Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00071-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00071-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00071-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
11 de mayo de 2023
Demandante: Duván Roa Serrano
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00071-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00071-01
Accionante: DUVÁN ROA SERRANO
Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Confirma decisión de primera instancia que negó el
cumplimiento del artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de
27 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
negó el cumplimiento del artículo 35 del Decreto Ley 020 de 20141.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. Mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2023, el señor Duván Roa
Serrano ejerció la acción de cumplimiento contra la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de obtener el acatamiento del artículo 35 del Decreto Ley 020 de 20142.
1 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y de sus entidades adscritas”.
2 ARTÍCULO 35. LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles serán conformadas con base en
los resultados del concurso o del proceso de selección, en estricto orden de mérito y con los
aspirantes que superen las pruebas en los términos indicados en la convocatoria.
La provisión definitiva de los empleos convocados se efectuará en estricto orden descendente, una
vez se encuentre en firme la lista de elegibles y después de adelantarse el estudio de seguridad de
que trata el presente decreto-ley.
Una vez los empleos hayan sido provistos en período de prueba, las listas de elegibles resultantes
del proceso de selección solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las
vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión
de la configuración de alguna de las causales de retiro del servicio para su titular.
Para los anteriores efectos, las listas de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años.
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Demandante: Duván Roa Serrano
Demandado: Fiscalía General de la Nación
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1.2. Pretensiones de la demanda
PRIMERA: Se acojan las tesis aquí expuestas.
SEGUNDA: Se Declare el Incumplimiento de la norma aquí demandada por parte del Fiscal
General de la Nación y a los integrantes de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía
General de la Nación.
TERCERA: Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 125° de la Constitución
Política de Colombia en tanto se ordene el cumplimiento efectivo de del Decreto 020 de 2014
y en especial a lo previsto en su artículo 35°.
CUARTA: En consecuencia de lo anterior, se ordene al Fiscal General de la Nación y a los
integrantes de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación nombrar
de manera inmediata y en estricto orden de mérito a los integrantes de la lista de elegibles
del empleo “Profesional de Investigación I” que se encuentran en el acto administrativo
“RESOLUCIÓN No. 0047 DE 2022” hasta tanto se cubran todas las vacantes definitivas del
referido empleo. (A corte de 05 de octubre de 2022 la Fiscalía reporta 248 vacantes
definitivas para el empleo Profesional de Investigación I).
QUINTA: Se suspenda el termino de vigencia de la lista de elegibles “RESOLUCIÓN No.
0047 DE 2022” hasta tanto se decida de fondo el presente asunto (la transcripción
corresponde al texto original de la demanda, es posible que contenga errores).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
2. El artículo 118 del Decreto 020 de 2014, dispuso que contados tres años
desde la vigencia de esa norma (hasta el 8 de enero de 2017) debían proveerse
todas las vacantes de la carrera especial, sin embargo, de las 22.627 vacantes de
la Fiscalía General de la Nación, únicamente están provistas en propiedad 4.848,
las 17.210 plazas restantes, en provisionalidad o encargo.
3. Mediante sentencia del 22 de octubre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, confirmó el fallo del 4 de marzo de ese año, que le ordenó a la
demandada que acatara el artículo 118 del Decreto Ley 020 de 2014.
4. A través de la Convocatoria FGN 2021- Universidad Libre, la entidad
convocó a concurso abierto para proveer “algunas” vacantes a, por ejemplo, para
el empleo de profesional de investigación I, la Fiscalía únicamente ofertó tres
plazas de las 248 que se encuentran provistas en provisionalidad y encargo.
PARÁGRAFO. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado del proceso de selección
esté conformada por un número menor de aspirantes al de los empleos ofertados a proveer, la
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en periodo de prueba y retirar del
servicio a los provisionales, tendrá en cuenta la condición de padre o madre cabeza de familia, de
discapacidad y de pre-pensionados, en los términos de las normas de seguridad social vigentes.
Con el mismo fin señalado en el inciso anterior, los concursos o procesos de selección para
proveer los empleos de carrera de las entidades adscritas, se adelantarán de manera gradual y en
distintos tiempos.
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Demandante: Duván Roa Serrano
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5. Mediante Resolución n.º 0047 de 12 de diciembre de 2022 se conformó la
lista de elegibles para el cargo de profesional de investigación I, en orden meritorio
descendente.
6. El 30 de enero de 2023, el señor Roa Serrano, con el objetivo de agotar el
requisito de procedibilidad de la Ley 393 de 1997, requirió a la entidad para lo
siguiente:
1. Se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 125 de la Constitución Nacional de
Colombia y al Decreto 020 de 2014, en especial a lo previsto en su artículo 35.
2. Se efectúen de manera inmediata todos los nombramientos en periodo de prueba (De
todas las vacantes con nombramiento en provisionalidad) del empleo denominado
“Profesional de Investigación I” con la lista de elegibles resultante del proceso de selección
“Concurso 001 de 2021”, esto es la RESOLUCIÓN No. 0047 DE 2022 FGN.
3. Me informen el número total de vacantes en provisionalidad del empleo denominado
“Profesional de Investigación I”, indicando el lugar (municipio o seccional) donde actualmente
está cada vacante.
4. De no proceder la anterior solicitud, me informen las razones de hecho y derecho por los
cuales son renuentes al cumplimiento normativo.
7. Vencidos los diez días legales, no recibió ninguna respuesta.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
8. Por auto del 24 de febrero de 2023, el magistrado ponente admitió la
acción de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar a la Fiscalía General
de la Nación3.
1.4.2. Contestación de la demanda
9. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación se opuso a las
pretensiones. En primer lugar, señaló que, en cumplimiento de la sentencia del 22
de octubre de 2020 del Consejo de Estado, ha adelantado las actuaciones
tendientes a proveer los empleos mediante concurso de méritos. Además,
actualmente, cuenta con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para comprometer vigencias futuras y continuar los procesos de selección
de los empleos de la institución.
3 Mediante auto del 21 de marzo de 2023, el Tribunal negó la solicitud de pruebas de la parte
actora, encaminada a que se le solicitara a la CNSC información sobre las convocatorias que ha
adelantado a la fecha.
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10. En segundo lugar, refirió que la norma aludida como desacatada no
contiene un mandato imperativo e inobjetable, además, explicó que la pretensión
de que se cubran todas las vacantes del cargo profesional de investigación I no es
viable porque únicamente se ofertaron tres plazas y se conformó la respectiva
lista de elegibles, por lo que no pueden realizarse nombramientos por fuera del
límite establecido en la propia convocatoria.
11. En tercer lugar, informó que el demandante participó en el concurso de la
Fiscalía para el cargo de profesional investigador I, OPECE I-107-10-3 y ocupó la
posición 103. También hizo parte del proceso de selección para el empleo de
fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, OPECE-I-103-10-40 y
alcanzó el puesto 442. En ambas se conformó la lista de elegibles y se iniciaron
los trámites tendientes a proveer las vacantes con nombramientos en periodo de
prueba.
12. En el presente asunto, se recibieron dos intervenciones ciudadanas de
los señores Johan Ignacio Vargas y Jonathan Osorio Vargas. Ambas coincidieron
en que se deben convocar y proveer los cargos de carrera que se encuentren
vacantes definitivamente o que estén provistos mediante nombramiento
provisional o encargo, por lo que mal hace la entidad en considerar que solo
puede hacerlo respecto de las plazas convocadas, pese a que existe una lista de
elegibles para el mismo cargo.
1.4.3. Fallo impugnado
13. En la sentencia de 27 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda formulada. Lo anterior, por
cuanto el artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014 limita la provisión de empleos
en vacancia definitiva a través de lista de elegibles únicamente para aquellas
plazas que fueron convocadas a concurso de méritos, lo cual hace “evidente la
improsperidad” de las pretensiones de la acción de cumplimiento de la referencia.
14. El a quo afirmó que la Corte Constitucional en auto del 17 de enero de
2023, admitió una demanda de inconstitucionaludad contra el artículo 35 (parcial)
del Decreto Ley 020 de 2004, por infringir los artículos 40.7 y 125 de la Carta
Política, se basa, entre otras, en que la Convocatoria 001 de 2021 de la Fiscalía
General de la Nación, no ofertó la totalidad de cargos vacantes de la entidad y que
el inciso 3 de la norma en cuestión, “niega la posibilidad de que la lista de
elegibles que se ha de conformar al culminar el proceso de selección pueda ser
utilizada para la totalidad de vacantes que correspondan a los empleos ofertados”.
15. Lo anterior, según el tribunal, evidencia que la norma cuyo acatamiento se
reclama -y que aun no ha sido declarada inexequible- no permite el uso de la lista
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de elegibles para proveer la totalidad de las vacantes definitivas del cargo de
profesional de investigación I de la Fiscalía General de la Nación.
1.4.4. Impugnación
16. La parte actora impugnó la sentencia del a quo. En primer lugar, el
ciudadano Roa Serrano manifestó que la Fiscalía General de la Nación “viene
burlando el mérito e irrespetando los diferentes fallos judiciales por más de 31
años”, pese a que en distintas decisiones judiciales se ha ordenado implementar el
mérito.
17. Por esa razón, le parece extraña la postura del Tribunal Administrativo de
Santander “en interpretar la norma sobre presupuestos que sólo favorecen al
personal que actualmente se encuentra en provisionalidad”, pues, en su parecer,
va en contravía del precedente jurisprudencial y permite “continuar la burla a la
implementación del régimen de carrera dentro de la Fiscalía General de la Nación,
a pesar que existe un mandato claro y actualmente vigente que refiere el artículo
35 del Decreto 020 de 2014”.
18. En segundo lugar, reprochó que no se hiciera un análisis exegético de la
norma y se concluyera que la entidad debe proveer los empleos convocados con
todas las plazas que se encuentren vacantes.
19. En tercer lugar, frente a la afirmación de que la Corte Constitucional
estudiará el artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014 y, en todo caso, concluir que
la norma demandada a cumplir se refiere únicamente para aquellas plazas que
fueron convocadas, el demandante señaló que es una aseveración “peligrosa a la
luz del ordenamiento jurídico”, porque la admisión de la demanda de
inconstitucionalidad “no refiere absolutamente nada, máxime, cuando el aparte
normativo aún se encuentra vigente dentro del marco jurídico colombiano”.
Además, señaló que:
“las afirmaciones realizadas por el demandante sólo exponen una preocupación especial
sobre la interpretación que el mismo le da a la norma, situación que debe analizar la
honorable Corte Constitucional.
De igual forma, la Corte Constitucional tiene varios caminos a analizar sobre el
planteamiento jurídico a estudiar, declararse inhibida, declararlo exequible, exequible
condicional y/o apartar la norma del ordenamiento jurídico, situaciones que en la actualidad
no son de resorte dentro de la presente acción.
Igualmente, lo pretendido en la acción de constitucionalidad dista de lo solicitado en la
presente acción, y, de permitirse afirmaciones así por parte del Tribunal de Santander,
podrían coartar la independencia de la Jurisdicción Administrativa e inutilizar el medio de
control de cumplimiento de normas, y, es más, se requeriría de un pronunciamiento por parte
de la Corte Constitucional (por vía de demanda de inconstitucionalidad) de todas y cada una
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de las normas que integran el ordenamiento jurídico Colombiano previo a la aplicación de las
mismas por parte de los Jueces de la República, en lo personal, craso Yerro del honorable
Tribunal de Santander que espero sea analizado por ustedes y se tome postura al respecto
dentro de la decisión definitiva del presente asunto”.
20. En cuarto lugar, pidió que se protejan los principios de eficacia, eficiencia,
protección del erario, celeridad, economía y mérito. Con base en ello, afirmó que
deben proveerse los empleos de profesional investigador I que se encuentren
vacantes.
21. Finalmente, solicitó que se tuvieran en cuenta en el fallo las intervenciones
presentadas en el trámite de la acción de cumplimiento.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos
3.º de la Ley 393 de 19974, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20115, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de
las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
23. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 27 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, que no concedió las pretensiones de la acción de cumplimiento, para
4 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al
cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera
instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda
instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual
pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán
resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga
parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la
correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre
todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en
funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los
Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de
acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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lo cual se resolverán los siguientes problemas jurídicos: ¿la parte actora cumplió
con la constitución en renuencia a la Fiscalía General de la Nación de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
24. De ser afirmativa la respuesta, deben resolverse los siguientes problemas
jurídicos: ¿hay lugar a ordenar a la autoridad accionada el acatamiento del
Decreto 020 de 2014 y, en especial del artículo 35 idem?
1.3. Razones jurídicas de la decisión
25. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de
procedibilidad; y (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
26. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que "[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
27. Colombia es un Estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.°
de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.
28. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen
funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. En la sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional señaló,
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el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo6 (subraya fuera
del texto).
29. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
29.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1.º)7.
29.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.
29.3 Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (artículo 8.º).
29.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
29.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de
6 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell
y Hernando Herrera Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (artículo 9.º).
30. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto se circunscribe a determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la autoridad pública
o del particular, en ejercicio de funciones públicas, y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, (artículos 5.º y 6.º). En
ese orden, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las
pretensiones de este mecanismo.
2.3.2. De la renuencia
31. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud.
De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
32. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Fiscalía General de la Nación, antes
de instaurar la demanda.
33. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es
un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”8.
34. Para satisfacer este requisito, la parte actora elevó una petición ante la
accionada el 30 de enero de 2023, en la que solicitó lo siguiente:
Se de cumplimiento a lo previsto en el artículo 125 de la Constitución Nacional de Colombia
y al Decreto 020 de 2014, en especial a lo previsto en su artículo 35.
2. Se efectúen de manera inmediata todos los nombramientos en periodo de prueba (De
todas las vacantes con nombramiento en provisionalidad) del empleo denominado
8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
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“Profesional de Investigación I” con la lista de elegibles resultante del proceso de selección
“Concurso 001 de 2021”, esto es la RESOLUCIÓN No. 0047 DE 2022 FGN.
3. Me informen el número total de vacantes en provisionalidad del empleo denominado
“Profesional de Investigación I”, indicando el lugar (municipio o seccional) donde actualmente
está cada vacante. 4. De no proceder la anterior solicitud, me informen las razones de hecho
y derecho por los cuales son renuentes al cumplimiento normativo.
35. El término legal para que la Fiscalía General de la Nación atendiera el
anterior requerimiento venció el 13 de enero de 2023, sin que se hubiere
entregado una respuesta.
36. En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme al artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 y
respecto del artículo 35 del Decreto 020 de 2004, esto por las razones que se
exponen a continuación:
37. En el presente caso, la demanda está dirigida a que se ordene a la entidad
accionada cumplir el Decreto 020 de 2004 y, en especial, el artículo 35 de esa
normativa.
38. Sobre esto, es preciso señalar que el Tribunal Administrativo de Santander,
aun cuando admitió el mecanismo constitucional respecto del Decreto 020 de
2004 y, en especial el artículo 35, lo cierto es que el estudio de la acción se
circunscribió exclusivamente a esta última disposición.
39. Además, se observa que el demandante solicita el acatamiento de todo el
Decreto 020 de 2014 e inclusive del mandato constitucional previsto “en el artículo
125 de la Constitución Política de Colombia, propendiendo por el mérito como el
norte, ingreso y acceso a la función pública”, la Sala advierte que el cargo no está
llamado a prosperar, toda vez que, en primer lugar, como se explicó en el título
anterior, esta acción no fue diseñada para obtener el cumplimiento de
disposiciones constitucionales, sino de normas con rango de ley o actos
administrativos.
40. En síntesis, como el demandante solamente concretó el incumplimiento del
artículo 35 del Decreto 020 de 2004, por lo que el análisis se circunscribirá a
aquel, tal como lo hizo el a quo.
41. En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia respecto del acto normativo ya identificado en el punto 37
supra.
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2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento
42. A través de la presente acción, el señor Duván Roa Serrano, pretende obtener
el cumplimiento del artículo 35 del Decreto 020 de 2014, en el sentido de que se
utilice la lista de elegibles para el cargo de profesional de investigación I de la
Fiscalía General de la Nación y se provean todas las plazas vacantes de ese
empleo de la entidad.
En este punto, la Sala observa que el medio de control es procedente, en la
medida que, en primer lugar, el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para lograr dicho fin. En segundo lugar, el precepto demandado es
actualmente exigible, en cuanto no está derogado ni suspendido. En tercer lugar,
el eventual cumplimiento no implicaría el establecimiento de gastos. Finalmente, la
pretensión no involucra la protección de derechos fundamentales.
2.3.4. Caso concreto
42. En el presente caso, la demanda está dirigida a que se ordene a la entidad
accionada cumplir el artículo 35 del Decreto 020 de 2014, cuyo texto es el
siguiente:
ARTÍCULO 35. LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles serán conformadas con
base en los resultados del concurso o del proceso de selección, en estricto orden de mérito
y con los aspirantes que superen las pruebas en los términos indicados en la convocatoria.
La provisión definitiva de los empleos convocados se efectuará en estricto orden
descendente, una vez se encuentre en firme la lista de elegibles y después de adelantarse
el estudio de seguridad de que trata el presente decreto-ley.
Una vez los empleos hayan sido provistos en período de prueba, las listas de elegibles
resultantes del proceso de selección solo podrán ser utilizadas para proveer de manera
específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente
provistos, con ocasión de la configuración de alguna de las causales de retiro del servicio
para su titular.
Para los anteriores efectos, las listas de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años.
PARÁGRAFO. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado del proceso de
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de los empleos ofertados
a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en periodo
de prueba y retirar del servicio a los provisionales, tendrá en cuenta la condición de padre
o madre cabeza de familia, de discapacidad y de pre-pensionados, en los términos de las
normas de seguridad social vigentes.
Con el mismo fin señalado en el inciso anterior, los concursos o procesos de selección
para proveer los empleos de carrera de las entidades adscritas, se adelantarán de manera
gradual y en distintos tiempos.
43. En primer lugar, la Sala debe insistir en que la norma transcrita se
encuentra vigente y surtiendo plenos efectos, por lo que, en este momento, resulta
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irrelevante el trámite que cursa ante la Corte Constitucional en el marco de la
acción pública de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo aludido.
44. En primera instancia, el Tribunal concluyó que la norma cuyo acatamiento
se reclama no permite el uso de la lista de elegibles para proveer la totalidad de
las vacantes definitivas del cargo de profesional de investigación I de la Fiscalía
General de la Nación.
45. En este sentido, encuentra la Sección que la norma no contiene un
mandato imperativo, expreso y exigible sobre la provisión de todos los empleos
vacantes aun cuando el número ofertado fuere inferior. Por lo que no puede
derivarse que la Fiscalía deba emplear la lista de elegibles para designar, incluso,
aquellos que no fueron ofertados.
46. Por lo anterior, no hay lugar a ordenar el cumplimiento reclamado por el
demandante, pues como se observa, la norma se refiere a los empleos
convocados no a los vacantes, de ahí que no se derive un mandato susceptible de
ser ordenado a través de este mecanismo.
47. En segundo lugar, el señor Duván Roa Serrano pidió que se tuvieran en
cuenta las intervenciones recibidas en primera instancia, las cuales, fueron
reseñadas por esta corporación en los antecedentes, pero es discrecional del juez,
en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, incluirlas dentro de sus
consideraciones o tomarlas como base de la decisión. Además, aquellas no
resultan suficientes para desvirtuar que el mandato pretendido no surge de la
disposición que se invocó incumplida.
48. Finalmente, si en gracia de discusión la Sala se considerara que la lista de
elegibles es el acto que se pide acatar, lo cierto es la entidad ha nombrado en
periodo de prueba el número de las plazas ofertadas por la Fiscalía General de la
Nación, sin que de la lectura del artículo 35 aludido se derive el deber de proveer
todos los cargos vacantes de la entidad. Esto significa que la norma cuyo
acatamiento se solicitó no contiene el supuesto de hecho que pide el accionante.
49. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los
argumentos de los impugnantes no son suficientes para modificar o revocar lo
decidido por el Tribunal Administrativo de Santander que negó el cumplimiento del
artículo 35 del Decreto Ley 020 de 2014.
Conclusión
50. Como consecuencia de lo anterior, la Sala de Decisión confirmará la
decisión del 27 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Santander.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2023 del Tribunal
Administrativo de Santander.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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