Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00159-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00159-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00159-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
24 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00159-01
Accionante: NIDIA ELENA RAMÓN
Accionado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la salud, debido proceso, unidad
familiar, integridad personal, estabilidad laboral
relativa, trabajo en condiciones dignas y justas,
mínimo vital, igualdad, derechos de los niños, niñas,
y adolescentes a tener una familia y a no ser
separados de ella y al ius variandi / traslado de
servidor público de la Registraduría Nacional del
Estado Civil / planta global y flexible / acreditación de
un perjuicio irremediable / incumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 24 de abril de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó por
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improcedente la acción de tutela presentada por la señora Nidia Elena
Ramón en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la salud,
debido proceso, unidad familiar, integridad personal, estabilidad laboral
relativa, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital, igualdad,
derechos de los niños, niñas, y adolescentes a tener una familia y a no
ser separados de ella y al ius variandi se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. Se encuentra vinculada a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con nombramiento provisional, en el cargo de Profesional Universitario
3020-01 de la Registraduría Especial de Floridablanca, Santander.
1.2. El 10 de marzo del presente año, le fue notificada a su correo
institucional la Resolución núm. 5500 del 10 de marzo de 2023 por la
cual se efectúa su traslado a la Delegación de Magdalena teniendo como
fundamento el art. 67 de la Ley 1350 del 06 de agosto de 2009.
1.3. El 13 de marzo de 2023 radicó en la Delegación Departamental de
Santander petición de exoneración del traslado, argumentando que se
encontraba inmersa dentro de la causal de fuerza mayor, debido a sus
enfermedades y las de su menor hija y otros miembros de su grupo
familiar.
1.4. El 15 de marzo de 2023 le fue notificada vía correo electrónico la
Resolución núm. 252 del 14 de marzo de 2023 que reconoce el pago y
disfrute de sus vacaciones por el período de servicio del 6 de noviembre
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2020 al 5 de noviembre de 2021; las que iba a empezar a disfrutar el
10 de abril de 2023.
1.5. No obstante, el 30 de marzo de 2023, estando ya posesionada en
la Delegación Magdalena, le fue notificada la Resolución núm. 301 del
28 de marzo de 2023 por medio de la cual se suspendía el disfrute de
sus vacaciones por necesidad del servicio.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostuvo que su traslado ha afectado gravemente
su salud física y emocional, amenazando su mínimo vital y el de sus
menores hijos, quienes se encuentran estudiando, por ser quien asume
la mayoría de sus gastos. Refiere que su hija menor se encuentra en
tratamiento con los especialistas en pediatría y neurología infantil desde
el año 2021 por frecuentes dolores de cabeza y pecho. Asimismo, que
vive en arriendo y que actualmente se encuentra en proceso de
compraventa de un inmueble en Santander.
Asimismo, señaló que desde 2019 se encuentra siendo evaluada por
medicina laboral y asistiendo a terapias, citas periódicas en las
especialidades de psiquiatría y psicología, y consumiendo medicación
debido a su trastorno depresivo. Afirma que en ese mismo año, fue
diagnosticada por asma por lo cual se encuentra en tratamiento con
medicación y terapias respiratorias. E igualmente le fueron ordenadas
unas radiografías y terapias por un dolor en su mano derecha y
cervicalgia.
Indicó que el 17 de diciembre de 2020 le fue ordenado un examen de
alergias, dando como resultado positivo a los ácaros y previendo su
diagnóstico de asma predominantemente alérgica y rinitis alérgica,
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ordenándose entonces como control desde esa fecha, inmunoterapia
con extracto alergénico mensual, tratamiento al que asiste con el
especialista en alergología, estando programada su cita para el 20 de
abril del 2023, por lo que el traslado le impide ir a sus citas y terapias
pendientes.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
«PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales a la salud, a la
unidad familiar, al debido proceso, a la integridad personal, a la Estabilidad Laboral
Relativa, al trabajo en condiciones dignas y justas, al Mínimo Vital, a la igualdad, a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a no ser
separados de ella y al Ius Variandi, de acuerdo a los hechos y derechos que fueron
expuestos anteriormente, con las pruebas adjuntas.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, le solicito que ordene a la
Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil en Santander – Gerencia de Talento Humano, suspender los efectos de
la Resolución No. 5500 del 10 de Marzo de 2023, por la cual se efectúan unos
traslados, donde se me traslada a la Delegación del Magdalena, por encontrarme
inmersa dentro de la causal de fuerza mayor que contempla la ley, a fin de evitar un
perjuicio irremediable con ocasión de mi estado de salud, así como el de mi hija
menor, acompañamiento en los ciudados (sic) de mi hermana Gloria Mantilla
Ramón y demás derechos vulnerados, así mismo de la Resolución No. 301 del 28
de marzo de 2023 que suspende mis vacaciones ya que no existe necesidad del
servicio probada y justificada por la entidad». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los delegados del
registrador nacional en Santander como accionados, para que
ejercieran su derecho de defensa.
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4.1. Los delegados de la Registraduría Departamental de
Santander solicitaron que se declare falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque la competencia legal y funcional de trasladar
servidores se encuentra asignada al registrador nacional del estado
civil, quien por disposición del art. 67 de la Ley 1350 de 2009 profirió
la Resolución núm. 5500 del 10 de marzo de 2023 que se cuestiona.
Señalaron que la acción constitucional es improcedente porque la
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga viable la acción de manera transitoria, toda vez
que no se logró demostrar que su traslado ponga en peligro su
integridad personal o la de su familia, pues no existe circunstancia
alguna a partir de la cual se pueda inferir ese riesgo.
De igual modo, indicaron que revisando su hoja de vida se encontró
que el cónyuge de la accionante es ingeniero de sistemas y registra
afiliación a la ARL positiva desde la Gobernación de Santander, lo cual
prueba que su pareja percibe recursos económicos que proporciona
para el sostenimiento de su familia en virtud del principio de
solidaridad.
Lo anterior, aunado a que es a él a quien le asiste obligación de cuidado
respecto de sus hijos menores, mientras la progenitora regresa a la
ciudad de residencia, porque el acto administrativo de traslado es
enfático en precisar que se trata de una situación temporal cuya
justificación es la jornada electoral próxima a desarrollarse.
4.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio del
jefe de la Oficina Jurídica, solicitó que se rechace por improcedente la
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acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
Señaló que la tutelante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo que
ataca, dado que de la situación narrada no se advierte un perjuicio
irremediable.
Manifestó que respecto de la facultad otorgada al registrador por el art.
67 de la Ley 1350 de 2009 (i) el traslado es durante el proceso de
programación y realización de elecciones o mecanismos de
participación ciudadana. Esto determina su temporalidad; (ii) es por
necesidad del servicio, (iii) se puede trasladar a cualquier servidor
público. No establece diferenciaciones, (iv) es de obligatorio
cumplimiento y (v) el no acatamiento es causal de mala conducta.
Finalmente, advirtió que dentro del expediente no reposa prueba o
indicio que demuestre la existencia de amenaza grave de la vida o
integridad de la aquí accionante o su familia, generada con ocasión del
traslado. Agregó que la carga de cuidado a los hijos no corresponde
exclusivamente a la madre, pues la responsabilidad es compartida con
el padre tal como lo dispone el Art. 411del Código Civil y la Ley 1098
de 2006 por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia.
5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia de 24
de abril de 2023, rechazó por improcedente la acción presentada por la
señora Nidia Elena Ramón en contra de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por considerar que no se cumple con el requisito de
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subsidiariedad al disponer de otro medio de defensa para controvertir
la legalidad del acto administrativo en cuestión.
Explicó que el traslado ordenado obedeció a razones de índole
administrativa, como lo es la necesidad del servicio, lo cual es
justificable, y no logró probarse que la decisión de traslado obedeciera
a un acoso laboral, pues no fue solamente ella quien, por las razones
de necesidad del servicio ya expuestas, resultó trasladada de forma
temporal, sino que múltiples servidores judiciales han sido trasladados
teniendo como causa común la jornada electoral a celebrarse el 29 de
octubre de la presente anualidad.
Sostuvo que esta es una facultad del registrador nacional del estado
civil, conforme lo establece el art. 67 de la Ley 1350 de 2009 quien en
el proceso de programación y realización de elecciones está facultado
para ordenar traslados de los empleados en todo el territorio nacional,
los cuales, salvo fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser aceptados
por el empleado trasladado.
De conformidad con lo anterior, expuso que el traslado de la señora
Nidia Elena Ramón constituye un acto discrecional de la administración
amparado en el artículo precitado que no genera la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
En cuanto a la inminencia de un perjuicio irremediable, señaló que
ninguna de las afectaciones a la salud de la accionante representa una
gravedad de gran magnitud, máxime si se tiene en cuenta que su
permanencia en la ciudad de Santa Marta es temporal y no se
demuestra que su separación del núcleo familiar con el que convive les
haya cambiado sus condiciones normales de vida, la familia sigue
habitando el mismo espacio, en idénticas condiciones, sin alteración
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alguna, más allá que la separación temporal y definida en el tiempo de
una madre con su esposo e hijos.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991;
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la acción de tutela es
procedente para establecer si la Registraduría Nacional del Estado Civil
incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales a la salud,
debido proceso, unidad familiar, integridad personal, estabilidad laboral
relativa, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital, igualdad,
derechos de los niños, niñas, y adolescentes a tener una familia y a no
ser separados de ella y al ius variandi de la parte accionante.
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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la
jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la
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eficacia de los mismos y en esa medida las irregularidades que allí
surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela que tienen como propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.
De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la
Sala).
La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la acción
de tutela, con el propósito de respetar la división de competencias que
la misma carta política ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
la órbita de competencia de los jueces que recibieron el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
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determinada, para lo cual, fueron revestidos de autonomía e
independencia.
De igual forma, se refiere a aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta, no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros mecanismos de defensa judicial, sino
además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.
El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la
actuación censurada y la modifiquen o revoquen. En ese sentido, el juez
constitucional no podrá declarar procedente una solicitud de amparo
cuando la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los
formalismos establecidos en la legislación procesal, por
desconocimiento o falta de diligencia.
Frente a ello ha señalado la Corte Constitucional:
«Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
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especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’ (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle»1.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 24 de abril de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó por
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Nidia Elena
Ramón en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
salud, debido proceso, unidad familiar, integridad personal, estabilidad
laboral relativa, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital,
igualdad, derechos de los niños, niñas, y adolescentes a tener una
familia y a no ser separados de ella y al ius variandi.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. En primer lugar, la accionante pretende que se suspendan los
efectos de la Resolución núm. 5500 de 10 de marzo de 2023, mediante
la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil efectuó su traslado a
la Delegación del Magdalena. Así, se tiene que el acto administrativo
cuestionado ordenó:
1 Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2017.
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«ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, trasladar temporalmente a los
siguientes servidores, con los mismos cargos y asignaciones mensuales que vienen
devengando, así:
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a los Delegados Departamentales para que
comuniquen por el medio más expedito la presente resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los servidores trasladados deberán realizar la entrega
del informe de gestión establecido en la Resolución No. 12002 del 18 de
noviembre de 2016, en el formato PGFT26.
[…]».
La anterior decisión tuvo como fundamento la Resolución núm. 28229
del 14 de octubre de 2022, por medio de la cual se expidió el calendario
electoral para las elecciones de autoridades territoriales (gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas
administradoras locales) que se realizarán el 29 de octubre de 2023.
Al respecto, se tiene que la decisión administrativa que se cuestiona se
dictó a través de un acto cuya legalidad es susceptible de ser
cuestionada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contemplado en el CPACA, a saber:
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y
se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
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demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel.
[…]».
Esto, porque de las pruebas obrantes en el expediente no se advierte
la configuración de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que
la accionante es servidora pública en provisionalidad en la Registraduría
Especial de Floridablanca – Santander, por lo que, en atención a lo
dispuesto por el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009, puede ser objeto
de traslados temporales entre diferentes municipios durante la época
electoral de conformidad a los calendarios electorales vigentes.
Frente a esto, es necesario señalar que la planta de la Registraduría
Nacional del Estado Civil es global y flexible por lo que permite
movimiento de personal por razones del servicio; por tanto, los
servidores públicos están advertidos de su traslado a cualquier
circunscripción electoral con el ánimo de asegurar el cumplimiento de
la prestación del servicio público.
De acuerdo con eso, se tiene que el acto administrativo acusado tuvo
como fundamento normativo lo siguiente:
«[…]
Que, mediante Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022, se expidió el
calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales (gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras
locales) que se realizarán el 29 de octubre de 2023.
Que, “La planta de personal global y flexible tiene por fin garantizarle a la
administración pública mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios,
con el objeto de atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de
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manera más eficiente con las funciones que le corresponden. Este es, pues, un
punto en el que existe tensión entre el interés general y los deberes del Estado, y
los derechos de los trabajadores.”. (C. Constitucional Sent. T-715 del 16 de
diciembre de 1996).
Que, el Artículo 67 de la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009, establece:
“[…]
Durante el proceso de programación y realización de elecciones o de votaciones por
efecto de los mecanismos de participación ciudadana, en atención a la necesidad del
servicio, el Registrador Nacional del Estado Civil estará facultado para ordenar traslados
de los empleados de la entidad en todo el territorio nacional, los cuales, salvo fuerza
mayor o caso fortuito, deberán ser aceptados por el empleado así trasladado. El no
acatamiento de tal decisión constituye causal de mala conducta.”
[…]».
Ahora bien, en cuanto a las condiciones de salud que alega la
accionante que padecen ella y algunos miembros de su núcleo familiar,
en virtud de lo previamente citado se debe poner de presente que el
traslado efectuado es de carácter temporal y tiene como justificación la
realización de las elecciones de autoridades territoriales previstas para
el 29 de octubre de 2023, de lo cual no se evidencia una situación
insoportable y definitiva que implique una afectación grave para los
implicados o un desarraigo completo de su familia.
En relación a este punto, no obra en el expediente prueba o indicio que
dé cuenta que el traslado ordenado supone una amenaza directa a la
integridad de la demandante o de su familia, toda vez que es posible
continuar los tratamientos médicos desde el lugar en el que se
encuentra y los cuidados de sus hijos menores pueden recaer en su
cónyuge, padre de estos, en virtud del principio de solidaridad. Más,
reiterando que se trata de una orden temporal que obedece a un
procedimiento electoral sujeto a un plazo determinado.
Lo anterior le permite a la Sala concluir que la acción de tutela, al ser
un mecanismo residual y subsidiario, no puede usarse para sustituir la
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órbita de competencia del juez natural; porque si la accionante está
inconforme con la decisión administrativa tomada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil cuenta con herramientas dentro del
ordenamiento jurídico mediante las cuales puede plantear los
argumentos que hoy trae ante el juez constitucional.
Frente a esto, si bien la Corte Constitucional2 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio irremediable,
también ha dispuesto que este debe cumplir los siguientes supuestos:
i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional3 ha sido clara en precisar que las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema
judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona
2 Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
3 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
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sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional.
4.2. En segundo lugar, en cuanto al cuestionamiento de la Resolución
núm. 301 del 28 de marzo de 2023, mediante la cual la Registraduría
Nacional del Estado Civil le suspendió el disfrute de sus vacaciones, no
encuentra esta Sala de Subsección que dentro del plenario exista una
fundamentación adecuada que indique de qué manera esto le ocasiona
un perjuicio irremediable.
Lo anterior, no porque no tenga derecho al goce de las mismas, sino
porque el reconocimiento o la suspensión de las vacaciones en dicha
entidad también obedece a las necesidades del servicio y no
necesariamente constituye una violación de las garantías
constitucionales de la accionante, sino que es un acto discrecional de la
administración que se ampara en la Constitución y en la Ley 1350 de
2009.
Así las cosas, por advertirse la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial y no encontrarse demostrada la inminente configuración de un
perjuicio irremediable, esta Sala de Subsección confirmará la sentencia
del 24 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que rechazó por improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Nidia Elena Ramón en contra de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
que rechazó por improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Nidia Elena Ramón en contra de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
TERCERO.- ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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