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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00301-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00301-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 12 de julio de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual negó el amparo en relación con la afectación de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2023-00301-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001 23 33 000 2023 00301 01
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz
Demandado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y
otros

Temas: Tutela por la presunta violación de los derechos de petición, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva. Mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 12 de julio de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó
la solicitud de amparo en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales que le
atribuye al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y
las entidades bancarias y la declaró improcedente respecto al cargo que se dirige a
que se ordene el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz promueve acción de tutela contra el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES), Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, el BBVA,
Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social,
Scotiabank Colpatria y Pichincha.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERO: Se me TUTELE el derecho fundamental de petición, debido proceso, y
tutela judicial efectiva, respecto de las actuaciones y/u omisiones en que pudiesen

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

hacer incurrido el [Juzgado Quinto […] Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E,
Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá,
Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, y Pichincha],
en relación con la solicitud de remisión de oficios de medidas cautelares y/o
emisión de respuesta de los oficios remitidos por parte de la autoridad judicial.

SEGUNDO: Que en consecuencia se ordene al [Juzgado Quinto (5) Administrativo
del Circuito de Bucaramanga] que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la decisión, realizar la actuación pertinente conforme lo ordenado por
el H. Tribunal Administrativo de Santander para efectos de dar efectividad a la
orden de embargo y retención de dineros de la entidad demandada en proceso
ejecutivo tramitado bajo partida 680012333000-2016-01150-00, dando aplicación
a la excepción de inembargabilidad.

TERCERO: Que en consecuencia se ordene al [Banco Agrario de Colombia,
Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris,
Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, y Pichincha] que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la petición formulada ante estos por
conducto del oficio remitido por la autoridad judicial accionada, que en mi
conocimiento a la fecha se encuentra carente de respuesta.

CUARTO: Que en consecuencia se ordene a la [Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones E.I.C.E] que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la decisión, en su condición de entidad obligada en el fallo objeto de
ejecución en le (sic) proceso tramitado bajo partida 680012333000-2016-01150-
00, a surtir el reconocimiento y pago de la asignación pensional conforme los
parámetros prefijados en aquel proceso a futuro, sin perjuicio de lo que se resuelva
al interior de aquel trámite, en caso de incrementarse la cuantía a la que se tenga
derecho.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

i) El 18 de septiembre de 2019, por conducto de apoderada que constituyó al interior
de la acción ejecutiva con radicación 68001 23 33 000 2016 01150 00, solicitó la
emisión de orden de embargo de recursos pertenecientes a la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES E.I.C.E) en aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad del principio de inembargabilidad por tratarse de un proceso
soportado en derechos pensionales.

ii) A través de auto del 18 de diciembre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Bucaramanga resolvió dicho pedimento, accediendo a la medida, pero
denegando lo referente a la petición de inaplicación, advirtiendo expresamente que lo
decidido no recaía sobre recursos de naturaleza inembargable bajo los postulados
generales.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

iii) El 15 de enero de 2020, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra esa decisión, insistiendo en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
del principio de inembargabilidad por tratarse de una ejecución en la que se reclaman
garantías pensionales. Por auto del 8 de septiembre de 2020, no se repuso la
providencia.

iv) El 17 de febrero de 2022, se desató la alzada por el Tribunal Administrativo de
Santander en el sentido de decretar embargo por la suma de $ 154.753.196 sobre las
cuentas, el secuestro y retención de los dineros, títulos valores, depósitos o cualquier
otro instrumento financiero existentes en el Banco Agrario de Colombia, Bancolombia,
BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social,

Scotiabank Colpatria y Pichincha, en cabeza de la Administradora Colombiana de
Pensiones. Con base en esa decisión, mediante proveído del 25 de marzo de 2022 el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso obedecer
y cumplir lo dispuesto por el superior, librando los respectivos oficios a las entidades
bancarias

v) Debido a la ausencia de respuesta de las mencionadas entidades bancarias, el 13
de enero de 2023, pidió a la autoridad judicial accionada 1) ajustar el valor de la medida
cautelar teniendo en cuenta la actualización de la liquidación del crédito surtida dentro
del proceso; y 2) volver a expedir los oficios haciendo claridad en la inaplicación del
principio de inembargabilidad, según lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Santander en la providencia aludida.

vi) La anterior solicitud se reiteró el 17 de febrero de 2023 y el 16 de mayo de 2023,
sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela se pronunciara la autoridad
demandada, pese a que transcurrieron siete meses desde la petición inicial.

vii) De forma independiente a lo anterior, con fundamento en las actuaciones de
medidas cautelares surtidas por el juzgado accionado, el Banco BBVA el 12 de julio de
2022 pidió la aclaración del oficio de medidas cautelares para efectos de proceder a
su cumplimiento, siendo una petición carente igualmente de decisión por parte del
despacho.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

viii) Teniendo en cuenta la comunicación de la mencionada entidad bancaria el 16 de
mayo de 2023, en actuación independiente, se requirió al juzgado la aclaración del
oficio, sin que a la fecha se haya expedido respuesta.

ix) Así mismo, en respeto por el presupuesto de subsidiariedad de la solicitud de
amparo, el 14 de junio de 2023 impetró mecanismo de vigilancia judicial administrativa
en relación con la eventual mora, la que hasta el momento no ha tenido un resultado
satisfactorio.

x) El proceso ejecutivo se encuentra actualmente ante el Tribunal Administrativo de
Santander surtiendo el recurso de apelación formulado contra el auto que aprobó la
liquidación del crédito, concedido por medio de auto del 15 de mayo de 2023 en el
efecto diferido, lo que implica que la autoridad accionada conserva la competencia en
materia de medidas cautelares y entrega de títulos hasta el importe aprobado en
primera instancia, conforme al numeral 3 del artículo 446 del Código General del
Proceso.

xi) En el trámite de la alzada a que se hace alusión en el numeral anterior, obra como
apelante único; por tanto, en lo que se refiere a las sumas ya aprobadas de la
liquidación opera la ejecutoria, siendo dable el reconocimiento y pago de ese rubro una
vez se ejecute la medida cautelar ordenada en el proceso, pero se reitera, sobre ello
nada se ha resuelto.

xii) Es un sujeto de especial protección constitucional, dado que tiene setenta y ocho
años y ha sido diagnosticado con una discapacidad auditiva severa, además, el litigio
para reclamar su asignación pensional lleva más de diez años, teniendo en cuenta su
iniciación en la sede administrativa en la que se dictó el acto demandado y que dio
origen a la ejecución.

xiii) Atendiendo a sus condiciones subjetivas y el proceso ejecutivo en trámite, el cual
no constituye el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la reliquidación de la
asignación pensional y en aplicación del precedente fijado en las sentencias T-048 de
2019 y T-628 de 2014, así como la posición establecida por el Tribunal Administrativo
de Santander en el proceso con radicado 68081 33 33 002 2018 00141 01, la ausencia

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

de ejecución del fallo que ordena la revisión de pensión configura una violación a
múltiples prerrogativas fundamentales e impone adoptar una solución definitiva con el
fin de garantizar la tutela judicial efectiva de una persona cobijada por especial
protección constitucional.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de su derecho fundamental de petición, así como el
deber y la obligación de cumplir oportunamente los fallos judiciales ejecutoriados como
garantía del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió por el magistrado Iván Fernando Prada Macías del
Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 4 de julio de 2023, que se
ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), Banco
Agrario de Colombia, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, Citibank, GNB
Sudameris, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria y Pichincha, como demandados,
para que dentro del término máximo e improrrogable de cuarenta y ocho horas y, en
uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Igualmente, se dispuso
la notificación a la Procuraduría Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos,
para que si a bien lo tenía se pronunciara sobre la solicitud de amparo.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga. La juez
Digna María Guerra Picón solicita se deniegue la tutela por las siguientes razones:

i) En el presente caso se han realizado las actuaciones correspondientes,
atendiendo al volumen de expedientes a cargo del despacho y el turno que se asigna
para su trámite, de manera que se han surtido las etapas procesales, entre ellas, el 7
de julio de 2023 se ajustó la medida cautelar conforme a lo solicitado por el accionante
y con fundamento en la normativa vigente.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

ii) Sumado a lo anterior, no se ha recibido petición por parte del apoderado del
accionante, en el que requiera impulso procesal o celeridad en el trámite del proceso,
por el contrario, acudió directamente a la tutela, pese a que no se ha negado ninguna
solicitud en el desarrollo del juicio, específicamente, desde que se le reconoció
personería en la audiencia inicial del 5 de octubre de 2022.

iii) El asunto fue entregado a ese despacho en diciembre de 2019, por tanto, no se le
puede atribuir responsabilidad en el trámite que se le imprimió. Además, porque
durante 2020, debido a la pandemia por el COVID-19 se suspendieron los términos y se
ordenó operar en la virtualidad, lo que comprometió los tiempos de respuesta, sin que
ello implicara el cese de la actividad judicial.

iv) Ahora, los hechos y demás planteamientos efectuados en el escrito de tutela se
dirigen a que se dé efectividad a las medidas cautelares decretadas, al respecto se
tiene que se ha cumplido con la carga procesal, resolviéndolas y librando los
respectivos oficios, encontrándose actualmente vigentes.

v) Así mismo, en acatamiento de la orden del Tribunal el año anterior se profirió auto
de obedecer y cumplir y se libraron los oficios a las entidades bancarias a cargo de las
cuales está el obedecimiento del mandato del superior.

1.6.2. De la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). La señora
Nazly Yorleny Castillo Burgos directora de Acciones Constitucionales solicita se niegue
la tutela, por cuanto las pretensiones son abiertamente improcedentes, comoquiera
que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedibilidad del artículo
6.º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se acreditó que haya vulnerado los
derechos reclamados por el accionante.

1.6.3. Del Banco Caja Social. El señor José Ascanio Peñaloza, apoderado general,
pide la desvinculación de esa entidad del presente trámite, porque no existen
circunstancias que permitan deducir que las súplicas del accionante y su eventual
cumplimiento le sean atribuibles, ya que la controversia planteada no lo involucra, por
no ser parte del proceso.

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1.6.4. Del Citibank Colombia S. A. La señora Ana Carolina Cabra Copete,
representante legal, aduce que, no obstante, informó al Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Bucaramanga sobre la imposibilidad de acceder al expediente digital y,
que para ello elevó solicitud el 5 de julio de 2023, sin obtener respuesta, no es posible
pronunciarse de fondo respecto a los hechos y pretensiones expuestos por el
accionante ni ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción. Así
mismo, en virtud de la celebración de cesión de activos, pasivos y contratos del
negocio de consumo y de pequeñas y medianas empresas con Scotiabank Colpatria
S. A., a partir del 1.º de julio de 2018, la gestión de productos o servicios financieros

para personas naturales es de exclusiva responsabilidad de esa entidad.

1.6.5. Del Banco GNB Sudameris S. A. La apoderada general, señora Johanna
Andrea Zorro Rodríguez, se opone a la prosperidad de la acción de tutela debido a
que no ha dado lugar a la vulneración de garantía fundamental alguna, por lo cual debe
declararse improcedente.

1.6.6. Del Banco Davivienda S. A. La señora Adriana Sofía Molina Leyva
representante legal, alega que no ha violado derecho alguno a la parte actora que
pueda ser objeto de amparo constitucional; en consecuencia, solicita su desvinculación
del asunto.

1.6.7. De Scotianbank Colpatria. El señor Francisco Javier Rizo Fierro en su calidad
de representante legal, pide se declare la improcedencia de la acción de tutela ante la
inexistencia de infracción a los derechos iusfundamentales del accionante; por
consiguiente, se exima a la entidad de cualquier efecto adverso que se pueda
desprender del fallo que se dicte en este proceso.

1.6.8. Del Banco Agrario de Colombia. La señora Mónica María Patiño Gómez
gerente regional Santanderes, solicita denegar el amparo; en consecuencia, se declare
la improcedencia del mecanismo constitucional, ya que no concurre una vinculación
legal ni contractual que dé lugar a que sea sujeto pasivo; por tanto, no puede
manifestar nada en relación con lo pretendido por el accionante, dado que todo se

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contrae a hechos y circunstancias que solo podrán confirmar y decidir los despachos
que ordenaron la medida cautelar.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo de Santander mediante fallo del 12 de julio de 2023, dispuso
lo siguiente:

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Luis Hernando
Rodríguez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia en
cuanto a la afectación de derechos fundamentales que atribuye al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y entidades bancarias.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión cuarta de la tutela de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[…]

Con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) Luego de la revisión del material probatorio aportado, se determina que la petición
elevada por el accionante dentro del trámite del proceso ejecutivo, el 13 de enero de
2023 y reiterada el 17 de febrero y el 16 de mayo de 2023, fue objeto de
pronunciamiento por parte del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga mediante providencia del 7 de julio de 2023, notificada por estado de la
mencionada fecha según registro en el Doc. 90ConstanciaEnvioMensajedeDatos PDF.

ii) Comoquiera que están corriendo los términos de ejecutoria del referido auto no
existe afectación de los derechos fundamentales de la parte actora, máxime porque se
trata de una solicitud correspondiente a la actividad jurisdiccional —ajuste de la medida
cautelar y oficios de embargo— lo que escapa a lo contemplado en la Ley 1577 de
2015 y debe atender a la norma propia del juicio.

iii) El 18 de diciembre de 2019, el despacho accionado avocó el conocimiento y
decretó medida cautelar. Contra esa providencia se interpuso recurso de reposición y
en subsidio apelación. Por medio de auto del 8 de septiembre de 2020, no se repuso
la decisión y se concedió la alzada. El 5 de octubre de 2021, se ordenó seguir adelante
con la ejecución. El 19 y 26 de octubre de 2021, el accionante remitió la liquidación de

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la que se corrió traslado mediante proveído del 11 de febrero de 2022. El 28 de febrero
de 2022, se envió al contador previo trámite a las objeciones. El 25 de marzo de 2022
se obedece y cumple lo resuelto por el superior frente a la medida cautelar y se libran
los oficios respectivos.

iv) Con auto del 8 de julio de 2022, se dio traslado de la liquidación, respecto de la
cual se formuló aclaración el 16 de septiembre de 2022. A través de providencia del 5
de diciembre de 2022 se corrió traslado de la liquidación que fue aprobada el 10 de
febrero de 2023 y, debido a que fue recurrida se encuentra en segunda instancia para
decidir la apelación.

v) Así las cosas, la mora judicial materia de controversia no es injustificada, porque
el retardo en la actuación no involucra negligencia, requisito necesario para que
prospere el amparo constitucional en eventos en los que se discute el incumplimiento
de los términos procesales por parte de las autoridades jurisdiccionales.

vi) Bajo tal escenario, se repite, no se violaron las garantías iusfundamentales al
accionante, pues el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga dio trámite a las solicitudes de ajuste al límite de la medidas cautelares,
decisión en la que están surtiéndose términos de ejecutoria; y posteriormente deberán
librarse los oficios según lo previsto en el parágrafo del artículo 594 del Código General
del Proceso, momento a partir del cual nacerá para las entidades bancarias
demandadas la obligación de dar cumplimiento a las órdenes de embargo, sin que sea
plausible, proferir algún tipo de mandato a su cargo, toda vez que no han sido
notificadas.

vii) Ahora, en relación con la pretensión cuarta de la demanda dirigida a que se ordene
el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación como se dispuso en la sentencia
del 1.º de julio de 2014 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, esto es, con inclusión de los factores salariales de asignación básica, primas
vacacional, de navidad, de antigüedad y de servicios, pues alega que si bien, la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) expidió la Resolución GNR
98384 del 7 de abril de 2016, reconociendo la suma de $ 116.892.346, se trata de un
desembolso parcial por concepto del reajuste de la mesada pensional, el mecanismo

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constitucional resulta improcedente.

viii) Lo anterior, porque no aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio
ordinario de defensa judicial, esto es, el proceso ejecutivo que ya se adelanta es
ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente afectados,
por tanto, no se satisfacen las condiciones de procedencia excepcional de la solicitud
de amparo para la obtención del reajuste pensional.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la providencia anterior y como motivos de inconformidad alega
lo siguiente:

i) La primera instancia no valoró el contenido de las providencias del 17 de febrero
de 2022 y del 7 de julio de 2023, dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander
y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga,
respectivamente, medios de prueba que permiten demostrar 1) la existencia de una
decisión en el proceso ejecutivo consistente en dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad respecto al decreto de medidas cautelares; y 2) la ocurrencia de
una renuncia y/o rebeldía por parte del demandado a acatar lo ordenado por el superior
funcional, al persistir en fijar como condición para la práctica de las medidas
decretadas acreditar la condición de que son recursos de naturaleza embargable.

ii) Así las cosas, está demostrada la vulneración al debido proceso, pero no con
ocasión de la mora judicial como lo evaluó el a quo, sino producto de dos causales
específicas de procedibilidad respecto a la tutela contra providencia judicial,
consistentes en: 1) el defecto procedimental por desatender lo ordenado por el
superior, afectando la cosa juzgada y el principio de preclusividad procesal; y 2) el
defecto sustantivo en la modalidad de interpretación errónea, pues le da un alcance
diferenciado e injustificado a lo resuelto por el Tribunal en providencia del 17 de febrero
de 2022, al estimar que persiste la restricción en relación con los recursos
inembargables.

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iii) Entonces, debido a la configuración de un hecho sobreviniente por la expedición
del auto del 7 de julio de 2023, se solicita ejercer control constitucional sobre ese
proveído con base en la doctrina de tutela contra providencia judicial, teniendo en
cuenta que están demostrados dos defectos específicos y se cumplen a cabalidad las
causales generales de procedibilidad en la materia.

iv) La satisfacción del requisito de inmediatez se materializa en que no ha transcurrido
tan siquiera un día sin que se active la jurisdicción constitucional, el presupuesto de
relevancia constitucional porque la discusión versa sobre el derecho a la asignación
pensional de una persona mayor de 80 años y en condición de discapacidad y no se
trata de un fallo de tutela.

v) Ahora, frente a la exigencia de subsidiariedad se aprecia que el auto que resuelve
las solicitudes de modificación y/o ajuste de medidas cautelares no admite recursos,
pues es una decisión asociada a la medida inicialmente decretada y con ello se impone
la inexistencia de un mecanismo ordinario o extraordinario para impugnar la situación
de rebeldía y/o desobediencia de lo resuelto por el Tribunal, ante la ausencia de un
mecanismo «ejecutivo» para obligar al a quo a acatar lo resuelto por su superior
funcional, lo que da lugar a la procedencia de la tutela.

vi) Por otra parte, respecto a la tutela contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES E.I.C.E.), está debidamente probado el derecho al ajuste de
la asignación pensional, en conjunto con el valor objeto de reclamación, pues ya fue
fijado en una decisión judicial que no fue impugnada por la entidad obligada; por
consiguiente, se trata de un crédito reconocido con efectos de cosa juzgada, sin
perjuicio de lo que se resuelva en la apelación.

vii) En concordancia con lo anterior, se presenta una situación de rebeldía y/o
desavenencia en el actuar del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, aunado a la postura de las entidades bancarias accionadas, que
condicionan la efectividad de la medida a que el juez señale la excepción de
inembargabilidad, so pena de entenderse desistida.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

viii) En este orden de ideas, está demostrada la ineficacia del mecanismo ordinario,
pues, aunque en principio se tiene como un remedio eficaz para lograr el
reconocimiento y pago del derecho reclamado, la falta de diligencia en el decreto y
practica de medidas cautelares acarrea la ineficacia en concreto del proceso ejecutivo
para efectos de acceder a la efectividad del derecho reclamado, en ese sentido debe
considerarse que el presupuesto de subsidiariedad que señala el juez de primera
instancia se cumpla.

ix) Lo dicho se reafirma en el hecho de que tiene «ochenta años», por tanto, según la
jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional califica como una persona de la
tercera edad, al superar el rango de promedio de vida en Colombia certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y por lo ineficaz del medio
de control se hace improbable que logre acceder al goce efectivo del derecho, lo que
constituye una violación a la tutela judicial efectiva.

x) Igualmente resulta procedente que se ordene a la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES E.I.C.E) que, en el término de cuarenta y ocho horas
siguientes a la decisión, en su condición de entidad obligada en el fallo objeto de
ejecución, le reconozca y pague la asignación pensional conforme a «los parámetros
prefijados en aquel proceso a futuro», sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio
que se adelanta, con el fin de superar la afectación de sus garantías.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para
conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander.

2.2. Problema jurídico

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga vulneró los derechos de petición, al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva del señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz por la aparente mora en resolver
sobre la solicitud que presentó el 13 de enero de 2023, para que se ajustara el valor
de la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo 68001 23 33 000 2016
01150 01, reiterada el 17 de febrero y el 16 de mayo de 2023.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

1 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. La mora judicial

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

2 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».3

Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4

Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
jurídicos incurren en mora judicial injustificada,5 así: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el

3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-297 de 2006.
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».6

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz alega la violación de sus derechos de
petición, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por parte del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, al no decidir sobre la solicitud que formuló
el 13 de enero de 2023, en la que pidió 1) ajustar el valor de la medida cautelar
decretada teniendo en cuenta la actualización de la liquidación del crédito surtida
dentro del proceso; y 2) librar nuevamente los oficios a las entidades bancarias con la
aclaración de que deben inaplicar el principio de inembargabilidad, según lo ordenado
por el Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 17 de febrero de 2022.
Esa solicitud fue reiterada el 17 de febrero de 2023 y el 16 de mayo de 2023, sin que
a la fecha de interposición de la acción de tutela se pronunciara la autoridad
demandada, pese a que transcurrieron siete meses desde el requerimiento inicial.

La primera instancia negó el amparo de las garantías fundamentales invocada por el
accionante en relación con la tardanza del demandado en resolver sobre sus
solicitudes de impulso procesal y declaró la improcedencia de la acción incoada para
que se ordene el pago de la reliquidación pensional como se dispuso en la sentencia
del 1.º de julio de 2014, esto es, con inclusión de los factores salariales de asignación
básica, prima vacacional, prima de navidad, prima de antigüedad y prima de servicios,
porque no aparecen probadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa
judicial, esto es, el proceso ejecutivo que ya se adelanta es ineficaz para lograr la
protección integral de los derechos presuntamente afectados

6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Pues bien, la mora judicial injustificada en el trámite de un proceso es una situación
que la parte actora debe cuestionar no a través de la acción de tutela, sino mediante
el mecanismo de vigilancia judicial administrativa prevista en el artículo 101, numeral
6, de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de
2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La referida norma atribuyó, como función, a las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura ejercer «vigilancia judicial administrativa» para que la
justicia se administre oportuna y eficazmente, y se cuide el normal desempeño de las
labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito
de su circunscripción territorial; este mecanismo goza de un procedimiento preferente
o sumario para su resolución.

De manera que es dicho instrumento el que puede emplearse para efecto de
cuestionar la mora que se presente dentro de los trámites judiciales, a fin de asegurar
que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial desarrollen sus funciones de
manera oportuna y eficaz.

La acción de tutela resultaría procedente para analizar la vulneración del derecho al
debido proceso sin dilaciones, solamente si, en el caso, se acredita que se agotaron
todas las medidas o recursos establecidos por el ordenamiento jurídico para evitar la
mora injustificada en la decisión de las actuaciones judiciales y, aun así, no se ha
logrado la decisión del asunto, evento que no ocurre en el asunto objeto de debate.

Lo anterior, por cuanto el 14 de junio de 2023,8 el señor Luis Hernando Rodríguez
Muñoz, por medio de apoderada, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander la iniciación de actuación de vigilancia administrativa respecto a la actividad
jurisdiccional surtida en el proceso ejecutivo que promovió en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (COLPENSIONES). Al efecto,
formuló las siguientes peticiones:

PRIMERO: En aplicación de las reglas previstas en el numeral 6 del artículo 101 de

8 Índice 2, del expediente electrónico.

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

la Ley 270 de 1996 y el [A]cuerdo PSAA11-8716 del 2011, expedido por el […]
Consejo Superior de la Judicatura, ruego se inicie actuación de VIGILANCIA
ADMINISTRATIVA […] bajo el proceso identificado así:

Radicado: 680012333000-2016-01150-01
Medio [d]e [c]ontrol: Ejecutivo
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz
Demandado: Administradora Colombiana [d]e Pensiones –
Colpensiones E.I.C.E

SEGUNDO: Se tomen medidas administrativas pertinentes y conducentes
encaminadas a darse resolución en términos legales a la solicitud de expedición
de oficios y ajuste medidas cautelares, formulada en el proceso de referencia
desde el 13 de enero de 2023, siendo reiterada en escritos del 17 de febrero de
2023 y 16 de mayo de 2023, sin a la fecha contar con decisión, pronunciamiento
o actuación.

Lo peticionado sigue siendo procedente y en cabeza del juez de primera instancia,
con independencia del recurso de apelación formulado al interior del trámite en
relación con la liquidación del crédito, pues como se indicó en auto del 15 de mayo
de 2023, dicho recurso se concede en el efecto diferido, conservando
competencia respecto a medidas cautelares de orden urgente.

Así las cosas, la Sala encuentra que se configura la causal de improcedencia de la
acción de tutela, ya que el referido mecanismo se encuentra en trámite según lo
manifestó el accionante y tampoco obra prueba en el proceso que acredite que haya
concluido; en consecuencia, no es dable la intervención del juez constitucional hasta
tanto la autoridad encargada de la vigilancia de los procesos emita una decisión sobre
la solicitud impetrada por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz.

Ahora, si bien es cierto el a quo analizó lo referente a la mora judicial injustificada,
encontrando que, en el asunto no se encontraba configurada, en la impugnación, la
parte actora aduce que este no es el objetivo de la acción de tutela, por cuanto se
profirió auto del 7 de julio de 2023, por medio del cual se resolvió sobre la solicitud de
ajuste de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo; providencia en
la que se incurrió en los defectos procedimental e interpretación errónea, en razón a
que desatendió lo ordenado por Tribunal Administrativo de Santander y le dio un
alcance diferenciado a lo dispuesto por el superior en el proveído del 17 de febrero de
2022, que decretó el embargo y secuestro de dineros depositados en entidades
financieras a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones ( COLPENSIONES);
por consiguiente, pide que se efectúe su revisión en sede de tutela.

Al respecto, se precisa que si bien el procedimiento preferente y sumario de la acción

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Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

de tutela, se caracteriza por la flexibilidad en las formas para acceder al mecanismo
con el fin de obtener el amparo de derechos fundamentales que se consideran
vulnerados o amenazados por cualquier acción u omisión de autoridad pública o de
particulares, no es menos cierto que el juez constitucional, debe velar por garantizar a
los intervinientes el ejercicio de las prerrogativas propias del medio de protección
iusfundamental.

En ese sentido, considera la Sala que no es procedente lo pretendido por el
impugnante, en primer lugar, porque el problema jurídico que dio origen a la solicitud
de amparo tuvo como fundamento la alegada mora en una actuación del demandado
y, en segundo lugar, porque respecto de los nuevos hechos la entidad accionada no
ha tenido la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Además, de lo señalado, se tiene que en todo caso esa decisión judicial no tiene
carácter definitivo ni con ella se pone fin al litigio que se planteó en el proceso ejecutivo
con radicación 68001 23 33 000 2016 01150 01.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando la acción de tutela se dirige a
controvertir providencias judiciales debe tenerse en cuenta que, en virtud del principio
de subsidiariedad, el debate frente a la decisión allí adoptada debe haber finalizado, lo
contrario implicaría una intervención injustificada por parte del fallador constitucional y
una transgresión al principio del juez natural.

En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-103 del 26 de
febrero de 2014,9 en la que expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el
proceso debe haber concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de tutela no
puede analizar la solicitud de amparo, ya que no es posible utilizar la tutela como un
mecanismo paralelo para resolver las controversias que deben solucionarse al interior
del proceso.

Así las cosas, el fallador constitucional debe determinar si el proceso dentro del cual
se profirió la providencia judicial que se ataca se encuentra en trámite y si el debate
que dio origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido resuelto al interior de

9 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

este, por cuanto si así ocurriere le corresponderá rechazar la acción por
improcedente.10

En relación con la pretensión dirigida a que se ordene a la Administradora Colombiana
de Pensiones (COLPENSIONES) el pago de la reliquidación pensional, como se ordenó
en la sentencia del 1.º de julio de 2014, considera la Sala que como lo indicó la primera
instancia resulta improcedente, pues contrario a lo que arguye el accionante, en el
sentido de que se debe entender superado el requisito de subsidiariedad debido a la
situación material del decreto y práctica de medidas cautelares, que configura una
ineficacia en concreto del juicio ejecutivo e impide el acceso efectivo al derecho
reclamado, como quedó expuesto, ya se adoptó una decisión al respecto por la
autoridad demandada al dictar el auto del 7 de julio de 2023.

Aunado a lo anterior, mediante memorial del 8 de agosto de 2023,11 el accionante
informó la ocurrencia de un hecho sobreviniente e insiste en la solicitud de amparo y
para el efecto allega la providencia proferida el 4 de agosto de 2023, por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, a través del cual se pronunció
sobre el recurso de reposición y en subsidio apelación que interpuso contra el auto del
7 de julio de 2023, en el sentido de no reponer la decisión y conceder la alzada en el
efecto diferido ante el Tribunal Administrativo de Santander, lo que da cuenta de que
el proceso de ejecución actualmente se encuentra en curso.

3. Conclusión

La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente, porque el
mecanismo de vigilancia judicial administrativa interpuesto por el accionante para
controvertir la presunta mora del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga en el trámite del proceso ejecutivo con radicado 68001 23 33 000 2016
01150 00, así como el referido juicio de ejecución, se encuentran en curso.

En tal sentido, la Sala procederá a revocar el ordinal primero de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto negó el amparo en relación con la
afectación de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la tutela

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado

11001 03 15 000 2018 00127 00.
11 Índice 4, del expediente electrónico.

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Radicado: 68001 23 33 000 2023 00301 01
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

judicial efectiva, para rechazar por improcedencia la acción de tutela interpuesta por el
señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 12 de julio de 2023, que
dictó el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual negó el amparo en
relación con la afectación de los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva. En su lugar, rechazar por improcedente la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz, conforme a la parte
considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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