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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00772-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00772-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00772-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de febrero de 2025

Demandante: Alirio Oróstegui López
Demandado: Ramiro Castañeda Pardo
– concejal de Contratación (Santander)
Rad. 68001-23-33-000-2023-00772-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00772-01
Demandante: ALIRIO ORÓSTEGUI LÓPEZ
Demandado: RAMIRO CASTAÑEDA PARDO – CONCEJAL DE
CONTRATACIÓN (SANTANDER), PERIODO 2024-2027

Tema: Inhabilidad del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 – no aplicable
al elegido

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Alirio Oróstegui
López en contra de la sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda
de nulidad electoral promovida contra el acto de elección de Ramiro Castañeda
Pardo como concejal de Contratación, periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

1. El señor Alirio Oróstegui López, en nombre propio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral1, consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
contra el acto de elección de Ramiro Castañeda Pardo como concejal del municipio
de Contratación (Santander), contenido en el formulario E-26 CON del 31 de octubre
de 2023. En la demanda se elevó la siguiente pretensión:

Se proceda a declarar la nulidad y se ordene la revocatoria de la investidura de
CONCEJAL para el periodo 2024-2027 por inhabilidad al señor RAMIRO
CASTAÑEDA PARDO identificado con la cédula de ciudadanía número 91.168.298
por los causales antes referenciados y se notifique del fallo a los demandados a La
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral para lo

1 La demanda fue radicada el 22 de noviembre de 2023, en el Tribunal Administrativo de Santander,

según consta en el índice 1 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
1

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Demandante: Alirio Oróstegui López
Demandado: Ramiro Castañeda Pardo
– concejal de Contratación (Santander)
Rad. 68001-23-33-000-2023-00772-01

pertinente.

1.2. Hechos relevantes

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones, el demandante narró, en
síntesis, que Ramiro Castañeda Pardo se encuentra inhabilitado para ser concejal,
debido a que su cónyuge, Magdalena Navarrete, suscribió un contrato 2 con el
Sanatorio de Contratación ESE, desde el 1º de diciembre de 2021, a la fecha.
Igualmente, que el demandado fue concejal en el municipio El Guacamayo
(Santander), para el periodo 2020-2023, con el aval del Partido Cambio Radical.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 49 de la Ley 617 de
2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, modificado por el artículo
1º de la Ley 1148 de 2007; 90, numeral 8 de la Ley 2241 de 1986 (Código Electoral);
artículo 23 de la Constitución Política y 152, numeral 8 y 162 de la Ley 1437 de
2011.

4. Para el efecto, manifestó que el demandado incurrió en causal de inhabilidad
para «posesionarse» como concejal del municipio de Contratación, por cuanto su
cónyuge tiene un contrato con la entidad hospitalaria antes mencionada.

5. Por otro lado, aseguró que Ramiro Castañeda Pardo fue concejal del
municipio de El Guacamayo (Santander), elegido para el periodo 2020-2023, por lo
que, si pretendía postularse para el mismo cargo de elección popular, pero por otra
circunscripción electoral, debía renunciar con la debida antelación, aún si aspiraba
por el mismo partido político.3

6. Aseguró que, por lo anterior, es procedente el inicio de una acción
disciplinaria, toda vez que, al postularse como candidato a una corporación de
elección popular, manifestó bajo la gravedad de juramento no tener ninguna
inhabilidad o incompatibilidad.

1.4 Contestaciones de la demanda

1.4.1. Demandado

7. No contestó la demanda.

1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

8. A través de apoderado, el organismo intervino para proponer la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos en los que se
sustenta la demanda no tienen relación alguna con las funciones del organismo

2 No especificó en la demanda el tipo de vínculo contractual.
3 En el formulario E-26 consta que el demandado pertenece al Partido Cambio Radical.

2

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electoral.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia

9. Mediante auto del 19 de enero de 2024, se admitió la demanda4.

10. A través de auto del 17 mayo de 2024, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011, se dispuso el trámite de sentencia anticipada,
se saneó el proceso, se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se
decretaron pruebas aportadas por esta entidad y por el demandante, y se fijó el
litigio en los siguientes términos:

PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto contenido en el formulario E26 CON
de fecha 28 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor
Ramiro Castañeda Pardo como concejal del Municipio de Contratación, para el
periodo correspondiente 2024-2027, por encontrarse presuntamente inhabilitado al
configurarse las causales del artículo 49 de Ley 821 de 2003 modificado por el
artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 y el artículo 1° de la Ley 1296 de 2009?

PJ.2. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto contenido en el formulario E26 CON
de fecha 28 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor
Ramiro Castañeda Pardo como concejal del Municipio de Contratación, para el
periodo correspondiente 2024-2027, con ocasión a que este se desempeñaba como
concejal del municipio de Guacamayo (Santander) para el periodo 2020-2023?

1.6. Alegatos de conclusión del demandado

11. A través de apoderada, alegó de conclusión para señalar que la inhabilidad
endilgada, prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo
1º de la Ley 821 de 2003, modificado en forma posterior por el artículo 1º de la Ley
1148 de 2007, aplica para ser contratista en la respectiva entidad territorial o las
entidades descentralizadas, pero no para aspirar al cargo de concejal. Además, se
debe tener en cuenta que el hospital es una entidad descentralizada del orden
nacional, según lo establecido en los Decretos 1289 de 1994 y 1502 de 2023.

12. Advirtió que con la demanda no se aportó prueba alguna que demuestre el
vínculo de la señora Magdalena Navarrete Ramírez con el demandado, ni que
dentro de los doce meses anteriores a la elección se hubiera desempeñado como
servidora pública en el municipio de Contratación. Por lo tanto, no es posible
atribuirle el ejercicio de autoridad política, civil administrativa o militar en la citada
entidad territorial.

13. Por otro lado, resaltó que dentro del ordenamiento jurídico no existe ninguna
prohibición para aspirar a ser concejal en un municipio diferente al cual fue elegido
para un periodo constitucional anterior.

4 Índice 12 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.

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1.7. Sentencia de primera instancia

14. A través de sentencia del 5 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión
expuso, en resumen, lo siguiente:

15. Luego de citar el marco legal y jurisprudencial de las inhabilidades, se refirió
a la causal prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo
11 de la Ley 821 de 2003, modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, para
indicar que esa disposición prevé una prohibición para los familiares del candidato
elegido, razón por la cual no es posible trasladarla a los candidatos, si se tiene en
cuenta que las inhabilidades son de interpretación restrictiva. El texto de la norma
es el siguiente:

ARTÍCULO 1º. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedara así:

"Artículo 49. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y
parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, y Distritales;
concejales municipales, y Distritales; y miembros de juntas administradoras locales
municipales y Distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y Distritales y concejales
municipales y Distritales, y miembros de juntas administradores locales municipales
y Distritales no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades
del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o
municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores
fiscales, auditores o administradores de las entidades prestador as de servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o
municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas
administradoras locales municipales y Distritales y sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser
designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus
entidades descentralizadas.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas
administradoras locales municipales y Distritales, sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser
contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

PARÁGRAFO 1º. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos
que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

PARÁGRAFO 2º. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación
de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán
en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de
servicios.

16. En el mismo sentido, el actor consideró vulnerado el artículo 1º de la Ley
1148 de 2007, que modificó el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, según el cual «los
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cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad, o primero civil no podrán
ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente».

17. Sobre el particular, manifestó que la conducta proscrita se refiere al
desempeño como contratista del respectivo municipio donde haya sido elegido el
candidato, con quien este tenga los vínculos señalados en la norma. No obstante,
no puede ser catalogada como una inhabilidad de contenido electoral, toda vez que
esta aplica respecto del cónyuge o compañero permanente del candidato electo y
opera de manera posterior a la elección.

18. En cuanto a la supuesta trasgresión del artículo 90 del Código Electoral,
precisó que la norma se refiere a las inscripciones de las candidaturas y el deber de
realizarlas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en sus distintas agencias
territoriales, para lo cual se debe tener en cuenta la corporación pública a la cual se
aspire. Sin embargo, el postulado no prevé inhabilidad o causal de nulidad alguna.

19. En forma posterior, valoró las siguientes pruebas aportadas al expediente: (i)
contrato de trabajo de la señora Magdalena Navarrete Ramírez con el Sanatorio de
Contratación; (ii) relación de empleados de la entidad; (iii) constancia emitida por el
Concejo Municipal de El Guacamayo (Santander), en la que se certificó que Ramiro
Castañeda Pardo fue concejal para el periodo 2020-2023; (iv) formulario E-8 CO;
(v) aval otorgado por el Partido Cambio Radical; (vi) formulario E-26 CON, que
declara la elección demandada, y (vii) formulario E-26 CON, por el cual se declara
la elección del demandado como concejal del municipio de El Guacamayo, periodo
2020-2023.

20. Indicó que la señora Magdalena Navarrete Ramírez se encuentra vinculada
al Hospital Sanatorio de Contratación desde el año 2021, a través de un contrato
individual de trabajo a término indefinido, es decir que no tiene la calidad de
contratista. No obstante, la inhabilidad atribuida no es causal de nulidad electoral
porque no es predicable respecto del candidato electo, lo que implica que no es
posible hacer una interpretación extensiva de la norma.

21. Aclaró que, en este asunto, no es relevante la comprobación del vínculo de
parentesco, por cuanto la inhabilidad no opera respecto del elegido.

22. Por otra parte, resaltó que, según el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, no podrá ser concejal «quien dentro de los doce (12) meses anteriores a
la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o
autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito,
o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal
(…)» y, en este caso, no se configura la conducta inhabilitante por haberse
desempeñado como concejal de otro municipio en el periodo anterior, toda vez que
se requiere tener la condición de empleado público, la cual no ostentan los
concejales.

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1.8. El recurso de apelación

23. El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

24. Aseguró que, en las pasadas elecciones para autoridades regionales, del 29
de octubre de 2023, «resultó electo» concejal de Contratación, con 7 votos por
encima del demandado. Sin embargo, hubo una modificación en la votación el 31
de octubre de ese año, sin justificación alguna, razón por la cual presentó un
derecho de petición ante el registrador municipal encargado.

25. Por lo anterior, consideró que se presentó un «fraude electoral», frente a lo
que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la contestación de la demanda,
no se pronunció.

26. Reiteró que Ramiro Castañeda Pardo y Magdalena Navarrete han convivido
por varios años juntos y tienen hijos en común. Asimismo, esta última tiene un
contrato con el Sanatorio de Contratación ESE, a través del cual desarrolla
programas de bienestar de los pacientes, los cuales son subsidiados con recursos
del municipio, que, a su vez, son aprobados por el concejo.

27. Sostuvo que se configura la inhabilidad para ser concejal, prevista en la Ley
821 de 2003 y demás normas concordantes, y agregó que los recursos aprobados
por el concejo benefician a la cónyuge del demandado.

28. Al respecto, indicó que: «este caso es similar a un fallo judicial en una
demanda de alimentos para un menor, ya quien recibe es el progenitor o su
representante legal pero la cuota alimentaria es para el menor, es por eso que
reafirmo de que de los recursos que aprueba El Concejo Municipal, directa o
indirectamente se beneficia la esposa o conyugue del demandado pues ella figura
como contratista a través de una prestación de servicios a término indefinido» (sic).

29. Esgrimió que el tribunal emitió un fallo «dándole traslado al Consejo Nacional
Electoral por falta de competencia sin embargo posteriormente volvió a reabrir este
proceso, tal vez el Consejo Nacional lo devolvió aduciendo que si había
competencia» (sic).

30. Señaló que el trámite de sentencia anticipada se dio porque el demandado
no contestó la demanda, estuvo ausente durante todo el proceso y solo presentó
alegatos de conclusión. Sin embargo, se emitió fallo a su favor. Por ello, los
argumentos del señor Castañeda Pardo son extemporáneos, si se tiene en cuenta
que debió presentarlos cuando fue notificado por el tribunal, «dejando entrever una
falta de respeto y que la justicia la maneja a su manera».

31. Expresó que el agente del Ministerio Público emitió concepto, en forma
extemporánea, toda vez que pudo haberlo presentado en noviembre del año
pasado, en el momento en que fue instaurada la demanda, por lo que no es válido
que se haya rendido diez meses después. Además, no contó con la oportunidad de
controvertirlo.

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32. Consideró que la demanda hubiera podido ser inadmitida «de plano», pues
son innumerables los casos de inhabilidades e incompatibilidades para ser miembro
de corporación pública, razón por la cual la decisión de las demandas que se
formulen por esas causales debe proferirse dentro del término legal.

1.9. Actuación procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 22 de octubre de 2024, el magistrado ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación; (ii)
ordenó a la Secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el
término de 3 días; (iii) dispuso que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera
el expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público
con el fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.

1.10. Oposición al recurso de apelación

34. Durante el término de traslado del recurso de apelación, la apoderada del
demandado señaló que la causal de inhabilidad endilgada aplica para ser contratista
de la respectiva entidad territorial o sus entidades descentralizadas, pero no para
ser concejal. Además, se debe tener en cuenta que el Sanatorio de Contratación
ESE es una entidad descentralizada del orden nacional.

35. Reiteró que el demandante, sin soporte alguno, pretende darle un alcance
que no tiene al artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo1º de la
Ley 821 de 2003, modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007.

36. Resaltó que no se demostró que, de la suscripción de los contratos con el
hospital, la señora Magdalena Navarrete Ramírez haya ejercido algún tipo de
autoridad en el municipio de Contratación, pues sus funciones eran netamente de
apoyo.

1.11. Alegatos de conclusión

1.11.1. Demandante

37. Presentó alegaciones finales para señalar que se configura la inhabilidad
porque el municipio de Contratación tiene un convenio con el hospital, por lo que
aporta recursos que son aprobados por el concejo.

38. Asimismo, se refirió a las dificultades para notificar el auto admisorio de la
demanda a Ramiro Castañeda Pardo y al hecho de que estuvo ausente durante el
proceso y solo presentó alegatos de conclusión.

39. Finalmente, sostuvo que se vulneró el debido proceso con ocasión de las
actuaciones del tribunal, toda vez que:

«Se abrió el proceso y fue negada mi solicitud, pero luego de hacer las respectivas

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subsanaciones fue admitido su trámite. Posteriormente en vista de la no
contestación de la demanda EL TRIBUNAL anunció sentencia anticipada que no la
hubo. Posteriormente presuntamente se desvió el proceso y el TRIBUNAL le dio
traslado al Concejo Nacional Electoral para que fuese esta Corporación la que
emitiera un fallo y este se lo devolvió al TRIBUNAL supuestamente argumentando
de que debía haber un fallo judicial y El Consejo Nacional Electoral no era el
competente. El TRIBUNAL reabrió el proceso, vinculó nuevamente a las partes y
por último falló en favor del Señor CASTAÑEDA por ser lo de menor controversia
no tanto en los ámbitos judiciales sino local porque el Señor CASTAÑEDA está
ejerciendo como Concejal en El Municipio de Contratación Santander, pero si vamos
a la parte legal, con todo respeto manifiesto que si hubo falencias y presuntamente
creo que se falló en el DEBIDO PROCESO. Inicié oportunamente y dentro del
término legal mis reclamaciones inicialmente ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil de esta localidad de Contratación Santander y posteriormente ante sus
negativas y poca claridad, recurrí a LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTDO
CIVIL, ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y ante EL
CONCEJO NACIONAL ELECTORAL en procura del restablecimiento de mis
derechos adquiridos en las elecciones por cuanto había sido electo CONCEJAL en
los escrutinios del 29 de Octubre del año anterior y en vista de no encontrar
respuesta favorable alguna, procedí a instaurar la denuncia igualmente dentro del
término legal ante EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER siendo uno de los causales la inhabilidad de que trato en la parte
anterior y la segunda que considero GRAVE por no haber claridad al respecto y es
EL PRESUNTO FRAUDE ELCTORAL (…)» (sic).

1.11.2. Demandado

40. No allegó escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia.

1.11. Concepto del Ministerio Público

41. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público se pronunció en el sentido de solicitar que se confirme la
sentencia apelada, toda vez que, en primer lugar, en el escrito de demanda, ni en
el de subsanación, se planteó el reproche atinente a la configuración de un posible
fraude electoral, por lo que se pretende introducirlo inadecuadamente en esta etapa
procesal.

42. En segundo término, sostuvo que, como bien se decidió en el fallo apelado,
el demandante citó una disposición normativa que no es aplicable al presente
asunto, situación a la que debe agregarse que no se acreditó la relación de esposos
o compañeros permanentes que existió o existe entre Ramiro Castañeda Pardo y
Magdalena Navarrete Ramírez, lo que implica que cualquier análisis sobre la
relación contractual entre esta última y el hospital resulte inútil.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

43. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el

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recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5
de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1505 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Cuestión previa

44. En la apelación, el demandante refirió que se presentó un «fraude electoral»,
en las elecciones del 29 de octubre de 2023, en el municipio de Contratación, pues,
en su criterio, obtuvo 7 votos más que el demandado, pero, sin justificación alguna,
desde el 31 de octubre de ese año, en las horas de la tarde, se modificaron los
resultados y se declaró la elección de Ramiro Castañeda Pardo como concejal de
Contratación.

45. Sobre el anterior fundamento, la sala advierte que no fue expuesto en el escrito
de la demanda, ni en el de subsanación, sino únicamente con la interposición de la
alzada.

46. En efecto, de la revisión de los escritos iniciales, se encuentra que las censuras
que sustentaron la nulidad de la elección acusada se centran en que el demandado
incurrió en causal de inhabilidad, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 617
de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, modificado, a su vez,
por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, porque su cónyuge tiene un contrato de
con el hospital del municipio, razón por la cual el señor Castañeda Pardo no podía
inscribirse al cargo de concejal.

47. Asimismo, sostuvo que el demandado debía renunciar con la debida antelación
a su curul de concejal del municipio de El Guacamayo, obtenida con el aval del
Partido Cambio Radical, periodo 2020-2023, previamente a inscribirse como
candidato a la misma corporación del municipio de Contratación, pero para el

5 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alirio Oróstegui López
Demandado: Ramiro Castañeda Pardo
– concejal de Contratación (Santander)
Rad. 68001-23-33-000-2023-00772-01

periodo 2024-2027, aun en el evento de que aspirara por el mismo grupo político.

48. De lo anterior, se concluye que no se efectuará ningún pronunciamiento
acerca del reparo de un supuesto «fraude electoral», ya que no se planteó en la
demanda y, por ende, fue desconocido por el demandado. Esa circunstancia impidió
que contara con la oportunidad procesal de controvertirlo, lo que de suyo quebranta
su derecho de defensa y contradicción. Con todo, se determinará la existencia de la
debida carga argumentativa del recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

49. Corresponde a esta Sección resolver, si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar la sentencia proferida del 5 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

50. Para el efecto, se deberá establecer si es aplicable al demandado la causal de
inhabilidad consagrada en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el
artículo 1º de la Ley 821 de 2003, modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de
2007 y el artículo 1º de la Ley 1296 de 2009.

2.4. Caso concreto

51. En el recurso de apelación, la parte actora insistió en la configuración de la
prohibición atribuida al demandado, con fundamento en que la cónyuge de este
tiene un vínculo laboral con el Sanatorio de Contratación ESE, desde el año 2021.

52. Al respecto, se precisa que, si bien el demandante en la apelación reiteró la
formulación del cargo en referencia, no expuso algún reparo tendiente a cuestionar
la razón por la cual el análisis efectuado por el tribunal, en la sentencia de primera
instancia, fue incorrecto, precario o deficiente.

53. Adicionalmente, se refirió a aspectos ajenos a la controversia y que, por obvias
razones, no fueron objeto de resolución en la sentencia, tales como: i) la falta de
competencia del CNE para decidir el fondo del asunto; ii) la ausencia de
contestación de la demanda por parte del señor Castañeda Pardo y la
extemporaneidad en la radicación de los alegatos de conclusión; iii) el indebido
trámite para dictar sentencia anticipada; iv) el incumplimiento del término del
Ministerio Público para rendir concepto en la primera instancia y la falta de
contradicción de este por parte del demandado, y v) la inobservancia de los términos
para adelantar la actuación procesal.

54. Lo anterior, pone de presente que en la alzada solo hay una reiteración del
reproche de la demanda y no un cuestionamiento puntual frente al estudio del
tribunal respecto de la causal de inhabilidad endilgada.

55. La sala considera que no hay argumentos que desestimen el análisis realizado
en la sentencia apelada, referente a que la inhabilidad aplica respecto del cónyuge
del candidato electo y opera posterior a la elección, es decir que no configura una
causal de nulidad electoral que se pueda predicar respecto del elegido.
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Demandante: Alirio Oróstegui López
Demandado: Ramiro Castañeda Pardo
– concejal de Contratación (Santander)
Rad. 68001-23-33-000-2023-00772-01

56. Se destaca que el juez de primera instancia explicó que la disposición que se
estima vulnerada prevé una prohibición dirigida a los familiares del candidato, razón
por la cual no es posible trasladarla al elegido, sobre la base de considerar que el
régimen de inhabilidades es de carácter taxativo y aplicación restrictiva, pues limitan
el derecho de acceder a cargos públicos.

57. Por consiguiente, comoquiera que el apelante no presentó ningún reparo para
cuestionar el análisis realizado por el tribunal, se acogen las mismas
consideraciones empleadas en la sentencia de primera instancia, motivo por el cual
será confirmada7.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
(salva voto)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

7 Respecto de la ausencia de reparos concretos en la apelación, ver sentencia del 13 de febrero de

2025, rad. 54001-23-33-000-2023-00265-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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