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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2024-00032-01

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2024-00032-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que, acreditadas las condiciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, procede el reconocimiento de la exclusión tributaria allí regulada, sin que resulte jurídicamente procedente limitar sus efectos con fundamento en las disposiciones aplicables a las exoneraciones tributarias, en los siguientes términos: SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que el predio identificado con matrícula inmobiliaria 300-92713 y cédula catastral 010100660002000 se encuentra excluido del pago de impuesto predial unificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, sin que resulte jurídicamente procedente limitar los efectos de dicha exclusión con fundamento en las disposiciones aplicables a las exoneraciones tributarias 2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. 3. Condenar en costas a la demandada en esta instancia y en agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 4. . Reconocer personería para actuar a Jaime Zamora Durán identificada con C.C. 91.279.865 y con T.P. 257.693 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, conforme al poder conferido y allegado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2024-00032-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de septiembre de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00032-01 (30217)
Demandante: Instituto Nacional de Vías – INVIAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00032-01 (30217)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Demandada: Municipio de Floridablanca - Santander
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
Coadyuvante:
de Bucaramanga -CDMB

Temas: Impuesto predial. Exclusión de pago de los bienes de uso público.
Afectación al uso público.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante, la parte
demandada y el coadyuvante en contra la sentencia del 23 de abril de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió2:
PRIMERO: DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 4252 del 03 de octubre de
2022 «por medio de la cual se rechaza una solicitud de exclusión pago del impuesto predial
unificado a un predio» y la Resolución No. 4464 del 19 de septiembre de 2023 «por
medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración», actos administrativos
proferidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Floridablanca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARASE que el predio
identificado con matrícula inmobiliaria 300-92713 y cédula catastral 010100660002000 se
encuentra excluido del pago de impuesto predial unificado, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENIEGASE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme lo expuesto en la parte considerativa
de esta sentencia.

ANTECEDENTES

Antecedentes administrativos

El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 300-92713, ubicado en el municipio
de Floridablanca, perteneció originalmente a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A.
COLTABACO.

Mediante la Ley 13 de 1982, el Congreso de la República autorizó una permuta entre
la Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y COLTABACO, con el propósito
de adquirir el predio destinado a la creación y funcionamiento del Jardín Botánico Eloy
Valenzuela. La operación fue protocolizada mediante la Escritura Pública 426 del 25
de mayo de 1982.

1
Ingresó al despacho el 6 de junio de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 57, folios 1 a 20.

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1

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Demandante: Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Posteriormente, mediante la Resolución 4440 de 1982, se delegó en la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, la
administración del Jardín Botánico Eloy Valenzuela, labor que ha continuado
desarrollando hasta la actualidad.

Con ocasión de la liquidación del Fondo de Inmuebles Nacionales, el inmueble fue
entregado al Instituto Nacional de Vías INVÍAS3 mediante acta del 30 de diciembre de
1993.

El 29 de abril de 2020, la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Floridablanca
emitió concepto en el que indicó que el predio denominado “El Paragüitas – Jardín
Botánico” no correspondía a elementos constitutivos del espacio público en los
términos del Decreto 1077 de 2015.

No obstante, mediante Oficio R.S. 4018 del 10 de agosto de 2022, la Secretaría de
Planeación Municipal rectificó dicho pronunciamiento y certificó que el inmueble
presentaba afectación al uso público, por haber sido definido en el Plan de
Ordenamiento Territorial como parque de escala metropolitana y por contener áreas
de ronda hídrica con parque lineal proyectado.

Con fundamento en esta última certificación, el 19 de agosto de 2022 INVÍAS solicitó
al municipio de Floridablanca la exclusión del impuesto predial unificado respecto del
inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, al considerar que se
trataba de un bien de uso público.

Mediante Resolución 4252 del 3 de octubre de 2022, confirmada posteriormente por
la Resolución 4464 del 19 de septiembre de 2023, el municipio negó la solicitud al
estimar que el predio conservaba la naturaleza de bien fiscal y que la certificación
expedida por la Secretaría de Planeación no acreditaba su condición de bien de uso
público para efectos de la exclusión tributaria.

Antecedentes judiciales

INVIAS en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda contra las Resoluciones 4252 del 3 de octubre de 2022 y 4464 del
19 de septiembre de 2023, proferidas por la Secretaría de Hacienda Municipal de
Floridablanca, mediante la cuales se negó la solicitud de exclusión del impuesto predial
unificado respecto del inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela.

Admitida la demanda, el municipio de Floridablanca la contestó oportunamente.
Asimismo, dentro del término previsto en el artículo 24 del CPACA, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB solicitó
ser reconocida como coadyuvante de la parte demandante, petición que fue admitida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

DEMANDA, COADYUVANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Pretensiones y normas violadas

Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las
siguientes pretensiones:

3
En adelante INVIAS.

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PRETENSIONES

PRIMERA: Se declare la nulidad de la resolución No. 4252 del 03 de octubre de 2022,
proferida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Floridablanca Santander, por
medio de la cual se rechaza una solicitud de exclusión pago del impuesto predial unificado
a un predio, en la cual resolvió RECHAZAR la solicitud de exclusión del pago de impuesto
predial del inmueble identificado con cédula catastral 01-01-0066-0002-000 ubicado en
PARAGÜITAS JARDÍN BOTÁNICO ELOY del Municipio de Floridablanca, presentada por
el señor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO, en su condición de Subdirector de
Sostenibilidad del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, mediante oficio recibido vía
correo electrónico el día 02 de septiembre de 2022, de conformidad con lo señalado en el
presente proveído.

SEGUNDA: Se declare la nulidad de la resolución No. 4464 del 19 de septiembre de 2023,
proferida por el Secretario de Hacienda del Municipio de Floridablanca Santander, por
medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración, en la cual se resolvió NO
RECONSIDERAR el contenido del acto administrativo Resolución No. 4252 del 03 de
octubre de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA UNA SOLICITUD DE
EXCLUSIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A UN PREDIO”,
identificado con cédula catastral 01-01-0066-0002-000 ubicado en PARAGÜITAS JARDÍN
BOTÁNICO ELOY del Municipio de Floridablanca, presentada por el señor JAIRO
FERNANDO ARGUELLO URREGO, en su condición de Subdirector de Sostenibilidad del
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, mediante oficio recibido vía correo electrónico
el día 02 de septiembre de 2022, de conformidad con lo señalado en el presente proveído.

TERCERO: Como resultado de la nulidad de las resoluciones Nos. 4252 de 2022 y 4464
de 2023, a título de restablecimiento del derecho se declare que el inmueble identificado
con cédula catastral 01-01-0066-0002-000 y matrícula inmobiliaria 300-92713 ubicado en
PARAGÜITAS JARDÍN BOTÁNICO ELOY del Municipio de Floridablanca, se encuentra
excluido del pago de impuesto predial, por tratarse de un bien de uso público el cual no es
gravado por la ley; y como consecuencia de lo anterior se realice el levantamiento de la
medida cautelar que reposa en la anotación Nro. 8 de fecha 11-06-2015 del estado jurídico
del inmueble antes descrito.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho se ordene dar por terminado todo
proceso de cobro coactivo que el Municipio de Floridablanca adelante en contra del
Instituto Nacional de Vías – INVIAS, relacionado con el cobro de impuesto predial del
inmueble identificado con cédula catastral 01-01-0066- 0002-000 y matrícula inmobiliaria
300-92713 ubicado en PARAGÜITAS JARDÍN BOTÁNICO ELOY del Municipio de
Floridablanca.

QUINTO: Se condene a la demandada, al pago de costas y agencias en derecho en los
términos de los artículos 188 y 192 del CPACA, conforme a la sentencia proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Indicó como normas vulneradas los artículos 2, 4, 29 y 63 de la Constitución Política,
artículos 2, 3, 10 y 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículo 177 de la Ley 1607 de
2012 (modificado por el artículo 150 de la Ley 2010 de 2019), artículo 730 del Estatuto
Tributario, artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 y los artículos 29, 31 y 194 del Acuerdo
035 de 2018.

Concepto de violación y oposición

El cargo del concepto de violación expuesto por la demandante, la coadyuvante y la
correspondiente oposición formulada en la contestación se resumen así:

Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos demandados por haber
incurrido en la causal de falsa motivación.

1. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de falsa motivación, al negar la solicitud de exclusión del impuesto
predial unificado, pese a que se presentan las condiciones previstas en el artículo 24
del Acuerdo 012 de 2021 para acceder a dicho beneficio.

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Señaló que se desconoció el contenido de la certificación expedida por la Secretaría
de Planeación Municipal del 10 de agosto de 2022, en la que se concluyó que el predio
presenta condición de afectación al uso público y constituye un elemento artificial del
espacio público, dado que el Acuerdo 035 de 2018 lo incorporó como parque de escala
metropolitana. Agregó que, ante la divergencia existente entre el texto del Plan de
Ordenamiento Territorial y su cartografía oficial, debía prevalecer lo dispuesto en el
acuerdo municipal, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 12 de la Ley 388 de
1997.

Adicionalmente, insistió en que la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante
Oficio del 26 de abril de 2022, precisó que la naturaleza pública de un inmueble deriva
del título y modo de adquisición por parte del Estado, sin que resulte necesario registrar
un acto adicional en el folio de matrícula inmobiliaria para acreditar su condición de
bien de uso público. En tal sentido, sostuvo que la administración municipal exigió un
requisito no previsto en el ordenamiento jurídico para efectos del reconocimiento de la
exclusión tributaria.

Finalmente, afirmó que el inmueble fue adquirido por la Nación para el funcionamiento
del Jardín Botánico Eloy Valenzuela y que, en atención a su destinación, así como a
las disposiciones urbanísticas que lo reconocen como parque de escala metropolitana
e integrante de la estructura ecológica principal del municipio, ostenta la condición de
bien de uso público. Con fundamento en ello, sostuvo que el predio se encuentra
excluido del impuesto predial unificado.

2. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB, en su calidad de coadyuvante, afirmó que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, el impuesto predial unificado recae únicamente
sobre los bienes fiscales, mientras que los bienes de uso público, por estar destinados
al uso y disfrute y colectivo, no son susceptibles de gravamen.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que los actos administrativos demandados se
encuentran falsamente motivados, pues desconocieron la naturaleza jurídica del
inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, el cual, en su criterio
corresponde a un elemento constitutivo del espacio público al haber sido definido como
parque de escala metropolitana por el Acuerdo 035 de 2018. Adicionalmente, sostuvo
que el municipio impuso exigencias adicionales no previstas en la normativa aplicable
para reconocer la exclusión del impuesto predial unificado respecto de dicho inmueble.

3. El Municipio de Floridablanca sostuvo que el inmueble donde funciona el Jardín
Botánico Eloy Valenzuela tiene la naturaleza de bien fiscal. Indicó que dicha condición
se desprende, entre otros elementos, del acta de entrega suscrita el 30 de diciembre
de 1993 entre el Fondo de Inmuebles Nacionales en Liquidación y el INVÍAS, así como
de actuaciones posteriores del Ministerio de Transporte relacionadas con una eventual
transferencia del predio a CISA.

Explicó que, de conformidad con el artículo 674 del Código Civil, los bienes de uso
público se caracterizan porque su uso pertenece a todos los habitantes, mientras que
los bienes fiscales están destinados al cumplimiento de fines estatales. Con
fundamento en ello, afirmó que el inmueble objeto de controversia no reúne las
características de un bien de uso público, pues su acceso se encuentra sujeto a
horarios, tarifas de ingreso y otras restricciones de uso.

Asimismo, señaló que la incorporación del predio al Plan de Ordenamiento Territorial
como parque de escala metropolitana, su inclusión dentro de la estructura ecológica
principal y su reconocimiento como elemento constitutivo del espacio público no
modifican su naturaleza jurídica ni lo convierten automáticamente en un bien de uso

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público. Agregó que el oficio R.S. 4018-2022 proferido por la Secretaría de Planeación
Municipal tiene carácter informativo y no resulta apto para alterar la naturaleza del
predio.

Finalmente, manifestó que ni el oficio expedido por la Superintendencia de Notariado
y Registro ni los demás documentos aportados acreditan que el predio tenga la
condición de bien de uso público. En consecuencia, concluyó que no se encontraban
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para
reconocer la exclusión del impuesto predial unificado.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, atendiendo las
consideraciones que se exponen adelante. Los motivos del fallo impugnado y los
argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos demandados por haber
incurrido en la causal de falsa motivación.

1. El Tribunal consideró que el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 establece el
procedimiento y los requisitos para acceder al beneficio tributario aplicable a los bienes
de uso público excluidos del impuesto predial. Los requisitos concretos son: (i) la
condición de afectación al uso público u otra condición urbanística, certificada por la
autoridad de planeación, y (ii) la titularidad del derecho de dominio en cabeza de una
entidad pública.

Señaló que, mediante comunicación del 10 de agosto de 2022, la Secretaría de
Planeación Municipal aclaró que le predio donde funciona el Jardín Botánico Eloy
Valenzuela, presenta afectación al uso público al encontrarse destinado como parque
de escala metropolitana y contener elementos constitutivos del espacio público.
Asimismo, encontró acreditado que el INVIAS es titular del derecho de dominio sobre
dicho inmueble.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la parte demandante cumplió los
requisitos previstos en el Acuerdo 012 de 2021 para acceder al beneficio tributario. En
consecuencia, consideró que los actos demandados incurrieron en falsa motivación al
negar la exclusión del impuesto predial bajo el argumento de que no se había agotado
el procedimiento previsto en la normativa municipal ni acreditado la condición de bien
de uso público, debido a que tales exigencias desconocieron las certificaciones
proferidas por la Secretaría de Planeación e incorporaron requisitos no contemplados
en el acuerdo municipal.

Por lo tanto, declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, dispuso que el inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy
Valenzuela no es sujeto pasivo del impuesto predial unificado a partir del período
gravable 2023, de conformidad con el parágrafo 5 del artículo 26 del Acuerdo 012 de
2021. Concluyó que el beneficio solo podía hacerse efectivo a partir del año siguiente
a aquel en que fuera reconocido.

Así, el Tribunal entendió que el tratamiento tributario solicitado se encontraba sometido
al régimen de las exoneraciones previsto en dicha disposición, razón por la cual
descartó la posibilidad de reconocer efectos respecto de vigencias anteriores. En
consecuencia, limitó los efectos de la decisión al periodo gravable 2023 y negó las
pretensiones dirigidas al levantamiento de la medida cautelar inscrita sobre el inmueble
y a la terminación de eventuales procesos de cobro coactivo.

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2. La parte demandante sostuvo que la sentencia de primera instancia confundió las
figuras de exclusión y exoneración tributaria. Explicó que la exoneración constituye un
beneficio otorgado por una norma municipal respecto de predios inicialmente
gravados, mientras que la exclusión opera por mandato legal respecto de bienes que
no se encuentran sujetos al tributo, como ocurre con los bienes de uso público.

Insistió en que el predio cumple con los requisitos previstos en el literal c) del artículo
24 del Acuerdo 012 de 2021, debido a que: (i) integra el espacio público al estar
catalogado como parque metropolitano; (ii) cuenta con certificación de afectación al
uso público expedida por la Secretaría de Planeación Municipal y (iii) pertenece a una
entidad pública, INVIAS.

En ese sentido, señaló que, una vez reconocido que el inmueble corresponde a un
bien de uso público, la consecuencia jurídica no podía limitarse al reconocimiento del
beneficio a partir del año 2023, sino que debía declararse su exclusión del impuesto
predial respecto de todos los periodos gravables, dado que los bienes de uso público
no pueden ser gravados con dicho tributo, en atención con el artículo 137 de la Ley
488 de 1998.

Finalmente, alegó que el Tribunal incurrió en un error al negar las pretensiones
relacionadas con el levantamiento de la medida cautelar y la terminación de los
procesos de cobro coactivo. Señaló que, si el inmueble se encuentra excluido del
impuesto predial por su condición de bien de uso público, no existía fundamento para
mantener medida de embargo ni para adelantar actuaciones de cobro.

3. El Municipio de Floridablanca apeló la decisión bajo la premisa de que el Tribunal
concluyó erradamente que INVIAS acreditó los requisitos previstos en el literal c) del
artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para acceder al beneficio tributario discutido.
Sostuvo que el a quo se limitó a verificar la acreditación de la condición de afectación
al uso público del inmueble, con fundamento en la certificación expedida por la
Secretaría de Planeación Municipal, así como la titularidad del derecho de dominio en
cabeza del INVIAS, pero omitió analizar el cumplimiento del requisito esencial previsto
en la norma, relativo a que el predio corresponda a un bien de uso público en los
términos del artículo 674 del Código Civil.

Afirmó que, tanto en la actuación administrativa como en la contestación de la
demanda, expuso las razones por las cuales el predio donde funciona Jardín Botánico
Eloy Valenzuela no tiene la naturaleza jurídica de bien de uso público, sino de bien
fiscal, argumentos que, en su criterio, no fueron valorados por el tribunal. Por ello,
insistió en que la sola acreditación de una afectación al uso público no resulta suficiente
para acceder a la exclusión prevista en el acuerdo, si no se demuestra además que el
inmueble tiene la condición de bien de uso público.

Igualmente, cuestionó que la sentencia hubiera otorgado valor determinante al
concepto proferido por la Secretaría de Planeación Municipal, sin considerar las
precisiones efectuadas posteriormente mediante el oficio de junio de 2024. Señaló
que, en este último pronunciamiento, la autoridad aclaró que los conceptos de uso del
suelo y de afectación urbanística no definen la naturaleza jurídica de los inmuebles ni
genera derechos de propiedad, y precisó que la afectación al uso público constituye
una condición urbanística que puede recaer incluso sobre bienes privados o fiscales,
sin que ello implique su transformación en bienes de uso público.

Con fundamento en lo anterior, insistió en que la afectación al uso público acreditada
respecto del predio donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela no modifica su
naturaleza jurídica ni lo convierte en un bien de uso público. En consecuencia, sostuvo

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que, al tratarse de un bien fiscal, no procede reconocer la exclusión del impuesto
predial prevista en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021.

4. La CDMB, en su calidad de coadyuvante, interpuso recurso de apelación, al
considerar que, si bien el Tribunal reconoció la improcedencia del impuesto predial
respecto del inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela,
circunstancia posteriormente desarrollada mediante la delegación de su
administración a la CDMB.

Insistió en que el predio hace parte del espacio público, fue reconocido como parque
metropolitano por las autoridades competentes, cuenta con certificación de afectación
al uso público expedida por la secretaría de Planeación Municipal y cumple con los
requisitos previstos en el literal c) del artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021. Por lo que,
sostuvo que la exclusión del impuesto predial no deriva únicamente del cumplimiento
de dicha disposición, sino de la propia naturaleza y destinación pública del inmueble.

Finalmente, afirmó que el Tribunal incurrió en un error al reconocer la exclusión
únicamente a partir del año 2023, debido a que la condición de bien afectado al uso
público y desinado al servicio del jardín botánico existía con anterioridad y fue
expresamente certificada por las autoridades competentes. En consecuencia, sostuvo
que la improcedencia del gravamen no podía condicionarse a la fecha de
reconocimiento administrativo o judicial del beneficio, dado que las características que
fundamentan la exclusión existían desde tiempo atrás.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

PROBLEMAS JURÍDICOS

En los términos de los artículos 287, 320 y 328 del CGP, compete a esta Sala resolver
los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿De conformidad con el literal c) del artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, la
acreditación de la condición de afectación al uso público del inmueble donde
funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela era suficiente para acceder a la
exclusión del impuesto predial unificado?

2. ¿Se equivoco el Tribunal al aplicar las reglas previstas para la exoneración
tributaria y limitar los efectos de la exclusión del impuesto predial unificado al
período gravable 2023?

3. ¿Procede acceder a las pretensiones orientadas al levantamiento de la medida
cautelar de embargo que recae sobre el inmueble donde funciona el Jardín
Botánico Eloy Valenzuela y a la terminación de los procesos de cobro coactivo
adelantados por el Municipio de Floridablanca, como consecuencia del
reconocimiento de la exclusión del impuesto predial unificado respecto de dicho
predio?

Análisis del caso concreto

1. Exclusión del impuesto predial prevista en el literal c) del Acuerdo 012 de
2021

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El municipio de Floridablanca interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, al considerar que el Tribunal interpreto erróneamente el literal c)
del artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021. Señaló que la decisión se limitó a verificar la
condición de afectación al uso público del inmueble, con fundamento en la certificación
expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, así como la titularidad del derecho
de dominio en cabeza del dominio de INVIAS, sin analizar el requisito que, a su juicio
resulta esencial para la procedencia de la exclusión, correspondiente a que el inmueble
corresponda a un bien de uso público en los términos del artículo 674 del Código Civil.

Por su parte, INVIAS y la CDMB, insistieron en que el predio hace parte del espacio
público, en atención a que fue reconocido como parque de escala metropolitana por
las autoridades competentes y cuenta con certificación de afectación al uso público
expedida por la Secretaría de Planeación Municipal. En consecuencia, sostuvieron que
se encuentran acreditados los requisitos previstos en el literal c) del artículo 24 del
Acuerdo 012 de 2021. Añadieron que la exclusión del impuesto predial no deriva
exclusivamente del cumplimiento de dicha disposición, sino también de la naturaleza
y destinación pública del inmueble.

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados, mediante
los cuales el municipio de Floridablanca negó la solicitud de la exclusión del impuesto
predial unificado respecto del inmueble donde funciona el Jardín Botánico Eloy
Valenzuela, se encuentran viciados de falsa motivación, como lo juzgó el tribunal. Para
ello, se deberá establecer si el predio reúne los requisitos previstos en el artículo 24
del Acuerdo 012 de 2021.

El Jardín Botánico Eloy Valenzuela fue creado por la Ley 13 del 20 de enero de 1982,
con el objetivo de generar conocimiento sobre la diversidad vegetal del Nororiente de
Santander. En el artículo 194 del Acuerdo 035 de 2018, se incluyó dicho predio dentro
de los parques de escala regional y/o metropolitana que integran las áreas de
articulación y encuentro del sistema de espacio público municipal.

La Secretaría de Planeación Municipal profirió el Oficio R.S. 4018-2022 del 10 de
agosto de 20224, en el cual se concluyó que el predio donde funciona el Jardín
Botánico Eloy Valenzuela constituye un elemento constitutivo artificial del espacio
público, al ser definido como un parque de escala metropolitana. En dicho oficio
también se indicó que el inmueble presenta condición de afectación al uso público, en
los siguientes términos:

4 Folios 33 a 35 del archivo titulado «027ED_PruebasDocumentalesu» correspondiente a las pruebas aportadas con la

demanda.

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Ahora bien, el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, consagra los predios excluidos del
impuesto predial unificado. En su literal c) dispone que los bienes de uso público de
que trata el artículo 674 del Código Civil, se encuentran excluidos del impuesto predial
y, a continuación, prevé que cuando un predio presente condición de afectación al uso
público por estar incluido en el espacio público actual u otra condición de afectación
urbanística, dicha circunstancia deberá ser certificada por la autoridad competente.

A su turno, el parágrafo 2 establece que, para obtener el reconocimiento de la
exclusión, el predio debe: (i) presentar condición de afectación al uso público y (ii)
encontrarse bajo titularidad de una entidad de derecho público. El artículo 24 del
Acuerdo 012 de 2021 señala lo siguiente:

«ARTÍCULO 24. PREDIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Están
excluidos del impuesto predial unificado en el Municipio de Floridablanca:

a) Los predios de propiedad del Municipio con excepción de los pertenecientes a las
empresas industriales y comerciales o sociedades de economía mixta. (...)

En consideración a su especial destinación y plenamente declarados y/o certificados serán
excluidos, los bienes de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil. Los
predios de uso público cuyo título de dominio se encuentre en cabeza de entidades
descentralizadas del municipio, deberán trasferir al municipio dichas propiedades con el
fin de no causar el tributo. Cuando el predio presente condición de afectación al uso
público por estar incluido en el espacio público actual u otra condición de afectación
urbanística, deberá la oficina asesora de planeación certificarlo. Una vez certificada esta
condición la tesorería general podrá expedir el respectivo paz y salvo.

(…)

PARÁGRAFO 2. Para obtener el reconocimiento de que trata el literal c), el predio
deberá reunir las siguientes condiciones:

Deberá ser un predio que presente condición de afectación al uso público por estar
incluido en el espacio público actual u otra condición de afectación urbanística.

La titularidad del derecho real de dominio del inmueble corresponda a un ente de
derecho público, debidamente registrado en el certificado de libertad y tradición expedido
por la oficina de registro de instrumentos públicos.» (Subraya y negrilla de la Sala)

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De la lectura integral de la disposición se advierte que el Concejo Municipal definió
expresamente las condiciones que deben verificarse para el reconocimiento de la
exclusión tributaria. Efectivamente, pese a que el literal c) se refiere a los bienes de
uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil, la propia norma desarrolló el
supuesto de aplicación del beneficio a predios que presenten «condición de afectación al
uso público por estar incluido en el espacio público actual u otra condición de afectación urbanística » y
estableció los requisitos que deben acreditarse para su reconocimiento administrativo.

No obstante, la Sala considera que la referencia efectuada por el literal c) a los bienes
de uso público no puede interpretarse aisladamente del desarrollo normativo que el
propio Concejo Municipal incorporó en la misma disposición. En efecto, el acuerdo
municipal estableció expresamente cuáles son los elementos que la administración
debe verificar para reconocer la exclusión tributaria, concretando ese examen en la
acreditación de la afectación al uso público certificada por la autoridad urbanística
competente y en la titularidad pública del inmueble. De esta manera, la administración
no podía exigir condiciones adicionales distintas de aquellas expresamente
incorporadas por el concejo municipal en desarrollo de la categoría general prevista
en el literal c).

Se aclara que el parágrafo 2 no constituye una disposición autónoma ni introduce un
supuesto normativo distinto del previsto en el literal c) del artículo 24 del Acuerdo 012
de 2021. Por el contrario, se trata de una disposición complementaria que desarrolla
las condiciones que la administración debe verificar. Así, mientras el literal identifica la
categoría de inmueble respecto de los cuales procede el tratamiento tributario especial
y contempla expresamente la hipótesis de los predios con afectación al uso público, el
parágrafo determina cuáles son los requisitos que deben acreditarse para obtener su
reconocimiento.

Así, la norma municipal no se limitó a reproducir la categoría de bienes de uso público
prevista en el Código Civil, sino que incorporó un mecanismo específico de
reconocimiento de la exclusión basado en la verificación de una condición objetiva de
afectación al uso público certificada por la autoridad urbanística competente. Por lo
que, la interpretación de la disposición no puede efectuarse en desconocimiento de las
exigencias expresamente establecidas por el propio concejo municipal.

En consecuencia, el análisis de legalidad de los actos demandados debe concentrarse
en determinar si, al momento de resolver la solicitud presentada por el INVÍAS, se
encontraban acreditadas las condiciones expresamente previstas por el concejo
municipal para acceder a la exclusión. Por lo tanto, la controversia no requiere definir
de manera definitiva de la naturaleza jurídica del inmueble, sino establecer si la
administración aplicó correctamente los requisitos contemplados en el artículo 24 del
Acuerdo 012 de 2021.

Del material probatorio allegado al expediente se encuentra acreditado que el inmueble
presenta condición de afectación al uso público, circunstancia certificada por la
Secretaría de Planeación Municipal mediante el Oficio R.S. 4018-2022. Asimismo, no
existe discusión en relación con la titularidad del predio, dado que las partes coinciden
en que este pertenece al INVÍAS. En consecuencia, se encuentran satisfechos los
requisitos previstos en el parágrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para
obtener el reconocimiento de la exclusión.

Resulta necesario precisar que, de las consideraciones precedentes no se desprende
una regla general según la cual la condición de afectación al uso público sustituya la
determinación de la naturaleza jurídica de los bienes estatales. Por el contrario, la
distinción entre bienes fiscales y bienes de uso público conserva plena relevancia
jurídica y debe ser analizada en aquellos eventos en que el régimen normativo

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aplicable haga depender de dicha clasificación consecuencias jurídicas. Sin embargo,
esa discusión no resulta determinante para resolver el presente asunto. Efectivamente
el concejo municipal estableció expresamente que, para efectos del reconocimiento de
la exclusión tributaria, debían acreditarse la afectación al uso público certificada por la
autoridad urbanística competente y la titularidad pública del inmueble.

Tampoco desvirtúa esta conclusión el pronunciamiento posterior emitido por la
Secretaría de Planeación en junio de 2024, en el que se precisó que la afectación al
uso público no modifica por sí sola la naturaleza jurídica del inmueble. Tal precisión
resulta compatible con la interpretación acogida por la Sala, puesto que el
reconocimiento de la exclusión tributaria no se fundamenta en una supuesta mutación
automática de la naturaleza del bien, sino en el cumplimiento de los requisitos
expresamente previstos por el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para acceder a
dicho tratamiento tributario.

Se advierte que la Sala no afirma que la afectación al uso público resulte, en términos
generales, suficiente para equiparar un inmueble a un bien de uso público ni para
definir su régimen jurídico, sino únicamente que, para efectos de la exclusión tributaria
regulada en la citada norma municipal. Lo que encuentra la Sala es que los criterios
expresamente definidos por el legislador local fueron la acreditación de la afectación
al uso público y la titularidad pública del inmueble; en consecuencia, es a la luz de
esos presupuestos normativos particulares que debe resolverse la controversia objeto
de examen.

Ahora, incluso si se admitiera que la afectación al uso público no implica
necesariamente la condición jurídica de bien de uso público en los términos del artículo
674 del Código Civil, lo cierto es que la administración se encontraba obligada a
resolver la solicitud con fundamento en los requisitos expresamente definidos por la
norma tributaria municipal aplicable al caso.

En ese contexto, la postura del municipio de Floridablanca, según la cual resultaba
indispensable demostrar adicionalmente que el inmueble encuadraba estrictamente en
la categoría de bien de uso público prevista en el artículo 674 del Código Civil,
implicaría que los supuestos expresamente incorporados en el inciso final del literal c)
y en el parágrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 perdieran efecto.

En consecuencia, la Sala concluye que, para el momento en que se presentó la
solicitud por parte de INVÍAS, se encontraban acreditados los presupuestos
expresamente previstos en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para acceder a la
exclusión del impuesto predial unificado. No obstante, la administración negó su
reconocimiento a partir de una lectura aislada del presupuesto normativo distinto del
previsto por el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021.

En esas condiciones, la administración rechazó la solicitud con fundamento en un
entendimiento distinto del contemplado por el propio acuerdo municipal, al exigir como
presupuesto adicional la demostración plena de la condición de bien de uso público en
los términos del artículo 674 del Código Civil. Dado que esa exigencia no corresponde
a los requisitos expresamente establecidos por el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021
para efectos del reconocimiento administrativo de la exclusión, los motivos
determinantes de la decisión no guardan correspondencia con el marco normativo
aplicable al caso concreto. Por ello se configura la falsa motivación alegada por la parte
actora.

La conclusión anterior tampoco desconoce el principio de interpretación restrictiva de
los beneficios tributarios. Precisamente por tratarse de una exclusión tributaria, la Sala
se limita a aplicar estrictamente los requisitos expresamente definidos por el Concejo

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Municipal en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, sin extender su alcance a
supuestos distintos de los allí previstos ni incorporar exigencias adicionales no
contempladas por el propio legislador local.

2. Diferencia entre exoneración y exclusión

La parte demandante sostiene que el Tribunal incurrió en error al limitar los efectos de
la exclusión del impuesto predial unificado al período gravable 2023 con fundamento
en las disposiciones que regulan las exoneraciones tributarias 5. Señala que la figura
reconocida en el presente caso corresponde a una exclusión y no a una exoneración,
razón por la cual no resultaba procedente aplicar las reglas temporales previstas para
esta última. Por lo tanto, corresponde a la Sala definir el alcance de cada una de estas
instituciones.

Al respecto, se advierte que las exclusiones tributarias corresponden a aquellos
supuestos que el legislador decide sustraer del ámbito de aplicación del tributo o
respecto de los cuales no se produce la obligación tributaria. Por su parte, las
exoneraciones tienen lugar cuando una norma exceptúa de las consecuencias
jurídicas a determinados sujetos, bienes o actividades que normalmente estarían
gravados. En estos últimos eventos habiéndose configurado el hecho generador, la ley
dispone que no se causará el tributo o que este se causará de manera parcial6.

La Corte Constitucional7 ha señalado que las exclusiones y las exoneraciones son
categorías tributarias distintas tanto en su fundamento como en sus efectos. Mientras
las exclusiones delimitan el ámbito de aplicación del tributo y determinan situaciones
que quedan por fuera de él, las exoneraciones operan respecto de hechos o sujetos
que, en principio, sí resultarían gravados, pero respecto de los cuales el legislador
decide relevar del deber tributario. En consecuencia, las reglas previstas para una de
estas figuras no pueden trasladarse automáticamente a la otra sin habilitación
normativa expresa.

En el caso en concreto, en efecto, la sentencia apelada concluyó que el inmueble
donde funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela reúne las condiciones previstas en
el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 para acceder a la exclusión del impuesto predial
unificado. Sin embargo, al determinar los efectos del restablecimiento del derecho
acudió a las disposiciones contenidas en el artículo 26 del mismo acuerdo, relativas a
las exoneraciones tributarias, para concluir que dicho beneficio únicamente producía
efectos a partir del período gravable 2023.

Como se explicó anteriormente, las exclusiones y las exoneraciones constituyen
figuras jurídicas distintas. Precisamente, el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 regula
un supuesto de exclusión tributaria, en tanto identifica determinados inmuebles
respecto de los cuales el impuesto predial unificado no resulta exigible cuando se
acreditan las condiciones allí previstas. En contraste, el artículo 26 del mismo estatuto
establece un régimen autónomo aplicable a las exoneraciones tributarias.

Ahora bien, la Sala advierte que el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021 no contiene
una disposición específica acerca de los efectos temporales del reconocimiento de la
exclusión allí prevista. Sin embargo, ello no implica que resulte procedente acudir
automáticamente al régimen establecido para las exoneraciones tributarias, por cuanto

5
De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 26 del Acuerdo 012 de 2021, «El reconocimiento de la exoneración a que hace
referencia el parágrafo anterior empezará a hacer efectiva a favor del contribuyente a partir del año siguiente a aquel en que fue
reconocida según la Resolución de la Secretaría de Hacienda y deberá ratificarse cada dos años previa solicitud del
Contribuyente, para lo cual deberá acreditar la subsistencia de los presupuestos de hecho que dan fundamento al beneficio».
6
Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, Bogotá D.C., 27 de mayo de 2021.
7
Ibidem.

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ambas figuras responden a presupuestos jurídicos distintos y fueron reguladas
separadamente por el acuerdo municipal.

En efecto, la circunstancia de que el Acuerdo 012 de 2021 consagre en disposiciones
independientes el régimen de exclusiones y el régimen de exoneraciones evidencia
que el Concejo Municipal reconoció la autonomía conceptual y jurídica de ambas
instituciones. Por ello, la ausencia de una regulación temporal expresa para las
exclusiones no habilitaba al Tribunal para trasladar a dicha figura las condiciones
previstas para las exoneraciones, debido a que ello supondría incorporar por vía
interpretativa una restricción que el acuerdo no contempló para el supuesto regulado
en el artículo 24.

En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal erró al fundamentar la limitación
temporal de los efectos del reconocimiento efectuado en las normas que regulan las
exoneraciones tributarias, toda vez que dichas disposiciones resultan aplicables
exclusivamente a los supuestos previstos en el artículo 26 del Acuerdo 012 de 2021 y
no a las exclusiones contempladas en el artículo 24 del mismo estatuto.

En ese sentido, se modificará el numeral correspondiente de la sentencia apelada para
precisar que, acreditadas las condiciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo 012
de 2021, procede el reconocimiento de la exclusión tributaria allí regulada, sin que
resulte jurídicamente procedente limitar sus efectos con fundamento en las
disposiciones aplicables a las exoneraciones tributarias.

No obstante, no puede la Sala pronunciarse sobre los impuestos prediales particulares,
porque el objeto de control de legalidad en este proceso versa sobre las resoluciones
que negaron la exclusión del impuesto, y no sobre los actos administrativos o facturas
que le liquidaron los impuestos. La legalidad de dichos actos deberá impugnarse
individualmente.

Por lo tanto, prospera parcialmente el cargo del recurso de apelación interpuesto por
INVÍAS.

3. En relación con la pretensión del levantamiento de la medida cautelar y el
proceso de cobro coactivo

Corresponde determinar si procede acceder a las pretensiones orientadas al
levantamiento de la medida cautelar de embargo que recae sobre el inmueble donde
funciona el Jardín Botánico Eloy Valenzuela y a la terminación de los procesos de
cobro coactivo adelantados por el municipio de Floridablanca. La Sala considera que
no hay lugar a acceder a dichas pretensiones.

Se advierte, que el objeto del presente proceso se circunscribe al examen de legalidad
de las Resoluciones 4252 del 3 de octubre de 2022 y 4464 del 19 de septiembre de
2023, mediante las cuales la administración municipal negó la solicitud de exclusión
del impuesto predial unificado respecto del inmueble objeto de controversia. Por lo
tanto, el control jurisdiccional que corresponde ejercer en esta oportunidad recae
exclusivamente sobre esos actos administrativos.

Por el contrario, la medida cautelar de embargo y los procesos de cobro coactivo a los
que se refiere la parte demandante constituyen actuaciones administrativas distintas y
autónomas frente a los actos demandados. Tales actuaciones fueron adoptadas en el
marco de procedimientos encaminados a obtener el recaudo de obligaciones
tributarias determinadas por la administración y cuentan con un objeto, fundamento y
trámite propios, cuya legalidad no fue sometida al conocimiento de la jurisdicción en
este proceso.

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En ese contexto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido en contra los actos que negaron la exclusión tributaria no constituye el
escenario procesal idóneo para examinar la validez de medidas cautelares decretadas
dentro de procedimientos de cobro coactivo ni para disponer la terminación de
actuaciones administrativas que no fueron individualizadas ni demandadas de manera
específica.

En consecuencia, aun cuando la Sala concluya que los actos demandados se
encuentran viciados de nulidad y que procede el reconocimiento de la exclusión
solicitada, ello no conduce, por sí mismo, al levantamiento de embargos decretados y
practicados en otros procesos, ni a la terminación de los procesos de cobro coactivo a
los que aluden los apelantes. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal en
cuanto negó las pretensiones relacionadas con el levantamiento de la medida cautelar
y la terminación de los procesos de cobro coactivo.

Costas

Se condena en costas al Municipio de Floridablanca, en cuanto resultó vencido en esta
instancia, dado que no prosperaron los argumentos de su recurso de apelación y se
accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por INVÍAS y la coadyuvante, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 365 del CGP. De conformidad con las reglas
previstas en los numerales 1° a 8° del artículo 365 del CGP, el artículo 188 del CPACA
y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de
la Judicatura, y se condenará a la parte demandada en agencias en derecho en esta
instancia con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en cuanto es la parte
vencida del proceso.
FALLA

1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el
sentido de precisar que, acreditadas las condiciones previstas en el artículo 24 del
Acuerdo 012 de 2021, procede el reconocimiento de la exclusión tributaria allí
regulada, sin que resulte jurídicamente procedente limitar sus efectos con fundamento
en las disposiciones aplicables a las exoneraciones tributarias, en los siguientes
términos:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que el predio
identificado con matrícula inmobiliaria 300-92713 y cédula catastral
010100660002000 se encuentra excluido del pago de impuesto predial unificado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo 012 de 2021, sin que resulte
jurídicamente procedente limitar los efectos de dicha exclusión con fundamento en las
disposiciones aplicables a las exoneraciones tributarias

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Condenar en costas a la demandada en esta instancia y en agencias en derecho
en el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En
consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. . Reconocer personería para actuar a Jaime Zamora Durán identificada con C.C.
91.279.865 y con T.P. 257.693 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, conforme al poder conferido y allegado.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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