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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00043-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00043-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 10 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019- 00360-01 (29.475). www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 68001-23-33-000-2022-00043-01 (4720-2024) Demandante: Amanda Álvarez de Rojas PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias la señora Amanda Álvarez de Rojas, a favor del municipio de Bucaramanga – Secretaría de Hacienda – Fondo Territorial de Pensiones de Bucaramanga. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2022-00043-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-2333-000-2022-00043-01 (4720-2024)
Demandante: Amanda Álvarez de Rojas
Demandado: Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Hacienda – Fondo
Territorial de Pensiones de Bucaramanga

Tema: Pensión de jubilación. Indexación de la primera mesada
pensional. Carga de la prueba.

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y las niega, al encontrar que en el
proceso no obran medios de prueba que acrediten el supuesto de
las normas jurídicas cuya consecuencia se persigue.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Amanda Álvarez de Rojas, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda1 contra Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Hacienda –
Fondo Territorial de Pensiones de Bucaramanga orientada a obtener la nulidad de
las Resoluciones Nos. 20 de 3 de febrero de 2004, 2705 de 4 de julio de 2019, 2923
de 21 de agosto de 2019 y 404 de 22 de noviembre de 2019, mediante las cuales
se indexó de forma incorrecta la mesada pensional reconocida a su favor.

2. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó la
indexación de la primera mesada de acuerdo al índice de precios al consumidor
(IPC) certificado por el DANE, con base en los factores devengados por ella hasta
1995, por valor de $ 1.342.411 pesos y efectiva a partir del 26 de junio de 2003; el
reconocimiento y pago de los valores generados por dicha indexación.

3. Como fundamento fáctico, manifestó que nació el 25 de junio de 1948 y
durante su vida laboral prestó sus servicios a la Rama Judicial (Juzgado Promiscuo

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Amanda Álvarez de Rojas

Municipal de Rionegro – Santander)2, la Contraloría Departamental de Santander3
y la Contraloría Municipal de Bucaramanga4.

4. Indicó que su último salario fue de $ 293.288 pesos y se retiró el 16 de abril
de 1995, esto es, sin cumplir los 55 años que exigía la Ley 33 de 1985 para ser
beneficiaria de una pensión de jubilación.

5. Mediante Resolución No. 20 de 3 de febrero de 2004, le fue reconocida una
pensión mensual vitalicia de jubilación por valor de $ 491.587 pesos a cargo del
Fondo Territorial de Pensiones de Bucaramanga, el Fondo de Pensiones del
Departamento de Santander y la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL).
Para la liquidación de dicha prestación, señaló la parte actora que se aplicó una tasa
de remplazo del 75 % sobre el promedio de salarios de devengados en los últimos
10 años. No obstante, el IBL no fue indexado a la fecha en la que se adquirió el
estatus pensional.

6. Por lo anterior, solicitó al Fondo Territorial de Pensiones de Bucaramanga
la actualización o indexación del salario base para liquidar la mesada pensional, así
como el pago de las diferencias que se hubieran causado.

7. Mediante Resolución No. 2705 de 4 de julio de 2019, el fondo reajustó la
pensión a partir del 2003 y no desde el año que dejaron de hacerse cotizaciones al
sistema, esto es, 1995. Contra esta decisión se presentaron los recursos de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de forma desfavorable a través
de las Resoluciones Nos. 2923 de 21 de agosto de 2019 y 404 de 22 de noviembre
de 2019.

8. Como fundamento de la vulneración5, alegó que la entidad demandada erró
en la determinación del valor real de la indexación pues omitió tomar en
consideración los 8 años desde que cesó labores hasta cumplir la edad para
consolidar el derecho a pensión.

9. Estimó que las resoluciones enjuiciadas desconocieron las normas
superiores en los que debían fundarse, así como las garantías prestacionales a las
que tiene derecho, dada la naturaleza de la indexación como mecanismo de
corrección monetaria6.

10. Señaló que existió falsa motivación de los actos administrativos al afirmar
que la actualización de valores se realizó correctamente, cuando ello fue contrario

2 4 años 3 meses y 16 días.
3 1 años 2 meses y 28 días.
4 16 años, 9 meses y 3 días.
5 Como normas violadas fueron invocados los artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución

Política, 7 de la Ley 71 de 1988, y 2, 3, 4 y 36 de la Ley 100 de 1993.
6 Sobre el particular citó las sentencias SU-1073 de 2012 y T-007 de 2013 de la Corte Constitucional

y [sin fecha], Rad. 23001-23-33-000-2013-00208-01 (0228-15), del Consejo de Estado.

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Demandante: Amanda Álvarez de Rojas

a la realidad. Asimismo, que la postura adoptada por la administración resultó
violatoria de los principios de favorabilidad7 e in dubio pro operario.

11. Indicó que la liquidación debía arrojar una mesada equivalente a $1.342.411
pesos a 2003 y no $491.587 pesos como lo determinó la entidad demandada.

Contestación de la demanda

12. El municipio de Bucaramanga sostuvo que mediante Resolución No. 2705
de 2019 se reliquidó y actualizó la pensión mensual vitalicia de jubilación reconocía
a favor de la demandante por indexación de su primera mesada. Acto administrativo
en el que se explicó a detalle el procedimiento aritmético de indexación y liquidación
aplicado.

13. Advirtió que en los documentos aportados con la demanda solo reposan
certificados de factores salariales hasta 1974, es decir, que hay ausencia probatoria
de los factores salariales de los últimos 10 años de servicio, pues no allegó
certificación alguna entre 1985 y 1995, siendo estos los últimos años laborados
según se desprende de las resoluciones que aquí se enjuician.

14. Formuló como excepciones las de prescripción, inexistencia de la
obligación, buena fe y la innominada o genérica.

Sentencia apelada

15. Mediante Sentencia de 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 2705 del 4 de julio de
2019, 2923 del 21 de agosto de 2019 y 404 22 de noviembre de 2019. En
consecuencia, ordenó al municipio de Bucaramanga – Fondo Territorial de
Pensiones indexar la primera mesada pensional de acuerdo al IPC certificado por
el DANE, con base en los factores salariales devengados por la demandante hasta
1995 y pagar las diferencias de los valores existentes entre las mesadas
reconocidas.

16. Para sustentar lo anterior, tras cotejar la liquidación hecha por la
Administración con la realizada por el contador liquidador adscrito al tribunal, señaló
que, si bien la entidad demandada ajustó la primera mesada a través de la
Resolución No. 2705 del 4 de julio de 2019, los valores reconocidos y pagados eran
inferiores a los que tenía derecho la demandante.

17. Asimismo, declaró la prescripción de aquellas mesadas causadas con
anterioridad al 9 de abril de 2016, dado que la reclamación administrativa fue
presentada el 9 de abril de 2019.

7 Sobre el aludido principio, mencionó como precedente «Consejo de Estado-Sección Segunda
radicado No. 2602-2016».

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Demandante: Amanda Álvarez de Rojas

18. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas comoquiera que la conducta
procesal de la demandada no resultó ser temeraria, dilatoria o desleal.

Recurso de apelación

19. El municipio de Bucaramanga, además de reiterar los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, adujo que la parte demandante no
logró demostrar la causal nulidad de falsa motivación de los actos administrativos.
En ese sentido, sostuvo que no se cumplió con la carga prueba en los términos del
artículo 167 del CGP.

20. Señaló que la señora Álvarez de Rojas aplicó de manera incorrecta el
procedimiento de actualización del ingreso base de liquidación de su pensión, al
omitir la fórmula indexación establecida en la jurisprudencia de las altas cortes.
Asimismo, afirmó que la demandante erró al pretender el reconocimiento de las
diferencias reclamadas por fuera del término trienal legalmente previsto.

21. Indicó que el tribunal fundó su decisión en supuestos fácticos no
demostrados y dejó de valorar hechos plenamente probados, a partir de los cuales
podría haberse llegado a una decisión diferente.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto de 24 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
contra la Sentencia de 27 de junio de 2024. Las partes y el Ministerio Público no se
pronunciaron en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si la indexación de la primera mesada
pensional reconocida a favor de la señora Amanda Álvarez de Rojas a través de la
Resolución No. 2705 de 4 de julio de 2019 fue acorde a las particularidades del
caso, esto es, que el requisito de tiempo de servicios se satisfizo en 1995 y el
requisito de edad se cumplió en el 2003, siendo los últimos 10 años de servicio el
periodo comprendido entre 1985 y 1995.

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Demandante: Amanda Álvarez de Rojas

25. Asimismo, es preciso señalar que sobre el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, el cumplimiento de los requisitos pensionales de la Ley 33 de 1985 y
las divisiones de la cuota parte entre los fondos encargados del pago de la mesada
pensional no se harán consideraciones, dado que ello escapa de la competencia
del juez de la apelación, en los términos del artículo 328 del CGP.

Análisis del problema jurídico

26. La Sala revocará la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, tras encontrar que la parte
demandante no cumplió la carga de la prueba sobre los vicios de nulidad endilgados
a las resoluciones enjuiciadas.

27. Para resolver, conviene precisar que la indexación de la primera mesada
pensional es la actualización monetaria del valor reconocido con el propósito de
preservar su poder adquisitivo frente a la depreciación ocurrida entre la fecha de
causación del derecho y el momento en que se da el pago real de la prestación
pensional. Su importancia es tal que ha sido reconocida como un mecanismo
indispensable para garantizar la efectividad material del derecho pensional.

28. Esta herramienta de corrección monetaria es disímil del reajuste anual
previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues su naturaleza, oportunidad y
periodicidad son diferentes. Mientras la primera busca corregir la pérdida del poder
adquisitivo del valor histórico de la mesada pensional entre la fecha de causación
del derecho y su pago efectivo, el segundo opera de forma anualizada sobre
pensiones ya reconocidas. Por lo tanto, se trata de instrumentos jurídicamente
autónomos.

29. Revisado el expediente digital, se advierte que las pruebas aportadas por la
parte demandante y debidamente incorporadas al proceso corresponden a (i) la
cédula de ciudadanía de la demandante, que da cuenta que la señora Álvarez de
Rojas nació el 25 de junio de 1948, las resoluciones aquí enjuiciadas; (ii) un
certificado de información laboral expedido el 8 de enero de 2019, que acredita su
vinculación a la Rama Judicial en el cargo de citadora del Juzgado Penal Municipal
de Rionegro (Santander) entre 16 de agosto de 1970 y el 30 de noviembre de 1974,
periodo durante el cual se hicieron aportes a Cajanal; (iii) un certificado de salarios
mes por mes de 8 de enero de 2019, en el que la Rama Judicial – Seccional
Santander certificó los emolumentos devengados por la señora Amanda Álvarez de
Rojas entre 16 de agosto de 1970 y el 30 de noviembre de 1974; y (iv) los actos
administrativos enjuiciados8.

30. Sin embargo, tal y como lo señaló en su momento la parte demandada, en
el expediente no reposan los elementos de juicio que respalden hechos relevantes

8 Debe indicarse que si bien es cierto las resoluciones demandadas fueron aportadas de forma

parcial por la demandante, logró tenerse acceso completo a ellas gracias a los documentos allegados
con la contestación de la demanda.

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del caso como la fecha de retiro del servicio9 y, especialmente, los salarios
devengados entre 1985 y 1995 por la demandante, siendo ello variables
determinantes para la realización de una liquidación en sede judicial ante la alegada
inconsistencia de cara a la realidad de los hechos materiales del caso.

31. Aunado a ello, no puede perderse de vista que el reparo principal de la parte
demandante consiste en la falta de indexación de los valores comprendidos entre
1995 y 2003, sin embargo de ello sí da cuenta expresamente la Resolución No.
2705 de 4 de julio de 2019 al indicar que tomó como base los salarios devengados
entre 1985 y 1995, los indexó y obtuvo como resultado $ 788.812,91 pesos, a los
cuales, a su turno, aplicó una tasa de remplazo del 75 % y llegó al resultado de $
591.611.93 pesos como mesada para el 2003. Luego, indicar que solo se tomó
desde el año 2003 para ajustar los valores, como lo afirmó el demandante, es una
imprecisión pues lo que hizo la Administración fue a parte de ese año actualizar con
el IPC para establecer los incrementos analizados y con ello las diferencias entre lo
pagado y lo que debía pagarse (retroactivo), así como la mesada correspondiente
para el 2019 (año del reajuste).

32. En ese orden, se tiene entonces que la parte demandante no allegó las
pruebas suficientes que permitan la verificación los hechos en que sustentó sus
reparos a la indexación y liquidación hecha en 2019 por la entidad demandada. En
ausencia de tales pruebas, mal podría el operador judicial concluir que la
actualización o corrección monetaria fue omitida y/o practicada de manera
incorrecta.

33. La Sala observa que la sentencia apelada no identificó los elementos de
juicio que permitieran establecer los salarios devengados entre 1985 y 1995 ni
explicó el fundamento probatorio de la liquidación adoptada, aspecto indispensable
para verificar la procedencia de la reliquidación ordenada. Incluso, tomó como fecha
de cumplimiento del requisito edad no el 2003 (55 años) sino el 2005 (57 años),
desconociendo las exigencias de la Ley 33 de 1985 para acceder al derecho
pensional.

38. En otras palabras, la señora Amanda Álvarez de Rojas, en los términos del
artículo 167 del CGP, no probó los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que perseguía. El juez no puede presumir el error de la
Administración ni ordenar una reliquidación como la pretendida sin que exista
prueba suficiente de la equivocación, porque ello implicaría que aquel remplace la
actividad técnica de la entidad sin el debido soporte (insumos) para ello.

39. La carga de la prueba no se satisface con la mera presentación de medios
de prueba (documentos), si (i) sobre estos la parte no explica con suficiencia el
alcance y mérito de cada uno de ellos o (ii) los mismos (entiéndase los medios de

9 Si bien la fecha fue afirmada en la demanda y reproducida en los actos administrativos, no existe

medio de prueba autónomo que la acredite.

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prueba), simplemente, no cuentan con dichos atributos (alcance técnico y mérito
probatorio)10.

40. Por lo expuesto, existen razones suficientes para revocar la decisión y negar
las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que no se probaron las
casuales de nulidad de los actos administrativos invocadas.

Condena en costas

41. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

43. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto se accede totalmente las peticiones del recurso de
apelación, se revoca la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se niegan
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

10 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse:

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019-
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Demandante: Amanda Álvarez de Rojas

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en consecuencia, NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias la señora Amanda
Álvarez de Rojas, a favor del municipio de Bucaramanga – Secretaría de Hacienda
– Fondo Territorial de Pensiones de Bucaramanga. Para tal efecto, las agencias en
derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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