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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2023-00392-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2023-00392-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada. En su lugar: Primero. Declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado, expedido por la ADRES, por medio del cual negó la devolución de los aportes patronales al subsistema de salud, efectuados por la demandante por el año 2018. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la ADRES devolver, a favor de la actora, la suma de $2.230.970.920 previa verificación del pago de este monto por concepto de los aportes patronales en salud efectuados por el año 2018 y reconocer los intereses corrientes e intereses moratorios del artículo 863 del ET. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00392-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

23 de julio de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Comultrasan Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda., Comultrasan
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad
Demandado:
Social en Salud, ADRES.
Temas: Restitución de aportes de salud. Pago de lo no debido. Situación
jurídica consolidada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la
sentencia, del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvió2:

Primero. Declárese la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0001087 del 24 de
abril de 2023, notificado el 02 de mayo de 2023, expedido por el ADRES, por medio del cual se negó
la devolución de aportes realizados al SGSSS, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, condénase al ADRES a i) devolver, a favor de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda., COMULTRASAN, el pago de lo no debido por
concepto de aportes en salud al Sistema de Seguridad Social en Salud por la vigencia 2018 y ii)
reconocer intereses corrientes e intereses moratorios. Lo anterior, en los términos indicados en la
parte motiva de esta providencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada, mediante la Resolución 0001087, del 24 de abril de 20233, negó la
solicitud de devolución del pago de lo no debido presentada por la demandante
concerniente a los aportes al subsistema de salud efectuados durante los años 2017 y
2018, al considerar que no se había surtido el procedimiento administrativo previsto para
la devolución de aportes ante la respectiva Empresa Promotora de Salud (EPS) y, que
los pagos reclamados constituían una situación jurídica consolidada que impedía
extender al caso concreto los efectos de la sentencia que declaró la nulidad parcial del
artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 1625 de 2016.

1
Samai Tribunal, índice 34, certificado BCCC902BAEB02947 35253B55EEDE3EC0 308E217BBDB47A5C C914F7769B3CAF0C (pdf), pp. 1 a 20.
2
Samai Tribunal, índice 31, certificado 39338692BD682523 E4758E1AC9950534 D0F847A25D2AFCFA F85EB3277F28EB5B (pdf), p. 29.
3
Samai Tribunal, índice 3 AAD0BF1CB121F05D E1197F6E8FB7FFA6 1CEF1FDF4ABF3ACF 9C6D85C39E247092 (pdf) pp. 34 a 47.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Comultrasan Ltda.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones4:

Primera. Se decrete la nulidad del acto administrativo contenido en el documento emanado de la
ADRES en la Resolución 0001087, adiada el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), y
notificada el tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Segunda. Que se declare que Comultrasan Financiera, por tratarse de un ente de naturaleza jurídica
sin ánimo de lucro y constituido como una organización solidaria del tipo cooperativa del régimen
especial, se encontraba para el año 2018 exenta del pago de los aportes patronales al Sistema de
Seguridad Social en salud de sus trabajadores.

Tercera. Que se declare que la ADRES debe realizar la devolución del pago de lo no debido respecto
de todos los valores pagados por Comultrasan Financiera por concepto de aporte en salud al Sistema
de Seguridad Social en Salud de sus trabajadores en el periodo fiscal de enero de 2017 a Diciembre
de 2018.

Cuarta. 4.1 Que se declare que la ADRES debe realizar la devolución del pago de lo no debido
respecto del año 2017 de los meses de enero a diciembre, que asciende a la suma de …
$2.128.169.304.

4.2. Que se declare que la ADRES debe realizar el pago de los intereses corrientes y moratorios
conforme los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario respecto de las sumas pedidas en condena
en este numeral.

Quinta. 4.1 (sic) Que se declare que la ADRES debe realizar la devolución del pago de lo no debido
respecto del año 2018 de los meses de enero a diciembre, que asciende a la suma de …
$2.230.970.920.

4.2 (sic) Que se declare que la ADRES debe realizar el pago de los intereses corrientes y moratorios
conforme los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario respecto de las sumas pedidas en condena
en este numeral.

Sexta. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado … ADRES.

Invocó como vulnerados los artículos 2, 13, 29, 48, 58 y 83 de la Constitución; 2313, 2315
y 2536 del Código Civil; 65 de la Ley 1819 de 2016; 118 de la Ley 1943 de 2019; 850 del
ET (Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989); 11 del Decreto 1000 de 1997;
2.6.4.3.1.1.6, 2.6.4.3.1.1.8 y 2.6.4.3.3.2 del Decreto 780 de 2016; Decreto 4023 de 2011;
Resolución 0000851 de 2023 y Resolución 5510 de 2013, bajo el siguiente concepto de
violación5:

-Violación de las normas sustanciales. Sostuvo que se vulneraron principios y derechos
constitucionales al negársele el acceso a la exoneración de aportes prevista en la ley,
con fundamento en disposiciones reglamentarias que posteriormente fueron declaradas
nulas por el Consejo de Estado. Indicó que la negativa de la Administración se sustentó
en disposiciones del sector salud que no resultaban aplicables al caso concreto, toda vez
que la demandante no presentó una solicitud de recobro ni promovió la corrección de
registros o aportes, sino que reclamó la devolución de sumas pagadas sin causa jurídica.
De igual forma, adujo que el gobierno desconoció la voluntad del legislador al expedir
normas de inferior jerarquía que limitaron los beneficios establecidos para determinados
contribuyentes, lo que vulneró los fines esenciales del Estado, el derecho a la propiedad

4
Samai Tribunal, índice 3 AAD0BF1CB121F05D E1197F6E8FB7FFA6 1CEF1FDF4ABF3ACF 9C6D85C39E247092 (pdf) pp. 3 a 4.
5
Samai Tribunal, índice 3 AAD0BF1CB121F05D E1197F6E8FB7FFA6 1CEF1FDF4ABF3ACF 9C6D85C39E247092 (pdf) pp. 10 a 27-

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Comultrasan Ltda.

privada y el principio de buena fe. Al respecto, refirió jurisprudencia de la Corte
Constitucional relativa al tratamiento de los aportes a seguridad social como tributos
parafiscales.

Adujo que, con la respuesta a la solicitud de devolución, la demandada vulneró las
disposiciones que reconocían la exoneración de dichos aportes. A tal efecto, expuso el
marco normativo de la exoneración de los aportes parafiscales y cotizaciones al
subsistema de salud prevista en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (ET), adicionado
por la Ley 1819 de 2016 y posteriormente modificado por las Leyes 1955 y 2010 de 2019.
Sin embargo, el Gobierno Nacional, mediante el artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 1625 de
2016 (modificación incorporada por el Decreto 2150 de 2017), excluyó de dicho beneficio
a las entidades del sector cooperativo pertenecientes al régimen tributario especial,
imponiéndoles la obligación de efectuar tales aportes.

Al hilo de lo anterior, puso de presente que el Consejo de Estado, mediante sentencia del
30 de julio de 2020 (exp. 23692, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), declaró la nulidad
de las expresiones «19-4» y «1.2.1.5.2.1» contenidas en el artículo 1.2.1.5.4.9 del
Decreto 1625 de 2016, al considerar que excluían indebidamente a las entidades del
sector cooperativo pertenecientes al régimen tributario especial, de la exoneración
prevista en el artículo 114-1 del ET. En tal contexto, sostuvo que la demandada
desconoció los efectos de dicha providencia al negar la devolución solicitada, pese a que
la demandante se encontraba cobijada por la exoneración legal. Afirmó que, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de las disposiciones reglamentarias que
sustentaban la obligación de efectuar los aportes, desapareció el fundamento jurídico de
los pagos realizados durante los años 2017 y 2018, por lo que surgió el derecho a
reclamar su devolución como pago de lo no debido.

-Violación de las normas por aplicación indebida. Tras referirse a la estructura del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, advirtió que los recursos del sistema eran
administrados por la ADRES y no por las EPS. Asimismo, reiteró que las normas que
regulan el proceso de compensación, a través del cual la ADRES le reconoce a las EPS
el valor de la UPC por cada afiliado, no eran aplicables al caso concreto debido a que la
cotización no era el valor recibido por la EPS. Agregó que no era pertinente la aplicación
de la Resolución 5510 de 2013 y del Decreto 780 de 2016, debido a que los aportes
efectuados por la demandante no se realizaron por error, sino en cumplimiento de una
obligación que se consideraba legalmente exigible en su momento. Indicó que, tras la
declaratoria de nulidad de la norma reglamentaria que sustentaba dicha obligación,
desapareció la causa jurídica de los pagos realizados, razón por la cual la reclamación
presentada correspondía a una solicitud de devolución de pagos de lo no debido y no a
la devolución de aportes erróneamente efectuados.

-Violación de las normas por falsa motivación. Sostuvo que la demandada se equivocó al
considerar que los aportes reclamados correspondían a pagos realizados por error, pues
estos fueron efectuados con la convicción de cumplir la normativa vigente para la época;
de modo que la entidad aplicó indebidamente las normas relativas a la devolución de
aportes pagados por error y dejó de aplicar las disposiciones que regulaban la devolución
de pagos de lo no debido, contenidas en los artículos 850 y siguientes del ET y en las
normas civiles relativas a prescripción. Seguidamente, citó jurisprudencia de la Sección6,
para sostener que el término aplicable para solicitar la devolución correspondía al de
prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

6
Sentencia del 05 de noviembre de 2009, exp. 16591, CP: Hugo Bastidas Bárcenas.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Comultrasan Ltda.

-Violación por desconocimiento del artículo 850 del Estatuto Tributario, de los artículos
2313, 2315 y 2536 del Código Civil y del artículo 11 del Decreto 1000 de 1997, ahora
Decreto 2277 de 2012. Sostuvo que la demandada desconoció el artículo 850 del ET y
las disposiciones que regulan el pago de lo no debido. Con fundamento en dichas
normas, insistió en que la solicitud presentada no tenía por objeto corregir errores en la
liquidación o pago de aportes ni efectuar recobros ante el subsistema de salud, sino
obtener la devolución de sumas pagadas sin causa jurídica. Por ello, consideró que la
reclamación debía regirse por las reglas aplicables a los pagos de lo no debido y por el
término de prescripción de la acción ejecutiva. Alegó que los actos demandados
incurrieron en falsa motivación al desconocer las disposiciones que consagraban la
exoneración de los aportes cuya devolución reclamaba. Como sustento de lo anterior,
citó la providencia del 05 de mayo de 2016 (exp. 19938, CP: Hugo Bastidas Barcenas),
en la que se mencionó que las sentencias de nulidad de los actos administrativos
generales tenían incidencia sobre las situaciones jurídicas no consolidadas.

Finalmente, afirmó que la demandada fundamentó su decisión en la Resolución 851 de
2023, expedida por el Ministerio de Salud con posterioridad a la presentación de la
solicitud de devolución, por lo que era improcedente su aplicación al caso concreto.
Reiteró que el término de 12 meses previsto en dicha regulación y en las normas que
gobiernan el proceso de compensación solo es aplicable a los pagos efectuados por error.
Así mismo, invocó jurisprudencia de esta corporación sobre los efectos de las sentencias
de nulidad de los actos administrativos de carácter general y sostuvo que la entidad aplicó
indebidamente las disposiciones relativas a la devolución de cotizaciones pagadas
erróneamente, desconociendo las reglas que rigen la devolución de pagos realizados sin
causa legal.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones7. Luego de precisar que a partir del 1 de
agosto de 2017 entró en operación la ADRES para administrar los recursos que hacían
parte del FOSYGA -el cual debía entenderse suprimido—, señaló que, de conformidad
con la Ley 100 de 1993 y los Decretos 780 de 2016 y 2265 de 2017 y 2265 de 2017, el
recaudo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud se
encuentra delegado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), quienes deben
reportarlo al sistema para que se surta el proceso de compensación de los recursos.
Seguidamente, sostuvo que el artículo 2.6.1.1.2.2 del Decreto 780 de 2016 -concordante
con el Decreto 2265 de 2017- establecía que cuando los aportantes efectuaran
erróneamente pagos al sistema, debían presentar la solicitud de restitución ante la
entidad recaudadora -EPS o Entidades Obligadas a Compensar (EOC)- dentro de los
doce (12) meses siguientes al pago, para que estas determinaran la procedencia de este,
pues eran dichas entidades las facultadas para presentar a la ADRES la solicitud de
devolución. Adicionalmente, indicó que el artículo 13 del Decreto Ley 1281 de 2002,
modificado por el artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 2019, fijó el término de un año para
efectuar cobros distintos a los recobros y reclamaciones, con cargo a recursos
administrados por la ADRES y, además, dispuso que la devolución o reconocimiento de
recursos por efecto de la corrección de registros compensados debía requerirse ante la
ADRES en un término máximo de seis (6) meses a partir de la compensación del registro.

Bajo tal ilación, señaló que los artículos 2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de
2016 regulaban los procedimientos de corrección de registros compensados para la
devolución de cotizaciones no compensadas, estableciendo que las solicitudes de

7
Samai Tribunal, índice 11, certificado E9BAFB6300D41C59 B246F5C352A18C7B A46A36CEC6344F48 1467BF053EBA78A2. (pdf) pp. 28 a 57.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
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devolución de cotizaciones pagadas erróneamente debían presentarse dentro de los 12
meses siguientes al pago.

En suma, el aportante que efectuara aportes erróneamente al Sistema General de
Seguridad Social en Salud debía solicitar la devolución directamente ante la EPS o EOC
que haya recibido el aporte, quien debe analizar su procedencia, teniendo en cuenta los
términos dispuestos para el efecto [6 meses para los aportes compensados y 12 meses,
para los no compensados]; surtido lo cual, remitiría la solicitud a la ADRES para que esta
validara su pertinencia; y, de encontrarla procedente, efectuaría el pago a la EPS-EOC,
para que estas, a su vez, lo entregaran al aportante. Afirmó que, teniendo en cuenta los
citados lineamientos, al consultar en este caso las bases de datos, estableció que las
cotizaciones correspondientes a los períodos 2017 a 2019 habían sido compensadas en
distintas EPS, de modo que los aportes efectuados durante los años 2017 y 2018 —
objeto de la solicitud— no eran susceptibles de devolución, al haber transcurrido el
término de seis meses previsto para solicitar la corrección de registros compensados.

Al hilo de lo anterior, explicó que el artículo 19 del Decreto 4023 de 2011, compilado en
el artículo 2.6.4.3.1.1.6 del Decreto 780 de 2016 y posteriormente en el Decreto 2265 de
2017, que derogó el artículo anterior, estableció un plazo máximo de 6 meses para
solicitar la corrección de registros compensados, salvo en los casos de ajustes
efectuados a través de la PILA o por orden judicial. Con fundamento en dicha disposición,
sostuvo que (i) la demandante no surtió el trámite para la corrección de los aportes
compensados y que (ii) la actora carecía de legitimación para solicitar directamente la
devolución ante la ADRES, pues dicha gestión debía ser adelantada por la
correspondiente EPS.

Adicionalmente, sostuvo que los recursos, cuyo reintegro se pretendía, estaban
destinados a financiar el sistema; incluso, si eventualmente se tratara de recursos no
compensados por los aseguradores de salud dentro del año siguiente al recaudo, estos
debían destinarse a la financiación de la Subcuenta de Garantías del FOSYGA -ahora
ADRES-. Por disposición del artículo 41 del Decreto Ley 4107 de 2011, pues su
devolución era improcedente, por haberse superado el término de un año para solicitarlo.
Así, los recursos ya habían sido destinados a financiar la mencionada subcuenta, no
estando disponibles para el reintegro.

Agregó que lo debatido correspondía a situaciones jurídicas consolidadas con antelación
a la sentencia 23692 de esta corporación;8 en tanto, las cotizaciones fueron efectuadas
en vigencia del Decreto 2150 de 2017, pues las fechas de pago por los años 2017 y 2018
fueron en dichos años. Así, tanto las entidades recaudadoras como la demandada
recibieron los recursos de buena fe y al amparo del principio de confianza legítima, por lo
que no había lugar a ordenar su devolución.

Agregó que los aportes cuya restitución se reclamaba habían sido incorporados al
proceso de compensación y destinados a la financiación del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Luego, reiteró que la solicitud debía analizarse conforme a
las disposiciones que regulaban la corrección y devolución de aportes dentro del sistema,
las cuales atribuían a las EPS la competencia para tramitar dichas solicitudes, dentro de
los términos legalmente previstos. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la solicitud
de devolución fue formulada por fuera del término de 12 meses y directamente por el
aportante, cuando debió ser presentada por conducto de la correspondiente EPS.

8
Sentencia que declaró parcialmente la nulidad de las expresiones «19-4» y «1.2.1.5.2.1» contenidas en el artículo 1.2.1.5.4.9 del
Decreto 1625 de 2016.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00392-01 (30290)
Demandante: Comultrasan Ltda.

Más adelante, tras referir que las cooperativas pertenecían al régimen tributario especial
(art. 19-4) y reconocer que estaban exoneradas del pago de aportes al régimen
contributivo de salud, adujo que eso no las relevaba de cumplir el procedimiento especial
previsto para solicitar la devolución de las cotizaciones. Por tanto, la reclamación era
improcedente al no haberse tramitado por intermedio de la EPS y en los términos
previstos para el efecto.

En relación con la sentencia del 30 de julio de 2020 que declaró la nulidad de apartes del
Decreto 2150 de 2017, sostuvo que esta no moduló sus efectos en el tiempo, por lo que
debía entenderse que producía efectos hacia el futuro. En apoyo de esta tesis, citó el
Concepto del 05 de marzo de 2019 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado (exp. 2403, CP: Germán Alberto Bula Escobar), según el cual las sentencias
de nulidad producían efectos hacia el futuro, teniendo únicamente efectos retroactivos
respecto de situaciones jurídicas no consolidadas. Agregó que dicho criterio también
había sido acogido por la Corte Constitucional en la sentencia T-121 de 2016 (MP: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo). Con fundamento en ello, concluyó que no procedía acceder
a las pretensiones de la demanda, pues los aportes cuya devolución se reclamaba
correspondían a situaciones jurídicas consolidadas, al haber sido pagados e
incorporados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Más adelante, censuró que la demandante hubiera tomado lo señalado por la ADRES
como un acto administrativo definitivo que le negó la devolución, pues acorde con la
normativa en materia de seguridad social en salud, la competencia para analizar tales
solicitudes era de la EPS; además, alegó que tratándose de aportes compensados, la
devolución exigía la realización de validaciones y ajustes en las bases de datos del
sistema, pues los recursos ya fueron objeto del proceso de compensación y dieron lugar
al reconocimiento de la UPC; de modo que no era cierto que los recursos materia de la
solicitud de devolución de aportes se encontraran en la ADRES, razón por la cual era
necesaria la participación de la EPS.

Finalmente, propuso como excepciones de fondo la inexistencia de la obligación, cobro
de lo no debido y la innominada o genérica.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad del acto demandado9. Indicó que el Consejo de Estado ha
sostenido que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general
produce efectos ex nunc respecto de las situaciones jurídicas consolidadas y efectos ex
tunc frente a las no consolidadas, entendidas estas últimas como aquellas que, al
momento de proferirse el fallo de nulidad, se encuentran en discusión o son susceptibles
de debate ante la Administración o la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Adujo que, en materia de devoluciones, la jurisprudencia también ha señalado que las
situaciones jurídicas solo se entienden consolidadas una vez ha vencido el término legal
para solicitar la devolución. En ese sentido, indicó que estas debían presentarse dentro
del término de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 del Código
Civil, contado a partir de la fecha del pago. Agregó que dicho criterio resultaba aplicable
cuando la devolución se fundamentaba en la ausencia de causa legal para efectuar el
pago, que no cuando se pretendía establecer un mayor saldo a favor.

Estimó que no resultaban aplicables los procedimientos previstos en el artículo 13 del
Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, ni en los

9
Samai Tribunal, índice 31, certificado 39338692BD682523 E4758E1AC9950534 D0F847A25D2AFCFA F85EB3277F28EB5B (pdf), pp. 23 a 29.

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Demandante: Comultrasan Ltda.

artículos 2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, por cuanto dichas
disposiciones regulaban la devolución y corrección de cotizaciones pagadas
erróneamente. Al respecto, indicó que la devolución reclamada no se originaba en un
error en el pago de los aportes, sino en la desaparición de la causa jurídica que los
sustentaba, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la disposición
reglamentaria que les imponía dicha obligación. Adicionalmente, indicó que las últimas
disposiciones regulaban la corrección de registros aprobados en el proceso de
compensación y la devolución de cotizaciones efectuadas indebidamente por errores en
su liquidación o recaudo. Señaló que tales supuestos no correspondían al caso concreto,
pues la solicitud presentada por la demandante no se fundamentaba en un error en el
pago de los aportes, sino en la inexistencia de una obligación legal que justificara su
realización.

Asimismo, desestimó los argumentos según los cuales la devolución de los aportes debía
ser solicitada dentro de los 12 meses siguientes al pago, con fundamento en los incisos
4 y 5 del Decreto 674 del 02 de abril de 2014, que modificó el artículo 12 del Decreto
4023 de 2011, modificado por el Decreto 674 de 2014, puesto que el Consejo de Estado,
mediante sentencia del 07 de septiembre de 2023 (exp. 27103, CP: Milton Chaves
García), había declarado la nulidad de las disposiciones que establecían dicho límite
temporal, por considerar que este no se encontraba previsto en la ley reglamentada,
constituyendo un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Así, concluyó que la solicitud de devolución, presentada el 28 de febrero de 2023, había
sido efectuada en el término de cinco años, previsto en el artículo 2536 del Código Civil,
y que los aportes efectuados durante la vigencia 2018 constituían un pago de lo no
debido, pues habían sido realizados al amparo de una disposición que posteriormente
fue declarada nula y correspondían a una situación jurídica no consolidada. [Se advierte
que no se refirió al año 2017; sin embargo, como solo ordenó la devolución del año 2018,
se extrae que desestimó por inoportuna la solicitud respecto del año 2017].

Finalmente, señaló que el reconocimiento de intereses en los procedimientos de
devolución de saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no debido se regía por el
artículo 863 del ET. Con fundamento en ello, ordenó reconocer intereses corrientes desde
la notificación del acto que negó la devolución y hasta la ejecutoria de la sentencia, así
como intereses moratorios a partir del día siguiente a esta y hasta la fecha de su pago.

Recurso de apelación

La demandada recurrió la decisión de primer grado10. Tras contextualizar la decisión
impugnada, censuró que el a quo pretendía desconocer abiertamente el término de un
año para presentar la solicitud de devolución de aportes en salud, omitiendo lo dispuesto
en el Decreto 780 de 2016 por considerar que era un asunto tributario, aludiendo al
término de cinco años, ampliando así el término de la demandante. Seguido de ello,
afirmó que en asuntos de devolución de aportes se han obtenido decisiones favorables a
la ADRES en razón a que las cooperativas no han agotado el procedimiento para el
efecto.

En ese contexto, sostuvo que la devolución de los aportes reclamados debía sujetarse al
procedimiento especial previsto en la normativa del subsistema de salud -artículo 13 del
Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por el artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 2019,
y los artículos 2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016-, acorde con lo cual,
los aportantes debían presentar la solicitud ante la EPS o la EOC, dentro de los seis (06)

10
Samai Tribunal, índice 41, certificado 3FEEBF2B9751BCD0 CBAC145ADF3CE51D EF69D71843B1DFC8 B7CE9772EBE78597 (pdf), pp. 3 a 5.

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o doce (12) meses siguientes al pago -dependiendo de si el pago estaba o no
compensado- para que dichas entidades la validaran y, de encontrarla procedente,
solicitaran la devolución a la ADRES, quien de encontrarla viable debía restituirlos
recursos a las citadas entidades y estas a su vez a los aportantes. Así, no podía la ADRES
resolver de fondo directamente.

Cuestionó que el tribunal diferenciara el pago erróneo del pago no debido, con el
propósito de no aplicar el procedimiento previsto por las normas de seguridad social,
cuando era evidente que el pago de lo no debido establecido en el código civil se fundaba
establecía en un pago erróneo, lo cual constituía el mismo fundamento del artículo
2.6.1.1.2.2 del Decreto 780 de 2016 que determinaba el procedimiento, el cual consistía
en acudir ante las EPS o EOC dentro de los 12 meses siguientes al pago; de modo que
ambas regulaciones [el ordenamiento civil y la normativa de seguridad social en salud]
perseguían la misma finalidad, esto es, obtener el reintegro de los aportes efectuados
erróneamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); solo que al
estar frente a una norma especial, no era procedente aplicar el término de prescripción
de 5 años, establecido en el Código Civil, sino que debía atenderse dicho decreto que
regulaba el procedimiento y la oportunidad. En ese sentido, indicó que, si bien los aportes
fueron realizados durante la vigencia del Decreto 2150 de 2017, la posibilidad de reclamar
su devolución surgió a partir de la sentencia del 30 de julio de 2020 que declaró
parcialmente su nulidad. En consecuencia, al haber sido notificada dicha providencia el
06 de agosto de 2020, el término de 12 meses para solicitar la devolución vencía el 06
de agosto de 2021. Explicó que lo anterior obedecía a que el flujo de recursos en el
régimen contributivo se surtía a través de las cuentas maestras, mediante las cuales se
adelantaban los procesos de giro y compensación.

Adujo que no podía desconocerse lo previsto en el Decreto Ley 1281 de 2002, modificado
por el artículo 13 del Decreto 019 de 201211, que determinaba que las reclamaciones o
cualquier cobro que debiera atenderse con cargo a los recursos de las diferentes
subcuentas del Fosyga debían presentarse en el término de un año a partir de la
obligación de pago. Además, como existía norma especial -Decreto 1281 de 2022- no
podía aplicarse el plazo prescriptivo de los cinco años de la normativa civil, sino el de un
año de la norma especial, la cual prevalecía sobre la general. Seguidamente, afirmó que,
en el caso analizado, los hechos se consolidaron, pues los pagos se efectuaron antes de
la sentencia de nulidad -en los mismos años 2017 y 2018-. Y, aun cuando el juez de
primera instancia señalara que los efectos de la providencia de nulidad eran ex tunc, esto
no procedía para este caso, por haber una situación jurídica consolidada. En apoyo de
ello, invocó la sentencia T-121 de 2016, de la Corte Constitucional, que señalaba que los
citados efectos ex tunc no generaban un inmediato restablecimiento de las situaciones
que se hubieran causado en vigencia de la norma retirada del ordenamiento jurídico.

Planteó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debía dirigirse
contra los actos jurídicos que decidían de fondo la actuación administrativa, y no contra
actos de simple trámite. Al respecto, aludió a una cita jurisprudencial donde se precisó
que el acto definitivo es el que crea, modifica o extingue una situación jurídica, con efectos
vinculantes para el particular y para la propia administración; de modo que no todo lo que
la administración decía o hacía se traducía en un acto administrativo demandable. Al hilo
de ello, afirmó que la actora estimó que los actos demandados eran verdaderos actos
administrativos sujetos a control judicial y, por tanto, solicitó la devolución del pago de lo
no debido.

11
La Sala entiende que la referencia en realidad sería al artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 2019, que modificó la anotada disposición.

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Nuevamente, se refirió a los efectos de la sentencia de nulidad del acto general,
afirmando que esta no moduló sus efectos en el tiempo, de modo que aplicó hacia el
futuro, pues las declaratorias de nulidad únicamente tenían efectos retroactivos sobre
situaciones no consolidadas, lo que no aplicaba en este caso, ya que los aportes habían
sido pagados y hacían parte del sistema de salud, estando las situaciones consolidadas.

Más adelante, tras aludir a que los aportes a salud eran contribuciones parafiscales,
señaló que esta corporación ha distinguido entre devolución de pagos en exceso y de lo
no debido; el primero que se configuraba cuando había obligación de declarar y pagar,
pero por un menor valor, y el segundo, cuando no había obligación tributaria. Aclaró que
en el primer caso, debía corregirse previamente la declaración dentro de la oportunidad
legal y, precisó que en ambos eventos el plazo prescriptivo era de cinco años a partir del
pago.

Manifestó que, para el caso de la devolución del pago no debido por aportes parafiscales
y cotizaciones a salud, el Consejo de Estado ha señalado que, ante la ausencia de regla
especial, la devolución se regía por las normas aplicables en materia tributaria y, en
particular, por la prescripción de cinco años prevista en el artículo 2536 del Código Civil;
sin embargo, como los pronunciamientos fueron efectuados en procesos por
contribuciones parafiscales al SENA y del ICBF y no respecto de las contribuciones al
régimen contributivo de salud, debían tenerse en cuenta las disposiciones que regulaban
dicho sector a fin de establecer la existencia de normas de carácter especial. En ese
sentido, señaló como normativa específica los Decretos Leyes 1281 de 2002, 2106 de
2019, y los Decretos Reglamentarios 4023 de 2011 y 780 de 2016, que determinaron que
las solicitudes de devolución debían canalizarse con la EPS respectiva y dentro del
término de los doce meses siguientes al pago.

Adujo que, en virtud del principio de jerarquía normativa, debían atenderse las normas
con fuerza de ley, las cuales comprendían la devolución de pagos totales y parciales de
aportes, así como los pagos no debidos o en exceso, sea que se hubieren efectuado
erróneamente de forma equivocada o desacertada, bajo un convencimiento falso o no; y
que además, determinaban un año para solicitar la devolución.

Luego, señaló que la ADRES era la competente para resolver de fondo las solicitudes de
devolución de cotizaciones, conforme a los decretos leyes 1281 de 2002 y 2106 de 2019;
seguido de ello, hizo referencia a que, al tenor del artículo 114-1 del ET, las cooperativas
estaban exoneradas de hacer aportes patronales en salud, siempre que cumplieran las
condiciones allí establecidas. Luego, tras describir la regulación que regía para los años
2017 y 2018 a efectos de la exoneración de los aportes a salud de las cooperativas,
señaló que lo cierto era que la cooperativa demandante “señalaba haber efectuado cotizaciones
al Régimen Contributivo de Salud durante todo el período, sin que existiera la obligación, lo cual responde
a la figura del pago de lo no debido, frente a lo cual, la normatividad especial en salud, vigente por el
período en estudio, establece un tratamiento homogéneo de oportunidad de 12 meses” computable
desde el pago, por lo que las reclamaciones efectuadas a la ADRES fueron
extemporáneas.

Respecto de las pretensiones, señaló que, al no existir razón para reconocer las
pretensiones principales, no había fundamento para hacerlo con las accesorias, pues
existía un procedimiento especial para la devolución de aportes en salud que no fue
agotado por la demandante. Finalmente, insistió en la aplicación del criterio de
especialidad de la norma.

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Pronunciamientos finales

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia12. Al respecto,
consideró que el acto demandado calificó equívocamente la solicitud presentada por la
demandante como un trámite de corrección o devolución de aportes pagados por error y,
con fundamento en ello, aplicó una normativa que no correspondía al supuesto fáctico
debatido. Estimó que la controversia debía analizarse bajo las reglas aplicables a los
pagos de lo no debido y correspondía determinar si se cumplían los requisitos para
ordenar la devolución solicitada, particularmente en lo relacionado con la oportunidad de
la reclamación y la existencia de una situación jurídica consolidada.

Por su parte, la demandante señaló13 que la solicitud de devolución presentada tenía por
objeto obtener la devolución de los aportes pagados sin causa jurídica y que la resolución
demandada le negó expresamente tal derecho. Adicionalmente, manifestó que el tribunal
analizó la prescripción alegada por la demandada, así como los efectos de la sentencia
que declaró la nulidad de la norma reglamentaria que impedía la exoneración de las
cooperativas, la naturaleza del acto administrativo demandado y la inaplicabilidad de la
normativa del subsistema de salud invocada por la demandada para negar la devolución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1-Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación planteados por la demandada contra la sentencia de primera instancia, que
declaró la nulidad de los actos acusados.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala establecer si: (i) la devolución de aportes presentada por la
actora por el año 2018 debía sujetarse al procedimiento especial previsto en la normativa
del subsistema de salud, esto es, adelantarse ante la EPS o la EOC dentro del plazo de
doce meses o de seis meses; y (ii) si era improcedente la devolución porque tales aportes
configuraban una situación jurídica consolidada, con lo cual no le sería aplicable el efecto
ex tunc de la sentencia de nulidad del 30 de julio de 2020 (exp. 23692, CP: Stella
Jeannette Carvajal).

Previamente, se advierte que el tribunal únicamente accedió a la devolución de los
aportes patronales del año 2018, por considerar que estos fueron solicitados dentro del
plazo prescriptivo de cinco años -solicitud radicada el 28 de febrero de 2023-. Si bien el
a quo no se refirió expresamente a la solicitud de devolución de los aportes del año 2017,
se extracta del fallo que esta fue considerada extemporánea. Con todo, se pone de
presente que este aspecto no fue apelado por la actora, razón por la que, no será objeto
de análisis en esta instancia.

Análisis del caso concreto

3- Dada su unidad temática, la Sala abordará en forma conjunta los problemas jurídicos.

La apelante cuestionó que la actora no surtió el procedimiento administrativo especial de
devolución de aportes en salud, establecido en el artículo 13 del Decreto 1281 de 2002 -

12
Samai CE, índice 22, certificado 3E42213A01ED930E 498CCA1DA6A5648B A39A850AA0AF8DBD 553D81A6807B0EBC (pdf), pp. 1 a 12.
13
Samai CE, índice 13, certificado 922ACF47317266CF 42EFBE12B9A229DD 57617C1A0E47AE37 3389DF502BF1C54E (pdf), pp. 1 a 6

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modificado por el artículo 93 del Decreto 2106 de 2019- y en los artículos 2.6.1.1.2.2,
2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, lo que implicaba presentar la
solicitud ante la EPS o la EOC, dentro del año siguiente al pago del aporte o a la ejecutoria
de la providencia que anuló apartes de la disposición general reglamentaria, con
fundamento en la cual efectuó la actora los aportes patronales por los años 2017 y 2018.

Planteó la impugnante que, tanto el procedimiento de devolución por pago de lo no debido
al que aludió la sentencia apelada [artículo 2536 del C.C], como el contemplado en el
Decreto 780 de 2016, tenían por finalidad regular la devolución de los aportes pagados
erróneamente; y además, que el plazo y el procedimiento aplicable al sub lite era el de la
normativa especial del subsistema en salud y no el de la legislación civil. Indicó que el
criterio que resultaba aplicable para la escogencia del procedimiento era el de la
especialidad y el de la jerarquía normativa de las disposiciones con fuerza de ley que
regían las devoluciones de aportes en salud -Decretos leyes 1281 de 2002 y 2106 de
2019- (sentencia C-451 de 2015 Corte Constitucional).

Arguyó que la sentencia de nulidad del acto general no moduló sus efectos en el tiempo,
de modo que aplicó hacia el futuro, pues las declaratorias de nulidad únicamente tenían
efectos retroactivos sobre situaciones no consolidadas, lo que no aplicaba en este caso,
ya que los aportes habían sido pagados con antelación a la sentencia que anuló algunas
expresiones de la norma general (Decreto 2150 de 2017) y hacían parte del sistema de
salud, estando la situación consolidada.

También planteó que la petición fue extemporánea, considerando que la providencia que
anuló los apartes del citado decreto fue notificada el 06 de agosto de 2020, de modo que
la actora podía solicitar la devolución de los aportes patronales hasta el 06 de agosto de
2021; sin embargo, no presentó la petición dentro de tal oportunidad.

Por su parte, la demandante cuestionó que el rechazo de la devolución de los aportes
pagados indebidamente se sustentara en normas del sector salud, puesto que estas no
eran aplicables al caso, dado que no formuló un recobro, ni solicitó correcciones
administrativas, sino la restitución de un pago realizado sin causa jurídica.

A su turno, el tribunal desestimó que debiera adelantarse el procedimiento de devolución
de aportes de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 1281 de 2002, modificado
por el artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 2019, y los artículos 2.6.4.3.1.1.6 y
2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, por cuanto esta obedecía a un pago no debido y
no a la existencia de un error en el pago. Añadió que la normativa invocada por la
demandada se relacionaba con la regulación prevista para los procesos de
compensación, corrección de los registros y devolución de aportes por error en las
cotizaciones realizadas, lo que no correspondía a la solicitud de la demandante. Con
fundamento en lo anotado, estimó que la solicitud de devolución presentada el 28 de
febrero de 2023 en relación con los aportes del año 2018, se encontraba dentro de los
cinco años establecidos en el artículo 2536 del Código Civil.

3.1- Para definir el debate, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio de decisión
adoptado en la sentencia del 07 de mayo de 2026 (exp. 30307, CP: Claudia Rodríguez
Velásquez), que guarda identidad fáctica y jurídica con el caso bajo análisis. En dicha
oportunidad se puso de presente que en sentencia del 30 de julio de 2020 (exp. 23692,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), la Sección declaró la nulidad de las expresiones
«19-4» y «1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 1625 de 2016 (DUT), sustituido
por el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017; disposición reglamentaria que desconoció que
las cooperativas tenían el beneficio de la desgravación de aportes patronales al

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subsistema de salud, conforme al artículo 114-1 del ET.

La Sala14 ha precisado que las sentencias de nulidad de actos generales afectan las
situaciones jurídicas no consolidadas; esto es, aquellas pasibles de controvertirse
administrativa o judicialmente. Así, los obligados que pagaron los aportes patronales con
ocasión del artículo 2 del Decreto 2150 de 2017 -previsiones posteriormente anuladas-
podían reclamar el reintegro de lo pagado indebidamente o controvertir judicialmente el
acto administrativo que les hubiera negado la devolución, siempre que no hubiera
operado la prescripción del derecho a reclamarla ni la caducidad del medio de control
respecto de la decisión que negó la petición.

Ahora bien, en el fallo ut supra del 07 de mayo de 2026, la Sección clarificó que el plazo
de prescripción aplicable para pagos no debidos por concepto de los aportes patronales
-de los que fueron exonerados los sujetos listados en el artículo 114-1 del ET- era el de
cinco años de la acción ejecutiva del artículo 2536 del C Civil, dada la ausencia de norma
legal especial en el ordenamiento de seguridad social que regulara la devolución de
pagos sin causa legal -lo que se configura cuando el pago se hace en cumplimiento de
una norma que luego es expulsada judicialmente-. A dicha conclusión se llegó luego de
analizarse que la regulación en materia de seguridad social en salud, para obtener
devoluciones de aportes, estaría acotada a eventos de errores en el pago (artículo 13 del
Decreto Ley 1281 de 2002 -modificado por artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 2019- y
artículos 2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016), fin para el cual, las
disposiciones distinguían entre aportes compensados y no compensados y exigían que
el aportante adelantara el trámite ante la respectiva EPS, quien, de considerarlo viable,
le solicitaría a la ADRES hacer el giro con cargo a los recursos administrados por esta
última.

En función del procedimiento anterior, se explicó que las «cotizaciones no compensadas, esto
es, aquellas que no han sido utilizadas para el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
la solicitud debe presentarse dentro de los doce meses siguientes al pago, y la devolución se tramita
directamente por la EPS ante la ADRES. Por el contrario, cuando los aportes han sido compensados, es
decir, utilizados en el proceso de reconocimiento de la UPC, la devolución está supeditada a un proceso
de corrección de registros compensados, el cual debe adelantarse dentro de los seis meses siguientes a
la compensación»; sin embargo, se precisó que dicha regulación «no resulta aplicable cuando la
devolución reclamada no tiene origen en un pago erróneo o en una corrección del proceso de
compensación, sino en la inexistencia de la obligación legal que dio lugar al pago. Esto obedece a que
dichas disposiciones parten del supuesto de una obligación válida y exigible, cuyo cumplimiento genera un
flujo regular de recursos al sistema y cuya eventual devolución se somete a términos especiales por
razones de estabilidad financiera. Distinto es el supuesto en el que el pago se efectúa sin causa jurídica -
como ocurre en el presente caso-, por aplicación de una norma reglamentaria posteriormente declarada
nula y en contravía de una exoneración legal vigente, evento en el cual no puede predicarse la existencia
de obligación alguna».

4- En el caso bajo análisis, la actora, mediante petición del 28 de febrero de 2023, solicitó
la devolución del pago no debido de los aportes al subsistema de salud por valor de
$2.230.970.920 por el año 2018,15 que en su oportunidad efectuó en virtud de las
disposiciones reglamentarias16 que fueron anuladas por la sentencia del 30 de junio de
2020. A tal fin, señaló que, de acuerdo con jurisprudencia del Consejo de Estado, «el
término de prescripción para este tipo de reclamaciones es la ordinaria establecida en la legislación civil,

14
En cuanto a la determinación de situaciones jurídicamente consolidadas: «en virtud del principio de seguridad jurídica se deben
respetar los derechos particulares que nacieron, quedaron en firme y se ejecutaron en vigencia de la norma que posteriormente se
anula, lo mismo ocurre con las obligaciones de los particulares y el derecho correlativo de la Administración. No es posible revivir
situaciones definidas judicialmente ni aquellas en las que no fueron interpuestos los recursos administrativos o judiciales y por tanto
la situación jurídica quedó consolidada» sentencia del 03 de marzo de 2022, que reitera el fallo del 24 de septiembre de 2015 (exps.
24658 y 19146, CCPP: Milton Chaves García y Carmen Teresa Ortíz, respectivamente).
15
También solicitó la devolución de los aportes patronales en salud por el año 2017, pero el tribunal no concedió la devolución de
estos.
16
Artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017.

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que es de cinco (5) años …» (índice ídem).

Conforme se analizó en el precedente judicial que se reitera, los procedimientos previstos
en el artículo 13 del Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por el Decreto Ley 2106 de
2019 y artículos 2.6.4.3.1.1.6 y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, regulan la
devolución de cotizaciones pagadas erróneamente, lo que no corresponde al caso bajo
análisis, en tanto la restitución reclamada no se derivó de un error en el pago de los
aportes, sino de haber desparecido su causa jurídica en virtud de la declaratoria de
nulidad de la norma reglamentaria que obligaba a la demandante a efectuarlos; de modo
que el mencionado procedimiento especial previsto en las normas de seguridad social en
salud, no era el aplicable en este caso.

Conforme con lo anterior, la actora no tenía que adelantar el trámite de devolución ante
la EPS o la EOC, ni presentar su petición en el plazo que ritúa la norma de seguridad
social -seis o doce meses-, como lo determinó la demandada –con lo cual, definió de
fondo la situación jurídica de la actora en relación con los aportes efectuados- sino que
podía hacerlo dentro del plazo de prescripción general -de cinco años- previsto para
pagos no debidos en el artículo 2536 del Código Civil y directamente ante la entidad
demandada.

Ahora bien, dada la inaplicabilidad del procedimiento especial previsto para pagos
erróneos de los aportes en la regulación de seguridad social en salud, la situación de la
demandante no podía tenerse como consolidada en el plazo de seis o doce meses, como
lo hizo la apelante; pues la situación jurídica no se consolida mientras el obligado esté en
tiempo de demandar los actos que resolvieron la petición de devolución, o de reclamar la
devolución, esto último que, se insiste, podía hacer en el término de cinco años desde el
pago (art. 2536 del C.C), lapso que fue el fundamento del a quo para concluir que
procedía la devolución de los aportes patronales del año 2018, plazo que por demás, no
alegó la demandada como transcurrido y/o vencido.

Por lo analizado, no prosperan los cargos de apelación.

Si bien, lo anterior daría lugar a confirmar la sentencia impugnada, la Sala precisa
modificar los ordinales primero y segundo de la providencia de primera instancia, para
determinar que la anulación del acto demandado es parcial, pues el tribunal declaró la
nulidad sin precisar que su alcance era parcial, pese a que solo accedió a la devolución
de los aportes patronales por el año 2018. Además, se requiere precisar en el
restablecimiento del derecho que los intereses procedentes son los del artículo 863 del
ET e identificar el valor que fue solicitado por la actora en devolución por el año 2018, la
suma que no fue objetada por la demandada, no obstante, lo cual la demandada debe
verificar previo a la devolución que se hayan efectuado pagos por el momento solicitado
por concepto de los aportes patronales en salud por el año 2018.

Conclusión

5- Como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala establece que los
aportes al sistema de seguridad social en salud efectuados en cumplimiento de una
disposición reglamentaria que fue declarada nula, configuran pago de lo no debido,
evento en el cual, la solicitud de devolución no se enmarca en los supuestos para el
procedimiento de devolución regulado en las disposiciones de la seguridad social en
salud, que estatuyen su canalización a través de la respectiva EPS en el lapso de seis o
doce meses, pues este se encuentra consagrado en relación con pagos efectuados en
forma errónea, mientras que para eventos como el analizado, en que la solicitud la

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devolución se deriva de la desaparición de la causa legal del pago, lo procedente es
observar el plazo prescriptivo de cinco años previsto en el artículo 2536 del C.C y sin que
esta deba ser canalizada a través de las EPS. Adicionalmente, se reitera que las
sentencias de nulidad de un acto general tienen efectos ex tunc respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas.

Costas

6- Conforme al ordinal 5 del artículo 365 del CGP, en consonancia con el artículo 188 del
CPACA, no se condenará en costas en esta instancia, por haberse declarado la nulidad
parcial del acto demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada. En su lugar:

Primero. Declarar la nulidad parcial del acto administrativo demandado, expedido por la ADRES, por
medio del cual negó la devolución de los aportes patronales al subsistema de salud, efectuados por
la demandante por el año 2018.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la ADRES devolver, a favor de la actora,
la suma de $2.230.970.920 previa verificación del pago de este monto por concepto de los aportes
patronales en salud efectuados por el año 2018 y reconocer los intereses corrientes e intereses
moratorios del artículo 863 del ET.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva voto parcial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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