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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00200-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00200-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, por lo explicado en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01 Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00200-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de octubre de 2023

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 68001-23-33-000-2022-00200-01
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
Concejal acusada: ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA

Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos la
concejal que, en calidad de presidente de la
corporación, suscribe unos contratos de
prestación de servicios profesionales y no está
acreditado que fue innecesario e injustificado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante en
contra de la sentencia proferida el 13 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander que denegó la pérdida de investidura de la
señora Erlig Diana Jiménez Becerra, elegida concejal del distrito de
Barrancabermeja para el período constitucional 2020-2023.

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

La señora Gloria Alba Mancipe de Gómez, obrando en nombre propio,
solicitó se decretara la pérdida de investidura de la concejal Erlig Diana
Jiménez Becerra por incurrir en la causal de indebida destinación de dineros
públicos, de conformidad con lo previsto por el numeral cuarto del artículo
48 de la Ley 617 de 2000.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1

La solicitante informó que la señora Erlig Diana Jiménez Becerra fue elegida
concejal de Barrancabermeja para el período constitucional 2020 – 2023.

Señaló que la concejal fungió como presidente de la mesa directiva del
precitado concejo para el año 2021 y, por consiguiente, como ordenadora
del gasto de la corporación.

Aseveró que el concejo distrital de Barrancabermeja expidió la Resolución
nro. 056 de 2021 con el fin de que la ciudadanía participara en la
convocatoria pública nro. 001 de 2021 para la elección del contralor distrital
de Barrancabermeja para el período 2022- 2025.

Alegó que la acusada, para dar cumplimiento a la precitada resolución, y
una vez seleccionada previamente, mediante la Resolución nro. 054 de
2021, la entidad que adelantaría la convocatoria pública, el 21 de

1 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo001DemandayAnexos.pdf.

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

septiembre de 2021 suscribió el Contrato nro. 184-21 con la Universidad
del Atlántico.

Le endilgó a la acusada que incurrió en indebida destinación de dineros
públicos porque en calidad de presidente de la mesa directiva del concejo
suscribió el 7 de septiembre de 2021 el contrato nro. 186 por valor de diez
millones de pesos, con acta de inicio de la misma fecha, cuyo contratista
fue la Cooperativa de Trabajo Asociado People Work, y que el 10 de
septiembre de 2021 suscribió el contrato nro. 193 de 2021 por valor de
cinco millones de pesos con la contratista Karen Julieth Moreno Plata; sin
embargo, alegó que las actividades contratadas eran injustificadas e
innecesarias.

En relación con el contrato nro. 186 de 2021

Indicó que la primera actividad de contrato consistió en brindar asesoría
jurídica a la mesa directiva del concejo respecto de la legalidad de los
términos de la convocatoria, bases del concurso y sus respetivos anexos, la
cual se pactó de manera posterior a la expedición de la convocatoria pública
nro. 001 de 2021 para la elección del contralor distrital de Barrancabermeja,
es decir, de la Resolución nro. 056 de 2021.

Adujo que, por tal razón, dicha actividad era innecesaria, injustificada y lo
que se pretendía era obtener un incremento patrimonial de terceros.

Agregó que el concejo de Barrancabermeja, para la proyección y aprobación
de los términos de la convocatoria pública para elegir contralor de
Barrancabermeja período 2022 – 2025, utilizó los servicios de asesoría
jurídica de la sociedad Aclarar S.A.S., con quien suscribió el 29 de julio de
2021 el contrato de prestación de servicios nro. 155- 21, con acta de inicio

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del 30 de julio de 2021; por lo tanto, “carece de razón utilizar recursos
públicos para contratar la asesoría jurídica señalada con posterioridad a la
expedición de la resolución 056-21, su publicación en la página web del
concejo de Barrancabermeja, y cuando la misma ha sido previamente
proyectada y revisada jurídicamente por la empresa Aclarar S.A.S. y todo
el proceso asesorado por la (sic) Aclarar S.A.S., tal como se observa de
todas las resoluciones de la convocatoria pública 001-21”.

Insistió que “la empresa Aclarar S.A.S., al brindar asistencia jurídica a la
demandada, fue la encargada de la proyección y revisión de las resoluciones
dentro de la convocatoria pública 001 – 2021 donde se elegiría contralor de
Barrancabermeja período 2022 – 2025, es decir, la demandada contaba con
asesoría jurídica especializada para el tema de elección de contralor
territorial como se observa de los informes de actividades de Aclarar S.A.S,
siendo innecesaria e injustificada la suscripción del contrato 0186 -21, como
elemento de la indebida destinación de dineros públicos”.

Manifestó que, “al observar los estudios previos del contrato, los mismos
no quedan motivados con suficiencia, dándosele al negocio jurídico a
suscribir una apariencia de necesidad de contratar una persona jurídica con
el fin de asesorar al concejo municipal frente a los términos de la
convocatoria pública 001-21, cuando dicha asesoría especializada había
sido suplida por la empresa Aclarar S.A.S., y podía ser ejecutada por la
Universidad del Atlántico”.

A su vez, expuso que el concejo municipal de Barrancabermeja suscribió el
contrato nro. 184 de 2021 con la Universidad del Atlántico para adelantar
la convocatoria pública 001-2021, con el porpósito de elegir contralor
distrital.

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Aseguró que, atendiendo lo previsto por el artículo quinto de la Ley 1904
de 2018, debían seleccionar la institución educativa superior acreditada en
alta calidad para el desarrollo de la convocatoria pública para la elección del
contralor de Barrancabermeja, período 2022-2025; por ende, “(…) al haber
iniciado la demandada el trámite precontractual del contrato 0184 -21
desde el 5 de septiembre de 2021, y solicitado propuestas con anterioridad
donde incluía la obligación de tener la universidad un abogado para la
ejecución del respectivo contrato, conocía que dentro de las obligaciones de
la Institución de Educación Superior se señalaba la respectiva asesoría
jurídica, contrato con la universidad que se tornaba obligatorio su
suscripción por disposición de la Ley 1909 de 2018, pero aún así, de manera
innecesaria la demandada suscribió el contrato 186-21 con el propósito de
pretender un incremento patrimonial a favor del contratista”.

Explicó, frente a la primera actividad pactada en el contrato nro. 186 de
2021, que el concejo municipal suscribió el contrato nro. 184 de 2021 con
la Universidad del Atlántico para que adelantara la convocatoria para
elegir contralor distrital y que dentro de las obligaciones contractuales
figuraba la de prestar asesoría jurídica al concejo municipal respecto de
la convocatoria.

Anotó que la segunda actividad del contrato nro. 186 de 2021 no era
ejecutable y fue innecesaria e injustificada, dado que establecía que el
contratista debía proyectar respuestas a recursos que interpusieran los
participantes en desarrollo del concurso, pero la convocatoria pública para
elegir contralor de Barrancabermeja período 2022- 2025 no previó la
posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación frente a los
resultados de cada fase del proceso, sino solo la presentación de
reclamaciones a los distintos resultados cuyas respuestas estaban a cargo
de la Universidad del Atlántico y no a cargo de otro contratista, “conforme

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lo consignado en el cronograma de las resoluciones 056-21,057-21,069-21
y 070 -21”.

Afirmó que “la demandada ha actuado deshonestamente en la suscripción
del contrato 0186-21 (…) al contratar actividades que debían ser ejecutada
por la Universidad del Atlántico como la institución acreditada en alta
calidad que desarrollaría la convocatoria pública 001- 21 y otras actividades
inexistentes dentro de la respectiva convocatoria”.

En relación con este contrato, adujo que la acusada actuó con dolo al
conocer que las actividades a contratar eran innecesarias e injustificadas y
comprometió recursos públicos para incrementar un patrimonio ajeno, al
permitir que, con la actividad contractual, de la cual era ordenadora del
gasto, se afectaran fondos públicos que pertenecían al concejo de
Barrancabermeja.

Frente al contrato nro. 193 de 2021

Consideró que las actividades contratadas no podían ser cumplidas por la
contratista de manera directa “en el entendido que la misma” carece de
medios de comunicación como prensa de circulación nacional o regional,
emisora oficialmente autorizada y con cubrimiento nacional o regional en la
respectiva circunscripción territorial y de canal de televisión local u oficial.

Aseveró que lo único que hizo la contratista fue acudir ante las empresas
de prensa, radio y televisión y contratar con ellas la publicación de la
convocatoria pública para elegir el contralor de Barrancabermeja, período
2022-2025, así como hacer el pago de cada publicación, “(…) lo que se
torna en una subcontratación de las actividades a ejecutar, y demuestra la
falta de idoneidad de la misma”.

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Adujo que la concejal en calidad de ordenadora del gasto debió contratar
directamente las actividades de publicidad de la convocatoria nro. 001 de
2021 y no hacerlo con una persona natural que solo sirvió de intermediaria
entre el contratante y los medios de comunicación, careciendo de la
idoneidad y la experiencia requerida.

Acotó que “la publicación de la convocatoria pública 001-21 en Vanguardia
Liberal fue producto de la creación de un aviso de la convocatoria pública
realizado por la empresa Aclarar S.A.S. dentro del contrato de prestación
de servicios nro. 155-21, y publicado en la página web del concejo de
Barrancabermeja, y no producto del intelecto o esfuerzo de la contratista
en el presente evento”.

Precisó que, “al contratar una persona natural como se realizó, por cuanto,
la contratista no maneja los medios de divulgación (radio, prensa y
televisión), y el desplazarse hacia las empresas propietarias de medios de
comunicación para contratar la publicidad de la convocatoria 001-21 bien
pudo ser desarrollada por cualquier funcionario del Concejo de
Barrancabermeja, incluyendo su presidenta”.

Frente a este contrato, consideró que la acusada actuó con dolo al conocer
que la contratista carecía de la experiencia e idoneidad para la ejecución
del objeto contractual, no tenía la obligación de dar publicidad a la
convocatoria pública nro. 001- 21 por medios de comunicación y utilizó la
contratación estatal para permitir que se afectaran fondos públicos que
pertenecían al concejo de Barrancabermeja.

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2.- Contestación por parte de la acusada2

La señora Erlig Diana Jiménez Becerra, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud de desinvestidura, manifestando que se
oponía a su prosperidad, y como argumentos de defensa expuso3:

En relación con el contrato nro. 186- 21

Explicó que dicho contrato estaba respaldado con el certificado de rubro
presupuestal en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021,
adoptado mediante la Resolución nro. 003 de 2021, modificado por la
Resolución nro. 021 de 2021, y con el certificado de disponibilidad
presupuestal nro. 21- 00222.

Alegó que se hicieron los estudios previos respecto de la necesidad que
se pretendía satisfacer y que “(…) en atención a ello, el concejo de
Barrancabermeja suscribió el contrato con la finalidad de dar
cumplimiento a la función electoral que le fue atribuida a las corporaciones
edilicias para elegir al contralor municipal o distrital, consagradas en los
artículos 126 y 272 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley
1904 de 2018, la Resolución nro. 0728 de 2018 expedida por la
Contraloría General de la República”.

Anotó que el contrato se celebró “(…) en aras de contar con un
acompañamiento durante el desarrollo del proceso de selección, dada la
complejidad del mismo y teniendo en cuenta que las normas que lo
reglamentaban habían sido objeto de modificaciones y ninguno de los

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo011ContestaciónDemanda.zip.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo011ContestaciónDemanda.zip.

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miembros de la mesa directiva responsables de sacar adelante el proceso,
contaba con los conocimientos que ello requería (…)”.

Expuso que el contrato no se destinó a un objeto, actividad o propósito
no autorizado o expresamente prohibido por la Constitución, la ley o el
reglamento, sino que tuvo por finalidad dar cumplimiento a una atribución
legal a cargo del concejo, como es la de elegir al contralor distrital.

En relación con el contrato nro. 193- 21

Señaló que el contrato estuvo respaldado con el certificado de rubro
presupuestal en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021,
adoptado mediante la Resolución nro. 003 de 2021, modificado por la
Resolución nro. 021 de 2021, y con el certificado de disponibilidad
presupuestal nro. 21- 00232 del 8 de septiembre de 2021, con la finalidad
de divulgar la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor
distrital de Barrancabermeja, período 2022- 2025.

Explicó que celebró los contratos en calidad de presidenta del concejo de
Barrancabermeja y ordenadora del gasto; no obstante, que en ejercicio
de dicha función no incurrió en indebida destinación de dineros públicos,
dado que éstos se celebraron con estricto cumplimiento de las
disposiciones legales, con el fin de satisfacer una necesidad y atender una
atribución legal en cabeza de la mesa directiva.

Anotó que el contrato nro. 193 de 2021 tuvo como objetivo garantizar la
publicidad de la convocatoria pública para la elección del contralor distrital
de Barrancabermeja, período 2022-2025, y así dar cumplimiento a los
principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad
de género y criterios de mérito para su selección.

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Alegó que, “(…) contrario a lo manifestado por la accionante, no existe
ninguna ley que prohíba que una persona natural ejerza publicidad por
medio de un tercero, por lo cual, no es dable el argumento en el cual se
menciona que debió ser una persona que contara con su propio medio de
comunicación”; además, la contratista cumplía con los requisitos
específicos de idoneidad y experiencia para ejecutar a satisfacción el
objeto contractual.

Manifestó que no se está frente a un objeto, actividad o propósito no
autorizado o prohibido, pues la divulgación de las convocatorias públicas
es una obligación de la institución, conforme con el artículo 2.2.6.5. del
Decreto 1083 de 2015, y que los dineros se destinaron al propósito
establecido, como es la divulgación de la convocatoria nro. 001 para la
elección del contralor distrital de Barrancabermeja, período 2022- 2025.

Anotó que tampoco se destinaron dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, toda
vez que no existe prohibición expresa sobre el objeto que se contrató.

Expuso que la contratación no se dio para materias innecesarias o
injustificadas, ni tuvo la finalidad de derivar un beneficio personal o de
otra índole.

Concluyó que en este caso no se tipificó la conducta, por lo que no se
probó el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
endilgada.

Por último, en cuanto al elemento subjetivo del dolo o la culpa, refirió
frente al contrato nro. 186 de 2021 que, contrario a lo señalado por la
accionante, las actividades no fueron innecesarias e injustificadas, ni se

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trató de una actividad espuria o disfrazada, por lo que no existió una
conducta dolosa que reprochar.

Agregó que el elemento subjetivo tampoco se configura en relación con
el contrato nro. 193 de 2021, pues no se evidencia ninguna actuación con
dolo, y que lo único que hizo fue suscribir el contrato con la profesional
Karen Julieth Moreno Plata, del que no puede advertirse la intención de
lesionar un interés jurídico, ni una actuación negligente, puesto que tuvo
como finalidad dar cumplimiento al deber de divulgación de la
convocatoria nro. 001 de 2021 del contralor distrital período 2022-2025,
ya que el Decreto 1083 de 2015 establecía los medios en los cuales se
tenía que publicar la convocatoria.

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander4

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en providencia
del 13 de junio de 2022, negó las pretensiones. Como razones de la
decisión se apoyó en las siguientes5.

Consideró que, con la suscripción de los contratos números 186-21 y
0193-21, se suplió una necesidad del concejo distrital de
Barrancabermeja referida al acompañamiento y asesoría jurídica
necesaria en el proceso de selección del contralor distrital, así como su
divulgación y publicidad, por lo que su objeto era válido, justificado y
necesario; por consiguiente, los dineros públicos empleados para el pago

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01. Anexo018. Sentenciade
primerainstancia.pdf.
5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01. Anexo018. Sentenciade
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de lo pactado se destinaron en debida forma al ejercicio de una
competencia propia del concejo, representada en materia contractual por
el presidente de la mesa directiva, en este caso, la concejal acusada.

En cuanto al contrato nro. 186 de 2021 examinó lo siguiente:

Luego de transcribir su objeto, consideró que el mismo contó con unos
estudios previos de los cuales se dejó constancia en el documento del 6
de septiembre de 2021 y que allí se efectuó un estudio de la necesidad
que se pretendía satisfacer por parte del concejo distrital de
Barrancabermeja.

Afirmó que las actividades a desarrollar por el contratista eran desde el
punto de vista legal ejecutables por no estar prohibidas y tampoco se
evidenció que los recursos empleados para la contratación se hubieran
tomado de rubros no autorizados, ya que, acorde con el certificado de
plan anual de adquisiciones de la vigencia 2021, el contrato contó con el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro
presupuestal.

Añadió que, mediante oficio GJUR – F-007 del 6 de septiembre de 2021,
la concejal acusada solicitó al secretario general del concejo de
Barrancabermeja certificar si en la planta de personal de esa corporación
existía personal suficiente e idóneo con la capacidad de desarrollar las
actividades, quien certificó que no, de manera que estaba justificada la
necesidad de contratar la asesoría jurídica.

Aseveró que, “(…) si bien se alega por la parte actora que el concejo
distrital de Barrancabermeja había garantizado la asesoría jurídica
pertinente mediante la suscripción de otros dos contratos, a saber: el

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contrato 155-21 con la empresa ACLARAR S.A.S. y el contrato 184 -21
con la Universidad del Atlántico, ello no es indicativo de que el objeto
contractual previsto en el contrato 186-21 sea injustificado o innecesario”.

Explicó que “a la anterior conclusión se llega, pues, de una revisión
puntual de los objetos contractuales pactados, bien puede evidenciarse
que los mismos no están dirigidos a suplir una misma o idéntica
necesidad, al punto de poder afirmar, como lo hace la demandante, que
el objeto del contrato 186-21 era innecesario”.

En relación con el contrato nro. 193 de 2021, expuso que contó con unos
estudios previos de los cuales se dejó constancia en el documento del 20
de septiembre de 2021 y allí se estableció la necesidad que pretendía
satisfacer el concejo distrital de Barrancabermeja.

Acotó que la lectura desprevenida del objeto contractual permite concluir
que las actividades a desarrollar eran desde el punto de vista legal
ejecutables, en tanto no están prohibidas, por lo que no podía predicarse
la existencia de un objeto ilícito, no autorizado o prohibido; se probó la
existencia del rubro previsto para la contratación y contó con el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro
presupuestal.

Anotó que, “(…) con respecto a la necesidad y justificación del objeto
contractual, encuentra la Sala que los estudios previos (…) dan cuenta de
la evidente necesidad que pretendió solventar el concejo distrital de
Barrancabermeja con la suscripción del contrato (…)”, y que tales
actividades no podían ser asumidas de forma directa por los miembros
del concejo, ni por el personal de planta de la corporación, por lo que

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estaba probada en debida forma la necesidad de contratar la asesoría
jurídica prevista como objeto del contrato.

Expuso que “el contrato en mención tuvo como finalidad garantizar el
principio de publicidad respecto de la convocatoria para la elección del
contralor distrital, lo cual obedece además a una obligación legal, prevista
en el artículo 4 de la Resolución nro. 0728 de 2019 y el artículo 2.2.6.5
del Decreto 1083 de 2015”.

Concluyó que no estaban acreditadas las condiciones necesarias para
tener por configurada la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de recursos públicos con ocasión de la suscripción y ejecución
de los contratos nros. 186-21 y 0193-21, ya que contaron con un objeto
necesario y justificado, las actividades a desarrollar por el contratista eran
perfectamente ejecutables y no se evidenció la existencia de un objeto
ilícito, no autorizado o prohibido.

4.- El recurso de apelación6

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la parte actora interpuso recurso
de apelación, pidiendo que fuera revocada, y para ello arguyó7:

Insistió que, con la suscripción de los contratos números 186- 21 y 193-
21 por parte de la acusada en calidad de presidente del concejo de
Barrancabermeja, se destinaron indebidamente dineros públicos a
materias innecesarias e injustificadas.

6 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo023.RecursoApelación.pdf.
7 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo023.RecursoApelación.pdf.

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

En relación con el contrato nro. 186 de 2021, entre otros puntos, aseveró
que “(…) se equivoca el Tribunal al resaltar que el contrato 186-21 tuviera
destinado unos rubros para tal fin, y que contara con el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, como
quiera, que lo mismo no fue objeto de los planteamientos de la demanda
y, por lo tanto no podía el Tribunal hacer pronunciamiento alguno respeto
a lo reseñado, incluso, si bien fue a favor de la demandada dicha
argumentación, también hubiera podido haber sido contraria, lo que
vulneraría el derecho al debido proceso y derecho a la defensa al no
limitarse a los conceptos de violación fundamentados en la demanda”.

Alegó que se equivocó el tribunal al señalar que en el contrato nro. 186
estaba justificada su necesidad solo acogiendo el planteamiento de la
acusada y aminorando la importancia de la suscripción de dos contratos
distintos utilizados con el mismo propósito, esto es, el contrato 155-21
con la empresa Aclarar SAS y el 184 -21 con la Universidad del Atlántico.

Expuso que la convocatoria para elegir contralor distrital “no tiene etapa
de recursos, sino, de reclamaciones, cuya respuesta estaba a cargo de la
Universidad del Atlántico según contrato 0184-21 y conforme lo
establecido por el mismo Concejo de Barrancabermeja en resolución nro.
056-21 y demás resoluciones del proceso de selección de contralor
distrital, las cuales eran de cumplimiento obligatorio para las partes por
cuanto fijan las reglas de la convocatoria pública 001-21, y que permite
advertir, que el alcance nro. 2 del contrato 0186-21 no era ejecutable, tal
como se fundamentó en el medio de control”.

Reiteró que “(…) si se observan las actividades dentro del contrato 0184-
21, se podrá concluir que guardan relación directa con los alcances del

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contrato 0186-21 y por tanto, era innecesaria e injustificada su
celebración”.

Acotó que la necesidad y justificación de la celebración del contrato 0186
– 21 debía constatarse no solo con la falta de personal en el concejo para
asesorar jurídicamente sobre la convocatoria para elegir contralor
distrital, sino “con la verificación de la existencia o no de contratista
alguno que pudiera encargarse de asesorar jurídicamente a la mesa
directiva en el proceso de selección de contralor distrital o de desarrollar
todos o en parte los alcances del contrato, que en el presente caso, se
encontraba satisfecho con la celebración del contrato 155-21 con la
empresa ACLARAR S.AS., y contrato 0184-21 con la Universidad del
Atlántico, contrato último que se tornaba obligatorio su celebración para
el desarrollo de la convocatoria de selección de contralor distrital período
2022-2025, conforme el artículo 5° de la ley 1904 de 2018”.

Precisó que la concejal conocía “que dentro de la convocatoria a las
Universidades había solicitado a los proponentes y con anterioridad al
contrato 0186-21, la obligación de tener la Universidad que adelantaría la
convocatoria pública 001-21, un abogado para la ejecución del respectivo
contrato y personal adicional para brindar asesoría técnica y jurídica si
era requerida, y como tal, conocía que dentro de las obligaciones de la
Institución de Educación Superior se señalaba la respectiva asesoría
jurídica, cuyo contrato a suscribir con la Universidad se tornaba
obligatorio por disposición de la ley 1909 de 2018, pero aun así, de
manera innecesaria e injustificada la demandada celebró el contrato
0186-21 con el mismo propósito”.

Alegó que, contrario a lo señalado por el tribunal, sí “es indicativo luego
de analizar los alcances de los contratos 155-21 y 184-21, que el contrato

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186-21 se tornaba innecesario e injustificado su celebración, por cuanto
la actividad nro. 2 no podía ejecutarse al no estar prevista en la
convocatoria 001-21, y la asesoría jurídica podía ser suplida dentro de los
contratos en mención, como así se realizó por parte de la empresa
ACLARAR S.A.S, lo que se evidencia de los informes y documentos de la
convocatoria 001-21, donde la misma asesoró y proyectó en su mayoría
los documentos soportes de la convocatoria pública para seleccionar
contralor distrital de Barrancabermeja periodo 2022-2025”.

Destacó que, tanto el Ministerio Público en el concepto rendido en primera
instancia, como en el salvamento de voto del magistrado del Tribunal,
Julio Edisson Ramos Salazar, concluyeron que estaban reunidos los
elementos objetivo y subjetivo, y agregó que la concejal, en un derroche
de dineros públicos, decidió suscribir el contrato nro. 186,
comprometiendo de manera innecesaria la suma de diez millones de
pesos.

En relación con el contrato nro. 193 de 2021, anotó que, aunque su objeto
no estaba prohibido, ni recayó sobre objeto ilícito, no por eso su
celebración era necesaria y justificada.

Sostuvo “(…) se equivoca el A quo, al pretender justificar la necesidad de
la contratación en (sic) base a una obligación legal que tenía la mesa
directiva del concejo de Barrancabermeja de publicar la convocatoria en
los diferentes medios de comunicación señalados en el artículo 2.2.6.5.
del Decreto 1083 de 2015, lo cual de una lectura detenida se observa,
que lo mismo no obedece a una obligación legal, pero sí a una facultad de
la entidad de realizar la publicación en radio, prensa y televisión si bien
lo deseaba”.

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Indicó que es lógico que el secretario de la Corporación certificara que no
existía dentro de la planta personal que ejecutara el objeto del contrato,
y que ello obedeció a que la acusada, al solicitarlo por escrito del 10 de
septiembre de 2021, hizo alusión a una publicista con experiencia laboral
mínima en la ejecución de los contratos; profesional con el que
probablemente no contaba el concejo, lo que no era razón suficiente para
justificar su celebración, comoquiera que las actividades propias del
mismo eran fácilmente ejecutables por la acusada o por cualquier
funcionario.

Agregó que “(…) la publicista contratista ni siquiera realizó el aviso de la
convocatoria que se publicó en los distintos medios de comunicación, el
aviso había sido elaborado por la empresa ACLARAR SAS dentro del
contrato 155-21, (…) por lo tanto, tenía viabilidad que la demandada
suscribiera un contrato de publicidad directamente con los medios de
comunicación, y no contratar una publicista, que nada iba a ejecutar que
estuviera dentro de su especialidad o profesión”.

Frente a este contrato, también resaltó el salvamento de voto del
magistrado Julio Edisson Ramos, quien manifestó que, aunque dicho
contrato no tenía un objeto que concordara con el suscrito con la
Universidad del Atlántico, nada explicaba la necesidad de buscar un
publicista para hacer unos avisos de convocatoria, ya que tan inusual
objeto supondría que todos los municipios o los abogados que tuvieran
que hacer un edicto debían buscar un publicista para tal fin.

Por los motivos anotados, solicitó se revocara lo resuelto por el a quo y
se compulsara copia a la Fiscalía General de la Nación para que se
investigara la inobservancia de los principios de la contratación pública y

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

la comisión de delitos en la celebración de los contratos 186 y 193 de
2021.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 18 de junio de 20228.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 23
de febrero de 20239.

5.2. Por auto del 7 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación10.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 21 de marzo de 202311.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617 de 200012, y con base en lo

8 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo24AutoConcedeApelación.pdf.
9
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.
10
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.
11
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 68001 23 33 000 2022 00200 01.
12 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para

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Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201913, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones14.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la señora Erlig Diana Jiménez Becerra fue elegida
concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, por el G.S.C.
Sumemos, la parte solicitante aportó copia del formulario E-26 CON15,
elecciones autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que declaró electos como
concejales del distrito de Barrancabermeja, para el período 2020 -2023,
entre otros, a la señora Jiménez Becerra.

De igual manera, está acreditado que la concejal tomó posesión del cargo
el 2 de enero de 2020, según acta nro. 001 de la misma fecha del concejo
municipal de Barrancabermeja16.

En consecuencia, la acusada es sujeto pasivo de la presente acción de
pérdida de investidura.

la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
13
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
15 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200
01.Anexo005E26ConcejoBarrancabermeja.pdf.
16 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo002.Acta001-2020.

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Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

3.- Hechos probados

De las pruebas obrantes en el expediente, se comprueba lo siguiente17:

3.1. Acorde con el acta nro. 107 del 10 de julio de 2020 de la sesión
ordinaria del concejo municipal de Barrancabermeja, en dicha fecha se
eligió la mesa directiva para el período comprendido del 2 de enero de
2021 al 31 de diciembre de 202118 y como presidente de la corporación
fue elegida la concejal Erlig Diana Jiménez Becerra19.

3.2. Según se documentó en el expediente, en el Secop consta el Contrato
nro. 155 de prestación de servicios, celebrado entre el concejo municipal
de Barrancabermeja, representado por la señora Erlig Diana Jiménez
Becerra y Aclarar S.A.S., con una duración de cinco meses y con el
siguiente objeto contractual: “(…) prestar servicios profesionales
representando judicial y extrajudicialmente al concejo municipal de
Barrancabermeja en procesos que se instauren en contra de éste o que
deban ser promovidos, brindando asesoría, conceptos y asistencia jurídica
en los trámites administrativos y demás necesidades inherentes al objeto
del contrato”20; con acta de inicio del 30 de julio de 202121.

3.3. Está acreditado que, mediante la Resolución nro. 056 del 4 de
septiembre de 2021, se convocó “(…) a la ciudadanía a participar en la
convocatoria pública para la elección del contralor (A) distrital de

17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Archivo001DemandayAnexos.pdf.
18 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Archivo001Demandayanexos.pdf.
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Archivosolicitud de planta contrato.pdf.
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ContratoAclararSAS.pdf.
21 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Actadeinicio155-21 Aclarar SAS.pdf.

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21

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

Barrancabermeja para el período 2022-2025 a través de la convocatoria
001 de 2021”, la cual fue suscrita por la mesa directiva del concejo
distrital de Barrancabermeja y, de manera específica, por la concejal Erlig
Diana Jiménez Becerra, en calidad de presidente del concejo distrital22.

3.4. El 6 de septiembre de 2021 el administrador del plan de adquisiciones
del concejo municipal de Barrancabermeja, esto es, el secretario general
de la Corporación, certificó que “(…) en el plan de adquisiciones del
concejo del distrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal 2021 se
encuentran registrados los siguientes elementos de acuerdo a código
UNSPSC, descripción, cantidad y valor (…) Rubro presupuestal
2.1.2.02.02.008.002.01; código UNSPSC 80111601; descripción del
elemento: asesores profesionales especializados y auxiliares para el
concejo distrital de Barrancabermeja; cantidad 1; descripción
presupuestal: diez millones de pesos m/cte (10.000.000).

3.5. Mediante el certificado de disponibilidad nro. 21-00222, código de
presupuesto 2.1.2.02.02.008.003.01., el pagador del concejo municipal
de Barrancabermeja certificó que existía apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos a cargo
del ordenador de gastos del concejo municipal, para “(…) prestar los
servicios de asesoría jurídica, acompañamiento y realización de las
actividades necesarias para llevar a cabo el concurso público de méritos
para la elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja para el
período institucional 2022-2025”23.

Así mismo, mediante compromiso presupuestal nro. 21-00222, código de

22 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Resolucion056.Convocatoria.pdf
23 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.CDP193.pdf.

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22

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

presupuesto 2.1.2.02.02.008.003.01., servicios de consultoría en
administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la
información, se hizo un registro presupuestal por la suma de $10.000.000
para “(…) prestar los servicios de asesoría jurídica, acompañamiento y
realización de las actividades necesarias para llevar a cabo el concurso
público de méritos para la elección del Contralor Municipal de
Barrancabermeja para el período institucional 2022-2025. Según
Contrato No. 186-21”24.

3.6. Por solicitud hecha el 6 de septiembre de 2021 por la presidente del
concejo municipal de Barrancabermeja, concejal Erling Diana Jiménez
Becerra, el secretario general del concejo municipal de Barrancabermeja
expidió la siguiente certificación25:

“[…] Que, en la planta de cargos de funcionarios del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, en la actualidad no existe personal suficiente ni
disponible para desarrollar el objeto:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA,
ACOMPAÑAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA PARA EL PERÍODO INSTITUCIONAL 2022-2025.

Con el perfil que se describe a continuación: persona jurídica que
cuente con la capacidad para desarrollar las actividades enunciadas y
que dentro de su objeto social contemple la prestación de servicios
jurídicos o asesoría jurídica, con experiencia en el desarrollo de
mínimo cuatro (04) contratos con objetos similares al requerido por la
corporación (ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA) y que ponga a
disposición como mínimo un profesional en derecho, con
especialización en áreas del derecho público o administrativo y con
experiencia profesional mínima de VEINTICUATRO (24) meses, que
tengan las calidades exigidas y la disponibilidad para atender las
obligaciones que se derivan de la materia.

24 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ArchivoRPContrato186-2021.
25 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ArchivoCertificadoPlanta.

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23

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

Este servicio no requerirá dedicación de tiempo completo, ni implicará
subordinación.

Dado en Barrancabermeja por solicitud del presidente del Concejo
Municipal, Honorable Concejal Erlig Diana Jiménez Becerra […]”.

(mayúsculas originales)

3.7. Entre la señora Erlig Diana Jiménez Becerra, presidente y
representante legal del concejo municipal de Barrancabermeja, y la
Cooperativa de Trabajo Asociado People Work, en calidad de contratista,
se celebró, mediante la modalidad de contratación directa, el contrato de
prestación de servicios profesionales nro. 186 de 2021, cuyo objeto fue
el siguiente y plazo de ejecución de un mes y veinte días26:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE
ASESORÍA JURÍDICA, ACOMPAÑAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO
PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE BARRANCABARMEJA PARA EL PERÍODO
CONSTITUCIONAL 2022- 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCES DEL OBJETO. Para el cumplimiento
del objeto convenido en la cláusula anterior, el CONTRATISTA deberá
realizar las siguientes actividades: 1. Brindar asesoría jurídica a la
mesa directiva del concejo municipal respeto (sic) a la legalidad de los
términos de la convocatoria, bases del concurso y sus respectivos
anexos. 2. Proyectar las respuestas a los recursos que interpongan los
participantes en desarrollo del concurso con ocasiona (sic) la
publicación y o notificación de resultados obtenidos en cualquier fase
del proceso. 3. Las demás funciones que por necesidad de la
corporación le sean asignadas por el supervisor […]”.

(mayúsculas originales)

3.8. Mediante oficio código: GJUR-F-007 del 10 de septiembre de 2021,
la presidente del concejo municipal de Barrancabermeja, Erlig Diana
Jiménez Becerra, solicitó al secretario general del concejo certificación en

26Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Clausulado186.pdf.

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24

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

la que constara “(…) que en la planta de personal del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, no existe personal suficiente e idóneo
correspondiente a un profesional PUBLICISTA CON EXPERIENCIA
LABORAL MINIMA EN LA EJECUCIÓN DE DOS CONTRATOS para
desarrollar las actividades de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE LA CONVOCATORIA N. 001 PARA LA ELECCIÓN DE CONTRALOR
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PERÍODO 2022-2025”27. (mayúsculas
originales)

3.9. El secretario general del concejo municipal de Barrancabermeja
expidió la siguiente certificación28:

“[…] Que, en la planta de cargos de funcionarios del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, en la actualidad no existe personal suficiente ni
disponible para desarrollar el objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVULGACIÓN
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONVOCATORIA N. 001 PARA
LA ELECCIÓN DE CONTRALOR DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PERÍODO 2022-2025.

Con el perfil que se describe a continuación: PROFESIONAL
PUBLICISTA CON EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA EN LA EJECUCIÓN
DE DOS CONTRATOS.

Este servicio no requerirá dedicación de tiempo completo, ni implicará
subordinación.

Dado en Barrancabermeja por solicitud del presidente del Concejo
Municipal, Honorable Concejal Erlig Diana Jiménez Becerra […]”.

(mayúsculas originales)

3.10. Mediante el certificado de disponibilidad nro. 21-00232, código de

27 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
28 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ArchivoCertificadodepersonal.

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25

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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presupuesto 2.1.2.02.02.008.003.01., servicios de consultoría en
administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la
información, el pagador del concejo municipal de Barrancabermeja
certificó que existía apropiación presupuestal disponible y libre de
afectación para la asunción de compromisos a cargo del ordenador de
gastos del concejo municipal, para la “(…) prestación de servicios
personales para la divulgación en medios de comunicación de la
convocatoria N. 001 para la elección de Contralor Distrital de
Barrancabermeja período 2022-2025”29.

Así mismo, está acreditado que, mediante el compromiso presupuestal
nro. 21-00243, código de presupuesto 2.1.2.02.02.008.003.01., servicios
de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de
tecnología de la información, se hizo un registro presupuestal por la suma
de $5.000.000 para la “(…) prestación de servicios personales para la
divulgación en medios de comunicación de la convocatoria N. 001 para
elección de Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022-2025.
SEGÚN CONTRATO no. 193-21”30.

3.11. Entre la señora Erlig Diana Jiménez Becerra, presidente y
representante legal del concejo municipal de Barrancabermeja, y Karen
Julieth Moreno Plata, en calidad de contratista, se celebró, mediante la
modalidad de contratación directa, el contrato de prestación de servicios
profesionales nro. 193 de 2021, cuyo objeto fue el siguiente31:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO- El presente contrato
interadministrativo tiene por objeto: SERVICIOS PROFESIONALES

29 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.CDP193.pdf.
30 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ArchivoRPContrato193.
31 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

PARA LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA N. 001 PARA ELECCIÓN DE CONTRALOR DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA PERÍODO 2021-2025”.

PARÁGRAFO 1: ALCANCE DEL OBJETO: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
DEL CONTRATISTA. (…) Para el cumplimiento del objeto convenido el
CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades: 1.
Divulgación de la convocatoria N. 001 de 2021 para la elección del
Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022-2025 en prensa
circulación nacional o regional, a través de dos avisos en días
diferentes dentro del período de convocatoria. 2. Divulgación de la
convocatoria N. 001 de 2021 para la elección de Contralor Distrital de
Barrancabermeja período 2022- 2025 en Radio, en emisora
oficialmente autorizada y con cubrimiento nacional o regional en la
respectiva circunscripción territorial, al menos tres veces diarias en
horas hábiles durante dos días dentro del período de la convocatoria.

3. Divulgación de la convocatoria N. 001 de 2021 para elección de
Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022 - 2025 en
Televisión, a través de canales locales oficialmente autorizados, al
menos dos veces en días distintos en horas hábiles, durante la
convocatoria. 4. Las demás actividades que por necesidad de la
corporación le sean asignadas por el supervisor para el cabal
cumplimiento del objeto contractual […]”. (Mayúsculas originales)

3.12. Entre la señora Erlig Diana Jiménez Becerra, en calidad de
presidente del concejo municipal de Barrancabermeja, y la Universidad
del Atlántico, en calidad de contratista, se celebró el contrato
interadministrativo, con el siguiente objeto y alcance de las obligaciones
específicas del contratista32:

“[…] El presente contrato interadministrativo tiene por objeto:
“ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PERIODO 2022-2025
BRINDANDO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN
CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y
REALIZANDO DISEÑO APLICACIÓN Y CALIFICACION DE LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y VALORACION DE
ANTECEDENTES” […]”.

(mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

32 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ClausuladoUAtlántico.pdf.

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

4.- Análisis de la Sala

Se endilgó a la acusada incurrir en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral cuarto del artículo 48 de la Ley 617 de 200033, que
establece que los diputados, concejales municipales y distritales, y
miembros de juntas administradoras locales, perderán su investidura por
indebida destinación de dineros públicos.

Frente a esta causal, la Sección Primera34, siguiendo pronunciamientos de
la Sala Plena de la Corporación35, ha dicho que no está definida en la
Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción
de pérdida de investidura y por ello ha explicado que la indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el elegido destina los
dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos, como ocurre en
los siguientes casos:

i) cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados; ii) cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; iii) cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el
reglamento; iv) cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o

33 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
34Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Sentencia
del 4 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 68001 23 33 000 2019 00916 01 (PI).
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de
octubre de 2000. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

injustificadas; v) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, y vi) cuando la destinación
tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o en el de terceros.

Esta Sección ha explicado que, para que se configure la citada causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos36:

(i) Que se ostente la condición de concejal.

(ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado.

(iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades
y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente
establecidos en la Constitución y la ley.

Una vez identificados los elementos que configuran la causal de pérdida
de investidura invocada en el caso, la Sala se detendrá en cada uno,
advirtiendo que el segundo y el tercero se analizarán de manera conjunta.

4.1. En cuanto a la condición de concejal: como se señaló líneas atrás
en el acápite de procedibilidad de la acción de pérdida de investidura, está
demostrado que la señora Erlig Diana Jiménez Becerra fue elegida

36
Los cuales se pueden extraer de la sentencia del 22 de febrero de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2017-
04038-01(PI); para ello se cita la sentencia del 28 de marzo de 2017. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente radicación 11001 03 15 000 2015 00111 00, donde
fueron enlistados tales requisitos; explicando que aunque allí se referían a los
Congresistas son perfectamente aplicables a los restantes miembros de Corporaciones
públicas de elección popular, como los concejales. Posición reiterada por la Sala en
sentencia del 15 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI), entre otras.

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Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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concejal del distrito de Barrancabermeja, para el período constitucional
2020-2023; por lo tanto, el primer elemento se cumple.

4.2. Que se trate de dineros públicos y que sean indebidamente
destinados

La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un
miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines
diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución,
la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero.

En el asunto bajo examen, la parte actora alega que la concejal incurrió
en una indebida destinación de dineros públicos porque, en calidad de
presidente del concejo municipal de Barrancabermeja, suscribió los
contratos números 186 y 193 de 2021, cuyas actividades eran
innecesarias e injustificadas.

En relación con el contrato nro. 186 de 2021 sostuvo que:

(i) La primera actividad contratada fue “1. brindar asesoría jurídica a la
mesa directiva del Concejo Municipal respecto a la legalidad de los
términos de convocatoria, bases del concurso y sus respectivos anexos”;
no obstante, indicó que era innecesario e injustificado porque el concejo
municipal suscribió el contrato nro. 155 de 2021 con la Aclarar S.A.S.,
que en cumplimiento del objeto contractual estaba asesorando a la
corporación, y aseguró que la sociedad hizo la proyección y revisión de
las resoluciones expedidas en la convocatoria para elegir contralor.

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30

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

(ii) Explicó, frente a la primera actividad, que igualmente el concejo
municipal suscribió el contrato nro. 184 de 2021 con la Universidad del
Atlántico para que adelantara la convocatoria para elegir contralor
distrital, y que dentro de las obligaciones contractuales figuraba la de
prestar asesoría jurídica al concejo municipal respecto de dicha
convocatoria.

(iii) Indicó que la segunda actividad contratada fue “2. proyectar las
respuestas a los recursos que interpongan los participantes en desarrollo
del concurso con ocasiona (sic) la publicación y o notificación de
resultados obtenidos en cualquier fase del proceso”; sin embargo, alegó
que el concejo municipal suscribió el contrato nro. 184 de 2021 con la
Universidad del Atlántico para que adelantara la convocatoria para elegir
contralor distrital y que dicha convocatoria no previó “recursos
procedentes frente a los resultados en cada fase del proceso, entiéndase
como recursos, el de reposición y/o apelación”37, por lo que se trataba de
una función que no podía ser ejecutada por la contratista, lo que estima
demuestra que dicha contratación era innecesaria e injustificada. Agregó
que “las respuestas a las reclamaciones estaban a cargo de la Universidad
del Atlántico”38.

En lo concerniente al contrato nro. 193 de 2021 también sostuvo que la
suscripción fue innecesaria e injustificada con fundamento en que la
contratista no podía cumplir directamente las actividades contratadas,
puesto que “la misma carece de medios de comunicación como prensa de
circulación nacional o regional, emisora oficialmente autorizada y con

37 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo011ContestaciónDemanda.zip.
38 Ibidem.

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31

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Accionante: Gloria Alba Mancipe de Gómez

cubrimiento nacional o regional en la respectiva circunscripción territorial
y de canal de televisión local”39.

Bajo el contexto descrito, la Sala, para determinar si la concejal incurrió
en una indebida destinación de dineros públicos con fundamento en los
hechos invocados por la parte actora, analizará: (i) el contrato nro. 186
de 2021 en relación con el contrato nro. 155 de 2021; (ii) el contrato nro.
186 de 2021 en relación con el contrato nro. 184 de 2021, y, por último,
(iii) el contrato nro. 193 de 2021.

4.2.1. El contrato nro. 186 de 2021 en relación con el contrato nro.
155 de 2021

(i) La parte actora alega que la celebración del contrato nro. 186 de 2021
era innecesaria e injustificada debido a que el concejo municipal de
Barrancabermeja había suscrito con anterioridad el contrato nro. 155 de
2021 con Aclarar S.A.S. con el propósito de asesorar en temas jurídicos a
dicha corporación, y que, en desarrollo del contrato la sociedad, proyectó
los actos administrativos de la convocatoria pública para elegir al contralor
distrital.

(ii) En el expediente obra los estudios previos, así como el clausulado del
contrato nro. 186 de 2021, del cual se desprende que el contrato era de
prestación de servicios profesionales; que el plazo de ejecución era un mes
y 20 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que consta
ocurrió el 7 de septiembre de 2021, y el valor del contrato correspondía a

39 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Anexo011ContestaciónDemanda.zip.

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32

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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$10.000.000, “que incluye todos los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecución del presente contrato”40.

De otro lado, se identificó que el objeto a contratar era “prestar los servicios
de asesoría jurídica, acompañamiento y realización de las actividades
necesarias para llevar a cabo el concurso público de méritos para la elección
del contralor municipal de Barrancabermeja para el período institucional
2022 – 2025”41.

También se señaló en cuanto al “alcance del objeto” que para el
cumplimiento el contratista debía adelantar las siguientes actividades: “1.
brindar asesoría jurídica a la mesa directiva del Concejo Municipal respecto
a la legalidad de los términos de convocatoria, bases del concurso y sus
respectivos anexos // 2. Proyectar las respuestas a los recursos que
interpongan los participantes en desarrollo del concurso con ocasiona (sic)
la publicación y o notificación de resultados obtenidos en cualquier fase del
proceso // 3. Las demás funciones que por necesidad de la corporación le
sean asignadas por el supervisor”42.

Para justificar la necesidad del proceso de contratación, en los estudios
previos se explicó43:

“[…] Así las cosas, el Concejo Municipal de Barrancabermeja, requiere
asegurar mediante la asesoría jurídica, acompañamiento y realización
de las actividades necesarias para llevar a cabo el concurso público de
méritos para la elección del contralor municipal de Barrancabermeja
para el período institucional 2022-2025.

40 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Clausulado186.pdf.Estudiosprevios.pdf.
41 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Clausulado186.pdf.
42 Ibidem.
43 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01. Estudiosprevios.pdf.

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33

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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De esta manera se pretende realizar una convocatoria pública de
selección del contralor distrital que garantice la aplicación de todos los
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación
ciudadana y equidad de género, respetando en todas las normas que
regulan el presente proceso electoral. Con el acompañamiento del
asesor daremos un viso de legalidad a la convocatoria pública y
evitaremos demandas al proceso de selección.

Ante la inminente necesidad del Concejo Municipal de
Barrancabermeja para contar con la asesoría jurídica para (sic), se
requiere la prestación de servicios de una persona jurídica para la
realización de las actividades necesarias para llevar a cabo el concurso
público de méritos para la elección del contralor municipal de
Barrancabermeja para el período institucional 2022-2025 con vasta
experiencia especializada en gestión jurisdiccional, para la efectiva
defensa del Concejo Municipal así como una vasta experiencia en el
sector público; y partiendo del hecho que en la planta de personal no
se cuenta con el recurso humano para atender dicho requerimiento,
es necesario adelantar el proceso contractual para contratar los
servicios de una persona jurídica, con experiencia acreditada en el
conocimientos y experiencia amplia en el sector público, razón por la
cual surge la necesidad imperiosa de contar con la asesoría y
representación idónea de una persona natural o jurídica.

Para dichas obligaciones de conformidad con la necesidad expuesta en
el estudio previo y demás documentos anexos se requiere contratar
los servicios de una persona natural o jurídica que por su experiencia
e idoneidad le brinde asesoría y acompañamiento jurídico del Concejo
Municipal de Barrancabermeja, dicho acompañamiento tendrá como
fin principal realizar: En cumplimiento del objeto contractual el
contratista deberá brindar asesoría jurídica y acompañamiento al
Concejo Municipal, para la realización de las actividades necesarias
para llevar a cabo el concurso público de méritos para la elección del
contralor municipal de Barrancabermeja para el periodo institucional
2022-2025 […]”.

(iii) Por su parte, también obra el contrato nro. 155 de 2021 suscrito entre
la concejal acusada en calidad de presidente del concejo municipal de
Barrancabermeja y la sociedad Aclarar S.A.S, del cual se desprende que el
plazo de ejecución era de cinco meses contados a partir de la fecha de

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34

Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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suscripción del acta de inicio44, lo que ocurrió el 30 de julio de 2021, y el
valor del contrato fue de $50.000.00045.

El objeto del precitado contrato era “prestar servicios profesionales
representando judicial y extrajudicialmente al concejo municipal de
Barrancabermeja en procesos que se instauren en contra de este o que
deban ser promovidos, brindado asesoría, conceptos y asistencia jurídica
en los trámites administrativos y demás necesidades inherentes al objeto
del contrato”46.

En el “alcance del objeto” se indicó que para su cumplimiento el
contratista debía desarrollar las siguientes actividades47:

(1) Representar judicial y extrajudicialmente al concejo municipal de
Barrancabermeja en los diferentes procesos judiciales y administrativos
que se instauren en su contra, así como en las audiencias de conciliación
y similares, asignados por el supervisor del contrato; (2) brindar asesoría
jurídica especializada al concejo municipal de Barrancabermeja; (3)
brindar apoyo y acompañamiento para la elaboración de oficios, informes
y trámites legales que requiera el concejo municipal de Barrancabermeja;
(4) apoyar y proyectar actos administrativos, conceptos y proposiciones;
(5) proyectar dentro de los términos legales las respuestas a los derechos
de petición que le sean entregados para su trámite; (6) proyectar
contestaciones, recursos y demás requerimientos judiciales dentro de
acciones de tutela y demás procesos judiciales que se lleven en contra del
concejo municipal de Barrancabermeja; (7) brindar asesoría jurídica

44 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Actadeinicio155-21 Aclarar SAS.pdf.
45 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ContratoAclararSAS.pdf.
46 Ibidem.
47 Ibidem.

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Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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dentro de los trámites administrativos que se presenten en el concejo
municipal de Barrancabermeja, y (8) las demás actividades relacionadas
y conexas con el objeto contractual conforme a las indicaciones impartidas
por el supervisor del contrato.

(iv) Bajo el contexto descrito, la Sala considera que no le asiste razón a
la parte actora cuando argumenta que la celebración del contrato nro.
186 de 2021 fue innecesaria e injustificada porque ya se había suscrito el
contrato nro. 155 de 2021 con el mismo propósito.

Lo anterior, en primer lugar, porque el objeto de cada uno de los contratos
es diferente. En el contrato nro. 186 de 2021 el objeto se circunscribía a
prestar los servicios de asesoría jurídica, acompañamiento y realización
de las actividades necesarias para la elección del contralor municipal de
Barrancabermeja para el período 2022 – 2025. Mientras que, en el
contrato nro. 155 de 2021, el objeto fue pactado en el sentido de prestar
servicios profesionales representando judicial y extrajudicialmente al
concejo municipal de Barrancabermeja en procesos que se instauraran en
su contra o que debían ser promovidos, brindando asesoría, conceptos y
asistencia jurídica en los trámites administrativos.

De este modo, si bien para la fecha en la que se inició (7 de septiembre
de 2021) el contrato nro. 186 de 2021, ya había comenzado (30 de julio
de 2021) la ejecución del contrato nro. 155 de 2021, el cual tenía por
objeto la asesoría jurídica en los trámites administrativos al concejo
municipal de Barrancabermeja, lo cierto es que la asesoría jurídica del
primer contrato se circunscribía a la elección del contralor municipal.

(v) Aunado a lo señalado, debe tenerse en cuenta que el “alcance del
objeto” entre los contratos también es diferente, puesto que, en el contrato

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Radicación: 68001 23 33 000 2022 00200 01
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nro. 186 de 2021, en lo concerniente a lo que alega en este punto la parte
actora, era “brindar asesoría jurídica a la mesa directiva del Concejo
Municipal respecto a la legalidad de los términos de convocatoria, bases del
concurso y sus respectivos anexos”; mientras que, el alcance en el contrato
nro. 155 de 2021, estaba relacionado, entre otras funciones, con asesorar
jurídicamente al concejo municipal de Barrancabermeja; apoyar y
acompañar en la elaboración de oficios, informes y trámites legales que
requiera el concejo municipal de Barrancabermeja; apoyar y proyectar
actos administrativos, conceptos y proposiciones; brindar asesoría
jurídica dentro de los trámites administrativos que se presenten en el
concejo municipal de Barrancabermeja.

4.2.2. El contrato nro. 186 de 2021 en relación con el contrato nro.
184 de 2021

(i) La parte actora alegó que la celebración del contrato nro. 186 de 2021,
en cuanto a la primera actividad pactada, esto es, “brindar asesoría
jurídica a la mesa directiva del Concejo Municipal respecto a la legalidad de
los términos de convocatoria, bases del concurso y sus respectivos anexos”,
era innecesaria e injustificada porque el concejo municipal suscribió el
contrato nro. 184 de 2021 con la Universidad del Atlántico para que
adelantara la convocatoria para elegir contralor distrital, y una de las
funciones era la de prestar asesoría jurídica respecto de dicha
convocatoria.

(ii) También adujo en cuanto a la segunda actividad contratada, “2.
Proyectar las respuestas a los recursos que interpongan los participantes
en desarrollo del concurso con ocasiona (sic) la publicación y o notificación
de resultados obtenidos en cualquier fase del proceso”; que la
convocatoria para elegir contralor distrital no previó “recursos

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procedentes frente a los resultados en cada fase del proceso, entiéndase
como recursos, el de reposición y/o apelación”, por lo que se trataba de
una función que no podía ser ejecutada y, además, “las respuestas a las
reclamaciones estaban a cargo de la Universidad del Atlántico”, de
acuerdo con lo pactado en el contrato nro. 184 de 2021.

(iii) Para resolver, la Sala precisa que está acreditado que la concejal, en
calidad de presidente del concejo municipal de Barrancabermeja,
suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad del Atlántico,
el cual tenía por objeto “adelantar el proceso de selección del contralor
municipal de Barrancabermeja período 2022-2025 brindando asesoría y
acompañamiento integral en cada una de las etapas de la convocatoria
pública y realizando diseño aplicación y calificación de la prueba de
conocimientos y valoración de antecedentes”48.

De acuerdo con el clausulado del contrato nro. 184 de 2021, en el
parágrafo primero de la cláusula primera se señaló cuál era el “alcance
del objeto” y se precisó que “el objeto, el alcance y las actividades u
obligaciones específicas a desarrollar dentro del presente proceso
contractual, son las relacionadas dentro de la oferta, los estudios previos
documento que hace parte integral de este contrato”49.

De las obligaciones pactadas, la Sala destaca las siguientes50:

“[…] 1. Disponer de la logística necesaria para la presentación de las
pruebas, tales como: cartillas de preguntas y hoja de respuestas de
las pruebas, mecanismos de revisión y calificación de pruebas, lugares
físicos, presenciales y virtuales de publicación, para informar al
público sobre el estado de los procesos y las etapas, e implementar

48 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.ClausuladoUAtlántico.pdf.
49 Ibidem.
50 Ibidem.

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protocolos de bioseguridad vigentes para evitar la propagación y
contagio del COVID-19. (…) 3. Diseñar, elaborar y aplicar pruebas
para el cargo de contralor, teniendo en cuenta las competencias. 4.
Contar con el personal idóneo y capacitado para el diseño, aplicación
y resultados de la prueba, además del personal a cargo de las otras
etapas. 5. Asesorar en el proceso de convocatoria pública, para
proveer el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja 2022-
2025 revisar el plan trabajo y cronograma para adelantar el proceso
de convocatoria pública, para proveer el cargo de contralor municipal.
6. Asesorar en materia técnica y jurídica al Concejo Municipal en el
desarrollo de las fases de la convocatoria pública. 7. Asesorar al
Concejo Municipal en el proceso de verificación de requisitos mínimos
para establecer la lista de admitidos y no admitidos. 8. Diseñar, aplicar
y calificar, la Prueba de Conocimiento incluido el componente de
capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo (…) 9.
Efectuar los diseños, reproducción, revisión técnica, edición,
ensamblaje y exhibición de los cuadernillos de las pruebas y sus
respectivas hojas de respuesta, para cada aspirante admitido en la
convocatoria. 10. Convocar a la prueba escrita a través de la guía
instructiva y correo electrónico de cada uno de los aspirantes. 11.
Aplicar la prueba escrita a la totalidad de los aspirantes admitidos en
la fecha y hora señalada, en cumplimiento al cronograma establecido
en la convocatoria y en las instalaciones que disponga la corporación.
(…) . 16. Resolver las reclamaciones y dar contestación a las acciones
de tutela presentadas por la prueba de conocimiento y valoración de
estudios y experiencia. (…) 19. Realizar el acompañamiento integral a
la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja en la
etapa de Entrevistas para la elección del Contralor Municipal de
Barrancabermeja […]”. (Se destaca)

(iv) La Sala considera que, si bien en el contrato nro. 184 de 2021 la
Universidad del Atlántico debía “asesorar en materia técnica y jurídica al
Concejo Municipal en el desarrollo de las fases de la convocatoria pública”,
ello no implica que la suscripción del contrato nro. 186 de 2021, en cuanto
a la primera obligación, sea innecesaria o injustificada.

Lo señalado por cuanto, en los términos en los que fueron pactados los
contratos, se desprende que la Universidad del Atlántico debía prestar
asesoría jurídica al concejo municipal en el desarrollo de las fases de la
convocatoria pública; mientras que, en el contrato nro. 186 de 2021, el
contratista estaba obligado a asesorar jurídicamente a la mesa directiva

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del concejo municipal respecto de la legalidad de los términos de
convocatoria, bases del concurso y sus respectivos anexos.

En otros términos, el propósito del contrato suscrito con la Universidad
del Atlántico era asesorar jurídicamente al concejo municipal en el
desarrollo de las fases de la convocatoria, y la primera función del
contrato nro. 186 de 2021 tenía como finalidad que la mesa directiva del
concejo municipal se asesorara respecto de si la convocatoria que se
adelantaba estaba acorde con el ordenamiento jurídico.

De este modo, aunque la obligación en uno y otro contrato era la de
brindar asesoría jurídica al concejo municipal, no puede perderse de vista
que dicha asesoría recaía sobre aspectos distintos en el marco de la
convocatoria para elegir contralor distrital, dado que el contrato nro. 186
de 2021 tenía como propósito que la mesa directiva contara con una
asesoría jurídica respecto de la legalidad de los términos de la
convocatoria y las bases del concurso, por lo que no se advierte que haya
sido una contratación innecesaria o injustificada.

(v) De otro lado, la parte actora aduce que la segunda obligación del
contrato nro. 186 de 2021 era innecesaria e injustificada dado que no
podía ser ejecutada por la contratista porque la convocatoria para elegir
contralor departamental no previó la procedencia de los recursos de
reposición o apelación frente a los resultados de cada fase del proceso y
que las reclamaciones estaban a cargo de la Universidad del Atlántico.

En relación con este reparo, la Sala observa que, de acuerdo con el
contrato nro. 184 de 2021, la Universidad del Atlántico debía “resolver las
reclamaciones y dar contestación a las acciones de tutela presentadas por
la prueba de conocimiento y valoración de estudios y experiencia”.

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A su turno, en la Resolución nro. 056 del 4 de septiembre de 202151, “por
medio de la cual se convoca a la ciudadanía a participar en la convocatoria
pública para la elección del contralor (a) distrital de Barrancabermeja para
el período 2022-2025 a través de convocatoria 001 de 2021”, se
estableció el cronograma del proceso de selección y de allí se desprende
que los interesados podían presentar reclamaciones frente al “listado de
admitidos y no admitidos” en los días allí establecidos, a los “resultados
de prueba de conocimiento” en las fechas fijadas, y a la publicación de los
“análisis de antecedentes” igualmente en los días señalados en el
cronograma.

En ese sentido, la Sala no advierte que la segunda actividad pactada en
el contrato nro. 186 de 2021 fuera innecesaria o injustificada, puesto que
se trata de una obligación diferente a la prevista en el contrato nro. 184
de 2021. Al efecto, la Universidad del Atlántico debía resolver las
reclamaciones presentadas respecto de la prueba de conocimientos y
valoración de estudios y experiencia; mientras que, en el contrato nro.
186 de 2021, la función era la de proyectar las respuestas a los recursos
que los participantes promovieran en el desarrollo del concurso con
ocasión de la publicación o notificación de los resultados obtenidos en
cualquier fase del proceso.

Ahora bien, otra de las razones que aduce la parte actora es que la
segunda obligación del contrato nro. 186 de 2021 no podía ser ejecutada
por cuanto la convocatoria no previó la posibilidad de interponer recursos,
según indicó, de reposición o apelación, lo que estima demuestra que se
trataba de una contratación innecesaria o injustificada.

51 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Resolucion056.Convocatoria.pdf

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Para la Sala, este argumento no logra demostrar que la suscripción del
contrato nro. 186 de 2021 fuera innecesario o injustificado, puesto que,
si bien la Resolución nro. 056 de 2021 no se refirió expresamente a la
procedencia de recursos, sino de reclamaciones, ello no obsta para que
los interesados pudiesen interponerlos para controvertir los actos
administrativos proferidos en el marco de la convocatoria para elegir
contralor distrital.

En conclusión, para la Sala la suscripción del contrato nro. 186 de 2021
no implica una indebida destinación de dineros públicos puesto que el
proceso de contratación no fue injustificado o innecesario, en la medida
en que las obligaciones pactadas son diferentes a las de los contratos
números 155 y 184 de 2021, al igual que los objetos contractuales. Es
pertinente destacar que la parte actora reclama que el alcance de los
contratos 155 y 184 de 2021 denotan que no era necesaria la celebración
del contrato 186; sin embargo, la Sala no desconoce que los tres
contratos tenían la obligación de prestar asesoría jurídica al concejo
municipal de Barrancabermeja, pero, como quedó visto, dicha asesoría
recaía sobre diferentes aspectos.

4.2.3. El contrato nro. 193 de 2021

(i) En el expediente obra el clausulado y los estudios previos del contrato
nro. 193 de 2021, del cual se desprende que el tipo de contrato era de
prestación de servicios profesionales; el plazo de ejecución era de un mes
contado a partir de la suscripción del acta de inicio y el valor correspondía
a $5.000.000, “que incluye todos los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecución del presente contrato”52.

52 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Clausulado193.pdf.

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Igualmente consta que el objeto contractual era la “prestación de
servicios profesionales para la divulgación en medios de comunicación de
la convocatoria nro. 001 para elección de Contralor Distrital de
Barrancabermeja período 2022 – 2025”53.

Frente al “alcance del objeto” se indicó que, para el cumplimiento, el
contratista debía adelantar las siguientes actividades: “1. Divulgación de
la convocatoria nro. 001 de 2021 para elección de Contralor Distrital de
Barrancabermeja período 2022 – 2025 en prensa circulación nacional o
regional, a través de dos avisos en días diferentes dentro del período de
convocatoria // 2. Divulgación de la convocatoria nro. 001 de 2021 para
elección de Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022 – 2025
en radio, en emisora oficialmente autorizada y con cubrimiento nacional
o regional en la respectiva circunscripción territorial, al menos tres veces
diarias en horas hábiles durante dos días dentro del período de
convocatoria // 3. Divulgación de la convocatoria nro. 001 de 2021 para
elección de Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022 – 2025
en Televisión, a través de canales locales oficialmente autorizados, al
menos dos veces en días distintos en horas hábiles, durante la
convocatoria // 4. Las demás actividades que por necesidad de la
corporación le sean asignadas por el supervisor para el cabal
cumplimiento del objeto contractual”54.

En los estudios previos se sustentó la necesidad de adelantar el proceso
de contratación en los siguientes términos55:

53 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01.Clausulado193.pdf.
54 Ibidem.
55 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01. Estudios previos 193.pdf.

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“[…] 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRTENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(…)
El principio de transparencia y publicidad que rigen el concurso de
méritos para elegir contralor municipal, se requiere en cumplimiento
de la ley, con el finde tener libre concurrencia de los participantes, se
hace necesario garantizar varios medios de comunicación, a través de
un profesional que tenga idoneidad y experiencia que brinde
acompañamiento al desarrollo de las actividades de la Corporación,
manejando los medios de divulgación en la convocatoria nro. 001 para
la elección de Contralor Distrital de Barrancabermeja período 2022 –
2025, motivo por el cual es necesario la asesoría y apoyo especial y
transitorio de recurso humano calificado, que posea preparación
académica, experiencia y tenga un alto grado de responsabilidad, que
contribuya al cumplimiento de los fines del Estado.

Igualmente, es vital partir de la premisa, que la entidad no cuenta con
el personal de planta suficiente que posea las habilidades requeridas
en (sic) el contratista que se pretende contratar bajo la modalidad de
prestación de servicios; situación que, aunado en lo anteriormente
expuesto justifican y soportan la necesidad de iniciar el procedimiento
contractual que se desprende la presente.

Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y conveniencia de la
contratación del profesional referido, así como la existencia de los
elementos hacen oportuna su contratación. Además, se encuentra en
el plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2021.

(…)

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL
MISMO

(…)

¿El Concejo requiere contratar los servicios profesionales para
fortalecimiento y divulgación en medios de comunicación?

(…)
Revisados y comparados los alcances del objeto contractual se
evidencia la existente necesidad y carencia de herramientas
publicitarias comunicativas, la cual se busca fortalecer a través de la
contratación de un profesional encargado de la divulgación de la
convocatoria para la elección del contralor del municipio para el
período comprendido desde 2022 a 2025, sumado, a que es de vital
necesidad a su vez, la masificación y puesta en conocimiento a nivel
global de todas las personas del municipio que se crean interesadas

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en esta convocatoria, para ello no es solo necesario una persona
idónea para esta labor sino que también se hace necesaria que la
misma propenda crear contenido audiovisual y escrito para hacer más
receptiva la información a toda la comunidad, esto facilita la condición
o característica primaria de esta convocatoria y del objeto contractual,
el cual es la presentación de ciudadanos que cumpliendo requisitos
previos aspiran a ser Contralores del municipio, condición y/o
caracteriza (sic) que se armoniza de la mano y en relación con lo
materiales de apoyo audiovisuales creados, compartidos, publicados
y masificados por este profesional bien sea persona natural o contrario
sensu jurídica […]”.

(ii) La parte actora adujo que la suscripción de este contrato fue
injustificada e innecesaria porque la contratista no tenía los medios de
comunicación para publicitar la convocatoria para elegir contralor distrital
y, en esa medida, consideró que debió contratarse directamente con los
medios de comunicación de radio, prensa y televisión la publicidad de
dicha convocatoria, puesto que lo que se hizo es que la contratista sirviera
como simplemente intermediara o “subcontratado las diferentes
actividades detalladas dentro del contrato nro. 0193 – 21”.

(iii) La Sala considera que no le asiste razón a la parte actora, debido a
que, de los estudios previos del contrato nro. 193 de 2021, se desprende
que la justificación radica en que era necesario contratar con una persona
natural o jurídica para que se encargara de la divulgación de la
convocatoria para la elección de contralor municipal y, además, se precisó
que “se hace necesaria que la misma propenda crear contenido
audiovisual y escrito para hacer más receptiva la información a toda la
comunidad”.

De los estudios previos se advierte que el contrato no se desarrollaría
directamente por los medios de comunicación, sino que el propósito radicó
en contratar a una persona natural o jurídica para que publicitara la
convocatoria en prensa, radio y televisión en los términos pactados en el

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“alcance del objeto”. A lo que se suma que el objeto contractual consistía
en la “prestación de servicios profesionales para la divulgación en medios
de comunicación de la convocatoria nro. 001 para elección de Contralor
Distrital de Barrancabermeja período 2022 – 2025”.

En este punto, es importante señalar, frente al alegato de la parte actora
relacionado con que debía contratarse directamente con los medios de
comunicación la publicidad de la convocatoria, que el propósito del
contrato no sólo implicaba la divulgación en radio, prensa y televisión,
sino que en los estudios previos se indicó que el contratista debía
propender por crear contenido audiovisual y escrito.

(iv) La parte actora también sustenta que la suscripción del contrato nro.
193 de 2021 fue innecesaria e injustificada porque “la publicación de la
convocatoria pública 001-21 en Vanguardia Liberal fue producto de la
creación de un aviso de la convocatoria pública realizado por la empresa
ACLARAR S.A.S. dentro del contrato de prestación de servicios nro. 155-
21, y publicado en la página web del concejo de Barrancabermeja, y no
producto del intelecto o esfuerzo de la contratista en el presente evento”.

Sobre este aspecto, la Sala observa que en el expediente está acreditado
que en el informe de actividades del contrato nro. 155 de 2021,
correspondiente al período del 30 de agosto de 2021 al 29 de septiembre
de 2021, Aclarar S.A.S. indicó en las actividades relacionadas con “brindar
apoyo y acompañamiento para la elaboración de oficios, informes y trámites
legales que requiera el Concejo Municipal de Barrancabermeja” que se
“proyectó aviso de convocatoria para elección de Contralor Distrital”56.

56 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2022 00200 01. “CMB-CONTRATO155-21 informe nro.
2”

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En ese sentido, lo que está acreditado es que la sociedad Aclarar S.A.S.
proyectó el aviso de convocatoria de la elección de contralor distrital en
cumplimiento del contrato nro. 155 de 2021, que incluía dentro del objeto
contractual “brindar apoyo y acompañamiento para la elaboración de
oficios, informes y trámites legales que requiera el Concejo Municipal de
Barrancabermeja”, pero no está acreditado que la referida sociedad se
haya encargado de divulgar en medios de comunicación la convocatoria
para elegir contralor distrital.

Es de anotar que, en el contrato nro. 193 de 2021, las actividades que
debían desarrollarse consistían específicamente en la divulgación (en
medios de comunicación) de la convocatoria para elegir contralor distrital
de Barrancabermeja -) en prensa de circulación nacional o regional a
través de dos avisos en días diferentes dentro del período de
convocatoria, -) en radio, en emisora oficialmente autorizada y con
cubrimiento nacional o regional en la respectiva circunscripción territorial,
al menos tres veces diarias en horas hábiles durante dos días dentro del
período de convocatoria y -) en televisión, a través de canales locales
oficialmente autorizados, al menos dos veces en días distintos en horas
hábiles durante la convocatoria.

De este modo, el hecho que Aclarar S.A.S. haya proyectado el “aviso de
convocatoria para elección de Contralor Distrital” no implica que el contrato
nro. 193 de 2021 sea injustificado o innecesario, dado que el objeto
contractual incluía el desarrollo de unas actividades distintas a la anotada
por la parte actora.

En conclusión, para la Sala no está acreditado que la suscripción del
contrato nro. 193 de 2021 haya sido innecesaria o injustificada, puesto

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que, en los estudios previos constan las razones por las que era necesario
el desarrollo de las actividades allí planteadas.

En consecuencia, al no encontrarse reunidos los requisitos que componen
el elemento objetivo de la causal invocada, ello releva a la Sala de estudiar
el elemento subjetivo de la conducta de la acusada y, por consiguiente,
será confirmada la sentencia de primera instancia.

Por último, en lo relacionado con la solicitud que formula la parte
solicitante, en el sentido que se compulsen copias a la Fiscalía General de
la Nación para que se investigue la inobservancia de los principios de la
contratación pública y la comisión de delitos en la celebración de los
contratos 186 y 193 de 2021, se le recuerda que, en los términos del
artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, “toda persona debe
denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga
conocimiento”; de este modo, si la parte actora estima que la concejal
incurrió en algún delito debe ella ponerlo en conocimiento de las
autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2022
por el Tribunal Administrativo de Santander, por lo explicado en la parte
motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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