Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2022-00076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2022-00076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2022-00076-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de abril de 2022
Radicado: 68001-23-33-000-2022-00076-01
Demandante: Sergio Fernando García Santander
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 68001-23-33-000-2022-00076-01
Demandante SERGIO FERNANDO GARCÍA SANTANDER
Demandado JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE SAN GIL Y OTRO
Temas Acción de tutela. Concurso de méritos para la provisión de unos
empleos de la Rama Judicial en Santander. Convocatoria 4 de
2017. Opción de sede. Decisión de la administración de negar
postulación de vacante no ofertada. Requisitos de procedencia
de la acción de tutela: la subsidiariedad. Perjuicio irremediable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Sergio Fernando García Santander,
contra la sentencia del 1º de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, que resolvió:
“PRIMERO: Deniéguese el amparo solicitado en tutela interpuesta por Sergio Fernando
García Santander en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y como vinculada la señora S.A.R.S, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de febrero de 20221, el señor Sergio Fernando García Santander, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de San Gil y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a cargos
públicos. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. AMPARAR mis derechos al trabajo, al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a cargos públicos.
SEGUNDO. ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander dar alcance la
solicitud remitida el 7 de diciembre de 2021, como formato de opción de sede, y que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de la decisión judicial, inscriba al suscrito como
primero en turno, para el cargo de Profesional Universitario Grado 16 del Juzgado Primero
Administrativo Oral de San Gil, a efectos de ser nombrado en propiedad.
1 Fecha del reparto efectuado por el Tribunal Administrativo de Santander al magistrado Julio Edisson Ramos
Salazar.
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Lo anterior, como primero en la “relación de aspirantes por sede” para el mencionado cargo.
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil, que dentro de los
10 días contados a partir del momento en que se remita la lista correspondiente por parte del
Consejo Seccional, con inclusión del suscrito como primero en opción, expida el acto
administrativo en donde se me nombre en propiedad en el mencionado cargo”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander convocó a concurso de
méritos, destinado a la conformación de los registros seccionales de elegibles
para los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros
de Servicios de los distritos judiciales de Bucaramanga y San Gil, y
Administrativo de Santander <<Convocatoria Nro. 4 de 2017>>.
2.2. El actor Sergio Fernando García Santander concursó para el empleo de
Profesional Universitario Grado 16 de Juzgados Administrativos y ocupó el
puesto 16 con un puntaje total de 719.31 puntos.
2.3. Superadas las etapas del concurso, se expidió la Resolución Nro. CSJSAR21-
111 del 24 de mayo de 2021 por la que se publicó el registro seccional de
elegibles para proveer el cargo de Profesional Universitario de Juzgados
Administrativos Grado 16 de carrera de los Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios de los Distritos Judiciales de Bucaramanga, San Gil y Administrativo
de Santander.
Posteriormente, con ocasión de unos recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la anterior decisión, se emitió la Resolución Nro.
CSJSAR21-348 del 21 de octubre de 2021, por la que se modificó el anterior
acto administrativo (Resolución Nro. CSJSAR21-111 del 24 de mayo de 2021)
y en su lugar, se conformó el registro de elegibles para el cargo de
Profesional Universitario de Juzgados Administrativos Grado 16 de la
Convocatoria Nro. 4 de 2017.
2.4. El 1º de diciembre de 2021 fue publicado por parte del Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander el formato de opción de sedes y se dispuso como
fecha límite para optar el 7 de diciembre de 2021.
Allí se indicó que debía diligenciarse únicamente el cargo aprobado, con la
posibilidad de elegir dos cargos vacantes. En concreto, frente al cargo de
Profesional Universitario Grado 16 figuraban las siguientes sedes,
despachos y número de vacantes:
Sede Corporación o Despacho Nro. de vacantes
Barrancabermeja Juzgado Segundo Administrativo 1
Bucaramanga Juzgado Doce Administrativo 2
San Gil Juzgado Segundo Administrativo 1
Concretamente en relación con el Juzgado Primero Administrativo de San Gil,
se advirtió que la sede tenía el empleo en vacancia definitiva pero que no se
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publicaba “por contar con protección laboral reforzada de conformidad con la Circular
PSAC11-43 del Consejo Superior de la Judicatura”.
2.5. El accionante diligenció el mencionado formato el 7 de diciembre de 2021 y
optó por la sede de Barrancabermeja en el Juzgado Segundo Administrativo.
Sin embargo, ese mismo día presentó escrito dirigido al Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander, en el que pidió ser inscrito como opción para el
cargo de Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado Primero
Administrativo de San Gil.
Indicó en la solicitud, que se desempeñó como Profesional Universitario Grado
16 en el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil desde el mes de
agosto de 2020 hasta el mes de enero de 2021 y que por esta razón tenía
conocimiento de la vacante que actualmente estaba provista en
provisionalidad.
Hizo un recuento jurisprudencial en relación con el derecho que asistía a la
persona que ha superado un concurso de méritos en contraste con la
protección laboral reforzada por maternidad y la posibilidad del pago de las
prestaciones económicas del caso a la madre gestante, de ser cierto que la
persona en provisionalidad estaba en estado de gravidez lo que debía ser
verificado por el consejo seccional, y orientó su escrito a la posibilidad de que
él pudiera ser tenido en cuenta para esta sede como opción en su calidad de
participante que superó satisfactoriamente el concurso de méritos.
2.6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander mediante Oficio
CSJSAO22-118 del 1º de febrero de 2022 dio respuesta a la solicitud del actor.
Indicó que consultado con el área de talento humano en relación con el estado
de embarazo de la persona que ocupaba en provisionalidad el cargo al que
optó el actor en el Juzgado Primero Administrativo de San Gil, no se remitió la
licencia de maternidad respectiva ya que la profesional universitario, señora
Silvia Alejandra Reyes Silva, no dio a luz al haber tenido una pérdida de su
embarazo, razón por la que indicó que procedería a publicar en el mes de
febrero de este año la vacante respectiva.
En ese orden de ideas, le manifestó al actor que no era posible atender
favorablemente la solicitud de opción de sede de ese empleo en ese despacho
judicial, ya que para el mes de diciembre no estaba ofertado pero que apenas
se publicara el cargo podía realizar la solicitud de opción de sede respectiva.
3. Fundamentos de la acción
El accionante considera que se vulneran sus derechos fundamentales al trabajo, a
la igualdad y al acceso a cargos públicos, generándose además una pérdida de
oportunidad en cuanto a la escogencia del cargo, ya que tanto el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander como el Juzgado Primero Administrativo Oral de San
Gil incurrieron en actuaciones irregulares que entorpecen y vulneran los derechos
derivados de haber superado el concurso de méritos.
Dijo que solo hasta que solicitó la revisión de la documentación relacionada con la
protección constitucional de maternidad informada en el formato de opción de sede,
fue que el consejo seccional hizo el estudio pertinente cuando esto debió realizarse
previo a la oferta de cargos para opción de sede que fue en diciembre de 2021.
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Sostuvo que ese actuar generó una pérdida de oportunidad en cabeza suya en
cuanto a la opción de estar primero en la lista para el respectivo nombramiento
cuando fue primero en el tiempo, ya que el mismo 7 de diciembre de 2021 remitió
la solicitud expresa de ser inscrito en el cargo de Profesional Universitario Grado 16
en el Juzgado Primero Administrativo de San Gil y advirtió que, si bien la opción de
sede se presentó en forma diferente al diligenciamiento del respectivo formato, esto
se debió al mismo error del consejo seccional en cuanto no ofertó el cargo por
omisión de la revisión de la documentación que reposaba en el área de talento
humano y en ese orden, concluyó que las consecuencias negativas del error de la
administración no podían serle trasladadas.
Precisó que si bien los acuerdos que regulan la convocatoria indican que el consejo
seccional debe publicar el formato de opción de sede con indicación de los cargos,
esto no puede convertirse en una herramienta para que solo se oferten ciertos
cargos, lo que además insiste, debe partir de una revisión previa minuciosa para
evitar situaciones como la que se presenta actualmente en su caso, de manera que
no podía admitirse como condición para aceptar su postulación que se elaborara y
publicara el formato de opción de sede, ya que esto debió ocurrir desde el mes de
diciembre de 2021.
Del Juzgado Primero Administrativo de San Gil, sostuvo que incumplió con el deber
de informar la situación que se presentó con la persona que ocupaba en
provisionalidad el cargo y la no culminación de su estado de gestación adjuntando
las pruebas del caso, de manera que, al desaparecer los fundamentos de la
protección constitucional la decisión no producía efectos y en ese orden, el cargo
debía ser ofertado.
Finalmente, indicó que el referido cargo fue ofertado el 1º de febrero de 2022 con
fecha límite para optar al mismo hasta el 7 de febrero de 2022 y que, tal
circunstancia implicaba que todos los aspirantes podían optar por ese cargo, lo que
generaba para los demás 3 opciones válidas y que él solo contaría con 2
posibilidades. Pese a ello, anunció que se postuló para el referido empleo el 7 de
febrero de 2022, ya que independientemente de lo que se determinara en la
presente acción, no podía perder esa postulación.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Pese a que, de conformidad con las reglas de reparto, la presente acción debió
ser tramitada por la jurisdicción ordinaria, al tratarse de una tutela presentada
por quien manifestó haber laborado en un juzgado administrativo y tener la
calidad de empleado judicial2, se tiene que, por auto del 15 de febrero de 2022
el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar a las partes accionante y accionadas, ordenó la vinculación como
tercero con interés a la señora Silvia Alejandra Reyes Silva nombrada en
2 Decreto 333 de 2021. Artículo 1.
8. (...)
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan
o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales,
que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento
corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o
empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo
de Estado. (subrayado fuera del texto).
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provisionalidad en el empleo de Profesional Universitario Grado 16 del
Juzgado Primero Administrativo de San Gil y, negó la solicitud de medida
provisional presentada por el accionante.
4.2. Posteriormente por auto del 21 de febrero de 2022, se ofició al Juzgado
Primero Administrativo de San Gil para que informara la fecha en la que tuvo
conocimiento de la terminación del estado de gestación de la señora Silvia
Alejandra Reyes Silva, Profesional Universitario Grado 16, y cuál fue el
procedimiento mediante el cual informó la terminación del estado de embarazo
de la persona que se encuentra designada en provisionalidad, aportando las
respectivas pruebas.
4.3. El Juzgado Primero Administrativo de San Gil, rindió informe en el que
indicó que la presente acción era improcedente en la medida que el actor
contaba con otro mecanismo de defensa, concretamente el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el acto
administrativo contenido en la respuesta del 1º de febrero de 2022 emitido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
Precisó que no se advertía un perjuicio irremediable que hiciera procedente de
manera transitoria la presente acción constitucional, en la medida que la lista
de elegibles no estaba pronta a vencer pues que estaba vigente hasta el 8 de
noviembre de 2025 y que, el cargo para el que aspira el actor no tiene un
periodo fijo ya que corresponde al sistema de carrera judicial.
En cuanto al estado de embarazo de la servidora que ocupa el cargo de
Profesional Universitario Grado 16 en provisionalidad, dijo que la empleada
comunicó tal condición el 12 de marzo de 2021 a través de correo electrónico
remitido a las cuentas de correo del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander consecstd@cendoj.ramajudicial.gov.co y Seguridad Social, Seccional
Bucaramanga segsocbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y dijo que se adjuntó el
examen de laboratorio clínico que daba cuenta del embarazo.
Posteriormente, amplió su informe con ocasión del requerimiento hecho por el
juez de tutela de primera instancia, indicando que mediante correo electrónico
recibido en la cuenta de correo institucional del juzgado la señora Silvia
Alejandra Reyes Silva remitió el 1º de febrero de 2022 copia de la historia
clínica que daba cuenta de la terminación de su embarazo y que también
informó que tal situación le había sido informada en su momento al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander.
Anotó que lo anterior fue comunicado por parte del juzgado el mismo 1º de
febrero de 2022 al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
4.4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, hizo un recuento de la
conformación de las listas de elegibles para los distintos empleos de la
Convocatoria 4, dentro de la que se encuentra el cargo al que actualmente
aspira el actor quien superó las etapas del concurso de méritos.
Precisó que el hoy accionante, señor Sergio Fernando García Santander envió
un correo electrónico en el que manifestó su disponibilidad para ocupar el
cargo de Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado Primero
Administrativo de San Gil, pero que, de acuerdo con la información reportada
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por el área de talento humano, la servidora que ocupaba el cargo en
provisionalidad estaba en embarazo.
Anunció que pese a lo anterior, en atención a la solicitud del actor, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo PSAA08-4856
del 10 de junio de 2008, se requirió al área de talento humano la
documentación con la que se registró la novedad y que, el 1º de febrero de
2022 fueron informados que el Juzgado Primero Administrativo de San Gil
notificó que no se remitió la licencia de maternidad “como quiera que la
Profesional Universitario Silvia Alejandra Reyes Silva, no dio a luz, pues tuvo un
sangrado que conllevó a la pérdida de su embarazo”.
Que ante dicha información, se procedió a publicar en las opciones de sede
del mes de febrero de 2022, la vacante de Profesional Universitario Grado 16
del Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil, siendo este el escenario
en el que el accionante y los demás integrantes del registro nacional de
elegibles de dicho cargo, debían optar para conformar la lista de elegibles que
se debía enviar al juzgado para que, en calidad de autoridad nominadora
realizara el respectivo nombramiento y posterior posesión, previo
cumplimiento de los requisitos y en los términos de ley.
En ese orden de ideas, concluyó que la elección de sedes y cargos vacantes
debía realizarse dentro del mismo término de la publicación y que en ningún
evento se consideraban las solicitudes referentes a sedes y cargos no
publicados de manera que, quedaba claro que cada aspirante podía optar para
los cargos a los que se inscribió, siempre que integrara el correspondiente
registro de elegibles.
Aclaró que para conformar las listas de elegibles destinadas a la provisión de
cargos de empleados, la disponibilidad de los integrantes del registro de
elegibles, debía verificarse mediante la publicación de sedes y cargos
vacantes a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co
para lo cual los integrantes del registro debían tramitar la comunicación en la
forma y términos establecidos.
Por las anteriores razones, pidió ser desvinculado de la presente acción.
4.5. La señora Silvia Alejandra Reyes Silva, quien se desempeña en el empleo
de Profesional Universitario Grado 16 en provisionalidad en el Juzgado
Primero Administrativo de San Gil, manifestó que la presente acción era
improcedente al ser la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santander un acto administrativo entendido como
aquel que crea, extingue o modifica una situación jurídica en cabeza de una
persona como sucedió en este caso. Incluso, dijo que era allí donde podía
plantear la suspensión provisional de los actos como mecanismo más eficaz
que la misma acción de tutela.
De los hechos narrados por el actor, aclaró que, si bien el señor García
Santander trabajó en ese despacho, fue hasta el mes de enero de 2021 y que
su embarazo fue hasta el mes de marzo de ese mismo año, de manera que el
actor mal podía conocer que esa situación se presentaba y menos aún hablar
de que la circunstancia de estar embarazada “nunca existió” ya que eran
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afirmaciones que tocaban su situación personal, colocando en entredicho su
buen nombre y afectándola con ese tipo de aseveraciones.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 1º de marzo de 2022, Tribunal Administrativo de Santander negó
las pretensiones de la demanda de tutela.
Inicialmente consideró la procedencia de la acción de tutela pese a la existencia de
un acto administrativo contenido en la respuesta que dio el Consejo Seccional de la
Judicatura a la petición del actor presentada el 7 de diciembre de 2021, pues a juicio
del tribunal, las pretensiones del accionante involucraban el principio de mérito
como garantía de acceso a la función pública, lo que trascendía a un asunto
constitucional, máxime cuando los términos y formalidades propias de un proceso
ordinario no estaban en línea con los reducidos términos establecidos en el Acuerdo
PSAA08-4856 del10 de junio de 2008 para la provisión en propiedad de los empleos
en vacancia definitiva, por lo que la tutela era el mecanismo necesario para obtener
una decisión pronta y eficaz.
Del estudio al fondo del asunto, encontró que si bien el empleo de Profesional
Universitario Grado 16 del Juzgado Primero Administrativo de San Gil no se ofertó
en el mes de diciembre de 2021, sí lo fue en el mes de febrero de 2022, antes de la
interposición de la tutela, y que el actor se postuló el 7 de febrero de 2022 de
conformidad con lo manifestado por él mismo en el trámite de la presente acción,
de manera que lo pretendido por el actor ya había tenido ocurrencia y en ese orden
de ideas, no había lugar a un amparo en ese sentido.
En relación con que se diera alcance a la solicitud radicada ante el Consejo
Seccional de la Judicatura el 7 de diciembre de 2021 como formato de opción de
sede, para su posterior inscripción como primero en turno para el cargo de
Profesional Universitario Grado 16 adscrito al Juzgado Primero Administrativo de
San Gil y su consecuente nombramiento en propiedad al mencionado cargo,
consideró que el procedimiento a seguir de conformidad con el Acuerdo No.
PSAA08-4856 de 2008, que fue expresamente señalado al accionante en la
resolución No. CSJSAR21-348 del 28 de octubre de 2021 mediante la cual se
conformó la lista de elegibles de la que hace parte, era la publicación de los cargos
en vacancia definitiva para que, en los términos del mismo acuerdo, todos los
interesados -integrantes de la lista de elegibles y empleados de carrera-, optaran
por alguna de las sedes que fueron ofertadas.
Destacó que el artículo 4º del Acuerdo No. PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008,
indica que “En ningún evento se considerarán las solicitudes referentes a sedes y cargos
no publicados…”, por lo tanto, precisó que el escrito dirigido por el accionante al
Consejo Seccional de la Judicatura el día 07 de diciembre de 2021, no podía ser
tenido en cuenta como postulación de sede, ya que el mismo no se ajustaba al
procedimiento reglado en el Acuerdo No. PSAA08-4856 de 2008, en razón a que el
cargo de Profesional Universitario Grado 16 adscrito al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil no había sido ofertado en los formatos
de opción de sede del mes de diciembre del año 2021 y, por tanto, esa vacante
definitiva no había sido dada a conocer a los demás integrantes de la lista y
empleados de carrera de la rama judicial, que al igual que el accionante tenían
derecho acceder a los cargos públicos en vacancia definitiva.
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6. Impugnación
El accionante impugnó la decisión. Informó que presentó postulación para el cargo
de Profesional Universitario el 7 de febrero de 2022, pero aclaró que esta actuación
la debió hacer, sin perjuicio del trámite de la acción de tutela, pues a su juicio, no
suple la postulación que realizó en el mes de diciembre de 2021.
Indicó que la acción de tutela se presentó por la decisión de no dar validez a la
postulación realizada en el mes de diciembre de 2021, y que esa situación no podía
tenerse como saneada, pues desconocía de plano que fue primero en el tiempo
para optar por el cargo.
Advirtió que la decisión no tuvo en cuenta los fundamentos de la acción de tutela,
relativos a que el Consejo Seccional y el Juzgado Primero Administrativo Oral de
San Gil incumplieron su obligación de revisar la situación de protección
constitucional alegada sobre el cargo, que el Juzgado Primero Administrativo Oral
de San Gil incumplió con la obligación de informar la interrupción del embarazo de
la persona nombrada en provisionalidad y que estas omisiones trajeron como
consecuencia que el cargo no fuese ofertado en el mes de diciembre de 2021 como
legalmente debió suceder, por lo que las consecuencias negativas no podían serle
trasladadas, al ser quien en forma oportuna presentó la postulación al cargo de
Profesional Universitario Grado 16.
En esa medida, insistió que debió verificarse desde qué momento estaba vacante
el cargo y desde qué fecha debió ser ofertado. Por lo demás, reiteró los argumentos
presentados en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a
cargos públicos del actor, al no tener como formato de opción de sede la postulación
que hizo en el escrito del 7 de diciembre de 2021 en relación con el empleo de
Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado Primero Administrativo de San Gil
y de no haber ofertado el empleo en mención en el mes de diciembre de 2021 sino
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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hasta el mes de febrero de 2022, por no haber verificado que el estado embarazo
de la persona que estaba en provisionalidad había finalizado por una pérdida
gestacional y por tanto, la plaza pudo haber sido ofertada y no esperar a hacer las
averiguaciones del caso para establecer la situación en la que se encontraba el
empleo.
De manera preliminar, corresponde a la Sala establecer si la presente acción de
tutela es procedente, a la luz del requisito general de subsidiaridad.
3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable
Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto,
la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias4, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
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Demandante: Sergio Fernando García Santander
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20155 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."6
3.2. En el presente caso, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues el actor puede cuestionar la legalidad de la decisión
contenida en el Oficio CSJSAO22-118 del 1º de febrero de 2022 proferido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander suscrito por el Presidente
y Vicepresidente de la entidad, en el que se dio respuesta a la solicitud
presentada el 7 de diciembre de 2021, a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 5),
por tratarse del mecanismo judicial previsto para cuestionar actos
administrativos de contenido particular y concreto, pues lo cierto es que dicho
medio resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio.
3.3. De acuerdo con los antecedentes del caso, se tiene que el señor Sergio
Fernando García Santander presentó petición el 7 de diciembre de 2021 en la
que, en síntesis, solicitó: i) la posibilidad de que se tuviera como postulación y
primero en turno para el empleo de Profesional Universitario Grado 16 en el
Juzgado Primero Administrativo de San Gil, ii) se oficiara al mencionado
juzgado acerca de su inscripción en el mencionado cargo y se le informara que
debía proceder a su nombramiento en propiedad, iii) se revisara la condición
actual de la empleada que estaba en provisionalidad en el empleo, a efectos
de determinar que en efecto, tanto el nominador como la empleada sobre la
que se alegaba la protección constitucional hubieran remitido al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander los documentos con los que se
acreditan los requisitos para dicha protección, esto es, la prueba de embarazo
expedida por la EPS a la que se encuentra afiliada y el registro civil del menor
en caso de haber nacido y, iv) se le se le entregara copia del oficio o del correo
en el que se hubiera comunicado tal situación, así como del acto administrativo
por el que se nombrara la persona que entraría a cubrir la respectiva licencia
por maternidad.
La respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Santander del 1º de
febrero de 2022, fue la siguiente:
“Para los fines pertinentes y de manera atenta, nos permitimos dar respuesta a su
solicitud de referencia, en los siguientes términos:
5 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
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La Ley 270 de 1996 en su título II regula la Carrera Judicial y los procesos de
selección, otorgándole al H. Consejo Superior de la Judicatura la competencia de
reglamentar de manera específica la forma, clase, contenido, alcances y demás
aspectos de cada una de las etapas del proceso de selección y del concurso de
méritos.
El H. Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo No. PCSJA17-10643
de 2017, a través del cual, dispone que los Consejos Seccionales de la Judicatura
adelanten los procesos de selección, actos preparatorios, expidan las respectivas
convocatorias, de conformidad con las directrices que se impartan para la provisión
de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios.
Mediante Acuerdos Nos. CSJSAA17-3609, CSJSAA17-3610 de 6 de octubre de
2017 y No. CSJSAA17-3611 de 10 de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, convocó al concurso de méritos destinado a la
conformación de los registros seccionales de elegibles para los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los
Distritos Judiciales de Bucaramanga y San Gil, y Administrativo de Santander, los
cuales en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia es
norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por tanto, de perentorio
cumplimiento tanto para la administración como para los participantes.
Una vez en firme la Resoluciones por medio de las cuales se publica el Registro
Seccional de Elegibles, se continuó con lo establecido en el numeral octavo (8) del
artículo segundo (2) de los Acuerdos de convocatoria, en el cual se establece:
“(…)
8. OPCIÓN DE SEDES
Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y 165 de
la Ley 270 de 1996 y el reglamento vigente…” Negrillas y subrayado fuera de
texto.
Por Acuerdo No. PSAA08-4856 de 10 de junio 2008, se reglamentó el parágrafo del
artículo 165 y el inciso 2º del artículo 167 de la Ley 270 de 1996 y se dictaron otras
disposiciones relacionadas con la actualización de los registros y listas de elegibles
para los cargos de carrera de empleados de la Rama Judicial, especificando que el
Consejo Seccional, publicará, a través de la página web de la Rama Judicial link
(…) se publicarán, las sedes y cargos vacantes, indicando las categorías y
especialidades de los mismos, con el fin de que los integrantes del Registro de
elegibles manifiesten su disponibilidad para el desempeño de los cargos.
La anterior publicación, también se efectúa con la finalidad de que los empleados
de carrera puedan solicitar traslado en la forma señalada en el correspondiente
reglamento, dentro de los términos previstos en el Acuerdo mencionado.
Así las cosas, se precisa que la elección de sedes y cargos vacantes debe
realizarse dentro del mismo término de la publicación1. En ningún evento se
considerarán las solicitudes referentes a sedes y cargos no publicados. Cada
aspirante podrá optar para los cargos a los que se inscribió, siempre que
integre el correspondiente registro de elegibles.
Igualmente, se precisa que para conformar las listas de elegibles destinadas a la
provisión de cargos de empleados, la disponibilidad de los integrantes del registro
de elegibles, se verificará, mediante la publicación de sedes y cargos vacantes a
través de la página Web de la rama judicial, www.ramajudicial.gov.co, para lo cual
los integrantes del registro deberán tramitar la comunicación en la forma y términos
establecidos.
Bajo la situación que nos ocupa, de conformidad con la verificación en el correo
electrónico autorizado para recepcionar la escogencia de sede, se observa que fue
allegado vía correo electrónico un mensaje de datos donde manifiesta su
disponibilidad para ocupar el cargo de Profesional Universitario Grado-16 del
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Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil, no obstante de acuerdo a la
información reportada en el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, la servidora que se encontraba ostentando el
cargo provisionalmente, contaba con un fuero especial de maternidad (información
remitida por la misma área a la seccional), sin embargo, en atención a su solicitud
se le requirió al Área de Talento Humano, la documentación con la que se registró
la novedad y en el día de hoy informaron, que el Juzgado 01 Administrativo de San
Gil informó que no se ha efectuado remisión de licencia de maternidad, “como
quiera que la Profesional Universitario Silvia Alejandra Reyes Silva, no dio a luz,
pues tuvo un sangrado que conllevo la pérdida de su embarazo.” Ante dicha
información la seccional procederá a publicar en las opciones de sede del mes de
febrero la vacante de Profesional Universitario Grado-16 del Juzgado Primero
Administrativo Oral de San Gil.
Igualmente el H. Consejo Superior de la Judicatura, brindó directrices a los
Consejos Seccionales de la Judicatura, acerca del control respectivo, para que una
vez cumplido el periodo de protección, la vacante sea ofertada o se de curso a los
actos de nombramiento y posesión si es del caso, y se de curso a la normatividad
y reglamento para la provisión de cargos en vacancia definitiva en propiedad, para
lo cual cuenta con el apoyo de los respectivos nominadores y de la Dirección
Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial.
Es menester precisar que la finalidad de este proceso de selección, fue convocar a
todos los interesados para que se inscribiera en el concurso de méritos destinado
a la conformación del Registro Seccional de Elegibles y que esta opera para los
cargos que se encuentran en vacancia definitiva al momento de iniciarse el
concurso de méritos, durante el desarrollo del mismo, así como las que se generen
durante la vigencia de los Registros de Elegibles.
Por lo anterior el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, no puede
acceder favorablemente a su solicitud de opción de sede en el cargo Profesional
Universitario Grado-16 del Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil en el
mes de diciembre, en la medida que no se encontraba publicado por lo
anteriormente expuesto. No obstante, puede realizar escogencia de sede cuando
sea publicada las opciones de sede en el portal web del Consejo Seccional.
Bajo estos términos, esperamos haber brindado una respuesta de fondo, clara y
precisa a lo por usted planteado”.
3.4. En este sentido, se indicó por parte de la Dirección Seccional de Santander
los motivos por los que, de una parte, no era viable tener la solicitud
presentada como opción de sede al tener que guiarse el respectivo proceso
de selección por las normas allí establecidas, entre ellas la relacionada con la
publicación de sedes y la imposibilidad de considerar solicitudes referentes a
sedes y cargos no publicados, situación que se presentó en el caso del actor
quien, pese a que en el formato de opción de sede del 1º de diciembre de 2021
no se contempló el empleo de Profesional Universitario Grado 16 del Juzgado
Primero Administrativo de San Gil por protección laboral reforzada por
maternidad, insistió en que se le tuviera en cuenta la postulación que hacía en
el escrito presentado el 7 de diciembre de 2021, lo que según indicó la
administración, no era posible al no haberse publicado para ese momento la
respectiva vacante.
De otro lado, se le informó la gestión llevada a cabo en relación con la
información actualizada del empleo de Profesional Universitario Grado 16 del
mencionado Juzgado Primero Administrativo de San Gil, de donde se pudo
establecer que de acuerdo con lo reportado por el área de talento humano, el
empleo ya no estaba afectado por protección especial de maternidad al
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reportarse la novedad de no haber dado a luz la empleada que ocupa el cargo
en provisionalidad por una pérdida del embarazo durante el periodo de
gestación y señaló que, en ese sentido se procedería a ofertar el empleo para
que quienes estuvieran interesados y cumplieran los requisitos de ley,
pudieran optar al mismo.
3.5. Es así como se advierte una respuesta de fondo que indicó la situación actual
del empleo en el que se encuentra interesado el actor y se le definió la
situación de no tener por presentada la opción de sede con la manifestación
que hizo en la petición, por las razones legales que imponían las reglas del
concurso, de manera que, al insistir en tal desacuerdo frente a la decisión que
se adoptó por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santander en este sentido, no es la tutela el mecanismo idóneo para
controvertir tal determinación, ya que como se anotó, es el medio de control
ordinario el que escenario en el que puede discutir todo lo relacionado con la
situación en la que pretende estar y lo atinente a la oferta o no del empleo
vacante y a las circunstancias que en su momento rodearon el caso frente a
la protección laboral reforzada que se predicó, en virtud del estado de
embarazo en el que en su momento reportó la actora a su empleador y que
lastimosamente no llegó a término, quedando por tanto de nuevo la vacante
para ser ofertada, aspectos que puede presentar al juez natural, incluso con la
posibilidad de pedir la suspensión provisional de las decisiones que le afectan,
de considerarlo pertinente.
3.6. Estudio de la configuración de un posible perjuicio irremediable
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
está instituida como un mecanismo judicial subsidiario y residual que procede
cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judiciales, de manera
que no se trata de un mecanismo que no puede suplir al juez natural al que,
en principio, deben acudir los ciudadanos con el fin de obtener un
pronunciamiento de fondo.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha indicado que es posible que,
pese a la existencia de mecanismos idóneos y eficaces para discutir
determinado asunto, cuando no exista otro medio de defensa judicial que
permita resolver el conflicto relativo a la afectación de un derecho fundamental,
cuando el mecanismo no resulte eficaz e idóneo o cuando la intervención del
juez busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable, es posible que
la tutela sea el mecanismo idóneo.
En palabras de la Corte7, para caracterizar un perjuicio como irremediable, es
necesario que se acrediten los siguientes requisitos: “(i) una afectación inminente
del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la
afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de los remedios para la
efectiva protección de los derechos en riesgo”8.
7 Sentencia T-383 de 2021, ponencia de la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Sentencia T-146 de 2019, igualmente con ponencia de la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado.
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3.7. Verificadas las circunstancias del caso, encuentra la Sala que no se configura
un perjuicio irremediable, pues el accionante no manifiesta ni prueba alguna
situación de urgencia que implique la intervención impostergable del juez
constitucional para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
Por el contrario, se advierten una serie de situaciones administrativas que se
dieron en torno a la postulación a un empleo producto de un concurso de
méritos, a la vacancia definitiva del mismo y demás aspectos propios de un
estudio por parte del juez natural, que implica la revisión de situaciones tales
como las reglas de la respectiva convocatoria, las oportunidades de
postulación a los empleos y demás que pueden plantearse en la discusión que
se proponga en sede ordinaria.
Ahora bien, tal como lo manifestó el mismo accionante, se postuló el 7 de
febrero de 2022 al empleo de Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado
Primero Administrativo de San Gil, de manera que cuenta con una expectativa
frente al empleo que pretende, lo que impone concluir que tampoco se
configura un perjuicio irremediable en relación con la posibilidad de opción de
la vacante, que es precisamente el aspecto central que discute a través de la
presente acción constitucional.
3.8. También es del caso precisar al actor que las posibles omisiones que dice
pudieron presentarse en relación con la comunicación de la situación de
protección constitucional que en su momento amparó a la servidora que ocupa
en provisionalidad el empleo al que aspira el actor, son aspectos que podrá
presentar al juez natural ya que estos argumentos están dirigidos a cuestionar
la forma como el nominador y el consejo seccional actuaron y la respuesta que
resolvió de fondo su solicitud.
4. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala revocará el fallo de primera
instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar,
declarar improcedente la presente acción de tutela, por no cumplirse con el requisito
de subsidiariedad y no estar acreditada la existencia de un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 1º de marzo de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Santander para, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Sergio Fernando
García Santander, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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