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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00035-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00035-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada en el sentido de señalar que se encuentra probada la excepción de prescripción trienal, en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2017 se encuentran prescritas, con excepción de las diferencias por aportes a seguridad social en pensión (del 15 de junio de 2010, y de ahí en adelante por los tiempos que se haya desempeñado como fiscal delegado ante los jueces municipales, hasta el 31 de enero de 2024), por las razones expuestas en el presente proveído. TERCERO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, el cual quedará, así: «CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a favor de FÉLIX ENRIQUE ARDILA PINTO a partir del 19 de febrero de 2017 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y de ahí en adelante hasta que 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 68001-23-33-000-2022-00035-02 (0934-2026) Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto por razón del cargo tenga derecho, hasta el 31 de enero de 2024, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación. Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a partir del 15 de junio de 2010 respecto de la prima especial del 30% y de ahí en adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, hasta el 31 de enero de 2024. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 6 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2022-00035-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

Radicación: 68001-23-33-000-2022-00035-02 (0934-2026)
Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2022-00035-02 (0934-2026)
Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992 y
bonificación por actividad judicial.
Decisión: Estarse a lo resuelto, modifica numerales segundo y tercero
en cuanto a la prescripción y restablecimiento, y confirma en
lo demás. Condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 6 de marzo de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. 31200-20610-059 del
3 de marzo de 20202 y del acto ficto o presunto mediante los cuales la entidad
demandada negó el reajuste solicitado.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDA: […] se
reconozca y cancele […] sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30%
por cada mes de servicio por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992 , por el
porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desempeñado como
fiscal equivalente al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mi poderdante
por cada mes de servicio prestado , […] desde el día primero (01) de enero de 1993
en los periodos en que se desempeñó como fiscal […]

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y bonificación
por actividad judicial, objeto del presente proceso.
2 Índice 8 expediente digital, documento Anexos, págs. 9-16, gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los
valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago
completo de todas las prestaciones sociales legales, […] desde el día primero (01) de
enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha.

[…]

QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el
año 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal por inaplicación de los
decretos.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación
por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante, de los
valores dejados de percibir con base en el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, de
todas las prestaciones sociales legales, […]desde el día primero (01) de enero de 2005
en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha»3.

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Félix Enrique Ardila Pinto ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal en diferentes despachos hasta la fecha4.

5. La parte actora elevó petición el 19 de febrero de 2020 ante la entidad
demandada, en la que solicitó el pago de la prima especial del 30% como un plus
adicional al salario, y que se tuviera en cuenta la bonificación por actividad judicial
como salario, la cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos
demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 25, 29, 53, 93, 150, 209 y 215 de
la Constitución Política; artículos 12 del Decreto 717 de 1978, 127, 128 y 143 del
C.S.T, 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, Ley 482 de 1998, 152 de la Ley 270 de 1996,
Decreto 3131 de 2005, y Ley 2080 de 2021.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que al actor se le ha venido
liquidando y pagando todas sus prestaciones sociales desde el año 1993 en los
periodos en que se desempeñó como fiscal (salario, primas, cesantías,
vacaciones, bonificaciones, gastos de representación, licencias etc.), teniendo
como base únicamente el 70% del valor del salario, pues el mismo fue
disminuido desde el año 1993 en un 30% pues ese porcentaje fue considerado
como la prima especial de servicio.

8. Indicó que la bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 es
una prestación periódica que se cancela el 30 de junio y 30 de diciembre de cada
año, la cual debe ser tenida en cuenta para liquidar las prestaciones sociales.

3 Transcripción literal del acápite de pretensiones de la demanda.
4 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio del actor.

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Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

Contestación de la demanda

9. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia proferida el 6 de marzo de 20265, el Tribunal
Administrativo de Santander accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que conforme a la Ley 476 de
1998 los funcionarios de la Fiscalía tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico, es decir adicional al 100% que
se paga como asignación básica.

12. Por otra parte, señaló que la bonificación por actividad judicial no tiene
naturaleza salarial, la cual es recalcada en el artículo 1 del Decreto 3131 de 2005,
sino que se trata de una suma adicional a la asignación básica. Además, indicó
que solo a partir del Decreto 3900 de 2008, dicho emolumento se tiene en cuenta
como factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación pensional.

13. Que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las diferencias
causadas con anterioridad 19 de febrero de 2017, toda vez que la petición de
reconocimiento se hizo el 19 de febrero de 2020.

14. En consecuencia, declaró la prescripción de los valores reconocidos con
anterioridad al 19 de febrero de 2017, la nulidad de los actos administrativos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

SEGUNDO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NACION –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar
a favor de FÉLIX ENRIQUE ARDILA PINTO a partir del 19 de febrero de 2017 -en
virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo
tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en
cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un
incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
[…]

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación

• Parte demandante:

5 Índice 51, gestión en otros despachos de Samai.

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15. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación.6

16. Señaló que se debe ordenar «la reliquidación del plus e incluir la bonificación
judicial en dicho incremento del 30%, el cual a la fecha no se ha realizado ni
tomado en cuenta para el mismo desde el 19 de febrero de 2017». Además, refirió
que desde el 1 de enero de 2013, la fiscalía sigue pagando de forma incorrecta
la prima especial de servicios, pues no tiene en cuenta todo lo que constituye
salario.

17. Por otro lado, indicó que se aplicó la prescripción trienal desde el 19 de
febrero de 2017, tomando como base la presentación del derecho de petición, la
cual no aplica a las cesantías conforme a la sentencia del 25 de agosto de 2016
CE-SUJ004 de 2016, proferida por el Consejo de Estado, ya que el vínculo laboral
sigue vigente. Así mismo, trajo a colación jurisprudencia7 en la cual se indicó que
dicho fenómeno no aplica para las diferencias de cesantías y de los aportes
pensionales.

18. Igualmente, sostuvo que la bonificación por actividad judicial constituye un
pago que reciben los fiscales, jueces y procuradores I de manera habitual y
periódica, como retribución por los servicios prestados. Dicha bonificación se
paga el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año, o antes de esas fechas,
razón por la cual debe reconocerse su carácter salarial para efectos de la
liquidación de las prestaciones sociales.

-Parte demandada:

19. La entidad demandada presentó recurso de apelación8. En su intervención,
hizo una transcripción de lo resuelto por el a quo en la sentencia impugnada, en
la cual se accedió a lo referente al pago y reconocimiento de la prima especial de
servicios. Al respecto, refirió que la prima especial de servicios solo constituye
factor salarial para liquidar la pensión de jubilación. Además, señaló que la
«bonificación judicial» no constituye salario para la liquidación de las
prestaciones sociales.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

20. Por auto del 8 de mayo de 2026,9 se admitió el recurso de apelación de la
entidad demandada.

21. El Ministerio Público10 rindió concepto y advirtió que la sentencia de primera
instancia se ajusta al precedente jurisprudencial vigente del Consejo de Estado

6 Índice 54, gestión en otros despachos de Samai.
7
sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) MP JUAN Carlos Morales, radicado:
66001 23 33 000 2017 00164 02.
8 Índice 53, gestión en otros despachos de Samai.
9 Índice 4 de Samai.
10 Índice 10 de Samai.

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en relación con la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
En efecto, el Tribunal concluyó que el demandante, en su condición de fiscal tiene
derecho al reconocimiento de dicha prima como un componente adicional de la
asignación básica, criterio que ha sido reiteradamente acogido por esta
jurisdicción, la cual ha precisado que tal emolumento no puede entenderse
absorbido dentro de la asignación básica, sino que constituye un plus creado por
el legislador.

22. Igualmente, afirmó que el recurso de apelación parte de una interpretación
equivocada del contenido y alcance de la sentencia de primera instancia. Refirió
que la entidad recurrente afirma que el a quo ordenó la reliquidación de todas las
prestaciones sociales del actor con inclusión, como factor salarial, tanto de la
prima especial como de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de
2013. Sin embargo, de la lectura integral de la providencia se evidencia que dicha
afirmación no corresponde a lo realmente decidido por el Tribunal, ni era un tema
de debate en el proceso, razón por la cual solicita la confirmación del fallo de
primera instancia.

23. Las partes guardaron silencio.

24. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala establecer si la prima especial de servicios solo
constituye factor salarial para liquidar la pensión de jubilación. Asimismo, se
deberá determinar si el Tribunal de instancia aplicó en debida forma la
prescripción trienal.

27. Igualmente, si la bonificación por actividad judicial constituye salario para la
liquidación de las prestaciones sociales.

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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28. Por otra parte, la Sala considera necesario precisar que no emitirá
pronunciamiento respecto de los cuestionamientos formulados por la parte actora
en torno a la inclusión de la bonificación judicial en la liquidación de la prima
especial de servicios, ni frente a la solicitud de la entidad demandada de revocar
la decisión de primera instancia en cuanto reconoció naturaleza salarial a dicho
emolumento para efectos de la liquidación de prestaciones sociales. Lo anterior,
por cuanto, de conformidad con las pretensiones de la demanda y la fijación del
litigio12, tales aspectos no fueron materia de debate dentro del presente proceso
ni de pronunciamiento por el fallo impugnado.

29. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; 2. La bonificación por actividad
judicial; y 3. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

30. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de

12
Mediante providencia del 16 de septiembre de 2024, entre otros, el Tribunal de instancia fijó el litigio dentro
del presente proceso, sin que hubiera sido objeto de recursos por las partes, el cual se determinó así (ver
índice 32, gestión en otros despachos de Samai):
«Problemas Jurídicos:
PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del Oficio No. 31200- 20610-059 del 03 de marzo de 2020 de la
Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Nación- Fiscalía General De La Nación , mediante la cual
se negó el reconocimiento y reliquidación de la Prima Especial del 30% incluyendo en ellas, desde el 01 de
enero de 1993 y hasta donde exista derecho la Prima Especial del 30% establecida en la ley 4ta de 1992,
así como del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo?
PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor del
señor Félix Enrique Ardila Pinto, la Prima especial del 30 %, establecida en la ley 4ta de 1992, sobre el
salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Fiscal y en adelante,
hasta la fecha en que se sigan causando?
PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor
por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Prima Especial del 30 % creada por la
ley 4ta de 1992 , incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así
mismo que se les reconozca y paguen los retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar
en los periodos en que se desempeñó como Fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?
P.J.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante con la
inclusión de la Bonificación por Actividad Judicial como factor salarial, en los periodos en que se desempeñó
como Fiscal y en adelante, hasta cuando se sigan causando?».
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

31. Por su parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción14 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

32. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199615 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

33. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

34. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202016, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los

14 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
15 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).

7
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beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

35. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,17 10 de septiembre de 202418 y 5 de noviembre 2024.19

36. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202220 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Bonificación por actividad judicial

37. En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4.ª de 1992 el
presidente de la República, a través del Decreto 3131 de 8 de septiembre de
2005, creó una bonificación de actividad judicial que se pagará semestralmente
el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, que no constituye factor
prestacional ni salarial, para los funcionarios públicos que ejerzan en propiedad,
entre otros, el cargo de fiscal ante juez de inspección, así:

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
20 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Radicación: 68001-23-33-000-2022-00035-02 (0934-2026)
Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

Artículo 1°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3382 de 2005. A partir
del 30 de junio de 2005, créase una bonificación de actividad judicial, sin
carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre
de cada año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los
funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes empleos:

Juez Municipal.
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de
Formación, o de Departamento de Policía.
Juez de Instrucción Penal Militar.
Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo.
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela
de Formación, o de Departamento de Policía.
Juez del Circuito.
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana.
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito.
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de
Policía Metropolitana.
Juez Penal del Circuito Especializado.
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado.
Juez de Dirección o de Inspección.
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección.
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado.

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de
actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo en
propiedad y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio
Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.

Artículo 2°. La bonificación de actividad judicial de que trata el presente
decreto no constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en
cuenta para determinar elementos salariales o prestaciones sociales.
(Negrillas fuera de texto)

38. Dicha bonificación, consagrada en el artículo 1.° ibídem, fue modificada por
el Decreto 3382 del 23 de septiembre de 200521 y ajustada por los Decretos 403

21 «Por el cual se modifica el Decreto 3131 de 2005». Fue emitido por el presidente de la República «en

desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992».
Artículo 1. «Modifícase el artículo 1° del Decreto 3131 de 2005, en el sentido de que la bonificación de
actividad judicial, será reconocida a quienes ocupan los empleos allí señalados, cualquiera que sea su
forma de vinculación» (Resalta la Sala).

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Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

de 2006,22 632 de 200723 y 671 de 2008.24

39. Esta corporación en la sentencia del 19 de junio de 2008, expediente 0867-
06, consejero ponente Jaime Moreno García, al estudiar una demanda de nulidad
de la expresión «sin carácter salarial», contenida en el inciso 1.° del artículo 1.°
del Decreto 3131 de 2005 que la creó, señaló lo siguiente:

[...]Conforme a lo expuesto, considera la Sala que las normas acusadas, al señalar
que la bonificación de actividad judicial no tendría carácter salarial ni prestacional,
no desconocieron ningún derecho adquirido ni violaron las disposiciones legales y
constitucionales citadas en la demanda.
[…]
Para la Sala no es de recibo tal razonamiento porque, contrario a lo afirmado por
el actor, la bonificación de actividad judicial fue creada precisamente para mejorar
el salario, es decir se trata de una suma adicional a la asignación básica,
constituida, desde un principio, sin carácter salarial. Por ello resulta desacertado
que se alegue una desmejora del mismo, y no puede concebirse que una
disposición que tiene como finalidad mejorar las condiciones económicas de un
trabajador pueda lesionar y desmejorar el derecho al trabajo.

Así las cosas, no existe una situación jurídica consolidada, por cuanto la
bonificación especial no existía con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, y además,
porque las normas acusadas fueron expedidas dentro de las facultades del
Gobierno, de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, declarados
exequibles por la Corte Constitucional.

Los argumentos expuestos llevan a la Sala a concluir que las normas demandadas
permanecen incólumes a los reproches del actor y así lo declarará.

40. Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 3900 de 7 de
octubre de 2008, «Por el cual se modifica la bonificación de actividad judicial»,
en los siguientes términos:

22 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales».

[…]Artículo 1. «A partir del 1° de enero de 2006, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial,
sin carácter salarial, de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […]. En las mismas condiciones,
tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que
desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los
servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo».
22 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales».

Artículo 1. «A partir del 1° de enero de 2007, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial, sin
carácter salarial, de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así:[…]. En las mismas condiciones,
tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales 1 que
desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los
servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo».
23 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales».
ARTÍCULO 1°. A partir del 1° de enero de 2007, reajustase el valor de la bonificación de actividad judicial,
sin carácter salarial, de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […]. En las mismas condiciones,
tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales 1 que
desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los
servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.
24 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales».

Artículo 1. «A partir del 1° de enero de 2008, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial, sin
carácter salarial, de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […] En las mismas condiciones,
tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que
desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los
servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo».

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Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

Artículo 1°. A partir del 1° de enero de 2009, la bonificación de actividad judicial
creada mediante decreto 3131 de 2005, modificada por el decreto 3382 de 2005 y
ajustada mediante decretos 403 de 2006, 632 de 2007 y 671 de 2008 para jueces,
fiscales y procuradores judiciales 1, constituirá factor para efectos de
determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones,
y de acuerdo con la ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Artículo 2°. El presente Decreto deroga a partir del 1° de enero de 2009 el artículo
2° del Decreto 3131 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias.

41. Así las cosas, a partir de la entrada en vigor del Decreto 3900 de 2008, la
bonificación por actividad judicial constituye salario para efectos de determinar el
ingreso base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en
Pensión y Salud.

Hechos probados

42. Dentro del proceso se encuentra probado25 que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado
ante los jueces penales municipales desde el 15 junio de 2010 hasta el 31 de
enero de 2024.26

43. Está demostrado que el demandante a partir de la fecha de su vinculación
como fiscal percibió el 100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal que
desempeñó y que no reporta ningún emolumento por concepto de la prima
mencionada. 27

44. Que el 19 de febrero de 202028 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reconocimiento de la prima especial de servicios y el
reajuste de prestaciones sociales con la bonificación por actividad judicial, de la
cual obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

45. La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación reconoció al
demandante el 100% de la asignación básica, y en consecuencia liquidó las
prestaciones sociales teniendo en cuenta dicho precepto de forma completa. No
obstante, se evidencia que no recibió ningún concepto por prima especial de
servicios del 30%.

46. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento, y pago de
la prima especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no

25 Se dictó auto de mejor proveer el 7 de noviembre de 2023, en el cual se solicitó los tiempos de servicio

de la actora- ver índice 30 de Samai.
26Índice 48, Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 15 de diciembre de 2025.
27 Índice 48, Gestión en otros despachos de Samai.
28 Índice 8 expediente digital, documento Anexos págs. 3-8, Gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Félix Enrique Ardila Pinto

tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las
prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo
en el pago del 30% que el actor no recibió a título de prima especial, por lo que
al no presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento
no comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas, tal cual fue
ordenado por el a quo.

47. Ahora, en cuanto a la prescripción, esta Corporación ha sostenido, de forma
pacífica29, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigencia del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
que entró en vigor el Decreto 53 de 1993. En consecuencia, en el presente caso
desde que fue vinculado al cargo de juez el interesado pudo haber interrumpido
la prescripción trienal.

48. Conforme a lo expuesto, la parte demandante tiene derecho a que se le
pague, la prima especial de servicios, desde el 19 de febrero de 2017, o sea
tres años atrás de la fecha en que solicitó el reconocimiento mencionado, debido
a la prescripción trienal, ya que la petición solo la presentó el 19 de febrero de
2020 ante la administración, y de ahí en adelante por los tiempos que se haya
desempeñado como fiscal delegado ante los jueces municipales, hasta el 31 de
enero de 2024, por lo que se modificará el numeral segundo para precisar que el
restablecimiento procede hasta la fecha de su retiro.

49. En este orden de ideas, dado que no resulta procedente el reconocimiento ni
el reajuste de las prestaciones sociales reclamadas, según se explicó
previamente, la Sala considera innecesario abordar el análisis del fenómeno
prescriptivo respecto de las cesantías, como erradamente lo plantea la parte
demandante en el recurso de apelación.

50. No obstante, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el pago de la prima especial de de dicho emolumento, es deber de la
entidad realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, de conformidad con la ley, por ser un derecho irrenunciable e
imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de los mismos sino por la
sostenibilidad del sistema30.

29 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
30 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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51. Por lo tanto, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron la
mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una adición
a la asignación básica, en los términos ordenados por el a quo31, por lo que a
partir de ese año, las diferencias de los aportes pensionales y de salud deben
liquidarse con base en la prima especial del 30%, bajo el entendido de que, en
su momento, los aportes legales se efectuaron sobre el 100% de la asignación
básica, lo cual, en el caso en concreto, resulta aplicable por los periodos en que
el actor se ha desempeñado como fiscal delegado ante los jueces municipales.

52. Con base en lo expuesto, se ordenará el reconocimiento de aportes con
destino al Sistema de Seguridad Social en Pensión desde 15 de junio de 2010,
respecto de la prima especial del 30%, y de ahí en adelante por los tiempos que
se haya desempeñado como fiscal delegado ante los jueces municipales, hasta
el 31 de enero de 2024. En consecuencia, se modificarán los numerales segundo
y tercero con el fin de señalar que la prescripción no opera frente a dichos aportes
y disponer el restablecimiento frente a éstos, por todo el tiempo de la vinculación
del demandante.

53. Ahora, frente a que la bonificación por actividad judicial se tenga en cuenta
como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, la Sección Segunda
de esta Corporación en sentencias del 27 de febrero de 2011,32 del 2 de febrero
de 2017,33 y del 2 de mayo de 2019,34 entre otras35, ha precisado que:

El carácter de bonificación por actividad judicial cambió a partir del 1 de
enero de 2009, por expresa disposición del Decreto 3900 de octubre de 2008,
según el cual constituye factor para determinar las cotizaciones al Sistema
de Seguridad Social en salud y pensión. Al existir pronunciamiento judicial
respecto a la legalidad del carácter «no salarial» de la bonificación por actividad
judicial en vigencia del Decreto 3131 de 2005, no es viable su inclusión como factor
salarial o prestacional antes del 1 de enero de 2009, fecha a partir de la cual el
Gobierno Nacional le confirió tal connotación. Así pues, la bonificación por
actividad judicial que devengó la demandante en el año 2007, no constituye factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación pensional porque el artículo
1 del Decreto 3131 de 2005, que esta Corporación encontró ajustado a la ley por
los cargos analizados, no le otorgó ese carácter. Sólo constituye factor salarial y
prestacional a partir del 1 de enero de 2009 por expresa disposición legal.
(Resaltado fuera de texto)

54. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la bonificación por
actividad judicial fue concebida como un incentivo económico orientado a
reconocer el desempeño y el cumplimiento de metas por parte de los servidores

31 En el numeral cuarto dispuso «[…] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión

de jubilación por aportes durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente Bertha Lucia Ramírez de Páez.

Radicado 1896-13.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Radicado 3568-15
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.

Radicado 3706-13
35 Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez

Vargas, sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicación número: 68001-23-
33-000-2013-00927-02(0893-17).

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judiciales. En tal sentido, el ordenamiento jurídico le atribuyó expresamente
naturaleza no salarial, criterio que fue ratificado por el Consejo de Estado en
sentencia del 19 de junio de 2008, al declarar ajustada a derecho la expresión
«sin carácter salarial» prevista para dicho beneficio. Se precisó, además, que se
trataba de una retribución adicional a la asignación básica destinada a mejorar
las condiciones económicas de los funcionarios judiciales.

55. En consecuencia, no resulta viable otorgar a esta bonificación efectos
salariales o prestacionales respecto de períodos anteriores al 1 de enero de 2009,
por cuanto su naturaleza no salarial fue objeto de control jurisdiccional y encontró
respaldo en el ordenamiento vigente para la época. Solo a partir de esa fecha el
Gobierno nacional dispuso su incorporación como factor salarial, exclusivamente
para el cálculo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y Pensiones. Por consiguiente, los argumentos planteados por la parte
actora no están llamados a prosperar.

56. Por otro lado, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 202236 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales señaló que el 30% correspondiente a
la prima especial «no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste». Además, se declaró la nulidad de la siguiente
previsión «ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

57. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018); ii) se modificarán los numerales segundo y tercero
frente a que la prescripción no opera frente a los aportes a pensión y disponer el
restablecimiento frente a éstos y precisar la fecha de retiro del demandante; y iii)
se confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

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2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandante no
se condenará ya que su recurso prosperó parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada en el
sentido de señalar que se encuentra probada la excepción de prescripción trienal,
en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2017
se encuentran prescritas, con excepción de las diferencias por aportes a
seguridad social en pensión (del 15 de junio de 2010, y de ahí en adelante por
los tiempos que se haya desempeñado como fiscal delegado ante los jueces
municipales, hasta el 31 de enero de 2024), por las razones expuestas en el
presente proveído.

TERCERO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, el
cual quedará, así:

«CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN-
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN si aún no lo ha hecho, a reconocer y
pagar a favor de FÉLIX ENRIQUE ARDILA PINTO a partir del 19 de febrero
de 2017 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y de ahí en adelante hasta que
15
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por razón del cargo tenga derecho, hasta el 31 de enero de 2024, la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía
equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un
incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de
jubilación.

Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
a partir del 15 de junio de 2010 respecto de la prima especial del 30% y de
ahí en adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, hasta el 31 de
enero de 2024.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 6 de marzo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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