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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00097-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00097-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de abril de 2024

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00097-01
Accionantes: Julieta Anaya de Moreno y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00097-01
Accionantes: Julieta Anaya de Moreno y otros
Accionados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y otros

Tema: Acción de tutela por el turno en que se registró una orden de
embargo decretada en un proceso ejecutivo. Incumplimiento del
requisito general de inmediatez. Derecho fundamental de petición.
Recurso de insistencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Banco Davivienda S.A. en contra de la sentencia
proferida el 9 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
la cual amparó el derecho fundamental a la igualdad de los señores Julieta Anaya de
Moreno, José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya, Luz Dary
Moreno Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya, Carmenza
Moreno Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

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Accionantes: Julieta Anaya de Moreno y otros

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Julieta Anaya de Moreno, José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander
Moreno Anaya, Luz Dary Moreno Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliecer
Moreno Anaya, Carmenza Moreno Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia
Moreno Anaya, por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al debido
proceso e igualdad y, junto con ellos, el principio de seguridad jurídica, los cuales
consideraron vulnerados con ocasión del proceso ejecutivo con radicado 68001-33-
33-001-2014-00014-02 que se tramita en el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga.

Como consecuencia de lo anterior, en síntesis, solicitaron ordenar a Bancolombia, al
Banco de Bogotá, al Banco Davivienda S.A., al Banco Popular, al Banco Agrario de
Colombia y al Banco de Occidente lo siguiente:

i) Cumplir la orden de embargo comunicada, mediante los Oficios núm. 1185, 1186,
1187, 1189, 1190 y 1196 del 17 de junio de 2018, respectivamente, conforme a lo
dispuesto en el ordinal 10 del artículo 593 del Código General del Proceso y, en esa
medida, constituir certificados de depósito a favor del Juzgado mencionado.

ii) Expedir los siguientes documentos, pues a pesar de que fueron requeridos no les
fue posible acceder a ellos: a) certificación de las cuentas que posee la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con número de cuenta y el saldo disponible
para fecha de radicación del oficio de embargo, esto es, 17 o 20 de junio de 2019; b)
copia de los extractos bancarios de las cuentas que posee la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, desde el 17 o 20 de junio de 2019, según el caso; y c)
copias de las solicitudes de embargo registradas con anterioridad a la orden impartida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante
oficios del 17 de junio de 2018.

iii) Rendir informe sobre: 1) el motivo por el cual no acataron oportunamente la medida
cautelar decretada y dos años después argumenten que la cuenta está congelada por
otros embargos recibidos con anterioridad; y 2) la fecha desde la cual se tomó nota de

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la orden de embargo decretada sobre las cuentas bancarias de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y si para ello se tomaron en cuenta los oficios del
juzgado de fecha 17 de junio de 2019.

1.1.2. Hechos de la solicitud

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) En el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga se
adelanta un proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-001-2014-00014-02, en el
que se pretende el cumplimiento de una condena judicial a favor de los señores Julieta
Anaya de Moreno, José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya,
Luz Dary Moreno Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya,
Carmenza Moreno Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya y en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Judicial, Ejército Nacional.

ii) El 13 de mayo de 2019, la autoridad judicial precitada decretó el embargo de los
dineros depositados o los que llegaren a depositarse en las cuentas bancarias de la
entidad ejecutada. Decisión que fue confirmada el 22 de abril de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Santander.

iii) La orden de embargo fue comunicada a Bancolombia, al Banco de Bogotá, al Banco
Davivienda S.A., al Banco Popular, al Banco Agrario de Colombia y al Banco de
Occidente, mediante los Oficios núm. 1185, 1186, 1187, 1189, 1190 y 1196,
respectivamente, los cuales fueron recibidos el 17, 20 y 21 de junio de 2019. La anterior
comunicación fue reiterada por el despacho judicial mencionado el 19 de julio de 2021.

iv) La parte ejecutante interpuso incidente de desacato, por el incumplimiento de la
anterior orden. El 4 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga dio apertura al trámite incidental en contra de los
representantes legales de las entidades bancarias mencionadas.

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v) El 6 de diciembre de 2021, la autoridad judicial precitada sancionó por desacato a
los representantes legales del Banco de Occidente, del Banco Agrario de Colombia,
del Banco Davivienda y del Banco Popular con multa de un salario mínimo legal
mensual vigente.

vi) Por lo anterior, el Banco Davivienda S.A. y la parte ejecutante interpusieron recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación y el Banco Agrario de Colombia solo formuló
recurso de reposición.
vii) El 7 de febrero de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga (i) rechazó por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por
el Banco Agrario de Colombia; (ii) repuso parcialmente la anterior decisión y, en
consecuencia, declaró no probado el desacato frente al Banco Davivienda S.A.; (iii)
denegó el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante; y (iv) rechazó por
improcedente el recurso de apelación.

viii) La parte ejecutante solicitó al despacho judicial precitado requerir a los bancos
para que anexaran saldos de cuentas, extractos y copias de los oficios de embargo
anteriores a la medida cautelar solicitada. No obstante, la autoridad judicial referida
negó lo peticionado.

ix) Por la anterior decisión, los accionantes solicitaron a las entidades bancarias dicha
información, pero estas se negaron a suministrarla bajo el argumento de reserva
bancaria.

x) Debido a la precariedad económica en la cual se encuentran, intentaron ceder los
derechos litigiosos a la accionada CONFIVAL CAPITAL S.A.S., sin embargo, luego de
6 meses de trámites para lograr la negociación, la sociedad desistió.

1.1.3. Fundamentos de derecho

Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna,
al mínimo vital, al debido proceso e igualdad, puesto que el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga no accedió a oficiar a las

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entidades bancarias a registrar la medida cautelar de embargo decretada por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dentro del
proceso ejecutivo 2014-00014-02 en el turno que correspondía, teniendo en cuenta
que la comunicación inicial se hizo a los bancos los días 17, 20 y 21 de junio de 2019;
esto para evitar que otras órdenes de embargo presentadas con posterioridad afecten
sus expectativas de cobro.

Adicionalmente, manifestaron que solicitaron a las entidades bancarias accionadas
explicar los motivos por los cuales no efectuaron el registro de la medida cautelar de
embargo en el orden que correspondía, pero tampoco obtuvieron respuesta alguna.
Por lo anterior, afirmaron que no disponen de otro mecanismo de defensa judicial para
proteger sus derechos.

Además, señalaron que el incumplimiento de aquellas entidades vulnera sus derechos
fundamentales y les causa un perjuicio irremediable, ya que algunos de ellos son
adultos mayores y se encuentran en una precaria situación económica.

1.2. Actuación procesal

El 25 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción de
tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga; de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de la sociedad
CONFIVAL CAPITAL S.A.S., del Banco Agrario de Colombia, del Banco de Occidente,
del Banco de Bogotá, del Banco Popular, del Banco Davivienda S.A. y de Bancolombia.
En consecuencia, les otorgó un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de esa providencia para que rindieran informe sobre los hechos expuestos
en el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

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La jueza Sandra Patricia Pinto Leguizamón, luego de realizar un recuento de las
actuaciones judiciales adelantadas frente a la medida de embargo en el proceso
ejecutivo, afirmó que ese despacho actuó de manera diligente y célere frente a cada
uno de los requerimientos elevados por la parte ejecutante, adelantando inclusive el
correspondiente trámite incidental en contra de los representantes legales de las
entidades financieras que no acreditaron el cumplimiento de sus obligaciones, por lo
que solicitó negar las pretensiones formuladas en contra de esa autoridad.

Por otro lado, advirtió que la acción de tutela no está instituida como una herramienta
para lograr el impulso de los procesos, los cuales tienen unas etapas bien definidas, o
para pretermitir procedimientos.

1.3.2. Banco de Occidente

La directora de la Unidad de Gestión de Reclamos, Gina Rocío Rodríguez Alejo, señaló
que el Oficio núm. 1196 fue recibido el 21 de junio de 2019 y brindó respuesta mediante
el consecutivo GBVR 19 02680, en el sentido de explicarle que las cuentas del
demandado eran inembargables y que el Oficio 0227 fue recibido el 27 de julio de 2021
y fue contestado a través del consecutivo GBVR 21 02892, aclarando que las cuentas
del demandado se encontraban embargadas con anterioridad al oficio precitado por
orden de otra autoridad. Para el efecto, explicó que el embargo aplicado en las cuentas
del ejecutado corresponde a la orden impartida por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, dentro del proceso 20001-33-31-002-2011-00204-
00, cuya demandante es la señora Andialelis Lara Severiche, por un valor de $
32.000.000.

1.3.3. Banco Davivienda S.A.

La representante legal, Adriana Sofía Molina Leyva, indicó que (i) el 21 de julio de 2019
recibió el oficio núm. 1187, mediante el cual se ordenaba el embargo de las cuentas
de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional dentro del proceso ejecutivo
2014-00014, que fue contestado el 26 de junio de 2019, en el sentido de informarle al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga sobre la

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inembargabilidad de las cuentas; (ii) el 29 de julio de 2021 recibió el Oficio núm. 0229-
2014-00014-02 EJE, a través del cual el despacho precitado nuevamente ordenó dicho
embargo, por lo que, en cumplimiento de ello, procedió a registrar la medida cautelar
decretada por un valor de $ 826.251.015; y (iii) el 10 de agosto de 2021 le comunicó a
la autoridad judicial la anterior actuación y, además, le informó que esa medida se
encontraba en lista de espera en el puesto núm. 12, debido a que las cuentas de la
entidad demandada tenían medidas cautelares de embargo anteriores.

En ese orden, consideró que el Banco Davivienda dio estricto cumplimiento a la medida
cautelar ordenada dentro del proceso ejecutivo, donde, a su vez, se declaró que
aquella entidad bancaria no incurrió en desacato alguno.

De otra parte, afirmó que, una vez revisado el traslado del escrito de tutela, no observa
la petición radicada por los accionantes, frente a la cual aquella parte expresó que el
banco dio respuesta, indicando la imposibilidad de suministrar lo requerido por reserva
bancaria. En consecuencia, solicitó denegar por improcedente la acción de la
referencia.

1.4. Sentencia impugnada

El 9 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander amparó el derecho
fundamental a la igualdad de los señores Julieta Anaya de Moreno, José del Carmen
Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno Anaya, Dora Inés
Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya, Carmenza Moreno Anaya, Cruz de Lina
Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya, el cual consideró vulnerado por el Banco
Agrario de Colombia, el Banco de Occidente, el Banco de Bogotá, el Banco Popular,
el Banco Davivienda y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga. En consecuencia, dispuso lo siguiente:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia y en adelante, adopte las decisiones que considere pertinentes y necesarias
con el fin de garantizar el sistema de turnos en la inscripción de la orden de embargo
proferida el 13 de mayo de 2019 dentro del proceso ejecutivo No. 680013333001-2014-
00014-02, promovido por los aquí accionantes contra la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional. En particular, deberá asegurar que se asigne el turno que le

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corresponde a la orden de embargo, atendiendo la fecha de comunicación inicial, realizada
en los días 17, 20 y 21 de junio de 2019, según sea el caso.

TERCERO: ORDENAR a las entidades accionadas Banco Agrario de Colombia, Banco
de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Davivienda que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, respondan la petición de información
formulada el 23 de febrero de 2022 por el accionante Jorge Eliécer Moreno Anaya.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones […]».

Como fundamento de la anterior decisión, el Tribunal afirmó que los bancos Davivienda
S.A., Banco Bogotá, Banco Agrario, Banco de Occidente y Banco Popular
desconocieron el sistema de turnos al registrar la orden de embargo proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dos años
después de su comunicación, sin tener en cuenta el turno de registro que le
correspondería si se hubiese atendido cuando se comunicó por primera vez, en los
días 17, 20 y 21 de junio de 2019, según cada caso.

Al respecto, sostuvo que si bien es cierto que algunas entidades financieras justificaron
su actuación en que para aquel momento el Juzgado no fue categórico en que las
cuentas eran embargables, también lo es que factores subjetivos como las dudas que
una entidad bancaria tenga sobre la posibilidad de registrar una orden de embargo no
constituyen razones suficientes para que los beneficiarios de una medida cautelar
pierdan el turno que les corresponde bajo un criterio objetivo como es el tiempo.

Adicionalmente, manifestó que, a pesar de que la problemática fue ventilada dentro
del proceso ejecutivo 2014-00014-02 mediante memoriales del 8 de septiembre de
2021 y 14 de diciembre de 2021, el Juzgado accionado no adelantó ninguna actuación
positiva para proteger judicialmente el derecho fundamental afectado por los bancos,
sino que, por el contrario, procedió a cerrar el incidente de desacato contra las
entidades bancarias que registraron el embargo en contra del sistema de turnos.
Además, precisó que la decisión de cierre del incidente de desacato no es reprochable
porque el auto de apertura no versó sobre este asunto.

En ese sentido, consideró que la falta de pronunciamiento durante más de dos años
frente a las solicitudes de los demandantes, encaminadas a que se impartan órdenes

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para hacer respetar el sistema de turnos en el trámite de registro de las medidas
cautelares de embargo, vulnera el derecho a la igualdad de estos.

Por otro lado, indicó que ordenaría al Banco Agrario de Colombia, al Banco de
Occidente, al Banco de Bogotá, al Banco Popular y al Banco Davivienda S.A. dar
respuesta a la petición formulada el 23 de febrero de 2022 por el accionante Jorge
Eliécer Moreno Anaya, encaminada a obtener información sobre las cuentas que
posee la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, las órdenes de embargo
registradas con anterioridad a la orden impartida por el Juzgado Primero Administrativo
de Bucaramanga mediante oficios del 17 de junio de 2019, y garantizar el sistema de
turnos en la inscripción de embargos.

Finalmente, aclaró que no accedería a las pretensiones encaminadas a que se profiera
una orden de registro prioritario de embargo o se constituyan depósitos judiciales en
favor de los accionantes, comoquiera que esto le corresponde resolverlo
exclusivamente al juez ordinario que adelanta el proceso ejecutivo. Además, señaló
que si bien es cierto que los actores aducen diferentes situaciones de vulnerabilidad
para exigir que se constituyan de manera urgente e inmediata los depósitos judiciales,
también lo es que ese Tribunal no contaba con elementos de juicio para considerar
que esas razones llevan a priorizar el cobro ejecutivo de su crédito en perjuicio de los
demás acreedores de la entidad demandada, quienes pueden estar en igual o peor
situación de vulnerabilidad.

1.5. Impugnación

1.5.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La jueza Sandra Patricia Pinto Leguizamón impugnó el fallo de primera instancia, para
lo cual indicó que en la solicitud de amparo no se formularon peticiones ni se
expusieron reproches frente a la actuación desplegada hasta el momento por ese
despacho judicial dentro del trámite de la acción ejecutiva, por lo que resulta
incongruente proferir órdenes que no fueron solicitadas y efectuar pronunciamiento
sobre hechos que no fueron puestos de presente por los accionantes.

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Sobre el particular, afirmó que las pretensiones de amparo recaen de manera exclusiva
sobre las entidades bancarias Banco Agrario de Colombia, Banco de Occidente, Banco
de Bogotá, Banco Popular, Banco Davivienda S.A., Bancolombia y se encuentran
encaminadas a que se ordene el cumplimiento de los oficios librados el 17 de junio de
2018 y se constituyan los depósitos judiciales a órdenes de ese Juzgado dentro del
proceso Rad. 2014-00014-00.

Adicionalmente, manifestó que el fallador de primer grado no revisó de forma integral
la acción ejecutiva, dando por probadas las manifestaciones de los accionantes,
desconociendo que, aunque el despacho profirió auto mediante el cual decretó
medidas de embargo y el 17 de junio de 2018 expidió los oficios correspondientes, la
parte actora solo hasta el 17 de junio de 2019 procedió al retiró de estos para el trámite
pertinente.

De igual forma, sostuvo que la orden impartida no es clara y de posible cumplimiento,
pues se trata de una imposición abstracta, no determinable, contrariando lo previsto
en el numeral 4.° del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, en la medida que se impone
la obligación de adoptar las decisiones que: «dentro de su autonomía, considere
pertinentes y necesarias», sin que se indique concretamente a cuáles o a qué tipo de
medidas se refiere. Al respecto, precisó que la acción de registro y el turno que deben
seguir las medidas de embargo ordenadas por ese Juzgado dentro de la acción
ejecutiva recae única y de manera exclusiva en las entidades bancarias y no en el juez.

Afirmó que esa dependencia judicial ha desplegado las acciones necesarias para
lograr el cumplimiento de la medida de embargo de dineros decretada, puesto que (i)
libró los oficios con destino a la entidades bancarias; (ii) efectuó el requerimiento a las
entidades bancarias precisándoles que al asunto se aplica la excepción de
inembargabilidad, en la medida que se trata de la ejecución de una obligación o crédito
derivado de una sentencia judicial; (iii) adelantó el correspondiente trámite incidental,
imponiendo la sanción por desacato a orden judicial; y (iv) compulsó las copias
correspondientes al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para lo de su competencia. Además, señaló que al haberse

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constatado el registro de dicha medida por algunas entidades bancarias -Banco de
Bogotá, Bancolombia, Banco Davivienda, Banco Agrario de Colombia-, lo procedente
era declarar no probado el incidente de desacato.

Por otro lado, alegó que el juez de primera instancia tampoco realizó un análisis de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela y mucho menos determinó que el
asunto gozaba de relevancia constitucional, máxime cuando se trata de un tema de
contenido económico, y no se encontraba acreditada la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que justifique el amparo transitorio.

1.5.2. Banco Davivienda S.A.

La representante legal del Banco Davivienda S.A. interpuso recurso de impugnación
en contra de la sentencia de primera instancia. Para soportarlo, afirmó que el 21 de
junio de 2019, recibió el Oficio núm. 1187 proveniente del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante el cual se ordenó el
embargo de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, dentro del proceso
ejecutivo radicado bajo el número 2014-00014, por lo que le informó al despacho
judicial precitado que las cuentas de dicha entidad eran inembargables.

Por lo anterior, señaló que el 29 de julio de 2021 recibió el oficio No 0229-2014-00014-
02 EJE en el que se ordenaba nuevamente el embargo de las cuentas del Ejército
Nacional, en razón a que a la medida de embargo decretada se le aplicaba la
excepción de inembargabilidad, por tratarse de la ejecución de una obligación derivada
de una sentencia judicial, de manera que procedió con el registro de medida cautelar
dictada, por valor de $ 826.251.015,07. Añadió que el 10 de agosto de igual anualidad,
le informó al Juzgado accionado sobre el registro de dicha medida y que aquella se
encontraba en lista de espera en la posición doce, debido a que las cuentas de
titularidad del Ejército Nacional tenían órdenes de embargo activas anteriores.

En esos términos, consideró que ese Banco no vulneró derecho fundamental alguno a
los accionantes, toda vez que la medida cautelar se registró de acuerdo con la orden

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impartida, siendo esa entidad únicamente un ejecutor de las condiciones señaladas en
los oficios.

Ahora, frente al derecho de petición, manifestó su desacuerdo con lo ordenado por el
Tribunal, comoquiera que el 10 de marzo de 2022 contestó lo peticionado por el
accionante Jorge Eliécer Moreno Anaya, en el sentido de indicarle que por reserva
bancaria no era posible suministrar la información solicitada. Además, sostuvo que el
13 de febrero de 2024, en cumplimiento de la orden de amparo, reiteró la anterior
respuesta.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación formulada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Banco Davivienda
S.A. en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia de este mecanismo y, en segundo
lugar, si el banco Davivienda S.A. vulneró el derecho fundamental de petición del
accionante Jorge Eliécer Moreno Anaya.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

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La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso ejecutivo con
radicado 68001-33-31-001-2014-00014-02, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. Los señores Julieta Anaya de Moreno, José del Carmen Moreno Anaya, José
Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge
Eliécer Moreno Anaya, Carmenza Moreno Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y
Claudia Moreno Anaya instauraron demanda ejecutiva en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de hacer efectiva una condena
judicial impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander el 16 de noviembre de
2017.

Adicionalmente, solicitaron, como medida cautelar, el embargo y retención de los
dineros que posea la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en las cuentas
de ahorros y corrientes, CDTS y títulos de ahorro.

2.4.2. El 13 de mayo de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga decretó la medida de embargo de los dineros depositados o que se
llegaren a depositar en la cuenta de la entidad ejecutada, limitando la medida de
embargo decretada a la suma de $ 826.251.015.

2.4.3. Por lo anterior, la entidad demandada interpuso recurso de apelación. El 22 de
abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la anterior decisión, al
considerar que es procedente el embargo de los recursos del presupuesto, cuando se
trata de créditos derivados de una sentencia judicial, comoquiera que se encuentra
dentro de las excepciones previstas por la Corte Constitucional.

2.4.4. La secretaria del Juzgado mencionado libró oficios comunicando la orden de
embargo con destino a las siguientes entidades: Bancolombia, Banco de Bogotá,
Davivienda, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Agrario de Colombia, Banco AV

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VILLAS, Banco Corpbanca, Banco GMB Sudameris, Banco Megabanco, Banco
Citibank, Banco de Occidente, Banco HSBC y Banco Helm Bank.

2.4.5. Los oficios fueron radicados por la parte ejecutante en los siguientes bancos: a)
Banco de Occidente (21 junio 2019); b) Banco Agrario de Colombia (17 de junio de
2019); c) Banco Davivienda S.A. (20 de junio de 2019); d) Bancolombia (17 junio 2019);
e) Banco Popular (20 junio 2019); y f) Banco de Bogotá (17 de junio de 2019).

2.4.6. El Banco Agrario, mediante Oficio UOCE-2019-52572 del 20 de junio de 2019,
señaló que la cuenta era inembargable por manejar recursos de destinación
específica.

2.4.7. El 19 de julio de 2021, el despacho judicial precitado requirió a los Bancos de
Occidente, Agrario de Colombia, Davivienda, Bancolombia, Popular y de Bogotá, con
el fin de que dieran cumplimiento a la orden de embargo del 13 de mayo de 2019.

2.4.8. El 28 de julio de 2021, el Banco de Occidente, mediante comunicación núm.
GBVR 21 02892, manifestó que el demandado no contaba con saldo disponible y las
cuentas se encontraban embargadas por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar, por lo que le sugirió a la parte actora solicitar el
embargo del remanente.

2.4.9. El 29 de julio de 2021, el Banco Popular informó que había registrado la medida
cautelar por el valor establecido y dada la no disponibilidad de recursos o concurrencia
de embargos no se generó débitos a favor del proceso.

2.4.10. El 2 de agosto de 2021, Bancolombia, mediante Oficio núm. 75819187,
manifestó que la entidad ejecutada no tiene vínculo comercial con esa entidad.

2.4.11. El 8 de septiembre de 2021 los accionantes solicitaron al juzgado iniciar
incidente de desacato en contra de los representantes legales de las entidades
bancarias.

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2.4.12. El 4 de octubre de 2021, el juzgado accionado abrió formalmente incidente de
desacato en contra de los representantes legales del Banco de Occidente, el Banco
Agrario de Colombia, el Banco Davivienda, Bancolombia, Banco Popular y Banco de
Bogotá. El juzgado los requirió para que informaran las razones por las cuales no se
había aplicado la medida de embargo, a pesar de que los dineros de la entidad
ejecutada no ostentaban la condición de inembargabilidad.

2.4.13. El 19 de noviembre de 2021 los accionantes solicitaron que se decidiera el
incidente de desacato.

2.4.14. El 22 de noviembre de 2021 el Banco Davivienda informó que desde el 4 de
agosto de 2021 tomó nota del embargo por valor de $ 826.251.015,07 y que existen
11 medidas de embargo anteriores.

2.4.15. El 26 de noviembre de 2021, el Banco de Bogotá le informó al juzgado que
tomó nota del embargo y que a la fecha tenía 79 medidas cautelares previas.

2.4.16. El mismo día, el Banco Agrario informó que la cuenta de la entidad ejecutada
tenía embargos anteriores y que, por tanto, se tomaba nota en el turno 10 desde el 25
de noviembre de 2021.

2.4.17. El 6 de diciembre de 2021, el Juzgado precitado decidió el incidente de
desacato. Por un lado, declaró que no hubo incumplimiento por parte de: (i) el
representante del Banco de Bogotá, porque acató la orden de embargo, procediendo
con el registro correspondiente e informando la imposibilidad de materializar el
embargo; (ii) el representante de Bancolombia, porque no posee vínculos con la
ejecutada y, por el otro, declaró en desacato a los representantes legales del Banco
de Occidente, el Banco Agrario de Colombia, Davivienda y el Banco Popular, por
incumplimiento a la orden de embargo impartida en autos del 13 de mayo de 2019 y
19 de julio de 2021 y, en consecuencia, sancionó a cada uno con multa de 1 SMMLV.

2.4.18. El 14 de diciembre de 2021 los accionantes presentaron recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación en contra del auto que decidió el incidente de desacato,

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para lo cual argumentaron que: i) la sanción impuesta no es suficiente, porque con el
primer oficio manifestaron que las cuentas eran inembargables y dos años después
indican que las cuentas están embargadas por virtud de órdenes judiciales anteriores;
y ii) las entidades bancarias pretenden tomar nota del embargo como si se hubiese
comunicado en el año 2021, cuando debieron tomar nota en junio de 2019, fecha en
la cual se les comunicó por primera vez la orden judicial.

En el mismo memorial, los ejecutantes le solicitaron al Juzgado requerir a los
representantes legales de los Bancos Agrario, Davivienda, de Occidente, de Bogotá y
Popular, para que: (i) certificaran cuáles cuentas posee la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con número de cuenta y el saldo disponible; (ii) allegaran
copia de los extractos bancarios de las cuentas que posee la entidad ejecutada; (iii)
explicaran el motivo por el cual no dieron cumplimiento a la orden de embargo; (iv)
allegaran las solicitudes de embargo registradas con anterioridad; y (v) informaran el
valor que se encuentra congelado por cuenta de otros embargos , y desde qué fecha
se tomó nota de la orden de embargo.

2.4.19. El 7 de febrero de 2022, el Juzgado negó el recurso de reposición interpuesto
por la parte ejecutante y rechazó por improcedente el recurso de apelación. Asimismo,
declaró que no hubo incumplimiento de los representantes legales de los Bancos
Agrario y Davivienda, porque tomaron nota del embargo. Solo mantuvo la declaratoria
de desacato frente a los representantes legales de los Bancos de Occidente y Popular.

2.4.20. El 23 de febrero de 2022 el accionante Jorge Eliécer Moreno Anaya solicitó a
los Bancos de Bogotá, de Occidente, Davivienda, Popular y Agrario indicar las razones
por las cuales no se hizo el registro del embargo siguiendo el estricto orden que le
correspondía.

2.4.21. El 25 de agosto de 2022 los accionantes solicitaron que se compulsaran copias
al Consejo Seccional de la Judicatura para el cobro de las multas impuestas a los
representantes legales de los bancos sancionados, solicitud que fue negada por el
juzgado el 8 de noviembre de 2022. La decisión fue recurrida por los accionantes y
confirmada por la autoridad judicial mencionada, en auto del 5 de junio de 2023.

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Posteriormente, en auto del 21 de julio de 2023 aquel despacho judicial ordenó
compulsar copias para hacer efectivo el cobro de las multas.

2.5. Caso concreto.

2.5.1. Análisis de la Sala con respecto a la inconformidad sobre el turno de
registro de la orden de embargo decretada en el proceso ejecutivo.

Los señores Julieta Anaya de Moreno, José del Carmen Moreno Anaya, José
Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge
Eliecer Moreno Anaya, Carmenza Moreno Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y
Claudia Moreno Anaya solicitaron la protección de sus derechos fundamentales la vida
digna, al mínimo vital, al debido proceso e igualdad, los cuales consideraron
vulnerados por el Banco Davivienda, Banco Bogotá, Banco Agrario, Banco de
Occidente y Banco Popular, porque no registraron la orden de embargo desde la
comunicación inicial realizada los días 17, 20 y 21 de junio de 2019, según cada caso,
esto para evitar que otras órdenes de embargo presentadas con posterioridad afecten
sus expectativas de cobro.

En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander amparó el
derecho fundamental a la igualdad de los accionantes, al considerar, de un lado, que
las entidades bancarias accionadas desconocieron el sistema de turnos al registrar la
medida de embargo y, por el otro, que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga no adelantó ninguna actuación positiva para proteger
judicialmente el derecho fundamental afectado por los bancos, sino que, por el
contrario, procedió a cerrar el incidente de desacato contra las entidades bancarias
que registraron el embargo en contra del sistema de turnos.

Por su parte, el Juzgado precitado interpuso recurso de impugnación, en el que afirmó
que el juez de primera instancia no realizó un análisis sobre el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela en el presente asunto.

Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de hechos probados, la sala advierte
que desde el 14 de diciembre de 2021 los accionantes tuvieron conocimiento del turno

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en que se inscribió la orden de embargo, comoquiera que en el recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación que instauraron en contra de la providencia, mediante la
cual se resolvió el incidente de desacato en el proceso ejecutivo con radicado 68001-
33-31-001-2014-00014-01, discutieron que las entidades bancarias registraron la
orden embargo en el año 2021, cuando debieron tomar nota en junio de 2019, fecha
en la cual se les comunicó por primera vez esa orden judicial.

Adicionalmente, se observa que el 9 de febrero de 2022, el Juzgado precitado, entre
otras cosas, negó el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante y rechazó
por improcedente el recurso de apelación.

En esa medida, como a través de la providencia mencionada se resolvió el recurso,
mediante el cual los accionantes pusieron de presente en el trámite ordinario lo que
hoy pretenden discutir en esta sede constitucional, la Subsección estima necesario
determinar si se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.

En relación con la exigencia mencionada, la Corte Constitucional ha sostenido que
esta «constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su
interposición debe ser oportuna y razonable con relación a la ocurrencia de los hechos
que originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados. La
petición ha de ser presentada en un tiempo cercano a la ocurrencia de la amenaza o
violación de los derechos. Si se limitara la presentación de la demanda de amparo
constitucional, se afectaría el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de
tutela, y se desvirtuaría su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales
derechos»3.

Por tanto, al revisar el expediente del proceso ordinario, se observa que la anterior
decisión fue notificada por estado el 8 de febrero de 2022; sin embargo, la acción de
tutela fue instaurada hasta el 23 de enero de 2024, por lo que se colige que la parte
accionante superó ampliamente el término prudencial establecido por la jurisprudencia
para la presentación del mecanismo de amparo.

3
Corte Constitucional. Sentencia T-332 de 2015.

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No obstante, como el solo paso del tiempo, no habilita al juez constitucional para
considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si la
tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable.

Al respecto, se advierte que en el escrito de tutela los accionantes no plantearon
ningún argumento para justificar su tardanza en la interposición del mecanismo de
amparo, pues desde el año 2021 tuvieron conocimiento de la supuesta irregularidad
presentada en el registro de la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo
2014-00014, pero solo ejercieron la acción de tutela hasta la anualidad en curso, lo
que desvirtúa la urgencia de protección de los derechos fundamentales invocados.
Asimismo, tampoco se observa alguna situación que le haya impedido acudir a esta
acción y que convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de ese
requisito general de procedibilidad.

Por tanto, se revocarán los ordinales 1.° y 2.° de la sentencia proferida el 9 de febrero
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, para, en su lugar, rechazar por
improcedente la acción de tutela instaurada por los señores Julieta Anaya de Moreno,
José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno
Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya, Carmenza Moreno
Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya.

2.5.2. Derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.

La Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento4, reiteró la caracterización del
derecho de petición y afirmó que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la
administración. Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los

4 Sentencia T-230 de 2020

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ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Social Democrático de
Derecho.

En ese sentido, la garantía ius fundamental precitada tiene dos componentes
esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y,
como correlativo a ello, ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz,
oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo
esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la
existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

a) Respecto de la formulación de la petición

En virtud del derecho de petición, cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea de forma verbal, por escrito o por cualquier otro
medio idóneo –artículo 23 de la Constitución Política y 13 del CPACA–. En otras
palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas,
siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos. Además, estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y
responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de
acuerdo con los estándares establecidos por la ley.

b) Pronta resolución

Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste en que
las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser resueltas
en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal
efecto.

c) Respuesta de fondo

En la Sentencia T-230 de 2020, se reiteró que el componente del núcleo esencial
supone que la contestación a las peticiones debe observar ciertas condiciones para
que sea constitucionalmente válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:
i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; ii) precisa,

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de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta se produce con motivo de
una petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.

d) Notificación de la decisión

La Corte Constitucional, en la citada providencia, enfatizó que para materializar la
decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación
otorgada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.

2.5.3. Estudio de la petición elevada por el accionante Jorge Eliécer Moreno
Anaya.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó
al Banco Agrario de Colombia, al Banco de Occidente, al Banco de Bogotá, al Banco
Popular y al Banco Davivienda S.A. dar respuesta a la petición formulada el 23 de
febrero de 2022 por el señor Jorge Eliécer Moreno Anaya, encaminada a obtener
información sobre las cuentas que posee la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, las órdenes de embargo registradas con anterioridad a la orden impartida
por el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga mediante oficios del 17 de
junio de 2019, y garantizar el sistema de turnos en la inscripción de embargos.

No obstante, el Banco Davivienda, en su escrito de impugnación, afirmó que el 10 de
marzo de 2022 resolvió la anterior petición, en el sentido del explicarle al señor Moreno
Anaya que por reserva bancaria no era posible suministrar la información solicitada. Al
respecto, al revisar el oficio de respuesta, se observa que la entidad bancaria expuso
lo siguiente:

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«[…] Davivienda como ejecutor de las medidas judiciales, ingresó medida de embargo
a nombre de Ejercito Nacional, con NIT. No. 8001306324, por valor de
$826.251.015.07, cuyo demandante es la señora Julieta Anaya de Moreno y otros,
sin embargo (sic) no se ha logrado realizar depósito judicial en razón a que hay
medidas activas y en espera antes de la medida por la cual indaga.

No es posible atender de manera favorable su solicitud de extractos y certificaciones
a nombre de un tercero ya que el Banco debe cumplir con la Reserva Bancaria para
nuestros clientes, por lo cual se recomienda se soliciten dichos documentos, a través
de las autoridades competentes.

Así mismo agradecemos se acerque al Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, donde podrá observar las respuestas emitidas por
el Banco frente al caso.

Reiteramos nuestro compromiso de atender de manera clara, sencilla y oportuna sus
requerimientos, así mismo, agradecemos sus comentarios y sugerencias que nos
ayudan brindar siempre la mejor atención a nuestros clientes […]».

Adicionalmente, se aprecia que la anterior contestación fue notificada al correo
electrónico de la abogada Nelcy Cardozo Rueda, quien elevó la petición objeto de
estudio como apoderada judicial del señor Jorge Eliécer Moreno Anaya.

Así las cosas, la Sala advierte que si el accionante se encontraba en desacuerdo con
la respuesta brindada por el Banco Davivienda, aquel contaba con otro mecanismo de
defensa idóneo y eficaz, como lo es el recurso de insistencia, el cual se encuentra
previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 y fue creado con el fin de discutir la
decisión de la administración de negar el acceso a una información o documentos por
razón de reserva legal. En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-146 de
2012, expuso lo siguiente:

«[…] En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha estudiado la procedencia de
la acción de tutela contra las personas jurídicas que desarrollan la actividad
bancaria, concluyendo que, independientemente de su naturaleza pública, privada,
o mixta, las mismas actúan en ejercicio de una autorización del Estado para la
prestación de una actividad que tiende a satisfacer una necesidad de carácter general,
en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público. Esta
necesidad consiste en canalizar la mayor parte del flujo de capitales en el sector real de
la economía.

En este orden de ideas, en Sentencia SU-157 de 1999, la Corte estableció que “(…)
en el derecho Colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público,
pues sus nítidas características así lo determinan. La importancia de la labor que
desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de
mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad

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y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción,
indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.” […]

Esta Corporación establecido que “(…) la posibilidad de acudir a esta acción para
proteger un derecho fundamental como consecuencia del acto de una entidad bancaria
no excluye el cumplimiento de las causales genéricas de procedencia previstas en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia […]

En cuanto al derecho de acceso a los documentos solicitados, la tutela no es el
mecanismo para acceder a los mismos, dado que, conforme al artículo 21 de la Ley 57
de 1985 existe una reglamentación especial para garantizar el derecho de acceso a la
información, cuando se considere que no ha sido satisfecho por parte de la
administración a través de sus órganos oficiales.

Frente a este tema, esta Corporación recordó que cuando “(…) las entidades públicas
se han negado expresamente a suministrar la información solicitada por los ciudadanos,
bajo el argumento de su carácter reservado, la Corte ha sostenido que la tutela es
improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial: el recurso de
insistencia del artículo 21 de la Ley 57 de 1985.”

En Sentencia del 17 de junio de 2010, la Sección Quinta del Consejo de Estado conoció
en sede de tutela de un caso similar al que se examina, en el que el accionante pretendió
que le fuera garantizado su derecho fundamental de petición y (sic) en consecuencia, se
ordenara a una entidad financiera cumplir en forma inmediata con la entrega de unos
documentos solicitados, por considerar que los mismos no se encontraban sujetos a
reserva bancaria.

En dicha ocasión, el Consejo de Estado precisó que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para resolver cualquier conflicto presentado en relación con el
carácter de reservado de cierta información o documentos, pues para tal efecto, el
ordenamiento jurídico consagró el recurso de insistencia. De esta manera, se hace
evidente que existe un mecanismo judicial idóneo y preferente para resolver los
conflictos que se susciten sobre el carácter de reservado que pueda tener un documento
o información, mecanismo que procede para controvertir la reserva bancaria de
información que esté bajo el dominio de una entidad financiera.

Por lo tanto, la pretensión del accionante, consistente en que se ordene a Bancolombia
S.A. efectuar la entrega de las fotocopias solicitadas, por considerar que la información
requerida no está sujeta a reserva bancaria, resulta ser improcedente. Lo anterior, por
cuanto la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de derechos y,
ante la negativa del banco de suministrar la información requerida, el accionante contaba
con otros recursos para conseguirla […]».

Por lo expuesto, se concluye que la acción de tutela, frente a este reparo, no cumple
con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el accionante no agotó el
medio de defensa previsto en la ley para ventilar la controversia expuesta en esta sede
constitucional, de ahí que la acción de amparo se torne improcedente, pues esta no
puede promoverse para sustituir el instrumento judicial que el actor se abstuvo de
emplear.

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00097-01
Accionantes: Julieta Anaya de Moreno y otros

Ahora, si bien es cierto que los accionantes manifestaron, en el escrito de tutela, que se
encontraban en una situación de vulnerabilidad, por extrema pobreza, lo cierto es que al
revisar la certificación del SISBEN del señor Jorge Eliécer Moreno Anaya, quien fue
quien radicó la petición cuya falta de respuesta se discute, se evidencia que tal aserto
no es cierto. Adicionalmente, en el escrito de tutela tampoco se expuso una
circunstancia que le hubiese impedido a este último agotar el instrumento de defensa
con el que contaba.

En consecuencia, se revocará parcialmente el ordinal 3.° de la sentencia de primera
instancia, para, en su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela en lo que tiene
que ver con la petición elevada el 23 de febrero de 2022 por el señor Jorge Eliécer
Moreno Anaya al Banco Davivienda S.A.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que deben revocarse (i) los ordinales 1.° y 2.° de la sentencia proferida el 9 de febrero
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, para, en su lugar, rechazar por
improcedente la acción de tutela instaurada por los señores Julieta Anaya de Moreno,
José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno
Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya, Carmenza Moreno
Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya; y (ii) parcialmente el
ordinal 3.° de la providencia mencionada, para, en su lugar, rechazar por improcedente
la acción de tutela en lo que tiene que ver con la petición elevada el 23 de febrero de
2022 por el señor Jorge Eliécer Moreno Anaya al Banco Davivienda S.A., y confirmarlo
en todo lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00097-01
Accionantes: Julieta Anaya de Moreno y otros

Falla:

Primero: Revocar los ordinales 1.° y 2.° de la sentencia proferida el 9 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, para, en su lugar, rechazar por
improcedente la acción de tutela instaurada por los señores Julieta Anaya de Moreno,
José del Carmen Moreno Anaya, José Alexander Moreno Anaya, Luz Dary Moreno
Anaya, Dora Inés Moreno Anaya, Jorge Eliécer Moreno Anaya, Carmenza Moreno
Anaya, Cruz de Lina Moreno Anaya y Claudia Moreno Anaya.

Segundo: Revocar parcialmente el ordinal 3.° de la providencia mencionada, para, en
su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela en lo que tiene que ver con la
petición elevada el 23 de febrero de 2022 por el señor Jorge Eliécer Moreno Anaya al
Banco Davivienda S.A., y confirmarlo en todo lo demás.

Tercero: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGA
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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