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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2023-00882-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2023-00882-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del representante legal y de la revisora fiscal de la actora, para demandar la sanción del artículo 658-1 del ET. 2.- REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: CONDENAR en costas a la parte demandante en el componente de agencias en derecho a la parte demandante en 1 SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 3.- En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4.- Condenar en costas en el componente de agencias en derecho a la parte demandante en 1 SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 5.- Reconocer personería al abogado Néstor Ramón Lizarazo Lagos como apoderado de la entidad demandada, en los términos del poder conferido que obra en el índice 13 en Samai. 61 «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los actos administrativos demandados». 62 «Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». 63 “Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias en derechos” 64 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00882-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00882-01 (29566)
Demandante: CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS
Demandada: DIAN
Tema: Renta 2017. Inspección tributaria. Ingresos. Uniones
temporales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante y
demandada, contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que resolvió:1
PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS de primera instancia. […].

ANTECEDENTES

El 8 de mayo de 2018, la Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS2, presentó la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2017, en la que registró un
saldo a pagar de $13.687.0003.

El 30 de julio de 2021, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió el Requerimiento Especial
20210040400022344, en el que propuso adicionar ingresos ($15.227.214.000), rechazar
devoluciones en ventas ($747.280.000), costos ($11.104.537.000) y gastos ($669.384.000), e
imponer sanción por inexactitud ($11.099.366.000), para fijar el saldo a pagar en
$22.212.419.000. Adicionalmente, propuso imponer sanciones al representante legal
y a la revisora fiscal. La contribuyente respondió este acto5, notificado
electrónicamente el 2 de agosto de 20216.

El 26 de julio de 2022, la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de
la misma dirección seccional expidió la Liquidación Oficial de Revisión
202220040500002577, en la que confirmó la adición de ingresos y el rechazo de
algunos costos ($222.264.000) y gastos ($120.542.000), con lo cual, recalculó la sanción

1
Documento 028 expediente digital.
2
Tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud.
3
Fl. 10 c.a.
4
Fls. 461 a 472 c.a.
5
Fls. 498 a 678 c.a.
6
Fl. 474 c.a.
7
Fls. 878 a 899 c.a.

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por inexactitud ($6.228.008.000), para fijar el saldo a pagar en $12.469.703.000. Contra
este acto, notificado electrónicamente el 27 de julio de 20228, se interpuso recurso de
reconsideración9.

El 18 de agosto de 2023, mediante la Resolución 00683210, la Subdirección de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, confirmó el acto
liquidatorio.

DEMANDA

La Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:
3.1. Con base en los hechos, fundamentos legales que a continuación se exponen y en
las pruebas aportadas, se pretende:

3.1.2. La NULIDAD del acto administrativo LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN
No. 202200405000257 del 26 de julio de 2022 expedida por la División de
Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

3.1.3. La NULIDAD del acto administrativo RESOLUCIÓN No. 006832 del 18 de
agosto de 2023 por la cual se resuelve un recurso de reconsideración emitida por
Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3.2. Configurándose la nulidad de los actos descritos, se otorgue el
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO […] en los siguientes términos:

PRETENSIÓN PRINCIPAL:

3.2.1. Se DECLARE que las inspecciones tributarias no suspendieron los términos
para proferir los actos administrativos en el marco del proceso de fiscalización y en
consecuencia que la liquidación privada presentada por el contribuyente el 8 de
mayo de 2018 mediante formulario No. 1113604477977 y registro electrónico No.
910004489068127 (periodo fiscal 2017) se encontraba en firme.

3.2.2. Se DECLARE que la declaración presentada por la CLÍNICA DE URGENCIAS
BUCARAMANGA S.A.S. el 8 de mayo de 2018 mediante formulario No.
1113604477977 y registro electrónico No. 91000489068127 (periodo fiscal 2017) se
encuentra en firme toda vez que el Requerimiento Especial No. 2021004040002234
del 30 de julio de 2021 fue notificado de manera extemporánea.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

3.2.3. Subsidiariamente a las peticiones anteriores solicito se DECLARE:

• Que la depuración del Impuesto de Renta y Complementarios realizada por la CLÍNICA
DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S. es conforme a la ley y la realidad económica
de sus operaciones.

• Que la DIAN no probó la adición de ingresos incluidos en la Liquidación Oficial de
Revisión y confirmada mediante resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

8
Fl. 901 c.a.
9
Fls. 912 a 931 c.a.
10
Fls. 957 a 969 c.a.

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• Que la CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S. cumplió con la carga de la
prueba dentro del proceso de determinación del impuesto realizado por la DIAN.

• Que las pruebas aportadas por la CUB no fueron valoradas ni controvertidas por la
DIAN y en consecuencia prevalece la información contable por virtud de la cual se
certificaron los ingresos de la Unión Temporal, frente a la información contenida en el
RUT.

• Que son improcedentes las sanciones impuestas a la CLÍNICA DE URGENCIAS
BUCARAMANGA S.A.S. y a las personas naturales RODOLFO PINILLA MÁRQUEZ
(representante legal de la sociedad al momento de los hechos) y TULIA AZUCENA
CORDÓN JIMÉNEZ (revisora fiscal al momento de los hechos).

• Se CONFIRME la declaración privada presentada el 8 de mayo de 2018 mediante
formulario No. 1113604477977 y registro electrónico No. 91000489068127 por haber
cumplido con la normativa aplicable».

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29 y 333 de la Constitución
Política; 176 del Código General del Proceso; 1602 y 1494 del Código Civil; 18, 706,
705, 711, 745 y 746 del Estatuto Tributario; sentencias C-933 de 2006 y C-056 de
2021; oficios 28591 de 20 de octubre de 2017, 000102 de 2 de enero de 2019, 05554
de 23 de julio de 2007, 900580 de 12 de enero de 2016, 02778 de 11 de octubre de
2017, 030948 de 26 de octubre de 1999, 010795 de 8 de mayo de 2017, y 906810 de
5 de noviembre de 2020 de la DIAN. Como concepto de violación, expuso, lo
siguiente:

Firmeza de la declaración privada: No es posible modificar el denuncio rentístico dado
que el requerimiento especial se notificó de manera extemporánea; como la
declaración se presentó el 8 de mayo de 2018, y se practicó inspección tributaria, el
plazo para notificar dicho acto venció el 8 de agosto de 2021, y se efectuó el 10 de
agosto de 2021. Si no es de recibo este argumento, se debe reconocer que la
inspección se decretó para extender el tiempo para proferir el requerimiento especial,
ya que se solicitó información que poseía la DIAN, la cual no fundamentó el acta de la
inspección, por lo que no tuvo la aptitud para suspender el término y operó la firmeza
de la declaración.

El auto de 29 de marzo de 2021 describió los hechos objeto de prueba de manera
genérica y, al momento de su notificación, ya se había proferido auto de verificación o
cruce en virtud del cual se expidió un requerimiento -de 17 de septiembre de 2020-, y se
efectuó visita en las instalaciones de la sociedad, para obtener información relacionada
con el impuesto discutido, no siendo sino hasta el requerimiento 2021004040000931,
que se solicitó información de las uniones temporales Servicios Integrales de Salud y
Servicios Médicos Integrales Aguachica, pese a que ya se tenía conocimiento de las
mismas; además, en el acta de cierre no se indicó el valor otorgado a las pruebas
aportadas durante la inspección, por lo que carece de fundamento el requerimiento
especial.

Lo mismo ocurrió con la inspección tributaria realizada después del requerimiento
especial pues, la Administración no tenía duda sobre los ingresos reportados en cuanto
consideró que las pruebas aportadas eran suficientes, y se encaminó a determinar
hechos probados con anterioridad -costos y gastos de las referidas uniones temporales-,
lo que permite concluir que las pruebas recaudadas fueron innecesarias, no sirviendo

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como fundamento de la liquidación oficial, ya que la diligencia se utilizó para ampliar
el término de fiscalización.

Aplicación del principio de transparencia tributaria en virtud de los contratos de unión
temporal suscritos: Para prestar servicios de salud, la actora puede celebrar contratos
de colaboración empresarial como son las uniones temporales, conforme al artículo 62
de la Ley 1438 de 2011; dichas formas asociativas se rigen fiscalmente por el artículo
18 del ET, según el cual, cada miembro debe declarar de manera independiente los
activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que le corresponda, de acuerdo a su
participación en el contrato.

Carece de sustento jurídico la adición de los ingresos ya que, conforme al artículo
octavo de los contratos celebrados por la actora, la distribución de estos se haría según
los servicios efectivamente prestados y facturados -realidad económica-, como se probó
con la contabilidad, los certificados emitidos por el representante legal, y las
declaraciones presentadas por cada uno de los miembros, pruebas indebidamente
valoradas; además, contrario a lo afirmado por la Administración, es aplicable el oficio
028591 de 20 de octubre de 2017 de la DIAN, conforme al artículo 131 de la Ley 2010
de 2019.

Ni de los contratos celebrados, ni de su ejecución, se desprende que se hubiera
pactado un rendimiento mínimo garantizado, por lo que lo declarado, corresponde a la
realidad económica de la contribuyente, y se encuentra soportada conforme a las
pruebas aportadas.

No se analizó la realidad económica de la contribuyente, y se vulneró el principio de la
autonomía de la voluntad porque en los documentos de constitución de las uniones
temporales, en concreto, en la cláusula octava de los contratos, se pactó que los
ingresos percibidos podían ser diferentes a la participación acordada por las partes,
siendo errada la interpretación del artículo 553 del ET, hecha por la Administración.

Violación del artículo 29 de la CP, toda vez que la DIAN no valoró, ni desvirtuó los
medios de prueba aportados, y no probó la pretendida adición de ingresos: No se
estimaron las pruebas aportadas por la clínica, en especial, la contabilidad y sus
soportes, las declaraciones de renta de los demás miembros, y los certificados
emitidos por el representante legal y el contador de las uniones temporales, los cuales,
según el artículo 18 del ET -cuyo contenido fue desconocido por la autoridad fiscal-, son la
prueba idónea para demostrar cómo deben tributar los miembros de los contratos de
colaboración empresarial.

No se podía tener como prueba la información contenida en el RUT de las uniones
temporales, mecanismo que sirve para identificarlas y determinar algunas obligaciones
tributarias a cargo de estas, pero no la relativa al impuesto de renta toda vez que, por
expresa disposición del artículo 18 del ET, no son contribuyentes de este tributo; así,
no tiene valor probatorio porque fueron los contratos, sus modificaciones a estos, su
realidad financiera y la ejecución de los mismos, los que definieron los montos
correspondientes, los cuales se concretaron en los certificados emitidos conforme a
dicho artículo.

No se hicieron los respectivos cruces o requerimientos de información con los demás
miembros de las uniones temporales para desvirtuar la adición de ingresos, pese a

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que se aportaron las respectivas declaraciones, las cuales están en firme y gozan de
presunción de veracidad. Además, no discutió los costos o gastos, por lo que le
correspondía demostrar que esos mayores ingresos entraron al patrimonio del
contribuyente, conforme al artículo 167 del CGP por lo que, ante el vacío probatorio,
debió resolverse a favor de la actora, de acuerdo con el artículo 745 del ET.

Se le dio validez al certificado emitido por el representante legal y el revisor fiscal de
las uniones temporales en relación con los costos y gastos, y no frente al ingreso lo
cual vulnera el debido proceso, sin que sea cierta la afirmación de que no es prueba
suficiente, pues se aportó la información contable de los otros miembros que, de
haberse valorado en conjunto con las otras pruebas conforme a la sana crítica, habría
advertido que la declaración de renta concuerda con la realidad económica de la
sociedad.

Se transgredieron los oficios 030948 de 26 de octubre de 1999, 010795 de 8 de mayo
de 2017 y 906810 de 5 de noviembre de 2020, en los cuales la Administración ha
reconocido que el certificado emitido por el representante legal y el revisor fiscal de
que trata el artículo 18 del ET, es el mecanismo por medio del cual se reconocen
activos y pasivos, ingresos, costos, y deducciones en el marco de un contrato de unión
temporal.

En la cláusula octava del contrato de la unión temporal de Servicios Integrales de Salud
celebrado el 4 de marzo de 2013, se acordó que el pago de los miembros no dependía
de la participación sino de los servicios efectivamente prestados por cada uno, por ello,
la reducción del 90% y 30%, al 58% y 19%, es procedente. Y lo mismo se pactó en el
contrato de la unión temporal Servicios Médicos Integrales Aguachica de 19 de septiembre
de 2016, por lo que del clausulado de los dos negocios jurídicos se advertía que la
utilidad o el ingreso era diferente a la participación descrita en los acuerdos, como
surge de la confrontación de los auxiliares contables de las sociedades Fundamep (UT
Sisalud y Aguachica), y Cema (UT Aguachica) con los certificados, soporte de las
declaraciones de renta de los miembros, los cuales no fueron controvertidos por la
Administración, y están respaldados con los documentos de constitución de las figuras
contractuales, y la información exógena de terceros.

No se valoraron, en sana crítica, los informes de ejecución rendidos por el
representante legal de las formas asociativas los cuales dan cuenta de la realidad
económica de las actividades desarrolladas por la actora; además, sancionarlo, implica
contrariar el principio de inocencia al no estar en firme la multa que se le impone,
siendo violatorio del debido proceso.

La sentencia de 21 de febrero de 2019, proferida dentro del expediente 21366, no es
aplicable al caso en cuanto se refirió a un contribuyente que entregó un certificado de
contador público sin soporte, y no es de recibo el argumento según el cual los
certificados deben tener fecha cierta, pues solo se expuso en la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración, vulnerando el principio de correspondencia de que trata
el artículo 711 del ET.

Las sanciones impuestas son improcedentes pues no se configuró el elemento de la
tipicidad; en relación con la multa de inexactitud, no se omitieron ingresos o incluyeron
costos improcedentes; lo que se advierte, es una diferencia de criterios en la
interpretación del derecho aplicable en relación con los contratos de unión temporal y

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el principio de transparencia fiscal. Y el representante legal y el revisor fiscal actuaron
conforme a la realidad económica de la contribuyente.

Y no es cierto que no se haya discutido la sobretasa del impuesto dado que la misma
es una consecuencia de la depuración del tributo la cual fue controvertida en el proceso
de determinación, razón por la cual debe eliminarse.

OPOSICIÓN

La DIAN11 se opuso a las pretensiones de la demanda, y solicitó condenar en costas
a la demandante, por lo siguiente:

Firmeza de la declaración privada: No operó la firmeza del denuncio rentístico dado
que el requerimiento especial se notificó dentro del término previsto para ello; como el
término para presentar la declaración venció el 8 de mayo de 2018 el plazo se extendía
hasta el 8 de mayo de 2021, pero como en virtud de la inspección tributaria decretada
dicho término se suspendió por tres meses, el plazo para notificar el acto previo se
extendió hasta el 8 de agosto de 2021.

La inspección tributaria decretada antes de la expedición del requerimiento especial
cumplió su finalidad pues, en desarrollo de la misma, se profirió un requerimiento de
información para verificar la conformación de las uniones temporales y los porcentajes
de participación a efectos de constatar el objeto debatido, por lo que no se vulneró el
debido proceso, ni el artículo 779 del ET, toda vez que la Administración no contaba
con dicha información.

Y como en vía administrativa no se discutió la extemporaneidad en la expedición de la
liquidación oficial de revisión en virtud de la inspección tributaria decretada después
del requerimiento especial, no puede ser objeto de análisis en sede judicial en cuanto
se incumplió el requisito contenido en el artículo161 [2] del CPACA. Por lo demás,
dicha diligencia tuvo el efecto de suspender el término para notificar el acto liquidatorio
en cuanto se profirieron requerimientos de información para constatar los argumentos
expuestos en el acto previo; de lo recaudado, se pudo establecer que la actora no
reconoció doblemente los pagos cuestionados -nómina y/o suministro de personal-, por
lo que dicha glosa no fue confirmada en la liquidación oficial de revisión.

Sobre el principio de transparencia tributaria: no está en discusión la aplicación o
alcance de la regla contenida en el artículo 18 del ET, sino la veracidad de los datos
declarados por la actora por su participación en las uniones temporales, caso en el
cual se pueden solicitar, además del certificado expedido por el representante legal y
el contador, documentos adicionales como los constitutivos de costos o gastos.

Para aplicar la doctrina de la DIAN se requiere que la situación fáctica y jurídica
concuerde con el caso que se analiza, razón por la cual no es aplicable el oficio 028591
de 2017, toda vez que la litis se centra en determinar si la actora reconoció, contable
y fiscalmente, su participación real en las uniones temporales, en concreto, si omitió
ingresos para aminorar su carga tributaria.

Las declaraciones privadas de los otros miembros de las uniones temporales, al tener

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Documento 012 expediente digital.

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carácter reservado conforme al artículo 583 del ET, solo pueden ser utilizadas por la
Administración con fines de control, recaudo, determinación, discusión y
administración de los tributos, y con fines estadísticos.

La administración modificó el denuncio rentístico en cuanto no se respetó el porcentaje
de participación en las uniones temporales analizadas, sin que sea válido el argumento
de la actora para justificar la omisión de ingresos, según el cual, los ingresos no se
repartirían con base en el porcentaje de participación pactado -el cual pueden acordar
libremente- pero no estipular un manejo contrario a la ley sobre cómo declararían los
ingresos, costos y gastos generados, convenio inoponible al fisco conforme al artículo
553 del ET.

Lo afirmado por el actor, en el sentido de que asumiría costos y gastos mayores a los
ingresos, los cuales se limitarían a los servicios efectivamente prestados, vulnera el
principio de asociación que debe existir entre dichos rubros.

Sobre la realidad económica de la sociedad: La Administración no desconoció el
contrato de colaboración o el principio de la autonomía de la voluntad; lo que cuestionó
fue que la actora no probara por qué declaró ingresos en un porcentaje inferior al
acordado, el cual aplicó a los costos y gastos.

El hecho de que la valoración probatoria efectuada no favoreciera los intereses de la
sociedad, no equivale a la falta o indebida apreciación pues, como consta en los actos
demandados, se valoraron entre otras pruebas: el balance general, el balance de prueba,
los estados financieros del año 2017, la conciliación contable, los certificados de participación,
los balances de prueba de las uniones temporales Sisalud y Sima, los auxiliares contables, las
declaraciones presentadas por terceros, las actas de constitución y/o modificación, y los
contratos. Empero, no se aportaron los auxiliares de las cuentas de costos y gastos de
terceros para corroborar la forma en que se declararon los ingresos, costos y gastos.

No es lógico que frente a un partícipe de una unión temporal exista desproporción
entre los ingresos y los costos porque la libertad contractual va hasta fijar el porcentaje
de participación, pero no la manera como se manejan los factores que determinan la
base gravable del tributo; aceptando que lo pactado, no generó evasión, la actora
debía probar que las diferencias detectadas estaban siendo asumidas por un tercero.

Valoración de las pruebas a la luz de las reglas de la sana crítica: Si bien el certificado
emitido por el representante legal y el revisor fiscal, y los documentos sobre los
resultados del contrato de colaboración le permiten a los miembros autoliquidar sus
obligaciones tributarias y soportarlas, la autoridad tributaria puede requerir medios
probatorios adicionales a efectos de comprobación, caso en el que le corresponde a
la actora probar la exactitud y procedencia fiscal de las erogaciones cuestionadas en
los actos demandados.

La contabilidad de la actora no da cuenta de los ingresos conforme a los porcentajes
de participación reportados en el RUT de las uniones temporales, ni del trato diferencial
respecto de los costos y gastos; para adicionar los ingresos, se tomaron los ingresos
percibidos (certificados) por las uniones temporales, y se ajustaron a los porcentajes de
participación según lo consignado en el RUT y los documentos de conformación, sin
que se desvirtuara la diferencia entre la participación certificada y real según los
contratos de colaboración empresarial suscritos.

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No solo se cuestionaron los ingresos, sino su relación frente a los costos y los gastos,
por lo que los auxiliares de las cuentas, no aportados, eran prueba pertinente y
conducente. Aunque se valoró la información exógena reportada por terceros, no
desvirtuó la adición de ingresos por cuanto su contenido es general, lo que impide la
constatación y verificación de los hechos económicos declarados.

No se fraccionó el certificado emitido por el representante legal y el revisor fiscal de
las uniones temporales; lo que se evidenció es que no existe concordancia entre el
porcentaje de participación registrado en los ingresos frente al señalado para costos y
gastos, los cuales, a su vez, difieren de los porcentajes señalados en los documentos
de conformación de las uniones temporales y sus actos modificatorios.

Aun cuando la DIAN censuró la falta de aptitud probatoria de los documentos
aportados por la actora, ésta no proporcionó otros medios para demostrar el hecho
alegado. Así, si bien el referido certificado permite a los miembros de la figura
asociativa autoliquidar sus obligaciones tributarias y soportarlas en caso de ser
requeridos por la autoridad tributaria, su idoneidad probatoria depende de su grado de
detalle y de la calidad de los comprobantes que las acompañen, los cuales no dan
cuenta del menor porcentaje de participación en los ingresos respecto al de los costos
y gastos.

No se vulneró el principio de correspondencia en relación con los argumentos
expuestos en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, toda vez que la
jurisprudencia ha aceptado que, cuando se presenten argumentos nuevos, la
Administración se pronuncie sobre ellos.

La sanción por inexactitud es procedente porque se omitieron ingresos lo que generó
un menor valor a pagar por impuesto, sin que esté comprobada la diferencia de
criterios en la interpretación del derecho aplicable, por lo que no se cumple lo previsto
en el parágrafo 2 del artículo 647 del ET.

No es posible pronunciarse frente a las sanciones impuestas al representante legal y
al revisor fiscal porque solo se confirió poder para representar los intereses de la
actora, y no de dichas personas, por lo que existe falta de legitimación en la causa por
activa.

Se solicita condenar en costas a la demandante en cuanto se acredita la causación de
las erogaciones solicitadas a título de gastos y expensas del proceso, conforme a la
certificación en la que consta el valor pagado por concepto de scanner del expediente
administrativo aportado con la contestación de la demanda. Y las agencias en derecho,
de acuerdo con la normativa vigente, se causan por el hecho de comparecer al proceso
judicial como parte, y su cuantificación se realiza en consideración a las tarifas fijadas
por el Consejo Superior de la Judicatura, sin que se requiera demostrar su causación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Por auto del 13 de junio de 2024, el a quo prescindió de la audiencia inicial, tuvo como
pruebas las allegadas con la demanda y la contestación, decretó la prueba testimonial
solicitada por la parte demandada, y concretó el litigio en resolver si: hay lugar a anular

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los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, declarar que las inspecciones
tributarias no interrumpieron los términos, por lo que la declaración está en firme dado que el
requerimiento especial se notificó de manera extemporánea, o, si se deben negar las
pretensiones de la demanda, en cuanto la Administración garantizó el debido proceso y el
derecho de contradicción, y su decisión se fundamentó en pruebas válidas que llevaron a
desestimar los certificados aportados por la demandante.

Por autos del 17 y 30 de julio de 2024, no se repuso la decisión sobre la fijación del
litigio, se aceptó el desistimiento de la prueba testimonial solicitada por la demandada,
se le dio al proceso el trámite de sentencia anticipada, y se corrió traslado para alegar
de conclusión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas, por lo
siguiente12:

Cuestión previa: No se hará pronunciamiento frente a las sanciones impuestas al
representante legal y a la revisora fiscal porque no otorgaron poder al apoderado de la
actora para que los representara, por lo que la parte demandante, como se dispuso en
el auto admisorio de la demanda de 23 de febrero de 2024 – decisión ejecutoriada-, solo
está conformada por la Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS.

Si bien con posterioridad a la contestación de la demanda el apoderado de la
demandante allegó los poderes para representar a las referidas personas naturales, y
discutió en sede administrativa las sanciones a estas impuestas, ello no supone, como
lo estima la demandante, que su representación implique, a su vez, la representación
de los intereses del representante legal y la revisora fiscal pues, para ello, debieron
otorgar poder en debida forma, conforme al derecho de postulación consagrado en el
artículo 160 del CPACA, y formular demanda en contra de los actos acusados.

Adicionalmente, se advierte que en la fijación del litigio -auto de 13 de junio de 2024-, no
se incluyeron las sanciones a aquellos impuestas, y la parte actora no efectuó reparo.
Además, al revisar la actuación administrativa, se observa que el recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial de revisión solo se interpuso por la
sociedad, y no por las personas naturales, con lo cual, no se agotó el requisito de
procedibilidad señalado en el artículo 161 [2] del CPACA.

Presunta firmeza de la declaración privada: No operó la firmeza del denuncio rentístico
porque se probó que el requerimiento especial fue oportuno; como la actora presentó
la declaración de renta del año 2017 el 8 de mayo de 2018 -vencimiento del plazo para
declarar conforme al artículo 1° del Decreto 1951 de 2017-, la Administración podía notificar
el requerimiento hasta el 8 de mayo de 2021. No obstante, dicho término se suspendió
por tres meses con ocasión del auto comisorio para la inspección tributaria de 29 de
marzo de 2021, notificado en la misma fecha, con lo cual, el nuevo plazo feneció el 8
de agosto de 2021, y la notificación se efectuó electrónicamente el 2 de agosto de
2021, y no el 10 del mismo mes y año como lo afirmó la actora.

12
Documento 12 expediente digital.

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El fundamento invocado por la Administración para decretar las inspecciones
tributarias antes y después del requerimiento especial, satisfizo los requisitos del
artículo 779 del ET, pues en los dos autos se comisionaron a tres funcionarios para
verificar la exactitud de la declaración, establecer la existencia de hechos gravados,
verificar el cumplimiento de las obligaciones formales en relación con el impuesto de
renta del año 2017, por lo que la notificación del requerimiento especial se hizo dentro
de la oportunidad legal.

En cuanto a la carencia de efectos derivados de las inspecciones tributarias
decretadas, no son de recibo los cuestionamientos del actor al señalar que la DIAN
conocía la existencia de las uniones temporales, y que en el anexo aportado se
identificaron los ingresos, costos y gastos deducibles, pues ello no le impedía solicitar,
como lo hizo a través del requerimiento ordinario, los documentos de constitución de
las uniones temporales y sus modificatorios, pues no reposaban en la actuación, lo
cual, contrario a denotar la falta de actividad probatoria, lo que pone de manifiesto es
que, en el marco del proceso de fiscalización, era necesario para verificar la exactitud
de la declaración, y correspondió a la finalidad de la inspección tributaria.

Como se evidencia en el informe final de 30 de julio de 2021, fueron los soportes
allegados con la respuesta al requerimiento de 04 de abril de 2021, los que permitieron
determinar que la actora reconoció una participación de ingresos del 58% en la UT
Servicios Integrales de Salud, y del 19% en la UT Servicios Médicos Integrales de Aguachica,
pese a tener una participación del 90% y 30% en cada una de ellas, respectivamente;
contrario a lo ocurrido con los costos y gastos en los que registró contable y fiscalmente
una participación del 90% y 30%, respectivamente. Con fundamento en las hojas de
trabajo elaboradas con posterioridad a la remisión de tal documentación, se
determinaron las glosas propuestas en el requerimiento especial para modificar la
declaración del año 2017.

Y las diligencias adelantadas en desarrollo de la segunda inspección tributaria se
encaminaron a constatar los argumentos presentados en la respuesta al requerimiento
especial relacionados con la adición de ingresos, el rechazo de devoluciones, costos
y gastos, no siendo de recibo, como lo consideró la actora, que dichas glosas ya
estuvieran probadas y que la DIAN estuviera inhabilitada para verificar, como lo hizo,
la procedencia de lo solicitado en el denuncio rentístico. Aunque se ratificó la adición
de ingresos, se estableció la procedencia de devoluciones en ventas, y de algunos
costos y gastos por lo expuesto en la respuesta al requerimiento especial, con lo cual,
la finalidad de la inspección tributaria fue satisfecha, pues los actos acusados se
fundaron en pruebas recaudadas durante su desarrollo.

Así, notificado el requerimiento especial el 02 de agosto de 2021, el plazo para
contestarlo era el 2 de noviembre de 2021, por lo que la Administración tenía, en
principio, hasta el 2 de mayo de 2022 para notificar la liquidación oficial de revisión; sin
embargo, por virtud de la suspensión de términos derivados de la práctica de la
inspección tributaría notificada el 7 de abril de 2022, el nuevo plazo para surtirla iba
hasta el 3 de agosto de 2022, lo que aconteció el 27 de julio de 2022, con lo cual se
concluye que la liquidación oficial de revisión se notificó dentro de la oportunidad legal.

Adición de ingresos: Conforme a las certificaciones expedidas por el gerente y el
contador regionales de las uniones temporales a 31 de diciembre de 2017, los
porcentajes de participación de sus miembros son:

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UT SISALUD
PARTICIPES % ACTIVOS % PASIVOS % INGRESOS VALOR INGRESOS % COSTOS

CLINICA URGENCIAS
90 90 57,91 $ 22.665.447.555 90
BUCARAMANGA
FUMDAMEP SA 10 10 42,09 $ 16.467.870.212 10
Total ingresos: $ 39.133.317.767

UT SIMA
PARTICIPES % ACTIVOS % PASIVOS % INGRESOS VALOR INGRESOS % COSTOS

CEMA 0,74 37.09 $ 8.656.209.772 60
CLINICA URGENCIAS
0,37 18.54 $ 4.328.104.886 30
BUCARAMANGA
FUMDAMEP SA 47,59 43.43 $ 10.135.215.334 8.49
CL Y D TORCOROMA 0,006 0.3 $ 72.135.081 0.49
SOC CIR OCULAR 0,006 0.3 $ 72.135.081 0.49
CENTRO NAL ONC 0,006 0.3 $ 72.135.081 0.49
Total ingresos: $ 23.335.935.235

De acuerdo con los documentos de conformación de las uniones temporales y sus
modificaciones, la participación de la actora se determinó, así:

UT Sisalud: Según acta 10 de 1° de febrero de 2014, los partícipes y su participación,
son: Clínica Urgencias Bucaramanga 90%, y Fundación Medico Preventiva SA: 10%. Se
indicó que el capital de trabajo se había generado de esas dos empresas y que la
prestadora del servicio iba a ser la actora pese al soporte financiero de Fundamep
considerando los referidos porcentajes de participación.

Y por acta 007 del 26 de septiembre de 2013 se efectuó una reforma parcial al contrato,
cuyo texto definitivo consagró: «OCTAVA. INGRESOS OPERACIONALES. Los miembros de la
unión temporal acuerdan que los ingresos recibidos por la unión temporal, por concepto de los contratos
suscritos por prestación de servicios de salud, se destinarán al pago de los servicios efectivamente
prestados y facturados a la unión temporal por parte de los participantes de la unión temporal y de
terceros. El pago a los participantes no depende del porcentaje de participación de estos en la unión
temporal sino de los servicios efectivamente prestados y facturados ya que el porcentaje de participación
de cada uno corresponde al porcentaje de participación en las utilidades…».

A su turno, se observa que, el 1° de marzo de 2018 se suscribió el acta 11, en la que
se modificó el porcentaje de participación; el de la actora pasó del 90 al 99%, y el de
Fundación Medico Preventiva S.A. del 10% al 1%.

UT Sima: Integrada por las siguientes personas jurídicas: Clínica de Especialistas María
Auxiliadora SAS – CEMA 60%; Clínica de Urgencias Bucaramanga 30%; Fundación Médico-Preventiva
para el Bienestar Social S.A. 8.5%; Clínica y Droguería Nuestra Señora de Torcoroma S.A.S. 0.5%;
Sociedad Regional de Cirugía Ocular S.A.S 0.5%; Centro Nacional de Oncología S.A.0.5%. En la
cláusula octava se estipuló lo relativo a los ingresos operacionales.

Se evidencia que con las certificaciones expedidas por el representante legal y la
revisora fiscal de las uniones temporales se pretende justificar el reconocimiento de
ingresos hecho por la actora -58% UT Sisalud y 19% UT Sima-, aun cuando la
participación que registra en los documentos de constitución y sus modificatorios, dan
cuenta de un 90% y 30% diferencia que, afirma, obedece a la autonomía de la voluntad
de las partes (cláusula octava).
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No obstante, el porcentaje de participación de que dan cuenta los actos de constitución
de las UT (90% y 30%, respectivamente) sí fue observado para el registro contable y
fiscal de los costos y gastos, con lo cual, reportó una utilidad de cero por su
participación en dichas uniones temporales:
% % %
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
(Documento de
UT INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD
constitución,
Declarado Declarado
modificatorios y
RUT)
COSTOS 22.432.894.163
SISALUD 90% 22.665.447.555 57.91% 22.665.447.555 90%
GASTOS 232.553.392
SIMA 30% 4.328.104.886 COSTOS 4.217.480.425 30%
18.54% 4.328.104.886
GASTOS 110.624.461
TOTAL 26.993.552.441
TOTAL 26.993.552.441 0

Si bien es cierto que en ambas uniones temporales se pactó que el pago a los
participantes no dependía del porcentaje de participación sino de los servicios
efectivamente prestados y facturados, a partir de lo cual se pretende que se acepte
que la participación de los ingresos no debía corresponder a la de los costos no lo es
menos que, conforme al artículo 18 del ET, a las partes de un contrato de colaboración
empresarial, entre ellos, las uniones temporales, les corresponde declarar de manera
independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les
correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos,
costos y gastos incurridos en desarrollo del contrato de colaboración empresarial.

Si bien en los documentos suscritos por el representante legal de las uniones
temporales denominados «rendición e informe de ejecución del contrato de unión temporal
servicios médicos integrales Aguachica -SIMA- año 2017», y «rendición e informe de ejecución
de unión temporal de servicios integrales de salud – SISALUD- año 2017», aportados con el
recurso de reconsideración, cuya valoración echa de menos la actora y que carecen
de fecha cierta, se informa el monto de los ingresos y gastos en que incurrieron los
partícipes, montos que coinciden con los certificados atendiendo lo pactado en la
cláusula octava de los contratos, también se certifica que los ingresos percibidos por
la compañía ($22.665.447.555 UT Sisalud y $4.238.104.886 UT SIMA) «son equivalentes a la
utilidad percibida para el año 2017», por lo que carece de fundamento el trato diferencial
dado a los porcentajes de participación de los ingresos, por lo que se reafirma la tesis
contenida en los actos acusados en el sentido de que el porcentaje que debió observar
la sociedad era el pactado, y no el aplicado en el año 2017.

No son de recibo los principios de autonomía de la voluntad, trasparencia y libertad
contractual invocados para justificar que se declararon ingresos en un porcentaje
distinto al de participación pues, aunque no existe una definición en torno a la
proporción de las utilidades generadas en un contrato de colaboración empresarial en
atención a la autonomía de la voluntad de las partes, esta encuentra su límite en el
artículo 553 del ET, pues en virtud de los artículos 18 y 26 ib. del ET, no es aceptable
el tratamiento diferencial de los ingresos frente a los costos y gastos invocados.

No se aportaron los auxiliares de las cuentas de costos y gastos de los miembros de
las uniones temporales para corroborar la forma en que declararon los ingresos; solo
se allegaron los auxiliares de las cuentas de ingresos de la Fundación Médico Preventiva
y la Clínica de Especialistas María Auxiliadora; sumado a que, sus declaraciones de renta
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contienen valores globales que no permiten verificar la información consignada para
cada uno de los rubros, lo que impide tener por acreditado que las uniones temporales
declararon los ingresos restantes.

La falencia probatoria evidenciada por la DIAN consistió en la falta de acreditación de
la aplicación porcentual para la estimación de los ingresos, la cual se refuerza en que
el representante legal de las dos uniones temporales de las que hizo parte la sociedad,
es la misma persona, aspecto cuestionado por la DIAN, el cual constituyó un indicio
del indebido manejo en torno a la determinación del porcentaje de los ingresos.

No se desconoció la doctrina de la DIAN relativa a la validez del certificado emitido por
el representante y contador público de que trata el artículo 18 del ET; lo que se
cuestionó fue la observancia del artículo 777 ib., por lo que no son de recibo los
reproches en cuanto a que no se controvirtió esta información pues su desestimación
obedeció a que el porcentaje en que fueron reconocidos contablemente los ingresos,
y reportados en el denuncio rentístico, no correspondió al porcentaje que legalmente
correspondía, conforme a los artículos 18 y 26 del ET. Le correspondía a la actora
desvirtuar lo determinado en la liquidación oficial a través de los distintos medios de
prueba a su alcance, que probaran plenamente que los negocios jurídicos que
originaron los ingresos en los montos por ella declarados, se ajustaban a la realidad
económica que predicó.

No se vulneró el debido proceso porque se valoraron las pruebas aportadas por la
sociedad, análisis conjunto que permitió desestimar el manejo contable y fiscal
otorgado por la actora, sin ser responsabilidad de la DIAN verificar con los terceros si
esta se hizo en la forma invocada por el declarante pues, establecidos los reales
porcentajes de participación, le correspondía a la contribuyente probar los supuestos
de hecho en que fundó el efecto jurídico que pretendió otorgarle al acuerdo de
voluntades contenido en la cláusula octava de los negocios jurídicos, de cara a la
realidad económica de las operaciones ejecutadas.

Como la actora invocó un manejo contable y fiscal distinto a aquel que se derivaba de
los documentos de constitución en torno a su participación en las uniones temporales,
conforme a la normativa aplicable, le correspondía desvirtuar la omisión de ingresos.
Y en vía judicial, no hizo un esfuerzo probatorio, a través de los distintos medios, para
atacar la legalidad de los actos acusados, concretamente, la adición de ingresos.

Sanción por inexactitud: se configuraron los supuestos para la imposición de la multa
conforme al artículo 647 del ET, al haberse omitido ingresos e incluido deducciones
improcedentes, lo que disminuyó la tributación. Y dichas conductas no se derivaron de
una interpretación razonable del derecho aplicable, pues la inexactitud tuvo lugar por
desconocimiento de las previsiones legales en torno a la determinación de ingresos y
su tratamiento fiscal, así como en el incumplimiento de los requisitos para la
procedencia de las deducciones incluidas al no haber sido soportados
probatoriamente.

RECURSOS DE APELACIÓN

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La demandante13 solicitó revocar la sentencia apelada y declarar la nulidad de los
actos acusados.

Se debe emitir una decisión de fondo respecto de las sanciones impuestas a las
personas naturales toda vez que, no haberse alegado la falta de agotamiento de la vía
administrativa en la etapa correspondiente, y el saneamiento del proceso al dictarse el
auto de sentencia anticipada, eliminaron la posibilidad de que el tribunal alegara la falta
de competencia para pronunciarse sobre estas, aunado a que desconoce la relación
entre la modificación del impuesto de renta de la persona jurídica, y las multas
impuestas a las personas naturales, su derecho al acceso a la administración de
justicia, y la relación procesal que trabaron las partes en vía administrativa.

Se desconoció el artículo 658-1 del ET pues, demostrada la improcedencia de la
modificación de la declaración de renta, sobreviene, de manera correlativa, la nulidad
de las sanciones por falsa motivación; la posición del tribunal acarrea un exceso ritual
manifiesto al exigir que las personas naturales hubieran otorgado poder en la vía
judicial, no pudiéndose señalar en esta etapa -en la sentencia- que no procede
pronunciamiento ya que se desconoce el artículo 207 del CPACA.

Se insiste en que, contrario a lo afirmado por el a quo, que aceptó la tesis de la DIAN:

i) Las inspecciones tributarias se decretaron para extender el término de firmeza de la
declaración, sin que el Tribunal analizara los vicios de cada una de ellas. No es cierto
que el acta de cierre de la diligencia practicada antes de la expedición del
requerimiento especial contenga el análisis probatorio efectuado y los resultados
obtenidos, lo cual vulnera el debido proceso y el derecho de contradicción al no
conocerse los fundamentos a partir de los cuales se modificó el denuncio rentístico.

Conforme al artículo 684 del ET, la administración cuenta con amplias facultades de
fiscalización, por lo que no es necesario decretar una inspección tributaria para obtener
las pruebas en las que fundamentara la investigación; no fue sino hasta el auto
comisorio 2021004010000345 del 29 de marzo de 2021, que solicitó los documentos
de constitución de las uniones temporales pese a que, desde el requerimiento ordinario
2020004040001530 del 17 de septiembre de 2020, tenía conocimiento de las mismas
por cuanto se mencionaron en el balance del año 2017.

Y en relación con la diligencia practicada después de que se expidiera el requerimiento
especial, no hay informe final o documento que contenga las conclusiones de aquella,
con lo cual, la liquidación oficial de revisión, se expidió sin fundamento probatorio;
además, recaudó pruebas para verificar gastos relacionados con la nómina o
suministro de personal, información que estaba soportada desde la visita del día 8 de
marzo de 2021 en la que se solicitaron los auxiliares contables de los costos y gastos
de las uniones temporales Servicios Integrales de Salud y Servicios Médicos Integrales
Aguachica, por lo que la afirmación del Tribunal respecto a la procedencia de la última
inspección tributaria porque se eliminó esta glosa, obedece a una indebida valoración
probatoria.

ii) La adición de ingresos, aceptada por el a quo, no se sustentó en pruebas con lo cual
se vulneró el artículo 742 del ET; la administración se limitó a aplicar los porcentajes

13
Documento 029 expediente digital.

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de participación de los ingresos a los costos y gastos para concluir que fueron
diferentes, sin tener en cuenta que el artículo 18 del ET, permite que los porcentajes
de dichos conceptos sean diferentes, y no hay prueba que demuestre que la actora
percibió ingresos mayores a los declarados, sin que se desvirtuara la contabilidad o
las pruebas aportadas por la sociedad. Erró el tribunal al considerar que le corresponde
al contribuyente desvirtuar la adición de ingresos pues, como lo ha precisado el
Consejo de Estado, cuando se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable,
la carga de la prueba recae en la Administración.

Dista de la realidad la afirmación hecha en la sentencia apelada según la cual la
falencia probatoria que le endilgó la DIAN a la actora versó sobre la falta de
acreditación en torno a la distribución de los ingresos declarados por su participación
en las uniones temporales, en un porcentaje inferior al establecido en las actas y
contratos, comoquiera que durante todo el proceso se ha señalado que declaró los
ingresos conforme a lo pactado en la cláusula octava de los contratos, dependiendo
de los servicios efectivamente prestados y facturados, información que se reflejó, al
cierre financiero anual de cada contrato, en el certificado emitido por el representante
legal y el revisor fiscal.

Son irrelevantes las sucesivas modificaciones en los porcentajes de participación al no
reformarse lo establecido en la cláusula octava de cada contrato; además, el tribunal
citó un acta del año 2018, prueba impertinente al no tener la capacidad para demostrar
los ingresos determinados en el denuncio del año 2017.

Asimismo, las diferentes actas modificatorias reflejan decisiones que, en el marco de
la autonomía de la voluntad tomaron los partícipes del contrato, lo que no contradice
el hecho de que, de conformidad con el contrato, el ingreso puede tener una variación
al final del respectivo año con fundamento en los servicios efectivamente prestados y
facturados. Incurre en contradicción el tribunal al señalar que no son procedentes las
pruebas aportadas (certificados emitidos por el representante legal y la revisora fiscal en
cumplimiento del artículo 18 del Estatuto Tributario, y la cláusula octava de los contratos), pero
les otorga valor a las modificaciones del contrato. Al no existir prueba que demuestre
que la actora recibió mayores ingresos, se constituye un vacío probatorio que debe
interpretarse a favor de la actora conforme al artículo 745 del ET.

El a quo no se pronunció, o lo hizo de manera superficial, sobre los argumentos
expuestos en la demanda en relación con: i) el principio de transparencia fiscal, ii) la
naturaleza de los contratos de colaboración empresarial, iii) la autonomía de la
voluntad de las partes; iv) la realidad económica del contribuyente, y v) las pruebas
allegadas (contabilidad, declaraciones de renta y auxiliares contables de los otros miembros,
y el certificado del representante legal).

iii) El tribunal aplicó indebidamente el artículo 18 del ET dado que cuando la norma
indica que debe existir correspondencia, hace referencia a una proporción que debe
verificarse en función de la participación, esto es, de aquello en lo que intervino,
colaboró o contribuyó, luego, si no hay, participación, no hay correspondencia. Una
lectura exegética de la norma permite concluir que cada uno de estos rubros -ingresos,
costos y gastos- puede tener un porcentaje de distribución diferente entre los partícipes
-, v. gr. uno de ellos podría recibir el 50% de ingresos, 70% de los costos y el 30% de los
gastos, mientras que el segundo recibiría el 50% de los ingresos, 30% de los costos y 70% de
los gastos-, postura reconocida por la Administración en distintos conceptos -obligatorios

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según el artículo131 de la Ley 2010 de 2019- y en la sentencia 24985 del Consejo de
Estado.

La actora estableció, conforme a la legislación tributaria aplicable y según lo pactado
en los contratos, un porcentaje para los costos y gastos y otro, para los ingresos,
puesto que no existe norma que establezca que los porcentajes de todos los rubros
deban coincidir; al no existir prueba que demuestre que se debió tributar conforme a
los porcentajes establecidos por la DIAN, se debe tener como prueba la contabilidad
aportada, la cual no fue desvirtuada.

Se desconoció el contrato de colaboración empresarial y la sentencia de unificación
del Consejo de Estado sobre el alcance del artículo 107 del ET, la cual indicó que no
debe existir relación entre los ingresos, costos y gastos; si se consideraba que lo
pactado en los contratos infringía las normas tributarias, se debió utilizar el
procedimiento previsto en los artículos 869 y 869-1 del ET.

La improcedencia de las modificaciones formuladas por la DIAN, y aceptadas por el
tribunal, conlleva la improcedencia de las sanciones por inexactitud, y las establecidas
al representante legal y a la revisora fiscal. De no aceptarse que la interpretación de la
actora se ajustó a derecho, se solicita aplicar la diferencia de criterios en cuanto se
hizo una interpretación razonada de la norma.

La DIAN14 solicitó revocar el numeral segundo de la sentencia apelada, y condenar en
costas a la demandante por ser la parte vencida en el proceso.

En atención a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 366 -numerales 3 y 4- del
CGP, las agencias en derecho, como parte integrante de las costas, se causan por el
hecho de comparecer al proceso judicial como parte, y se cuantifican con base en las
tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, sin que se requiera demostrar
su causación.

La gestión de la DIAN a través de su apoderado es suficiente para que se disponga la
fijación de agencias en derecho a su favor, pues, la función de estas es la de otorgar
a la parte vencedora una razonable compensación económica por dicha gestión.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 20 de enero de 202515, se admitieron los recursos de apelación y se
concedió el término previsto en los numerales 4 a 6 del artículo 247 del CPACA, para
que los sujetos procesales se pronunciaran.

La demandante16 solicitó desestimar el recurso de apelación interpuesto por la DIAN.
Como el recurso presentado por la demandante va a generar que se revoque la
sentencia de primera instancia, es improcedente condenarla en costas y agencias en
derecho.

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Documento 031 expediente digital.
15
Índice 5 en Samai.
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Índice 016 en Samai.

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Demandante: CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS

Aunque en la contestación de la demanda se indicó que se aportaron pruebas que
soportan las costas, estas no fueron conocidas por la demandante, ni se le corrió
traslado, por lo que no se cumple lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP.
De no aceptarse este argumento, se debe tener en cuenta que el único rubro que
discute la DIAN para fundamentar su petición, alude a las copias del expediente
administrativo que remitió al proceso judicial, deber de la entidad según el parágrafo
1° del artículo 78 del CPACA.

Sobre las agencias en derecho, y a fin de garantizar el derecho a la igualdad, la
confianza legítima y la buena fe, debe aplicarse el precedente jurisprudencial
decantado por el Consejo de Estado según el cual se requieren pruebas que
demuestren su causación.

La DIAN17 solicitó revocar el numeral segundo de la sentencia apelada para que se
condene en costas a la demandante; y en lo demás, confirmarla.

No puede haber un pronunciamiento frente a las sanciones que les impusieron al
representante legal y a la revisora fiscal porque existe falta de legitimación en la causa
por activa en cuanto el apoderado de la actora carece de derecho de postulación para
representar sus intereses dado que no le confirieron poder.

Se insiste en que: i) no operó la firmeza de la declaración porque el requerimiento
especial se notificó dentro del término legal, y se demostró la procedencia de la
inspección tributaria; ii) no se discutió la aplicación o alcance del artículo 18 del ET
sino lo pactado en el contrato, lo cual no es oponible al fisco toda vez que el supuesto
acuerdo rompe el equilibrio económico de la participación, dejando a la voluntad de los
contribuyentes reflejar o no utilidades en determinado ejercicio fiscal; iii) no se probó
por qué se declaró de manera diferencial la participación en los ingresos, costos y
gastos, y no se aportaron soportes idóneos que respalden la contabilidad; iv) se
valoraron las pruebas aportadas -certificados, contabilidad e información exógena- las
cuales no desvirtuaron la adición de ingresos, y v) es procedente la multa por
inexactitud porque se configuraron los supuestos del artículo 647 del ET.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2017, presentada por la Clínica de Urgencias
Bucaramanga SAS.

Cuestión preliminar

Como lo manifestó el a quo, aunque en el proceso judicial se cuestionaron las
sanciones impuestas en los actos acusados al representante legal y a la revisora fiscal
de la actora de que trata el artículo 658-1 del ET, se comprobó que estas personas
naturales no ejercieron, en las etapas procesales correspondientes18, el derecho de

17
Índice 014 en Samai.
18
Con la demanda, y su reforma. Arts. 162 [2] y 173 [2] del CPACA.

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postulación19 para comparecer al proceso, en cuanto no otorgaron poder para la
defensa de sus intereses, como lo hizo la sociedad.

Al respecto, la Sección ha precisado que la sanción del artículo 658-1 ib. no se impone
a la contribuyente sino al representante legal y su revisor fiscal, por lo cual son los
únicos legitimados para ejercer el control de legalidad contra los actos
sancionatorios20. Al no hacerlo, le está vedado a la actora controvertir dichas multas.

En cuanto a las afirmaciones hechas por la demandante en el recurso de apelación
según las cuales, la posición del tribunal de exigir que las personas naturales otorguen
poder en la vía judicial es un «exceso ritual manifiesto» y de no emitir una decisión de
fondo respecto de las sanciones, lo que desconoce el artículo 207 del CPACA, dado
que en el auto de sentencia anticipada se saneó el proceso, se hacen las siguientes
precisiones:

Al juez le corresponde, al momento de admitir la demanda, verificar el cumplimiento
de los requisitos formales señalados en el artículo 162 del CPACA, entre los cuales se
encuentran, la designación de las partes y sus representantes -numeral 2-. Por ello,
mediante auto de 23 de febrero de 202421, se admitió la demanda interpuesta por la
Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS, y se le reconoció personería al abogado al
cual le confirió poder para representar sus intereses, decisión que, al no ser recurrida,
quedó ejecutoriada.

Y en el auto de 13 de junio de 2024, se declaró agotada la etapa de saneamiento del
proceso en cuanto no se evidenciaron irregularidades o nulidades, y se fijó el litigio
concretando los problemas jurídicos a resolver sin que, dentro de los mismos, se
encontrara el relativo a las sanciones impuestas al representante legal y a la revisora
fiscal, por lo que no es cierto que este aspecto se haya saneado en dicha etapa
procesal, o que se haya desconocido el artículo 207 del CPACA.

Así las cosas, se declarará probada en esta instancia la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa para controvertir las referidas sanciones, sin
perjuicio de su reliquidación, en caso de que se modifique la sanción por inexactitud
impuesta a la sociedad.

En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante
y demandada, se debe establecer: (i) si las inspecciones tributarias decretadas
tuvieron la entidad de suspender los términos de notificación del requerimiento
especial, y de expedición de la liquidación oficial de revisión. En consecuencia, si los
actos fueron expedidos de manera oportuna, y no operó la firmeza de la declaración
privada; se analizará: (ii) la procedencia de la adición de ingresos; (iii) la procedencia
de la imposición de la sanción por inexactitud, y (iv) la condena en costas en primera
instancia.

Y no se pronunciará sobre los costos ($222.264.000) y gastos ($120.542.000) rechazados
en la liquidación oficial de revisión que ascienden $342.806.000, toda vez que no se
controvirtieron en sede administrativa y judicial.
19
Art.160 CPACA. Derecho de postulación. «Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito,
excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa […]».
20
Sentencias de 26 de mayo de 2022, Exp. 24562, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, y de 6 de marzo de 2025, Exp. 27635, CP.
Milton Chaves García.
21
Índice 5 en Samai. Primera instancia.

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(i) Firmeza de la declaración privada

El a quo consideró que no operó la firmeza de la declaración pues obra prueba de que
la demandada llevó a cabo actos tendientes a la realización de los objetivos de las
inspecciones tributarias decretadas cuando, en virtud de estas, profirió requerimientos
ordinarios en los que le solicitó a la actora algunos documentos con la finalidad de
determinar los hechos objeto de investigación -adición de ingresos-, siendo efectiva la
suspensión de términos señalada en los artículos 706 y 710 del ET.

Para la demandante, las inspecciones tributarias no suspendieron los términos de
firmeza de la declaración privada porque, tratándose de la diligencia adelantada antes
de que se profiriera el requerimiento especial, el acta de cierre no contiene el análisis
probatorio efectuado y los resultados obtenidos, lo cual vulnera el debido proceso, el
derecho de contradicción, y los requisitos previstos en el artículo 779 del ET.

Y la diligencia practicada después de que se expidiera el requerimiento especial, no
contiene un informe final o documento con las conclusiones a la que se llegó, con lo
cual, la liquidación oficial de revisión se expidió sin fundamento probatorio y se
recaudaron pruebas para verificar gastos que ya estaban soportados, por lo que no
operó la suspensión del término.

Los artículos 705 y 714 del ET establecen el término general de firmeza de las
declaraciones tributarias, al señalar que el requerimiento especial se debe notificar
«dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]»,
y que la declaración tributaria «quedará en firme, si dentro de los tres (3) años siguientes a
la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial».

Por su parte, el artículo 706 ib. dispone que el término para notificar el requerimiento
especial se suspende, entre otros eventos, cuando se practique inspección tributaria
de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que
la decrete.

La Sección22 precisó que «la simple notificación del auto de inspección tributaria no basta
para suspender el término de notificación del requerimiento especial, sino que deben
recaudarse pruebas de forma efectiva y real». De esta manera, el plazo para expedir el
requerimiento especial se suspende cuando se ordena de oficio una inspección
tributaria, siempre que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del auto
que la decreta, se adelante alguna diligencia en desarrollo de esta, lo que conlleva el
recaudo de cualquier prueba autorizada en la legislación tributaria y otros
ordenamientos legales.

La Sala también indicó que, «mientras se hayan adelantado diligencias tendientes a
materializar la inspección tributaria dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su
decreto, las actuaciones que de esa misma inspección se realicen luego del cumplimiento de
esos meses, e incluso el levantamiento del acta de cierre definitivo de ese medio de prueba
por fuera de ese tiempo, preservará la suspensión del plazo para notificar el requerimiento
especial»23. Es decir, que el mencionado término de tres meses no se predica respecto

22
Sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 16727, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en las sentencias del 21 de
agosto de 2019, Exp. 21027 y del 23 de julio de 2020, Exp. 24009, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez y, del 29 de julio de 2021,
Exp. 24507 y del 11 de noviembre de 2021, Exp. 24289, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 25141, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

19
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de la duración de la inspección tributaria decretada de oficio y, por lo tanto, es viable
que esta se prolongue, circunstancia que no afecta la suspensión del término para
notificar el requerimiento especial24.

Por su parte, el artículo 710 del ET señala que la liquidación oficial de revisión se debe
notificar dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del término para
responder el requerimiento especial. Cuando se practique inspección tributaria de
oficio, dicho plazo se suspende por tres meses contados a partir de la notificación del
auto que la decrete.

Se precisa que el término para notificar la liquidación oficial de revisión opera siempre
y cuando la inspección tributaria sea efectivamente practicada, pues, como lo ha
precisado la Sección en diversas oportunidades, «la finalidad del mencionado auto es la
práctica real de la prueba, por lo que si ésta no se realiza dentro de los tres meses siguientes,
así sea con el levantamiento de al menos una diligencia, no puede operar la suspensión
prevista en la ley, por cuanto el objeto de la norma no se cumpliría»25. Se resalta.

Asimismo ha considerado que la suspensión del término para proferir la liquidación
oficial de revisión corre a partir de la fecha de notificación del auto que ordena la
inspección tributaria, pero opera si la diligencia se practica, esto es, que dentro del
período de suspensión se haga una prueba relacionada con la diligencia, pues
mientras los funcionarios comisionados no realicen alguna actividad propia de su
encargo, no puede entenderse que se ha practicado la inspección y, menos, que
hubiese empezado la suspensión del término de firmeza de la declaración26.

En el sub examine están probados los siguientes hechos:

El 8 de mayo de 2018, la actora presentó la declaración del impuesto sobre la renta
del año gravable 2017, atendiendo el plazo previsto en el Decreto 1951 de 2017 27, con
lo cual, el término para notificar el requerimiento especial vencía el 8 de mayo de 2021,
de acuerdo con el artículo 705 del ET.

No obstante, el 29 de marzo de 2021, la DIAN profirió el auto comisorio para inspección
tributaria 20210040000034528, notificado en la misma fecha29, a fin de verificar la
exactitud de la declaración, la existencia de hechos gravados y el cumplimiento de
obligaciones formales correspondientes al impuesto de renta del año 2017. En
desarrollo de este auto, expidió el requerimiento ordinario 2021004040000931 de 23
de abril de 202130 en el que le solicitó a la actora la siguiente información: «Fotocopia de
los documentos de constitución de uniones temporales y de cualquier otro documento modificatorio […],
de las siguientes uniones temporales de las cuales hizo parte en el año 2017: Unión Temporal de
Servicios Integrales de Salud […] Unión Temporal de Servicios Médicos Integrales Aguachica»,
información que se aportó el 8 de abril de 202131.

24
Sentencias del 5 de mayo de 2011 y del 15 de septiembre de 2016, Exps. 17888 y 19531, CP. Martha Teresa Briceño de
Valencia, y del 13 de mayo de 2021, Exp. 24805, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Sentencia de 28 de julio de 2007, Exp. 15238, CP. María Inés Ortiz Barbosa. Reiterada en las sentencias del 16 de diciembre
de 2014, Exp. 20095, y de 10 de diciembre de 2015, Exp. 21336, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
26
Sentencia de 5 de diciembre de 2003, Exp. 13598, CP. Ligia López Díaz.
27
Según el artículo 1.6.1.13.2.12. como el NIT de la actora termina en 02, el término para presentar la declaración de renta por el
año gravable 2017, vencía el 8 de mayo de 2018.
28
Fl.384 a 386 c.a.
29
Fl. 387 c.a.
30
Fl. 394 c.a.
31
Fls. 397 a 444 c.a.

20
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Con la información recopilada -actas de constitución y modificación de dichas formas
asociativas-, la cual se contrastó con los certificados y la contabilidad de la actora
previamente aportada, la DIAN levantó el acta de cierre de la inspección tributaria el
29 de junio de 202132, en la cual relacionó y aludió a las hojas de trabajo que elaboró
(análisis de la participación de la actora en las UT Sisalud y Sima, y de otros costos y gastos
registrados en la contabilidad), y en las que concluyó que existía una omisión de ingresos
por la diferencia evidenciada entre los porcentajes de participación pactados, y los
certificados.

Sobre esta acta, la Sala ha precisado que, según los precisos términos del artículo 779
del ET, solo requiere que sea suscrita por el funcionario que la adelantó, que contenga
los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustentó, y la fecha de cierre de la
investigación, requisitos que se cumplieron, como surge del análisis de su contenido.
Y no requiere notificación o traslado, si media requerimiento especial, acto susceptible
del ejercicio del derecho de defensa por parte del contribuyente33. Obra prueba de que
la contribuyente respondió dicho acto34, con lo cual se garantizó el derecho de defensa
y debido proceso.

Así las cosas, está demostrado que la inspección efectivamente se realizó y que operó
la suspensión del término previsto en el artículo 706 del ET para notificar el
requerimiento especial. En consecuencia, como el plazo para notificar este acto por el
año gravable 2017, que en principio fenecía el 8 de mayo de 2021, se extendió hasta
el 8 de agosto del mismo año y, comoquiera que el acto previo a la liquidación oficial
de revisión se notificó electrónicamente a la actora el 2 de agosto de 202135, fue
oportuno, con lo cual, no operó la firmeza de la declaración.

Ahora bien, el requerimiento especial 2021004040002234 de 30 de julio de 2021, se
notificó electrónicamente el 2 de agosto de 2021, con lo cual, el término para
responderlo iniciaba a correr el 3 de agosto y vencía el 3 de noviembre de 2021; a
partir del día siguiente (4 de noviembre de 2021), la DIAN contaba con seis meses
para notificar la liquidación oficial de revisión, los cuales se cumplían el 4 de mayo de
2022, conforme con lo previsto en el artículo 710 del ET.

Sin embargo, el 7 de abril de 2022, la DIAN profirió el auto comisorio para inspección
tributaria 202200401000044036, notificado el 11 de abril del mismo año37. En desarrollo
de este auto, se expidieron los siguientes requerimientos ordinarios de información:

• Número 2022004040000131 de 19 de abril de 202238 en el que le solicitó a la actora
allegar «Auxiliar de cuentas por terceros, debidamente totalizados por cada uno de estos
terceros y/o entidades, en donde se encuentren registrados los pagos o aportes a la seguridad
social realizados en el año 2017 por parte de la CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA
S.A.S. y que aparecen reportados en las planillas que fueron allegadas con la respuesta al
Requerimiento Especial. (...)», información enviada por correo electrónico el 6 de mayo
de 2022 (movimiento contable; auxiliar causación traslados pago nómina de la actora por UT

32
Fl. 447 c.a.
33
Sentencias de 7 de marzo de 2013, Exp. 18742, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y de 3 de mayo de 2007, Exp. 15111,
CP. Juan Ángel Palacio Hincapié.
34
Fls. 496 a 531 c.a.
35
Fl. 474 c.a.
36
Fl. 680 c.a.
37
Fl. 682 c.a.
38
Fl. 394 c.a.

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SISALUD; auxiliar reversión costo-gasto de nómina UT SISALUD y certificación cuenta bancaria
de la UT SISALUD, del Banco GNB SUDAMERIS S.A)39.
• Número 2022004040000150 de 25 de mayo de 202240, en el que le pidió a la
demandante «registros mensuales (a nivel de terceros) del Libro MAYOR Y BALANCES […],
sobre la cancelación de las CUENTAS POR PAGAR por concepto de nómina o suministro de
personal correspondiente al año gravable 2017, con sus respectivos soportes de pago, esto es,
transferencias bancarias, consignaciones, etc.», información remitida el 15 de junio de
202241.

• Número 2022004040000151 de 25 de mayo de 202242 en el que le solicitó a la unión
temporal de servicios integrales de salud, la siguiente información: «registros mensuales
(a nivel de terceros) del Libro MAYOR Y BALANCES sobre las CUENTAS POR COBRAR Y/O
CUENTAS POR PAGAR registradas por concepto de nómina o suministro de personal
correspondiente al año gravable 2017, con sus respectivos soportes del pago y/o cancelación
(es) respectiva (s), esto es, transferencias bancarias, consignaciones, etc., y soportes del pago
y/o Paz y Salvos de los aportes de salud, pensión y parafiscales del año gravable 2017,
expedidos por las respectivas entidades». El 19 de julio de 2022, la UT SISALUD remitió
por correo electrónico dicha información43.

El 7 de julio de 202244, la DIAN levantó el acta de cierre de la inspección tributaria en
la que puso de presente que, con la información suministrada por la actora y la unión
temporal requerida, y las pruebas allegadas con la respuesta al requerimiento
especial, haría el análisis sobre el rechazo de costos y gastos por concepto de
suministro de personal, concluyendo, en el acto liquidatario, que si bien la UT hizo
pagos por concepto de nómina y/o suministro de personal a nombre de la actora, no
tomó estos costos o gastos como propios, ya que la clínica efectuó los respectivos
traslados dinerarios, por lo que se comprobó que los pagos cuestionados en el
requerimiento especial fueron efectivamente realizados por la demandante.

Se reitera que el acta de cierre solo requiere que sea suscrita por el funcionario que
la adelantó, que contenga los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustentó, y
la fecha de cierre de la investigación, requisitos que se cumplieron, como surge del
análisis de su contenido45.

En consecuencia, está demostrado que la inspección efectivamente se realizó y que
operó la suspensión del término previsto en el artículo 710 del ET para notificar la
liquidación oficial de revisión. En consecuencia, como el plazo para notificar este acto
que en principio fenecía el 4 de mayo de 2022, se extendió hasta el 4 de agosto del
mismo año y, comoquiera que la liquidación oficial de revisión se notificó
electrónicamente a la actora el 27 de julio de 202246, fue oportuna, con lo cual, no
operó la firmeza de la declaración. No prospera el cargo.

(ii) Adición de ingresos y (iii) Procedencia de la sanción por inexactitud.

En la actuación acusada, la DIAN adicionó ingresos en la suma de $15.227.214.000
correspondientes a los porcentajes de participación del 90% y 30% de la actora en las
uniones temporales Servicios Integrales de Salud y Servicios Médicos Integrales Aguachica,
39
Fls. 699-700 c.a.
40
Fl. 785 c.a.
41
Fls. 799 a 860 c.a
42
Fl. 793 c.a.
43
Fls. 861 a 871 c.a.
44
Fls. 899-900 c.a.
45
Fl. 900 c.a.
46
Fl. 901 c.a.

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respectivamente, estipulados en las actas de conformación y/o modificación de dichas
formas asociativas.

La demandante sostiene que su participación en dichas uniones temporales era del
58%, y 19% respectivamente, dado que los miembros acordaron que los mismos
corresponderían a los servicios de salud efectivamente prestados. Que de lo pactado
en la cláusula octava de los contratos se evidencia que el ingreso es diferente a la
participación descrita en los acuerdos, como surge de las pruebas aportadas, las
cuales no fueron desvirtuadas por la Administración.

Así, le corresponde a la Sala determinar cuál era el porcentaje de participación de la
actora en las referidas uniones temporales y, en consecuencia, si era procedente o no
la adición de ingresos.

El artículo 18 del ET, modificado por el artículo 20 de la Ley 1819 de 2016, vigente
para el periodo gravable 2017, prevé:

«Los contratos de colaboración empresarial tales como consorcios, uniones temporales,
joint ventures y cuentas en participación, no son contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial deberán
declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones
que les correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos,
costos y gastos incurridos en desarrollo del contrato de colaboración empresarial. Para
efectos tributarios, las partes deberán llevar un registro sobre las actividades
desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permita verificar los
ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del mismo.
[…].
Parágrafo 1. En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o
administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados,
asociados o unidos temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el
contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga
sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo. En el caso del contrato de
cuentas en participación, la certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hace
las veces del registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de
cuentas en participación. […]».

En la sentencia de 21 de septiembre de 202347, se precisó que el artículo 18 del ET,
con la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 1819 de 2016, estableció
expresamente la obligación a cargo del gestor, representante o administrador del
contrato de certificar y proporcionar a los partícipes la información financiera y fiscal
relacionada con el negocio jurídico. Así, como lo ha precisado la Sección, según la
técnica contable, la utilidad de «que los consorcios y uniones temporales lleven contabilidad
en forma independiente de sus miembros, donde se discriminen los movimientos de cada
miembro del consorcio o unión temporal, les permite a los administradores y a los
consorciados o miembros de la unión temporal conocer los resultados de la gestión, los
resultados del contrato, la participación de los miembros en los ingresos costos y gastos y en
los derechos, obligaciones, activos, pasivos o contingencias»48. De ese modo, el certificado
expedido por el representante y/o contador del contrato de colaboración empresarial
permite a los miembros de la figura asociativa autoliquidar sus obligaciones tributarias
y soportarlas en caso de ser requeridos por la autoridad tributaria, «sin que ello impida
que, en ejercicio de las potestades de fiscalización y control, la Administración haga
comprobaciones adicionales sobre las cifras declaradas».
47
Exp. 26464, CP. Wilson Ramos Girón.
48
Sentencias del 11 de junio y 23 de julio de 2020, Exps. 22269 y 23237, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, de conformidad
con la Orientación Profesional nro. 04 de 2002 proferida por el Consejo Técnico de la Contaduría.

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En cuanto al mérito probatorio de la certificación del contador público o del revisor
fiscal, el artículo 777 del ET señala que es prueba contable suficiente, sin perjuicio de
la facultad que tiene la administración de impuestos de hacer las comprobaciones
pertinentes. En consecuencia, como lo ha señalado la Sala, la fuerza probatoria de
esta certificación dependerá de su contenido, de la capacidad que tiene para probar el
hecho investigado. Por esta razón, no basta con que el contribuyente aporte un
certificado del contador o del revisor fiscal para que la DIAN esté obligada al
reconocimiento de los conceptos y sumas certificadas.

Como lo ha dicho la Sala49, esta prueba debe contener «algún grado de detalle en cuanto
a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrase,
para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria»50, porque la suficiencia
que declara el artículo 777 del ET «no puede llegar al extremo de contener simples
afirmaciones o enunciaciones, carentes de respaldo documental y/o contable51.

Para determinar cuál es el porcentaje de participación de la demandante en las
uniones temporales y, en consecuencia, el monto de los ingresos que debió declarar
en virtud de los referidos contratos de colaboración empresarial, son hechos
relevantes, los siguientes:

− UT de Servicios Integrales de Salud –SiSalud UT: El 4 de marzo de 2013, se
conformó dicha unión temporal con el objeto de prestar servicios de salud. En
la cláusula quinta, se determinó la participación de sus integrantes, así:
Nombre % de participación en la unión temporal
Clínica Bucaramanga S.A. CMDP 4%
UCI Bucaramanga SAS 24%
Castelmédicas LTDA. 24%
Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS 24%
Prosac S.A. 24%

Dicho acto de conformación fue objeto de varias modificaciones52, entre ellas, la
relativa a sus miembros y a sus porcentajes de participación en la forma asociativa;
así, por acta 010 del 01 de febrero de 2014 53, y ante el retiro de algunos de sus
participes, quedaron como integrantes del contrato: la actora, con el 90%, y Fundación
Médico Preventiva S.A. con el 10%.

En el RUT de la unión temporal de 4 de abril de 2017, se indica que la demandante
tiene una participación del 90% -desde el 01 de febrero de 2014-, y el 10% restante le
corresponde a la persona jurídica antes mencionada54.

49
Sentencia de 13 de octubre de 2016, Exp. 19892, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada en las sentencias de 13 de
diciembre de 2017, Exp. 20858, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 21 de febrero de 2019, Exp. 21366, CP. Julio Roberto
Piza Rodríguez
50
Entre otras, ver las sentencias del 30 de abril de 1998, Exp. 8725 CP. Delio Gómez Leyva; del 27 de noviembre de 1998, Exp.
9099, CP. Julio Enrique Correa Restrepo; del 15 de octubre de 1999, Exp. 9387, CP. Delio Gómez Leyva; del 20 de marzo de
2003, Exp. 12951, CP. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 1 de abril de 2004, Exp. 13681, CP. María Inés Ortiz Barbosa y del 8 de
julio de 2010, Exp. 16508, CP. William Giraldo Giraldo.
51
Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Exp. 14155, CP. María Inés Ortiz Barbosa, reiterada en la sentencia del 6 de agosto
de 2014, Exp. 19288, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
52
Fls. 405 a 422 c.a.
53
Fls. 423 a 429 c.a.
54
Fl. 389 c.a.

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− UT de Servicios Médicos Integrales Aguachica – SIMA UT: El 19 de septiembre de
2016, se conformó dicha unión temporal con el mismo objeto. En la cláusula
quinta, se determinó la participación de sus integrantes, así:

Nombre % de participación en la unión temporal
Clínica de Especialistas María Auxiliadora SAS 60%
Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS 30%
Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. 8.5%
Clínica y Droguería Nuestra Señora de Torcoroma SAS 0.5%
Sociedad Regional de Cirugía Ocular S.A. 0.5%
Centro Nacional de Oncología S.A. 0.5%

En el RUT de la unión temporal de 26 de septiembre de 2016, se registraron los
mismos porcentajes de participación indicados, con lo cual, el de la actora en esta
forma asociativa fue del 30%55.

En la visita efectuada a la sociedad el 8 de marzo de 2021, se le solicitaron, entre otros
documentos, los certificados de su participación en dichas uniones temporales durante
el año 2017. Al efecto, la contribuyente entregó los certificados emitidos por el gerente
regional y la contadora de los contratos de colaboración empresarial, y los balances
de prueba de estos, en los cuales consta la participación de cada miembro frente a los
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos.

En la UT Sisalud la actora reporta una participación del 90% en los activos
($26.001.307.341), pasivos ($13.446.768.906), costos y gastos ($22.665.447.555), estos
últimos coincidentes con los ingresos ($22.665.447.555), que corresponden al 58%56. Y
en la UT SIMA, se le certifica una participación en los activos del 0.37% ($70.074.012),
en los ingresos del 19% ($4.328.104.886) y en los costos y gastos del 30%
($4.328.104.886)57.

Con base en esta información la Administración estableció, a partir de una operación
matemática, que la participación de la clínica en los ingresos de las referidas uniones
temporales fue inferior (58% y 19%) a la real (90% y 30%) -refiriéndose a la contenida en
los documentos de conformación y en el RUT-. Conclusión que validó cuando, con ocasión
del requerimiento ordinario 2021004040000931 de 23 de abril de 202158 verificó los
documentos de constitución de las uniones temporales, y constató que su participación
era del 90% -Sisalud UT- y del 30% - SIMA UT -, lo que la llevó a efectuar la adición de
ingresos.

La demandante ha manifestado en sede administrativa y judicial que su participación
en los ingresos de las uniones temporales se determinó en función de lo pactado en la
cláusula octava de los contratos de colaboración empresarial, esto es, según los
servicios de salud efectivamente prestados por cada uno de ellos.

La cláusula en cuestión, idéntica en ambos contratos, tiene el siguiente contenido:
«OCTAVA. INGRESOS OPERACIONALES. Los miembros de la unión temporal acuerdan que los
ingresos recibidos por la unión temporal por concepto de los contratos suscritos por prestación
de servicios de salud se destinarán al pago de los servicios efectivamente prestados y
facturados a la unión temporal por parte de los miembros de la unión temporal y de terceros. El pago
a los miembros de la unión temporal no depende del porcentaje de participación de estos en la

55
Fl. 392 c.a.
56
Fl. 175 c.a.
57
Fl. 176 c.a.
58
Fl. 394 c.a.

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unión temporal, sino de los servicios efectivamente prestados y facturados ya que el porcentaje
de participación de los miembros corresponde es al porcentaje de las utilidades». Se resalta.

Observa la Sala que en el balance de prueba por auxiliar59 de la actora se registraron
ingresos de uniones temporales por $26.993.552.441; $22.665.447.555 de la UT
Sisalud y $4.328.104.886 de la UT Sima, valores que corresponden a los certificados
por el gerente regional y la contadora de los contratos de colaboración empresarial, y
que se encuentran registrados en la contabilidad de estas formas asociativas, los
cuales dan cuenta de que la demandante tuvo una participación en los ingresos del 58
y 19%, respectivamente, y en los costos y gastos, del 90 y 30%.

Con la respuesta al requerimiento especial, se anexaron nuevamente los balances de
prueba de las uniones temporales, los auxiliares de las cuentas de ingresos de la
Fundación Médico Preventiva y la Clínica de Especialistas María Auxiliadora y sus
declaraciones de renta y, con el recurso de reconsideración, se aportaron informes de
ejecución de los contratos en los cuales aparecen relacionados dichos valores.

Del anterior acervo probatorio la Sala advierte que, aunque se aportaron los
certificados emitidos por el gerente regional y la contadora de las uniones temporales
en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del ET, los mismos no logran acreditar a qué
obedece la disociación entre los ingresos y los costos y gastos de las uniones
temporales, sin que la demandante haya explicado con suficiencia las razones
económicas que dieron lugar a dicha segregación, más allá de lo pactado en la
cláusula octava de los contratos. En efecto, conforme a una interpretación integral
tanto de la ley como de la cláusula octava de los contratos, si la participación de los
miembros de las formas asociativas obedecía a las actividades efectivamente
realizadas, que no eran otras que la prestación de servicios de salud, no se ahonda en
por qué, frente al costo y al gasto -erogaciones necesarias para obtener ingresos-, sí se
mantenían los porcentajes inicialmente convenidos.

En ese sentido, le asiste razón a la DIAN y al a quo al afirmar que lo que se le cuestiona
a la demandante es que no logró acreditar la realidad económica de las actividades
que desarrolló en virtud de los contratos de colaboración empresarial; así, estima la
Sala que, con independencia del monto del porcentaje de participación, este debía
aplicarse de manera uniforme tanto a los ingresos, como a los costos y gastos, en
aplicación del principio de asociación por lo que, al hacerlo de forma diferencial, carece
de razonabilidad, y derivó en que no hubiese base tributable, acorde a lo observado
por el Tribunal.

En efecto, tal como lo establece de manera expresa la cláusula octava citada por la
parte demandante, el porcentaje de participación asignado a cada uno de los
miembros de la unión temporal no se aplica sobre los ingresos brutos, sino
exclusivamente sobre la utilidad resultante luego de detraer los costos y los gastos.

Por ello, no es posible acoger la interpretación presentada por la parte demandante,
puesto que confunde la base sobre la cual opera la participación. El pacto contractual
es claro en señalar que el porcentaje de participación no recae sobre los ingresos
recibidos, sino únicamente sobre las utilidades resultantes, de modo que la distribución
basada en ingresos carece de sustento en el texto contractual.

59
Fl. 74 c.a.

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Se precisa que una vez cuestionados los ingresos operacionales, le correspondía a la
actora desvirtuar la circunstancia que dio lugar a la adición determinada, conforme al
artículo 167 del CGP sin que las pruebas aportadas –en concreto, lo pactado en la
cláusula octava de los contratos los contratos de colaboración empresarial y los certificados
expedidos por el gerente regional y la contadora de las uniones temporales-, fueran
suficientes para desvirtuar tal adición. No prospera el cargo.

En cuanto a la sanción por inexactitud, la Sala considera que debe mantenerse en la
medida en que se omitieron ingresos, y se rechazaron costos y deducciones -que no
fueron discutidos y, por lo demás, no se relacionaron con las operaciones de las UT -,
conductas tipificadas en el artículo 647 del ET de las que se derivó un menor impuesto
a cargo y menor saldo a pagar.

Frente a la causal de exoneración de la multa, la Sala descarta la configuración del
error sobre el derecho aplicable, toda vez que aquella «presupone la exclusión de la
conciencia del agente sobre la antijuridicidad de su conducta, de manera que la inapropiada
autoliquidación de los tributos se haya fundado en una equivocada comprensión del derecho
aplicable o su alcance»60, pues lo que se advierte es la inobservancia de la normativa
que regula los contratos de colaboración empresarial -Art. 18 ET-

Por lo expuesto, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa del representante legal y de la revisora fiscal de la actora para
demandar la sanción del artículo 658-1 del ET, y confirmará la sentencia apelada.

(iv) Costas

El a quo no impuso costas en primera instancia dado que, siguiendo los lineamientos
establecidos por la sección segunda de la Corporación, no advirtió una actuación
temeraria o mala fe atribuible a la parte actora, la cual resultó vencida, ni conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal; además, no observó que
la demanda careciera de fundamentación legal.

La DIAN apeló esta decisión, y solicitó condenar en costas a la demandante por ser la
parte vencida en el proceso. Estima que las agencias en derecho, como parte
integrante de las costas, se causan por el hecho de comparecer al proceso judicial
como parte, y se cuantifican con base en las tarifas fijadas por el Consejo Superior de
la Judicatura, sin que se requiera demostrar su causación.

En la sentencia del 15 de marzo de 2024, exp. 27942, con ponencia del consejero
Wilson Ramos Girón, la Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró que la condena
en costas procede respecto de la parte vencida, con independencia de su conducta o
intención procesal. Señaló, además, que no se requiere prueba adicional para el
reconocimiento de las agencias en derecho, pues estas se causan por la sola
comparecencia al proceso y se derivan de las actuaciones que obran en el expediente.

En el presente caso, la parte demandante resulta ser la parte vencida en primera
instancia, por lo que procede la condena en costas en el componente de agencia en
derecho como lo argumentó la DIAN, por lo que, prospera el cargo de apelación. En
consecuencia, se revoca el ordinal segundo de la sentencia apelada. En lo demás, se
60
Sentencia del 21 de marzo de 2024, Exp. 25216, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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confirma la sentencia de primera instancia.

Por último, conforme con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP61,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA62, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202563, así como
los criterios de decisión adoptados por la Sala en la sentencia de 23 de septiembre de
202564 procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas
sus partes la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en un (1) SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto,
se ordenará al tribunal que trámite el incidente de liquidación de la condena en costas,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1.- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
del representante legal y de la revisora fiscal de la actora, para demandar la sanción
del artículo 658-1 del ET.

2.- REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

CONDENAR en costas a la parte demandante en el componente de agencias
en derecho a la parte demandante en 1 SMMLV. En consecuencia, ordenar
al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

3.- En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4.- Condenar en costas en el componente de agencias en derecho a la parte
demandante en 1 SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

5.- Reconocer personería al abogado Néstor Ramón Lizarazo Lagos como apoderado
de la entidad demandada, en los términos del poder conferido que obra en el índice 13
en Samai.

61
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
62
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
63
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias
en derechos”
64
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.

28
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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00882-01 (29566)
Demandante: CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

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