Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2023-00393-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2023-00393-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2023-00393-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de julio de 2026
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – fines del recurso de apelación y competencia
del superior – congruencia de la sentencia – inaplicabilidad de las normas sobre la ruptura
del equilibrio económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública a los contratos estatales no gobernados por ese
estatuto – distinción entre la teoría de la imprevisión como supuesto de ruptura del equilibrio
económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y la excesiva onerosidad sobrevenida del derecho privado –
improcedencia de dar aplicación a los remedios de la excesiva onerosidad sobrevenida
luego de haber sido ejecutadas las prestaciones a cargo del deudor o haberse producido
la terminación del contrato – carga de la prueba de la variación de la ecuación económica
del contrato – insuficiencia del reparo.
Síntesis del caso: la parte demandante solicitó que se declare la ruptura del equilibrio
económico de un contrato estatal sometido a derecho privado, producida por unos hechos
imprevisibles para las partes contractuales y otros hechos atribuibles al contratante y, como
consecuencia, que se ordene el pago de determinadas sumas de dinero.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio ESE HUS
Urgencias en contra de la Sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Santander1, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
de los llamados en garantía. 1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación
y su trámite.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 23 de agosto de 20232, el Consorcio ESE HUS Urgencias (en adelante
el Consorcio) presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, contra el Hospital Universitario de Santander ESE
(en adelante el Hospital), en la que solicitó que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se transcribe):
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Índice 1 en SAMAI del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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“DECLARATIVAS
PRIMERA: Que se declare que por hechos y omisiones imputables HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER-HUS, o en su defecto, no imputables al
contratista, se presentó y persiste en perjuicio del CONSORCIO ESE HUS, la
ruptura del equilibrio económico del Contrato No. 530 de 2013, sus adicciones
y modificaciones, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho
que se presenten en esta demanda.
SEGUNDA: Que se declare que hubo por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SANTANDER, en la ejecución del contrato 530 de 2013, suscrito con el
CONSORCIO ESE-HUS, hechos que generan daños y perjuicios resarcibles a los
miembros de esta última, y en consecuencia se ordene al Hospital que
restablezca económicamente las situaciones que afectaron el patrimonio del
contratista.
TERCERA: Que en virtud de las pretensiones anteriores, se declare que por el
acontecimiento de hechos imprevisibles e irresistibles para las partes
contractuales, y otros atribuibles al contratante, se generaron diversas
circunstancias contractuales que trastocaron la normal ejecución del
Contrato 530 de 2013, produciendo una perdida en el valor y precio del
contrato, déficit o pérdidas al contratista y la imposibilidad de recibir las
utilidades esperadas por dicho rompimiento al equilibrio económico del
contrato.
DE CONDENA:
PRIMERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
condene al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, a favor de los integrantes
del CONSORCIO ESE HUS, representados por mi poderdante, al
reconocimiento y pago de perjuicios materiales así:
• Por concepto de DAÑO EMERGENTE La suma de SETECIENTOS
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS PESOS ($722.612.746) por concepto de mayores cantidades de
obra ejecutada y representados en la obra recibida a satisfacción en
perjuicio de mi poderdante durante la ejecución de la obra, así como
los valores que se logren probar en el proceso.
• Que la suma anterior sea indexada desde el 29 de junio de 2022, la
fecha en la que se presentó la solicitud de reconocimiento y
liquidación actualizada al hospital con oficio CON-HUS-020-118 de 29
de junio de 2022 y que NO fue contestado por parte de la parte
convocada.
• Por concepto de LUCRO CESANTE La suma de TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 3.285.562.157), representados en la obra
recibida a satisfacción en detrimento de mi poderdante por concepto
de ajuste por la pérdida de valor y del precio contractual en los costos
directos e indirectos y AIU causados durante las suspensiones y/o
prórrogas ocurridos durante la ejecución de la obra, así como los
valores que se logren probar en el proceso por la no actualización de
precios en perjuicio de los derechos del CONSORCIO por hechos
atribuibles al contratante y otros imprevisibles e irresistibles al contrato
y a las partes.
• Que la suma anterior sea indexada desde 02 de septiembre del 2021,
a la fecha, fecha en la que se presentó la solicitud de reconocimiento
y la liquidación actualizada al hospital con oficio CON-HUS-020-101 de
02 de septiembre de 2021 y que NO fue contestado por parte de la
parte convocada.
SEGUNDA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al
ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C., la
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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liquidación de los respectivos intereses moratorios y la fórmula establecida por
la Jurisprudencia de la Sección 3ª del Honorable CONSEJO DE ESTADO. Lo
anterior, para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda (Art. 187 Ley 1437 de 2011).
TERCERA: Que la Sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la
demanda, se le dé cumplimiento en los términos del capítulo VI de la Ley 1437
de 2011.
CUARTA: Que se condene al demandado, al pago de las costas y agencias
en derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al
momento de proferirse sentencia que ponga fin al presente proceso”.
2. En el escrito de la demanda, la parte demandante narró, en síntesis,
los siguientes hechos:
3. 1) El 13 de diciembre de 2013, el Hospital y el Consorcio suscribieron el
contrato No. 530 de 2013, cuyo objeto era la construcción de la central de
urgencias del Hospital. Se pactaron un plazo inicial de 6 meses, un valor
inicial de $6.071.893.984 y una modalidad de pago a precios unitarios.
4. 2) El 28 de septiembre de 2015, el contrato tuvo una adición
presupuestal de $2.712.877.846 y su plazo de ejecución fue adicionado en 6
meses. Posterior a esto, el contrato fue adicionado en un plazo total de 2
años, 9 meses y 6 días. Asimismo, entre suspensiones y reinicios de obra
trascurrieron 4 años, 2 meses y 14 días. El 3 de septiembre de 2021, el contrato
fue terminado.
5. 4) El 9 de julio de 2021 y 2 de septiembre de 2021, el Consorcio solicitó
al Hospital la actualización de precios y el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato, lo cual no fue contestado por parte del Hospital.
Planteó el desequilibrio económico mediante la aplicación de la teoría del
hecho del príncipe y por el paso del tiempo derivado de las diversas
prorrogas, suspensiones y adiciones. Asimismo, indicó que a lo largo de la
ejecución contractual no se actualizaron los precios de los ítems y de los
“servicios pactados en el contrato”.
6. 6) El 28 de septiembre de 2022, el contrato fue liquidado de manera
bilateral. El Hospital no dejó salvedades en el acta de liquidación y recibió
la obra a satisfacción.
7. Como fundamento de la demanda indicó que el desequilibrio se
generó por el aumento de los costos, materiales y servicios que
incorporaban la ejecución contractual por el paso del tiempo derivado de
las diversas prorrogas, suspensiones y adiciones no atribuibles al Consorcio
que “se enmarcan [en] la teoría de la imprevisión de los contratos, hacen
legítimo y necesario el presente reclamo”.
1.2. Posición de la parte demandada y de los llamados en garantía
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Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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8. El 17 de enero de 20243, el Hospital Universitario de Santander ESE
contestó la demanda, solicitó desestimar las pretensiones allí formuladas y
llamó en garantía a La Previsora SA Compañía de Seguros y a AXA Colpatria
Seguros SA4. Presentó las siguientes excepciones: 1) Inexistencia de
obligación a cargo del Hospital. Manifestó que, desde la etapa
precontractual, el Consorcio tenía conocimiento de que la modalidad de
pago del contrato sería a precios unitarios. Por lo tanto, debía incluir en su
propuesta todos los gastos asociados al cumplimiento de la obra, de
manera que no resultaba lógico reconocer un desequilibrio cuando el
Consorcio no demostró sus requisitos; 2) Régimen de contratación de las
empresas sociales del Estado. Argumentó que el Consorcio solicitó el
restablecimiento de la ecuación económica del contrato conforme a las
disposiciones de la Ley 80 de 1993; sin embargo, la actividad contractual del
Hospital se rige principalmente por el derecho privado; y 3) Equilibrio
económico del contrato. Sostuvo que el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato debía abordarse según lo estipulado en el artículo
868 del Código de Comercio. Desde esta perspectiva, sostuvo que el
contrato estableció un valor de precios unitarios y no se incluyó una fórmula
de reajuste de precios, por lo que no era viable llevar a cabo el
restablecimiento, ya que no se demostró cómo se quebrantó la ecuación
económica del contrato.
9. El 25 de junio de 20245, La Previsora SA Compañía de Seguros reiteró
sustancialmente los argumentos del Hospital relativos a la inexistencia del
desequilibrio económico.
10. El 27 de junio de 20246, AXA Colpatria Seguros SA aseguró que,
aunque el contrato se extendió por más de ocho años respecto del plazo
de ejecución inicialmente previsto, el aumento del plazo se realizó a través
de suspensiones, prórrogas y adiciones presupuestales. En este sentido,
concluyó que, si el Consorcio consideró que las condiciones económicas del
contrato se vieron afectadas, debió especificar cómo la variación del IPC
impactó el equilibrio del contrato.
1.3. Sentencia de primera instancia
11. El 21 de noviembre de 20247, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió la sentencia de primera instancia, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda. Para adoptar tal decisión, el Tribunal estudió
el concepto de equilibrio económico del contrato y el alcance de las
salvedades. Posteriormente, analizó tanto el desequilibrio económico del
3 Índice 16 en SAMAI del Tribunal.
4 Como sustento de los llamamientos en garantía, indicó que el Hospital contaba con la póliza de responsabilidad
civil de servidores públicos No. 1014547 y la póliza global No. 3000707, expedidas por La Previsora SA Compañía de
Seguros, en coaseguro con AXA Colpatria Seguros SA, cuyo amparo cubría la fecha de ocurrencia de los hechos
objeto de la presente demanda, así como la responsabilidad civil de los servidores, los actos incorrectos y aquellos
que pudieran dar lugar a juicios de responsabilidad, entre otros.
5 Índice 30 en SAMAI del Tribunal.
6 Índice 31 en SAMAI del Tribunal.
7 Índice 70 en SAMAI del Tribunal.
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Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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contrato como el incumplimiento contractual por parte del Hospital.
Respecto del contrato, indicó que este fijó un plazo de 6 meses a partir de
la suscripción del acta de inicio, dentro del cual se permitió laborar en doble
jornada, incluidos sábados, domingos y festivos; no obstante, el contrato
sufrió múltiples adiciones que extendieron su plazo hasta el 28 de septiembre
de 2022.
12. 1) Sobre el desequilibrio económico del contrato. Indicó que, aunque
se plantee el desequilibrio económico mediante la aplicación de la teoría
del hecho del príncipe y por el paso del tiempo derivado de las diversas
prorrogas, suspensiones y adiciones; lo cierto era que el Consorcio debía
probar que la equivalencia de derechos y obligaciones en la economía del
contrato resultaron alteradas por estos dos sucesos.
13. En relación con el hecho del príncipe señaló que, si bien durante la
ejecución del contrato se expidió la Resolución 2003 de 2014, que actualizó
los procedimientos y las condiciones para la habilitación de los servicios de
salud en el centro que estaba siendo construido, lo cierto era que el
Consorcio debía demostrar que el acto de carácter general, en efecto,
afectó la equivalencia de prestaciones del contrato, lo cual, a juicio del
Tribunal, no ocurrió. Asimismo, arguyó que, por iniciativa del Hospital, se
adicionó el valor del contrato, con lo cual se reparó la carga económica
que se derivó del acto administrativo. Concluyó que era carga del
Consorcio probar que la suma pagada resultó insuficiente.
14. Respecto al paso del tiempo, argumentó que el Consorcio no probó
cual debía ser la ecuación económica resultante por las diversas prorrogas,
suspensiones y adiciones al contrato, así como la forma en que se vio
alterado su valor durante su ejecución. Argumentó que pretender el
acaecimiento del desequilibrio a partir del simple paso del tiempo con el
aumento del IPC no evidenciaba un impacto real sobre la ecuación
económica resultante del contrato. Así las cosas, resolvió que el Consorcio
no aportó prueba que ilustrara el grado de alteración sobre la economía del
contrato.
15. 2) Sobre el incumplimiento y el alcance de las salvedades. Adujo que
el incumplimiento contractual obligaba a restablecer la ecuación
generada al inicio del contrato mediante la indemnización integral de los
perjuicios ocasionados, pero no cualquier variación constituía un
rompimiento del equilibrio económico. Así, solo los incumplimientos que
dificultaran el desarrollo de las prestaciones de la parte afectada eran los
que podían ser indemnizados, siempre que estuvieran soportados. Sobre el
alcance de las salvedades, señaló que las salvedades dejadas en el acta
de liquidación bilateral tenían como finalidad salvaguardar el derecho del
contratista a reclamar en el futuro ante el juez de lo contencioso-
administrativo; por consiguiente, señaló que la prosperidad de las
pretensiones de una demanda estaba condicionada al contenido de las
salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral.
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Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
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Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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16. Se demostró que el Hospital adelantó un proceso de licitación sin
realizar una debida planeación, pues no fue cuidadoso en la elaboración
de los pliegos de condiciones y la proyección de la propuesta, lo que llevo
a que se generaran cambios en las condiciones del contrato. Expuso que el
Hospital no tuvo en cuenta que el servicio de urgencias debía continuar
prestándose al margen de la obra, lo cual generó un cambio en la
programación y proyección en tiempo de las labores de construcción. Sin
embargo, sostuvo que el Consorcio no dejó salvedades en las actas de
suspensión, prorrogas o adición del contrato que ahora invoca como
sustento de reclamación, sino que únicamente en la liquidación del
contrato dejó la respectiva salvedad. Así las cosas, indicó que lo acordado
por las partes en cada modificación frente al cambio de horario quedó
definido en el contrato y el Consorcio no podía pretender el reajuste
respecto a estos aspectos.
17. Asimismo, enfatizó que la ampliación del plazo contractual podía
aumentar los costos previstos inicialmente en el contrato, pero el Consorcio
aceptó esa mayor permanencia de obra y no la reclamó; en gracia de
discusión, en sede judicial, tampoco acreditó los sobrecostos en los que
incurrió. Finalmente, adujo que los aspectos reclamados en las salvedades
recaían sobre obras ejecutadas por fuera de lo expresamente pactado en
el contrato, cuya ejecución debía aparecer probada en el proceso y que
el valor de estas no fue cubierto por otros aspectos del contrato. De modo
que, si el demandante pretendía reclamar perjuicios por trabajos no
pagados, debía demostrar que ejecutó obras distintas y los sobrecostos que
asumió durante el mayor tiempo de ejecución. No obstante, el Consorcio no
cumplió su carga probatoria, pues no estudió de fondo las reclamaciones
económicas que pretendía que fueran reconocidas.
18. Finalmente, indicó que “el hecho que el Hospital haya realizado
algunos acuerdos económicos o conciliaciones en circunstancias similares
a la presente ejecución contractual no es argumento suficiente, en términos
del derecho a la igualdad, para que se acceda a lo aquí pretendido”.
1.4. Recurso de apelación y su trámite
19. El 24 de octubre de 20248, el Consorcio ESE HUS Urgencias interpuso un
recurso de apelación. La Sala extrae los siguientes reparos del recurso de
apelación:
20. 1) Indebida valoración del desequilibrio económico del contrato.
Señaló que todas las prórrogas y suspensiones generadas en el contrato
eran atribuibles al Hospital, al Estado o a hechos imprevisibles e irresistibles
ajenos al Consorcio, los cuales prolongaron por más de 8 años la ejecución
contractual. Manifestó que la variación del índice de costos de la
construcción no era una simple proyección económica sino una medición
8 Índice 73 en SAMAI del Tribunal.
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Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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consecuencial de la modificación de los precios de la construcción con el
paso del tiempo que, en este lapso, generó una ecuación económica del
contrato que difería de la pagada. Así, concluyó que al contrastarse esta
ecuación económica con lo planeado, proyectado y pagado se habría
generado el rompimiento del equilibrio económico, pues este cambio se
basó en un dato real, estadístico y comprobado que evidenciaba los
mayores costos asumidos por el Consorcio.
21. Acreditó que el anexo aportado al proceso establecía como
metodología para calcular el rompimiento del equilibrio económico el
análisis acta por acta y precio unitario por precio unitario, así como la
variación económica derivada del transcurso del tiempo con base en los
índices oficiales de costos de construcción, con lo cual se evidenció el
mayor valor generado. En consecuencia, señaló que el perjuicio
ocasionado al Consorcio no se derivó del simple paso del tiempo, sino de las
suspensiones y prorrogas en la ejecución del contrato que no le eran
atribuibles a el Consorcio, con excepción de una prórroga de un mes.
22. Finalmente, realizó un recuento de los hechos del proceso, a partir del
cual manifestó que el tribunal confundió la adición de recursos realizada por
el Hospital durante la vigencia del contrato con el reclamo de las
pretensiones del rompimiento económico del contrato alegadas en este
proceso, en la medida en que, en su concepto, pareciera que el tribunal
hubiese considerado que esa era la única causa que generó el rompimiento
económico del contrato cuando este se derivó de distintas situaciones. Así,
destacó que la adición realizada por el Hospital versaba solo respecto de
unos valores y unas cantidades de obra, los cuales no lograron satisfacer
todo lo ejecutado y, en caso de que se entendiera que esta adición ajustó
el equilibrio económico del contrato, se debía señalar que esta fue por 6
meses adicionales al plazo inicial y no respecto a los 9 años en los que se
prolongó el contrato.
23. 2) Mala fe por parte del Hospital. Indicó que durante la vigencia del
contrato reclamó al Hospital el pago de los mayores valores y cantidades
de obra, pero el Hospital no respondió dicha solicitud, lo cual vulneró el
principio de buena fe y la conmutatividad del contrato. Asimismo, manifestó
que el reclamo respecto a los mayores valores de obra e ítems no previstos
inicialmente en el contrato solo se podía demostrar con el balance final de
la obra. Por su parte, señaló que, en dos casos completamente iguales9, el
Hospital reconoció las reclamaciones del rompimiento económico del
contrato para otros contratistas por el paso del tiempo y, en el presente
caso, el Hospital olvidó su precedente administrativo y desconoció sus
deberes contractuales y actos propios.
9 Como sustento de este argumento, señaló que con el recurso había anexado el “Contrato de Transacción del
Contrato 345 de 2015 y anexos, y, Contrato de Transacción del Contrato 318 de 2015 y anexos, ambos del Hospital”.
Sin embargo, el Consorcio no solicitó el decreto de esta prueba en segunda instancia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 del CPACA ni adjuntó tales documentos con su recurso.
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Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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24. El 28 de febrero de 202510, el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante un Auto, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente
a esta Corporación.
25. El 16 de junio de 202511, este Despacho, mediante un Auto, admitió el
recurso de apelación presentado.
26. El 7 de julio de 202512, la Procuradora Primera delegada ante el
Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia, pues el Consocio no logró probar el
desequilibrio económico del contrato por las actividades ejecutadas
durante el plazo suspendido y adicionado por el Hospital.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo13
27. La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. Para ello se expondrán los siguientes
argumentos que fundamentan la presente providencia:
28. Previo a estudiar los argumentos del recurso, la Sala debe resaltar que
el artículo 320 del CGP establece que el superior funcional tiene una
competencia que se restringe a “los reparos concretos formulados por el
apelante”. A su vez, el numeral 314 del artículo 322 del CGP exige al apelante
precisar los reparos planteados en su recurso y el inciso primero del artículo
328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley”. En virtud de lo anterior, el análisis del caso debe centrarse en aquellos
reparos que pretendan desvirtuar los motivos o razonamientos en los que el
juez de primera instancia basó su providencia.
10 Índice 76 en SAMAI del Tribunal.
11 Índice 3 en SAMAI.
12 Índice 11 en SAMAI.
13 La demanda, presentada el 23 de agosto de 2023, lo fue oportunamente, dentro del término de dos (2)
años contado según lo establecido en el sub-numeral iii) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Lo
anterior, en la medida en que: 1) el acta de recibo final de obra fue suscrita el 13 de octubre de 2021; 2) el contrato
fue liquidado bilateralmente el 28 de septiembre de 2022 y; 3) el 17 de mayo de 2023, cuando quedaban 502
días calendario del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales –hasta el 30 de
septiembre de 2024–, la parte actora presentó una solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió el término
hasta el 10 de julio de 2023, fecha en la cual se declaró fallida la conciliación (Índice 3 en SAMAI del Tribunal.
Visible en el archivo “002Demanda(.pdf) NroActua 3.pdf” pp. 36-40).
14 “ARTÍCULO 322. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes
reglas:
(…)
3. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere
sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere
sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior”.
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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29. Lo anterior, resulta relevante para decidir el presente caso, pues uno
de los argumentos mediante los cuales el Tribunal basó su decisión se centró
en que: el Hospital incumplió con su deber de debida planeación del
contrato, lo cual repercutió en el aumento de la programación y proyección
en tiempo de las labores de construcción. Respecto de lo cual concluyó que
el Consorcio acordó cada modificación contractual y no cumplió su carga
probatoria, pues no demostró las reclamaciones económicas que pretendía
que fueran reconocidas. Sin embargo, este argumento no fue recurrido por
parte del Consorcio, en la medida en que centró su recurso en demostrar el
desequilibrio económico y la mala fe por parte del Hospital por otras causas
que distan del argumento del juez de instancia.
30. En ese orden de ideas, comoquiera que uno de los argumentos que
fundamentaron la decisión del Tribunal no fue apelado por parte del
consorcio, la Sala centrará su estudio en la posible consecución del
desequilibrio económico del contrato y la mala fe del Hospital, como pasa
a explicarse:
31. 1) Sobre el estudio del desequilibrio económico. El Tribunal indicó que
no se generó un desequilibrio económico, pues la parte actora no probó la
alteración generada en los derechos y obligaciones del contrato. Por su
parte, el Consorcio señaló que sí hubo un desequilibrio, en la medida en que
la ecuación económica del contrato sufrió una variación por las diversas
suspensiones, prorrogas y adiciones del contrato que derivó de un dato real,
estadístico y comprobado. Para resolver este argumento, la Sala estudiará
la excesiva onerosidad sobrevenida.
32. La Sala debe resaltar que, como consecuencia del régimen especial
de derecho privado del contrato15 –de conformidad con lo establecido en
los artículos 19416 y 19517 de la Ley 100 de 1993–, las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública sobre equilibrio
económico no resultan aplicables. En virtud de lo anterior, la Sala
interpretará la demanda para estudiar las pretensiones bajo el marco de la
excesiva onerosidad sobrevenida con el objetivo de encontrar si se
encuentra su configuración en el presente asunto.
33. El artículo 86818 del Código de Comercio es la norma positiva del
ordenamiento jurídico colombiano que consagra la figura de la excesiva
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 13 de
agosto de 2024. Rad. 85001-23-33-000-2020-00039-01 (68.176); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 19 de abril de 2023. Rad. 47001-23-33-000-2015-00306-
02 (66.123).
16 “ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las
entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una
categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico
previsto en este capítulo”.
17 “ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico:
(…)
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”.
18 “ARTÍCULO 868. <REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS>. Cuando circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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onerosidad sobrevenida. No obstante, tanto la doctrina19 como la
jurisprudencia20 han hecho referencia a esta figura como la teoría de la
imprevisión, esto puede dar lugar a que esta figura sea confundida con la
teoría de la imprevisión como supuesto de ruptura del equilibrio económico
de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.
34. Cabe aclarar que la excesiva onerosidad sobrevenida tiene una
lógica distinta al desequilibrio económico, pues pretende remover, a futuro,
las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato
durante su ejecución. Por esto, el artículo 868 del Código de Comercio exige
que las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores
a la celebración del contrato, deben alterar una “prestación de futuro
cumplimiento a cargo de una de las partes”. Esto guarda coherencia con
las potestades que otorga al juez el inciso segundo de ese artículo, pues este
autoriza a ordenar el reajuste o la terminación del contrato; órdenes que no
tendrían sentido en relación con una prestación ejecutada o un contrato
terminado.
35. Respecto de esta norma, la Sala coincide con lo señalado por
HINESTROSA, quien sostuvo que “se concluye que quien ya pagó, logró sortear
las dificultades que se le oponían y, por lo mismo, no cuenta con razones
valederas para volver sobre hechos cumplidos. [...] de modo que si la
demanda de reajuste o terminación se introduce luego de ejecutada la
prestación devenida más onerosa, ya no existe sujeta materia para la
actividad judicial, pues no hay contrato que cambiar, u obligación que
reajustar, pues todo concluyó por cumplimiento-pago”21.
36. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia22, en idéntico sentido, ha
señalado que “bien se advierte del factum normativo, que la revisión versa
sobre ‘la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes’,
esto es, no cumplida ni extinguida. La vigencia del contrato y la pendencia
de la prestación, conforman condiciones ineludibles. Menester el vigor del
contrato, y que la obligación no sea exigible, haya cumplido, ejecutado o
agotado”.
37. Dicho esto, se destaca que en el presente caso, se evidencia que el
contrato terminó y fue completamente ejecutado por parte del Consorcio,
de modo que no existe ninguna prestación de futuro cumplimiento que
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.
19 Vid., entre otras fuentes doctrinales: FUEYO LANERI, Fernando, “Teoría de la imprevisión en el nuevo Código Civil
italiano de 1942”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Editorial Jurídica de Chile,
vol. 51, 1954, 121-150.
20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012. Rad. 11001-31-03-040-
2006-00537-01.
21 Fernando Hinestrosa. Tratado de las Obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico.
Volumen II. p. 523.
22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012. Rad. 11001-3103-040-
2006-00537-01.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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pueda ser objeto de revisión o terminación judicial de conformidad con lo
señalado por el artículo 868 del Código de Comercio. Así las cosas, las
pretensiones del Consorcio, al versar sobre el acaecimiento de un
desequilibrio del contrato, serán negadas, pues el contrato que dio origen a
la controversia terminó y no se reclamó un posible incumplimiento.
38. En gracia de discusión, en caso de que se hubiese alegado de
manera idónea la excesiva onerosidad sobrevenida, la Sala pone de
presente que el Consorcio tomó como prueba para demostrar el
desequilibrio económico el documento “Reclamación económica para
actualización del proyecto”23, el cual realiza el análisis económico a partir
del Índice de Costos de Construcción de Viviendas (ICCV), pues, en su
concepto, no existían indicadores para la construcción de edificaciones del
sector hospitalario y, para tal efecto, toma los indicadores proveídos por el
DANE, desde diciembre de 2013 y julio de 202124.
39. Al respecto se pone de presente que, la metodología realizada por el
consorcio para calcular el desequilibrio se basó principalmente en el ICCV,
a partir del cual ajustó cada precio unitario del contrato según su variación.
El ICCV25, según el DANE, es “un instrumento estadístico que permite
conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales
insumos requeridos para la construcción de vivienda, en un periodo de
tiempo”26. Asimismo, el consorcio indicó que este índice era un dato real,
estadístico y verificado que evidenciaba los mayores costos. Sin embargo,
la Sala debe resaltar que el ICCV es un “instrumento estadístico” cuyo
calculo ni siquiera se vio acotado a las condiciones específicas de la obra,
el sector dentro del que se encontraba, ni la región en la que se realizó; de
modo que, no se evidenció la forma en que haya impactado la ecuación
económica del contrato. Por lo anterior, se acompaña la decisión del
Tribunal respecto a este aspecto.
40. 2) Sobre la mala fe del Hospital. El Consorcio manifestó que: el reclamo
respecto a los mayores valores de obra e ítems no previstos inicialmente en
23 Índice 3 en SAMAI del Tribunal. Visible en el archivo “002Demanda(.pdf) NroActua 3.pdf” pp. 102-295.
24 Una vez determinado el indicador ICCV del DANE realiza los cálculos de acuerdo al siguiente procedimiento (se
transcribe): “a. Se realiza la base de datos correspondientes a los precios unitarios contractuales del proyecto:
Ítem, descripción y precio contractual. b. Se realiza el ajuste individual de los precios considerando el ICCV para
cada año posterior al inicio de obra, esto es año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 parcial a Julio de 2021, es
el último indicador que se calcula. c. Se toma el ajuste anual en porcentaje, de acuerdo a las tablas de
indicadores ICCV, y se multiplica por el precio del año anterior, desde 2014 a la fecha final. d. Una vez realizado,
los ajustes anuales, se toma cada corte de obra, esto es del número 1 al número 5, y se ajusta cada acta con los
valores unitarios resultantes del numeral c, descrito anteriormente. e. Se calculan las diferencias de cada corte, y
se efectúa la sumatoria del cálculo económico, finalmente, esos valores se traen a valor presente por indexación,
de IPC, por cada acta. f. Finalmente, se le suman los impuestos respectivos”.
25 Cabe aclarar que el DANE dejó de calcular el ICCV, pues “[c]on el fin de mejorar las mediciones del sector
construcción, así como responder a las necesidades de los usuarios de la información y a recomendaciones
internacionales, a partir de la publicación del 25 de febrero de 2022, correspondiente al periodo enero 2022,
el Indicador de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) se actualiza por el Índice de Costos de la
Construcción de las Edificaciones (ICOCED). Este cambio permite contar con resultados precisos y completos de
las edificaciones residenciales (desagregación equivalente al ICCV) y amplía el alcance temático a los destinos
no residenciales en el país y a cuatro nuevos dominios geográficos”. Ver:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-edificaciones-icoced.
26 Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-vivienda-iccv.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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el contrato solo se podía demostrar con el balance final de la obra; el
Hospital actuó de mala fe, pues durante la vigencia del contrato no resolvió
una solicitud en la que le reclamó el equilibrio económico de este y, en dos
casos completamente iguales, el Hospital reconoció este tipo de
reclamaciones a otros contratistas, pero, en este caso, el Hospital olvidó su
precedente administrativo y desconoció sus deberes.
41. En el presente reparo, el Consorcio no pretende desvirtuar los motivos
o razonamientos en los que el juez de primera instancia basó su providencia;
sino que, por el contrario, reitera unos argumentos que elevó en los alegatos
de conclusión, que fueron estudiados por el Tribunal. En consecuencia, la
Sala precisa que el demandado desatendió su carga procesal derivada del
artículo 328 del CGP. Sin embargo, se demostrará que, en todo caso, los
argumentos no están llamados a prosperar.
42. Respecto al primer argumento, es importante señalar que, en caso de
que se hubiese alegado de manera idónea la excesiva onerosidad
sobrevenida, el Consorcio debía demostrar mediante un proceso continuo
y documentado que, en efecto, asumió sobrecostos durante el mayor
tiempo de ejecución del contrato que solo se podían demostrar con la
finalización del contrato. No obstante, como se indicó, el Consorcio
incumplió con su carga probatoria.
43. Respecto al segundo argumento, si bien el Hospital no respondió a su
solicitud, la Sala no puede estudiar su mala fe por el supuesto
desconocimiento del “precedente administrativo”; dado que las pruebas en
las que se sustentaba este argumento no fueron solicitadas para ser
decretadas en esta instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21227 de CPACA y, ni siquiera, fueron adjuntadas al recurso. De modo que,
al no haberse incorporado la prueba en la que se basa este argumento, no
se analizará lo alegado. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la
Sentencia de primera instancia.
2.2. Condena en costas
27 “ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
(…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite
el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de
practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para
practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00393-01 (72.780)
Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias
Demandado: Hospital Universitario de Santander ESE
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Confirmar la Sentencia recurrida
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44. De conformidad con el artículo 18828 del CPACA y el numeral 129 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas y agencias en derecho de
segunda instancia a la parte demandante, pues su recurso de apelación ha
sido resuelto de manera desfavorable. Estas deberán ser tasadas y
liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos
365 y 366 del CGP.
3. DECISIÓN
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 21 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho de segunda
instancia a la parte demandante a favor de la parte demandada, las cuales
se fijarán y liquidarán por el Tribunal de primera instancia, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto
FCG
28 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
29 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código”.
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