Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2022-00137-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2022-00137-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2022-00137-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
22 de mayo de 2025
Radicado: 68001-23-33-000-2022-00137-01 (27750)
Demandantes: Calzado Yessicar SAS y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2022-00137-01 (27750)
Demandantes: Calzado Yessicar SAS y otro
Demandada: DIAN
Temas: Renta 2016 e IVA 2016. Cuatrimestres 1 a 3. Aplicación de la firmeza
de las declaraciones tributarias (art. 277 de la Ley 1819 de 2016).
Proveedores ficticios. Acreditación de costos y gastos. Suficiencia de
la prueba. Sanción al representante legal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia, del 09 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvió2:
Primero. Negar las pretensiones invocadas en la demanda instaurada por [la actora] contra la DIAN
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Condenar en costas en esta instancia procesal a las partes demandantes las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de la corporación, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta decisión.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante las liquidaciones oficiales de revisión 2021004050000016; 2021004050000017
y 2021004050000018, todas del 24 de marzo de 2021, fueron modificadas las
declaraciones del IVA de los tres cuatrimestres del año 2016 presentadas por la actora,
para rechazar parcialmente compras, desconocer impuestos descontables e imponer
sanción por inexactitud3. Igualmente, a través de la Liquidación Oficial de Revisión
0424120210000012 de la misma fecha, se modificó la declaración de renta del año
gravable 2016, disminuyendo costos y rechazando pasivos, con dos proveedores e
imponiendo sanción por inexactitud a la sociedad y al representante legal4. Lo anterior
fue confirmado por medio de las resoluciones 1166, 1167, 1168 y 042592021000003,
todas del 29 de octubre de 2021, que resolvieron los recursos de reconsideración5.
1
Samai Tribunal, índice 34, certificado DBA240F262CCA3F4 8E716841DA44A1A6 12F10B5AA6A2C5AF 0641492457DCB6EE (pdf), pp. 1 a 6.
2
Samai Tribunal, índice 31, certificado 6190530FD6F52A57 1C287B07B6D3B9E5 73F1ED960FAA017D C9C3CC236CAFE4C4 (docx), pp. 32 a 33.
3
Samai CE, índice 20, certificado 59D8976C1C5C7BE9 D76E37C36ECAB440 848D5CAFCD4173CA 376E0DF32E7000E7 (zip), 3 (pdf), pp. 531 a 750,
1197 a 1240 y 1588 a 1625.
4
Samai CE, índice 20, certificado 59D8976C1C5C7BE9 D76E37C36ECAB440 848D5CAFCD4173CA 376E0DF32E7000E7 (zip), 3 (pdf), pp. 2259 a
2316.
5
Samai CE, índice 20, certificado 59D8976C1C5C7BE9 D76E37C36ECAB440 848D5CAFCD4173CA 376E0DF32E7000E7 (zip), 3 (pdf), pp. 603 a 648,
1275 a 1322, 1663 a 1703 y 2365 a 2417.
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Radicado: 68001-23-33-000-2022-00137-01 (27750)
Demandantes: Calzado Yessicar SAS y otro
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones6:
Primera. Se demanda la nulidad de los siguientes actos administrativos, cuya sumatoria nos da una
cuantía total de … $762.787.000 y que corresponden al monto de los impuestos y sanciones
liquidadas en los siguientes: [Liquidación Oficial de Revisión 042412021000012, del 24 de marzo de
2021; Resolución 042592021000003, del 29 de octubre de 2021; Liquidación Oficial de Revisión
2021004050000017, del 24 de marzo de 2021; Resolución 1166, del 29 de octubre de 2021;
Liquidación Oficial de Revisión 2021004050000016, del 24 de marzo de 2021; Resolución 1167 del
29 de octubre de 2021; Liquidación Oficial de Revisión 2021004050000018, del 24 de marzo de 2021
y Resolución 1168, del 29 de octubre de 2021].
Segunda. Se restablezca el derecho de mis [representadas], en el sentido de que, como
consecuencia de las declaratorias de nulidad solicitadas, se determine que las declaraciones
privadas correspondientes al impuesto de renta del año 2016, y a los impuestos sobre las ventas de
los periodos 1, 2 y 3 del año 2016 presentadas por [la actora] han quedado en firme y no debe
cancelar ninguno de los valores que fueron adicionados y liquidados en las liquidaciones oficiales de
revisión que modificaron las declaraciones de renta e IVAS (sic) 1, 2 y 3 del año 2016.
Tercera. Se condene a la entidad demandada al pago de las costas del proceso y agencias en
derecho.
Cuarta. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, se determine
que el señor Fernando Fuentes Medina, así como la sociedad Calzado Yessicar no están obligados
a cancelar la sanción a administradores por valor de $46.137.000, ni las sanciones de inexactitud
por la suma de $378.325.000, respectivamente, impuestas por el total de $424.462.000, las cuales
se liquidaron por parte de la DIAN, teniendo en cuenta que las condenas se hacen con base en los
rechazos de costos, de pasivos, e IVAS (sic) descontables, y donde la DIAN decidió adicionar valores
en las liquidaciones oficiales, cuya nulidad se ha declarado.
Quinta. Subsidiariamente, y en gracia de discusión, si, no obstante los argumentos dados, el
honorable tribunal no declara la nulidad total de los actos demandados, solicitamos la nulidad parcial
de las liquidaciones oficiales de revisión y sus respectivas resoluciones confirmatorias, en cuanto
hace relación a la sanción por inexactitud que se ha aplicado a la sociedad Calzado Yessicar, en los
actos administrativos de renta e IVAS (sic) 1, 2 y 3 de 2016, por cuanto los valores que estamos
defendiendo como costos, pasivos, y descontables son procedentes, son absolutamente reales y
auténticos y no son falsos ni desfigurados, por cuanto efectivamente existen las operaciones
comerciales declaradas, así como deudas reportadas en la liquidación privada.
Sexta. Subsidiariamente, y en gracia de discusión, si, no obstante los argumentos dados, el
honorable tribunal no declara la nulidad total de los actos demandados, solicitamos la nulidad parcial
de la liquidación oficial de revisión correspondiente al impuesto de renta del año 2016, así como su
respectiva resolución confirmatoria, en cuanto hace relación a la sanción a administradores que se
ha aplicado al señor Fernando Fuentes Medina, por cuanto la administración tributaria no efectuó un
análisis individualizado de la conducta del representante legal, y solo se limita a aplicar la sanción
llamando la norma respectiva, sin hacer análisis subjetivo alguno. Reiteramos que los valores que
estamos defendiendo como costos, pasivos, y descontables son procedentes, son absolutamente
reales y auténticos y no son falsos ni desfigurados, por cuanto efectivamente existen las operaciones
comerciales declaradas, así como deudas reportadas en la liquidación privada, y la administración
no probó ninguna conducta del representante por la cual le fuese imputable la sanción.
Invocó como vulnerados los artículos 26, 29, 83 y 95.9 de la Constitución; 107, 617, 618,
683, 684-1, 742, 743, 744 y 745 del ET (Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989); 3, 42
y 137 del CPACA, bajo los siguientes conceptos de violación7:
6
Samai Tribunal, índice 4, certificado E285907770AC525C 8817795269EA713F D5B0F03EF034E9EA F32474A552CFB19F (pdf), pp. 5 a 7.
7
Samai Tribunal, índice 4, certificado E285907770AC525C 8817795269EA713F D5B0F03EF034E9EA F32474A552CFB19F (pdf), pp. 1 a 37.
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Previo a exponer sus planteamientos, la actora alegó la nulidad de los actos demandados,
con fundamento en el artículo 137 del CPACA por incurrirse en indebida e incluso falsa
motivación, y por vulnerar su derecho de defensa, al no apreciar las pruebas en conjunto
con base en los principios probatorios. Sostuvo que la Administración no desvirtuó la
veracidad de las pruebas documentales que aportó durante la investigación tributaria, las
cuales demostraban la existencia de reportes contables y soportes como facturas y
comprobantes de egresos, que acreditaban las compras de insumos, lo que conllevaba
reportar costos e impuestos descontables, así como la existencia de los pasivos
declarados. Expuso que, la demandada consideró insuficientes las pruebas para
respaldar las transacciones cuestionadas, porque no las valoró adecuada e
íntegramente, sino a su conveniencia, con apoyo de información en medios magnéticos
reportada por terceros, lo que, a su juicio, la condujo a conclusiones carentes de
«fundamentación lógica o jurídica».
Alegó que la Administración: (i) desconoció el artículo 26 de la Constitución, pues los
funcionarios no puede «acomodar» la interpretación para justificar sus actuaciones; (ii)
conculcó el principio de buena fe al rechazar pasivos que no eran ficticios; (iii) vulneró los
principios de justicia y equidad tributaria (art. 95 ejusdem) al rechazar pasivos, costos e
impuestos descontables procedentes, con base en «… una excesiva ritualidad en los
documentos soporte (…) existiendo otras formas válidas de probar esos pasivos » que no fueron
valoradas por la demandada; (iv) tomó decisiones que no estaban debidamente probadas
y llegó a conclusiones que no reflejaban la realidad probatoria de la actora; (v) omitió
valorar la totalidad del material probatorio y lo poco que analizó, lo hizo en forma
sesgada, basada en información de terceros (información en medios magnéticos); (v) no
aceptó los soportes documentales, los registros contables y las declaraciones de renta e
IVA que demostraban que las compras y pasivos eran reales, lo cual reclamaba en virtud
del principio de justicia. En cambio, se le exigió conocer circunstancias de terceros, como
cumplir la obligación de declarar, lo cual escapaba de su alcance
Adicionalmente, alegó que se vulneraron los artículos 3 y 42 del CPACA referidos a los
principios que deben aplicar las autoridades para tomar decisiones, con fundamento en
las pruebas obrantes en el proceso. Adujo que no se respetaron las garantías mínimas,
pues además de rechazar los costos debidamente soportados, se pretendía incluir los
pasivos como ingresos, pese a que se le fueron justificados a la demandada, con soportes
de pago, abonos a las deudas y amortizaciones, así como los comprobantes de egreso
de los insumos adquiridos (costos). Sin embargo, la Administración no les otorgó valor
probatorio, los desconoció y pretendía sancionar con inexactitud a la sociedad y al
representante legal.
Manifestó que, la DIAN pretendía rechazar todos los documentos contables aportados,
alegando las declaratorias de proveedores ficticios ocurridos dos y tres años después del
periodo gravable 2016 [se refiere a las de dos de sus proveedoras] y conforme a ello,
rechazar retroactivamente todas las operaciones reales de compra, los pasivos y
descontables del año 2016, por lo que erraba la demandada al expedir las liquidaciones
oficiales.
Respecto de los costos, reprochó que la DIAN hubiera señalado que solo se aportaron
dos facturas (691 y 701, ambas de enero de 2016) expedidas por Comercializadora e
Inversiones San Miguel SAS; puesto que la actora había allegado con ocasión a los
requerimientos especiales, facturas, comprobantes de egreso y cuadros con el detalle de
los movimientos comerciales de los dos proveedores, nada de lo cual analizó la entidad,
sino que se ciñó a tener como inexistentes las operaciones, porque los proveedores de
los proveedores de la demandante fueron declarados proveedores ficticios, o no
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contaban con elementos para comercializar, pero no analizó los documentos aportados,
lo que vulneraba su derecho de defensa y al debido proceso. Planteó que el reparo de la
demandada en relación con los pagos en efectivo efectuados a sus proveedores San
Miguel SAS e Invercrom SAS, no permitía su trazabilidad, constituía una mera suposición.
Adujo que el señalamiento de la Administración sobre haber establecido la inexistencia e
inoperatividad de ambos proveedores, nada tenía que ver con ella, además de que, eso
correspondía a una investigación posterior al periodo discutido.
Señaló que no podían rechazarse los costos, impuestos descontables y pasivos
declarados, habiéndose allegado pruebas de las compras a los proveedores, y los
documentos soporte de la adquisión, así como de la amortización de los pasivos, los
cuales cumplían los requisitos del artículo 771-2 del ET. Afirmó que los actos
demandados se fundamentaron en apreciaciones de los funcionarios, o en argumentos
que correspondían a obligaciones de terceros.
Por otra parte, alegó que la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al
año gravable 2016 se encontraba en firme al momento de proferirse los actos
demandados, por no haberse notificado oportunamente el requerimiento especial. Explicó
que, en el Concepto Unificado 662, del 25 de julio de 2017 -vigente hasta la expedición
del Concepto 1543, del 11 de diciembre de 2018-, la Administración señaló que el término
de firmeza aplicable a las declaraciones presentadas en la vigencia fiscal 2017,
correspondientes al periodo 2016, era de dos años, conforme al artículo 714 ibidem
modificado por la Ley 1819 de 2016. En ese contexto, resaltó la «obligatoriedad de los
conceptos proferidos por la administración tributaria», según el artículo 264 de la Ley 223 de 1995
y el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018.
Manifestó que la declaración de proveedores ficticios de las sociedades Invercrom SAS
y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS se produjo el 10 de diciembre de 2019
y el 6 de febrero de 2020, respectivamente; es decir, transcurridos más de tres años
desde la presentación de las declaraciones por el periodo 2016, manera que, no podía
pretenderse una aplicación retroactiva de tal sanción, pues el rechazo de compras y
pagos, solo era procedente con posterioridad a la fecha en que se publique tal
declaratoria, por lo que no resultaba válido que la DIAN adujera eso como su principal
argumento, sobre todo cuando la actora no tuvo la oportunidad de conocer los procesos
o discutir los actos que los declararon proveedores ficticios.
Precisado lo anterior, reiteró que los costos e impuestos descontables fueron reales,
reunían los requisitos para su aceptación, y estaban soportados en facturas,
comprobantes de egreso y libros de contabilidad; sin embargo, sin fundamento legal, no
fueron valorados por la Administración. Manifestó que, además del argumento “descartado”
de la declaratoria de proveedor ficticio, la DIAN aludió a circunstancias especiales de los
proveedores, como su supuesta falta de logística, o sus problemas de declaraciones, o
la supuesta inexistencia de los productos para ser vendidos, así como a circunstancias
especiales de los terceros de quienes esos proveedores adquirieron los bienes que luego
le fueron vendidos, sin haber tenido en cuenta los documentos y soportes aportados, a
los que hizo mención en los actos proferidos. Agregó que la demandante no podía
conocer la situación financiera de sus proveedores, ni sus declaraciones y anexos, para
determinar los inventarios poseídos al momento de la compra, como tampoco las
circunstancias en que adquirió los bienes que posteriormente le fueron vendidos.
Seguidamente, reprochó que no obstante haberle desconocido la Administración los
costos de ventas por valor de $922.745.000, lo que equivalía al 60.58% de sus costos,
no se le modificó el monto de los ingresos declarados, siendo inadmisible que el 34.98%
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de los costos admitidos hubieran producido el volumen de los ingresos declarados.
Señaló que la demandada no cuestionó la veracidad de los pagos realizados a los
proveedores. Lo que ocurrió fue que la entidad ordenó una inspección tributaria, pero se
limitó a solicitar información de los proveedores, sin revisar la contabilidad y sus soportes,
la que, en todo caso, fue entregada. Seguidamente, citó la sentencia C-733 de 20038 y
sostuvo que, en este caso, era manifiesta la buena fe, puesto que dedujo lo que demostró
cómo efectivamente pagado, lo cual. No estaba en discusión. Adicionalmente, cuestionó
que se concluyera la inexistencia de una persona, por no aparecer en la dirección
suministrada al solicitar el RUT, o por no tener en su domicilio social los productos que
vende, o tener pocos empleados, y por ello, considerar improcedentes los costos
negociados con esta. Añadió que tampoco podía la DIAN exigir documentación e
información sobre medios de transporte, porque esto no dependía del adquirente de la
mercancía. En tal contexto, explicó que, en la actualidad para realizar transacciones, ni
siquiera se requería un establecimiento de comercio, lo que sería requisito para los
industriales de calzados, que no para su comercialización, lo que podía efectuarse incluso
vía telefónica o por cualquier otro medio, sin necesidad de desplazamiento a la sede de
los distribuidores.
Luego, con base en los artículos 107 y 647 del ET y la jurisprudencia de esta Sección,
concluyó que la demandada no podía desconocer la realidad de sus transacciones sin
ningún soporte jurídico, basándose en suposiciones y conclusiones erradas y
fundamentándose en la información exógena de terceros. Indicó que la demandada no
logró desvirtuar las operaciones que llevó a cabo con las sociedades Comercializadora e
Inversiones San Miguel SAS e Invercrom SAS. Por el contrario, acreditó que llevaba la
contabilidad en debida forma y la existencia de las transacciones cuestionadas. Por
último, defendió la legitimidad del pago en efectivo de sus operaciones durante el periodo
gravable 2016.
Respecto de los pasivos desconocidos por $507.645.623, señaló que contaba con la
totalidad «de los soportes contabilizados» de las transacciones y pagos que fueron objetados
por la Administración.
Por otra parte, sostuvo que el artículo 647 del ET diferenciaba los requisitos meramente
formales de la verdadera inxactitud, cuando se falseaban las cifras, que es lo que
originaba el rechazo de costos. Adujo que las deducciones se condicionaban al
cumplimiento de los requisitos del artículo 107 ídem, los cuales cumplían los pagos
realizados a los proveedores. En apoyo de esto, citó la sentencia de 23 de septiembre de
2010, exp 16739 CP Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez, en la cual se aceptaron costos,
aunque carecían de factura o documento equivalente, por haberse demostrado que eran
reales con otros medios probatorios, lo que evidenciaba que, aunque esta corporación
tenía en cuenta los requisitos formales, hacía primar la realidad de los pagos de costos.
Así, afirmó que, era inadmisible que la DIAN sin ningún soporte jurídico sino basada en
erradas suposiciones y conclusiones pretendiera desconocer la realidad de las
transacciones con sus proveedores, aduciendo la información exógena de dos
proveedores suyos, información a la cual no podía tener acceso.
Lo cierto era que los proveedores tenían la mercancía, se la vendieron y les fue pagada;
transacciones que fueron debidamente soportadas y contabilizadas, y posibilitaron la
obtención de los ingresos. Igualmente, estaban soportados los pagos, solo que a la Dian
le extrañaba que se hubieran efectuado en efectivo, pero sin señalar el fundamento legal
para exigir la bancarización, pues este no existía, de manera que no podía ser exigido
por la Administración.
8
Corte Constitucional, sentencia C-733 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
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Posteriormente, tras recapitular que, del pasivo rechazado por valor de $ 507.645.623,
una parte correspondía a Invercrom ($478.007.993) y la otra a Comercializadora e
Inversiones San Miguel ($29.637.630). Adujo que, en relación con el primero, la Dian se
limitó a señalar que fueron aportados comprobantes de ingreso, relación de pagos, sin
darles ninguna credibilidad, pese a tener la totalidad de soportes de las operaciones y
pagos. Por ello, solicitó que se le tuvieran en cuenta los anexos, pruebas y cuadros
detallados aportados con la demanda [no se refirió al segundo].
En resumen, alegó que, la demandada no realizó un proceso de verificación adecuado
para validar la inexistencia de los costos, descontables y pasivos, solo dio por sentada
su inexistencia, sin analizar las declaraciones de renta e IVA presentadas, ni valorar las
pruebas allegadas. Al hilo de ello, aseguró que la actora no incurrió en ninguna de las
conductas tipificadas en el artículo 647 del ET, pues una cosa era que la demandada no
quisiera aceptar las pruebas, y otra que, los conceptos glosados fueran inexistentes;
agregó que si la Administración decidió no aceptar las pruebas por supuestos errores de
terceros, no podía aplicar la sanción por inexactitud, porque los datos declarados no eran
falsos o desfigurados, lo que ocurría era que la entidad infería tal conducta por una falta
de contabilización y del reporte de las operaciones, en las declaraciones de los terceros,
y porque los proveedores de sus proveedores fueron declarados ficticios, sin atender el
material probatorio aportado que acreditaba su existencia. En ese sentido, enfatizó que
el rechazo de las pruebas que soportaban los pasivos, compras y costos declarados, no
implicaba su inexistencia, solo quedarían carentes de valor probatorio. Así, concluyó que,
no podía estar sujeta al rechazo de los conceptos glosados, simultáneamente con la
sanción por inexactitud.
En relación con la sanción de inexactitud impuesta al representante legal, indicó que
debían tenerse en cuenta los mismos argumentos propuestos frente a la sanción de la
sociedad. Afirmó que en los actos demandados no se hizo ningún análisis respecto de la
responsabilidad del representante legal respecto de las decisiones de la sociedad y que
la Dian consideró inconsistentes. Reprochó que lo único que hizo la Administración fue
reproducir el artículo 658-1 ejusdem y endilgarle responsabilidades por no haber dejado
salvedades al conocer las irregularidades, o por supuestamente haberlas ordenado o
aprobado. Arguyó que el hecho de que la sanción fuera impuesta en el mismo acto de
liquidación de la contribuyente, no implicaba que pudiera omitirse el análisis de la
conducta de la persona, la cual era diferente a la de la sociedad. Además, el tipo
sancionatorio no señalaba que por el hecho de proferirle liquidación oficial al
contribuyente, automáticamente se sancionara al representante legal, pues no se estaba
frente a una responsabilidad objetiva, la cual estaba proscrita en materia sancionatoria
administrativa. Al hilo de ello, negó que se hubieran ordenado o aceptado conductas
irregulares, manifestó que la Dian consideraba improcedentes las deducciones por
apreciaciones subjetivas, sin que hubiera incurrido en ninguna de las conductas
señaladas en el tipo sancionatorio, como omitir ingresos o incluir costos o gastos
inexistentes, y en este punto reiteró que lo glosado era real, obedeciendo su rechazo a
simples apreciaciones de la entidad.
Finalmente, afirmó que la demandada no desvirtuó las argumentaciones y pruebas que
demostraban la existencia de los conceptos que fueron glosados, lo que violó sus
derechos y desconoció las normas en que debían fundarse los actos demandados, lo que
viciaba de nulidad los actos no solo por la indebida y falsa motivación, sino también por
vulnerar el derecho de defensa al no apreciar las pruebas en conjunto. En ese sentido,
aseveró que los actos adolecían de una explicación «seria y acorde con las pruebas
recaudadas», pues se fundamentaron en suposiciones sin haber valorado adecuadamente
los libros y soportes contables. Destacó que a pesar de que aportó «los comprobantes de
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egreso, de amortización de los préstamos, y de la adquisición de los insumos mediante facturas », la
Administración descartó dichas pruebas sin ninguna justificación razonada, violando el
debido proceso y el «espíritu de justicia», a la luz de los principios del régimen probatorio,
de los cuales se apartó la demandada. Enfatizó que no resultaba aceptable que, con base
en «simples presunciones» y sin ningún soporte probatorio, la demandada hubiera
determinado la inexistencia de las operaciones por el hecho de haber pagado en efectivo,
sobre todo cuando aportó material probatorio que daba cuenta de su veracidad.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora por considerarlas improcedentes,
en tanto, los actos cuestionados se ajustaban al derecho aplicable9. En primer lugar,
destacó que la actuación administrativa se originó en el marco de las «acciones de control a
compradores de proveedores ficticios o proveedores con operaciones simuladas o inexistentes ». Sostuvo
que la investigación tributaria tuvo como enfoque la comprobación de la realidad o
materialidad de las operaciones con proveedores, respecto de los cuales, pudo
establecerse la celebración de operaciones simuladas o inexistentes, por ello, la
investigación se centró en las transacciones con las sociedades Invercrom SAS y
Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS. Seguidamente, se pronunció sobre los
cargos de la demanda, así:
-No operó la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2016. Sostuvo que el
término de firmeza era de tres años, conforme a la modificación del artículo 714 del ET,
efectuada por la Ley 1819 de 2016, el cual aplicaba a las declaraciones presentadas a
partir de su vigencia [29 de diciembre de 2016], con independencia del período gravable.
Entonces, como la declaración de renta en cuestión, fue presentada el 18 de abril de
2017, su firmeza se encontraba sujeta a ese término. Bajo tal contexto, la firmeza de las
declaraciones presentadas por la actora vencía, en principio, el 18 de abril de 2020; sin
embargo, este plazo fue suspendido del 19 de marzo al 1 de junio de 2020 debido a la
emergencia del COVID-19, razón por la cual, los requerimientos especiales fueron
notificados oportunamente. Frente al principio de irretroactividad de la ley, sostuvo que,
conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y la jurisprudencia de esta corporación, las
modificaciones a las normas procesales tenían aplicación inmediata, y destacó que la
normativa aplicable era la vigente en la fecha de presentación de la declaración. Explicó
que la firmeza de las declaraciones de IVA, se supeditaba a la de la declaración de renta
del mismo año gravable, según el artículo 705-1 ibidem.
Respecto de la obligatoriedad de la doctrina de la Dian [Concepto Unificado 662, del 25
de julio de 2017 que señalaba en dos años el término de firmeza para las declaraciones
del año gravable 2016 presentadas en 2017], afirmó que la Administración así lo hizo,
solo que, el análisis sobre la firmeza de las declaraciones del año 2016 tenía igualmente
soporte en el Oficio 902789 de diciembre 6 de 2018, que lo modificó al señalar que el
término de firmeza para las declaraciones presentadas en vigencia de la Ley 1819 de
2016, era de tres años.
-Se demostró en sede administrativa que las operaciones comerciales con Invercrom
SAS y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS no se realizaron. Precisó que la
verificación de la realidad, idoneidad, capacidad económica y operativa de estos dos
presuntos proveedores, se efectuó a partir del análisis de la información exógena que
estos reportaron, informando las compras que hicieron en el año 2016. Al respecto,
indicaron que sus mayores proveedores en tal año fueron: (i) para Invercrom:
Distribuidora Fercuir SAS con un 98.24% y ii) para Comercializadora e Inversiones San
9
Samai Tribunal, índice 18, certificado B325E24CD80EEB72 C53CEC7E046865C5 90106686F42A0139 EB585D0F1533BC2E (pdf), pp. 1 a 46.
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Miguel SAS: Invercrom con un 77.47% y José Mauricio Vera Bernal con un 0.37%. Así,
las presuntas compras de la actora a estos dos proveedores, eran las presuntas ventas
que la sociedad Distribuidora Fercuir SAS le hizo a Invercrom SAS, sociedad que a su
vez era la mayor proveedora de Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS
[proveedora de la actora].
Destacó que, que por efecto de las presuntas ventas efectuadas en el año 2016,
Distribuidora Fercuir SAS (mayor proveedor de Invercrom) fue declarada proveedora
ficticia el 11 de septiembre de 2019 mediante Resolución 001097, lo que correspondía a
un indicio con eficacia probatoria, toda vez que se demostró la inexistencia y/o simulación
de las operaciones de compra declaradas por la actora con los presuntos proveedores,
pues si este supuesto vendedor simuló operaciones con los proveedores de la
demandante, no contaba con la mercancía que supuestamente comercializó. En esa
línea, resaltó los fundamentos del acto sancionatorio contra Fercuir [principal proveedor
de Invercrom], entre ellos: (i) que la sociedad se constituyó en 2016, se disolvió en 2018,
para luego liquidarse en 2019; (ii) que de los 26 cruces de información con los terceros
informados como proveedores, 21 fueron devueltos por las causales “desconocido” o por
no residir en la dirección o estar desocupado el lugar, y los 5 restantes manifestaron no
haber efectuado operaciones con esa sociedad; (iii) no efectuó ningún aporte al
subsistema de salud.
Seguidamente, resaltó que Invercrom también fue declarada proveedor ficticio mediante
la Resolución 1564 del 10 de diciembre de 2019 por realizar operaciones simuladas e
inexistentes, entre otras razones, por: (i) la falta de capacidad operativa, ya que carecía
de infraestructura y personal necesario para desarrollar su actividad comercial; (ii) su
contabilidad y la y veracidad (iii) no funcionaba en la dirección reportada en el RUT; (iv)
compra aparente de mercancías a Distribuidora Fercuir SAS y a Comercializadora
Tamuck SAS -sociedades con nula capacidad operativa e infraestructura inexistente, sin
rastro del origen de la mercancía presuntamente comercializada, ni evidencia del
transporte, las que igualmente fueron declaradas proveedores ficticios.
Luego se refirió a Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, destacando que, su
mayor proveedora era Invercrom (77.47%), operaciones que fueron desvirtuadas al
probarse que esta última compañía no contaba con bienes o insumos, de manera que no
pudo comercializar. Advirtió que, además de Invercrom, se establecieron operaciones
simuladas e inexistentes con otros proveedores: José Mauricio Vera Bernal,
Comercializadora Gerc y Fredy Alonso Oviedo, y tampoco contaba con bienes para
comercializar.
Al hilo de lo anterior, resaltó que, Inversiones San Miguel fue también declarada
proveedor ficticio mediante Resolución 000972 de 2020 por realizar operaciones
simuladas e inexistentes, debido a (i) falta de capacidad operativa; (ii) su contabilidad, al
igual que la de sus presuntos proveedores (Fercuir y Tamuck) basada solo en facturas
de venta sin soportes adicionales que demostrara su trazabilidad; (iii) ausencia de
soportes adicionales de las supuestas compras y de los pagos a proveedores (iv)
insuficiencia de personal para desarrollar la actividad; (iv) manejo de efectivo para
efectuar pagos de gran cuantía con Invercrom , Fercuir y Tamuck; (v) ausencia de
evidencia del transporte y (vi) mercancía concentrada en tres proveedores: Distribuidora
Fercuir; Comercializadora Tamuck e Invercrom con nula capacidad operativa e
infraestructura inexistente, en algunos casos con los mismos representantes legales; sin
rastro alguno del origen de la mercancía supuestamente comercializada, todas
declaradas proveedores ficticios. Además, fueron advertidas facturas del proveedor
Fercuir con fecha de expedición 2017, pese a que la litografía las elaboró en el año 2019.
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Adicional, la facturación expedida por Invercrom se realizó bajo un NIT y nombre de un
litógrafo no autorizado (Nancy Johana Sánchez).
Señalo que, de lo anterior podía concluirse la inexistencia de las operaciones con los
prenotados proveedores; pudiendo inferirse la confección premeditada de circunstancias
que parecen legales y reales, como la inscripción en el RUT, en cámara de comercio, la
elaboración de declaraciones tributarias con el registro de cifras representativas, a fin de
dar apariencia formal y creíble a una sociedad utilizada como instrumento para disminuir
la carga tributaria.
Agregó que, lo anterior permitió establecer el “modus operandi” de la actora con sus
proveedores, quienes se articulaban entre sí en una aparente relación comercial de
compra y venta de mercancías, hechos que se encontraban demostrados, y no habían
sido desvirtuados por la demandante, pese a haberse invertido la carga probatoria,
indicios que valorados en conjunto evidenciaban la simulación e inexistencia de las
operaciones en el año 2016. Las transacciones mercantiles carecían de sustancia
económica.
-Para el rechazo de costos, compras e impuestos descontables no es requisito la previa
declaratoria de proveedor ficticio de los presuntos proveedores. Aclaró que el rechazo de
los pasivos, costos y descontables no se basó en la declaratoria de ficticios de sus
proveedores, ninguno de los actos se sustentó en tal aspecto, como lo pretendía hacer
ver el demandante, sino que ello obedeció a haberse demostrado la inexistencia de las
operaciones, evento en el cual, no era requisito que previamente hubieran sido
declarados proveedores ficticios los terceros. En ese contexto, adujo que esta Sección
ha precisado que la ausencia de sustancia económica en las operaciones justificaba el
desconocimiento de costos y descontables.
Manifestó que, que la norma tributaria no condicionaba el rechazo de los conceptos
glosados, a que se hiciera la prenotada declaratoria, de modo que, tal aspecto era tan
solo un motivo de rechazo, pero no el único, tanto era así que, tratándose de operaciones
con proveedores ficticios, la sanción era del 160%, mientras que en el caso concreto la
impuesta fue del 100%, dado que su fundamento fue la inexactitud en los conceptos
glosados. Reiteró que, pese a la inversión de la carga de la prueba para que la
demandante acreditara la realidad de la operación, no la demostró, pues consideró
suficiente argumentar que los presuntos proveedores fueron declarados ficticios con
posterioridad al año investigado, pretendiendo así, desconocer la gran cantidad de
indicios y pruebas directas con que contaba la demandada para demostrar la inexistencia
de las operaciones. Destacó que, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, los
indicios podían demostrar la simulación de operaciones y desvirtuar la presunción de
veracidad de la declaración
Añadió que la actora se limitó a aportar facturas y comprobantes de egreso, sin probar la
realidad de las compras y los pagos. Anotó que, lo lógico en operaciones comerciales de
esa naturaleza, por su valor, era que el comprador conociera como mínimo las
instalaciones físicas de su proveedor y la logística de su actividad, sobre todo cuando se
afirmaba haber realizado todos los pagos en efectivo. Además, se contradecía la actora
al defender que actualmente las transacciones se efectuaban por internet, y a la vez
aducir que los pagos fueron entregados a la mano, por no ser obligatoria su
bancarización. Así, concluyó que lo aportado correspondía a una aparente formalidad de
las operaciones, lo cual fue desvirtuado por la Dian.
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-La contabilidad de [la actora] no constituye prueba a su favor porque no refleja la
situación real de la sociedad y fue desvirtuada por la DIAN. Explicó que, si bien se
requerían facturas y documentos equivalentes para la procedencia de los costos, de
conformidad con el artículo 771-2 del ET, eso no impedía que la Administración pudiera
verificar la realidad de la transacción -la cual no fue acreditada en este caso-. Ahora,
aunque la contabilidad constituye prueba (art. 774 del E.T), se encontró que esta
presentaba falencias que no daban certeza de las operaciones registradas, pues se
evidenció que los documentos no presentaban razonablemente los movimientos, se
reflejaban valores negativos, y la cuenta de caja general mostraba salidas de dinero en
cuantías elevadas ($200.000.000 y $300.000.000), sin que hubiera saldos iniciales ni
finales. De modo que, la contabilidad no podía constituir prueba, al haber sido desvirtuada
por la Dian, con las pruebas aportadas por el mismo contribuyente, en tanto incumplía
los requisitos de los numerales 2,3 y 4 del precitado artículo, puesto que los
comprobantes no respaldaban su contenido, ni reflejaba la situación financiera de la
actora.
Reiteró que, las facturas no la supeditaban a reconocer el costo o deducción, sino que le
permitían comprobar la veracidad de los hechos allí contenidos, sin que fueran suficientes
para determinar la realidad de la operación; por el contrario, se evidenció que las
operaciones fueron simuladas, razón por la cual, procedía el rechazo de los costos y
pasivos. Insistió en que esto no se basó en la declaratoria de proveedor ficticio, sino en
las pruebas sobre los proveedores mencionados en apartes anteriores.
Igualmente, defendió la procedencia de la sanción por inexactitud, pues contrario a lo
señalado por la actora, las pruebas fueron valoradas, y se encontraron inconsistentes.
En cambio, la Administración demostró que, las operaciones fueron simuladas, lo que
justificaba el rechazo de los costos y pasivos, sin que la actora, hubiera demostrado la
realidad de las operaciones, pese a haberse invertido la carga probatoria. En
consecuencia, se configuró la conducta tipificada en el artículo 647 del ET. En relación
con la sanción al representante legal, adujo que, contrario a lo señalado por la actora, los
actos demandados contenían un detallado análisis de la procedencia de la sanción,
conforme al artículo 658-1 del ET, que entre otros eventos, contempla como irregularidad
sancionable que, los representantes legales ordenen o aprueben la inclusión de costos o
deducciones inexistentes, lo que se configuró en este caso, en razón del ejercicio de tal
cargo, firmando los estados financieros y la declaración de renta 2016. En tal contexto,
aseguró que, los actos demandados, explicaron claramente las razones de las
modificaciones (costos inexistentes por $922.744.812 y pasivos ficticios por
$507.645.623). Adicionalmente, aclaró que, no haber omitido ingresos era irrelevante,
porque la sanción obedeció a la inclusión de costos inexistentes.
Además, se opuso a la manifestación de la actora, concerniente a que no se valoraron
las pruebas, pues conforme a lo ya señalado, la entidad realizó una adecuada valoración
probatoria, y desvirtuó legalmente los documentos presentados por la actora.
Adicionalmente, con el despliegue probatorio efectuado, determinó la simulación de las
operaciones con Invercrom SAS y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, para
aminorar la carga tributaria [seguidamente reiteró los aspectos que la sustentaron], lo
cual no fue desvirtuado por la demandante.
Finalmente, aseguró que los actos estaban debidamente motivados con los fundamentos
fácticos y jurídicos que justificaban la modificación de las declaraciones de renta e IVA
del 2016, así como la imposición de sanciones a la sociedad y al representante legal.
Sostuvo que: (i) verificó la sustancia de las operaciones, concluyendo que solo tenían
soporte documental sin respaldo real; (ii) respetó el derecho de defensa, ya que la
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demandante tuvo oportunidad de aportar pruebas que demostraran la realidad de las
transacciones, pero no lo hizo; y (iii) no modificó los ingresos porque estos no fueron
objeto de revisión, de modo que el argumento era irrelevante para el litigio. Además,
garantizó la congruencia entre los motivos expuestos y la decisión adoptada, y
fundamentó su actuación en los hechos probados y las normas aplicables.
Tras lo anterior, solicitó condenar en costas a la actora.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda10. En primer lugar, describió el «marco
normativo y jurisprudencial» de la contabilidad como medio de prueba, el alcance de las
facultades de fiscalización de la Administración, la inspección tributaria, los requisitos de
los soportes documentales los costos y deducciones, las oportunidades probatorias
durante la actuación administrativa, la obligación de fundamentar los actos de liquidación
de impuestos en los hechos probados en el expediente. Luego, hizo un recuento de la
actuación administrativa.
Frente a la firmeza de las declaraciones tributarias, indicó que, acorde con la
jurisprudencia de esta corporación11, lo relevante era la fecha de presentación de la
declaración y no el periodo gravable. Entonces, como esto fue efectuado en el año 2017,
le aplicaba una firmeza de tres años, acorde con la nueva normativa en materia de
firmeza (art.277 de la Ley 1819 de 2016).
En cuanto a la improcedencia de los costos y deducciones, señaló que verificados los
actos, los mismos estaban debidamente motivados, puesto que contenían el análisis de
las pruebas, tanto de los cruces de información, como de las recaudadas por la
Administración y las aportadas por la actora, elementos de los que se derivaron las
inconsistencias relacionadas con la existencia y cuantía de las operaciones de la actora,
lo que permitió cuestionar la realidad de las operaciones con las sociedades Invercrom
SAS y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS. Seguidamente, advirtió que si
bien era cierto que a la luz del artículo 771-2 del ET, las facturas constituían pruebas
idóneas de los costos, gastos y descontables, esto no impedía que la Dian verificara la
realidad de las transacciones y si lograba probar que eran inexistentes, había lugar a su
rechazo, con prescindencia de las facturas o documentos equivalentes.
Señaló que, la demandada, al contrastar los documentos aportados -facturas de venta y
comprobantes de egreso- determinó que presentaban falencias, por lo que no se podía
afirmar que provenían de un programa contable que ofreciera certeza de la causación, ni
las características de las operaciones. Asimismo, destacó la observación de la
demandada respecto de que, nunca se registraron los saldos iniciales y finales con los
que debían quedar las cuentas, lo que, en la lógica técnica contable, debía suceder para
dar credibilidad a las operaciones registradas.
Tras lo anterior, el tribunal consideró que, la demandada había analizado en conjunto las
pruebas aportadas por la actora, así como las recaudadas en la inspección tributaria, lo
que le permitió arribar a la conclusión de la inexistencia de las operaciones.
Adicionalmente, precisó que, la Dian no había fundado su decisión en la declaratoria de
ficticios de los proveedores, pues aunque esto era relevante, el sustento lo constituyó el
conjunto de los demás indicios consolidados por la entidad, los cuales eran totalmente
válidos como medio de prueba para desconocer las compras, ante la falta de
10
Samai Tribunal, índice 31, certificado 6190530FD6F52A57 1C287B07B6D3B9E5 73F1ED960FAA017D C9C3CC236CAFE4C4 (docx), pp. 1 a 33.
11
Sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez,
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11
Radicado: 68001-23-33-000-2022-00137-01 (27750)
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demostración de la realidad de las operaciones, de lo que destacó el hecho de que, el
proveedor de la demandante realizara operaciones simuladas con terceros, a los cuales
no fue posible ubicar en su domicilio, o con quienes nunca había celebrado transacciones
comerciales, además de que no contaban con infraestructura física y operativa para
desarrollar las actividades económicas, ni hubieran suministrado soportes para refrendar
las ventas. Bajo tal sustentación, desestimó la falta de motivación aducida por la actora,
y precisó que, los documentos aportados por la contribuyente carecían de fuerza
probatoria para sustentar las transacciones.
Al hilo de lo anterior, concluyó que las facturas no eran soporte suficiente de los
conceptos glosados, puesto que fueron desvirtuadas por la Administración, de modo que,
pese al aparente velo de legalidad, en realidad las operaciones de compra fueron
simuladas. Agregó que, no podía aceptarse el argumento de la actora respecto de que,
basado en el principio de la buena fe mercantil, había reportado los mismos ingresos y
los costos para así establecer el egreso como deducible, pues los costos no eran
necesariamente proporcionales a los ingresos del periodo gravable investigado, por lo
que, siempre debía probarse su realización. En el mismo contexto, señaló que a la
demandante le asistía el deber de demostrar la existencia y cuantía de los pasivos
declarados.
En ese orden, puntualizó que no habiéndose probado la realidad de las operaciones,
procedía la sanción por inexactitud, en tanto se declararon costos de venta inexistentes
y registraron datos equivocados que condujeron a liquidar un menor saldo a pagar. Y por
la misma razón, mantuvo la sanción del representante legal (art. 658-1 del ET), quien por
haber ejercido las funciones de representación legal en el año 2016, conoció las
irregularidades y suscribió la declaración de renta. Por último, condenó en costas a la
parte demandante.
Recurso de apelación
La actora apeló la decisión12. Argumentó que la sentencia no analizó los argumentos
planteados ni las pruebas allegadas al expediente que acreditaban la realidad de las
operaciones. Tampoco, la firmeza de las declaraciones, ni la fundamentación con la que
se demostraba la falsa motivación y la vulneración de los derechos de defensa y
contradicción. Adujo además que, el fallo no se refirió en absoluto a los pasivos
rechazados, ni revisó las pruebas asociadas a estos.
Respecto del cargo de firmeza de las declaraciones, adujo que el término aplicable a las
declaraciones del período 2016, era de dos años, conforme lo había indicado la doctrina
de la DIAN en el Concepto Unificado (014116) del 25 de julio de 2017, el cual fue
modificado mediante el concepto 1543 del 11 de diciembre de 2018 para precisar que la
firmeza de tres años operaba para las declaraciones presentadas con posterioridad a la
vigencia de la Ley 1819 de 2016. Adujo que, bajo la primera doctrina, sus declaraciones
adquirieron firmeza, al no habérsele notificado los requerimientos especiales en el
señalado término de dos años; lo anterior, no solo por el principio de irretroactividad (art.
338 de la Constitución), sino también por la obligatoriedad de la doctrina de la DIAN,
según lo previsto en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y la sentencia C-514 de 201913.
Sobre el tema de fondo, cuestionó que la demandada, al igual que el a quo fundaran el
rechazo de los costos, compras, pasivos e impuestos descontables, en la declaratoria de
proveedores ficticios de las sociedades Invercrom SAS y Comercializadora e Inversiones
12
Samai Tribunal, índice 34, certificado DBA240F262CCA3F4 8E716841DA44A1A6 12F10B5AA6A2C5AF 0641492457DCB6EE (pdf), pp. 1 a 6.
13
Corte Constitucional, sentencia C-514 de 2019, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
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San Miguel SAS, que fue efectuada en 2019 y 2020, pese a que las transacciones
efectuadas con esas compañías databan del año 2016. De manera que, la citada
declaratoria ocurrió más de tres años después de que se presentaron las declaraciones
revisadas. Además, no tuvo la oportunidad de conocer las actuaciones adelantadas
contra las sociedades, ni controvertir las decisiones, puesto que no fue parte en esos
procesos.
Asimismo, destacó que la demandada desconoció el 60.58% del costo de ventas
declarado, lo que resultaba inadmisible y estaba por fuera de cualquier esquema de
negocios, pues no podía pretender la demandada que, para producir el volumen de
ingresos declarados, el costo de venta fuera solamente del 34.98%. No era aceptable
que se dejaran intactos los ingresos declarados, y se disminuyera el costo asociado. En
ese contexto, señaló que los requisitos esenciales para la procedencia del gasto, eran la
causalidad, necesidad, proporcionalidad -sin perjuicio de que igualmente debiera
verificarse la oportunidad e imputabilidad- los cuales cumplían los pagos efectuados.
Respecto de la sanción impuesta al representante legal, argumentó que la sentencia no
estudió suficientemente su procedencia, hizo una imputación objetiva de responsabilidad,
la cual se encontraba proscrita en materia sancionatoria administrativa, pues no analizó
la conducta de manera individualizada, como procedía, puesto que el artículo 658-1 del
ET no contemplaba que la sola imposición de una sanción por inexactitud al contribuyente
implicara sancionar al representante legal y al revisor fiscal. Además, aseguró que, el
representante no ordenó ni aprobó conductas irregulares, sino que, la Administración
consideró que las deducciones eran improcedentes basada en «… apreciaciones subjetivas
(…) frente [a las] actuaciones u omisiones de los proveedores ».
Planteó Igualmente que, no se omitieron ingresos, ni se incluyeron costos, pasivos o
deducciones inexistentes, que era la conducta tipificada como sanción para el
representante legal, adujo que la glosa correspondía a una «simple presunción»;. Afirmó
que la demandada «[n]unca … ha … discutido … que estas erogaciones no hayan existido, sino que
ha discutido es que (sic) no tenía por qué (sic) realizar esos gastos o tomarlos como deducción, o (sic)
porque considera que algunos terceros no han cumplido obligaciones ajenas a la sociedad, o (sic) que esos
terceros fueron declarados ficticios por la Dian, pero tres o cuatro años después de periodo gravable objeto
de revisión…». De manera que, como el hecho irregular atribuido a la sociedad era la «…
inclusión de deducciones supuestamente improcedentes pero existentes… » no había lugar a sanción,
puesto que los hechos se ajustaban a la realidad «… aun cuando no se ajusten a la legalidad
tributaria» según la demandada y el tribunal. Así, sostuvo que no podía sancionarse al
representante legal sin que existiera una norma que «establezca los hechos imputados», pues
se estaría aplicando una disposición que no consagra la conducta irregular endilgada, o
extendiendo analógicamente sus efectos. Finalmente, concluyó que no se había
cometido ninguna conducta sancionable, pues lo disciplinable era haber conocido
irregularidades, no la apreciación que de estas pudiera tener la Dian.
No recurrió la condena en costas.
Pronunciamientos finales
La apelante presentó un escrito de «pronunciamiento frente a la apelación de sentencia»14; sin
embargo, tal oportunidad no le corresponde a la parte que interpone el recurso, conforme
al ordinal 4 del artículo 247 del CPACA.
14
Samai CE, índice 9, certificado 92A68B1FF2EF06D7 0955533205FF9ECA 2685F368857A06E9 BB1062CE63D363B8 (pdf), pp. 1 a 4.
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Por su parte, la demandada manifestó que la sentencia se ajustaba a lo probado, por lo
que solicitó su confirmación, y condenar en costas a la apelante15. Afirmó que las
declaraciones presentadas en el año 2017, no adquirieron firmeza, pues estaban
supeditadas al término del artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, disposición de naturaleza
procesal. Además, explicó que la entidad revocó la doctrina que señalaba la firmeza en
dos años, en el término de firmeza establecido en el régimen anterior (dos años), y antes
de que se profirieran los actos demandados.
Adicionalmente, aseguró que se demostró judicialmente, a través de diferentes medios
de conocimiento, la «simulación y/o inexistencia» de las operaciones de comercialización en
la cadena de las operaciones de compra que declaró la actora con terceros, de manera
que, los actos demandados no se fundamentaron en la declaratoria de los proveedores
de la actora como ficticios, sino en la comprobación de que las operaciones comerciales
cuestionadas fueron «simuladas y/o inexistentes». Asimismo, precisó que el rechazo de las
compras e impuestos descontables frente a proveedores ficticios no requería, para su
validez, la declaración previa de dicha situación. También señaló que el cargo relativo a
la aceptación de los ingresos, desconociendo los costos asociados para producirlos, era
novedoso; con todo, aclaró que no los ingresos declarados no fueron cuestionados, no
sufrieron modificación alguna. Por último, reiteró la procedencia de la sanción al
representante legal, dada la inclusión de costos y deducciones inexistentes.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo los cargos de
apelación planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Problema jurídico
2- Corresponde a la Sala determinar si operó la firmeza de la declaración de renta del
periodo gravable 2016, presentada en el año 2017. En el evento de concluirse lo
contrario, la Sala deberá definir si: (i) la sentencia impugnada no atendió la argumentación
de la actora, ni valoró la totalidad de las pruebas que obraban en el expediente, ni tuvo
en cuenta la fundamentación relativa a la configuración de la falsa motivación, y a la
vulneración de los derechos de defensa y contradicción, ni se pronunció sobre los pasivos
que fueron rechazados; (ii) era improcedente la sanción por inexactitud al representante
legal.
Preliminarmente, la Sala debe indicar que, contrario a lo aducido por la demandada en la
etapa de pronunciamientos finales, la manifestación de la apelante acerca de que la
autoridad y el tribunal mantuvieron los ingresos declarados sin admitir la totalidad de los
costos requeridos para producirlos, no constituye un cargo nuevo, comoquiera que, tal
aspecto fue planteado desde la demanda, como parte del cuestionamiento del rechazo
parcial de costos.
15
Samai CE, índice 12, certificado 9DAD9F0FEE286C49 9DD74649416AEBBE 5CF49EFF2BDC8A9A 4E1C512E06EA0456 (pdf), pp. 1 a 15.
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Análisis del caso concreto
3- Con miras a resolver el primero de los problemas jurídicos, la apelante cuestionó que
el tribunal no consideró que, el término de firmeza aplicable a sus declaraciones del
período gravable 2016, era de dos años, conforme a la doctrina de la DIAN contenida en
el Concepto Unificado 662 (014116) de 2017 que estuvo vigente hasta diciembre de 2018,
momento para el cual, la entidad reconsideró tal criterio mediante Oficio 1543, del 11 de
diciembre de 2018, precisando que el término de firmeza aplicable para las declaraciones
presentadas con posterioridad a la vigencia de la ley 1819 de 2016, era de tres años.
Bajo tal contexto, adujo que sus declaraciones adquirieron firmeza, dado que no le fueron
notificados los requerimientos especiales en tal lapso; lo anterior, no solo en virtud del
principio de irretroactividad (art. 338 de la Constitución), sino también por la
obligatoriedad de la doctrina de la Dian, acorde con lo previsto en el artículo 264 de la
Ley 223 de 1995 y la sentencia C-514 de 2019.
La demandada defendió la no configuración de la firmeza respecto de las declaraciones
en cuestión, por cuanto fueron presentadas en el año 2017 -en vigencia del artículo 277
de la Ley 12819 de 2016- por lo que, les aplicaba el término de tres años allí previsto, por
tratarse de un asunto de carácter procesal. Además, destacó que la doctrina invocada
por la actora, fue revocada en el término de firmeza que se regulaba el régimen anterior
(2 años), y en todo caso, antes de proferirse los actos demandados.
A su turno, el tribunal, sustentado en la sentencia del 01 de julio de 202116, precisó que
lo relevante era que la declaración privada se hubiera presentado en vigencia de la nueva
normativa -Ley 1819 de 2016- que determinaba la firmeza en tres años, con
independencia del período gravable al que correspondiera, de modo que a las
declaraciones presentadas por la actora en el año 2017, les aplicaba el citado término.
3.1- Previo a abordar los cargos de apelación, es de señalar que, si bien la impugnante
se opuso a la conclusión del tribunal, de no haberse configurado la firmeza de las
declaraciones, lo cierto es que, no controvierte que tras la expedición del artículo 277 de
la Ley 1819 de 2016, el término de firmeza de las declaraciones presentadas bajo su
vigencia fuera de tres años, por tratarse de normas procedimentales [lo que se advierte,
corresponde al criterio de esta judicatura17], sino que su reproche se sustenta en que la
doctrina de la DIAN (Concepto Unificado 662 del 25 de julio de 2017) había señalado que
para las declaraciones del año 2016 que se presentaran en el año 2017, el término era
de dos años, lo que considera, lo amparaba, puesto que tal criterio solo fue modificado
con el Oficio 1543, del 11 de diciembre de 2018, a cuyos efectos invocó la obligatoriedad
de los conceptos de la entidad, prevista en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995.
3.2- A los efectos de absolver el cuestionamiento de la apelante respecto de que la
doctrina de la DIAN señaló una firmeza de dos años, para las declaraciones presentadas
en el año 2017, partirá la Sala de remitirse al artículo 264 de la Ley 223 de 1995, vigente
para la época, el cual preveía que los contribuyentes que actuaran con base en conceptos
escritos podrían sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y jurisdiccional en estos,
supuesto que no encuentra la Sección configurado en el caso bajo análisis, en tanto, la
presentación de las declaraciones tributarias, no corresponde a una actuación efectuada
a instancias de la doctrina invocada, esta solo obedeció al cumplimiento de un deber legal
que estaba obligada a satisfacer la demandante, con prescindencia de la doctrina
existente en materia de firmeza de las declaraciones. Es decir, que cualquiera que
16
Sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
Sentencia del 1 de julio de 2021 (exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Reiterada en las sentencias del 3 de octubre de 2024 (exp. 28374,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 9 mayo de 2024 (exp. 28334, CP: Wilson Ramos Girón).
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hubiese sido la doctrina en materia de firmeza, la presentación de las declaraciones no
sería atribuible al pronunciamiento de la entidad demandada.
Con todo, resulta muy relevante destacar que la posición doctrinal de la aplicabilidad en
el tiempo del nuevo término de firmeza incorporado en la Ley 1819 de 2016, además de
haber sido revocada por la misma autoridad mediante el Oficio 1543, del 11 de diciembre
de 2018, este último acto fue objeto de control jurisdiccional por esta judicatura y la Sala
al negar las pretensiones de nulidad ratificó el entendimiento acerca de que la naturaleza
procesal de la regulación del artículo 714 del ET implica que «el artículo 277 de la Ley 1819
de 2016 [que amplió el plazo de firmeza del artículo 714 ídem a tres años] cobró vigencia
desde el 29 de diciembre del 2016, día en que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial nro. 50.101, el
nuevo plazo de caducidad (de tres años) que debe observar la autoridad para iniciar mediante la notificación
de un requerimiento especial el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones tributarias empezó a
regir, con efecto general inmediato, desde la fecha antes indicada, salvo para aquellos eventos en que
dicha oportunidad ya hubiere empezado a correr de conformidad con los tres eventos preceptuados en el
artículo 714»18. No prospera el cargo de apelación.
4- Respecto del siguiente problema jurídico, la actora sostiene que la decisión impugnada
no consideró los argumentos, ni las pruebas aportadas, desatendió los cuestionamientos
de la falsa motivación y de violación de los derechos de defensa y contradicción y no
efectuó pronunciamiento alguno sobre los pasivos rechazados y la prueba de estos.
Cuestionó que, la demandada y el tribunal se sustentaron en las declaratorias de ficticios
de sus proveedores, Invercrom y Comercializadora e Inversiones San Miguel, lo cual
ocurrió en los años 2019 y 2020, mientras que el periodo investigado era 2016. Adujo que
no conoció tales procesos, ni pudo controvertirlos por no haber sido parte en ellos.
Seguidamente, reprochó el desconocimiento del 60.58% del costo de ventas, pues esto
afectaba la razonabilidad entre los costos y los ingresos. Arguyó que, los insumos
adquiridos eran necesarios para generar los ingresos, por lo que era inadmisible que la
Administración aceptara la totalidad estos, sin reconocer los costos asociados, pues esto
significaría que, con tan solo el 34.98% de los costos hubiera podido obtener el volumen
de los ingresos declarados, lo que estaba por fuera de cualquier esquema de negocios.
Planteó, además, que los requisitos esenciales de los gastos eran la causalidad,
necesidad y proporcionalidad -sin perjuicio de que deban verificarse también la
oportunidad y la imputación- los cuales cumplían los pagos efectuados. A su juicio, la
glosa se derivó de una presunción de la demandada, pues que no incurrió en omisión de
ingresos, ni incluyó costos o pasivos inexistentes.
Por su parte la demandada argumentó que, con base en las pruebas recaudadas, entre
ellas, las visitas de verificación, información en medios magnéticos y requerimientos de
información a terceros, se logró comprobar que las operaciones de la actora del año 2016,
con Invercrom SAS y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, fueron simuladas
Explicó que, ninguna de estas sociedades a las que presuntamente les compró insumos,
tenían capacidad operativa, infraestructura ni personal para haberle vendido productos a
la demandante; inclusive fueron declaradas proveedoras ficticias e hicieron parte de una
cadena de comercialización que simulaban operaciones. Igualmente, destacó otras
irregularidades evidenciadas en la actuación administrativa, como la falta de evidencia
del transporte y de prueba de los pagos. Asimismo, destacó que, las proveedoras de
Invercrom SAS igualmente fueron declaradas ficticias (Distribuidora Fercuir SAS y
Comercializadora Tamuk SAS), de manera que no se contaba con bienes para
comercializar. A partir de lo anterior, planteó que la inexistencia de las operaciones con
18
Sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez. También puede consultarse los fallos del 22 de abril de 2021, exp. 23335, CP: Julio Roberto
Piza Rodríguez; y del 11 de mayo de 2023 y del 09 de mayo de 2024, exps. 26963 y 28334, CP: Wilson Ramos Girón.
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los prenotados proveedores estaba demostrada, pudiendo inferirse la confección
premeditada de circunstancias presuntamente legales y reales, para dar apariencia
formal y creíble a una sociedad utilizada como instrumento para disminuir la carga
tributaria.
Así, la contabilidad y facturación allegada por la actora -lo que señaló con irregularidades-
era insuficiente para desvirtuar la inexistencia de las operaciones y el rechazo de los
pasivos. Sobre todo cuando la carga probatoria se había invertido en la contribuyente, no
obstante lo cual, este no había acreditado la realidad de las transacciones.
Seguidamente, aclaró que el rechazo de los pasivos, costos y descontables no se basó
en la declaratoria de ficticios de los proveedores, sino en que se demostró la inexistencia
de las operaciones.
4.1- De lo expuesto, advierte la Sala que, los cuestionamientos del apelante, se concretan
en los siguientes aspectos: en primer lugar, la falta de valoración de la argumentación y
del material probatorio. En segundo lugar, la falta de análisis de la configuración de la
falsa motivación y de la violación de los derechos de defensa y contradicción, y finalmente
en la ausencia de pronunciamiento sobre los pasivos rechazados y la prueba de estos.
4.2- Para dirimir el debate planteado, la Sala constata que, el a quo tras describir la
actuación administrativa, referirse a los hechos probados, analizar los medios de prueba
recaudados por la Administración, así como los que fueron aportados por la actora,
encontró demostrada la inexistencia y simulación de las operaciones con las sociedades
Invercrom SAS y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS con fundamento en el
conjunto de indicios consolidados por la Administración, entre ellos, que el proveedor de
la demandante realizara operaciones simuladas con terceros (Distribuidora Fercuir SAS
y Comercializadora Tamuk SAS), a quienes no fue posible ubicar en su domicilio, o con
quienes nunca había celebrado transacciones comerciales, además de no contar con la
infraestructura física y operativa para desarrollar las actividades económicas, ni haber
suministrado los soportes que permitieran refrendar las ventas. Al mismo tiempo,
concluyó que los documentos aportados por la contribuyente, carecían de fuerza
probatoria, puesto que fueron desvirtuadas por la Administración, de modo que, pese al
aparente velo de legalidad, en realidad, las operaciones de compra fueron simuladas. En
ese contexto, advirtió el tribunal que, la conclusión de la demandada acerca de la
inexistencia de las operaciones, basada en el análisis conjunto de las pruebas, no
implicaba que el acto careciera de motivación, como lo aducía la demandante.
También detalló el a quo que, la actora planteó el cargo de falsa motivación aduciendo la
vulneración del artículo 771-2 del ET, pues a su juicio, debieron aceptarse las compras,
los costos, impuestos descontables y pasivos declarados, al estar probados mediante
facturas, comprobantes de egreso y la constancia de amortización de los pasivos. Al
respecto, el tribunal precisó que, las facturas no eran soporte suficiente de los conceptos
glosados, por las razones señaladas en precedencia, con lo cual se desestimó el cargo.
Adicionalmente, el tribunal puso de presente que, la demandante consideraba que se
violaba el debido proceso (defensa y contradicción) por aplicarse, de forma retroactiva,
las declaratorias de proveedores ficticios efectuadas en los años 2019 y 2020, cargo que
desestimó, por advertir que, aunque tal aspecto era relevante, solo configuraba un indicio
adicional, pues los actos se sustentaron en el conjunto de los demás indicios
consolidados por la demandada, los cuales eran completamente válidos como medio de
prueba para desconocer las compras, ante la falta de demostración de la realidad de las
operaciones por parte de la actora.
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En suma, el tribunal encontró que los actos fueron adecuadamente motivados, pues se
valoraron los diversos medios de prueba recaudados durante la actuación administrativa,
que reflejaban inconsistencias en torno a su existencia y cuantía de las operaciones
declaradas, lo que llevó a cuestionar su realidad, lo cual, no fue desvirtuado por la actora,
pues los documentos que aportó, no eran suficientes para acreditar la realidad de las
operaciones, lo que era el sustento de la glosa.
En el citado contexto, el juez de primera instancia señaló que, acorde con el Estatuto
Tributario, competía a los contribuyentes demostrar su existencia y cuantía, lo que como
es apenas lógico dependía de que se probara la operación de compra de la cual se derivó,
aspecto que el a quo no encontró demostrado.
Ahora, si bien cuestiona la apelante que el tribunal no valoró las pruebas, no especifica
los medios de convicción, cuya valoración fue omitida, y que, a su entender, acreditarían
la existencia de las operaciones de los que se derivaron los conceptos declarados; su
censura se limitó a afirmar que las pruebas no fueron analizadas, lo que resultar suficiente
para desestimar el cargo. Sin embargo, en garantía del derecho a la defensa, para la Sala
resultan relevantes los siguientes medios probatorios:
(i) Facturas de venta 0691, del 4 de enero; 0696, del 13 de enero; 00000701, del 8 de
enero; 0712, del 16 de enero; 0725, del 20 de enero; 0735, del 26 de enero, 0740, del 30
de enero; 0747, del 1 de febrero; 0754, del 4 de febrero; 0770, del 9 de febrero; 0785, del
16 de febrero; 0789, del 20 de febrero; 0803, del 1 de marzo; 0820, del 8 de marzo; 0836,
del 17 de marzo; 0847, del 30 de marzo; 0851, del 1 de abril, 0859, del 5 de abril; 0869,
del 12 de abril; 0879, del 19 de abril; 0886, del 26 de abril; 0896, del 29 de abril; 0953,
del 27 de mayo; 0964, del 31 de mayo; 0983, del 25 de junio de 2016; 0995, del 30 de
junio; 1025, del 16 de julio; 1046, del 27 de julio; 1064, del 05 de agosto; 1115, del 27 de
agosto; y 1127, del 31 de agosto, expedidas en el año 2016 por Comercializadora e
Inversiones San Miguel SAS, por concepto de venta de mercancías e IVA (ff. 37, 39, 349
y 351 a 380 caa).
(ii) Facturas de venta 0035, del 23 de mayo; 0049, del 28 de mayo; 069, del 09 de junio;
094, del 28 de junio; 0133, del 11 de julio; 0152, del 15 de julio; 0200, del 08 de agosto;
0238, del 20 de agosto; 0261, del 30 de agosto; 0626, del 03 de diciembre; 0638, del 06
de diciembre; 0666, del 9 de diciembre; 0675, del 10 de diciembre; 0678, del 12 de
diciembre; 0697, del 15 de diciembre; 0713, del 17 de diciembre; 0731, del 20 de
diciembre, expedidas en el año 2016 por Invercrom SAS por concepto de venta de
mercancías e IVA (ff. 392 a 408 caa).
(iii) Comprobantes de egreso 0001517D, del 03 de diciembre de 2016, por el valor de
$200.000.000, a favor de Ivercrom SAS; 0001517E, 30 de diciembre de 2016, por valor
de $300.000.000 a favor de Comercializadora Inversiones San Miguel SAS; 0001865C,
del 31 de diciembre de 2017, por valor de $287.872.190 a favor de Comercializadora
Inversiones San Miguel SAS; 0001865E, del 31 de dicembre de 2017, por $478.007.993
a favor de Invercrom SAS (cca2 ff. 30, 35, 381 y 409). [Dichos comprobantes elaborados
por la misma actora revelan la realización de pagos en efectivo].
(iv) Comprobantes de compra 00000691, del 04 de enero de 2016; 00000701, del 08 de
enero de 2016 (ff. 36, 38, 348 y 350 caa).
(v) Balance general y estado de resultados de la actora, correspondientes al período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, suscritos por su
representante legal y la contadora. Estos documentos no se presentaron de manera
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comparativa con el ejercico inmediatamente anterior, carecen de las notas explicativas
correspondientes y no se allegaron los demás estados financieros (ff. 22 a 23 caa).
(vi) Conciliación «renta contable y renta fiscal» correspondiente al año gravable 2016 donde
se enuncian valores globales relacionados con las partidas de « utilidad fiscal antes de
impuesto (…) gastos contables no deducibles (…) impuesto de renta (…) [y] utilidad contable », sin
ofrecer detalles adicionales ni estar suscrita por el representante y/o funcionario de la
demandante (f. 24 caa).
(vii) Movimiento de terceros, del 21 de agosto de 2019, donde se consigan transacciones
totales con la sociedad Comercializadora Inversiones San Miguel SAS por valor de
689.489.720 (movimiento crédito de la cuenta « 110505 Caja General» por valor de
$358.454.720 -indica un registro contable de pagos en efectivo-; movimiento crédito de
la cuenta «220501 Nacionales» por valor de $329.637.630 -indica el registro contable de
compras nacionales-; movimiento débito de la cuenta «240802001 Compras Materia Prima»
por valor de $53.722.720 -indica el registro contable de impuestos descontables-;
movimientos créditos en las cuentas «710501001 Forros, 7105010055 Carnazas, 710501007 Bost,
710501015 Lona, 710502004 PT T-18, 710502012 Pegante Amarillo CAN Rápido 01, 710505010 Lámina
Duraflex» por valor total de $335.769.000 -indica el registro contable de compras de
insumos como costos de ventas-) (ff. 31 a 34 caa).
(viii) Actas de visita a Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, del 13 y 14 de
marzo de 2019, proveedora de la actora, en la cual, el señor Vera Bernal, liquidador de
la sociedad, manifestó que la contabilidad era manejada por el revisor fiscal; que contaba
con una licencia de software contable, aunque para esa época estaba siendo usada para
sus operaciones como persona natural y que compartía las instalaciones y medios de
producción con el Grupo Empresarial San Miguel & Diarmo SAS, Curtiembre San Miguel
SAS y para las actividades del propio liquidador como persona natural, situación que fue
verificada por la Administración, y respaldó fotográficamente. Asimismo, indicó que en tal
momento no contaba con los soportes de pago de la mercancía adquirida a sus
proveedores, por lo que solicitó plazo para su entrega [el cual no fue señalado en el acta,
ni la Sala observa constancia de su efectiva entrega]. También, la autoridad tributaria
constató que en la dirección reportada en el RUT no operaba la sociedad visitada, sino
su liquidador como persona natural, y que se encontraba en liquidación a la fecha de la
visita (ff. 50 a 53 caa).
(ix) Acta de visita a la sociedad Comercializadora Tamuck SAS, del 15 de marzo de 2019,
proveedora de Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS [proveedora a su vez de
la actora], en cual se consignó que la Administración verificó que en la dirección
informada en el RUT no funcionaba dicha sociedad. Tampoco encontró aviso, o
información que permitiera acreditar su existencia, de lo cual, dejó la demandada registro
fotográfico (ff,. 139 a 142 caa).
(x) Acta de visita a la sociedad Invercrom SAS, del 20 de marzo de 2019, proveedora de
la actora y de Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS. En la diligencia se indicó
que se trataba de un local pequeño, cerrado con candado, y que nadie atendió la visita.
Igualmente, consta que, se indagó en un local vecino, que informó que a veces lo abrían
en las tardes, y que no sabían qué insumos se enajenaban. La Administración dejó
registro fotográfico (ff. 146 a 148 vto. caa).
(xi) Acta de visita, del 20 de marzo de 2019, a la sociedad Distribuciones Fercuir SAS,
proveedora de la sociedad Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS [proveedora
a su vez de la actora], en la cual consta que la Administración fue a la dirección informada
y no encontró ningún local vinculado a la sociedad, al consultar una persona en dicha
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dirección, manifestó no conocer a Distribuciones Fercuir SAS, ni a sus representantes
legales. Se dejó constancia fotográfica de lo observado (ff. 143 a 144 caa).
(xii) Acta de visita a una persona natural propietaria de una litografía, efectuada el 26 de
marzo de 2019, para indagar sobre la facturación realizada a la sociedad Invercrom SAS.
Tras mostrarle el funcionario las facturas allegadas por la sociedad, la persona natural
indicó que: «estoy preocupada por la situación, yo no imprimí esas facturas, haré el denuncio en la
Fiscalía, porque están usando mi pie de imprenta sin mi autorización…» (f. 166 vto. caa).
(xiii) Acta de visita, del 08 de abril de 2019, a una persona natural propietaria de un
establecimiento de litografía, quien explicó que diseñó los membretes y sellos de
Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, sin haber impreso facturas, ya que no
contaba con la maquinaria para ello. También, indicó que realizó trabajos similares para
Curtiembre San Miguel SAS, Distribuidora Fercuir SAS, Invercrom SAS, por encargo del
señor Vera Bernal. La Sala resalta que la Administración obtuvo los diseños elaborados
por la persona visitada, los cuales coinciden con las facturas aportadas por la actora
durante la actuación administrativa (ff. 180 a 192 caa).
(xiv) Declaración del representante legal de Invercrom SAS del 12 de abril de 2019, de la
cual se destacan las siguientes preguntas y respuestas (ff. 194 a 196 caa):
Pregunta 7. Describa el proceso de compra de bienes comercializados por la empresa Invercrom
SAS así como el despacho de los mismos a sus clientes, cite en su respuesta cuantías, lugares de
compra, modos de pago, formas de traslado de la mercancía, personas a cargo y cualquier otra
información que considere relacionada. Contestó: yo compraba el cuero que comercializaba contra
entrega y todo en efectivo, el valor de compra total dependía del valor que estuviera en el mercando
en el momento, que en casi todas las ocasiones era variable el precio, los que me vendían asumían
transporte y todo lo relacionado para la entrega, lo compraba en el municipio de Villapinzón (vía a
Bogotá), vía a la costa a personas independientes que eran conocidos y me llamaban para venderme
10, 12 o 15 cueros (pieles de caballo, de vaca), eran varios proveedores que se reunían para juntar
la totalidad de los cueros, no sé a quién contrataban para traérmelo a Bucaramanga, era
responsabilidad de ellos y el pago por ese transporte igual.
… Pregunta 13. ¿Cuál fue la forma de pago utilizada por la sociedad Comercializadora e Inversiones
San Miguel SAS [proveedora de la demandante Yessicar SAS], para cancelar la mercancía
adquirida o prestación de servicios que la sociedad Invercrom SAS le suministró durante el sexto
bimestre de 2017? Contestó: siempre la sociedad canceló en efectivo con un plazo máximo de un
mes. Siempre me cumplió.
… Pregunta 17. Informe a este despacho qué documentos elaboraban como control de inventario de
los productos despachados a la sociedad Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS (planillas,
kardez, guías, etc). Contestó: yo no manejaba otros documentos diferentes a la facturación de la
empresa, para poder tener soportes ante la DIAN.
… Pregunta 20. Manifieste a este despacho las razones o circunstancias que motivaron la liquidación
de la sociedad Invercrom SAS. Contestó: se me incrementaron mucho los impuestos, el mercado no
está actualmente bueno y me pasaron a gran contribuyente.
(xv) Acta de visita al contribuyente (demandante), del 21 de agosto de 2019, en donde
consta que la Administración comprobó que las operaciones realizadas con las
sociedades identificadas con los NIT que correspondían a las sociedades Invercrom SAS
y Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS estaban registradas en la contabilidad
de la actora y fueron declaradas como costos para el periodo gravable 2016 (ff. 16 y 16
vto. caa).
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(xvi) Certificado de existencia y representación legal, del 05 de marzo de 2019, expedido
por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en donde consta que a dicha fecha
Invercrom SAS se encontraba en liquidación anticipada (ff. 126 a 127 vto. caa).
(xvii) Certificado de existencia y representación legal, del 5 de marzo de 2019, expedido
por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en donde se consignó que Distribuidora
Fercuir SAS se encontraba liquidada (ff. 132 a 132 vto. caa).
(xviii) Certificado de existencia y representación legal, del 5 de marzo de 2019, expedido
por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en donde consta que Comercializadora
Tamuck SAS se encontraba en liquidación anticipada para esa fecha. La Sala resalta
que, según el registro mercantil, sus liquidadores coinciden con los designados en
Distribuidora Fercuir SAS, y que no se inscribió el acto administrativo que habilitara a
Comercializadora Tamuck SAS para prestar el servicio público de transporte de carga (ff.
137 a 138 vto. caa).
(xix) Resolución 001097, del 11 de septiembre de 2019, mediante la cual se declaró como
proveedor ficticio a la sociedad Distribuidora Fercuir SAS [proveedora de la sociedad
Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, quien a su vez era proveedora de la
demandante]. Allí se describió que, al visitarse el domicilio fiscal del RUT, se encontró un
establecimiento de comercio dedicado a la venta de partes y accesorios para motos,
registrado a nombre de una persona natural. No se pudo confirmar la infraestructura de
esa compañía, ni la capacidad operativa. Adicionalmente, las direcciones registradas en
cámara y comercio correspondían a comercios ajenos a los del objeto social que
presuntamente desarrolló «sobre todo si tenemos en cuenta que los tiempos de funcionamiento
informados en cada uno de ellos [establecimientos visitados] no concuerdan con las fechas de
operación de la empresa Distribuidora Fercuir SAS» (ff. 263 a 273 vto. caa).
(xx) Resolución 001564, del 10 de diciembre de 2019, por medio de la cual, se declaró
proveedor ficticio a la sociedad Invercrom SAS - proveedora de la actora- (ff. 254 a 260
vto. caa), en la cual se describe:
En el caso objeto de estudio, no fue posible establecer el domicilio fiscal REAL del contribuyente
investigado, pues a pesar de que la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional
realizó visitas a la dirección informada en el Registro Unico Tributario RUT del investigado, se
encontró un inmueble con puerta de rejas y al interior dos talleres de carpinteria metálica, los cuales
no tiene relación con el investigado y según registro fotográfico se observa que a pesar de que la
sociedad Invercrom SAS registra en el RUT un domicilio fiscal en Bucaramanga ubicado en la …, la
dirección determinada en la visita de verificación por el letrero o aviso comercial es la …, la cual se
encontraba cerrada; dentro del expediente reposan pruebas suficientes de esta situación,
observándose las acciones que por diferentes medios adelantó la División de Fiscalización de esta
Dirección Seccional para tratar de establecer la existencia de la referida sociedad y agotar los
mecanismos para obtener la información necesaria y poder corroborar los datos registrados en la
declaración de renta presentada en el año gravable 2017, lo cual no fue posible hacer,
imposibilitando la verificación de su existencia real, funcionamiento, infraestructura, capacidad
operativa y económica para efectuar las operaciones comerciales supuestamente realizadas.
… El banco Bancolombia S.A. certificó que durante el año 2017 giró cheques a nombre de terceros
por cuantías irrelevantes frente a las informadas contable y fiscaimente en su denuncio rentistico.
(Folio 237).
El banco Davivienda S,A. certificó que durante el año 2017 giró cheques a nombre de terceros, de
los cuales se pudo observar que en su mayoría fueron girados a favor del señor Fredy Alfonso Oviedo
y Juan Manuel Arenas Bernal, representante legal y contador de la sociedad investigada. (Folio 249
al 250).
Otro aspecto por resaltar es el relacionado con el incumplimiento de la obligación formal de presentar
la información exógena por parte del investigado y al consultar el reporte de información exógena
"De lo reportado por terceros" en el año 2017 a nombre del investigado se estableció que los
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principales proveedores de la sociedad investigada como son Distribuidora Fercuir SAS y
Comercializadora Tamuck SAS, que representan un 95.72% del total de costos, contribuyentes que
no reportan a la sociedad investigada en información exógena. Así mismo, a la Distribuidora Fercuir
SAS …, mediante resolución sanción No. 00 del 11 de septiembre de 2019, fue declarada Proveedor
Ficticio y la Comercializadora Tamuck SAS … tiene en curso investigación para ser declarada
Proveedor Ficticio con Pliego de Cargos No. 042382019000162 del 23 de julio de 2019.
(xxi) Informe final de fiscalización de la demandante por el 1 cuatrimestre del IVA de 2016,
en el que se resumen los hallazgos y pruebas contra las proveedoras de la contribuyente,
trasladadas:
De acuerdo con los antecedentes de la presente investigación, se identificaron irregularidades en
operaciones y/o compras realizadas con el proveedor Comercializadora e Inversiones San Miguel
SAS …, toda vez que mediante cruces de información con terceros proveedores realizados por la
Dirección Seccional de Impuestos de Bucaramanga, se observó que dicha empresa no existía, o en
su defecto no tenía la infraestructura, ni la capacidad operativa para desarrollar las actividades que
informaba en el RUT y Cámara de Comercio.
Lo anterior, producto de que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, a
través del expediente No. IR-2017-2018-769 de fecha 13/11/2018, realizó diversas actuaciones con
las cuales determinó que las operaciones efectuadas por la Comercializadora e Inversiones San
Miguel SAS … fueron simuladas e inexistentes, razón por la cual en dicha investigación se profirió
el Pliego de Cargos No. 042382019000161 del 16/07/2019, proponiendo sanción como proveedor
ficticio por el término de cinco (5) años de conformidad con el artículo 671 del Estatuto Tributario.
También, en dicho informe -ordinal 8- se indicó que en la visita efectuada a la
contribuyente, del 21 de agosto de 2019, se solicitaron los soportes y registros contables
de las operaciones comerciales con el indicado proveedor, específicamente el
comprobante 691 del 04 de enero de 2016, la factura de venta 691 de la misma fecha,
expedida por la Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, el comprobante 701 del
08 de enero de 2016 y la factura 701 de la misma fecha, también emitida por la indicada
sociedad. Asimismo, la conciliación contable y fiscal de la renta del año 2016 (punto 4),
auxiliar contable con movimiento de terceros con la comercializadora (punto 6), estado
de resultados a 31 de diciembre de 2016 (punto 3), balance general a 31 de diciembre
de 2016 (punto 2), entre otros (un total de ocho puntos solicitados). Sin embargo, el
informe documentó que: «Cabe, anotar que en dicha diligencia se solicitaron los auxiliares, todos los
documentos soportes y facturas de venta correspondientes a las operaciones comerciales con estos
proveedores, pero sólo se allego lo indicado en el punto 8. No obstante, se indica por parte del
Representante Legal, quien atendió la diligencia en compañía de su contadora la señora Liliana González
Tarazona, que las cifras reportadas en medios magnéticos con dichos proveedores corresponden a los
registros contables y a los declarados en su totalidad como costo fiscal en el denuncio rentistico del año
gravable 2016» (ff. 272 a 274 caa).
Con fundamento en lo anterior, se propuso emitir requerimiento especial por el primer
cuatrimestre del IVA de 2016, para desconocer los impuestos descontables, dado que se
sustentaban en «operaciones donde se probó que se trata de simulación e inexistencia de las mismas;
al desvirtuarse el origen y procedencia de la mercancia relacionada con las facturas expedidas por el
proveedor Comercializadora e Inversiones San MigueL SAS …, teniendo en cuenta los hallazgos
establecidos de conformidad con los fundamentos de derecho y consideraciones del despacho» (f. 273
vto. caa).
(xxii) En las respuestas a los requerimientos especiales, la actora relacionó como medios
probatorios, los siguientes: «cuadro perfectamente detallado de los costos en que incurrió mi
poderdante mediante las diferentes facturas y comprobantes de egreso, tanto de Invercrom, como de la
Comercializadora San Miguel». Como soportes detallados, en este cuadro se adjuntó la
relación de las compras efectuadas a tales compañías y las facturas, además de la
contabilidad y los soportes. Certificados de cámara y comercio y RUT de
Comercializadora San Miguel e Invercrom, junto con las declaraciones de renta del
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período 2016 y de los períodos 2, 3, 4, 5 del IVA de 2016, para el caso de la primera
sociedad, y de las declaraciones de los períodos 3 y 4 del IVA de 2016 respecto de la
segunda compañía.
(xxiii) Con ocasión del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial que
modificó la autoliquidación de renta del período 2016, la actora solicitó tener «como prueba
todos los documentos allegados dentro de la irregular investigación, los cuales, incluso con las debilidades
y falencias, demuestran la veracidad de nuestras afirmaciones. Ello incluye los allegados en respuestas a
requerimientos ordinarios y especiales» (índice 2 de Samai).
(xxiv) Pliego de Cargos 042382019000161, del 16 de julio de 2019, que propuso la
sanción de declaratoria de proveedora ficticia a la compañía Comercializadora e
Inversiones San Miguel SAS (índice 2 de Samai).
(xxv) En la demanda judicial, la actora, además de relacionar los actos acusados, anunció
incorporar como pruebas:
“Cuadro perfectamente detallado de los costos en los que incurrió mi poderdante mediante las
diferentes facturas y comprobantes de egreso, tanto de Invercrom, como de la Comercializadora San
Miguel. Se anexan los soportes detallados en este cuadro, para que sean tenidos en cuenta, además
de toda la contabilidad y los soportes que ya reposan en el expediente.
Cuadro perfectamente detallado de los pagos realizados, amortizando el pasivo existente con las
sociedades Invercrom y Comercializadora San Miguel, anexando los correspondientes soportes.
Medio de pago a través de las diferentes facturas y comprobantes de egreso, en donde se desvirtúa
la supuesta inconsistencia en los giros y pagos efectuados.
Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Calzado Yessicar SAS Certificados
de Cámara de Comercio y RUT de Invercrom y de Comercializadora e Inversiones San Miguel.
Declaración de parte: Fernando Fuentes Medina, identificado con la cédula de ciudadanía … en
calidad de representante legal de Calzado Yessicar SAS, sociedad de derecho privado identificada
con … y en calidad de persona natural.
4.3- Acorde con el anterior recuento, los medios de prueba a los que estaría referido el
cuestionamiento de la apelante, atinente a su falta de valoración, serían los aportados en
la actuación administrativa, puesto que en la demanda, la apelante solo allegó un listado
de las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados, sin aportar pruebas
adicionales. Tales medios de convicción estarían integrados por las facturas de venta
emitidas por los supuestos proveedores, Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS
y Invercrom SAS; comprobantes de egreso; comprobantes de compra; y documentos
contables. Ahora bien, las pruebas recaudadas por la demandada, corresponden
principalmente a las actas de visita a los proveedores y litografías; declaraciones
juramentadas, certificados de existencia y representación legal y los actos administrativos
por los cuales fueron declarados proveedores ficticios los proveedores.
Atendidos los resultados de la fiscalización realizada por la Administración, la Sala
destaca que, las actas de visita a las sociedades Comercializadora e Inversiones San
Miguel SAS, comercializadora Tamuck SAS, Invercrom SAS y Distribuciones Fercuir
SAS, documentan las condiciones verificadas en la dirección informada en el RUT de
cada una, relativas a la falta de capacidad operativa, personal e insuficiencia logística
para respaldar las operaciones de venta que supuestamente efectuaron a la actora.
Se resalta que, según lo manifestado por el liquidador de Comercializadora e Inversiones
San Miguel SAS, la contabilidad era llevada por el revisor fiscal, lo que evidencia una
clara irregularidad contable. Además, se constató la ausencia de soportes externos que
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acreditaran el pago efectivo de las transacciones con los proveedores [no hay constancia
que hayan sido efectivamente entregados a la Administración], así como la inexistencia
de actividad comercial en la dirección informada en el RUT, todo lo cual, evidenciaba la
inexistencia de las operaciones celebradas con la actora. Ahora bien, respecto de
Invercrom SAS, la Administración verificó que operaba en un local que se encontraba
cerrado con candado, habiéndose indicado desde un local vecino que ocasionalmente
abría en las tardes (punto probatorio x); súmese a todo lo anterior que, en relación con
los proveedores de estas sociedades [proveedoras de la actora], esto es,
comercializadora Tamuck SAS y Distribuciones Fercuir SAS, la autoridad no pudo
efectuar constatación alguna, porque no las localizó (puntos probatorios ix y xi).
Ahora bien, según los certificados de existencia y representación legal, las sociedades
Invercrom SAS y Comercializadora Tamuck SAS se encontraban en proceso de
liquidación, mientras que Distribuidora Fercuir SAS ya había sido liquidada. Llama la
atención de la Sala que todas habían sido constituidas en el año 2016 y que, las dos
primeras, compartían sus liquidadores. Asimismo, se observa que Comercializadora
Tamuck SAS no registró el acto administrativo que le autorizaba ejercer su objeto social
-servicio público de transporte de carga- (puntos probatorios xvi a xviii).
Ahora, de las indagaciones realizadas por la demandada, con ocasión de las visitas
efectuadas a personas naturales propietarias de litografías, se estableció que, al parecer,
Invercrom SAS falsificó los datos de la imprenta de algunas de las facturas entregadas a
la Administración. Adicionalmente, otra litógrafa aseguró haber elaborado únicamente los
membretes y sellos para Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS, Curtiembre
San Miguel SAS, Distribuidora Fercuir SAS, Invercrom SAS, por encargo del señor Vera
Bernal sin haber impreso las facturas de venta, puesto que no contaba con la maquinaria
para el efecto.
Igualmente, de la declaración juramentada del representante legal de Invercrom SAS,
proveedora de la actora de insumos para la producción de calzado, se extracta que los
pagos eran en efectivo, la materia prima era adquirida de personas naturales en distintos
lugares del país, y no se llevaba control del inventario, todo lo cual impidió su trazabilidad
y comprobación, en orden a establecer la realidad de la operación.
Así también, las pruebas recabadas por la Administración determinaron declarar
proveedor ficticio a Distribuidora Fercuir SAS, quien era proveedora de Comercializadora
e Inversiones San Miguel SAS, proveedora a su vez de la actora, decisión que se basó
en las inconsistencias establecidas por la Administración, entre ellas, como la falta de
acreditación de su infraestructura y capacidad operativa. Lo propio surgió de la
investigación de Invercrom SAS, de la cual no se logró comprobar el manejo de recursos
en cuentas bancarias que compaginaran con lo registrado en su contabilidad, lo que,
entre otras situaciones, dio lugar a que igualmente se declarara como proveedor ficticio
(punto probatorio xx). Adicionalmente, Comercializadora e Inversiones San Miguel SAS,
fue objeto de pliego de cargos mediante el cual se propuso la declaratoria de proveedor
ficticio, al no haberse podido establecer su estructura operativa ni su capacidad de
producción, que respaldara el volumen de ventas que presuntamente efectuó a la actora
(punto probatorio xxiv).
En suma, la Administración no logró establecer la realidad de las operaciones, que la
actora reclamaba haber efectuado con sus proveedores Comercializadora e Inversiones
San Miguel SAS e Invercrom SAS, pues se insiste en que, las pruebas aportadas no
acreditaron la transferencia efectiva de recursos para el pago de los insumos, ni la
existencia de los bienes objeto de enajenación, ni su transporte. La actora se limitó a
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aportar las facturas de venta expedidas por dichas sociedades, así como documentos de
carácter interno, como comprobantes egreso y auxiliares contables descritos en los
puntos probatorios i a iv, al igual que, el balance general y estado de resultados sin las
respectivas notas explicativas, al igual que un auxiliar contable que sugiere transacciones
en efectivo, lo que resultaba insuficiente para demostrar la realidad de las operaciones,
pues la Sala reiteradamente ha indicado que en eventos en que la autoridad cuestiona
ese aspecto por simulación de los negocios jurídicos es posible cuestionar la veracidad
de los documentos formales entregados por los contribuyentes, entre estos la factura y
«sea posible desvirtuar, mediante otros medios de prueba (entre ellos, la prueba indiciaria) la existencia
fáctica del negocio jurídico que se alega estar soportada en una factura de venta (sentencia del 14 de abril
de 2022, exp. 23989, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); en otras palabras, es posible probar la simulación
del negocio jurídico que se documenta o soporta en la factura », así como en los demás medios de
prueba documentales dan apariencia de realidad de los negocios jurídicos simulados19.
Así, para la Sala, la apelante no logró desvirtuar la simulación de compras que fue
determinada por la demandante. Las pruebas aportadas a lo sumo acreditarían
formalmente las operaciones, que no la realidad de las operaciones con tales
proveedores.
Habiéndose establecido que las operaciones con Comercializadora e Inversiones San
Miguel SAS e Invercrom SAS en el periodo 2016, fueron inexistentes, procedía el
desconocimiento de las compras, costos e impuestos descontables, con independencia
de la acreditación formal de las transacciones con las facturas de venta, comprobantes
de egreso, comprobantes de compra, el balance general y estado de resultados, la
conciliación fiscal y los movimientos de terceros (puntos probatorios i a vii), que es en
realidad lo que reclama la apelante, las pruebas aportadas no tenían la entidad de probar
la realidad de las transacciones. Considerado lo anterior, y habiendo constatado la Sala
que, el tribunal verificó, y analizó tanto las argumentaciones como las pruebas obrantes
en el proceso, serán desestimados los reproches del apelante en tal sentido.
Por las mismas razones señaladas en precedencia, y sin que se requieran explicaciones
adicionales, no procedía el reconocimiento de los pasivos, pues estos carecerían de
sustrato. No sería fáctica, ni jurídicamente posible, su existencia, cuando la operación
principal que supuestamente los originó, no fue real, contexto bajo el cual, concluyó el
tribunal que, a la demandante, le asistía el deber de “demostrar la existencia y cuantía de los
pasivos a su cargo”,.
Por todo lo analizado, será desestimada la argumentación referida a que el tribunal no
atendió los cargos de falsa motivación, ni de violación a los derechos de defensa y
contradicción, por no haberse valorado integralmente las pruebas, así como la falta de
pronunciamiento sobre los pasivos desconocidos, No prosperan los cargos de apelación.
5- Por último, aduce la apelante que la sanción impuesta al representante legal es
improcedente porque no se realizó un análisis suficiente e individualizado de la sanción
prevista en el artículo 658-1 del ET, ya que esta no aplicaba por el hecho de haberse
impuesto una sanción por inexactitud a la sociedad que representaba. Argumentó que la
responsabilidad objetiva en materia sancionatoria administrativa estaba proscrita, y que,
el representante legal no ordenó ni aprobó conductas irregulares. Añadió que, en todo
caso, no hubo omisión de ingresos ni inclusión de costos, pasivos o costos inexistentes,
sino que, por el contrario, se trató de «…deducciones (…) improcedentes pero existentes…».
Igualmente, adujo que se vulneró el principio de legalidad al imponerse una sanción sin
19
Sentencias del 15 de mayo de 2019 (exp. 21244, CP: Jorge Octavio Ramírez), del 06 de junio de 2019 (exp. 23456, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), del 12 y 27 de junio de 2019 (exps. 23007 y 22512, CP: Milton Chaves García) y del 19 de febrero de 2020
(exp. 23296, CP: Julio Roberto Piza).
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que la conducta imputada estuviera expresamente tipificada en la norma, y al extenderse
sus efectos mediante una aplicación analógica.
La Administración defendió la imposición de la sanción al representante legal, por
considerar que se analizó detalladamente la conducta sancionable y se comprobó que,
en ejercicio de sus funciones, este firmó la declaración tributaria [renta] en la que se
incluyeron operaciones de compra y pasivos inexistentes; no siendo cierto que se
hubieran rechazado únicamente «deducciones improcedentes». Adicionalmente, señaló que,
no se vulneró el principio de legalidad, puesto que la conducta sancionada estaba
debidamente tipificada en el artículo 658-1 del ET.
Al desatar el debate, el tribunal determinó que en la declaración de renta se incluyeron
costos inexistentes. En ese contexto, afirmó que el representante legal, al haber ejercido
sus funciones durante el año gravable 2016, tuvo conocimiento de los hechos irregulares
que se consignaron en el denuncio rentístico, detectados por la Administración.
5.1- Al respecto, la Sala resalta que las conductas tipificadas en el artículo ejusdem,
comprenden las irregularidades que se encuentren, bien sea en la contabilidad o en las
declaraciones tributarias consistentes en «… inclusión de costos o deducciones inexistentes …»
que «sean ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales de que
trata el artículo 572 de este Estatuto…». Así, al no haberse comprobado la realidad de las
operaciones que fueron cuestionadas por la Administración, resultaba procedente la
sanción establecida en el artículo 658-1 ibidem. No prospera el cargo de apelación.
Conclusión
6- La Sala establece como criterio interpretativo de esta sentencia que: (i) el hecho de
presentar las declaraciones tributarias, solo obedece al deber formal de declarar, no
puede atribuirse a una conducta desplegada a instancias de una doctrina de la DIAN
sobre el término de firmeza de las declaraciones, razón por la que, no resulta aplicable el
artículo 264 de la Ley 223 de 1995 que ampara las actuaciones realizadas con
fundamento en un concepto de la Administración tributaria, para reclamar la aplicación
de un determinado lapso de firmeza; (ii) Para demostrar la realidad de las operaciones
por las que se reclaman costos y pasivos, no resulta suficiente su acreditación formal,
con facturas, comprobantes de egreso y en general la contabilidad; se requiere probar
las condiciones en las que estas fueron efectuadas, como la existencia de los bienes
enajenados, la capacidad operativa de los proveedores, su transporte y la entrega, así
como los pagos efectuados, entre otros aspectos; (iii) Habiéndose establecido la
inexistencia de las operaciones declaradas, procedía la sanción del artículo 658-1 ET
para el representante legal que suscribió la declaración del respectivo ejercicio gravable.
Costas
7- Siguiendo el criterio mayoritario de la Sala respecto del artículo 365.8 del CGP, no se
condenará en costas, en tanto no se advierten probadas en el expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
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2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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