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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2022-00583-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2022-00583-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad. 41 Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01 Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2022-00583-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN LA ACTORA RENUNCIÓ AL
CARGO RESPECTO DEL CUAL SE HABÍA DECLARADO LA PROTECCIÓN DE
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE
GESTACIÓN Y TOMÓ POSESIÓN DE OTRO CARGO EN IGUALES CONDICIONES,
EN EL MISMO DESPACHO JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, AL
TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y AL FUERO DE MATERNIDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

BUCARAMANGA – SANTANDER1 contra la providencia de 25 de

octubre de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE SANTANDER2 mediante la cual se concedió el amparo solicitado.

1 En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional
2 En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo,

al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, seguridad social, y

al fuero de maternidad, los cuales estima vulnerados por la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, el CONSEJO SECCIONAL

DE LA JUDICATURA DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE

SANTANDER3, con ocasión de su retiro del cargo de escribiente del

JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE

BUCARAMANGA4, pese a encontrarse en una situación de especial

protección constitucional debido a su estado de embarazo.

I.2.- Hechos

Afirmó que desde el 29 de abril de 2022, se encuentra vinculada en

provisionalidad en el Juzgado en el cargo denominado escribiente

municipal.

3 En adelante el Consejo Seccional
4 En adelante el Juzgado

3

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

Sostuvo que el 28 de junio de 2022, le informó a su nominador que

se encontraba en estado de embarazo y le remitió los respectivos

soportes médicos que daban cuenta de ello.

Indicó que, por lo anterior, el titular del JUZGADO emitió la

Resolución núm. 14 de 30 de junio de 2022, mediante la cual declaró

la estabilidad laboral reforzada en el cargo que ocupaba atendiendo

a su estado de gravidez, protección que, en principio, dio inicio a

partir de la fecha de expedición del precitado acto y se extendería

hasta por los seis meses posteriores al parto, en virtud del amparo

decantado en múltiples decisiones por parte de la Corte

Constitucional y de las directrices establecidas en la circular CJC22-

2 de 10 de febrero de 2022, expedida por la Directora de la Unidad

de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la

Judicatura.

Señaló que mediante el Acuerdo núm. CSJSAA22-266 de 7 de

septiembre de 2022, proferido por el Consejo Seccional de la

Judicatura de Santander se creó la lista de elegibles para proveer el

cargo que viene ocupando como escribiente, desconociendo lo

dispuesto en el parágrafo final de la Circular CJC22-2 de 10 de

febrero de 2022, pues, esa Corporación no realizó la respectiva

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

publicación informando la situación administrativa del cargo, a fin de

que los posibles aspirantes la tuvieran en cuenta al momento de

optar por el mismo.

Manifestó que, debido a tal omisión, el titular del JUZGADO procedió

a proferir la Resolución núm. 016 de 5 de octubre de 2022, mediante

la cual nombró en propiedad, en el cargo que ocupaba, al señor

RAMIRO RODRÍGUEZ GELVEZ, situación que puso en riesgo sus

derechos fundamentales como madre gestante y los de su hijo que

está por nacer, debido a que el salario que percibía en ese cargo era

su única fuente de ingresos.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia, pide ser reintegrada al

cargo de escribiente que venía desempeñando o a otro equivalente o

superior, en los siguientes términos:

“[…] ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA DE SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTANDER –
RECURSO HUMANO y al JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA, que procedan a REINTEGRARME
inmediatamente o en su defecto a REUBICARME en un cargo de

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igual categoría del que venía ocupando en provisionalidad en la
RAMA JUDICIAL - Seccional Bucaramanga.

• ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA
ADMINISTRATIVA DE SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTANDER –
RECURSO HUMANO y al JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA, ABSTENERSE DE NOMBRAR EN
PROPIEDAD y POSESIONAR al señor RAMIRO RODRIGUEZ
GELVEZ o a los integrantes de la lista de elegibles, y por ende
MANTENER MI NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD en
el cargo de Escribiente, hasta cuando cese la Estabilidad laboral
reforzada que me fue concedida mediante Resolución No. 014 del
30 de junio de 2022, ello conforme a lo establecido en la circular
CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, expedida por la Directora de
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.

• ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA
ADMINISTRATIVA DE SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTANDER –
RECURSO HUMANO y al JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA, que los integrantes de la lista de elegibles
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo No.
CSJSAA22- 266 del 07 de septiembre de 2022, SEAN
NOMBRADOS Y POSESIONADOS EN ALGUNA DE LAS
OTRAS VACANTES DISPONIBLES PARA EL CARGO
ESCRIBIENTE MUNICIPAL, ello en razón a las reglas
establecidas por la Corte Constitucional.

• ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA
ADMINISTRATIVA DE SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTANDER –
RECURSO HUMANO y al JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA, QUE MI CARGO SEA EL ÚLTIMO EN SER
PROVEÍDO para las listas de elegibles del concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo No. CSJSAA22- 266 del 07 de
septiembre de 2022 […]”.

I.4.- Defensa

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I.4.1.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

SANTANDER sostuvo que el nominador de los cargos de los juzgados

es el respectivo Juez, y que la Seccional tiene el deber legal de dar

cumplimiento al trámite que se surte con ocasión de la Convocatoria

núm. 4, estando obligada a publicar los formatos de opción de sede

de los cargos que se encuentren en vacancia definitiva y posterior a

ello, el envío de los Acuerdos de listas como efectivamente se hizo

en el despacho en donde labora en provisionalidad la accionante, con

el Acuerdo CSJSAA22-266 de 7 de septiembre de 2022.

Indicó que, la Resolución 014 de 30 de junio de 2022, mediante la

cual se reconoció la estabilidad laboral reforzada de la actora, le fue

comunicada por correo electrónico, ese mismo día, por parte del

Juzgado 24 Civil Municipal de Bucaramanga, sin embargo, debido a

la cantidad de correos electrónicos que diariamente ingresan a la

bandeja de entrada, no alcanzó a mencionarse en el formato de

opción de sedes, publicado el 1o. de julio de 2022, no obstante,

afirmó que dicha mención es meramente informativa y no condiciona

la publicación de la misma.

Señaló que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los

nombramientos en provisionalidad, así sean por un período largo, no

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pueden generar expectativa de estabilidad laboral, ya que por su

naturaleza, son nombramientos con carácter eminentemente

transitorio, circunstancia conocida desde su vinculación por quien se

desempeña en dicha condición, la cual no puede prolongarse de

manera indefinida y permanente.

Frente a las pretensiones subsidiarias, adujo que el Consejo

Seccional de la Judicatura de Santander no cuenta en su planta de

personal con el cargo de Escribiente Municipal y tiene actualmente

todos los cargos ocupados con servidores judiciales, por lo tanto, en

caso de una decisión a favor a la accionante, no contaría con sedes

en donde reubicarla, por lo cual solicitó denegar las pretensiones.

I.4.2. La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL manifestó que no era responsable de la acción u omisión

alegada por parte de la actora en la solicitud, por lo cual solicitó ser

desvinculada del presente trámite por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

Indicó que conforme con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 270

de 19965, le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial en sus respectivas jurisdicciones,

pronunciarse sobre la situación de la actora.

I.4.3. El JUZGADO rindió informe en el cual manifestó que mediante

la Resolución 014 de 30 de junio de 2022, declaró la estabilidad

laboral reforzada de la accionante, teniendo en cuenta para ello la

manifestación y prueba de su estado de embarazo, dando

cumplimiento a la Circular CJC22-2 de 10 de febrero de 2022,

expedida por la Directora de la Unidad de Administración de la

Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que

el cargo que ocupa la accionante, se encontraba vacante

definitivamente.

Afirmó que, pese a que el anterior acto administrativo fue

debidamente notificado, el Consejo Seccional de la Judicatura de

Santander, ofertó la vacante a la que se ha venido haciendo

referencia en el mes de julio de 2022, desconociendo que a quien

ocupaba el cargo que se ofertaba se le había declarado estabilidad

5 Estatutaria de la Administración de Justicia.

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laboral reforzada y, además, que existían otras plazas de escribiente

en ese municipio, conforme se evidenciaba en la consulta realizada

en la página web de la Rama Judicial.

Adujo que la persona a quien se designó en el cargo de escribiente,

señor RAMIRO RODRÍGUEZ GELVES, se ubicó como primer

aspirante en orden descendente y, por tal razón, una vez fue remitida

la lista de elegibles, por parte de la Corporación correspondiente, fue

designado en dicho cargo en propiedad, sin que a la fecha se haya

posesionado en el mismo.

Destacó que con el nombramiento realizado respecto de quien

ocupaba el primer lugar de la lista de elegibles, remitida a esa

instancia judicial, no desconoció la estabilidad laboral reforzada de la

accionante, ni sus derechos como mujer gestante, pero lo cierto es

que acorde a la sentencia SU-070 de 2013, de la Corte

Constitucional, como nominador del Juzgado 24 Civil Municipal de

Bucaramanga, debía realizar el nombramiento que se cuestiona, ya

que el único y último cargo de escribiente a proveerse en ese

Despacho Judicial era el que ostentaba la actora, por lo cual le era

imposible no efectuar la designación del aspirante por concurso,

recordando que según la sentencia en mención determina como

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subregla que “si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse

entre quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer

embarazada”, lineamiento que aplicó.

I.5.- Intervinientes

I.5.1. El señor RAMIRO RODRÍGUEZ GELVEZ fue notificado de la

presente acción debidamente y en forma oportuna, sin embargo,

guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 25 de octubre de 2022, el TRIBUNAL

concedió el amparo solicitado.

Sostuvo que el retiro de la actora del cargo que venía desempeñando

en la Rama Judicial, se produjo por motivos legítimos y justificados

como el nombramiento de quien figura en la lista de elegibles, sin

que se evidenciara la utilización abusiva de una facultad legal para

encubrir un trato discriminatorio en torno a las circunstancias de

debilidad manifiesta, en relación con su estado de gravidez.

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Afirmó que, no obstante, la Corte Constitucional en estos eventos

concretos ha sido enfática en afirmar que tal situación no puede

desconocer el derecho a la estabilidad laboral reforzada que le asiste

a la mujer gestante y al nasciturus pues tal condición per se, la hace

acreedora del pago de prestaciones derivadas del fuero de

maternidad que son necesarias para garantizar sus condiciones

materiales de existencia.

Manifestó que existía una oposición, de un lado, entre la protección

de los derechos de la accionante y, de otro lado, por el respeto de la

carrera administrativa y los resultados del concurso adelantado por

la Rama Judicial.

Expuso que no era posible acceder a la pretensión de la accionante

de ordenar su reincorporación al mismo cargo que venía

desempeñando o a uno de igual jerarquía o abstenerse de nombrar

y posesionar al señor RAMIRO RODRÍGUEZ GELVEZ, pues ello

vulneraría los derechos fundamentales de quien accedió a la vacante

a través del concurso de méritos y desconocería la carrera

administrativa como mecanismo preferente para el acceso y la

gestión de empleos públicos.

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

En consecuencia, amparó los derechos fundamentales de la

seguridad social, el mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada de

la actora y ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial que dentro del término máximo 48 horas

siguientes a la notificación de la terminación del nombramiento de la

accionante, procediera a cancelar en favor de aquella, el valor del

salario dejado de percibir desde cuando fue retirada del cargo de

escribiente del JUZGADO, hasta el momento del parto y, además

que ordenara el pago de las cotizaciones a la EPS, desde el momento

de su retiro hasta cuando el bebé cumpliera un año de vida, con el

fin de que esta última efectuara el pago de la licencia de maternidad

una vez hubiera lugar a ello.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL solicitó revocar la decisión

proferida por el TRIBUNAL y, en su lugar, declarar improcedente las

pretensiones de la acción.

Como pretensión subsidiaria solicitó que, en caso de condenar a la

entidad, se sujetara al marco de la línea jurisprudencial ya definida

por el juez constitucional, en el sentido que se ordene únicamente el

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pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por ser

aquellos los que influyen directamente en el reconocimiento y pago

de la licencia de maternidad por parte de la EPS a la cual se encuentra

afiliada la actora y hasta el momento del parto, cuando se consolida

su derecho a obtener el reconocimiento y pago de dicha licencia.

Indicó que esa entidad no se oponía al amparo de los derechos de la

accionante con ocasión del fuero de estabilidad por encontrarse en

estado de embarazo, sino a la imposición de cargas económicas que

exceden lo establecido por la jurisprudencia y que van en contravía

de las disposiciones de orden legal orgánico contenidas en las normas

de presupuesto, toda vez que los gastos de esa entidad hacen parte

del presupuesto general de la nación, por lo cual pagar salarios a la

accionante implicaría incluir una nómina paralela y/o adicional a la

establecida, que no cuenta con apropiación para atender el gasto.

Señaló que el probable retiro del servicio de la accionante no se

produciría como consecuencia de su estado de embarazo, sino

obedecería única y exclusivamente al nombramiento y posesión en

propiedad del aspirante que ocupaba un lugar en la lista de elegibles,

en el entendido que el acceso a cargos públicos mediante el sistema

de carrera es un derecho que le asiste a las personas que adelantaron

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un proceso de selección objetivo y superaron todas las etapas del

mismo, mérito que la actora no probaba haber adelantado, primando

los derechos de carrera sobre las provisionalidades como forma de

provisión de los empleos en la Rama Judicial.

Manifestó que conforme lo establecido en el Decreto 1427 de 2022,

“por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del

Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones económicas

del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras

disposiciones”6, especialmente al contenido de sus capítulos 2 y 4,

esa entidad únicamente debe efectuar sólo el pago de los aportes al

sistema de seguridad social en salud de la accionante hasta el

momento del parto, tiempo en el que se consolida el derecho al

“reconocimiento y pago de la prestación económica derivada de la

licencia de maternidad”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

6 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las
dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho”

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

Se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

Comoquiera que la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial fue vinculada como accionada y está llamada a atender las

pretensiones expuestas en la acción de tutela de la referencia, la Sala

denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

la causa por pasiva de la misma, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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En el presente caso, la parte actora pretende obtener el amparo de

sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al

trabajo, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, seguridad

social, y al fuero de maternidad, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

BUCARAMANGA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE SANTANDER, con ocasión de

su retiro del cargo de escribiente del JUZGADO VEINTICUATRO

CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, pese a encontrarse en

una situación de especial protección constitucional debido a su estado

de embarazo.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de octubre de 2022,

concedió el amparo deprecado y le ordenó a la Dirección Ejecutiva

Seccional de Administración Judicial que dentro del término máximo

48 horas siguientes a la notificación de la terminación del

nombramiento de la accionante, procediera a cancelar en favor de

aquella, el valor del salario dejado de percibir desde cuando fue

retirada del cargo de escribiente del JUZGADO, hasta el momento

del parto y, además que ordenara el pago de las cotizaciones a la

EPS, desde el momento de su retiro hasta cuando el bebé cumpliera

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un año de vida, con el fin de que esta última efectuara el pago de la

licencia de maternidad una vez hubiera lugar a ello.

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la anterior

decisión y solicitó revocar la decisión proferida por el TRIBUNAL y,

en su lugar, declarar la improcedencia de las pretensiones de la

acción y, como pretensión subsidiaria, pidió que en caso de condena

a la entidad, se sujetara al marco de la línea jurisprudencial ya

definida por el juez constitucional, en el sentido que se condene sólo

al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por

ser aquellos los que influyen directamente en el reconocimiento y

pago de la licencia de maternidad por parte de la EPS a la cual se

encuentra afiliada la actora, y hasta el momento del parto, cuando

se consolida su derecho a obtener el reconocimiento y pago de dicha

licencia.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si con la orden de primera instancia proferida

por el TRIBUNAL, se garantizaron los derechos fundamentales

invocados por la actora a través de la presente acción de tutela, en

atención a su desvinculación del cargo que venía desempeñando en

provisionalidad, pese a encontrarse en una situación de especial

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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

protección constitucional debido a su estado de embarazo.

Para lo anterior, la Sala estudiará i) el derecho a la estabilidad laboral

reforzada que gozan las personas en situación de debilidad

manifiesta; ii) la estabilidad laboral relativa de los funcionarios en

provisionalidad; iii) la provisión de cargos con lista de elegibles

cuando los funcionarios nombrados en provisionalidad se encuentren

en situación de debilidad manifiesta; iv) procedencia del reintegro

como medida de protección de empleados en provisionalidad, que se

encuentren en situación de debilidad manifiesta y; v) el análisis del

caso concreto.

Del derecho a la estabilidad laboral reforzada del que gozan

las personas en situación de debilidad manifiesta

Sea lo primero destacar que en sentencia de 18 de mayo de 2017 8,

la Sección Primera efectuó un estudio acerca del derecho a la

estabilidad laboral reforzada, en el cual indicó:

«[…] La estabilidad laboral adquiere la connotación de derecho
fundamental[9] debido a diversas razones de índole
constitucional, como son: i) la existencia de mandatos de

8
Expediente nro. 2016-02142-01, Consejero ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
[9] Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.

21

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

protección especial vinculantes para todos los actores sociales y
el Estado;[10] ii) el principio de solidaridad social, y de eficacia
de los derechos fundamentales[11], y iii) el principio y derecho a
la igualdad material, que comporta la adopción de medidas
afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en
condición de debilidad manifiesta.[12]

El derecho a la estabilidad laboral reforzada ha sido definido por
la Jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que
tiene el trabajador, ii) a no ser despedido en razón a la
vulnerabilidad que lo afecte o por presentar una afectación grave
en su estado de salud, y iii) a permanecer en el cargo para el
cual fue contratado [13].

De igual forma, la Corte Constitucional ha considerado que para
evitar la posible vulneración del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, el Juez Constitucional debe verificar
las siguientes condiciones: “i) Que el peticionario pueda
considerarse una persona en situación de discapacidad, o en
estado de debilidad manifiesta; ii) que el empleador tenga
conocimiento de tal situación; y iii) que el despido se lleve a cabo
sin permiso del Ministerio de la Protección Social o de la autoridad
de trabajo correspondiente”[14].

Además, el artículo 26 de la Ley 361 de 199715 ofrece protección
especial a quienes se encuentren en condición de discapacidad,
en virtud de los principios constitucionales de igualdad y
solidaridad. Al respecto, la Corte Constitucional considera que
“estas medidas cobijan tanto a quienes acreditan una
discapacidad médicamente calificada por los órganos
competentes, como a las personas que se hallan en condición de
debilidad manifiesta por una condición de salud, con
independencia de si el despido se produce durante el transcurso
de una incapacidad por enfermedad general, o si ocurre después,

[10] Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política.
[11] A partir de los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución Política.
[12] Constitución Política, Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.”
13
Sentencias T-192 de 2012 y T-166 de 2011.
14
Sentencia T-018 de 2013.
15
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad y se dictan otras disposiciones.”

22

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en circunstancias de las que se puede inferir que la persona no
ha recobrado plenamente su estado de salud”16 […]».

La protección de la estabilidad laboral reforzada consiste, de una

parte, en el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas

administrativas o legislativas que atenten contra el principio de

igualdad de trato y, de otra, impulsar acciones afirmativas orientadas

a proteger a las mujeres embarazadas, trabajadores aforados,

personas con discapacidad o diversidad funcional u otras personas

en estado debilidad manifiesta, tales como, garantizar el derecho a

no ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad, a que

la permanencia en el empleo pueda darse hasta que se configure una

causal objetiva que imponga la terminación del vínculo y a que la

correspondiente autoridad laboral autorice el despido.

La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en

provisionalidad

El derecho al trabajo previsto en el artículo 25 de la Constitución

Política lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo, no

obstante, en el caso de quienes ocupan cargos en provisionalidad,

tiene una garantía de carácter relativo e intermedio, comoquiera que

16
Sentencia T-901 de 2013.

23

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el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que “los empleos

en los órganos y entidades del Estado son de carrera”, por lo que las

condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están

sujetas al mérito y no a la discrecionalidad del nominador.

Sobre el particular, la Corte Constitucional17 ha establecido que:

“[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra
cargos públicos, debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera
administrativa, que es el mecanismo preferente para la gestión de
los empleos públicos. Esto quiere decir que cuando una persona es
nombrada en provisionalidad, su permanencia en ese cargo
depende de la implementación de ese mecanismo, justamente
porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]” (Destacado
fuera de texto).

De lo anterior, se desprende que la terminación del vínculo en

provisionalidad como consecuencia del nombramiento en período de

prueba de una persona que fue seleccionada en el concurso de

méritos no conlleva al desconocimiento de los derechos de esta clase

de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa cede

frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron

un concurso de méritos, por lo que dicha estabilidad de los

servidores en provisionalidad está condicionada al término de

17
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

24

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duración del proceso de selección y las etapas del concurso de

méritos.

La provisión de cargos con lista de elegibles cuando los

funcionarios nombrados en provisionalidad se encuentren en

situación de debilidad manifiesta

La Sección Primera, en sentencia de 25 de mayo de 201718, se refirió

al tema de la estabilidad laboral reforzada frente a los derechos de

carrera administrativa, de la siguiente manera:

«[…] El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de
los trabajadores que ostentan una condición de debilidad
manifiesta, tales como las madres o padres cabeza de familia,
los que estén próximos a pensionarse, o los que se encuentren
en situación de discapacidad o su estado de salud no sea
óptimo[19].
En contraposición al derecho a la estabilidad reforzada,
se encuentran los derechos derivados de la carrera
administrativa, que garantizan que una persona que hubiese
cumplido los requisitos y condiciones fijadas en la ley en
relación con el mérito y calidad de los aspirantes, pueda
acceder a los empleos en los órganos y entidades del Estado,
salvo los de elección popular, libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la Ley.
Su retiro, solamente se justifica por la calificación no
satisfactoria en el desempeño del cargo, por violación al

18
Expediente nro. 2017-00138-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González.
[19] En relación con las trabajadores que no gozan de un estado de salud óptimo, esta Sala refiriéndose
a la Sentencia T-320 de 2016, adujo que tales personas deben ser protegidas por el Juez Constitucional,
en virtud de su derecho a gozar de una estabilidad laboral reforzada, con el fin de garantizar que no
sean despedidas con ocasión de su enfermedad. Para el efecto, véase la sentencia de 23 de febrero de
2017 (Expediente núm. 2016-05172. Consejera ponente María Elizabeth García González.)

25

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régimen disciplinario y por las demás causales que prevea la
Constitución y la Ley. [20]
(…)

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Sala ha sido
clara en establecer que, en los eventos en que un cargo de
carrera ofertado está provisto en forma provisional por
una persona en condición de debilidad manifiesta, el
retiro del servicio de esta última a causa del
nombramiento de quien aprobó todas las etapas del
concurso de méritos, se encuentra claramente
justificado, pues es evidente que el retiro del funcionario
obedeció a una causal objetiva expresamente consagrada en la
Ley y no con ocasión de su condición de debilidad.

Sin embargo, también se ha señalado que pese a lo anterior,
en atención al derecho a la igualdad y al principio de
solidaridad, al Estado le asiste la obligación de adoptar
medidas de diferenciación positiva a efectos de que las
personas que ostenten cargos de carrera en
provisionalidad y se encuentren en debilidad manifiesta,
sean los últimos en ser desvinculados o tener la
oportunidad de ser reubicados, pues existe una relación de
dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo y la
garantía de sus derechos fundamentales, como el mínimo vital
y la igualdad […]». (Resaltado fuera del texto original).21

[20] El artículo 125 de la Constitución Política prevé: “Los empleos en los órganos y entidades del Estado
son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo
de carrera, su ascenso o remoción…”
21
La Sección también se había referido a la tensión existente entre la provisión de cargos de carrera
mediante concurso de méritos, respecto de la protección de aquellas personas que los ocupan en
provisionalidad por encontrarse en circunstancias especiales, en la sentencia de 22 de octubre de 2015
(Expediente nro. 2015-00354-01, Consejero ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, en la
cual señaló: «[…] En ese escenario, se deben tener presentes que las mismas normas que regulan la
provisión de cargos de carrera han establecido algunas circunstancias en las que es posible realizar el
trato diferencial, como es el caso del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 1º
del Decreto 1894 de 2012, en el que se contempla que, en caso de que la lista de elegibles sea de
menor número que los cargos ofertados, la entidad deberá proveer otros cargos cuyo nombramiento
sea en provisionalidad antes de hacerlo respecto de aquellos ocupados por las personas que se
encuentren en circunstancias de especial protección (madres o padres cabezas de hogar,
prepensionados y personas en condición de discapacidad). También se plantea la posibilidad de reubicar
a las personas que estaban nombradas en provisionalidad, en cargos que se encuentren vacantes y que
no vayan a ser provistos todavía en concurso y hasta que éste se realice […]».

26

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Conforme a la postura señalada, si bien el titular del cargo de carrera

tiene un mejor derecho frente a aquel que se encuentra vinculado en

provisionalidad y bajo una situación de debilidad manifiesta, la

administración debe procurar un especial trato hacia este y, en tal

entendido, adoptar las medidas que tenga a su alcance para

garantizar el derecho a la igualdad y al principio de solidaridad.

En los casos en que la estabilidad laboral reforzada se predica de

empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte

Constitucional22 ha indicado:

“[…] Por su parte, los funcionarios públicos que
desempeñan en provisionalidad cargos de carrera,
gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia,
que implica, sin embargo, que el acto administrativo por medio
del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es
decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual
constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del
derecho fundamental al debido proceso y del principio de
publicidad.

(…)

Esta Corporación ha reconocido que cuando un
funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera
y es, además, sujeto de especial protección
constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza
de familia sin alternativa económica, funcionarios que están
próximos a pensionarse o personas en situación de
discapacidad, “concurre una relación de dependencia intrínseca
entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus
derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la

22
Sentencia T-326 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.

27

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igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la
Jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende
del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos
casos, a través de un ejercicio de ponderación entre
tales derechos y los principios que informan la carrera
administrativa” [23].

Si bien, estas personas no tienen un derecho a permanecer de
manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por
medio de un concurso de méritos, sí debe otorgárseles un
trato preferencial como acción afirmativa [24], antes de
efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros
puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de
méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Ello, en virtud de los mandatos
contenidos en los incisos 2º y 3º del artículo 13 Superior,
relativos a la adopción de medidas de protección a favor de
grupos vulnerables y personas en condición de debilidad
manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran
una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales
como las mujeres (art. 43 CP), los niños (art. 44 CP), las
personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con
discapacidad (art. 47 CP)[25].

En relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los
funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad,
la Corte Constitucional ha precisado algunas medidas
adoptadas para garantizar los derechos fundamentales
de quienes ameritan una especial protección
constitucional por estar en condiciones de
vulnerabilidad.
(…)

Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios
públicos nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera,
para no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas
personas que están en condición de vulnerabilidad deben
observarse unos requisitos propios de la estabilidad

[23] Sentencia T-186 de 2013, Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] En relación con este aspecto de la acción afirmativa pueden ser consultadas las sentencias SU-446
de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-186 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Este
razonamiento se impuso por la Sala Plena de la Corporación en la providencia SU-446 de 2011, en la
cual se planteó que, aunque primaban los derechos de acceder al cargo de los empleados de carrera,
la entidad (Fiscalía General de la Nación) tenía el deber constitucional de emplear medidas de acción
afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en
provisionalidad.
[25] Al respecto, ver, entre otras la sentencia T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y la SU-446
de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio
Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto; AV Luis Ernesto Vargas Silva).

28

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relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos (i)
la adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a
proteger efectivamente el especial contexto de las personas
vinculadas en provisionalidad, y (ii) la motivación del acto
administrativo de desvinculación […]”. (Resaltado fuera del
texto original).

En ese orden de ideas, aun cuando la estabilidad relativa de los

funcionarios en provisionalidad está dirigida a garantizar que solo

puedan ser retirados mediante un acto administrativo debidamente

motivado, esto es, con ocasión del nombramiento de la persona que

se encuentra en la lista de elegibles, en el caso de una persona en

situación de debilidad manifiesta por razones de salud que se

encuentre ocupando un cargo en provisionalidad y se enfrente a la

desvinculación con ocasión de un concurso de méritos, tiene derecho

a una protección especial.

Sobre el particular, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido que,

aun cuando las personas que ocupan un cargo público en

provisionalidad no tienen derecho a permanecer en este de manera

indefinida, en el caso de que una de estas cuente con estabilidad

manifiesta por razones de salud, deberá otorgársele un trato

preferencial, por lo que será de las últimas en removerse cuando se

proceda al nombramiento de quienes superaron el concurso de

méritos.

29

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En efecto, en reciente pronunciamiento de 11 de octubre de 202126,

la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“[…] Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
casos en los que la persona que ocupaba un cargo con
nombramiento provisional estaba en debilidad manifiesta por
razones de salud. En esas circunstancias, esta Corporación ha
definido que, si bien las personas que desempeñan un cargo
público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en el
mismo de manera indefinida, “si debe otorgárseles un trato
preferencial como acción afirmativa antes de efectuar el
nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista
de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de
garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales”.27

8.2. De manera que “antes de proceder al nombramiento de
quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se
encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en
removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben
vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes
de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían
ocupando28[…]”.

Procedencia del reintegro como medida de protección de

empleados en provisionalidad, que se encuentren en situación

de debilidad manifiesta

26
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlensinger.
27
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2017, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
28
Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2019, MP. José Antonio Lizarazo, que reiteró la
sentencia T-373 de 2017, MP. Cristina Pardo Schlesinger

30

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Es posible identificar una línea jurisprudencial trazada alrededor de

los casos de desvinculación de personas en situación de debilidad

manifiesta, bien sea por su condición de madre cabeza de familia,

por tener la calidad de pre pensionado o por una situación de salud.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo acotado por la Sección

Primera en la citada sentencia de 18 de mayo de 201729:

“[…] Algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional
respecto de la estabilidad laboral reforzada de las
personas que desempeñan cargos en provisionalidad:

En la sentencia SU-446 de 2011, mediante la cual se
decidieron diversos casos relacionados con el concurso de la
Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional
estableció que pese a la discrecionalidad de la que gozaba la
Fiscalía, sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como
medida de acción afirmativa a las madres y padres cabeza de
familia, a los pre pensionados y a las personas en situación de
discapacidad, frente a lo cual ha debido prever los
mecanismos para garantizarles que fueran los últimos en
ser desvinculados, porque prevalecen los derechos de
quienes ganan el concurso público de méritos. Al no
haberse previsto tales mecanismos, ordenó que dichas personas
fueran nuevamente vinculadas en forma provisional, si existieren
cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían
ocupando. Sin embargo, no les concedió la tutela porque no
ostentaban un derecho a permanecer en el empleo.

(…)

En la sentencia T-159 de 2012, la Corte Constitucional decidió
el caso de una empleada judicial en provisionalidad a quien le
había sido diagnosticado un tumor maligno de los huesos y
cartílagos, desvinculada de su cargo para posesionar en el mismo
a un empleado en propiedad, a quien se le había reconocido un
traslado. En esa oportunidad se avaló el traslado como una de
las maneras de proveer en propiedad los cargos de la Rama

29
Ut supra, página 29.

31

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

Judicial. Sin embargo, como el juzgado de instancia no valoró
si la protección a la estabilidad laboral reforzada de la
actora encontraba garantía en la posible reubicación en
un cargo igual o similar al que ejercía, ni tampoco analizó
qué medida u orden le podría salvaguardar la necesidad
del tratamiento, ordenó a la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Tunja que, en el evento de existir
vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba la
actora fuera nombrada en provisionalidad hasta tanto en el cargo
se nombrara en propiedad mediante el sistema de carrera, o su
desvinculación cumpliera con los requisitos legales y
jurisprudenciales dispuestos en la sentencia SU-916 de 2010.

En la sentencia T-605 de 2013 se estudió el caso de una
empleada en provisionalidad de la planta de cargos
administrativos del Departamento de Santander a quien se le dio
por terminada la relación laboral para proveer el empleo con la
persona que aprobó el concurso de méritos, sin tener en cuenta
su grave estado de salud. La Corte Constitucional estableció que
si bien se encuentra configurada una causal objetiva por
medio de la cual la demandante puede ser desplazada de
su cargo en provisionalidad, la Gobernación de Santander
ha debido tomar las previsiones para dispensar la
protección requerida por la actora como consecuencia de
su condición de debilidad manifiesta, tal como se dispuso en
la sentencia de unificación SU-446 de 2011 […]”. (Resaltado
fuera del texto original).

En la citada sentencia, la Sala tuvo en cuenta la posición

jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a la viabilidad de

ordenar el reintegro laboral o la permanencia en el cargo o en uno

igual, para los casos en los que la desvinculación laboral ocurrió en

el marco de un concurso público o en virtud de los derechos derivados

de la carrera administrativa. En todos ellos, la Corte advirtió la

necesidad de brindar una protección especial con miras a garantizar

la permanencia en el trabajo de las personas en estado de debilidad

32

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

manifiesta.

Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia T-464 de 2019,

manifestó respecto de la estabilidad reforzada relativa de personas

en condiciones de debilidad manifiesta por enfermedad lo siguiente:

“[…] Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que la estabilidad laboral de la que gozan todos los funcionarios
públicos que se encuentran en provisionalidad es una estabilidad
laboral relativa o reforzada, en la medida en que no tienen
derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues
este debe proveerse a través del concurso de méritos. Por su
parte, aquellos funcionarios públicos que se encuentran
en provisionalidad y que son sujetos de especial
protección constitucional gozan de una estabilidad laboral
reforzada, pero pueden llegar a ser desvinculados con el
propósito de proveer el cargo que ocupan con una persona
que ha ganado el concurso de méritos, pues se entiende
que el derecho de las personas que se encuentran en
provisionalidad cede frente al mejor derecho que tienen
aquellos que participan en un concurso público30.

No obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional ha
reiterado que en el caso de sujetos de especial protección
constitucional que ejerzan cargos en provisionalidad, las
entidades deben otorgar un trato preferencial antes de
efectuar el nombramiento de quienes ocupan los primeros
puestos en las listas de elegibles del respectivo concurso
de méritos, con el propósito de garantizar el goce efectivo
de sus derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de
texto).

En síntesis, de la línea jurisprudencial analizada se concluye que si

bien en principio no existe un derecho fundamental a la estabilidad

30
Sentencia SU-691 de 2017.

33

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

laboral de los empleados nombrados en provisionalidad, es posible

que frente a personas que se encuentran en una situación de

debilidad manifiesta se configure la protección constitucional, en

virtud de lo cual la acción de tutela podrá ordenar el reintegro laboral

de la persona en condición de debilidad manifiesta por condiciones

de salud, a un cargo de igual jerarquía, siempre que exista vacante

disponible, pues de no existir plaza disponible, “se deberá afiliar al

Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta tanto finalicen los

tratamientos que sean necesarios para la recuperación del cáncer

que padece o sea afiliada al sistema por otro empleador”31.

Análisis del caso concreto

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará el

acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa

que lo pretendido por la actora con la presente solicitud de amparo

es que se ordenara al titular del JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL

31 Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

34

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA que se abstuviera de hacer el

nombramiento del señor RAMIRO RODRÍGUEZ GELVEZ, quien

había superado el concurso de méritos para el cargo de escribiente

municipal que aquella ocupaba en provisionalidad, hasta tanto

terminara su protección a la maternidad, dada su condición actual de

embarazo.

Encuentra la Sala que con posterioridad al fallo de primera instancia,

el JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,

doctor Julián Ernesto Campos Duarte, allegó memorial en el que

manifiesta que la actora presentó renuncia al cargo de escribiente

que venía desempeñando en provisionalidad, respecto del cual se

declaró su estabilidad laboral reforzada y se ordenó la protección de

sus derechos en la primera instancia de la presente solicitud de

amparo, toda vez que el 1o. de noviembre del presente año fue

nombrada en provisionalidad en otro cargo de escribiente que hace

parte de la planta de personal de ese despacho judicial. En efecto,

en dicho informe el titular del despacho judicial sostuvo:

“[…] La abogada Angie Carolina Tarazona Acero, presentó renuncia
al cargo de Escribiente que venía desempeñando en
provisionalidad, y por el cual se declaró su estabilidad laboral
reforzada, según da cuenta la Resolución No.014 del 30 de junio
de 2022, dimisión que se estructuró a partir del 01 de noviembre

35

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

de 2022 inclusive, siendo aceptada por resolución No.17 del 01 de
noviembre de 2022.

Ahora bien, toda vez que se presentó una vacante en el otro cargo
de escribiente, que hace parte de la planta de personal de este
Despacho Judicial, se procedió a nombrar a la Ab. Angie Carolina
Tarazona Acero, según da cuenta la resolución No.021 del 01 de
noviembre de 2022, en el cual se encuentra desempeñándose en
la actualidad, aclarando que la designación tiene como origen, que
quien lo ocupa en carrera, se encuentra en licencia no remunerada
por dos años.

Frente a lo anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones,
de cara a la orden contenida en el fallo de tutela al que se hizo
referencia en párrafos precedentes: i.) En la actualidad el señor
Ramiro Rodríguez Gelvez, no se ha posesionado, solo aceptó el
nombramiento, manifestando que haría uso del término máximo
establecido en la Ley 270 de 1996, para tomar posesión,
venciéndose el mismo el 22 de noviembre del presente año, ii.) El
nombramiento de la accionante Angie Carolina Tarazona Acero, en
el cargo de Escribiente que actualmente desempeña, deriva que la
persona que ostenta la propiedad del mismo se encuentra en
licencia no remunerada por dos años, ya que se halla nombrada en
otro empleo dentro de la Rama Judicial, por lo que la designación
en provisionalidad de la precitada abogada Tarazona Acero, se
encuentra supeditada hasta tanto se reintegre quien lo ocupa en
propiedad.

Por lo expuesto, es posible predicar, que a la fecha no se
estructuraría la condición establecida en el numeral segundo del
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en la
medida, que la terminación del nombramiento de la accionante
Angie Carolina Tarazona Acero, no se configuró por la posesión del
señor Ramiro Rodríguez Gelvez, sino por la renuncia presentada
por la actora, y si bien en la actualidad la actora Tarazona Acero,
fue nombrada como escribiente, está desempeñando el cargo en
virtud, que la persona que lo ostenta en propiedad se halla en
licencia no remunerada por dos años […]”.

Igualmente, adjuntó copia de la Resolución núm. 021 de 1o. de

noviembre de 2022, mediante la cual la actora fue vinculada en el

otro cargo de escribiente en provisionalidad que se encontraba

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

vacante con ocasión de la dimisión de la titular en propiedad del

mismo por encontrarse en licencia no remunerada para desempeñar

otro cargo en la Rama Judicial. Así lo establece la citada resolución:

[…] JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN # 021

Noviembre 01 de 2022

POR LA CUAL SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE
ESCRIBIENTE EN PROVISIONALIDAD EL SUSCRITO JUEZ
VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

En uso de las facultades legales, en especial las contenidas en la
Ley 270 de 1996 y

C O N S I D E R A N D O:

1. Que mediante Resolución No. 018 del 01 de noviembre de
2022, se aceptó la renuncia a partir del 31 de octubre del
presente año, de la Ab. YERALDITH DAYANNA CASTILLA
CAMACHO, al cargo de escribiente, que venía desempeñando y
quien había sido nombrada en reemplazo de la Ab. Daniela
Barrera Prada, quien ostenta la propiedad del precitado cargo,
pero que a la fecha se encuentra en licencia no remunerada, ya
que se desempeña en otro cargo en provisionalidad en la Rama
Judicial.

2. Que se hace necesario proveer el cargo de Escribiente y que
corresponde al juez como nominador, conforme al Art. 131 de la
Ley 270 de 1996, designar los empleados del Juzgado del cual
es titular.

3. Que la abogada ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO
identificada con c. c. No. 1.098.772.400 de Bucaramanga,
cumple con los requisitos para ser designada en provisionalidad
en el cargo de Escribiente conforme se puede evidenciar de los
anexos de la hoja de vida obrante en su carpeta, por lo que se
procederá a su nombramiento.

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

En consecuencia, el Juez Veinticuatro Civil Municipal de
Bucaramanga,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NOMBRAR EN PROVISIONALIDAD a la Ab. ANGIE
CAROLINA TARAZONA ACERO identificada con c. c. No.
1.098.772.400 de Bucaramanga, a partir del 01 de noviembre
de 2022 inclusive, en el cargo de Escribiente del Juzgado
Veinticuatro (24) Civil Municipal de Bucaramanga, conforme a
los considerados del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Comuníquese a la interesada para que tome
posesión y a la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección
Ejecutiva Seccional respectiva para los efectos pertinentes […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, de conformidad

con el informe allegado a la acción de tutela de la referencia por el

JUZGADO, las circunstancias fácticas que dieron lugar a la

interposición de la acción constitucional de la referencia y que

generaron la presunta vulneración desaparecieron, razón por la que

cualquier pronunciamiento al respecto carece de fundamento y se

configura una carencia actual de objeto por hecho superado, por

cuanto, la actora se encuentra laborando actualmente en otro cargo

de escribiente que se encontraba vacante en el mismo despacho

judicial.

Analizado lo anterior, la Sala encuentra que como ya se respondió a

la cuestión fundamental planteada por la accionante, se encuentran

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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2022-00583-01
Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

satisfechas las pretensiones que inicialmente promovieron la

interposición de la acción de tutela y que dieron lugar al amparo

concedido en primera instancia, dejando sin objeto cualquier decisión

que pueda emitir el juez constitucional al respecto.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»32. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

32 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”33 (Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con

33 Ibídem.

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”34.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en el

asunto sometido a consideración de la Sala en sede de impugnación,

debido a que los hechos que originaron la presente acción de tutela

han sido superados, razón por la que se declarará la carencia actual

de objeto por hecho superado, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero

Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación
número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda.
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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Actora: ANGIE CAROLINA TARAZONA ACERO

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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