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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2022-00342-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2022-00342-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la Corporación Autónoma Regional de Santander y en favor de la Agencia Nacional de Tierras, las cuales serán liquidadas en la forma indicada en la parte considerativa. Las agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00342-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho1

Temas: La determinación del medio de control procedente. Titularidad de unas mejoras no
es suficiente para acreditar el dominio y destruir la presunción de baldío de un predio.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander (TAS) que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se confirmará la sentencia de primera instancia, porque la valoración de los
títulos y registros fue correcta y suficientemente explicada; no hay prueba de
dominio o posesión del predio. Por el contrario, se acreditó la titularidad de la
demandante sólo sobre unas mejoras, lo cual no es suficiente para predicar el
derecho de dominio y destruir la presunción de baldío del predio.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 27 de mayo de 20222, la Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS–, en ejercicio del medio de control de revisión, demandó a la Agencia Nacional
de Tierras -ANT- y solicitó:

(i) La revisión de las Resoluciones n.°s 4.136 del 1 de agosto de 2018 y 30.715 del
23 de diciembre de 20213, que resolvieron el procedimiento de clarificación de la
propiedad frente al predio El Retiro, ubicado en el municipio de Simacota,
departamento de Santander, matrícula inmobiliaria n.° 321-29133.

(ii) Se declare que el inmueble no tiene la condición de baldío.

(iii) Se ordene a la ANT abstenerse de ejecutar los actos demandados mientras se
resuelve la presente revisión.

1 Aunque en la demanda se refirió la acción de revisión frente a las decisiones de clarificación,

también se señaló que se dejaba a consideración del juez la adecuación al medio procedente. La
primera instancia le dio trámite en los términos del primer mecanismo procesal. La Sala, como
cuestión previa, definirá el medio procedente.
2
Índice 03 Samai, 01.CORREO RECIBIDO DE REPARTO.
3
Resuelve el recurso de reposición en contra de la primera en mención.

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

(iv) Se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Socorro
(Santander) para que realice las anotaciones correspondientes en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio.

Hechos

4. La CAS adquirió el predio rural denominado El Retiro, identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria n.° 321-29133 y código catastral n.°
68745000100080033000, mediante contrato de compraventa del 6 de diciembre de
2010, formalizado por Escritura Pública n.° 2.240 del 14 de diciembre siguiente de
la Notaría 2ª de San Gil, por un valor de $185.000.000.

5. En el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, la autoridad ambiental
solicitó, en repetidas ocasiones, al Incoder4 clarificar la propiedad del referido predio.

6. Mediante auto n.° 165 del 31 de octubre de 2014, el Incoder abrió la etapa
preliminar y a través de la Resolución n.° 6.252 del 6 de noviembre de 2015 inició
el procedimiento administrativo de clarificación. Esta última actuación fue inscrita en
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

7. La Resolución n.° 4.136 del 1º de agosto de 2018, proferida por la ANT,
finalizó dicho procedimiento y declaró que el inmueble correspondía a un bien baldío
de propiedad de la Nación, por considerar que no existía título originario expedido
por el Estado ni cualquier otro que acreditara algún dominio privado.

8. La CAS interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación al
estimar que el inmueble era de su propiedad.

9. En la Resolución n.° 3.332 del 28 de marzo de 2019, la ANT confirmó su
posición y concedió la apelación.

10. Mediante Resolución n.° 30.715 del 23 de diciembre de 2021, la ANT
confirmó integralmente la Resolución 4136 de 2018. Además, ordenó a las
autoridades competentes la actualización de la información catastral del inmueble y
las correspondientes anotaciones en el folio de matrícula para reflejar su condición
de predio baldío y la modificación de su área.

11. La anterior decisión fue notificada el 4 de mayo de 2022, mediante correo
electrónico.

Concepto de la violación

12. La ANT desconoció las pruebas de propiedad aportadas durante la actuación
administrativa. En particular, el certificado de libertad y tradición que acreditaba una

4
El Decreto 2365 de 2015 suprimió y liquidó el INCODER, funciones asumidas por la ANT -Agencia
Nacional de Tierras, Decreto Ley 2363 de 2015, y la ADR -Agencia de Desarrollo Rural, Decreto Ley
2364 de 2015.

2

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

cadena de transferencias del derecho de dominio y no una simple negociación de
mejoras, lo que demostraba que el inmueble era de propiedad privada y no un
baldío.

Contestación de la demanda

13. La ANT contestó5. A su juicio, la demandante interpretó equivocadamente el
certificado de libertad y tradición, puesto que de él y los documentos registrales se
acreditó la inscripción de unas mejoras en suelo ajeno, pero no así la de un titular
pleno del derecho de dominio.

14. Lo anterior se evidenció de la Escritura Pública n.° 2.240 de 2010 y de la
cadena de títulos que se remontaba a las escrituras de 1965 y 1968.

15. Tan dudosa era la titularidad, que la CAS contempló la posibilidad de
promover un proceso de pertenencia.

16. Formuló las excepciones de (i) legalidad de la actuación administrativa y (ii)
la insuficiencia de pruebas sobre la titularidad del predio.

La sentencia de primera instancia

17. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al concluir que la CAS no
demostró un derecho de propiedad privada del predio El Retiro. En efecto, la cadena
de títulos invocada, originada en la Escritura Pública n.º 106 de 1965, se refiere
expresamente a la transferencia de mejoras sobre un terreno baldío no adjudicado,
condición que fue reproducida en las escrituras posteriores.

18. Así, la inscripción de esos instrumentos en el folio de matrícula inmobiliaria
cumplió una función de publicidad, pero no saneaba la ausencia de un título válido
de propiedad.

19. Consideró que las pruebas recaudadas durante la actuación administrativa
respaldaban la conclusión de la ANT, pues evidenciaban la inexistencia de un acto
de adjudicación, la ausencia de explotación económica y de actos materiales de
dominio, la falta de delimitaciones físicas permanentes y destinación del predio a
actividades de conservación ambiental, circunstancias de las que no se seguía la
propiedad sobre el suelo.

20. El estudio técnico identificó inconsistencias entre el levantamiento
topográfico y la información catastral, prueba que reforzaba la incertidumbre sobre
el dominio privado alegado por la demandante.

21. La ocupación del inmueble con fines de conservación ambiental no generaba
derechos de propiedad frente al Estado, sino el cumplimiento de las funciones
propias de la CAS.

22. Tampoco podía consolidarse la propiedad por prescripción, debido al

5
Índice 22 Samai, TAS.

3

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

carácter imprescriptible de los bienes baldíos.

23. En conclusión, consideró que se trató de una tenencia de hecho sin efectos
frente al dominio del predio en cuestión.

El recurso de apelación

24. La CAS apeló6. En su criterio, el Tribunal partió de una premisa equivocada al
exigir a la CAS la acreditación de un título originario de propiedad para desvirtuar la
condición baldía del predio, pues el predio tenía antecedentes registrales de dominio
privado desde los años 60.

25. La cadena de títulos y tradiciones acreditaban la propiedad y posesión del
inmueble –en línea con la jurisprudencia de esta Corporación7–. En consecuencia,
estaba demostrado el carácter de bien privado, circunstancia confirmada por los
registros públicos correspondientes. Por tanto, tales elementos no podían
considerarse como meros mecanismos de publicidad, como lo concluyó la primera
instancia.

26. El Tribunal exigió una adjudicación o venta por parte del Estado o títulos
inscritos, con lo cual creó una tarifa legal.

27. La CAS explota ambientalmente el predio y en el marco de sus funciones. Así
está probada la posesión.

28. Adujo que se le dio un alcance distinto al artículo 675 del Código Civil, en tanto
se exigió demostrar previamente la ausencia de propietario, cuando dicha
circunstancia quedó desvirtuada con los antecedentes registrales y la posesión
ejercida por la CAS.

29. El Tribunal no explicó las razones que lo condujeron a concluir que la ocupación
de la CAS era una mera tenencia de hecho.

30. Otros documentos del expediente evidencian la destinación ambiental del
predio y, por consiguiente, el señorío en cabeza de la CAS.

31. La ausencia de explotación económica y la inexistencia de edificaciones
evidenciaban la destinación ambiental del inmueble, función que corresponde a la
CAS y que, además, pone de manifiesto su naturaleza. En consecuencia, la decisión
de primera instancia se excedió al condicionar la acreditación del dominio a la
realización de actividades de beneficio sobre el predio.

Trámite en segunda instancia

32. En auto del 30 de julio de 2025 se admitió la apelación8. La ANT se pronunció
frente al recurso de apelación y solicitó la confirmación de la sentencia de primera

6
Índice 40 Samai, TAS.
7
Se cita: “Consejo de Estado 13 de mayo de 2014, radicado 76001-23-31-000-1996-05208-01”.
8
Índice 03 Samai, TAS.

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Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

instancia9. La CAS guardó silencio. El Ministerio Público rindió concepto10.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

33. Aunque la demanda fue presentada y tramitada en primera instancia como una
acción de revisión agraria, el juez conserva la facultad, incluso de oficio, de verificar
la procedencia del medio de control ejercido y adecuarlo al que corresponda,
cuando advierta –después de analizar la causa petendi propuesta (hechos y
pretensiones)–, que la vía procesal no es la idónea. Tal potestad constituye una
manifestación de su deber de dirección y saneamiento del proceso y puede
ejercerse en cualquier etapa del trámite, siempre que se garantice el derecho de
defensa y contradicción de las partes y no se alteren las bases fácticas y
sustanciales de la controversia.

34. Las pretensiones de la demanda no se limitaron a pedir la revisión de los actos
administrativos de clarificación. En efecto, la parte actora formuló diversas
peticiones dirigidas a la protección de su derecho de propiedad, entre ellas, que se
declarara que el predio no tenía la condición de baldío; que se impartieran órdenes
a la ANT encaminadas a impedir la ejecución de los actos demandados; y que se
ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Socorro efectuar las
anotaciones correspondientes en el folio de matrícula inmobiliaria del predio.

35. Esas pretensiones evidencian que el interés del demandante no era
exclusivamente el control de legalidad de los actos acusados, sino el reconocimiento
y la protección de una situación jurídica particular y concreta que estimaba
lesionada, así como el consecuente restablecimiento de su derecho.

36. Así, la Sala considera que el presente asunto excede el ámbito propio de la
acción de revisión agraria. Esta conclusión encuentra respaldo en lo señalado por
la Corte Constitucional11 al declarar la inexequibilidad de algunas expresiones del
artículo 50 de la Ley 160 de 1994, oportunidad en la que se precisó que la referida
acción no excluye la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho cuando las pretensiones formuladas por el demandante trascienden el
mero examen objetivo de legalidad y están orientadas a la protección de un derecho
subjetivo.

37. En el presente asunto, la parte actora no solo cuestionó la legalidad de los actos
de clarificación, sino que también persiguió el reconocimiento y la salvaguarda de
su derecho de propiedad, así como el restablecimiento de la situación jurídica que
consideró afectada por las decisiones demandadas.

38. Establecido que las pretensiones corresponden al ámbito del medio de control

9
Índice 09 Samai, TAS.
10
Índice 10 Samai, TAS. “solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia porque la CAS
no probó el derecho de dominio sobre el inmueble “El Retiro” ni título de adjudicación alguno, lo que
adquirió por compraventa fue unas mejoras en un bien baldío”.
11 Sentencia C-623 del 30 de septiembre de 2015.

5

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

de nulidad y restablecimiento del derecho, la adecuación es procedente porque
dicho mecanismo se surte igualmente por el procedimiento ordinario, al igual que
ocurre con la acción de revisión agraria. Asimismo, no comporta una modificación
de la controversia, de suerte que no afecta las garantías procesales de las partes.
En consecuencia, corresponde encauzar el asunto a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA.

Aspectos procesales

39. La Sala resolverá la apelación al no configurarse causal de nulidad que invalide
lo actuado12. Además, está corroborada la jurisdicción13, la competencia14, la
conciliación prejudicial15, la caducidad16 y la legitimación en la causa por activa y por
pasiva17.

Alcance de la apelación

40. La apelante alega que el Tribunal incurrió en errores de interpretación jurídica y
valoración probatoria que lo llevaron a concluir que el predio El Retiro tenía la
condición de baldío.

Problemas jurídicos

41. ¿Es suficiente la sola existencia de títulos y antecedentes registrales para
acreditar el dominio privado de un inmueble y desvirtuar su condición de baldío?

42. ¿Esos documentos fueron interpretados y valorados correctamente por el
Tribunal para concluir que existió una mera tenencia de hecho?

43. ¿La destinación ambiental de un predio constituye prueba suficiente del dominio
o de la posesión ejercida por una autoridad ambiental, de manera que pueda
atribuirle la propiedad privada a la CAS?

Tesis

44. Todos los cargos serán despachados negativamente.

45. No basta con demostrar la existencia de títulos y antecedentes registrales para
tener por acreditado el dominio sobre un bien. En el presente caso, la titulación e
inscripción de unas mejoras a favor de la CAS no constituye prueba suficiente de

12
Aun cuando sólo se demandaron dos resoluciones, la decisión final y la del recurso de apelación,
no así la de reposición, el artículo 163 del CPACA señala que si el acto fue objeto de recursos se
entenderán demandados los que lo resuelven.
13
Atendiendo a la calidad de entidades públicas de las demandas, en los términos del artículo 104
del CPACA, el presente asunto es de conocimiento de esta Corporación.
14
En los términos de los artículos 152.2 y 150 del CPACA, corresponde conocer de la apelación en
esta instancia.
15
Atendiendo la naturaleza pública de la CAS este requisito no resulta exigible.
16 Como el medio de control fue el de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos del

literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, se tiene que notificada la resolución n.° 30.715
el 4 de mayo de 2022 (fl. 157, índice 22 TAS, enlace 19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-) y
radicada la demanda el 27 siguiente, la demanda fue oportuna.
17 Las partes están legitimadas, en tanto expidieron y son destinatarios de los actos enjuiciados.

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Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

su dominio ni de su posesión sobre el inmueble.

46. El Tribunal interpretó las pruebas de manera correcta y, además, expuso las
conclusiones de ese ejercicio.

47. La destinación ambiental de un inmueble, a lo sumo, acredita la realización de
acciones orientadas a su protección, conservación o manejo, pero no permite inferir
la condición de propietario. Esta calidad exige de los títulos y modos de adquisición
previstos en la ley.

48. Estas tesis se desarrollarán en los siguientes capítulos: (i) el contexto de los
hechos que derivaron en la expedición de los actos administrativos atacados y (ii)
el estudio de los cargos de la apelación.

El contexto de la expedición de los actos administrativos demandados

49. En este acápite se revisarán los antecedentes de la compraventa realizada
por la CAS, los títulos y los registros correspondientes, y la actuación administrativa
de clarificación.

La compraventa efectuada por la CAS

50. El 30 de noviembre de 2010, mediante resolución n.° 1392, la CAS justificó la
compra del predio El Retiro, con matrícula inmobiliaria n.° 321-29133, con el fin de
asegurar las fuentes de agua para la región de Santander18.

51. El 6 de diciembre siguiente, la CAS y la señora la señora Blanca Josefina
Ferro Zanguña suscribieron el contrato de compraventa, en el que se precisó que se
adquiría la propiedad del predio. En dicho documento, en relación con la tradición,
se citó la Escritura Pública n.° 177 del 21 de enero de 2005 de la Notaría 8ª de
Bucaramanga, otorgada con anterioridad a ese negocio jurídico, mediante la cual la
segunda de las referidas había adquirido unas mejoras19.

52. En la Escritura Pública n.° 2240 del 14 de diciembre de 2010 de la Notaría 2ª
de San Gil, la señora Blanca Josefina Ferro Zanguña20 formalizó la venta a la CAS
de “las mejoras dentro del lote de terreno denominado El Retiro”, con matrícula
inmobiliaria n.° 321-2913321.

53. El 4 de febrero de 2014, previa solicitud de la CAS22, la Oficina de
Instrumentos Públicos del Socorro, Santander, expidió el siguiente certificado
especial de la matrícula n.° 321-2913323:

18
Fls. 16-17, índice n.° 3 (PDF DEMANDA DE REVISIÓN CAS), Samai TAS.
19
Fls. 19-21, ibid.
20
En la Escritura Pública n.° 117 del 21 de enero de 2005, la mencionada señora realizó una
aclaración del área del terreno.
21
Fls. 158-16, ibid. En las tradiciones se refieren las escrituras n.° 23 de 2001, 117 de 2005 (cláusula
segunda).
22
Fl. 56, ibid.
23
Fl. 57, ibid.

7

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

“CERTIFICADO N.° 10 (…)

Que revisado el folio de matrícula inmobiliaria n.° 321-29133 y examinadas el total de
las cuatro (4) anotaciones que hasta la fecha contiene, de conformidad a lo contenido
en la tradición del folio de matrícula inmobiliaria, se pudo establecer QUE FIGURA
COMO TITULAR DE LAS MEJORAS SUJETOS A REGISTRO A: CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER “CAS”.

54. El 20 de febrero siguiente, el contratista y asesor externo de la CAS 24 envió
su concepto sobre la calidad que ostentaba dicha entidad sobre el predio El Retiro,
en el sentido de que le faltaban todos los títulos para determinar esa situación 25.

55. El 2 de septiembre de 2014, el Director General de la CAS presentó denuncias
disciplinarias y penales porque se avaluó “un predio para comprarlo, pero no
compraron el predio sino sus mejoras y su posesión”26.

56. El 7 de octubre de 2015, la Oficina de Instrumentos Públicos del Socorro,
Santander, ante la reiteración del mismo funcionario de la CAS, ratificó la
certificación ya referida y agregó27:

“CERTIFICACIÓN N.° 228

Consultado en los índices de Propietarios y en el Kardex de esta oficina hasta el año
de 1907, así como el de direcciones generales que a la fecha se conforma en la base
de datos en esta oficina, con relación a los predios cuyas tradiciones se han
trasladado a la fecha al folio magnético y por consiguiente aparecen indizados, no
consta información jurídica alguna y por ende, NO CONSTAN TITULARES DE
DERECHOS REALES SUJETOS A REGISTRO, Existiendo UNA MEJORA EN
SUELO AJENO CON ANTECEDENTE REGISTRAL A: CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER “CAS” determinado así la inexistencia de
pleno dominio sobre el mismo, situación que presume la naturaleza baldía del predio
y su imprescriptibilidad”.

Los títulos y su registro

57. En una copia parcial28 se alcanza a identificar la Escritura Pública n.° 106 del
12 de diciembre 1965 de la Notaría Única de Simacota, por medio de la cual el señor
Pablo Emilio Luque Sánchez le transfirió a título venta las mejoras existentes en el
predio El Retiro al señor Vicente Tello29.

58. En otro documento en el estado arriba advertido también se identifica la
Escritura Pública n.° 58 del 28 de mayo de 1968 de la misma Notaría, donde el

24
Rendido por el abogado Albeiro Orozco Gómez.
25
Fls. 61-62, ibid.
26
Fls. 91-108, ibid.
27
Fls. 87-89, ibid.
28 La valoración de estos documentos es posible, toda vez que en conjunto con las demás pruebas

obrantes (por ejemplo el certificado de tradición del predio y el contenido de los actos administrativos
demandados), se confirman los datos consignados, tal como lo autoriza el artículo 249 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. La primera disposición establece: “COPIAS
PARCIALES. Cuando una parte presente copia parcial de un documento las demás podrán
adicionarlo con lo que estimen conducente”.
29
Fls. 138-140, ibid.

8

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

señor Vicente Tello Luque le vendió el referido derecho (mejoras) al señor José Luis
Anselmo Téllez30.

59. En la Escritura Pública n.° 23 del 27 de marzo de 2001 de la referida Notaría,
el señor José Luis Anselmo Téllez hizo lo propio, es decir, la venta de las mejoras,
a la señora Blanca Josefina Ferro Zanguña31.

60. En la Escritura Pública n.° 2240 del 14 de diciembre de 2010 de la Notaría 2ª
de San Gil, la señora Blanca Josefina Ferro Zanguña formalizó la venta a la CAS 32.

61. En el certificado de tradición del 26 de mayo de 2002, del predio El Retiro,
con matrícula inmobiliaria n.° 321-29133, se sentaron las siguientes anotaciones:

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 11-07-1968 Radicación: SN
Doc: ESCRITURA 58 del 28-05-1968 NOTARIA de SIMACOTA VALOR ACTO: $6,000
ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio
incompleto)
DE: TELLO LUQUE VICENTE
A: ANSELMO TELLEZ JOSE LUIS CC# 2082361 X
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 22-05-2001 Radicación: 2001-1530
Doc: ESCRITURA 23 del 27-03-2001 NOTARIA UNICA de SIMACOTA VALOR ACTO: $2,000,000
ESPECIFICACION: : 600 FALSA TRADICION COMPRAVENTA DE MEJORAS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio
incompleto)
DE: ANSELMO TELLEZ JOSE LUIS CC# 2082361
A: FERRO ZANGU\A (sic) BLANCA JESENIA CC# 28111037 X
S-UPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOCORRO ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 28-01-2005 Radicación: 2005-208
I

Doc: ESCRITURA 117 del 21-01-2005 NOTARIA 8 de BUCARAMANGA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: CORRECCION DEL TITULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y AREA (ARTICULO 49 DEL
DECRETO 2148 DEL 1983): 0902
ACTUALIZACION AREA HOY 74 HAS.5.584 MTS2
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio
incompleto)
A: FERRO ZANGU\A BLANCA JESENIA CC# 28111037 X
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ANOTACION: Nro 004 Fecha: 21-12-2010 Radicación: 2010-4647
Doc: ESCRITURA 2240 del 14-12-2010 NOTARIA 2 de SAN GIL VALOR ACTO: $185,000,000
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA MEJORAS EN SUELO AJENO CON ANTECEDENTE REGISTRAL: 0616
COMPRAVENTA MEJORAS EN SUELO
AJENO CON ANTECEDENTE REGISTRAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio
incompleto)
DE: FERRO ZANGU\A BLANCA JESENIA CC# 28111037
A: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER "CAS" NIT# 8040002920I
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ANOTACION: Nro 005 Fecha: 18-11-2015 Radicación: 2015-4649
Doc: RESOLUCION 6252 del 06-11-2015 INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO RURAL INCODER de
BUCARAMANGA
VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: INICIACION DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE CLARIFICACION DE LA PROPIEDAD:
0447 INICIACION DILIGENCIAS
ADMINISTRATIVAS DE CLARIFICACION DE LA PROPIEDAD
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio
incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER
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NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

El procedimiento de clarificación

62. Mediante la Resolución n.° 6252 del 6 de noviembre de 2015, el INCODER

30
Fls. 148-150, ibid.
31
En la Escritura Pública n.° 117 del 21 de enero de 2005, esta señora realizó una aclaración del
área del terreno.
32
Fls. 158-16, ibid. En las tradiciones se refieren las escrituras n.° 23 de 2001, 117 de 2005 (cláusula
segunda).

9

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

dio inicio al procedimiento de clarificación de la propiedad del predio El Retiro33.

63. En auto n.° 0508 del 22 de agosto de 2017, que decretó las pruebas, la ANT
ordenó una inspección ocular al predio34, la que se realizó en diciembre siguiente y
concluyó que el predio se encontraba dentro de un parque nacional natural (Serranía
de los Yariguies-Resolución n.° 603 del 13 de mayo de 2005)35, razón por la cual no
se adelantaba explotación económica ni se observaba ningún tipo de vivienda o
estructuras36 y respecto de la tenencia se concluyó que la CAS figuraba con un título
incompleto por compra de unas mejoras37.

64. Cerrada la etapa probatoria38, en la Resolución n.° 4136 del 1° de agosto de
2018, la ANT resolvió sobre la clarificación y con base en el informe técnico
relacionado y los documentos y registros del predio, concluyó que se trataba de un
predio baldío, comoquiera que la única tradición era la de unas mejoras, la cual no
daba lugar a alegar el dominio pleno39. Decisión confirmada por las Resoluciones
n.°s 3332 del 28 de marzo de 2019 y 30715 del 23 de diciembre de 2021 40, con
fundamentos similares.

El estudio de los cargos frente a la sentencia de primera instancia

Los títulos e inscripciones registrales y su valoración

65. De acuerdo con los antecedentes referidos, es claro que lo adquirido e inscrito
por la CAS fueron unas mejoras y no así la propiedad del inmueble.

66. El Tribunal arribó a la misma conclusión. Efectivamente, consideró que en la
actuación administrativa se determinó que en la Escritura Pública n.° 106 de 1965,
título originario del folio de matrícula, solo se transfirieron las mejoras sobre un
terreno baldío y que los títulos e inscripciones posteriores se limitaron a replicar esa
condición.

67. En ese contexto, el artículo 50 de la Ley 160 de 199441, al regular los aspectos
susceptibles de definición en la resolución que culmina el procedimiento de
clarificación, previó, entre otros aspectos, que existe insuficiencia de títulos cuando
estos no acreditan el derecho de dominio, sino únicamente la tradición o
transferencia de mejoras sobre el inmueble.

33
Fls. 180-184, ibid.
34
Fls. 293-297, ibid.
35
Fl. 403, ibid.
36
Fl. 416, ibid.
37
Fl. 417, ibid.
38
Por intermedio del auto n.° 188 del 16 de abril de 2018, fls. 420-423, ibid.
39
Fls. 434-455, ibid.
40
Fls. 469-498, ibid.
41
Aunque fue derogado por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, el parágrafo 1º de su artículo
81 aclaró que los procedimientos y actuaciones administrativas que hubieran sido iniciados antes de
su expedición del presente y/o que se encuentren en zonas distintas a aquellas en las que se inicie
la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con
los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, continuarán su trámite hasta su culminación
mediante el procedimiento vigente antes de la expedición de dicha norma.

10

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

68. Con base en esa disposición, la primera instancia concluyó que estaba incólume
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, comoquiera
que la CAS no acreditó la propiedad privada alegada. Además, precisó que la
inscripción de las escrituras públicas del predio no alteró el alcance de los derechos
transferidos, dado que el sistema registral cumple una función de publicidad y
oponibilidad, más no tiene la aptitud de modificar la naturaleza o extensión del
derecho real objeto de inscripción.

69. En consecuencia, el argumento de la apelación dirigido a atribuir a la sentencia
impugnada el desconocimiento del valor probatorio de los títulos y de los registros
se muestra descontextualizado, pues, en ningún momento, la providencia puso en
entredicho ese aspecto, sino que reiteró una de las funciones de la inscripción de
títulos y sus limitaciones, en los términos expuestos en el párrafo precedente.

70. Además, el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 dispone que, a partir de su
vigencia, la propiedad privada sobre una extensión territorial rural debe demostrarse
mediante el título originario expedido por el Estado que conserve su eficacia jurídica,
o a través de documentos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la
vigencia de dicha ley, en los que conste una cadena de tradiciones de dominio por
el término allí previsto.

71. En esa dirección, la Corte Constitucional ha precisado que las sentencias
dictadas en procesos de pertenencia sin que se prueben los requisitos del artículo
48 citado, como por ejemplo por prescripción, incurren en defecto sustantivo y no
tienen efectos de cosa juzgada frente al Estado42. Lo anterior con la posibilidad de
demostrar la explotación económica de un baldío43, pero “los ocupantes de tierras
baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código
Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa” 44.

72. En consecuencia, tampoco encuentra asidero el cargo, en el que se indicó que
el Tribunal al exigir lo anteriormente expuesto creó una tarifa legal, en tanto no es
más que el reflejo de lo impuesto por la ley.

73. Con fundamento en lo anterior, contrario a lo sostenido en la apelación,
resultaba procedente la aplicación del artículo 675 del Código Civil, en la forma que
lo hizo la sentencia recurrida, esto es, concluir que son baldíos los bienes que
carecen de dueño. En este caso, la CAS no logró acreditar la existencia de un
derecho de propiedad privada sobre el inmueble.

74. En suma, frente al primero y segundo de los problemas jurídicos, la Sala
responde que los títulos y registros aportados por las CAS eran insuficientes para
demostrar el dominio y, además, estos documentos fueron valorados
correctamente.

42
Sentencia SU-288 de 2022.
43
Artículos 1º de la Ley 200 de 1936 (ver alcance fijado en la sentencia SU-288/22) y 65 de la Ley
160 de 1994.
44
Ibid.

11

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

La omisión de exponer las razones sobre una mera tenencia de hecho por
parte de la CAS

75. Sobre la supuesta omisión de la primera instancia de manifestar las razones
que la llevaron a concluir que la ocupación de la CAS era una mera tenencia de
hecho, se constata que el Tribunal señaló que la ocupación con mejoras no
generaba posesión oponible al Estado45 y, además, dichos bienes son
imprescriptibles, en los términos del numeral 4º del artículo 375 del CGP.

76. Incluso, descartó la existencia de hechos de señor y dueño de la CAS porque
en la inspección ocular del 15 de diciembre de 2017 el predio no evidenciaba
explotación económica o cualquier construcción o actividad física humana, sino que,
debido a su condición especial, estaba destinado a la conservación ambiental. Con
base en ello, concluyó que la tenencia de la actora era de hecho, carente de título
e insuficiente para generar efectos jurídicos frente al Estado.

77. De lo anterior es claro que sí hubo una motivación suficiente en la sentencia
sobre el aspecto que se reprochó en la apelación.

La destinación ambiental como prueba de la propiedad o la posesión de la
CAS

78. La acreditación del derecho de dominio exige la concurrencia de un título y
un modo de adquisición46 y, en materia agraria, también se imponen las exigencias
del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, lo que no fue acreditado.

79. En el presente caso se está, por tanto, ante una ocupación de hecho y no de
carácter jurídico. La primera se configura cuando, sin título suficiente -como ocurre
con las mejoras (artículo 50 citado)-, se realizan actos materiales de señor y dueño
sobre el inmueble. La segunda, en cambio, supone la existencia de un título legítimo
(contrato, escritura o adjudicación) que produce efectos jurídicos frente a terceros y
se presume legal mientras no se demuestre lo contrario.

80. La situación de los ocupantes de tierras baldías es especial: no ostentan la
calidad de poseedores conforme al Código Civil y, frente a la adjudicación estatal,
solo cuentan con una mera expectativa (artículo 65 de la Ley 160 de 1994). Además,
para que la ocupación previa pueda ser considerada en un proceso administrativo
agrario, debe recaer sobre terrenos con aptitud agropecuaria y acompañarse de una
explotación conforme a lo dispuesto en el último artículo en cita.

81. La destinación ambiental del predio tampoco tiene la virtualidad de alterar el
alcance jurídico de los títulos aportados, que se limitaron a acreditar la negociación
de unas mejoras y no la transferencia del derecho de dominio. Esa protección
constituye una manifestación de la función social y ecológica de la propiedad y, en

45
Esta conclusión la apoyó en la sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional.
46
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 16980, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez.

12

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

ese marco, habilita la imposición de restricciones al uso, goce y disposición de los
inmuebles, sin perjuicio del reconocimiento especial de los derechos de sus
ocupantes. Sin embargo, de dicha circunstancia no se derivan los elementos
constitutivos para desvirtuar la presunción del artículo 675 del Código Civil, sino el
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales por parte de la autoridad
competente, sin que esto signifique la imposibilidad de coexistencia de derechos
adquiridos previamente a dicha protección.

82. Incluso, el juez de instancia concluyó que la CAS no desarrolló ningún acto
de señor y dueño sobre el inmueble, tal como se corroboró en la visita ocular del 15
de diciembre de 2017 por parte de la ANT, en donde también se constató la
destinación de protección ambiental del bien, toda vez que es parte de un parque
nacional. Esto último pone de presente sus limitadas posibilidades agropecuarias,
así como la de su adjudicación.

83. Por consiguiente, la respuesta al último problema jurídico debe ser negativa,
en la medida en que la destinación ambiental acredita una condición jurídica y
funcional del predio, así como las limitaciones a las que se encuentra sometido. No
obstante, ello carece de aptitud para acreditar la existencia de propiedad privada o
desvirtuar la presunción de baldío de un inmueble.

La condena en costas

84. Los numerales 1º y 2º del artículo 365 del Código General del Proceso
establecen, respectivamente, que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida
en el juicio. Por su parte, el numeral 8º de ese mismo artículo la condiciona a
“cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

85. Para tales efectos y en punto de las agencias en derecho, en el caso se tiene
acreditado que la parte demandada se pronunció en esta instancia, por lo que
atendió el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial.
La Sala impondrá la condena por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de la presente providencia, teniendo en cuenta las tarifas establecidas por el
numeral 9° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.

86. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del
Proceso, se dispondrá que el tribunal de primer grado proceda a su liquidación de
manera concentrada.

87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

13

Radicación: 68001233300020220034201 (73147)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Santander
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la Corporación
Autónoma Regional de Santander y en favor de la Agencia Nacional de Tierras, las
cuales serán liquidadas en la forma indicada en la parte considerativa. Las agencias
en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

14

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