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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00762-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00762-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 29 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones aquí expuestas. Segundo.- ÍNSTASE al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, para que una vez ingrese al despacho el expediente de nulidad simple con radicado No. 68679-33-33000-2021-00227-00, en uso de sus facultades, adopte las medidas pertinentes con el fin de darle prelación al estudio de admisibilidad. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2023-00762-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

21 de marzo de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2023-00762-01
Demandantes: Julio César Reyes Ruiz y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00762-01
Demandantes: JULIO CÉSAR REYES RUIZ, FEISAN GARCÍA HERNÁNDEZ,
EMILSE CUERVO ARIZA, AMINTA VARGAS LAMUS, RODOLFO
ANDRÉS ARDILA RIVERA, LUZMA GIL ESPINOSA, SANDRO
SANTIAGO CRUZ VELASCO, JUVENAL ÁVILA NÚÑEZ,
HEMERSON YAIR GIL TOBÓN, KARENT JULIETH VALDÉS
MATEUS, LUIS ANTONIO SALAZAR GONZÁLEZ, AMALIA ARDILA
HERRERA, HÉCTOR IVÁN COLORADO, KELY MARCELA
AMARRILLO GARCÍA, LAURA LISETH GAMBOA RIAÑO,
SANTIAGO PRADO MACHADO Y BILIGRAN AGUIRRE BUSTOS
Demandados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE SAN GIL, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-
Y MUNICIPIO DE CIMATARRA - SANTANDER

Temas: Tutela contra autoridad judicial y administrativa. Medio de control de
nulidad simple. Tardanza en resolver admisión de la demanda

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra la sentencia de 29 de noviembre de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander, en la que se resolvió:

“PRIMERO: DENIÉGASE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta
por Julio César Reyes Ruiz y otros en contra del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, en lo relacionado a la
vulneración de los derechos fundamentales por mora judicial. De conformidad
con las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE improcedente la acción de tutela, interpuesta por
Julio César Reyes Ruiz y otros en contra de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, el Municipio de Cimitarra y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora relató que ejercen empleos en provisionalidad en la planta de
personal del municipio de Cimitarra, por lo que gozan de estabilidad laboral
intermedia y reforzada en los términos de la sentencia T-464 de 2019.

Indicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió convocatoria para proveer
empleos en carrera administrativa del municipio de Cimitarra, el cual tuvo apertura
de inscripciones entre el 28 de junio de 2021 y el 12 de julio de 2021, y que el
numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 indica que la convocatoria debe
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Demandantes: Julio César Reyes Ruiz y otros

ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el jefe de la entidad u
organismo para la realización del concurso.

Informó que de forma irregular la Comisión inició el proceso de selección y
reclutamiento para proveer los cargos de carrera sin que la convocatoria hubiera
sido suscrita por el alcalde municipal, a lo que agregó que a la fecha se han
agotado las tres primeras fases del concurso público -convocatoria, reclutamiento
y aplicación de pruebas-, según se evidencia en la publicación de 2 de noviembre
de 2023.

Señaló que el 16 de noviembre de 2021, en ejercicio del medio de control de
nulidad simple, se presentó demanda para cuestionar la legalidad del Acuerdo No.
1096 de 29 de abril de 2021, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del
proceso de selección, en la modalidad de abierto, para proveer los empleos de la carrera
administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Cimitarra, proceso de
selección 1986 de 2021- municipios de 5 y 6a categoría”, así como del acto
administrativo que contiene la convocatoria de 28 de junio de 2021. Agregó que se
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los actos acusados.

Refirió que el asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil (rad. No. 68679-33-33-001-2021-
00227-00), que por auto de 30 de junio de 2022 rechazó la demanda, decisión que
fue objeto de recurso de apelación, el cual, afirmó, se remitió tardíamente al
superior funcional para su resolución.

Por último, aludió que el Tribunal Administrativo de Santander por auto de 20 de
junio de 2023 revocó el rechazo de la demanda y, con ocasión a ello, por auto del
16 de noviembre de 2023 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de San Gil inadmitió la demanda insistiendo en formalidades que no fueron
establecidas por el legislador.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante promovió acción de tutela1 en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de
justicia, trabajo y acceso a cargos públicos, supuestamente vulnerados en razón a
(i) las actuaciones surtidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
proceso de selección No. 1986 de 2021, adelantado para proveer los empleos de
carrera administrativa de la planta de personal de la alcaldía municipal de
Cimitarra y (ii) por la tardanza de la autoridad judicial accionada en resolver sobre
la admisión de la demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar en
contra de los actos administrativos proferidos en el marco del concurso de méritos.

Manifestó que las actuaciones dictadas en el medio de control de nulidad simple
permiten ver la configuración de los defectos orgánico, fáctico, procedimental
absoluto, procedimental por exceso ritual manifiesto, iniciando con el auto que
rechazó la demanda y el de inadmisión, bajo presupuestos que no corresponden a
la realidad.

Expuso que “desde los inicios del proceso, persiste una actitud morosa del despacho
judicial y extraña frente al derecho, consistente en no abordar en modo alguno el estudio
de la ilegalidad del concurso público, si se tiene que en el mismo auto de junio 20 de
2022, además de señalar equivocadamente que no se habían aportado los actos
administrativos a demandar, se establece irregularmente por parte de dicho operador
judicial que debía adecuarse el mecanismo de control al medio de control de nulidad
electoral, lo cual no tiene una verdadera fundamentación jurídica y riñe de paso con el

1 Presentada el 21 de noviembre de 2023.

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precedente jurisprudencial sobre la materia de las acciones judiciales contra los procesos
de selección del empleo público”.

Sostuvo que la definición de la admisión de la demanda está sometida a los
principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, entre otros postulados
del que se aparta el asunto y consideró que:

“(...) por esa postura configurativa de la vía de hecho y la mora misma en la
remisión del recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda,
ahora ratificada en el auto de noviembre 16 de 2023, antes aludido, no deja de
advertir la consumación de los defectos causales de procedibilidad excepcional
del mecanismo transitorio, pues no existe de contera justificación que en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se pongan trabas ilegales para que
una demanda como la aquí referida deba tardar DOS AÑOS para resolver
sobre su admisión, sin que operen las citadas causales de inadmisión
reseñadas”.

Trajo a consideración el artículo 86 de la Constitución Política y sus decretos
reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, se refirió al artículo 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, al artículo 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los artículos 8 y subsiguientes de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, citó jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela para controvertir actuaciones judiciales y actos administrativos adoptados en
el marco de un concurso de méritos, e hizo referencia a lo dispuesto en la Ley 909
de 2004.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:
“TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, GARANTÍAS JUDICIALES,
DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO A CARGOS
PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS PREVISTOS EN LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL EN SU PREÁMBULO Y EN LOS ARTÍCULOS 13, 29,
25, 40, 83, 86, 228 Y 230, EN RAZÓN A QUE HAN SIDO VULNERADOS POR
PARTE DEL JUZGADO 01 DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL
POR VÍAS DE HECHO DESPLEGADAS DURANTE EL TRÁMITE DE LA
DEMANDA DE NULIDAD REFERENCIADA, LA COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – CNSC LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIMITARRA.

PRIMERO: Conceder la medida provisional deprecada en este amparo y se ordene
a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC y al MUNICIPIO DE
CIMITARRA suspender de inmediato el trámite de concurso público abierto para
proveer empleos vacantes de carrera administrativa de la planta global de empleos
de la Alcaldía Municipal de Cimitarra al interior del proceso de selección 1986 de
2021.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales de mis representados al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, garantías judiciales, derecho a la
igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos previstos
en la Constitución Nacional en su Preámbulo y en los artículos 13, 29, 25, 40, 83,
86, 228 y 230, en razón a que han sido VULNERADOS por parte de la COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC y EL JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL.

TERCERO: Dejar provisionalmente sin efectos el acuerdo SIN FIRMA No 1096 del
29 de abril de 2021 y cualquier otro acto que se haya dispuesto a la fecha para
proveer empleos vacantes de carrera administrativa de la planta global de empleos
del Municipio de Cimitarra por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
mientras se decide el medio de control de nulidad con solicitud de medida cautelar
en la radicación 686793333001-2021-00227-00.
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Demandantes: Julio César Reyes Ruiz y otros

CUARTO: Ordenar al juzgado 01 administrativo del circuito judicial de san gil,
proceda a dar cumplimiento a la orden impartida el 20 de junio de 2023, por el
tribunal administrativo de Santander acerca de la admisión de la demanda de
nulidad promovida por mis mandantes contra el acuerdo 1096 de abril 21 de 2021,
junto con la medida cautelar. Previniéndolo en lo sucesivo de dilatar, entrabar los
asuntos de su cargo y no lesionar a los usuarios de la administración de justicia por
mora injustificada, y dictar providencias por fuera de contexto legal.

QUINTO: Dejar sin efectos el auto de fecha noviembre 16 de 2023, por medio del
cual se inadmite la demanda, el auto que rechaza de la demanda de fecha junio 20
de 2023, para en su lugar disponer la admisión de la misma por el cumplimiento de
los requisitos previstos en la ley 1437 de 2011”.

4. Pruebas relevantes

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil con el informe
rendido allegó copia digital del medio de control de nulidad simple promovido por
los accionantes contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de
Cimitarra (rad. 68679-33-33-001-2021-00227-00).

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades demandadas – Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, Comisión Nacional del
Servicio Civil y municipio de Cimitarra. Así mismo, se ordenó vincular a los
aspirantes en el proceso de selección No. 1986 de 2021. En la misma providencia
se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante, al no encontrar
acreditada una vulneración inminente de los derechos fundamentales que amerite
la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.

Por medio de memorial allegado el 23 de noviembre de 2023, la parte demandante
aportó poder especial y copia del auto de 30 de septiembre de 2022, dictado en el
medio de control de reparación directa con radicado No. 68679-33-33001-2017-
00462-00, en el cual la titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil se declaró impedida por encontrarse representada en otro
asunto por el mismo apoderado del municipio de Cimitarra.

6. Oposición

6.1. Respuesta del municipio de Cimitarra

Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2023, el apoderado especial
del ente territorial se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente
acción, para lo cual señaló que la solicitud de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Sostuvo que la protección solicitada por el accionante versa sobre los derechos
laborales que le asisten a los empleados públicos vinculados en provisionalidad
frente a los derechos de los concursantes que aspiran a ocupar cargos públicos en
propiedad, para lo cual “habría que asumir que a la persona vinculada en
provisionalidad no se le creó una vocación de permanencia indeterminada, sino temporal
y excepcional, que es la que puede verse lesionada sí se presenta alguna irregularidad en
la carrera al ingreso por méritos; pero, también, que a partir de lo dispuesto en la Ley 909
de 2004, la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1222 de 1993, normas que han regulado el
supuesto en los últimos veinte años, es dable concluir que el término más largo de
vinculación en provisionalidad a un cargo de carrera es de 6 meses. Así las cosas, la
expectativa creada a este tipo de personas, es aquella de permanecer seis meses
vinculados al cargo o, menos tiempo, si es que se provee el empleo de forma definitiva en
ese interregno”.
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Señalo que la regla general para ocupar cargos de carrera administrativa es el
ingreso al empleo público por méritos en propiedad y la excepción es el
nombramiento transitorio o provisional, por lo que no se advierte una vulneración
de los derechos laborales de los empleados que se encuentran en provisionalidad
por la posible expedición de la lista de elegibles para proveer dichos cargos de
manera definitiva.

Frente a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y la falta de
publicidad del acto de convocatoria a los accionantes, manifestó que la
convocatoria es pública y publicitada por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
de modo que ello no constituye una causal de nulidad en el acto concreto, sino
que deviene en el fenómeno de inoponibilidad que debe analizarse para cada caso
en particular, dado que no todos los participantes aprueban las respectivas etapas
del concurso de méritos.

Consideró que la acción de tutela no es procedente para debatir actos
administrativos2, salvo que se determine que el mecanismo ordinario no resulta
eficaz y, que solo será viable ante la configuración de un perjuicio irremediable.

En relación con la mora judicial indicó que “(...) el proceso ordinario o medio de
control que pretende la nulidad del acto de convocatoria al concurso de méritos no ha
concluido, se encuentra en trámite y, por ende, al no haberse agotado dicho recurso es
palmario afirmar que la acción de tutela resulta improcedente por falta de agotamiento del
requisito de subsidiariedad. Es más, es viable indicar que dicho mecanismo de nulidad no
es el único recurso ordinario al alcance de los aquí promotores, pues, si de un derecho
particular y subjetivo se trata, bien tienen a su disposición el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, o bien, el medio de control electoral, que, a priori procede
una vez se produzca el acto de cierre del proceso de selección y quede en firme la lista
de elegibles”.

Por último, precisó que el apoderado de la parte demandante presentó memorial
proferido en el proceso de reparación directa (rad. No. 68679-33-33-001-2017-
00462-00), para demostrar la relación entre el apoderado del municipio y la titular
del despacho judicial accionado.

6.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil

Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2023, el titular del despacho
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque no se cumple el
requisito de subsidiariedad, en tanto la parte actora no ha agotado la totalidad de
los mecanismos a su alcance.

Indicó que en el expediente radicado con el No. 68679-33-33-001-2021-00227-00,
correspondiente al medio de control de nulidad simple promovido por Julio César
Reyes Ruiz y otros contra el municipio de Cimitarra y la Comisión Nacional del
Servicio Civil, el Tribunal Administrativo de Santander por auto de 20 de junio de
2023 revocó la providencia que rechazó la demanda y, en consecuencia, en
proveído de 16 de noviembre de 2023 se inadmitió la misma, para lo cual otorgó el
término de diez días para subsanar los defectos advertidos, que transcurre hasta
el 1º de diciembre de 2023. Agregó que contra el auto inadmisorio procedía el
recurso de reposición, sin que la parte actora lo hubiera presentado.

Para finalizar, señaló que la acción de tutela contra providencia judicial procede de
manera excepcional y que la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005
señaló los requisitos generales y específicos para la procedencia del mecanismo

2 Citó las sentencias T-580 de 2006 y C-132 de 2018.

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constitucional, para lo cual el juez de tutela debe analizar el cumplimiento de cada
uno de ellos.

6.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil, pese a que fue notificada en
debida forma del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 29 de noviembre
de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de la
subsidiariedad, en tanto, indicó, no es el mecanismo para debatir los actos
administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos, ni para
cuestionar las actuaciones proferidas por la autoridad judicial. De otra parte,
resolvió negar las pretensiones de la solicitud en relación con la vulneración a los
derechos fundamentales por la presunta mora judicial.

En primer lugar, se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela para
debatir las decisiones surtidas en el concurso de méritos, para lo cual hizo un
recuento de las actuaciones que se han proferido en el medio de control de
nulidad simple promovido por la parte accionante contra el municipio de Cimitarra
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, a partir de lo cual sostuvo que no le
compete al juez constitucional dejar sin efectos el Acuerdo No. 1096 de 2021 y la
convocatoria de 28 de junio de 2021, toda vez que los hechos y las pretensiones
se han ventilado ante el juez natural en donde se ha solicitado la medida cautelar,
por lo que de aceptarse la procedencia de este mecanismo de protección
constitucional se estaría desvirtuando su naturaleza subsidiaria y residual.

Adujo que no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable, porque se
demostró que el debate de legalidad de los actos administrativos dictados en el
concurso de méritos está siendo dirimido en el medio de control de nulidad y a la
fecha el proceso de selección no cuenta con lista de elegibles en firme.

De otra parte, en relación con la pretensión encaminada a dejar sin efectos el auto
de 16 de noviembre de 2023, por medio del cual se inadmitió el medio de control
de nulidad, refirió que contra la decisión cuestionada no se interpuso recurso de
reposición y, en consecuencia, no se agotaron todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial. Así mismo, en lo que se refiere a la solicitud de
dejar sin efectos el auto que rechazó la demanda precisó que dicho alegato ya
había sido resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, que por auto de 6
de febrero de 2023 lo revocó, sin que sea necesario efectuar pronunciamiento
alguno.

Finalmente, respecto de la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por mora judicial, trajo a
consideración lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre su verificación y
expuso que desde la interposición de la demanda de nulidad simple, se han
surtido diversas actuaciones, por lo que señaló que la mora judicial no es
injustificada “máxime si se tiene en cuenta que para determinar la mora como
injustificada debe realizarse un estudio de las particularidades del Juzgado accionado, la
carga de procesos que están a su cargo, la complejidad de los asuntos puestos en
conocimiento del despacho, entre otras situaciones particulares que permitan determinar
si existió o no negligencia en el actuar del despacho judicial”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante, por intermedio de apoderado judicial, impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó que se revocara, con sustento en las razones que a
continuación se exponen:
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Destacó que en la acción de tutela se demostró que el tiempo que ha transcurrido
en el trámite del medio de control de nulidad simple excede de dos años, lo que es
atribuible a la autoridad judicial accionada en la remisión del expediente al superior
y en la expedición de las providencias objetadas, respecto de las cuales reiteró
que se configuran los defectos a los que aludió en el escrito de tutela.

Recalcó que la interposición del precitado medio de control no ha hecho posible
cesar la ilegalidad del concurso público, ni la vulneración de los derechos
fundamentales alegados, a lo que agregó que la mora judicial injustificada no ha
permitido que se efectúe un pronunciamiento en relación con la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados, lo que evidencia que es un
instrumento procesal insuficiente para evitar el avance del trámite que está
adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin el consentimiento expreso
o tácito del alcalde municipal de Cimitarra, para proveer los empleos en la planta
de personal de esa entidad territorial.

Expresó que aún interpuestos los recursos correspondientes, con el auto de 16 de
noviembre de 2023 se configuran los mismos vicios procesales y sustanciales que
impiden el avance del medio de control de nulidad simple, que con los
antecedentes que se han expuesto tardaría un año más vulnerando los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
empleados en provisionalidad de la Alcaldía Municipal de Cimitarra, pues esas
fallas traerían como consecuencia que se termine el concurso de méritos sin
contar con una decisión provisional o definitiva del medio de control.

Agregó que no comparte los fundamentos del fallo de primera instancia que exige
requisitos para la prosperidad de la acción porque “no es dificultoso concluir en la
procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones judiciales del juzgado
competente de la acción de simple nulidad con medida de suspensión provisional,
incluyendo la última que obliga a su capricho a subsanar la demanda a pesar de estar
cumplidos desde el inicio los requisitos necesarios para su admisión, curiosamente
extrañados en segunda ocasión por el juzgado 01 administrativo del circuito judicial de
san gil”.

Sostuvo que con la demanda se presentaron los actos administrativos
demandados, los anexos, la constancia de publicación de la convocatoria y
mediante escrito separado la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la
autoridad judicial rechazó la demanda por estimar que debía adecuarse el medio
de control, decisión que fue recurrida y enviada al superior para su resolución más
de cuatro meses después, lo cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Santander, en el sentido de ordenar que se procediera con el estudio de admisión
de la demanda.

Señaló que en el fallo de tutela se legitima el actuar moroso del juzgado sin valorar
el tiempo agotado por la accionada de dos años para disponer sobre la
inadmisión, en contraste con el avance de las etapas del concurso de méritos. A
su vez, indicó que no resulta viable exigir la interposición del recurso de reposición
contra el auto inadmisorio ante la eventual consumación de una “vía de hecho”. De
manera puntual, expresó que “el accionante puede optar aquí por cualquiera de las dos
opciones procesales, luego mal hace la primera instancia al reprochar la falta de
agotamiento del recurso, dejando sin remedio judicial la trasgresión de los derechos
fundamentales de mis prohijados y permitiendo correr más tiempo al juzgado 01
administrativo del circuito judicial de san gil expedir providencias judiciales inconexas con
la constitucionalidad para permear EN EL ADELANTAMIENTO DE UN CONCURSO
PÚBLICO de provisión de empleos viciado de ilegalidad, sin que se encuentre
eficazmente consumado algún remedio judicial ordinario para suspenderlo o anularlo”.

Adujo que el fallo impugnado omitió pronunciarse sobre el impedimento del
servidor judicial por la relación existente entre el apoderado del municipio de
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Cimitarra y la autoridad judicial demandada, “inserto en el memorial de subsanación
de tutela, en cuanto la incidencia que podría tener por la dilación procesal y de las mismas
decisiones adoptadas que se rehúsan a admitir la demanda que cumple en este caso a
cabalidad los requisitos formales y sustanciales para su trámite”.

Precisó que “en tales situaciones excepcionales, los jueces de tutela están facultados
por competencia residual para frenar, controlar los actos administrativos expedidos
irregularmente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, al ser o mejor como aquí se
verifica INSUFICIENTES POR MORA y VIAS DE HECHO el ejercicio de los mecanismos
judiciales ordinarios, y suspenderlos provisionalmente condicionando al avance de la
respectiva causa procesal, precisamente para restablecer los derechos fundamentales
acusados de los accionantes y de los mismos concursantes admitidos”.

Por último, solicitó que se revoque en su integridad la decisión impugnada, se
acceda al amparo solicitado y se concedan las pretensiones relacionadas en el
escrito de la demanda.

9. Manifestación al escrito de impugnación

El municipio de Cimitarra presentó escrito en el que manifestó que la impugnación
presentada por la parte accionante no está llamada a prosperar, puesto que se
constata que persiste en los argumentos expuestos en la demanda, sin que sea
está una oportunidad adicional para insistir en el debate, motivo por el que
consideró que en esos términos debe declararse desierto por falta de sustentación
y, sostuvo que “teniendo en consideración que el supuesto daño antijurídico reclamado
en sede de tutela se encuentra en un escenario apenas hipotético o eventual, en la
medida que no se ha producido desvinculación, ni nombramiento alguno con ocasión al
demandado concurso de mérito; diáfano resulta, el colegir que, no estamos en presencia
de un perjuicio actual, cierto, inminente y de relevancia constitucional, pues, para estarlo,
y más allá de una aseveración sumaria, primero ha debido probarse que a los aquí
impugnantes, se les trasgredió el derecho a acceder a los cargos públicos de carrera por
méritos dentro de dicho concurso; y ello, no ha ocurrido”.

Por lo anterior, consideró que la acción de tutela se torna improcedente y, en
consecuencia, se debe confirmar la decisión impugnada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La parte actora en el escrito de tutela solicitó al juez constitucional que (i) se
deje sin efectos el Acuerdo No. 1096 del 29 de abril de 2021 mientras se decide la
medida cautelar solicitada en el medio de control de nulidad simple, (ii) se ordene
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil dar
cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 20 de junio de 2023, en el sentido de
admitir la demanda de nulidad simple y pronunciarse sobre la medida cautelar y,
(iii) se deje sin efectos los autos de 30 de junio de 2022, que rechazó la demanda
y de 16 de noviembre de 2023, por medio del cual se resolvió su inadmisión. Lo
anterior, por la tardanza de la autoridad judicial accionada en resolver sobre la
admisión de la demanda de nulidad simple, con solicitud de medida cautelar, en
contra de los actos administrativos proferidos en el marco del concurso de méritos.

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Empero, en el escrito de impugnación, aun cuando se refirió de manera general a
las supuestas irregularidades que han ocurrido en la convocatoria que se ha
venido adelantando para proveer cargos en propiedad en el municipio de Cimitarra
y que el juez de tutela excepcionalmente puede asumir el conocimiento de actos
administrativos y suspenderlos provisionalmente para restablecer los derechos
fundamentales, el alegato principal gravita en la presunta mora judicial en la que
ha incurrido el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, en
el trámite de admisión del medio de control de nulidad simple, con medida
cautelar, en tanto han transcurrido más de dos años sin que se haya proveído
sobre el particular a pesar de que la demanda cumple con los requisitos que
establece el marco procesal vigente. Adicionalmente, se refiere a la omisión en la
que incurrió el fallador de tutela de primera instancia al no pronunciarse sobre el
impedimento de la autoridad judicial accionada por su relación con el apoderado
de la entidad territorial accionada.

2.2. Con la precisión efectuada, la Sala debe determinar si el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San Gil vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora al
incurrir en mora judicial injustificada por la tardanza en resolver sobre la
admisibilidad de la demanda de nulidad simple radicada bajo el No. 68679-33-33-
000-2021-00227-00.

3. De la mora judicial y la noción de plazo razonable

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia3.

En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20134 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la
resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la
obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.

Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y
funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso
es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los
medios que las circunstancias permitan para evitarlo5.

Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20166 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se

3 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-

00052-01(AC).
4 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5 Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables7. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial8.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

En sentencia T-441 de 20209, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado social
de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se agota en la mera
facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales, pues también se extiende
a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben
ser adoptadas en un término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea
oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en caso de verificar la existencia
de mora judicial pueda ordenar la resolución del asunto en un término perentorio o
con observancia de los plazos previstos en la ley.

La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 10, en la que se establecieron
criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación
al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho
de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo
razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1
en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
Genie Lacayo contra Nicaragua11, donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”12

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia13, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la
materia objeto de controversia”.

7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
8 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la
Sentencia T-230 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas);

Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas).
11 Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
12 Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº 195-A,

párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30.
13 Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.

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En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia
de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Tribunal Administrativo de Santander por sentencia de 29 de noviembre de
2023, declaró improcedente la solicitud por desatender el requisito de
subsidiariedad, en tanto, indicó, la acción de tutela no es el mecanismo para
debatir los actos administrativos proferidos en el marco del concurso de méritos y
lo referente a las actuaciones proferidas en el medio de control, por no haberse
agotado el recurso de reposición. A su vez, resolvió negar las pretensiones de la
solicitud de tutela relacionadas con la vulneración a los derechos fundamentales
por mora judicial.

La parte demandante en la impugnación refirió que el fallo de primera instancia no
valoró el término desde que se promovió el medio de control de nulidad simple y
que a la fecha no se ha admitido, ni resuelto la solicitud de medida cautelar,
vulnerando sus garantías constitucionales, por lo que la tardanza en decidir no
impide que avance el concurso de méritos abierto para proveer empleos en
carrera administrativa del municipio de Cimitarra. De allí que, como se indicó en la
delimitación del debate, el estudio se abordará únicamente respecto de la
supuesta mora judicial.

4.2. De conformidad con las pruebas allegadas al expediente la Sala observa, en
cuanto al trámite que se ha impartido al medio de control de nulidad simple con
radicado No. 68679-33-33-001-2021-00227-00 supuestamente incurso en mora
judicial, lo siguiente:

El 16 de noviembre de 2021, los accionantes interpusieron demanda de nulidad
simple contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de Cimitarra,
con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo No. 1096 del 29 de abril de
2021 y el acto de convocatoria de 28 de junio de 2021, proferidos en el proceso de
selección No. 1986 de 2021, realizado para proveer empleos de carrera
administrativa de la planta de personal de esa entidad territorial. En la misma
oportunidad se solicitó medida cautelar de suspensión provisional de los actos
acusados.

El 30 de junio de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil resolvió rechazar la demanda, por considerar que el asunto debía ser
ventilado a través del medio de control de nulidad electoral. Dicha decisión fue
objeto de recurso de apelación que fue concedido por auto de 18 de julio de 2022.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander decidió revocar la
decisión apelada y, en consecuencia, ordenó al juez que “adopte las medidas
jurídicas pertinentes para sanear las falencias de la demanda, pues el aporte de los actos
acusados es un requisito indispensable para su tramitación, además, sin ellos en el
expediente no es factible concluir su naturaleza y posibilidad de control. Aunado a esto, se
observa la pretensión que apunta a solicitar la nulidad del proceso de selección N° 1986
de 2021 que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer empleos de
carrera administrativa de Municipio de V y VI categoría, sin especificar acto administrativo
alguno”.

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El 10 de febrero de 2023, la parte demandante solicitó aclaración del auto de 6 del
mismo mes y año, por considerar que junto con el escrito de la demanda se
habían aportado los actos administrativos demandados.

El 20 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la solicitud
de aclaración presentada, en el sentido de dejar sin efectos el auto de 6 de febrero
de 2023, revocó el rechazo de la demanda y ordenó al juez de primera instancia
que procediera con la revisión de los demás presupuestos para proveer sobre la
admisión de la demanda.

El 5 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander devolvió por correo
electrónico el expediente digital al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil.

El 16 de noviembre de 2023, la demanda de nulidad simple fue inadmitida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil porque con la
demanda no se presentó copia del acto de convocatoria de 28 de junio de 2021,
del proceso de selección No. 1986 de 2021 y no se individualizaron las
pretensiones debido a que en el escrito de la demanda se solicitó declarar la
nulidad de cualquier otro acto administrativo dispuesto para proveer empleos del
municipio de Cimitarra. Finalmente, solicitó poder especial en el que conste la
modificación de las pretensiones y la remisión de la subsanación a las
demandadas.

El 5 de diciembre de 2023, la parte actora allegó escrito de subsanación en el
sentido de individualizar las pretensiones, aportar copia de los actos acusados,
presentar poder especial y acreditar la remisión de la subsanación a las entidades
demandadas.

4.3. En el caso bajo examen, la Sala advierte que la mora judicial debe ser
analizada desde que el expediente de nulidad simple fue devuelto del Tribunal
Administrativo de Santander con destino al juzgado demandado para proveer
sobre la admisión de la demanda y el momento en el que se presentó la solicitud
de amparo constitucional14. Como se vio, esa actuación secretarial se surtió el 5
de julio de 2023, por lo que al momento en que la parte accionante presentó la
acción de tutela -21 de noviembre de 2023-, habían transcurrido un poco más de
cuatro (4) meses, a lo que se debe agregar que se dictó decisión de inadmisión de
la demanda, sin que se advierta que dicho plazo fue irrazonable.

Resulta pertinente mencionar que esta Sala15, en consonancia con la
jurisprudencia de la Corte IDH16 y y la Corte Constitucional17, ha manifestado que,
para analizar la configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no
solo la tardanza en emitir la decisión, sino también otros aspectos tales como: la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las
autoridades judiciales y la congestión judicial.

14 Conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia T-140 de 2023, al señalar que la acción

de tutela se debe estudiar conforme con los hechos acreditados para el momento de su interposición.
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-

00316-00; sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00; sentencia de 21 de
junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00, sentencia de 14 de junio de 2018, 11001-03-15-000-
2017-03278-00; sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00571-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
16 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas);

Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas).
17 Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005.

M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
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En ese orden de ideas, la Sala resalta que en el trámite que ha surtido el medio de
control de nulidad simple se han proferido distintas actuaciones judiciales
(inadmisión, rechazo, revocatoria del rechazo e inadmisión), razón por la cual ha
existido actividad judicial, a lo que se debe agregar que el plazo transcurrido entre
la devolución de expediente al despacho de la autoridad judicial accionada y la
adopción del auto inadmisorio, no resulta irrazonable, por lo que se confirmará el
fallo de primera instancia, en lo relativo al estudio de la mora judicial, objeto de
impugnación.

No obstante, como quiera que han transcurrido dos (2) años y cinco (5) días desde
que se radicó la demanda de nulidad simple y en tanto la demanda fue subsanada
el 5 de diciembre de 2023, la Sala estima necesario instar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, para que una vez ingrese el
expediente al despacho, en uso de sus facultades, adopte las medidas pertinentes
con el fin de darle prelación al estudio de admisibilidad.

Por lo demás, la Sala comparte la decisión del a quo en el sentido de declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiaridad,
respecto de la pretensión consistente en dejar sin efectos el Acuerdo No. 1096 del
29 de abril de 2021 mientras se decide la medida cautelar solicitada en el medio
de control de nulidad simple, pues no está acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable, a lo que se agrega que la parte actora no agotó el medio de defensa
judicial existente -recurso de reposición-, contra el auto de 16 de noviembre de
2023, por medio del cual se resolvió la inadmisión de la demanda de nulidad
simple.

Finalmente, en relación con el auto de 30 de septiembre de 2022, por medio del
cual se declaró impedida la titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil, dentro de un proceso de reparación directa y que fue aportado
mediante memorial presentado por la parte actora el 23 de noviembre de 2023, la
Sala resalta que no le corresponde al juez de tutela inmiscuirse en un asunto que
debe ser resuelto por el juez natural en el marco de su autonomía e independencia
judicial, por lo que se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre ese particular.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 29 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- ÍNSTASE al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil, para que una vez ingrese al despacho el expediente de nulidad simple
con radicado No. 68679-33-33000-2021-00227-00, en uso de sus facultades,
adopte las medidas pertinentes con el fin de darle prelación al estudio de
admisibilidad.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA EL VOTO

14

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