Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00796-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00796-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00796-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: Carlos Durán Barrera
Tema: Pensión de jubilación, Decreto 546 de 1971. Beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Ingreso base de
liquidación2. Cosa juzgada. Efectos en el tiempo de las
sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Ugpp presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución UGM019365 del 5 de diciembre de 2011
mediante la cual el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social EICE4,
revocó la Resolución 9914 del 23 de septiembre de 2011 que negó la pensión de
vejez Carlos Durán Barrera y, en su lugar, reconoció y ordenó el pago de la
prestación en los términos del artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en cuantía de
1 En adelante Ugpp.
2 En lo que sigue IBL.
3 En lo sucesivo CPACA.
4 En adelante Cajanal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
$12.678.682, efectiva a partir del 1° de abril de 2011, pero con efectos fiscales al
retiro definitivo del servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas como consecuencia
del reconocimiento pensional al cual «no tiene derecho»; ii) el pago de la diferencia
del valor de las mesadas pensionales percibidas por Carlos Durán Barrera
actualizado «hasta cuando efectivamente se realice la modificación del valor de la
mesada pensional en el sistema de nómina de pensionados»; iii) la indexación de los
valores reconocidos y las sumas adeudadas, de conformidad con lo previsto por
el artículo 187 del CPACA; y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Carlos Durán Barrera nació el 20 de noviembre de 1952 y por más de 30 años
laboró al servicio de la rama judicial, hasta el 31 de enero de 2014. El último cargo
que desempeñó fue el de fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de
Bucaramanga.
3.2. El
14 de noviembre de 2008 y el 19 de octubre de 2010, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Estas solicitudes fueron resueltas
desfavorablemente por Cajanal a través de la Resolución UGM009941 del 23 de
septiembre de 2011, porque el peticionario no allegó «la totalidad de los
documentos para el estudio de la prestación».
3.3. En contra del anterior acto administrativo, interpuso el recurso de reposición
y por medio de la Resolución UGM019365 del 5 de diciembre de 2011, Cajanal
lo revocó y ordenó el reconocimiento y pago de la prestación cuya liquidación se
realizó con base en el 75% de la asignación mensual más elevada devengada
durante el último año de servicio, de conformidad con el artículo 6 del Decreto
546 de 1971 y con los factores de «asignación básica mes, bonificación gestión
judicial, bonificación servicios prestados, gastos de representación, prima de navidad,
prima de servicios [y] prima de vacaciones» (sic). La cuantía de la prestación resultó
en $12.678.682, efectiva a partir del 1° de abril de 2011, pero con efectos fiscales
al retiro definitivo del servicio.
3.4. Mediante la Resolución 2-4274, la Fiscalía General de la Nación le aceptó la
renuncia al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de
Bucaramanga, a partir del 1° de febrero de 2014.
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Demandante: Ugpp
3.5. Con ocasión de su retiro definitivo del servicio, el 30 de mayo de 2014, solicitó
la reliquidación de la pensión de vejez.
3.6. Con la Resolución RDP027565 del 9 de septiembre de 2014, la Ugpp le negó
la reliquidación de la pensión de vejez. Dicho acto fue confirmado por medio de
la Resolución RDP35526 del 21 de noviembre de 2014.
3.7. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en orden a que se declarara
su nulidad.
3.8. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 20 de mayo de 2016,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia,
ordenó la reliquidación de la pensión en cuantía del 75% de la asignación más
elevada devengada en el último año de servicio, esto es entre el 1° de febrero de
2013 y el 31 de enero de 2014, efectiva a partir del 1° de febrero de 2014 y con
los factores de «sueldo, gastos de representación, prima de navidad, prima de
servicios, el cálculo e esta última debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%
del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se hace de manera
anual y la mesada anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de
todos los factores salariales devengados en el último año exceptuando lo devengado por
vacaciones » (sic). Esta decisión, fue apelada por la administradora de fondo de
pensiones.
3.9. En la sentencia del 30 de julio de 2020, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación confirmó la anterior decisión, pero con
modificación del ordinal a), para incluir, además de los factores reconocidos, «la
bonificación por compensación».
3.10. Por medio del memorando 2020110000616933 del 7 de diciembre de 2020,
la subdirección de asesoría de la Ugpp recomendó «-. Presentar acción de tutela
por activa con efectos definitivos y en forma subsidiaria como mecanismo transitorio,
demostrando el perjuicio irremediable. -. Presentar recurso extraordinario de revisión, en
caso de ser desfavorable la tutela con fallo de segunda instancia». Además, indicó que
se daría cumplimiento a los fallos que ordenaron la reliquidación de la prestación
cuando «ocurra lo primero entre: -. Fallo de tutela de segunda instancia desfavorable. -
. Fallo de revisión de la tutela por activa, de manera desfavorable. -. Requerimiento
judicial de cumplimiento inmediato. -. Cuando hayan transcurrido los 8 meses de
ejecutoria del fallo en estudio y no se haya obtenido decisión de la acción de tutela por
activa» (sic).
3.11. Mediante sentencia de tutela del 14 de mayo de 2021, el Consejo de Estado,
3
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Demandante: Ugpp
Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela
promovida por la Ugpp, por no superar el requisito de subsidiariedad. Esta
decisión fue confirmada por la Sección Cuarta de la Corporación en la providencia
del 19 de agosto de 2021.
3.12. Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del 30 de julio de 2020 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el subdirector de determinación
de derechos pensionales de la Ugpp a través del Auto ADP003386 del 23 de junio
de 2021 dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación, Seccional
Bucaramanga para que certificara los factores devengados por Carlos Durán
Barrera en el último año de servicio «con especial observancia de lo establecido por
los falladores de primera y segunda instancia» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto
546 de 1971; 1 y 6 del Decreto 691 de 1994; y el Decreto 1158 de 1994.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:
5.1. Si bien a Carlos Durán Barrera le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión de vejez bajo los preceptos del artículo 6 del Decreto 546 de 1961, por
ser beneficiario de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, para la liquidación de la
prestación se debió atender las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21
de la Ley 100 de 1993.
5.2. Para la reliquidación de la pensión era correcto aplicar el Decreto 546 de 1971,
respecto de la edad, el tiempo de servicios y monto; sin embargo, en cuanto al
IBL la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es el 75%
del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, puesto que
dicho aspecto no estaba sujeto a la transición y, en cuanto, a los factores
salariales, la norma vigente era el Decreto 1158 de 1994.
5.3. Conforme con los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de
5 Samai del tribunal, índice 20, 9_ED_680012333000202100(.pdf) NroActua 20, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des03tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdes03tadminbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDo
cuments%2FTAS%20%2D%20D03%20%2D%20MRQ%2FProcesos%20Activos%2FA%20PRI
MERA%20y%20%C3%9ANICA%20INSTANCIA%2FORDINARIOS%2F%28NR%29%20NULID
AD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F680012333000%2D2021%2D
00796%2D00%20%28NR%29%2F01%2E%20CUADERNO%20PRINCIPAL&ga=1, folios del 2
al 24.
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Demandante: Ugpp
Estado, la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a sus
beneficiarios únicamente comprende los requisitos de edad, tiempo de servicio y
monto establecidos con base en la norma anterior, es decir, el IBL no hace parte
del beneficio de la transición. En consecuencia, la base de liquidación de la
pensión que así deba reconocerse se define con fundamento en los artículos 36,
inciso 3, o 21 de tal normativa, según sea el caso, y los factores taxativos del
Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.
5.4. No se configura la cosa juzgada, toda vez que la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no guarda identidad
de hechos ni pretensiones respecto del presente asunto.
1.2. Contestación de la demanda
5.5. La parte demandada guardó silencio.
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2023, declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada
respecto de los factores salariales que conforman parte del IBL de la pensión de
Carlos Durán Barrera y, en lo demás, denegó las pretensiones de la demanda.
7. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, se pronunció en estos términos6:
7.1. Respecto de los factores salariales reconocidos se configuró la institución
jurídica de la cosa juzgada, en tanto que Cajanal en la Resolución UGM019365
del 5 de diciembre de 2011, liquidó la pensión de vejez de Carlos Durán Barrera
bajo los preceptos del Decreto 546 de 1971, es decir, con el promedio de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios; no
obstante, posteriormente y con ocasión de su retiro definitivo del servicio, la Ugpp
le negó su reliquidación [a través de las resoluciones RDP027565 y RDP035526 del 9
de septiembre y el 21 de noviembre de 2014, respectivamente] y, por tanto, esos actos
fueron objeto de control judicial y en sentencia del 30 de julio de 2020 la Sección
Segunda del Consejo de Estado ordenó la reliquidación de la prestación, con la
inclusión de la bonificación por compensación, además de los factores
reconocidos por el Tribunal Administrativo de Santander con la providencia del
20 de mayo de 2016.
6 Samai del tribunal, índice 32, 22_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 32.
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7.2. Carlos Durán Barrera es beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993, puesto que para la fecha de su entrada en vigor contaba con
más de 42 años de edad y 16 de servicios exclusivamente en la rama judicial; por
ello, su reconocimiento pensional es el previsto en el Decreto 546 de 1971.
7.3. En la sentencia de unificación del 11 de junio de 20207, la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso que para los beneficiarios de
la transición a quienes les asiste el derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarían las disposiciones de esa
norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso
base de liquidación sería el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la
Ley 100 de 1993, según sea el caso. Asimismo, en esa oportunidad también se
indicó que dicho precedente tendría aplicación retrospectiva.
7.4. En tal sentido, la regla jurisprudencial fijada sería vinculante solo en los
siguientes casos: «i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; ii) Respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado». Así
las cosas, Teniendo en cuenta que el acto demandado (Resolución 9914 del 23
de septiembre de 2011) fue debatido y definido en sede administrativa antes de
proferirse la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, debe mantenerse
incólume la situación consolidada «luego, no puede modificarse la situación pensional
del señor Carlos Durán Barrera en forma desfavorable».
1.4. El recurso de apelación
8. La Ugpp apeló la decisión de primera instancia y la sustentó así8:
8.1. La reliquidación de la prestación reconocida a Carlos Durán Barrera fue
ordenada por el Consejo de Estado en la sentencia del 30 de julio de 2020, esto
es «49 días después» de la expedición de la sentencia de unificación del 11 de
junio de 2020, por tanto el a quo debió respetar y aplicar lo la reglas de unificación
previstas en dicha sentencia sin que le fuera posible «insinuar que la está aplicando
so pretexto de señalar que la pensión del causante ya había sido resuelta en sede
administrativa, cuando fue precisamente Carlos Durán el que inicio la acción de nulidad
y restablecimiento que término con la sentencia de 30 de julio de 2020» (sic).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
8 Samai del tribunal, índice 35, 24_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 35.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
8.2. Debe declararse la nulidad del acto administrativo demandado, por cuanto se
opone a las reglas de unificación previstas por el Consejo de Estado y generó un
incremento desproporcionado en la cuantía del derecho reconocido , pues en
cuanto al IBL la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es
el 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento.
8.3. No se configuró la cosa juzgada, toda vez que «el juzgador contraria y no acata
la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20, de once (11) de junio de dos mil veinte
(2020), que es clara en disponer que para incluir factores adicionales en la liquidación
pensional como la bonificación por compensación deben haberse realizados las debidas
cotizaciones al sistema pensional, lo cual no ocurrió por parte del empleador de Carlos
Durán, y que conlleva a que el ad quem deba excluir dicho factor salarial» (sic).
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
9. Previoa resolver el objeto del litigio, se advierte que el Congreso de la
República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, con la que « se establece el
sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones» y mediante la cual modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén
en curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
10. En torno a la caducidad, la norma previó lo siguiente:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
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Demandante: Ugpp
ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de
cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará
la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los
cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las
cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia
de esta ley». [Se resalta].
11. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente
asunto, puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad
de los actos con los que fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar
control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia
que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el
contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los
presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad.
12. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad
jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para
reclamar los derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del
plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura
como una sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad
de acudir al aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control
por ejercerlos de manera tardía»9.
13. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en
cualquier tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del
CPACA.
14. Sin embargo, de acuerdo con la norma contenida en la Ley 2381 de 2024, el
asunto en estudio debe ser analizado bajo el aparte según el cual «a las pensiones
reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley»; por lo que, se debe
determinar si hay lugar a declarar la caducidad del presente medio de control,
puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida mediante la Resolución
009352 del 15 de abril de 2010, esto es, hace más de 5 años.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
15. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional10 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las
etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en
general» tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del
establecimiento de «reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el
equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad
propio del Estado Social de Derecho».
16. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando
tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del
Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de
los derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede
implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la
realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
17. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es
la institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio
para el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del
derecho de acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento
en principios constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que
impone una consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma
tardía a la jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
18. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha
de su sanción [16 de julio de 2024]11 y que, de acuerdo con el mencionado artículo
86, en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional
que se encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de
10 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
11 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez
y Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir
del 1° de julio de 2025.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
esa ley]», se considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está
ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 40 de la Ley 153 de 188712, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos,
se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley
elimine dicha autoridad.» [se resalta].
19. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de
la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra
legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas
de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el
legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se
establezca un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan
efectivizar sus derechos fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la
administración de justicia. Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías
fundamentales de manera arbitraria y sin justificación alguna.
20. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el
término de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de
justicia se enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de
«sustanciación y ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por
aquellas disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr
los términos. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el
término para presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los
términos procesales que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende
que este presupuesto procesal se debe analizar a la luz de las normas que se
encontraban vigentes en esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según
el cual, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los que
se pretenda la nulidad de los actos con los que se reconozcan prestaciones
periódicas podía presentarse en cualquier tiempo.
12 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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21. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la
lectura puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el
reconocimiento pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma
procesal, pero la demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto
que, este despacho no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40,
según la cual, las «leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».
22. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud
de ella se admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió
sentencia de primera instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa
sentencia, resultaría una vulneración del debido proceso entender que el tránsito
legislativo impactó en el asunto al punto de desconocer que las puertas de la
administración de justicia ya se habían abierto y se había permitido que se
adelantara el juicio de legalidad propuesto.
23. En efecto, en este caso, el 24 de noviembre de 202113, el magistrado ponente
del Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda que presentó la
Ugpp al considerar que cumplió con los requisitos legales. Posteriormente, en
sentencia proferida el 21 de noviembre de 202314 declaró configurada de oficio la
excepción de cosa juzgada, decisión que fue recurrida en sede de apelación por
la administradora y cuyo recurso fue concedido por el tribunal y admitido por esta
corporación.
24. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye
en la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia,
como consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para
13 Samai del tribunal, índice 20, 9_ED_680012333000202100(.pdf) NroActua 20, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des03tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdes03tadminbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco
%2FDocuments%2FTAS%20%2D%20D03%20%2D%20MRQ%2FProcesos%20Activos%2FA%
20PRIMERA%20y%20%C3%9ANICA%20INSTANCIA%2FORDINARIOS%2F%28NR%29%20
NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F680012333000%2D202
1%2D00796%2D00%20%28NR%29%2F04%2E%202021%2D00796%2D00%20AUTO%20AD
MITE%20LA%20DEMANDA%2D%20NR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdes03tadminbuc%5
Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTAS%20%2D%20D03%20%2D%2
0MRQ%2FProcesos%20Activos%2FA%20PRIMERA%20y%20%C3%9ANICA%20INSTANCIA
%2FORDINARIOS%2F%28NR%29%20NULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%2
0DERECHO%2F680012333000%2D2021%2D00796%2D00%20%28NR%29.
14 Samai del tribunal, índice 32, 22_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 32.
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Demandante: Ugpp
accionar la jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución
aplicar esta consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento
jurídico acudió a demandar sus derechos dentro del término previsto por el
legislador, con sustento en una reforma normativa, puesto que, no se podría
predicar dicha conducta negligente frente a reglas que no existían en el momento
de esta, es decir que se expidieron con posterioridad. Esto cobra mayor relevancia,
cuando el ejercicio del presente medio de control se motivó en un interés general,
esto es, propender por la estabilidad financiera del sistema pensional.
25. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024 se
advierte que la demanda presentada por la Ugpp tendiente a la declaratoria de
nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto por las
normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este
se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
26. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio no hay lugar a aplicar
el término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
2.2. Los problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 15, los
problemas jurídicos a resolver se circunscriben a determinar:
11.1. ¿si entre el asunto objeto de estudio y el que fue objeto de litigio en el
expediente con radicado 68001-23-33-000-2015-00345-00 (01), conocido en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander y en segunda por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, existe identidad de
objeto, de causa y de partes y, como consecuencia, hay lugar a declarar la cosa
juzgada?, en caso negativo ¿si es procedente la nulidad del acto administrativo
que reconoció la pensión de vejez del demando, en tanto que reconoció la
prestación con fundamento en posición jurisprudencial vigente para fecha de la
adquisición del estatus jurídico de pensionado?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
15 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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2.3.1. Cosa juzgada
27. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio
planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene
como efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como
efectos sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»16.
28. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan
dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado,
impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa
juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que
determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a
las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio17».
29. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se
encuentra prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el
cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
30. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa; e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos18:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
16 Sentencia C-100 de 2019.
17 Sentencia C-774 de 2001.
18 Sentencia C-774 de 2001.
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hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada».
31. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera
expresa, solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso
extraordinario de revisión. En ese sentido señala que « [l]a cosa juzgada no se
opone al recurso extraordinario de revisión».
32. Ahora bien, el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, le impone al juez contencioso el deber de dictar
sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada
la cosa juzgada.
33. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.
2.3.2. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público
34. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos
de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
35. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 19 se
19«Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
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encargó de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los
cuales se debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del
régimen en mención, frente a lo cual dispuso:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la
ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
36. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años,
durante un lapso continuo de seis meses o mayor.
37. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).
38. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de
1971, comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado
en el último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.
2.3.3. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993
39. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es
garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez,
la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos
adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la
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entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un
régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley».
40. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre
o iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo
de estos para gozar del derecho adquirido.
41. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a
los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
929 de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General
de la República, entre otros.
42. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación
unificó la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión
de quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1996, en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte
del régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201020 esta corporación señaló:
«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-
23-25-000-2006-07509-01.
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que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».
43. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201821, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso
base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debía aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición,
es decir, que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos
relacionados con la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
44. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 22, señaló que el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:
«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si
es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar
el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.»
«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
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ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de
liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según
el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado
por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores
de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».
45. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa
norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso
base de liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley
100 de 1993, según sea el caso.
46. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos
similares que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada
providencia. Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso
extraordinario de revisión contra sentencias proferidas con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa
juzgada, en tanto no hay lugar a entender que lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley. En ese sentido dispuso:
«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen
aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
47. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio
de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.
2.3.4. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación proferidas por
el Consejo de Estado
48. Por regla general, en atención a los principios de equidad, igualdad y de las
normas de conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y
culturales, así como por la necesidad de superar situaciones que afectan el valor
de la justicia23, respecto de las sentencias que unifican su jurisprudencia, esta
Corporación ha conferido efectos de aplicación inmediata a todos los procesos
que se encuentren en curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa
que fue objeto de interpretación24, esto es una aplicación retrospectiva de sus
decisiones.
49. No obstante, de manera excepcional en aquellos casos en los cuales se
puedan ver restringidos los derechos de acceso a la administración de justicia o
aquellos adquiridos o fundamentales de las partes, se ha previsto la necesidad
de dar efectos prospectivos en aquellos casos en los que las partes hayan
fundado sus pretensiones o su resistencia de manera exclusiva en el procedente
vigente al momento de acudir ante la jurisdicción y dicho fundamento no se haya
cuestionado en el trámite del proceso25. Así las cosas, aun cuando la regla
general de aplicación de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado
ha sido la de los efectos retrospectivos, resulta necesario analizar en cada caso
concreto y de manera extraordinaria el fenómeno de la prospectividad del
precedente.
2.4. Lo probado dentro del proceso
50. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de
27 de marzo de 2007 (IJ). radicado 76001-23-31-0002000-02513-01.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo
de 2007, radicación: 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ). De la Sección Segunda, sentencia del
18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) SUJ-012-S2. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de septiembre de 2017,
radicación 08001233300020130044-01.
19
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
50.1. Carlos Durán Barrera nació el 20 de octubre de 195226 y prestó sus servicios
a la rama judicial hasta el 31 de enero de 2014, de la siguiente manera27:
Entidad Desde Hasta
Juez promiscuo municipal de Pinchote 6 de marzo de 1975 13 de abril de 1975
Juez promiscuo municipal de Pinchote 21 de abril de 1975 12 de marzo de 1976
Juez 3 de Instrucción Criminal del Valle
13 de marzo de 1976 18 de abril de 1976
de San José
Juez 3 de Instrucción Criminal de San Gil 1° de septiembre de 1977 7 de octubre de 1977
Juez 3 de Instrucción Criminal de San Gil 26 de diciembre de 1977 31 de agosto de 1985
Juez 17 de Instrucción Criminal de
1° de septiembre de 1985 30 de junio de 1992
Bucaramanga
Fiscal delegado ante el Tribunal de
Distrito de la Subdirección de Fiscalías y 1° de julio de 1992 31 de enero de 2014
de seguridad ciudadana de Santander
50.2. Mediante la Resolución UGM009941 del 23 de septiembre de 2011, el
liquidador de Cajanal le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
por no haber allegado «la totalidad de los documentos para el estudio de la
prestación»28. Contra este acto, el 25 de octubre de 2011 el demandado presentó
recurso de reposición29.
50.3. A través de la Resolución UGM019365 del 5 de diciembre de 2011, el
liquidador de Cajanal revocó el anterior acto y ordenó el reconocimiento y pago
de la prestación cuya liquidación se realizó con base en el 75% de la asignación
mensual más elevada devengada entre el 1° de abril de 2010 y el 30 de marzo
de 2011, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y con los
factores de «asignación básica mes, bonificación gestión judicial, bonificación servicios
prestados, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios [y] prima de
26 Samai del tribunal, índice 20, 9_ED_680012333000202100(.pdf) NroActua 20, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des03tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdes03tadminbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDo
cuments%2FTAS%20%2D%20D03%20%2D%20MRQ%2FProcesos%20Activos%2FA%20PRI
MERA%20y%20%C3%9ANICA%20INSTANCIA%2FORDINARIOS%2F%28NR%29%20NULID
AD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F680012333000%2D2021%2D
00796%2D00%20%28NR%29%2F01%2E%20CUADERNO%20PRINCIPAL&ga=1, folios del
494 y 495.
27 De conformidad con las certificaciones del 28 de agosto de 2008 y del 1° de octubre de 2014,
visibles en samai del tribunal, índice 20, 9_ED_680012333000202100(.pdf) NroActua 20,
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des03tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdes03tadminbuc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDo
cuments%2FTAS%20%2D%20D03%20%2D%20MRQ%2FProcesos%20Activos%2FA%20PRI
MERA%20y%20%C3%9ANICA%20INSTANCIA%2FORDINARIOS%2F%28NR%29%20NULID
AD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F680012333000%2D2021%2D
00796%2D00%20%28NR%29%2F01%2E%20CUADERNO%20PRINCIPAL&ga=1, folios del
497 y 381.
28 Ibidem, folios 538 al 540
29 Ibidem, folios 549 al 551.
20
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
vacaciones» (sic). La cuantía de la prestación resultó en $12.678.682, efectiva a
partir del 1° de abril de 2011, pero con efectos fiscales al retiro definitivo del
servicio30.
50.4. Con la Resolución 2-4274 del 16 de diciembre de 2013, la secretaria general
de la Fiscalía general de la Nación le aceptó la renuncia al cargo de fiscal ante el
tribunal de distrito, a partir del 1° de febrero de 201431.
50.5. Durante el último año de servicio devengó los siguientes factores: i) sueldo;
ii) sueldo vacaciones; iii) gasto de representación; vi) bonificaciones por
compensación y de servicio; y v) primas de navidad, servicios y de vacaciones32.
50.6. El 30 de mayo de 2014, solicitó a la Ugpp la reliquidación de la pensión de
vejez reconocida por Cajanal en la Resolución UGM019365 del 5 de diciembre
de 201133.
50.7. Por medio de la Resolución RDP027565 del 9 de septiembre de 2014, el
subdirector de determinación de derechos pensionales de la Ugpp le negó la
solicitud de reliquidación pensional, por cuanto «dicha petición no se encuentra en
armonía con aquellos factores que, bajo competencia constitucional y reglamentaria, han
definido el Legislador o el Presidente de la República; así mismo porque los elementos
reclamador como base para la reliquidación, no se encuentran debidamente enlistados
dentro de los factores con incidencia pensional previstos en el Decreto 1158 de 1994. Y
por último, porque la referida solicitud no guarda relación con los precedentes
jurisprudenciales vinculantes y preferentes definidos por la Corte Constitucional sobre la
materia, ni se encuentra a tono con la alineada jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y la del Consejo de Estado»34 (sic).
11.2. El anterior acto fue confirmado por medio de la Resolución RDP35526 del 21
de noviembre de 2014, toda vez que, si bien la prestación «le fue reliquidada de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un
75% sobre el ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio, entre el 01 de abril de 2010 y el 30 de
marzo de 2011» (sic), lo cierto es que, de acuerdo con la sentencia C-258 de 2013,
la forma de liquidarla debió «ten[er] en cuenta los diez últimos años de servicio e
ingresando los factores salariales que tengan el carácter de remuneratorio y sobre los
cuales se hayan realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones, evidenciando
así una vez efectuadas las operaciones aritméticas, ésta resulta menos favorable a los
30 Ibidem, folios 554 al 560.
31 Ibidem, folio 399.
32 Ibidem, folio 183, 378 y 380.
33 Ibidem, folios 384 al 394.
34 Ibidem, folios 424 al 428.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
intereses del apelante»35 (sic).
11.3. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en orden a que se declarara
su nulidad y por medio de la sentencia del 20 de mayo de 2016, el Tribunal
Administrativo de Santander declaró su nulidad y a título de restablecimiento del
derecho, ordenó la reliquidación de la pensión en cuantía del 75% de la
asignación más elevada devengada en el último año de servicio, esto es entre el
1° de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014, efectiva a partir del 1° de febrero
de 2014 y con los factores de «sueldo, gastos de representación, prima de navidad,
prima de servicios, el cálculo e esta última debe hacerse en una doceava parte y no
sobre el 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se
hace de manera anual y la mesada anual y la mesada pensional se calcula con la
proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el último año
exceptuando lo devengado por vacaciones»36.
11.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 30
de julio de 2020, confirmó la anterior decisión, pero con modificación del ordinal
a), para incluir, además de los factores reconocidos, «la bonificación por
compensación»37.
11.5. Por medio del memorando 2020110000616933 del 7 de diciembre de 2020,
la subdirección de asesoría de la Ugpp recomendó «-. Presentar acción de tutela
por activa con efectos definitivos y en forma subsidiaria como mecanismo transitorio,
demostrando el perjuicio irremediable. -. Presentar recurso extraordinario de revisión, en
caso de ser desfavorable la tutela con fallo de segunda instancia». De otra parte, indicó
que se daría cumplimiento a los fallos que ordenaron la reliquidación de la
prestación cuando «ocurra lo primero entre: -. Fallo de tutela de segunda instancia
desfavorable. -. Fallo de revisión de la tutela por activa, de manera desfavorable. -.
Requerimiento judicial de cumplimiento inmediato. -. Cuando hayan transcurrido los 8
meses de ejecutoria del fallo en estudio y no se haya obtenido decisión de la acción de
tutela por activa»38 (sic).
11.6. Através del memorando CORR_NUM_RAD del 3 de junio de 2021, la
coordinadora GIT Acciones de lesividad de la Subdirección de Defensa Judicial
de la Ugpp le ordenó a la Subdirección de Determinación de Derechos
Pensionales de la entidad interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 019365 del 5 de diciembre de
35 Ibidem, folios 429 al 431.
36 Ibidem, folios 95 al 105.
37 Ibidem, folios 107 al 134.
38 Ibidem, folios 70 al 81.
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Demandante: Ugpp
2021, toda vez que para corregir «la irregularidad sobre el Ingreso Base de
Liquidación y los factores salariales en la pensión del causante (…) no hay viabilidad
para interponer el recurso extraordinario de revisión contra el fallo proferido por el
Consejo de Estado Sala de Lo contencioso Administrativo de fecha 30 de julio del 2020»
39
(sic).
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
2.5.1. En torno a la cosa juzgada
51. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala procede a verificar si en el
asunto objeto de estudio y en el que fuera debatido en el expediente con radicado
68001-23-33-000-2015-00345-00 (01) existe identidad de objeto, de causa y de
partes y, si como consecuencia, le asistió razón al a quo para declarar de oficio
la cosa juzgada.
Proceso 68001-23-33-000-2015-00345-00 (01) 68001-23-33-000-2021-00796-00
Demandante: Carlos Durán Barrera Demandante: Ugpp
Partes
Demandado: Ugpp Demandados: Carlos Durán Barrera
Carlos Durán Barrera solicitó la nulidad de La Ugpp pidió la nulidad de la Resolución
las resoluciones i) RDP027565 del 9 de UGM019365 del 5 de diciembre de 2011, mediante la
septiembre de 2014, a través de la cual la cual Cajanal ordenó el reconocimiento y pago de la
Ugpp le negó la reliquidación de la pensión pensión de vejez de Carlos Durán Barrera, bajo los
de vejez con el 75% del promedio de la preceptos del Decreto 546 de 1971, esto es con el
asignación más elevada percibida en el 75% del promedio de la asignación más elevada
último año de servicio, en los términos del devengada entre el 1
Decreto 546 de 1971; y ii) RDP35526 del ° de abril de 2010 y el 30 de marzo de 2011.
21 de noviembre de 2014, que en sede de
apelación confirmó la anterior decisión.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron:
Pretensiones
«-. Reliquidar su pensión de vejez, con i) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas
base en la totalidad de los factores como consecuencia del reconocimiento pensional al
salariales más altos percibidos en el último cual «no tiene derecho»; ii) el pago de la diferencia del
año de servicio, esto es entre el 1° de valor de las mesadas pensionales percibidas por
febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014, Carlos Durán Barrera actualizado «hasta cuando
conforme añ Decreto 546 de 1971. -. Pagar efectivamente se realice la modificación del valor de
el retroactivo desde el 1° de febrero de la mesada pensional en el sistema de nómina de
2014 hasta el momento que se le reliquide pensionados»; iii) la indexación de los valores
e incluya en nómina su pensión de vejez. - reconocidos y las sumas adeudadas, de conformidad
. Cancelar las costas y agencias en con lo previsto por el artículo 187 del CPACA; y iv) la
derecho, así como los perjuicios morales condena en costas
que se le causen» (sic).
-. Por medio de la Resolución UGM019365 - . Carlos Durán Barrera nació el 20 de noviembre de
del 5 de diciembre de 2011, Cajanal revocó 1952 y por más de 30 años laboró al servicio de la
la Resolución 9914 del 23 de septiembre de rama judicial, hasta el 31 de enero de 2014. El último
2011, y en su lugar, reconoció a su favor
cargo que desempeñó fue el de fiscal delegado ante
una pensión de vejez en cuantía de
Fundamentos el Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga.
$12.678.682, efectiva a partir del 1° de abril
fácticos -. El 14 de noviembre de 2008 y el 19 de octubre de
de 2011, condicionada al retiro definitivo
del servicio. 2010, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
-. Para el reconocimiento de la prestación, de vejez. Estas solicitudes fueron resueltas
la entidad por virtud del régimen de desfavorablemente por Cajanal a través de la
transición previsto en el artículo 36 de la
39 Ibidem, folios 41 al 49
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
Ley 100 de 1993, aplicó lo dispuesto por el Resolución UGM009941 del 23 de septiembre de
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es, 2011, porque el peticionario no allegó «la totalidad de
tuvo en cuenta el 75% de la asignación los documentos para el estudio de la prestación».
mensual más elevada devengada en el
-. En contra del anterior acto administrativo, interpuso
último año de servicio, periodo
comprendido entre el 1° de abril de 2010 y el recurso de reposición y por medio de la Resolución
el 30 de marzo de 2011. Específicamente, UGM019365 del 5 de diciembre de 2011, Cajanal lo
incluyó los factores de: i) asignación revocó y ordenó el reconocimiento y pago de la
básica; ii) bonificación gestión judicial; iii) prestación cuya liquidación se realizó con base en el
bonificación por servicios prestados; iv) 75% de la asignación mensual más elevada
gastos de representación; v) prima de devengada durante el último año de servicio, de
navidad; vi) prima de servicios; y vii) prima
conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971
de vacaciones.
-. El 31 de enero de 2014, se retiró y con los factores de «asignación básica mes,
definitivamente del servicio. Su último bonificación gestión judicial, bonificación servicios
cargo fue el de fiscal delegado ante el prestados, gastos de representación, prima de
Tribunal Superior de Distrito de la navidad, prima de servicios [y] prima de vacaciones»
Subdirección de Fiscalías y de Seguridad (sic). La cuantía de la prestación resultó en
Ciudadana de Santander. $12.678.682, efectiva a partir del 1° de abril de 2011,
-. El 30 de mayo de 2014, con ocasión de
pero con efectos fiscales al retiro definitivo del
su retiro definitivo del servicio, solicitó ante
la Ugpp reliquidar su pensión de vejez, servicio.
teniendo en cuenta la asignación mensual -. Mediante la Resolución 2-4274, la Fiscalía General
más elevada percibida en el último año de de la Nación le aceptó la renuncia al cargo de fiscal
servicio, es decir, entre el 1° de febrero de delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de
2013 y el 31 de enero de 2014, en los Bucaramanga, a partir del 1° de febrero de 2014.
términos del Decreto 546 de 1971.
-. Con ocasión de su retiro definitivo del servicio, el 30
-. A través de la Resolución RDP027565
del 9 de septiembre de 2014, la Ugpp negó de mayo de 2014, solicitó a la Ugpp la reliquidación de
su solicitud de reliquidación pensional, la pensión de vejez.
fundamentándose en el criterio adoptado -. A través de la Resolución RDP027565 del 9 de
por la Corte Constitucional en la sentencia septiembre de 2014, la Ugpp le negó la reliquidación
C-258 de 2013. de la pensión de vejez. Dicho acto fue confirmado por
• La anterior decisión ue objeto del recurso medio de la Resolución RDP35526 del 21 de
de apelación, el cual fue resuelto
noviembre de 2014.
desfavorablemente mediante la Resolución
RDP035526 del 21 de noviembre de 2014. -. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en
-. Durante el último año de servicio en la ejercicio del medio de control de nulidad y
Fiscalía General de la Nación percibió los restablecimiento del derecho, en orden a que se
siguientes factores: i) Sueldo; ii) declarara su nulidad.
bonificación por compensación; iii) gastos -.
El Tribunal Administrativo de Santander en
de representación; iv) bonificación por sentencia del 20 de mayo de 2016, declaró la nulidad
servicios; v) prima de servicios; vi) sueldo
de los actos administrativos demandados y, en
de vacaciones; vii) prima de vacaciones; y
viii) prima de navidad consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión
en cuantía del 75% de la asignación más elevada
devengada en el último año de servicio, esto es entre
el 1° de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014,
efectiva a partir del 1° de febrero de 2014 y con los
factores de «sueldo, gastos de representación, prima
de navidad, prima de servicios, el cálculo e esta última
debe hacerse en una doceava parte y no sobre el
100% del valor percibido por ese concepto en
consideración a que su pago se hace de manera anual
y la mesada anual y la mesada pensional se calcula
con la proporción mensual de todos los factores
salariales devengados en el último año exceptuando
lo devengado por vacaciones» (sic). Esta decisión, fue
apelada por la administradora de fondo de pensiones.
-. En la sentencia del 30 de julio de 2020, la
Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación confirmó la anterior decisión, pero con
modificación del ordinal a), para incluir, además de los
factores reconocidos, «la bonificación por
compensación».
-. Por medio del memorando 2020110000616933 del
7 de diciembre de 2020, la subdirección de asesoría
de la Ugpp recomendó «-. Presentar acción de tutela
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
por activa con efectos definitivos y en forma
subsidiaria como mecanismo transitorio, demostrando
el perjuicio irremediable. -. Presentar recurso
extraordinario de revisión, en caso de ser
desfavorable la tutela con fallo de segunda instancia».
Además, indicó que se daría cumplimiento a los fallos
que ordenaron la reliquidación de la prestación
cuando «ocurra lo primero entre: -. Fallo de tutela de
segunda instancia desfavorable. -. Fallo de revisión de
la tutela por activa, de manera desfavorable. -.
Requerimiento judicial de cumplimiento inmediato. -.
Cuando hayan transcurrido los 8 meses de ejecutoria
del fallo en estudio y no se haya obtenido decisión de
la acción de tutela por activa» (sic).
-. Mediante sentencia de tutela del 14 de mayo de
2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B declaró improcedente la acción de
tutela promovida por la Ugpp, por no superar el
requisito de subsidiariedad. Esta decisión fue
confirmada por la Sección Cuarta de la Corporación
en la providencia del 19 de agosto de 2021.
• Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del 30
de julio de 2020 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el subdirector de determinación
de derechos pensionales de la Ugpp a través del Auto
ADP003386 del 23 de junio de 2021 dispuso requerir
a la Fiscalía General de la Nación, Seccional
Bucaramanga para que certificara los factores
devengados por Carlos Durán Barrera en el último año
de servicio «con especial observancia de lo
establecido por los falladores de primera y segunda
instancia» (sic).
¿el demandante tiene, o no, derecho a la ¿Es nula la Resolución UGM019365 del 5 de
reliquidación de la pensión de vejez con el diciembre de 2011, por medio de la cual Cajanal
IBL señalado en el artículo 6 del Decreto reconoció la pensión de jubilación de Carlos Durán
Problema 546 de 1971 y con la inclusión de todos los Barrera, bajo los preceptos del Decreto 546 de 1971,
jurídico factores salariales que devengó en el con el promedio de la asignación mensual más
último año de servicio, en aplicación del elevada devengada en el último año de servicio?
régimen de transición de la Ley 100 de
1993?
52. En consonancia con lo expuesto, advierte la Subsección que no existe
identidad de objeto entre los dos asuntos, por cuanto, en el primero de ellos solo
se discutió la legalidad de los actos los actos administrativos por medio de los
cuales, con ocasión del retiro definitivo del servicio, la Ugpp le negó a Carlos
Barrera Durán la reliquidación de la pensión de vejez reconocida por Cajanal,
mientras que, en el segundo se cuestionó el reconocimiento pensional efectuado
por Cajanal, por considerar que para la liquidación de la prestación era correcto
aplicar el Decreto 546 de 1971, solo respecto de la edad, el tiempo de servicios
y monto, toda vez que el IBL no hizo parte de la transición de la Ley 100 de 1993.
53. Sin embargo, tal y como fue expuesto por el tribunal si operó fenómeno de la
cosa jurídica respecto de los factores salariales que conforman en IBL, puesto
que frente a estos si existe identidad de objeto, de causa y de partes, aún cuando
en uno y otro las partes se encuentran en diferente extremo procesal.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
54. Alrespecto, para mejor comprensión, se transcribirán algunas de las
consideraciones contenidas en la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, para resolver el problema jurídico
planteado en el expediente con radicado 68001-23-33-000-2015-00345-01.
«En el caso concreto no existe discusión alguna respecto a que el demandante es
beneficiario del régimen de transición contemplado en el inciso 2.° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, puesto que a la entrada en vigencia de dicha norma (1.° de abril
de 1994) contaba con más de 42 años de edad y más de 16 años de servicios, asunto
que no fue controvertido dentro del presente proceso.
Lo anterior le otorga el derecho al actor de que para el reconocimiento de su pensión
se apliquen las reglas del Decreto 546 de 1971, en cuanto a edad, tiempo de servicios
y tasa de remplazo, pues también cumplió con la exigencia de haber servido por lo
menos 10 años exclusivamente a la Rama Judicial. En efecto, según la certificación
de servicios aportada al expediente, está acreditado que se desempeñó como juez y
luego como fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito Seccional Bucaramanga,
desde el 06 de marzo de 1975 hasta el 31 de enero de 2014.
Sin embargo, el demandante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión con
base en la asignación salarial más elevada devengada durante el último año de
servicios, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda
de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020.
Al respecto, se advierte que si bien la entidad accionada en la Resolución UGM
019365 de 05 de diciembre de 2011, reconoció a favor del demandante una pensión
de vejez conforme a lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es,
tuvo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicio, periodo comprendido entre el 1.° de abril de 2010 y el 30 de marzo
de 2011, lo cierto es que no es posible modificar la forma en que la entidad en el acto
administrativo de la referencia calculó el IBL, comoquiera que dicha resolución no es
objeto de control de legalidad en el presente asunto, máxime cuando en el caso
particular, no se observa abuso del derecho, por cuanto el demandante ostentó el
cargo de fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito Seccional Bucaramanga por más
de 21 años, sin que exista un incremento porcentual trascendental en la remuneración
que percibió en el tiempo que le fue computado para efectos del reconocimiento
pensional.
En esos términos, no es procedente acceder a la reliquidación invocada por el
demandante, pues el IBL de acuerdo con la sentencia de unificación de la referencia,
corresponde al 75% del salario promedio devengado durante los últimos 10 años,
según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en consideración a que para su entrada
en vigor al señor Durán Barrera le hacían falta más de 10 años para consolidar su
estatus pensional.
Lo anterior, con la precisión de que la pensión de vejez que le fue reconocida al actor
debía liquidarse en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el
salario promedio devengado durante los últimos 10 años, tal como se expuso en el
26
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
párrafo precedente, sin embargo, toda vez que la entidad accionada por medio de la
Resolución UGM 019365 de 05 de diciembre de 2011 le reconoció dicha prestación
económica con aplicación integral de lo señalado en el artículo 6.° del Decreto 546 de
1976, es decir, tuvo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada
devengada entre el 1.° de abril de 2010 y el 30 de marzo de 2011, al no ser este acto
objeto de control de legalidad en la litis, no puede modificarse la situación pensional
del señor Carlos Durán Barrera en forma desfavorable, por lo que se dejará incólume
la decisión contenida en la mencionada Resolución UGM 019365 de 05 de diciembre
de 2011.
En conclusión, las Resoluciones RDP 027565 de 09 de septiembre de 2014 y RDP
035526 de 21 de noviembre de 2014, de las cuales se depreca la nulidad en el
presente asunto, se encuentran ajustadas a derecho en lo que al IBL se refiere, de
acuerdo con los argumentos expuestos
(…)
En ese entendido, si bien el demandante no tiene derecho a la reliquidación con la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, esto es,
entre el 1.° de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014, lo cierto es que dentro del
periodo que corresponde liquidar dicha prestación económica, es decir, entre el 1.°
de febrero de 2004 y el 31 de enero de 2014, el actor percibió bonificación por
compensación, la cual debe ser objeto de inclusión por tratase de uno de los factores
salariales que forma parte del IBL de los empleados y funcionarios de la Rama
Judicial, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales que se fijaron por esta
Corporación en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020
Por tanto, al demandante le asiste derecho a que la U.G.P.P. le reliquide la mesada
pensional, con inclusión de la bonificación por compensación, con la precisión de que
se mantendrá la inclusión de los factores ya reconocidos en la Resolución UGM
019365 de 05 de diciembre de 2011, puesto que dicho acto quedará incólume, de
acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes».
55. De la lectura de las consideraciones transcritas, se encuentra que para
resolver el objeto del litigio planteado en el expediente con radicado 68001-23-
33-000-2015-00345-01, el Consejo de Estado analizó el reconocimiento
pensional efectuado por Cajanal en el la Resolución UGM019365 del 5 de
diciembre de 2011, para lo cual encontró que, si bien acorde con la regla
jurisprudencial contenida en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
la prestación reconocida a Carlos Durán Barrera debió liquidarse en los términos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es con el salario promedio devengado
durante los últimos 10 años de servicios y no como lo efectuó la entidad -con
aplicación integral de lo señalado en el Decreto 546 de 1976-, con el 75% de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio,
también era cierto que, comoquiera que dicho acto no había sido objeto de control
de legalidad no era posible modificar la forma en que se calculó el IBL, máxime
cuando no se advirtió un abuso del derecho.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
56. Así pues, esta corporación tiene competencia para pronunciarse sobre el
fondo del asunto, pues de lo planteado por la Ugpp surge una situación nueva
que traería como consecuencia un nuevo análisis que no ha sido objeto de
decisión.
2.5.2. Sobre la situación litigiosa planteada
57. ElTribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones porque
consideró que el reconocimiento de la prestación efectuado por Cajanal, fue
respetuoso de los derroteros jurisprudenciales para la época40, razón por la cual
debía mantenerse incólume la situación pensional de Carlos Durán Barrera.
58. La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que ella
desconoció las reglas previstas en la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, puesto que la reliquidación de la prestación fue ordenada por el Consejo
de Estado en la sentencia del 30 de julio de 2020. Además, comoquiera que, no
se podía argumentar la negativa de la nulidad de la Resolución UGM019365 del
5 de diciembre de 2011 en el hecho de «pensión del causante ya había sido resuelta
en sede administrativa, cuando fue precisamente Carlos Durán el que inicio la acción
de nulidad y restablecimiento que término con la sentencia de 30 de julio de 2020» (sic).
59. Alrespecto, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
encuentra que la competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a
declarar la nulidad del acto demandado, por cuanto respecto del IBL, Cajanal
aplicó de manera integral el régimen previsto por el Decreto 546 de 1971, esto
es con el 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de
servicio.
60. De acuerdo con los elementos de prueba allegados al proceso se encuentra que
el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de esta norma, había cotizado más de 15 años de servicio
en la rama judicial, pues comenzó a laborar desde el 6 de marzo de 1975 hasta
el 31 de enero de 2014, esto es por un tiempo de labores de 30 años
aproximadamente.
40 «La resolución de motivo en la aplicación de la Circular 054 de 2010, a través de la cual la
Procuraduría General de la Nación conminó a «las administradoras de régimen de Prima Media,
entre ellos la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación a <<respetar los derechos
adquiridos en materia pensional y acatar la reiterada jurisprudencia de la corte constitucional y
del Consejo de Estado, en defensa de los derechos de los servidores públicos afiliados
beneficiaros de regímenes cobijados por la transición>>».
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
61. Así las cosas, no se encuentra en discusión y así se estableció en el acto
administrativo acusado, que al actor le asistía el derecho a acceder a la pensión
de jubilación según el régimen especial del Decreto 546 de 1971, pues era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
62. En este punto, la Sala encuentra necesario precisar que la jurisprudencia de
la Sección Segunda, vigente para la época en que se expidió el acto de
reconocimiento pensional, expuesta entre otras en las sentencias del 4 de agosto
de 201041 y del 25 de febrero de 201642, indicaba que de acuerdo con el artículo
7 del Decreto 546 de 1971, si el trabajador había laborado por más de 10 años
para la rama judicial y/o el ministerio público, la pensión de jubilación sería
liquidada en virtud del régimen especial.
63. Lo anterior, justificó que Cajanal a través de la Resolución UGM019365 del 5
de diciembre de 2011, le reconociera la pensión de jubilación en cuantía del 75%
de la asignación básica mensual más elevada devengada durante el último año
de servicio.
64. Así las cosas, el acto que reconoció la prestación estuvo fundamentado en las
normas y la jurisprudencia de la época, pues se expidió el 5 de diciembre de
2011, esto es, antes de que la corporación consolidara su posición en torno de la
interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión de
quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996
(el 11 de junio de 2020).
65. Ahora, en torno a la inaplicación retroactiva de la sentencia del 11 de junio de
2020, esta corporación ha señalado que43:
«24.- Para no aplicar la regla jurisprudencial retroactivamente en estos casos, sería
necesario demostrar que en el caso específico se vulnera la seguridad jurídica y el
principio de confianza legítima, para lo cual deben tenerse en cuenta, entre otros
factores, los siguientes: (i) si la conducta del individuo dependió o no de la regla
jurisprudencial vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos objeto de
juzgamiento. Es decir, si su actuar dependió del conocimiento previo y calculabilidad
de la regla sentada en el precedente que posteriormente es objeto de modificación;
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000
23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
42 Consejo de Estado, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 2500023-42-000-2013-
01541-01 (4683-2013). MP Gerardo Arenas Monsalve.
43 Consejo de Estado, sentencia del 6 de julio de 2021, radicado 11001-03-15-000-2018-00050-
00. MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
y, (ii) el grado de la fuerza normativa material del precedente modificado, para lo cual
es necesario estudiar la corrección de la regla sentada en éste.
25.- En ese sentido, la doctrina ha precisado:
<< (…) no todos los cambios jurisprudenciales conllevan problemas de conocimiento
y calculabilidad normativos.
En efecto, en algunas situaciones, el cambio jurisprudencial no afecta a la capacidad
de que el individuo pueda conocer la regla que regula su acción ni a la facultar de
poder medir las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico le atribuye. El
cambio jurisprudencial no opera retroactivamente cuando el comportamiento del
individuo no ha dependido de la solución jurisprudencial existente en la época de los
hechos. (…)
Para poder hablar de la retroactividad del cambio jurisprudencial, por tanto, es
necesario que la decisión que modifica la jurisprudencia no tenga en cuenta la
confianza del individuo en los casos en lo que se orientó su comportamiento -y podía
razonablemente serlo por la decisión abandonada-, ocasión en la que el individuo es
como si fuera engañado por la decisión en la que podía confiar, modificando las
consecuencias jurídicas de los actos ya realizados con base en el criterio
jurisprudencial anterior. No hay retroactividad, sin embargo, cuando la orientación
jurisprudencial no sirvió ni podía servir de guía para el individuo, por la incapacidad
de generalización de la decisión anterior. (…).>>44
26.- En el presente caso, la Sala considera que el precedente sentado por la Corte
Constitucional mediante sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, debe ser aplicado de manera retroactiva o retrospectiva al caso concreto, en la
medida en que simplemente desarrolla adecuadamente una disposición legal. No se
trata de una regla jurisprudencial que modifique las condiciones para adquirir un
derecho o para ejercerlo judicialmente; el justiciable no puede afirmar que,
ateniéndose a la subregla equivocada realizó determinada actuación o ejerció
determinado derecho»
66. Así, la entidad demandante insistió en que el cambio de posición
jurisprudencial podía aplicarse con efectos retrospectivos, en tanto que la
reliquidación de la prestación fue ordenada por el Consejo de Estado en la
sentencia del 30 de julio de 2020, esto es «49 días después» de la expedición de
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.
67. Al respecto, la Constitución Política de 1991 garantizó el respeto por los
derechos adquiridos, los cuales no podrán ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores (artículo 58, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1
de 1999); en igual sentido se dispuso en el Acto Legislativo 01 de 2005 al señalar
que en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.
44 Ávila Humberto, Teoría de la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2012, p. 409 a 413. Se omiten
las citas del texto original.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
68. Sobre el concepto de derecho adquirido se ha entendido como aquel beneficio
de que goza la persona que ha completado los requisitos para su disfrute y que
le permite incorporarlo en forma definitiva a su patrimonio45, lo que en
consecuencia exige una protección especial por parte del Estado. En ese sentido,
se ha hecho necesario distinguir entre un derecho adquirido y una expectativa
legítima. El primero, implica la consolidación del derecho luego de la acreditación
de los requisitos legalmente establecidos; en cambio el segundo se predica de
quien se encuentra a la espera de completar esos requisitos para beneficiarse de
alguna prerrogativa, esto es, cuando existe una posibilidad razonable de que esa
situación que le permitirá alcanzar ese privilegio sucederá, es decir que se trata
de la posibilidad de ocurrencia de un suceso futuro.
69. Así pues, en materia pensional, el derecho adquirido lo tiene quien ha
satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio; en tanto que se encuentra
en el plano de las expectativas legítimas aquel al que le falte obtener alguno de
estos requisitos y se halla ante una expectativa de alcanzar el derecho en el
momento de reunir la condición faltante. Así, lo consideró la Corte Constitucional,
que sobre el particular señaló46:
«En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de
su titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues
la propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa
que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser
modificada o extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe
ubicarse la llamada 'condición más beneficiosa».
70. Así las cosas, tal y como lo concluyó el tribunal, al 5 de diciembre de 2011
[fecha de expedición del acto acusado] se encontraba ante una situación
consolidada, es decir, gozaba de un derecho adquirido que debía ser garantizado
por cualquier autoridad administrativa o judicial. Esto es así, pues tal y como se
describió en esta decisión, para la fecha en que alcanzó el estatus de pensionado
[por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio] se consideraba que el
IBL de los servidores de la Rama Judicial o Ministerio Público beneficiarios del
régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la Ley 100 de
1993, sería el que de forma integral establecía el artículo 6 del Decreto 546 de
1971.
71. Entonces, para la Sala, el cambio jurisprudencial que surgió con posterioridad
a la expedición del acto acusado no puede impactar en el derecho ya reconocido
45 Puede consultarse, entre otras, la sentencia C-168 de 1995.
46 Sentencia C-168 de 1995.
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Demandante: Ugpp
como consecuencia de una nueva tesis unificadora, pues con ello se vulnerarían
los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad jurídica, en virtud
de los cuales la administración no puede defraudar los intereses de las personas
que han confiado en las normas y decisiones judiciales, como resultado de un
cambio inesperado que sustituye la expectativa creada.
72. En efecto, la garantía de la confianza legítima se encuentra ligada al principio
de la seguridad jurídica que protege la Constitución Política y que supone una
garantía de certeza sobre una situación particular de cara a la regulación jurídica
que la rodea47. Así, esa confianza consiste en «la expectativa genuina que alberga
el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una
actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De
acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio
abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza
legítima que el administrado se ha fijado»48 [Se resalta].
73. De esta manera, ante un conflicto derivado de situaciones normativas y
jurisprudenciales cambiantes, el juez debe amparar el derecho a la luz del
contexto en que se consolidó este y no sorprender a su beneficiario con cambios
súbitos de condiciones. Si bien, esto no puede servir como herramienta para
legitimar situaciones irregulares o ilegales, esta Sala insiste en que no se torna
ilegal una decisión amparada en pronunciamientos judiciales que interpretaron la
norma en el sentido que le resultó favorable al pensionado, pues tal y como se
expuso, no se advierte que se tratara de una interpretación indebida del IBL de
los servidores de la rama judicial beneficiarios de la transición de la Ley 100 de
1993, máxime cuando dicha lectura proviene de una alta corte.
74. Por las razones expuestas, la aplicación retrospectiva de los cambios
jurisprudenciales en virtud de la cual las nuevas consideraciones jurídicas se
aplican a asuntos pendientes de resolución judicial, esto es cuyos supuestos
fácticos se dieron con anterioridad al cambio interpretativo, pero del cual no se
ha adoptado una decisión definitiva, podría resultar vulneradora de los aludidos
principios de confianza legítima y seguridad jurídica; pero además, generaría un
problema de desigualdad en relación con asuntos con similares supuestos
fácticos en los que la administración reconoció prestaciones similares a la ahora
analizada. Por ello, si bien desde el año 2018 la Corporación optó por ese tipo de
decisiones cuando la situación lo ameritaba, y esta resulta ser la regla general en
las sentencias de unificación, lo cierto es que esa aplicación solo se puede dar
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de Descongestión, sentencia del 12 de julio de 2018,
radicado 25000-23-24-000-2009-00348-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado 11001-03-
24-000-2014-00108-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
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Demandante: Ugpp
cuando la sala de decisión lo dice de manera expresa de cara a la situación
particular analizada.
75. De acuerdo con lo anterior, y como se expuso en el marco normativo de esta
decisión, en aquellos casos en los cuales se puedan ver restringidos los derechos
de acceso a la administración de justicia o aquellos adquiridos o fundamentales
de las partes, se ha previsto la necesidad de dar efectos prospectivos a esos
cambios jurisprudenciales de acuerdo con el análisis de cada caso concreto.
76. Esta situación no ha sido ajena a esta corporación, que en los debates propios
de los problemas jurídicos que se someten diariamente a su consideración, ha
encontrado necesario establecer mecanismos para determinar los efectos de las
decisiones judiciales. Así, en sentencia del 4 de junio de 2019, la Sala Séptima
Especial de Decisión, señaló lo siguiente49:
«28.- En los países cuyo sistema jurídico está basado en el common law, la discusión
sobre los efectos que debe tener en el tiempo el cambio de un precedente judicial es
abordada bajo dos técnicas: a través de la técnica de la aplicación futura del cambio
jurisprudencial, denominada como prospective overruling; o, a través de la técnica de
la aplicación retroactiva o retrospectiva del cambio jurisprudencial, denominada como
retrospective overruling. Sin embargo, el uso de una u otra técnica debe analizarse
caso a caso.50
49 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión, sentencia del 4 de junio de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2013-01628-00(REV), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
50 Al respecto se ha señalado lo siguiente: “(…) Cuando se cumple debidamente la carga de
motivación suficiente y razonable para modificar un precedente, en los países con una tradición
jurídica basada en el common law, se ha discutido ampliamente sobre los efectos que debe tener
este cambio. / / Por un lado, existe la postura según la cual los cambios de precedente deben
regir hacia futuro, bajo la técnica denominada como el prospective overruling, la cual fue
inicialmente abordada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en el
fallo Great Northern Railway v. Sunburst Oil and Refining Co., en el que concluyó que en el
sistema federal norteamericano los Estados tienen la libertad de definir si los cambios de
precedentes judiciales rigen hacia futuro o si pueden tener efectos retroactivos que afecten la
controversia en la cual se adopta dicha modificación. Esta postura parte de concebir la regla de
derecho sentada en el precedente como una ley en sentido material, razón por la cual sus
modificaciones sólo pueden regir hacia futuro. / /Por otro lado, ha existido la postura según la cual
los cambios de precedentes judiciales deben tener efectos retroactivos y, por lo tanto, cobijar
controversias originadas en hechos anteriores a la modificación de precedente, como el mismo
caso en el cual ésta es adoptada. Esta postura está fundada en que el principio de la
irretroactividad de la ley no puede impedir al juez modificar una regla de derecho creada por vía
de precedente que resulta injusta al ser aplicada al caso concreto. / / Con ocasión de estas
posturas diversas, en los Estados Unidos han sido adoptados distintas clases de test para
determinar en cada situación concreta si el cambio de precedente debe tener efectos hacia futuro
o sí éste puede tener efectos retroactivos extendidos a la misma controversia con ocasión de la
cual el precedente es modificado. / / Por ejemplo, en el fallo Chevron Oil Co. v. Huson la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América se ocupó de definir si un cambio de
precedente judicial adoptado en otra providencia, relativo al término de caducidad de la acción
judicial para obtener la reparación de perjuicios extracontractuales, podía o no ser aplicado en un
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
29.- Para efectos de determinar si la aplicación retroactiva o retrospectiva del cambio
de precedente judicial vulnera la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima
deben tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (i) si la conducta del
individuo dependió o no de la regla jurisprudencial vigente para el momento en el cual
ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Es decir, si su actuar dependió del
conocimiento previo y calculabilidad de la regla sentada en el precedente que
posteriormente es objeto de modificación; y, (ii) el grado de la fuerza normativa
material del precedente modificado, para lo cual es necesario estudiar la corrección
de la regla sentada en éste».
77. Con estos criterios, la corporación ha intentado solucionar la problemática que
genera el cambio de interpretación jurisprudencial a fin de resolver el litigio en
cada caso concreto en forma justa y acorde con la situación expuesta, pues
resulta evidente que no cualquier pronunciamiento puede generar esa confianza
que ahora se pretende garantizar, sino que ella debe estar precedida de una
fuerza vinculante tal que imponga considerar razonable el derecho reconocido.
78. Pues bien, comoquiera que la retrospectividad de las decisiones exige aplicar
un criterio interpretativo ignorado por el interesado en el derecho, resulta
importante verificar el tipo de situación que generó la confianza y la fuerza de la
interpretación que se modificó, a efectos de establecer el grado de confianza que
se derivaba del que se abandonó.
79. En el sub judice, la situación que generó la confianza a Carlos Durán Barrera,
para a la terminación del vínculo solicitar la reliquidación de la prestación,
materialmente estaba contenida en la decisión de la administración de otorgarle
la pensión con base en el 75% de la asignación mensual más elevada devengada
durante el último año de servicio, de conformidad con el artículo 6 del Decreto
546 de 1971, y formalmente en las decisiones judiciales que propendían por la
aplicación integral de la norma en mención. Lo que sí generó el grado de
proceso que había iniciado con posterioridad a la decisión judicial en la que se modificó la
respectiva regla de derecho. / / Para ello, usó el siguiente test compuesto de tres factores: (i) la
decisión judicial que no puede ser aplicada retroactivamente debe establecer un nuevo principio
de derecho, ya sea porque modifica un claro precedente judicial en el cual los litigantes pudieron
haber confiado o ya sea porque resolvió un caso de primera impresión cuya resolución no podía
ser previsible para las partes; (ii) se deben sopesar los méritos e inconvenientes del cambio de
precedente mediante el estudio de los antecedentes de la regla de derecho en cuestión, sus
propósitos y efectos, para determinar si su aplicación retroactiva propenderá o retardará su
operación; y, (iii) por último, se debe estudiar si la aplicación retroactiva del cambio de precedente
puede producir efectos sustancialmente inequitativos. / / Es apenas natural que los efectos del
cambio de precedente judicial deban ser estudiados caso a caso, para efectos de ponderar la
obligación del juez de impartir justicia en el caso concreto y la necesidad de no lesionar la
confianza legítima de quienes acuden a la administración de justicia para obtener la resolución
de sus controversias. (…)” Aclaración de voto del magistrado Alberto Yepes Barreiro a la
sentencia de 29 de enero de 2019 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente
11001-03-28-000-2018-00031-00.
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Demandante: Ugpp
confianza legítimo que la Constitución protege, pues se trataba de
pronunciamientos de autoridades judiciales que resultan prevalentes y de
obligatoria aplicación por parte de las autoridades administrativas.
80. En este punto se resalta que, desde la constitución de 1991 todas las
autoridades de carácter administrativo o judicial se encuentran sometidas a la
Constitución y a la ley, y «como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas
se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de
la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional»; de manera que el
acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del
estado democrático, social y constitucional de derecho «y un desarrollo de los fines
esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la
Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos
6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a
la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fé de las autoridades
públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la
fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como
de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la
Carta Política”»51.
81. Posteriormente, con la expedición del CPACA se reconoció a la jurisprudencia
como fuente formal del derecho así:
«ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA
JURISPRUDENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los
asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que
tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas
normas».
82. De manera que a través del acto acusado la administración acudió a un
precedente vinculante, en la medida en que fue proferido por una autoridad
judicial en ejercicio de sus facultades legales, y a una interpretación razonable de
las normas. De forma que, la Sala concluye que se trataba de una situación que
debía ampararse por tratarse de un derecho adquirido que generó una confianza
legítima en el interesado en la prestación a quien debía garantizársele la
seguridad jurídica respecto de aquella decisión.
83. Además de lo expuesto, esta sala encuentra necesario referirse a los
51 Sentencia C-634 de 2011.
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Demandante: Ugpp
siguientes aspectos relevantes en atención a la particular situación que se
analiza: i) el demandado es una persona que es sujeto de especial protección
constitucional [en virtud del mandato del artículo 46 Constitucional], pues es un
hombre de más de 72 años de edad52; lo que exige que todos los agentes del
Estado adopten medidas de enfoque diferencial y, con ello, otorgarle vigencia a
las garantías de orden procesal y sustancial; especialmente exige un análisis más
riguroso del derecho a la igualdad que como consecuencia de esta decisión se
garantiza al insistir en que la situación planteada debe estudiarse a luz de las
disposiciones y la jurisprudencia vigentes al momento en que adquirió el estatus
pensional; y ii) la entidad demandante esperó 10 años para ejercer el presente
medio de control, lo que genera un impacto en la seguridad jurídica y la
estabilidad de la prestación reconocida, a pesar de la condición de sujeto de
especial protección constitucional del que goza el demandado.
84. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
las providencias del 12 de septiembre de 202453 y del 5 de diciembre de 202454
en las que se consideró que si el acto censurado surgió de una decisión propia
de la administración, y que además se expidió en vigencia de un criterio
normativo y jurisprudencial vigente, generó en el ciudadano la confianza legítima
de que su derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a derecho, lo que
impedía desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.
85. Corolario de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 21 de noviembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró probada de
oficio la excepción de cosa juzgada respecto de los factores salariales que
conforman parte del IBL de la pensión de Carlos Durán Barrera y, en lo demás,
denegó las pretensiones de la demanda.
2.6. Costas
86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
52 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1251 de 2008 «Por la cual se dictan
normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos
mayores», el adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más. Así
también se consideró en la «Convención interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores», adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015, aprobada
por la Ley 2055 de 2020, según la cual una persona mayor es «[a]quella de 60 años o más, salvo
que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a
los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor»
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024,
radicado 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024,
radicado 76001-23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma55.
89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
90. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, tal y como lo concluyó
el tribunal solo operó la cosa juzgada respecto de los factores salariales que
conforman parte del IBL de la pensión de Carlos Durán Barrera. No es procedente
la nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión de vejez del demando,
en tanto que el reconocimiento efectuado por Cajanal fue otorgado a luz de la
posición jurisprudencial vigente para fecha de la adquisición del estatus jurídico
de pensionado.
55 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1º de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00796-01 (0789-2024)
Demandante: Ugpp
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Inaplicar la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo Santander, mediante la cual se declaró probada de oficio
la excepción de cosa juzgada respecto de los factores salariales que conforman
parte del IBL de la pensión de Carlos Durán Barrera y, en lo demás, denegó las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad.
AV. 05001-23-33-000-2020-00472-
01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
DMGT
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