Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2024-00037-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2024-00037-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2024-00037-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de julio de 2026
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00037-01 (30799)
Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00037-01 (30799)
Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho
Demandada: Municipio de Concepción
Temas: Principio de congruencia externa de las sentencias. Exigibilidad de la
elaboración del estudio técnico de referencia. Régimen tarifario del
impuesto de alumbrado público.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada1 contra la sentencia
del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
resolvió2:
Primero. Declarar la nulidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019 expedido por el concejo del
municipio de Concepción, por medio del cual se estableció la tarifa del impuesto de alumbrado
público, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
La demandante promovió el medio de control de nulidad simple contra el artículo 280 del
Acuerdo 019 del 29 de noviembre de 2019, que actualizó el Estatuto de Rentas municipal,
y contra el Acuerdo 086 del 31 de diciembre de 1998, por medio del cual se reguló el
impuesto de alumbrado público en el municipio. Lo anterior, fundado en el incumplimiento
de efectuar el estudio técnico para determinar la tarifa del tributo, conforme a la Ley 1819
de 2016, según la metodología y los criterios reglamentados por el Decreto 943 de 2018.
Demanda3
En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011),
la demandante formuló las siguientes pretensiones 4:
Primera. Declarar la nulidad del Acuerdo 086 del … [31] de diciembre de 1998, por medio del cual
se determinó el cobro de alumbrado público en el municipio, se organizó su recaudo y se determinó
1
Samai tribunal, índice 59, certificado 759CCD7B6C1F8B7C C82CAD6C01DF6290 A7CE1A6DC926B3E6 EFDCEB59416859F9 (docx) pp. 1 a 5.
2
Samai tribunal, índice 56, certificado BF3A6ED1DF41EE42 2D462762A8216B06 B060E4F58BFF2580 EB50F6C174970759 (pdf) p. 11.
3
Si bien la demanda fue inadmitida inicialmente por el a quo mediante auto interlocutorio, del 01 de febrero de 2024, con posterioridad, pese a no haberse
subsanado, fue admitida en auto del 25 de abril de la misma anualidad; decisión que no fue recurrida (índices 05 y 12 de Samai del tribunal).
4
Samai tribunal, índice 3, certificado D2BFCF54B7168B97 8B8AB786D625E7A0 362FC7C09D6763B4 D250B05D50F002F4 (pdf) p. 6.
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Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho
su inversión.
Segunda. Declarar la nulidad del Capítulo XVI (artículos 272 al 284) del Acuerdo 019 del … [29] de
noviembre de 2019, por medio del cual se actualizó el Estatuto Tributario Municipal.
Tercera. Y, como consecuencia, ordenar al señor alcalde de Concepción … a dar [SIC] cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, realizar el estudio para determinar las tarifas conforme a la
metodología y los criterios reglamentados por el Decreto 943 de 2011 [SIC], y, con base a este [SIC],
presentar un proyecto de acuerdo ante el Concejo municipal para su aprobación.
Al efecto, invocó como normas vulneradas el artículo 315 de la Constitución, la Ley 1819
de 2016 y el Decreto 943 de 2018, bajo el siguiente concepto de violación5:
Sostuvo que el Acuerdo 086, del 31 de diciembre de 1998, y el Capítulo XVI (arts. 272 al
284) del Acuerdo 019, del 29 de noviembre de 2019, adolecían de nulidad al haberse
proferido con desconocimiento del artículo 315 de la Constitución, la Ley 1819 de 2016 y
el Decreto 943 de 2018; planteó que la demandada incurrió «en vías de hecho con su
expedición».
En específico, adujo que el Acuerdo 086 de 1998 no se encontraba armonizado con el
orden constitucional, legal y reglamentario vigente, con lo que se presentó un vicio que
debía corregirse, debido a que la Administración no podía actuar de forma irregular para
adelantar el cobro del impuesto de alumbrado público, pues la norma que fundamentó la
expedición del acuerdo referido fue derogada.
Tras invocar los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018,
adujo que el municipio no tuvo en cuenta el artículo 351 de la ley ejusdem en el que se
dispone que los municipios deben realizar el estudio técnico de referencia para
determinar las tarifas y, además, sostuvo que el Capítulo XVI del Acuerdo 019 de 2019
se emitió con falsa motivación al fijar tarifas del impuesto de alumbrado público sin un
criterio justificativo, ya que la motivación de ese elemento de la obligación tributaria « no
puede ser el resultado de la improvisación o de cálculos efectuados sin criterios técnicos que no permiten
saber el costo real en los [SIC] se incurre para la prestación del servicio ».
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones 6. Para lo cual expuso lo
siguiente:
-Frente a las pretensiones. Afirmó que estas no resultaban congruentes con los hechos
listados, las normas aludidas como transgredidas y los conceptos de violación
formulados. En primer lugar, afirmó que solo se mencionó el Acuerdo 086 de 1998 como
fundamento del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019, sin que se hubiera realizado un
recuento fáctico o normativo, ni se hubiesen explicado las razones por las cuales el
Acuerdo 086 de 1998 vulneró la norma, ni se hubiera adecuado el concepto de violación
a dicha norma. En segundo lugar, indicó que no se clarificó la pretensión de nulidad del
Acuerdo 019 de 2019, ya que, si no era nulo el Acuerdo 086 de 1998, tampoco podían
serlo los artículos 272 al 284 del Acuerdo 019 de 2019; máxime cuando en los hechos
únicamente se hizo mención al artículo 280 ídem. Así como se indicó, el concepto de
violación no fue correctamente adecuado ni se mencionaron los artículos referidos.
-Sobre el concepto de violación de las normas: No se adecúa ninguna de las causales
endilgadas. Afirmó que los actos demandados no fueron expedidos con la configuración
5
Samai tribunal, índice 3, certificado D2BFCF54B7168B97 8B8AB786D625E7A0 362FC7C09D6763B4 D250B05D50F002F4 (docx) pp. 7 a 11.
6
Samai tribunal, índice 20, certificado A08D94EF8FC7958C FC5433D71659FB69 7987464344FE6E13 E6DFED741746D33D (pdf) pp. 5 a 8.
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de una vía de hecho, por las siguientes razones: (i) los acuerdos municipales fueron
expedidos por el correspondiente concejo, por lo que no podía entenderse que hubieran
sido expedidos con falta de competencia; y (ii) no se pretermitió el procedimiento
establecido para la emisión del Acuerdo 019 de 2019. Posteriormente, adujo que el
Acuerdo 086 de 1998 no se expidió irregularmente y que se cimentó en las normas
correspondientes. Finalmente, señaló que el Capítulo XVI del Acuerdo 019 de 2019 no
se expidió con falsa motivación,toda vez que no se demostró «ni fáctica ni probatoriamente»
la existencia de una divergencia entre la realidad fáctica o jurídica y los motivos que
sustentaron el acto.
Sentencia apelada
El a quo accedió a la nulidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019 y negó las demás
pretensiones7. En primer lugar, estableció que era improcedente la nulidad reclamada
frente al Acuerdo 086 de 1998, en la medida en que esta norma fue proferida con base
en un marco normativo anterior a la expedición de la Ley 1819 de 2016 y, en
consecuencia, para el momento de emisión no regía la exigencia de contar con la
«implementación o desarrollo» de un estudio técnico de referencia para la fijación de las tarifas
del impuesto de alumbrado público.
En segundo lugar, consideró que lo debatido frente al Acuerdo 019, del 29 de noviembre
de 2019, debía recaer sobre el artículo 280, en tanto que era la norma que regulaba el
cobro de la tarifa por concepto del impuesto de alumbrado público. A su juicio, la norma
fue expedida irregularmente y con desconocimiento de las normas en las que debió
fundarse, pues se fijaron las «tarifas de cobro» del tal gravamen sin el señalado estudio que
permitiera establecer el costo del servicio de alumbrado público. Particularmente, tanto
la indicada ley como su reglamentación exigían la elaboración de un estudio técnico, en
el que debieron haberse considerado múltiples variables relacionadas con el estado de
la infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia energética en la prestación del servicio
público en el municipio, así como su expansión y los costos desagregados del alumbrado
público. Por ello, durante el proceso se le solicitaron los antecedentes del acuerdo al
concejo municipal; sin embargo, ni en la respuesta suministrada por la corporación
municipal ni en las pruebas presentadas por la demandada se evidenció el estudio
técnico, lo cual reforzó la tesis de que las tarifas fueron establecidas sin tener los
parámetros técnicos que determinaran dicho porcentaje. Por tal razón, declaró la nulidad
de esa norma.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión del tribunal8. Inicialmente, afirmó que la conclusión del
a quo respecto de que el acuerdo 019 de 2019 fue expedido con desconocimiento de la
Ley 1819 de 2016 y del Decreto 943 por la supuesta falta de un estudio técnico de
referencia, constituyó una interpretación «excesivamente formalista» de las disposiciones
legales, lo que desconoció la finalidad del mandato normativo al igual que el contexto
particular del municipio.
Sostuvo que el fallo incurrió en «defecto de congruencia y motivación» al pronunciarse de fondo
sobre aspectos que no fueron correctamente planteados en la demanda y, por tanto, no
constituían un cargo válido de nulidad. Adujo que desde la contestación de la demanda
advirtió de la falta de correspondencia entre los hechos, las normas violadas y las
pretensiones, pues mientras la demandante solicitó la nulidad del Capítulo XVI (arts. 272
7
Samai tribunal, índice 56, certificado BF3A6ED1DF41EE42 2D462762A8216B06 B060E4F58BFF2580 EB50F6C174970759 (pdf) pp. 1 a 11.
8
Samai tribunal, índice 59, certificado 759CCD7B6C1F8B7C C82CAD6C01DF6290 A7CE1A6DC926B3E6 EFDCEB59416859F9 (docx) pp. 1 a 5.
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Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho
al 284) del Acuerdo 019 de 2019, en los hechos solo mencionó el artículo 280, sin precisar
de qué forma tal disposición desconocía las disposiciones legales invocadas. A pesar de
ello, el tribunal emitió fallo fundado en consideraciones que no fueron objeto de una
acusación clara, concreta ni sustentada debidamente por la demandante, lo que vulneró
el principio de congruencia procesal previsto en el artículo 170 de CPACA.
Arguyó que el análisis judicial no podía suplir las deficiencias argumentativas de la
demanda, no extenderse a aspectos no alegados por su contraparte, como la supuesta
ausencia del estudio técnico, cuya alegación fue general e imprecisa; de modo que la
sentencia careció de motivación suficiente y se apartó de los límites del debate procesal,
afectando su validez formal y sustancial.
Adujo que la expedición del Acuerdo 019 de 2019 no fue arbitraria ni carente de sustento,
sino que se hizo un ejercicio «deliberativo y razonado», en el que se consideraron los
antecedentes normativos del tributo y mantuvo exactamente el mismo porcentaje y
criterios del Acuerdo 086 de 1998, el cual fijaba tarifas proporcionales del 10% para la
zona rural sobre el consumo de energía y del 20% para la urbana, separando la clase de
servicio del área residencial, comercial, industrial u oficial.
Cuestionó la afirmación de la demandante referente a que está demostrado que se
incurrió en vías de hecho con la expedición del Capítulo XVI (arts. 272 al 284) del Acuerdo
019 de 2019, pues tal apreciación carecía de sustento jurídico, pues desconocía la
verdadera noción de tal concepto, entendida como aquella actuación realizada sin
competencia o prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, ninguna de las
cuales ocurrió en este caso, puesto que el concejo municipal que lo expidió era la
autoridad competente para hacerlo, y en su expedición no se prescindió del
procedimiento legal.
Adicionalmente, reparó en que el Acuerdo 086 de 1998, que sirvió de antecedente
normativo al Acuerdo 019 de 2019,no podía considerarse irregular ni se demostró que su
expedición se hubiera fundamentado en normas distintas a las que debió atender. Por
último, señaló que tampoco debía prosperar la falsa motivación, en tanto no hubo una
«divergencia entre la realidad fáctica o jurídica y los motivos indicados en el acto ». Así, concluyó que
la sentencia recurrida se fundamentó en afirmaciones genéricas y en supuestos no
demostrados, sin sustento probatorio ni argumentativo.
Pronunciamientos sobre el recurso
La actora guardó silencio en esta etapa procesal9. Por su parte, el ministerio público 10
desestimó la falta de congruencia de la sentencia y estimó procedente la nulidad del
artículo 280 del acuerdo demandado, por incumplirse con el estudio técnico que definiera
los costos del servicio de alumbrado público; documento que era indispensable para el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y su decreto reglamentario.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019 atendiendo los
cargos de apelación planteados por la demandada contra la sentencia de primera
instancia que declaró su nulidad.
9
Samai CE, índice 15, certificado 9524F325057FA0B7 5F645E26C27ADC0A 1FD358D2D11FAC2C 82058438A08EB13A (pdf) p. 1.
10
Samai CE, índice 13, certificado 411D4FCB8B0612C0 FDEC708C650AD8AD 6A9ACD2F4F11F2D4 589F3ACA8E08BD5C (pdf) pp. 1 a 11.
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Problema jurídico
2- Corresponde a la Sala establecer si: (i) el tribunal incurrió en defectos en la
congruencia y motivación de la providencia, por pronunciarse de fondo sobre aspectos
de la demanda que no fueron planteados en forma clara, concreta ni con la debida
sustentación como lo atinente a la falta del estudio técnico previsto en la ley 1819 de
2016, y fundamentarse en afirmaciones genéricas, sin sustento probatorio y
argumentativo; y (ii) se adoptó una interpretación excesivamente formalista de la Ley
1819 de 2016, en lo concerniente al estudio técnico, pese a que, al expedirse el Acuerdo
019 de 2019, el concejo municipal lo hizo con competencia y con observancia del
procedimiento legal y sin falsa motivación.
2.1- En cambio, la Sala no se pronunciará frente a las aseveraciones acerca de que el
Acuerdo 086 de 1998 no fue irregular y que se fundamentó en las normas que le eran
aplicables, puesto que el tribunal no anuló dicha norma, bajo la consideración de que a
la fecha de su expedición no regía la Ley 1819 de 2016, con lo cual este aspecto le fue
favorable al apelante único.
Análisis del caso concreto
3- En relación con el primer problema jurídico, la apelante afirmó que el tribunal incurrió
en defectos en la congruencia y motivación de la sentencia. Lo primero, debido a que
analizó cargos que no fueron clara, concreta y debidamente sustentados, pues no eran
concordantes entre sí los hechos narrados, las normas aducidas como violadas y las
pretensiones de la demanda. En concreto, afirmó que la actora solicitó la nulidad del
Capítulo XVI (arts. 272 al 284) del Acuerdo 019 de 2019, pero que solo se refirió
particularmente al artículo 280 ídem. Así, reprochó que el tribunal hubiese suplido las
deficiencias argumentativas de la demanda y que se hubiera extendido a aspectos no
invocados. Y lo segundo, porque fundamentó la decisión en afirmaciones genéricas y en
supuestos que no fueron sustentados probatoria y argumentativamente.
La demandante, tras invocar los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto
943 de 2018, adujo que el municipio no tuvo en cuenta el artículo 351 de la ley en el que
se dispone que lo municipios deben realizar el estudio técnico de referencia para
determinar las tarifas y sostuvo que el Capítulo XVI del Acuerdo 019 de 2019 se emitió
con falsa motivación al fijar tarifas del impuesto de alumbrado público sin un criterio
justificativo, ya que la motivación de ese elemento de la obligación tributaria «no puede ser
el resultado de la improvisación o de cálculos efectuados sin criterios técnicos que no permiten saber el
costo real en los que se incurre para la prestación del servicio ».
3.1- En relación con el principio de congruencia de la sentencia, la Sección11 ha precisado
que este exige que haya «armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna),
y […] conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación
(congruencia externa)»; garantía que tiene como objetivo asegurar que el juez se pronuncie
únicamente sobre el asunto que fue puesto a su consideración con base en las
pretensiones y excepciones formuladas y probadas por las partes, limitando con ello las
decisiones ultra, extra e infra petita (arts. 187 del CPACA y 281 del CGP). En línea con
los límites de la decisión judicial, el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 prescribe que las
sentencias deben referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los
sujetos procesales, y la argumentación que fundamenta la decisión debe tener claridad,
pertinencia, concreción y suficiencia.
11
Entre otras11, la sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 22085, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez)
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3.2- Con esto presente, la Sala observa que el tribunal concluyó la ilegalidad del artículo
280 del Acuerdo de 2019, por considerar que fue proferido irregularmente y con
desconocimiento de las normas en que ha debido fundarse, puesto que las tarifas del
impuesto de alumbrado público demandadas debieron adoptarse con el estudio técnico
que determinó el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 y en el Decreto 943 de 2018, cuya
existencia no fue probada en el proceso judicial, pese a que se le solicitó al concejo
municipal los antecedentes del acuerdo y el referido estudio (índice 56 de Samai del
tribunal). En particular, estimó que tanto la ley indicada como su reglamentación exigían
la elaboración de un estudio técnico de referencia, en el cual debieron haberse
considerado múltiples variables relacionadas con el estado de la infraestructura,
cobertura, calidad y eficiencia energética en la prestación del servicio público en el
municipio, así como su expansión y los costos desagregados del alumbrado público, a
los efectos de poder fijar las tarifas del impuesto.
3.3- Confrontado el planteamiento de la demandante con lo decidido por el a quo, para la
Sala la decisión recurrida corresponde al cuestionamiento de la demandante, quien
censuró la imposición de las tarifas en el impuesto de alumbrado público sin contar con
«criterios técnicos que no permiten saber el costo real en los que se incurre para la prestación del servicio»,
con lo cual el análisis efectuado por el tribunal estaría dentro del marco del debate
planteado por la actora; pues lo procedente era analizar el reparo de la actora a la luz de
la normativa aplicable, para el caso, artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, disposición
legal que a efectos de la adopción de las tarifas en el impuesto de alumbrado público,
exigió contar con un «estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del
servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos
establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio », lo que
habiendo sido requerido, no fue entregado.
A partir de lo anterior, no encuentra la Sala que la motivación de la sentencia haya
adolecido de falta de congruencia o de claridad, pertinencia o suficiencia.
No prospera el cargo de apelación.
4- Finalmente, respecto del segundo problema jurídico, el municipio apelante alegó que
la interpretación del tribunal del alcance de la Ley 1819 de 2016 y del Decreto 943 de
2018 resultó «excesivamente formalista», al haber concluido que la falta del estudio técnico
de referencia, en la adopción de las tarifas aplicables al impuesto de alumbrado público,
determinaba la nulidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019. Señaló que tal
entendimiento desconoció la finalidad de dicha normativa y el contexto del municipio de
Concepción.
Como ya fue señalado, la actora consideró que las tarifas establecidas en el acuerdo
ibidem quebrantaron las normas en que debían fundarse en la medida en que fueron
expedidas con falsa motivación, pues las tarifas se adoptaron sin haber contado con el
criterio técnico que develara el costo real en el que se incurre para la prestación del
servicio de alumbrado público. El tribunal concluyó la ilegalidad del artículo 280 del
acuerdo demandado, por incumplirse con el estudio técnico del artículo 351 de la Ley
1819 de 2016 y su norma reglamentaria, en la medida en que en el expediente no se
demostró la realización del aludido estudio, pese a haber sido solicitado.
4.1- Para desatar el debate, la Sala destaca que, en la Ley 1819 de 2016, el legislador
estableció, entre otros aspectos, un límite cualitativo al poder tributario de los municipios
y distritos para la determinación del régimen tarifario del impuesto de alumbrado público.
Concretamente, en los artículos 349 (parágrafo 2) y 351 ejusdem, estableció como
parámetro para la definición del monto a recaudar por concepto del impuesto para la
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financiación del servicio público no domiciliario «el valor total de los costos estimados de
prestación en cada componente del servicio »; para lo cual las entidades territoriales deben
elaborar un «estudio técnico de referencia» en el que se determinen los costos para su
prestación, aplicando la metodología que para el efecto establezca el Ministerio de Minas
y Energía o la entidad en que esta delegue tal función12. Así, la función del estudio técnico
de referencia estaría dirigida a establecer los costos del servicio público en orden a fijar
debidamente la tarifa.
Ahora bien, en la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016 13, el Gobierno nacional
sustentó la regulación del impuesto sub examine, entre otras razones, en que la
indefinición de los elementos del tributo dio «… lugar a problemáticas, siendo [SIC] necesaria la
fijación legal de sus elementos, permitiendo a los municipios la destinación de los recursos tributarios a la
prestación efectiva del servicio». Asimismo, luego de describir otros esfuerzos infructuosos de
regulación del impuesto, advirtió que «… resulta indispensable definir reglas claras y límites para
su cobro a los sujetos pasivos, garantizando (SIC) la continuidad de la financiación y la prestación del
servicio…». Finalmente, se indicó que la reforma regulatoria «… asegura una aplicación uniforme
del impuesto en todo el país…». Bajo tal ilación, la Corte Constitucional en la sentencia C-130
de 201814, tras exponer algunos apartes del trámite deliberativo realizado por el Congreso
de la República para la expedición de la Ley 1819 de 2016, precisó que el referido marco
«… tuvo como finalidad la de armonizar el cobro de las tarifas de parte de los municipios y distritos, para
que existiera homogeneidad en las tarifas, no se presentaran sobrecostos en las [SIC] prestación del
servicio y desigualdad en el cobro de este impuesto ».
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 349 y 351 ídem, el Gobierno nacional
expidió el Decreto 943 de 2018, mediante el cual estableció los criterios técnicos para su
elaboración, el contenido y alcance del estudio técnico de referencia.
En atención a lo descrito, a partir de la entrada en vigor de la normativa mencionada, los
municipios y distritos deben sustentar en un estudio técnico de referencia —entre otros
elementos del tributo— el régimen tarifario adoptado o modificado, so pena de incurrir en
expedición irregular por desconocimiento de las normas en que debía fundarse. En
consonancia con lo anterior, la Sección precisó, en la sentencia del 20 de junio de 2024
(exp. 27941, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), que la reconfiguración del impuesto
de alumbrado público, efectuada por el legislador en la Ley ejusdem, le resulta aplicable
a los actos que se expidan y que los demás debían ajustarse al artículo 353 ibidem, es
decir, que los acuerdos que se adecuaran a las previsiones de la ley conservarían su
vigencia.
4.2- Dado que el acuerdo fue expedido en el año 2019, debió cumplirse con el mandato
de la Ley 1819 de 2016, cuya finalidad era armonizar y homogeneizar el cobro de las
tarifas de los municipios y distritos, evitando sobrecostos en la prestación del servicio y
desigualdad en el cobro, todo lo cual desacredita la argumentación del impugnante
respecto de que la interpretación del alcance de la Ley 1819 de 2016 fue «excesivamente
formalista».
Así, ante la carencia del estudio técnico, aspecto que la demandada no controvirtió ni
desvirtuó, la regulación tarifaria se habría expedido irregularmente por no haberse
fundado en las normas a las que estaba sujeta. No prospera el cargo de apelación.
12
Al respecto, se pone de presente que la Corte Constitucional en la sentencia C-130 de 2018 (MP: José Fernando Reyes Cuartas) declaró la
constitucionalidad de la expresión «de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía,
o la entidad que delegue el Ministerio». En particular, consideró que, tratándose de una medida general, se trató de un límite para el ejercicio de las
competencias para definir la configuración del impuesto de alumbrado público que no vulneraba «de forma irrazonable, necesaria [SIC]o
desproporcionada» la autonomía territorial de los municipios y distritos, así como tampoco el principio de legalidad del tributo; por el contrario, estimó
que constituye una herramienta que evita abuso y desproporción «en el cobro del impuesto referido».
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Gaceta del Congreso 894, del 19 de octubre de 2016.
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Corte Constitucional, sentencia C-130 de 2018, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00037-01 (30799)
Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho
Conclusión
5- Con base en lo expuesto, la Sala establece como criterio interpretativo de esta
sentencia que el marco regulatorio vigente del impuesto de alumbrado público -Ley 1819
de 2016- exige a los municipios y distritos elaborar un estudio técnico de referencia donde
se determinen los costos de la prestación del servicio, cuyo incumplimiento deriva en la
nulidad de los actos administrativos que lo pretermitan.
Costas
6- Por tratarse de un asunto de interés público, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, conforme al artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas.
3. Reconocer personería al abogado Marcos Fernando Peñaloza Niño, como apoderado
de la demandada, en los términos del poder que le fue conferido (índice 20 de Samai
del Tribunal).
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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