (0122-2026)
Demandante: Doris Yaneth Suárez Castro
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones y con las precisiones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada (.)
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Santander.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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