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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00487-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00487-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la EXCEPCIÓN DE PAGO, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 68001-23-33-000-2021-00487-01 (2407-2025)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2021-00487-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00487-01 (2407-2025)
Demandante: Bismarck Lizardo Barrios Rincón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, FNPSM

Tema: Sanción Moratoria. Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006. Declara probada de oficio excepción de pago.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Bismarck Lizardo Barrios Rincón instauró demanda en contra de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo generado por el
silencio administrativo frente a la petición presentada el 26 de mayo de 2020, a
través del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías parciales, de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho se reconozca y pague la sanción
por mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo y hasta cuando se

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hizo efectivo el pago con los ajustes de valor con motivo de la disminución del poder
adquisitivo y el reconocimiento de los intereses moratorios.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el 1° de abril de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales.

6. Que por medio de la Resolución 01038 del 9 de mayo de 2018 le fueron
reconocidas, sin embargo, solo recibió el pago el 17 de julio de 2020 a través de
entidad bancaria.

7. Que el 26 de mayo de 2020 reclamó el reconocimiento de la sanción moratoria
por las cesantías pagadas tardíamente y la administración guardó silencio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Se indicaron como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989,
artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

9. En el concepto de la violación manifestó que los términos previstos en la Ley 1071
de 2006 para el reconocimiento y pago de las cesantías están siendo desconocidos
por la entidad porque cancela la prestación con posterioridad a los 70 días hábiles
después de haberse realizado la petición, obviando la protección de los derechos
del trabajador, haciéndose la entidad acreedora de la sanción moratoria por el
incumplimiento.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. El 18 de noviembre de 2021 se admitió la demanda, el FNPSM al contestar
propuso las excepciones de ineptitud sustancial de la demanda por no demostrar la
ocurrencia del acto ficto porque se incumplió el requisito de presentar prueba de
que la administración no dio respuesta dentro del término correspondiente. También
la de culpa de un tercero en aplicación de la Ley 1955 de 2019 por considerar que
hubo un retardo por parte de la entidad territorial en la expedición del acto
administrativo.

11. Adicionalmente, propuso los medios de defensa que denominó improcedencia
de la indexación de la sanción moratoria e improcedencia por ser beneficiario del
régimen retroactivo de cesantías.

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12. Que de imponerse la condena se debe hacer con cargo a títulos de tesorería del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el parágrafo transitorio
del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Que el pago de las cesantías se efectuó el
23 de julio de 2018, fecha en la que se puso a órdenes del demandante los dineros
ante la entidad financiera para su reclamación.

13. Mediante auto del 18 de julio de 2024 se resolvieron las excepciones y se
dispuso el término para alegar de conclusión.

14. Las partes reiteraron sus argumentos y adicionalmente el FNPSM afirmó que
los días de mora presuntamente causados fueron efectivamente pagados.

15. El Ministerio Público no se pronunció.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad del acto ficto y a título de restablecimiento ordenó el
pago de la sanción moratoria causada entre el 17 hasta el 22 de julio de 2018,
teniendo como base la asignación básica vigente al momento de la presentación de
la solicitud de reconocimiento de cesantías 2018.

17. Que las cesantías reclamadas fueron canceladas de manera extemporánea,
generándose el pago de la sanción moratoria desde el 17 hasta el 22 de julio de
2018, teniendo como fecha de pago, el 23 de julio 2018, de acuerdo con la
certificación allegada por la Fiduprevisora S.A en la que hace constar cuándo quedó
a disposición las cesantías parciales, causándose un total de 6 días de mora.

18. Que la fecha de cesación de la mora se configura cuando los dineros quedan
en la entidad bancaria a disposición del docente, independientemente de la fecha
en que se haga efectivo el retiro. De esta manera, los días que tarde el beneficiario
en reclamar el pago, no pueden ser imputables a la entidad demandada, lo anterior,
en aplicación del principio de mitigación del daño.

19. Que no procede la indexación por el tiempo en que transcurrió la mora, pero la
entidad al momento de cumplir deberá dar aplicación al artículo 187 de la Ley 1437
de 2011, para efecto de ajustar la condena.

RECURSO DE APELACIÓN

20. El FNPSM interpuso recurso de apelación, expresando que realizó el pago de
la sanción moratoria por vía administrativa, como se ilustró en el escrito de alegatos
de conclusión y se probó con el certificado de pago de la sanción mora, el cual no

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fue valorado por el Tribunal.

21. Que se puede evidenciar que se cancelaron 9 días de mora, además se puede
constatar que los dineros no fueron reintegrados, lo que quiere decir que fueron
cobrados.

22. Que en relación con la prueba sobreviniente, porque el pago se hizo luego que
se contestara la demanda, el despacho en uso de sus facultes oficiosas, pudo
recopilarla en cualquier momento del proceso, hasta antes de dictar sentencia.

23. Que al ser la entidad condenada a pagar una sanción moratoria que fue
reconocida y pagada por vía administrativa, implica un doble pago por el mismo
concepto, lo que genera un enriquecimiento sin causa para el demandante y un
detrimento injustificado para el patrimonio público, y bajo el principio de legalidad
nadie puede ser obligado a pagar dos veces por la misma obligación.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. El 17 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio.

25. El Ministerio Público conceptuó solicitando se revoque la sentencia porque el
valor ordenado fue pagado por el FNPSM.

26. Mediante auto del 19 de febrero de 2026 se ordenó la práctica de unas pruebas
de oficio con el propósito de que se allegara constancia del pago de la sanción
moratoria. Luego de que se pusiera a disposición de las partes los documentos
aportados, guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sobre las cesantías en el sector docente

27. El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías
y la aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado

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en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para
los empleados públicos del orden nacional».

28. Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20181 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006 a los maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria
por la cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En
ella se especificó la naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la
categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución
Política, pues, aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados
oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público. En ese sentido a los docentes
les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción
por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los
servidores públicos.

29. En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de
la erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día
en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución del caso concreto

1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018.

Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

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30. La recurrente manifestó su inconformidad con la orden impartida en primera
instancia ya que realizó el pago de la sanción moratoria por vía administrativa y se
probó con el certificado de pago, el cual no fue valorado por el Tribunal.

31. Tal como se evidenció en los antecedentes, en la sentencia de primera instancia
se ordenó a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el periodo comprendido del 17 al 22 de julio de 2018 por el
pago tardío de las cesantías parciales.

32. El FNPSM al presentar los alegatos de conclusión ante el Tribunal informó que
los días de mora presuntamente causados por pago tardío, fueron pagados, para
lo cual presentó como prueba:

33. Bajo los mismos argumentos presentó la impugnación y, adicionalmente,
precisó que la sanción moratoria había sido liquidada bajo los siguientes
parámetros:

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34. Además, que se podía constatar que los dineros no fueron reintegrados, lo que
quería decir que fueron cobrados:

35. Entonces, según los argumentos del recurso y los elementos probatorios
allegados2, el FNPSM pagó al señor Bismarck Lizardo Barrios Rincón el 26 de junio
de 2023 la suma de $618.267 por concepto de sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías parciales reconocidas mediante Resolución 1038 del 9 de mayo
de 2018 y para el efecto, tuvo en cuenta la asignación básica de $2.060.8903 y 9
días de mora.

2 En este punto se precisa que aunque se decretó una prueba de oficio y se aportó el expediente administrativo

en esta instancia, no se evidenciaron elementos nuevos sobre el pago realizado por la entidad a los que ya
obraran en el expediente.
3 Valor que corresponde a la asignación básica del año 2018 según certificado de salarios que reposa en el

expediente administrativo visible en el índice 22 de SAMAI.

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36. Entonces, si bien la entidad probó un pago por concepto de sanción moratoria,
no puede desconocerse que ese desembolso se realizó de manera posterior a
contestarse la demanda, esto es en el año 2023, cuando dicho monto se causó en
el año 2018.

37. Para el efecto y con el propósito de abordar el planteamiento del recurso a la luz
de las pretensiones de la demanda, debe precisarse que esta Subsección ha
considerado que la suma que se consolide en el período reconocido deberá ser
ajustada, desde la fecha en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la sentencia.4
Al respecto, la Subsección en Sentencia de Unificación,5 dispuso: «Sentar
jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción
moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA».
Ante la discusión que produjo esta regla de unificación sobre la procedencia de la
indexación del valor a pagar por concepto de sanción moratoria, esta Subsección 6
explicó:

«[…] la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente:
Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá
indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese
valor total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la
ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena
no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo dispuesto en los
artículos 192 y 195 del CPACA […].». (Negrita fuera de texto).

38. De acuerdo con lo expuesto, no es procedente la indexación de la sanción
moratoria en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada sí
debe ajustarse una vez cesa la tardanza.

39. Ahora, sobre la suma que le fue reconocida y pagada al demandante por sanción
moratoria, la cual fue de $618.267, la Subsección encuentra que la entidad tardó un
poco menos de 5 años en cancelarla, por tanto, si bien se imputa como parte de
pago, hay lugar a reconocer a su interesado, la actualización de la suma pagada
conforme el artículo 187 del CPACA, pues la indexación es una herramienta que
busca evitar la depreciación que ocurrió en este caso entre la fecha en que finalizó

4 Lo anterior, conforme a lo dispuesto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 26 de agosto del 2019 radicado 68001-23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018): «De lo anterior se
colige que la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente: Por lo tanto, a)
mientras se causa la sanción moratoria día a día ésta no podrá indexarse b) cuando termina su causación se
consolida una suma total, ese valor sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria
de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede indexación, sino que se
generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA». Postura reiterada en sentencia
del 14 de mayo de 2025 radicación: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024).
5
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, expediente radicado:
73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-2015), demandante Jorge Luis Ospina Cardona.
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente:

68001-23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.

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la mora –22 de julio de 2018 y aquella en que se produjo el pago de la indemnización
moratoria –26 de junio de 2023.

40. Para el efecto se tendrá en cuenta que en estos asuntos se ha permitido la
aplicación del citado artículo, para no reconocer un valor devaluado y en ese
sentido, por regla general se ha ordenado que la suma total consolidada por sanción
mora debe ajustarse desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la
sentencia.

41. En este asunto, se advierte que al demandante estando en curso este proceso
se le reconoció una suma por sanción moratoria, sin embargo, su pago fue tardío,
por tanto, el reajuste deberá realizarse teniendo en cuenta el IPC vigente a la fecha
en que cesó la mora (22 de julio de 2018) hasta el pago realizado (22 de junio de
2023).

42. Bajo el anterior entendido, tenemos que el Tribunal en la sentencia estableció
que la mora se causó entre el 17 y el 22 de julio de 2018 (6 días), extremos
temporales que no fueron controvertiros por las partes, sin embargo, el FNPSM
pagó la penalidad comprendida entre el 14 al 22 de julio de 2018 (9 días), razón por
la cual para establecer el ajuste se tomarán los días de mora considerados en
primera instancia.

Salario/30*6 días de mora= $412.178

43. El ejercicio realizado teniendo en cuenta la serie de empalme 2003-2026 del
DANE, (actualizado a abril de 2026)7 arroja lo siguiente:

La suma de sanción moratoria $412.178
El IPC final (abril de 2023) es 133,78
El IPC inicial (junio de 2018) es 99,31

$412.178*133,78/99,31 = $555.243

44. De lo anterior, tenemos que al demandante se le debió pagar la suma de
$555.243 como resultado de los días de sanción moratoria ajustados al día del pago.

45. Entonces, como el demandado canceló $618.267, hay lugar a revocar la
decisión apelada y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de pago, al
advertir que el valor de la sanción moratoria se canceló dentro del trámite procesal,
es decir, se hizo como consecuencia de la presentación de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.

7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc

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De la condena en ambas instancias

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, si
bien se va a revocar la sentencia, no puede entenderse que hay una parte vencida
toda vez que la decisión tuvo como fundamento el pago del derecho reclamado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la
EXCEPCIÓN DE PAGO, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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