Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2023-00382-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2023-00382-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2023-00382-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación —Ministerio de Defensa Nacional—Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Acción de Repetición
Tema: CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN DE REPETICIÓN—Tratándose de condenas
ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022, la demanda debe presentarse
dentro de los 2 años siguientes al pago o a la fecha en que este debió realizarse, lo que
ocurra primero / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE UNA CONCILIACIÓN
JUDICIAL—Se rige por lo acordado entre las partes; en ausencia de estipulación al
respecto, resulta aplicable lo previsto en el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación —Ministerio
de Defensa —Policía Nacional contra la sentencia anticipada del 2 de octubre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se
declaró probada la excepción de caducidad.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Mediante escrito presentado el 16 de agosto de 2023, la Nación —Ministerio
de Defensa —Policía Nacional1 promovió demanda de repetición contra Jose Luis
Toloza Rangel y Jonnatan Felipe Peña Álvarez2, en su condición de agentes de la
institución, con el propósito de obtener el reintegro de la suma pagada en
cumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado con ocasión de la sentencia
proferida el 9 de mayo de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Bucaramanga, dentro del proceso de reparación directa radicado n.°
68001333300520170036700 con ocasión de los actos de tortura y homicidio
ocasionados a Samuel Alberto Jerez García. En cumplimiento de lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 1923 de la Ley 1437 de 2011, dicho arreglo fue aprobado
por ese mismo despacho mediante auto del 16 de agosto de 2019.
1 En adelante la accionante, la demandante, la entidad, la apelante o la censora.
2 En lo sucesivo, los demandados, los uniformados y/o los agentes del Estado.
3 En su redacción original.
1
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
ANTECEDENTES
La demanda y las razones en las que se fundamenta
3. El 16 de agosto de 2023, la Nación —Ministerio de Defensa— Policía
Nacional promovió demanda de repetición contra los aquí demandados, en la que
solicitó las siguientes declaraciones y condenas4:
“PRIMERA. Que se declare que los demandados, los señores Teniente JOSE
LUIS TOLOZA RANGEL, identificado con c[é]dula de ciudadanía número
1098660023 y el Patrullero JONNATAN FELIPE PEÑA ALVAREZ, identificado
con c[é]dula de ciudadanía número 1030636187; como funcionarios de la
Policía Nacional, son responsables por su actuar doloso, en los hechos que
dieron origen a la condena en contra del Estado por la muerte del señor
SAMUEL ALBERTO JEREZ GARCIA, tal como consta en la sentencia emanada
del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, de fecha 09 de mayo
de dos mil diecinueve (2019), proferida dentro del proceso de reparación directa
radicado bajo el No. 68001333300520170036700, la cual fue objeto de
conciliación y cuyo acuerdo fue aprobado por el referido despacho judicial
mediante auto de fecha 16 de agosto de 2019
SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a los
demandados el Teniente JOSE LUIS TOLOZA RANGEL, identificado con
c[é]dula de ciudadanía número 1098660023 y el Patrullero JONNATAN FELIPE
PEÑA ALVAREZ, identificado con c[é]dula de ciudadanía número 1030636187,
a reconocer y pagar a título de indemnización, la suma correspondiente a MIL
CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($1.146.089.566,04), a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, más los intereses que se generen hasta la fecha efectiva del
pago.
TERCERA. Que se condene a los demandados el Teniente JOSE LUIS
TOLOZA RANGEL, identificado con c[é]dula de ciudadanía número
1098660023 y el Patrullero JONNATAN FELIPE PEÑA ALVAREZ, identificado
con c[é]dula de ciudadanía número 1030636187, a cancelar intereses a favor
de la NACI[Ó]N — MINISTERIO DE DEFENSA — POLICÍA NACIONAL, desde
la ejecutoria de la sentencia condenatoria, hasta la fecha efectiva de pago.
4 Según consta en acta de reparto. Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 3.
Documento denominado “2_ED_ACTAREPARTO41398(.pdf) NroActua 3”, pp. 1. La demanda fue
admitida a través de auto interlocutorio del 16 de abril de 2024. Entre otras cosas se ordenó notificar
personalmente a los demandados según lo dispuesto en el artículo 199 del Código de Procedimiento
Administrativo y de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) modificado por el
artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 6.
Documento denominado “6AUTOADMITEDEM_ADMITEDEM_20230038200ADMITEREP(.pdf)”,
pp. 1 a 3.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
CUARTA. Los demandados darán cumplimiento a la sentencia en los términos
del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículos
192, 193, 194 y las demás normas concordantes.
QUINTA. Que se condene a los demandados al pago de costas y agencias en
derecho a favor de mi representada”5.
4. Como fundamentos fácticos y jurídicos de sus pretensiones, en síntesis,
expuso lo siguiente:
5. Según lo expuesto por la parte demandante, el 6 de mayo de 2017 Samuel
Alberto Jerez García fue capturado por Jose Luis Toloza Rangel y Jonnatan Felipe
Peña Álvarez, miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adscritos al
CAI Kennedy6, quienes posteriormente lo trasladaron a la subestación de la
institución al norte de la ciudad “apareciendo sin vida aproximadamente a las (02:00)
a.m. del 07 de mayo de 2017, debido a las agresiones físicas provocadas según
consta en Necropsia 2017010168001000281”.
6. Con ocasión de los hechos antes descritos, los familiares de la víctima
directa7 interpusieron demanda de reparación contra la Nación —Ministerio de
Defensa —Policía Nacional. En sentencia del 9 de mayo de 2019, proferida dentro
del proceso radicado n.° 68001333300520170036700, se declaró responsable a la
entidad demandada por falla en el servicio y, en consecuencia, se le condenó a
pagar a favor de los demandantes la suma de $2.771’903.959 8 por concepto de
perjuicios materiales.
5 Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 3. Documento denominado
“3_ED_DEMANDAREPETICIONP(.pdf)”, pp. 1 a 20.
6 Adujo que el teniente Jose Luis Toloza Rangel fue nombrado en la Policía Nacional mediante la
Resolución n.° 3910 del 31 de mayo de 2013 y tomó posesión del cargo el 1 de junio del mismo año.
Asimismo, señaló que el patrullero Jonnatan Felipe Peña Álvarez fue nombrado en la misma
institución mediante la Resolución n.° 04704 del 29 de noviembre de 2013 y tomó posesión en esa
misma fecha.
7 Las víctimas indirectas/demandantes dentro del proceso con radicado n.°
68001333300520170036700 correspondieron a Policarpa Jerez, Francelina García de Jerez, Luz
Yaneth Jerez García, José Ernesto Jerez García, María Belén Jerez García, Juan Gabriel Jerez
García, Robinson Jerez García, Reina Isabel Jerez García, Ingrid Katherine Sandoval Jerez, Induar
Albeiro Sandoval Jerez, Astrid Carolina Sandoval Jerez, Yender Albeiro Cárdenas Jerez, Genesis
Johana Jerez Torres, Jesús Abel Jerez Contreras, Samir Steven Peñaranda Jerez, Diana Belén
Peñaranda Jerez, Heber Santiago Peñaranda Jerez, Jhorman Alexis Jerez Castellanos, Cleider
Stewar Jerez Castellanos, Kevin Steven Jerez Cubides, Juan David Jerez Cubides, Omar Arley Jerez
Cubides, Daniela Jerez Zuleta, Neram William García Jerez, Yefferson Samir García Jerez, Víctor
Manuel García Jerez. Ver samai del Tribunal Administrativo de Antioquia. Índice 3. Documento
denominado “1_ED_ANEXOSTOLOZAYOTROPD(.pdf)”. pp. 13 a 44.
8 La aludida providencia judicial entre otras cosas determinó (i) declarar administrativa y
solidariamente responsable a la Policía Nacional por los perjuicios ocasionados por la tortura y
muerte del señor Samuel Alberto Jerez García; (ii) condenó a la entidad a reconocer y pagar a los
demandantes la suma de $2.771’903,959 por concepto de lucro cesante consolidado; (iii) decretó
medidas de reparación no pecuniarias; (iv) compulsó copias del proceso a la Procuraduría General
de la Nación y a la Inspección Delegada Región de Policía para adelantar investigaciones
disciplinarias a las que hubiese lugar; (v) condenó en costas a la entidad demandada. Ver samai del
Tribunal Administrativo de Antioquia. Índice 3. Documento denominado
“3_ED_DEMANDAREPETICIONP(.pdf)”, pp. 3 a 4.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
7. El 13 de agosto de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 192 de la Ley 1437 de 20119, se llevó a cabo audiencia de conciliación
judicial. En el curso de dicha diligencia, la entidad presentó una propuesta de arreglo
en los términos fijados por el Comité de Conciliación de la Policía Nacional, frente a
la cual los familiares de la víctima directa manifestaron su voluntad de llegar a un
acuerdo. La fórmula convenida fue aprobada por el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Bucaramanga mediante auto del 16 de agosto de 2019 10, por un total de
800 SMLMV, equivalentes a $662’492.800 a la fecha de la ejecutoria 11.
8. La censora adujo que para dar cumplimiento al acuerdo de conciliación que
puso fin al proceso de reparación, la entidad expidió la Resolución n.° 0099 del 15
de febrero de 2023, mediante la cual se ordenó el pago de los perjuicios reconocidos
a los familiares de la víctima directa, por la suma de $1.146’089.566,04 m/cte 12.
Asimismo, indicó que, en ejecución de dicha resolución, se expidieron las órdenes
presupuestales n.° 50732823, 50749623, 50773923, 50783323, 50796023 y
50812223, todas del 24 de febrero de 202313.
9. La parte actora señaló que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de
la Policía Nacional, en sesión del 12 de julio de 2023, conforme consta en el acta
n.° 026, decidió ejercer la demanda de repetición contra el teniente Jose Luis Toloza
Rangel y el patrullero Jonnatan Felipe Peña Álvarez, por el total del capital pagado,
al considerar que sus conductas se encontraban enmarcadas en una de las
causales previstas en la ley, esto es, haber actuado con dolo, circunstancia que,
según indicó, dio lugar a la condena impuesta a la institución.
10. Agregó que, en virtud de los sucesos expuestos, se adelanta un proceso
penal contra los demandados, radicado bajo el n.° 8001600015920170548, por el
delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con tortura
agravada14. En la misma línea, añadió que cursa investigación disciplinaria respecto
9 En su redacción original.
10 En el auto del 16 de agosto de 2019, el juzgado determinó en su parte resolutiva “PRIMERO.
APROBAR la conciliación judicial celebrada entre la POLICIA NACIONAL y la parte demandante
(…); SEGUNDO. Advertir que el convenio aquí́ aprobado hace tránsito a cosa juzgada y presta merito
ejecutivo; TERCERO. En firme esta providencia expídanse las copias de conformidad con el artículo
114 del CGP y 192 del CPACA a costa del interesado, así como a las autoridades respectivas.
CUARTO. ARCHIVAR las presentes diligencias una vez en firme la presente providencia, previas las
constancias de rigor en el Sistema de Justicia SIGLO XXI (…)” Ver samai del Tribunal Administrativo
de Santander. Índice 3. Documento denominado “3_ED_DEMANDAREPETICIONP(.pdf)”, pp. 4 a 5.
11 En el libelo se hace referencia respecto del valor total pagado por parte de la entidad, sin embargo,
no disgrega el monto que se acordó en el acuerdo conciliatorio. De la revisión del auto que aprobó
el acuerdo, la Resolución n.° 0099 del 15 de febrero de 2023 y la cuenta de cobro presentada por el
apoderado de las víctimas indirectas, se determina que el reconocimiento pactado en el acuerdo
conciliatorio correspondió a " 800 SMLMV x $828.116 = $662.492.800"
12 Conforme consta en el acta, se ordenó el pago neto de 662.492.800,00 y el valor restante ascendió
a intereses de carácter moratorio, esto es, 483.596.766,04. Ver samai del Tribunal Administrativo de
Santander. Índice 3. Documento denominado “1_ED_ANEXOSTOLOZAYOTROPD(.pdf)”, pp. 61 a
67.
13 Según la resolución y las órdenes de pago, las consignaciones se efectuaron en las cuentas
corrientes n.° 81663922326 y 81662552941 de Bancolombia.
14 Realizó hincapié en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, donde
subrayó que: “Respecto a esta circunstancia de agravación es importante resaltar que la víctima se
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Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
de los accionados, dentro del expediente n.° REGI5-2017-45, el cual fue remitido
por poder preferente el 13 de febrero de 2018 a la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y asignado, por
competencia, al Procurador Delegado con Funciones Mixtas para la Defensa de los
Derechos Humanos.
11. Invocó como fundamentos de derecho lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y el
artículo 5 de la Ley 678 de 2001. Señaló que en el caso concreto se encontraban
acreditados los presupuestos para el ejercicio del medio de control de repetición,
en tanto (i) existió una condena en contra de la entidad; (ii) se efectuó la erogación
correspondiente; (iii) los accionados ostentaban la calidad de agentes estatales; y
(iv) la conducta que dio lugar a la condena habría sido desplegada con dolo por
parte de los demandados.
12. Destacó que se encontraba demostrado que los uniformados actuaron con
dolo al agredir físicamente a Jerez García, conducta que resultó abiertamente
desproporcionada y derivó en su muerte. Indicó que dicha actuación fue
determinante en la producción del daño, en la medida en que los agentes
desatendieron el deber constitucional de velar por la protección de la vida e
integridad personal de los ciudadanos y, por el contrario, le infligieron lesiones,
ocasionándole un politraumatismo severo que le produjo fracturas costales en
ambos hemitórax, lo que redujo la expansibilidad pulmonar y, con ello, la capacidad
cardiaca para la adecuada circulación de la sangre hacia los distintos órganos,
circunstancia que, finalmente, ocasionó su deceso.
13. A su juicio, tal proceder constituyó una infracción a la Constitución Política,
en particular al mandato previsto en su artículo 2°, según el cual corresponde a las
autoridades “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. Asimismo, arguyó que los
uniformados desconocieron los fines esenciales del Estado orientados a garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, así
como la misión constitucional asignada a la Policía Nacional, especialmente en lo
relativo a mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos”.
encontraba en condición de indefensión, toda vez que estaba esposada de sus miembros superiores
lo cual ciertamente disminuía la posibilidad de defenderse, lo que a su vez conllevo a que los sujetos
activos se aprovecharan de esta situación de indefensión para agredirlo físicamente sin que este
pudiera oponerse a la acción. De igual forma se configura la condición de inferioridad de la víctima
respecto a sus agresores puesto que estos tenían una figura de autoridad proveniente de su
vinculación a la [P]olicía Nacional, la cual en ese preciso momento ejercían en contra del hoy
occiso...”.
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Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
La contestación de la demanda
14. Los demandados por intermedio de apoderado15 se opusieron a las
pretensiones del libelo. Propusieron como medios exceptivos (i) la caducidad de la
acción; (ii) falta de configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa
generadora de condena judicial; (iii) inexistencia de los elementos de
responsabilidad y ausencia de nexo causal y (iv) la genérica.
15. En desarrollo de lo anterior, señalaron que en el presente caso se encontraba
probada la caducidad. Explicaron que, si bien el pago de la condena se efectuó en
el año 2023 —durante la vigencia de la Ley 2195 de 2022—, dicha erogación fue
realizada de manera extemporánea, pues superó el término de diez meses previsto
en el artículo 192 inciso segundo de la Ley 1437 de 2011. De esta forma, indicaron
que la oportunidad para el pago venció el 5 de octubre de 2020, momento a partir
del cual comenzó a correr el límite temporal de dos años para ejercer la acción de
repetición.
16. Precisaron que, para efectos del cómputo, debía tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020, cuyo artículo 6.° parágrafo 1º
estableció la suspensión de los términos para el pago de sentencias judiciales a
partir del 28 de marzo de 2020. Añadieron que dicha suspensión se mantuvo vigente
hasta el 9 de julio de 2020, fecha en la cual la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-242 de 2020, declaró la inexequibilidad del referido parágrafo.
17. Con fundamento en lo anterior, expusieron que (i) el auto mediante el cual se
aprobó la conciliación entre la Policía Nacional y los accionantes en la reparación
directa quedó ejecutoriado el 23 de agosto de 2019, fecha a partir de la cual
comenzó a correr el término de 10 meses previsto para efectuar el pago de la
indemnización; (ii) para el momento de entrada en vigencia del Decreto Legislativo
491 de 2020 —esto es, el 28 de marzo de 2020— habían transcurrido siete meses
y cinco días desde la ejecutoria de la sentencia, por lo que a la entidad le restaban
dos meses y veinticinco días para efectuar el pago y/o para que se iniciara el
cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, conforme al
artículo 11 de la Ley 678 de 2001; (iii) el 10 de julio de 2020 se reanudaron los
términos para el pago de la indemnización y (iv) en consecuencia, la condena debía
ser pagada a más tardar el 5 de octubre de 2020. A partir de lo anterior, concluyó
que desde el 5 de octubre de 2020 comenzó a correr el término de dos años previsto
para la caducidad de la pretensión de repetición, el cual venció el 5 de octubre
de 2022, sin que para esa fecha se hubiera presentado la demanda contra los aquí
accionados.
15 Se allegó escrito de contestación el 26 de junio de 2024. Ver samai del Tribunal Administrativo de
Santander. Índice 13. Documento denominado “10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestaciondeDema(.pdf) NroActua 13”, pp 1 a 13.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
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Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
18. Por otra parte, adujo que, si bien existía una sentencia condenatoria en
contra de la Policía Nacional, ello no implicaba automáticamente la configuración de
dolo o culpa grave atribuible a los aquí accionados. Señaló que, aunque se iniciaron
actuaciones de naturaleza penal y disciplinaria con ocasión de lo sucedido, para la
fecha de la contestación de la demanda no se habían proferido decisiones que
calificaran la responsabilidad de sus representados, ni siquiera dentro del trámite de
primera instancia de dichos trámites. Añadió que la entidad actora acreditó la
ocurrencia de los acontecimientos que dieron lugar a la condena y el pago de la
indemnización; sin embargo, no precisó en qué consistía el juicio subjetivo que
permitiría atribuir la conducta endilgada, ni allegó medios de prueba dirigidos a
demostrar ese elemento.
Trámite relevante en primera instancia
19. Por auto del 8 de septiembre de 2025, el tribunal de primera instancia, con
fundamento en lo reglado en el artículo 182 A numeral 3, de la Ley 1437 de 201116,
dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
20. La entidad sostuvo que el término de caducidad del medio de control de
repetición, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, se
configura al vencimiento del plazo de cinco años contados a partir del día siguiente
al pago total efectuado por la entidad pública. En ese orden, afirmó que en el caso
objeto de estudio dicho fenómeno no se configuró, por cuanto el 24 de febrero de
2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución n.° 0099 del 15 de febrero
de 2023, se efectuó el pago de $1.146’089.566,04 mediante transferencias
electrónicas realizadas a las cuentas bancarias suministradas por los
demandantes17. En esa línea, indicó que el término de cinco años previsto en la ley
vencería el 25 de febrero de 2028, mientras que la demanda fue radicada el 16 de
agosto de 202318.
16 “ARTÍCULO 182 A SENTENCIA ANTICIPADA <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: (…) 3. En
cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad,
la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción
extintiva. 4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual
dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre
cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá
sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá
reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del
proceso’. Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 15. Documento denominado
“14Autoqueordena_Secorret_202300382AUTOREPCORR(.pdf)”, pp. 1 a 2.
17 El 24 de febrero de 2023.
18 Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 20. Documento denominado
“15_MemorialWeb_Alegatos-2023382JOSELUIST(.pdf)”, pp. 1 a 3.
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Referencia: Repetición
21. La Procuraduría General de la Nación emitió concepto en el que solicitó al a
quo declarar probada la excepción de caducidad propuesta por los demandados 19.
Argumentó que el plazo oportuno para el pago era el 5 de octubre de 2020 y, por
consiguiente, el término para ejercer la acción de repetición finiquitó el 5 de octubre
de 2022. Explicó que el pago extemporáneo realizado el 24 de febrero de 2023 por
parte de la Policía Nacional, no tenía efecto alguno en el conteo del término de
caducidad.
22. Los demandados no presentaron alegatos de conclusión.
Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia anticipada del 2
de octubre de 202520, declaró probada la caducidad. Señaló que la demanda fue
presentada por fuera del plazo legal, pues el auto que aprobó la conciliación de la
cual surgió la obligación objeto de repetición quedó ejecutoriado el 23 de agosto de
2019. En consecuencia, el lapso de diez meses para efectuar el pago comenzó a
correr el 24 de agosto de 2019; sin embargo, conforme al parágrafo 1.º del artículo
6 del Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, este se suspendió el 28 de
marzo de 2020 y permaneció en tal estado hasta el 9 de julio de 2020, fecha en la
cual se profirió la sentencia que declaró inexequible dicha disposición, momento
para el cual habían transcurrido siete meses y cinco días. El 10 de julio de 2020 se
reanudó el conteo del tiempo restante —dos meses y veinticinco días— para cumplir
la obligación, por lo que el pago debía realizarse a más tardar el 5 de octubre de
2020, y no el 24 de febrero de 2023, como finalmente ocurrió. En ese contexto, el
término de dos años para promover la acción transcurrió entre el 6 de octubre de
2020 y el 6 de octubre de 2022; no obstante, la demanda fue radicada el 16 de
agosto de 2023, esto es, por fuera del plazo previsto en la ley.
24. El a quo no condenó en costas, señalando que se trata de un proceso en el
que se ventilan intereses públicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 188
del CPACA.
19 Elevó como solicitud especial lo siguiente: “Siendo, en los términos del Art. 4o de la Ley 678 de
2001, deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición cuando el daño causado por
el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes y el
incumplimiento de este deber, previsto como falta disciplinaria, se solicita se compulsen copias a la
Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia”. Ver Samai del Tribunal
Administrativo de Santander. Índice 21. Documento denominado “16_MemorialWeb_Concepto-
ConceptoNo000202(.pdf)”, pp. 1 a 12.
20 Ver Samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 23. Documento denominado
“18Sentenciadepr_SENTENCIA_202300382SENTENCIARE(.pdf)”. pp, 1 a 3. Fue notificada el 9 de
octubre de 2025. Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 25. Documento
denominado “Soporte notificación Sentencia de primera(.pdf)” pp, 1 a 9.
8
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
El recurso de apelación
25. El 24 de octubre de 202521, por conducto de apoderado, la entidad impugnó
el proveído del 2 de octubre de 2025. Alegó que el Tribunal de primera instancia
omitió aplicar la norma vigente sobre el cómputo de la caducidad de la pretensión
de repetición, contenida en el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022. En particular,
sostuvo que la demanda fue presentada dentro de un término inferior a un año
contado desde la realización del pago, de modo que la declaratoria de caducidad
desconoció el principio de acceso a la administración de justicia y restringió el
derecho de defensa patrimonial del Estado.
26. En ese contexto, señaló que en el caso concreto la satisfacción de la
obligación se realizó el 24 de febrero de 2023, durante la vigencia de la Ley 2195
de 2022, normativa que establece un plazo de cinco años, contados desde el día
siguiente al desembolso, para ejercer el medio de control de repetición. En
consecuencia, indicó que dicho término vencería el 25 de febrero de 2028, mientras
que la demanda fue radicada el 16 de agosto de 2023, razón por la cual —a su
juicio— no se configuró la caducidad.
27. Asimismo, sostuvo que no resulta razonable considerar el término dispuesto
en la ley para efectuar el pago, y, a partir de ese momento, iniciar el cómputo de la
caducidad, cuando el cumplimiento de dicha obligación se encuentra supeditado a
la disponibilidad presupuestal y a la asignación de recursos por parte del gobierno
nacional a las entidades públicas. En ese sentido, adujo que someter el pago a tales
exigencias implica desconocer que se trata de una situación de imposible
cumplimiento, lo cual afecta la certeza del término de caducidad.
Trámite relevante en la segunda instancia
28. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 19 de diciembre de
22
2025 .
29. La Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional y los demandados
guardaron silencio en esta instancia.
21 Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 26. Documento denominado “Soporte
comunicación POR ESTADO de fecha (.pdf)”, pp 1 a 3. A través de auto del 12 de noviembre de
2025 se concedió el recurso de apelación, Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice
29. Documento denominado “23Autoadmiterec_20230038200AUTORCONC(.pdf)”, pp. 1 a 2.
22
Ver samai del Consejo de Estado. Índice 3. Documento denominado
“3Autoqueadmite_73779admiteapelacinc(.pdf)”, pp. 1 a 2. Se notificó el auto admisorio el 13 de enero
de 2026. . Ver samai del Tribunal Administrativo de Santander. Índice 6 y 8. Documentos
denominados “Soporte comunicación POR ESTADO de fecha (.pdf)” “Soporte notificación Auto que
admite recu(.pdf)”.
9
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
30. La Procuraduría General de la Nación allegó concepto y solicitó confirmar la
decisión de primera instancia23. Arguyó que, conforme a lo dispuesto en el artículo
192 del CPACA, la entidad contaba con un plazo máximo de diez meses para
efectuar el pago, el cual venció el 5 de octubre de 2020, una vez considerado el
período de suspensión aplicable durante la vigencia del Decreto Legislativo 491 de
2020. Indicó que el material probatorio obrante en el expediente permitía evidenciar
que la condena no fue satisfecha dentro de dicho lapso. En consecuencia, señaló
que, de conformidad con lo previsto en el literal l del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, el término de caducidad
del medio de control de repetición comenzó a correr a partir del día siguiente al
vencimiento del plazo legal para pagar, esto es, desde el 6 de octubre de 2020, y
se extendió hasta el 6 de octubre de 2022, por lo que se encontraba acreditada la
extemporaneidad de la acción.
CONSIDERACIONES
31. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados con el recurso de apelación, salvo situaciones que se deben
auscultar de manera oficiosa24. Con ese propósito, el estudio de los cargos
indicados en la alzada se restringirá a partir del siguiente itinerario: (i) el objeto del
recurso de apelación y el alcance del estudio en segunda instancia; (ii) el problema
jurídico; (iii) la connotación de la institución de la caducidad en materia de repetición
y su normativa aplicable; (iv) el caso concreto y (v) la condena en costas.
El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia
32. La Corporación25 ha establecido que el marco fundamental de competencia
del ad quem lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se
aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados
por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior.
23
Ver samai del Consejo de Estado. Índice 9. Documento denominado “Memorial_CHM_Concepto
007-2026(.pdf)”, pp. 1 a 17.
24
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación
del 6 de abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la
falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido
propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre
de 2021, Rad. 25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
33. En el presente asunto, la Subsección advierte que la controversia planteada
en el recurso de apelación se contrae en determinar si el a quo incurrió en yerro al
haber declarado probada la excepción de caducidad. La apelante sostiene que el
cómputo del término debía regirse por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 2195
de 2022, según el cual la acción puede ejercerse dentro de los cinco años contados
a partir del día siguiente de la fecha del pago, desembolso que —según afirma— se
efectuó el 24 de febrero de 2023. En esa línea, aduce que no resulta razonable que
se cuente el término de caducidad a partir del vencimiento del plazo legal para
efectuar dicho pago, cuando la satisfacción de esa obligación depende de la
disponibilidad presupuestal y de la asignación de recursos por parte del gobierno
nacional a las entidades públicas.
34. De la censura formulada por la recurrente frente a la sentencia de primer
grado, la Subsección determina que el problema jurídico se circunscribe a
establecer si (i) ¿el juez de primera instancia incurrió en error al haber declarado
probada la excepción de caducidad de la acción de repetición, o si, por el contrario,
el cómputo del término debía efectuarse conforme a lo previsto en el artículo 42 de
la Ley 2195 de 2022, esto es, cinco años contados a partir del día siguiente al pago
de la condena efectuado por la entidad demandante? asimismo se deberá examinar
si ¿resulta exigible dicho término de caducidad cuando el cumplimiento de la
obligación de pago se encuentra sujeto a la existencia de disponibilidad
presupuestal y a la asignación de los rubros correspondientes por parte del gobierno
nacional?.
La institución de la caducidad en el medio de control de repetición y su
legislación aplicable
35. Conforme lo ha reseñado esta Subsección, la caducidad comporta un límite
temporal o plazo perentorio, de orden público, para la interposición de las acciones
judiciales. En tal sentido, constituye la consecuencia jurídica derivada de la falta de
ejercicio oportuno del derecho de acción, en la medida en que, una vez superados
los plazos preclusivos previstos para acudir a la administración de justicia, se
extingue la posibilidad de solicitar la definición de un conflicto por parte del aparato
jurisdiccional. Dicha figura, en cuanto fenómeno procesal, no admite renuncia de
modo que el término respectivo transcurre de manera inexorable y, una vez
configurado, debe ser declarado por el juez a petición de parte o de manera
oficiosa26.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
C.P José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia del 4 de febrero de 2022. Rad: 54001-23-31-000-
2000-01826-01 (59.684). En torno a la connotación de la figura determina que: “La caducidad, como
fenómeno procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual transcurre de manera
inexorable, y como se ha referido, debe ser declarada por el juez oficiosamente cuando se configure.
Estas premisas son universales, y no pueden escapar en su aplicación y entendimiento para ninguna
entidad o autoridad pública. Es pertinente recordar que las normas de caducidad tienen profundas
raíces en el ordenamiento jurídico, en el sentido de impedir que las situaciones conflictivas
permanezcan indefinidas en el tiempo. Así, la exigencia de respetar los límites temporales que han
sido dispuestos para el ejercicio y exigencia de los derechos, propende por la consolidación del orden
público y la paz en las relaciones sociales, y fortalece la seguridad jurídica en favor de los asociados,
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
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Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
36. En relación con el vencimiento del término para ejercer la pretensión de
repetición, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 164 numeral segundo, literal l (en su
redacción original) estipuló que: “ [c]uando se pretenda repetir para recuperar lo
pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo
con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo
previsto en este Código”.
37. En armonía con lo anterior, tratándose de obligaciones derivadas de
acuerdos conciliatorios, su exigibilidad se rige por lo estipulado entre las partes y,
en ausencia de pacto expreso sobre el particular, por lo previsto en el inciso segundo
del artículo 298 de la Ley 1437 de 2011 (norma especial que regula la materia),
conforme al cual, cuando el título ejecutivo lo constituya una conciliación aprobada
por esta jurisdicción en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis meses
desde la firmeza de la decisión aprobatoria o desde la fecha que en ella se señale27.
38. En la misma línea, la Ley 678 de 2001 artículo 11 (en su redacción original)
determina que la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos años
contados a partir del día siguiente a la fecha total del pago efectuado por la entidad
pública28. Dicha disposición fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional
que en la Sentencia C-832 de 2001 la declaró exequible de manera condicionada,
en el entendido que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a
correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice la satisfacción íntegra de
la obligación o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que la entidad
cuenta para realizar la erogación conforme a los términos de la ley, lo primero que
ocurra29.
a quienes, en el ejercicio de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, se les demanda
actuar con diligencia y eficacia a fin de que sus pretensiones puedan ser resueltas con carácter
definitivo por un juez con competencia para ello. Correlativamente, la institución de la caducidad
permite a quienes son sujetos pasivos de las demandas, tener certeza sobre hasta cuándo pueden
estar sometidos a requerimientos judiciales por una determinada causa”. Ver entre otras, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P José Roberto
Sáchica Méndez. Sentencia del 13 de diciembre de 2021. Rad: 20001-23-33-000-2013-00063-01
(54263).
27 La disposición establece lo siguiente: “Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo
192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o
magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las
reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud
del acreedor. Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo
arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa
solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde
la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
sentencias como título ejecutivo (…)”
28 El artículo en su tenor literal establece lo siguiente: “ARTÍCULO 11. La acción de repetición
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha
del pago total efectuado por la entidad pública (…)”.
29 Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional. En
la sentencia se dispuso sobre la caducidad de la acción de repetición, que: “(…) el plazo con que
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Referencia: Repetición
39. Ahora bien, la Ley 2195 de 2021 en el artículo 42 modificó el artículo 11 de
la Ley 678 de 2001, estableciendo que “La acción de repetición caducará al
vencimiento del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la
fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en el
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. El término de caducidad dispuesto en el presente artículo aplicará a
las condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto
permitida por la ley que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley”. (Subrayado propio de la Sala).
40. Asimismo, la aludida codificación por medio de su artículo 43 modificó el
artículo 164 literal l numeral segundo del CPACA, en los siguientes términos: “[l]a
demanda deberá ser presentada: l) [c]uando se pretenda repetir para recuperar lo
pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto, el t[é]rmino será de cinco (5) años, contados a partir del
día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo
con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo
previsto en este Código"30.
41. De lo anterior se desprende que las disposiciones introducidas por la Ley
2195 de 2022 resultan aplicables a las demandas de repetición únicamente cuando
la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación o solución del
conflicto quede ejecutoriada con posterioridad a su entrada en vigencia, esto es, a
partir del 18 de enero de 2022. En consecuencia, el criterio determinante para
establecer la aplicación del término de caducidad previsto en la citada ley, no es la
fecha en que se realice la erogación por parte de la entidad, sino el momento en
que haya adquirido firmeza la decisión judicial o el acuerdo que impuso la obligación
de pagar.
42. Admitir una interpretación distinta —esto es, que la aplicación del término
dependa de que el pago se efectúe durante la vigencia de la Ley 2195— implicaría
ir en contravía de los principios que gobiernan la aplicación temporal de la ley,
particularmente el de irretroactividad.
cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra no es
indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de
repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Si esta fecha no
fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una
prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas
con la finalidad que persiguen. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 “si la entidad
condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el
pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor
presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido
de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo”.
30 La aludida Ley fue corregida a través del Decreto 1463 de 2022.
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43. En suma, conforme a la posición reiterada por esta Sala, el término para
ejercer la pretensión de repetición comienza a correr desde el día siguiente al pago,
en los términos de ley, siempre que ello ocurra dentro del plazo dispuesto para tal
efecto, toda vez que en el evento en que el desembolso se realice con posterioridad
a tal tiempo, este pierde relevancia para el cómputo de la oportunidad de la acción
y, en su lugar, el término de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al
vencimiento del plazo fijado en la norma para cumplir con la obligación31.
44. Corolario de lo anterior, en los eventos en que el medio de control de
repetición encuentre su origen en un acuerdo conciliatorio judicialmente aprobado,
el término de caducidad comienza a contabilizarse a partir de dos momentos, a
saber: (i) desde el día siguiente en que se hubiere efectuado el pago efectivo de la
obligación, siempre que este se realice dentro del plazo convenido por las partes o,
en ausencia de estipulación expresa, dentro de los seis meses siguientes a la
firmeza de la providencia aprobatoria, de conformidad con lo previsto en el inciso
segundo del artículo 298 de la Ley 1437 de 2011; o (ii) desde el día siguiente al
vencimiento del término pactado por las partes o, de no mediar acuerdo expreso
sobre el particular, a partir del vencimiento del término previsto para el pago en el
referido artículo 298, lo que ocurra primero.
De la contabilización del término de caducidad en el caso concreto
45. De acuerdo con los elementos de convicción allegados al sub judice, se
encuentra acreditado que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga,
dentro del proceso de reparación directa radicado n.° 68001333300520170036700,
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 192 (en su redacción
original) de la Ley 1437 de 2011, mediante auto del 16 de agosto de 2019, aprobó
el acuerdo conciliatorio celebrado entre la entidad demandante y los familiares de
la víctima directa. Dicha providencia fue notificada por estado el 20 de agosto del
mismo año, quedando ejecutoriada el 23 de agosto de 2019.
46. En ese sentido, parte la Sala por señalar que las disposiciones introducidas
por la Ley 2195 de 2022 no resultan aplicables al presente asunto, toda vez que
dicha normativa prevé expresamente que el término de caducidad de cinco años
rige únicamente respecto de condenas, conciliaciones u otras formas de solución
de conflictos cuya ejecutoria sea posterior a su promulgación (18 de enero de 2022).
Tal supuesto no se configura en el caso sub examine, habida cuenta de que el auto
aprobatorio del acuerdo conciliatorio adquirió firmeza el 23 de agosto de 2019, esto
es, con anterioridad a la entrada en vigor del referido estatuto. En consecuencia, la
normativa aplicable al caso concreto es la contenida en la Ley 1437 de 2011 en el
31 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
C.P José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia del 22 de abril de 2022. Rad:
730012333005201500329 02 (60137). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A. C.P Marta Nubia Velázquez Rico. Sentencia del 9 de agosto de
2023. Rad: 05001-23-33-000-2023-00057-01 (69.816).
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
artículo 164 numeral segundo, literal l y la Ley 678 de 2001 artículo 11 (en sus
redacciones originales).
47. Precisado lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 298 de la
Ley 1437 de 2011, el plazo con que contaba la entidad para satisfacer la obligación
dineraria derivada del acuerdo conciliatorio empezó a discurrir a partir del 24 de
agosto de 2019, día siguiente a la firmeza de la providencia aprobatoria, y se
consumó el 24 de febrero de 2020. Habida cuenta de que la obligación no fue
satisfecha dentro de dicho término, el desembolso realizado con posterioridad (las
erogaciones correspondientes fueron realizadas el 24 de febrero de 2023, mediante
las órdenes de pago n.° 50732823, 50749623, 50773923, 50783323, 50796023 y
50812223, expedidas en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución n.° 0099
del 15 de febrero de 2023) carece de incidencia para fijar el inicio del conteo del
término de caducidad, el cual empezó a discurrir a partir del 25 de febrero de 2020,
día siguiente a aquel en que debió realizarse el pago, y, en principio, fenecía el 25
de febrero de 2022.
48. No obstante, el decurso del término de caducidad se vio suspendido en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto Legislativo 564 de 2020, disposición
que suspendió los términos de caducidad y prescripción con efectos retroactivos
desde el 16 de marzo de 202032 y hasta el 1.° de julio de ese mismo año, conforme
a lo ordenado mediante Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 por el Consejo Superior
de la Judicatura33. Levantada la suspensión el 2 de julio de 2020, y habida cuenta
de que para la fecha de inicio del interregno habían transcurrido veinte días del
término bienal, el plazo de caducidad de la acción de repetición se consumó el 12
de junio de 2022, sin que para entonces se hubiera instaurado la demanda
correspondiente, la cual fue presentada extemporáneamente el 16 de agosto de
2023, esto es, catorce meses después de haberse configurado el fenómeno
extintivo .
49. En consecuencia, se despacha negativamente el primer problema jurídico
planteado, por cuanto: (i) la normativa aplicable no correspondía a la prevista en la
Ley 2195 de 2022, sino a la contenida en la Ley 1437 de 2011 y 678 de 2001 en
sus redacciones originales, y (ii) el término de caducidad debía contabilizarse a
partir del día siguiente a la exigibilidad del acuerdo conciliatorio, en tanto la
erogación realizada por parte de la entidad fue posterior al vencimiento del plazo
32
El referido artículo estipuló lo siguiente: “Los términos de prescripción y de caducidad previstos en
cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo de los términos de
prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la
suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura”.
33
El acuerdo determinó lo siguiente: “artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos
judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir
del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo”.
15
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
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Referencia: Repetición
dispuesto para ello. En consecuencia, se confirma la declaratoria de la excepción
de caducidad.
Respecto de la alegada imposibilidad de cumplimiento por falta de
disponibilidad presupuestal
50. En lo atinente a la censura formulada por la recurrente, consistente en que
no sería posible exigir el pago dentro de los términos previstos en la ley por tratarse
de una situación de imposible cumplimiento, en tanto dicha obligación depende de
la disponibilidad presupuestal y de la asignación de recursos por parte del gobierno
nacional, la Subsección considera que el cargo no está llamado a prosperar.
51. Lo anterior, teniendo en cuenta que no puede calificarse como de imposible
cumplimiento una obligación cuyo plazo de pago ha sido expresamente previsto por
el ordenamiento jurídico. La alegada ausencia o insuficiencia de disponibilidad
presupuestal no constituye un evento eximente ni una circunstancia que suspenda
o difiera el cumplimiento de las decisiones judiciales, sino, a lo sumo, una situación
interna de gestión administrativa de la entidad, que no resulta oponible al acreedor.
52. Bajo esta perspectiva, la exigencia de cumplir con los términos legalmente
establecidos no impone una carga irrazonable o desproporcionada a la entidad
obligada, sino que materializa el deber de acatamiento oportuno de las decisiones
judiciales y garantiza su eficacia. En consecuencia, el vencimiento de dichos plazos
configura el punto de partida para el cómputo de la caducidad, sin que resulte
jurídicamente admisible supeditarlo a la existencia de apropiaciones presupuestales
o a la asignación de recursos por parte del Estado. Por lo que el segundo problema
jurídico se resuelve negativamente.
Costas
53. El artículo 18834 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.
54. Esta Subsección35, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 200136, ha considerado que el medio de control de repetición
es uno de aquellos procesos en los que se ventilan intereses públicos, pues se
34 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021.> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519;
sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
36 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00382-01 (73.779)
Demandante: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional
Demandado: Jose Luis Toloza Rangel y otro
Referencia: Repetición
busca la protección del patrimonio estatal, por lo tanto, la Sala se abstendrá de
condenar en costas.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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