Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00352-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00352-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00352-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santander y otro
Temas: Derecho al descanso de servidor judicial perteneciente a régimen
individual de vacaciones - Expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal1 para nombramiento de reemplazo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santander en contra de la sentencia proferida el 30 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se decidió la
solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
Aura Lizeth Pinto Sierra, en calidad de sustanciadora en el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, promovió solicitud de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo digno, descanso
remunerado, igualdad y no discriminación, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la respuesta desfavorable emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santander al requerimiento de expedición de un CDP para el
nombramiento de su reemplazo durante el disfrute de un periodo de vacaciones ya
causado.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 En adelante CDP
2 Ver índice 3 de Samai em el expediente electrónico 68001233300020240035200. Actuación denominada
«EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 3»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
i) Se vinculó a la Rama Judicial en provisionalidad el 15 de agosto de 2001, sin embargo,
desde el 1 de agosto de 2010 fue nombrada en propiedad como escribiente nominado.
Actualmente, se desempeña como sustanciadora en provisionalidad, en el Juzgado
Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga.
ii) Con Resolución 014 del 11 de noviembre de 2022 le fue concedida licencia de
maternidad del 9 de noviembre de ese año al 14 de marzo de 2023, lo cual significó el
no pago ni disfrute del periodo de vacaciones colectivas del año 2022.
iii) El 11 de octubre del 2023 elevó consulta ante el área de Seguridad Social de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, con el fin de
que se le informara «si estando en licencia de maternidad y salgo a vacaciones, esos días se
suman a la licencia o se cuentan de manera conjunta».
iv) El 16 de diciembre de 2023, luego de revisar la nómina del mes de diciembre, a través
del correo institucional reclamosnominabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitó su
corrección, en el sentido de incluir el reconocimiento y pago de las vacaciones causadas.
v) Previa interposición de una solicitud de tutela, el 9 de febrero de 2023 recibió respuesta
a los pedimentos elevados, y con fundamento en esta, el 29 de mayo siguiente radicó
ante su nominador petición de disfrute del periodo vacacional correspondiente a las
colectivas del 2022-2023, lo cual le fue negado con Resolución 015 del 10 de noviembre
de 2023 por necesidades del servicio.
iv) La autoridades tuteladas vulneraron sus derechos fundamentales, pues, «[…] las
vacaciones y la licencia de maternidad no son incompatibles, y por ende disfrutar la primera en
el periodo de la segunda, no puede traducirse en perdida del derecho de pago y disfrute de las
mismas, […]». (sic)
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados:
«[…] y en consecuencia ordenarle a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL NIVEL CENTRAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL SANTANDER y el
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
BUCARAMANGA, adoptar las medidas administrativas y presupuestales para el
reconocimiento, pago y disfrute de mis vacaciones colectivas del año 2022, a las cuales tengo
derecho […]»
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bucaramanga3, en calidad de nominador de la demandante, ratificó los argumentos
expuestos en el escrito de tutela e informó que ese despacho pertenece al régimen
3
Ver índice 3 de Samai en el expdiente 68001233300020240035200EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 3
2
Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
colectivo de vacaciones de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el cual
está conformado por el juez, un sustanciador y un escribiente.
Mencionó que con ocasión de una solicitud de amparo anterior:
«[…] este Despacho judicial profirió la resolución 002 del 15 de Febrero de 2023, mediante la
cual se le concedieron las vacaciones deprecadas por la accionante, y como consecuencia
de ello se requirió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Santander,
para que adoptara las medidas administrativas y realizara las gestiones y apropiaciones
presupuestales a que haya lugar, con el fin de reconocer, liquidar y pagar las vacaciones
concedidas, así como para que adoptara las medidas administrativas y realizara las gestiones
y apropiaciones presupuestales necesarias con el fin de contar con los recursos económicos
en aras de realizar el nombramiento de la personas que reemplazaría a AURA LIZETH PINTO
SIERRA durante sus vacaciones, puesto que conforme al Acuerdo PSAA15-10402 de 2015,
es inviable la redistribución temporal de funciones entre el escribiente, y el Juez.
No obstante, y debido a los requerimientos realizados a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Santander en la resolución 002 de 2023, el Despacho
recibió el oficio DESAJBUO22-414 del 20 de febrero de 2023 enviado por parte de la Dirección
Ejecutiva Secciona de Administración Judicial de Bucaramanga, en el que informó la
inviabilidad de dar cumplimiento al requerimiento efectuado, en el que señaló principalmente
dos circunstancias particulares frente al caso que nos ocupa, las cuales principalmente son
que AURA LIZETH no solicitó el aplazamiento de sus vacaciones y por tanto no existe un acto
administrativo que conceda esa petición; y que no se cuenta con apropiación presupuestal
disponible para el nombramiento de reemplazos de aquellos servidores del régimen de
vacaciones colectivas, salvo en los casos expresamente fijados en la Ley 270 de 1996 y en la
Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. […]»
En atención a la respuesta negativa emitida por la Dirección Seccional Ejecutiva, con
Resolución 004 del 14 de marzo 2023 se le solicitó a la demandante autorizar la
revocatoria directa del acto administrativo a través del cual se le habían concedido las
vacaciones, frente a lo cual esta accedió «con la advertencia de que dicha aceptación no
podía entenderse como la renuncia a su derecho de reconocimiento y disfrute de las vacaciones
a que tiene derecho por el período trabajado durante el año 2022; así las cosas se expidió la
resolución 005 el 15 de marzo de 2023».
Ante una nueva solicitud de concesión de vacaciones elevada por la demandante, el 4
de octubre de 2023 el despacho requirió a la Dirección Seccional Ejecutiva para que
informara si: i) la servidora cuenta con el tiempo suficiente para disfrutar el período
vacacional correspondiente al año 2022; y ii) se cuenta con apropiación presupuestal
disponible para el pago de las aludidas vacaciones y el nombramiento de su reemplazo
mientras su disfrute
Petición respecto de la cual la entidad guardó silencio, por lo que con Resolución 015 del
10 de noviembre de 2023 se negaron las vacaciones solicitadas.
De acuerdo con lo expuesto, señaló que, en el evento de accederse al amparo invocado,
se inaplique lo dispuesto en el Acuerdo PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 y así
se destine el presupuesto correspondiente para nombrar el reemplazo de la demandante
durante el disfrute de los 22 días de vacaciones, pues, en atención a la alta carga laboral
que tiene el despacho, le sería imposible atender su normal funcionamiento con un
servidor menos.
3
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Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
1.2.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga4 indicó que la solicitud de tutela es improcedente por no superar el
requisito de la subsidiariedad, pues, no existe prueba de que, previo a acudir ante el juez
constitucional, la demandante hubiera solicitado ante su nominador el disfrute del periodo
vacacional pretendido; autoridad esta última, la competente para decidir lo pertinente tal
como lo señala el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
En cuanto a la situación administrativa de la demandante advertida en la solicitud de
amparo, explicó:
«[…] ni tampoco prueba la existencia de acto administrativo previo al inicio del
periodo de vacaciones colectivas del año 2022, 20 de diciembre, que hubiere sido
expedido por la autoridad competente en el que se apliquen las figuras de aplazamiento
o la interrupción de las mismas, evidenciando entonces la improcedencia de la presente
acción constitucional.
Lo anterior, ha sido expuesto a la accionante mediante respuesta contenida en mensaje de
datos de fecha 16 de noviembre de 2022, y Oficio de fecha 09 de febrero de 2023, que se
adjuntan como pruebas en anexos 7, 8, 9 y 10, en cuanto a lo que corresponde
funcionalmente a la Seccional conforme el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Por tanto, esta Seccional cumple a cabalidad con las funciones, atribuciones y competencias
designadas en el artículo 103 de la ley 270 de 1996, y, como se acredita en los documentos
adjuntos, esta entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la parte accionante, a
la
luz de las disposiciones normativas alegadas, reiterando que no puede pretender la señora
Pinto Sierra que se le paguen valores por concepto de “vacaciones” que no ha
disfrutado, al encontrarse separada temporalmente de sus funciones con ocasión de la
licencia de maternidad en la que se encuentra desde el 09 de noviembre de 2022.
Por último, se insiste en que no se vulneran sus derechos fundamentales al “TRABAJO -
DESCANSO REMUNERADO E IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN”, pues la accionante ni
siquiera ha acudido ante su autoridad nominadora a efectos de solicitar la concesión de las
vacaciones a las cuales hace alusión, y no se avizora discriminación frente a la accionante
comoquiera que la entidad da respuesta a las peticiones como las de la accionante utilizando
este mismo criterio que le ha informado, por lo que no se advierte en qué radica la necesidad
de un trato diferenciado en su respecto, máxime, conforme a lo que obra en las respuestas
ofrecidas donde incluso se refiere a la jurisprudencia sobre el asunto y que es reiterada en los
conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública que resultan aplicables al
análisis del caso, que permiten advertir con claridad meridiana que se encuentra aplicando el
marco legal vigente, como se realiza con las demás funcionarias y empleadas de esta
circunscripción territorial. […]»
1.2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio.
1.3 Sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 30 de mayo de 2024
amparó los derechos fundamentales al descanso, trabajo, salud y dignidad humana de
la demandante y, ordenó «a la titular del Juzgado Sexto Civil de Ejecución de Sentencias de
4 Ibídem
5 Ver índice 13 de Samai en el expediente 68001233300020240035201. Archivo de denominado «
30Sentencia de Pr_68001233300020240035(.docx) NroActua 13
4
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Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
Bucaramanga, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, conceda a la accionante las vacaciones correspondientes al año 2022, y, en el
mismo término, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central, realice los
trámites financieros y administrativos necesarios para liquidar las vacaciones del año 2022, así
como, garantizar la correcta prestación del servicio a cargo del Despacho judicial al que se
encuentre vinculada la accionante, mientras esta disfruta de sus vacaciones».
1.4. El escrito de impugnación6
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga impugnó la
decisión del a quo para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el informe rendido y
señaló que a la demandante ya le fueron canceladas y concedidas las vacaciones
causadas del 20 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024; por lo que, «conforme la
documental adjunta y la normativa vigente aplicable al caso concreto, es claro que no se cumplen
los requisitos establecidos para efectuar reconocimiento y pago de vacaciones COLECTIVAS,
en tiempo diferente dispuesto por la ley al que deben disfrutarse, pues las mismas no han sido
concedidas ni disfrutadas, ni tampoco para conceder la compensación en dinero».
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir, ii) problema jurídico, iii) de la procedencia de la
solicitud de tutela - el derecho al descanso; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que «[…] Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer la presente impugnación
contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.
2.2. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la autoridad demandada vulneró los derechos fundamentales
al trabajo y al descanso de Aura Lizeth Pinto Sierra al negar la expedición de un CDP
que permita el nombramiento de su reemplazo en calidad de sustanciadora del Juzgado
Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, en aras de acceder
al disfrute de un periodo de vacaciones ya causado?
2.3. Procedencia de la solicitud de amparo
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
6 Ver índice 16 de Samai en el expediente 68001233300020240035201. Actuación denominada «
31_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONTUTELA2(.pdf) NroActua 16»
5
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Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia7, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por
el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio
judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el
mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones
que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Derecho al descanso
El derecho convencional y la Corte Constitucional8 han calificado el derecho al descanso
como fundamental. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales9 en su artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de
todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguren «el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo
indica el artículo 7, literal h), del Protocolo de San Salvador10, que señala como una de
las condiciones justas de trabajo el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones
pagadas y la remuneración de los días feriados nacionales. En el ámbito nacional, el alto
tribunal constitucional ha precisado que el descanso es un derecho derivado de los
artículos 53 y 25 de la Constitución Política, normas que determinan los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador y señalan que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Dicho ello, es inconstitucional que los nominadores, bajo argumentos de índole
administrativo, afecten el disfrute del descanso remunerado respecto de quien ya ha
consolidado el derecho; razón por la cual, la Corte Constitucional ha determinado la
procedencia de la solicitud de tutela en aras de velar por su protección inmediata:
7 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
8 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
9 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre
de 1966".
10 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
6
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Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
«[…] ¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a través de la tutela?. Por regla
general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante la
jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación
laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que el carácter
residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la
posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa
judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del
derecho fundamental amenazado o vulnerado.»
2.4. Caso en concreto
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y,
en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a
efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Caso concreto
Aura Lizeth Pinto Sierra acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales los cuales consideró vulnerados con ocasión de la renuencia
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santander para expedir el CDP
necesario para que la jueza Sexta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bucaramanga, como nominadora, autorice el disfrute de sus vacaciones y le nombre un
reemplazo durante dicho lapso.
De acuerdo con la controversia en cuestión, es relevante recordar que el artículo 146 de
la Ley 270 de 199611, en cuanto a las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, reguló:
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio. […]»
Así, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 201112, a través de la cual estableció i) el
procedimiento para nombrar los reemplazos de los funcionarios pertenecientes al
régimen de vacaciones individual, que soliciten su disfrute; ii) que no es procedente el
reemplazo del personal titular perteneciente al régimen de vacaciones colectivas, salvo
la existencia de licencia por enfermedad o por maternidad que coincida total o
parcialmente con el periodo vacacional; iii) que no procede la concesión de vacaciones
«para funcionarios judiciales designados en juzgados del régimen de vacaciones colectivas que
11 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
12 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.
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Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
provengan de despachos del régimen individual, en los cuales hayan causado vacaciones que
se encuentren pendientes por disfrutar, tampoco podrán conceder el disfrute de dichos
periodos», estas se pagaran al momento del retiro definitivo del servicio; y iv) respecto de
«funcionarios judiciales del régimen de vacaciones colectivas, que participen en programas de
descongestión de despachos judiciales, cuya vigencia coincida total o parcialmente con el
periodo de la vacancia judicial, en cuanto termine la medida de descongestión reasumirán
automáticamente los cargos de los cuales son titulares y entrarán a gozar de inmediato del resto
de las vacaciones colectivas, lo cual implica que se reintegrarán a sus labores en cuanto se
termine la vacancia judicial en el mes de enero. Los días de vacancia que les faltaren para
completar el tiempo legalmente establecido, es decir, los del mes de diciembre, les serán
compensados en dinero. […]»
Como se observa, si bien es cierto el referido instrumento solo mencionó a funcionarios
judiciales, esto no puede servir de excusa para desconocer el derecho al descanso de
los servidores judiciales que tienen la categoría de empleados13, pues la finalidad de la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho fundamental
al descanso de servidores judiciales, motivo por el cual buscó eliminar las condiciones
que constituían obstáculos para el goce de tal garantía ius fundamental.
Para efectos de dirimir el sub examine, es pertinente relacionar los supuestos
acreditados a través de los medios probatorios aportados por las partes, de la siguiente
manera:
• Miriam Emilse López Manzano, sustanciadora del Juzgado Sexto Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, pertenece al régimen colectivo de
vacaciones; a quien le está en suspenso el disfrute de un periodo por parte de su
nominador hasta tanto sea posible nombrar su reemplazo.
• Con Resolución 004 del 11 de noviembre de 2022 le fue concedida a la demandante
licencia de maternidad del 9 de noviembre de 2022 al 14 de noviembre de 2023,
inclusive.
• Con oficio del 9 de febrero de 2023, la Direccional Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, al atender una petición de la demandante, le
informó:
«[…] En consecuencia, lo primero que hay que destacar es que, de conformidad con lo
previsto en el Art. 135 de la ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración Judicial, la
servidora judicial solo puede encontrarse “en alguna” de las situaciones administrativas
referidas en la mencionada norma, al tenor literal de la normativa en comento, razón por la
cual, al encontrarse en la situación administrativa derivada de la “licencia de maternidad”, la
servidora se encuentra, durante todo el tiempo que perdura la misma, “separada
temporalmente del servicio de sus funciones”, esto es, en la situación administrativa
contemplada en el numeral 2 de la norma mencionada, la que opera por el hecho del
reconocimiento de la licencia concedida en su favor, de donde es esa la situación
administrativa que se toma en cuenta para resolver su caso y liquidar su nómina del mes de
diciembre de 2022, y de contera, no corresponde con aquella denominada “en servicio activo”,
por lo que no puede reconocerse en su favor reconocimiento respecto de dos situaciones
administrativas, puesto que ello contraviene lo regulado en la Ley 270 de 1996.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-
000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
8
Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
[…]
Así mismo, es cierto que la servidora está vinculada a la Rama Judicial en un cargo
perteneciente al régimen de vacaciones colectivas, comoquiera que el Juzgado al que está
adscrita no se encuentra dentro de las excepciones expresas que se rigen por el régimen
individual, conforme lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto 1660 de 1978 y el artículo 146
de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia. […]»
• El 29 de mayo de 2023, la demandante solicitó ante su nominadora, el disfrute del
periodo vacacional ya causado, en los siguientes términos:
• Previa petición que realizara la titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de Bucaramanga para lograr la apropiación presupuestal correspondiente
para el pago de la vacaciones de la demandante y cubrir la nómina de su remplazo
durante dicho lapso, la cual no fue atendida, con Resolución 015 del 10 de noviembre de
2023, resolvió:
De acuerdo con el recuento fáctico que antecede, en el sub examine es claro que la
inconformidad de la demandante proviene de la imposibilidad de disfrutar de las
vacaciones a que tiene derecho, con ocasión de la negativa de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Judicial de Santander a expedir un CPD que permita
cubrir sus vacaciones y nombrarle un reemplazo durante su ausencia.
En este punto, tal como se refirió en líneas anteriores, la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 201114 si bien regula lo pertinente a la concesión de vacaciones de
funcionarios judiciales, tal circunstancia no puede ser leída de forma restrictiva de los
derechos laborales de Aura Lizeth Pinto Sierra, como servidora judicial, en tanto ya
consolidó el tiempo requerido por la ley para el disfrute de un descanso remunerado, el
cual no pudo disfrutar en su momento al encontrarse en licencia de maternidad.
14 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.
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Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
En este punto, tal como lo refirió la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santander no es viable que un servidor judicial se encuentre en forma
conjunta en dos situaciones administrativas, en este caso, en licencia de maternidad y
en disfrute del periodo vacacional colectivo 2022-2023; situación que de ninguna manera
significa que la demandante no pudiera disfrutar su derecho adquirido a un descanso
remunerado más adelante.
De ser aceptable la tesis traída por la demandada, sería incurrir en el absurdo jurídico
de que se pierde el derecho al disfrute de vacaciones cuando ello no es posible en el
periodo que corresponda por situaciones administrativas sobrevinientes, en este caso,
por la licencia de maternidad que le fue reconocida a la demandante, lo cual, además,
desconocería la protección laboral reforzada de la mujer gestante y su hijo por nacer.
Ahora, en cuanto al decir de la demandada en el escrito de impugnación de que no se
han vulnerados los derechos fundamentales de la demandante por el hecho adicional,
de que ya disfrutó el periodo vacacional 2023-2024, se considera un razonamiento
desacertado e incomprensible, pues, el derecho a las vacaciones se consolida de forma
anual, sin perjuicio de que los periodos anteriores hayan sido disfrutados o no.
A juicio de la Sala, los particulares argumentos de defensa traídos por la entidad
demandada, y las actuaciones administrativas que deben adelantar para materializar el
disfrute de las vacaciones de la demandante, de ninguna manera pueden servir de
excusa o justificación para impedir su goce efectivo, y más, cuando, como en el caso
bajo estudio, no existe un fundamento constitucionalmente aceptable que justifique la
negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santander
para expedir el CDP correspondiente que se lo permita, así como para el nombramiento
de su reemplazo durante dicho lapso, en aras, también, de conservar la debida
prestación del servicio de administración de justicia por parte del despacho judicial en el
que labora.
El Consejo de Estado, al resolver situaciones de contornos similares, ha sostenido que
la falta de asignación de recursos para nombrar el remplazo de un empleado o
funcionario judicial no solo amenaza el derecho al descanso de quien no puede disfrutar
sus vacaciones, sino también se traduce en una afectación del desarrollo de las
funciones jurisdiccionales y de la calidad del servicio de la administración de justicia. En
efecto, en sentencia de tutela proferida el 26 de febrero de 202015, se precisó:
«[…] Recuérdese que según el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 “Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio”. Por consiguiente,
quebrantar el desarrollo armónico y eficiente del Juzgado al no asignar los recursos para el
reemplazo de la secretaria indudablemente amenaza el derecho fundamental al descanso de
la empleada judicial, pues como lo indica la norma este derecho tiene una relación inescindible
con “las necesidades del servicio”.
La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación del desarrollo
de las funciones jurisdiccionales del Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Control
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta. MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente
11001031500020200014300
10
Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
de Garantías de Cali, pues todas las labores de ese Despacho deberán ser asumidas
solamente por dos personas, lo que indudablemente repercute en la calidad del servicio de
administración de justicia.
Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el argumento de
que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial, tampoco puede desconocerse que
la no asignación de recursos impactará notablemente en la administración del servicio judicial
de un Juzgado que opera con tres servidores judiciales. Por ende, es necesario conciliar los
intereses de continuidad en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado.
4.5. Tampoco puede olvidarse que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, tiene el deber de “(…) 6. Ejercer la
vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”16 (Subrayado
fuera de texto original).
Por esto, antes que promover situaciones que puedan alterar el desarrollo armónico de un
despacho judicial, las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura deben
propender para que las labores judiciales se ejerzan normalmente y sin traumatismos
innecesarios.
El Consejo Superior de la Judicatura tendría que expedir directrices claras sobre el manejo de
las vacaciones individuales de todos los funcionarios judiciales, más allá de si son funcionarios
o empleados. Todo con el propósito de que la solicitud de vacaciones no altere el normal
desarrollo de la función judicial y que tampoco se vulnere el derecho al descanso de los
trabajadores.
4.6. Ahora bien, esta Sala ha manifestado que asuntos de índole administrativa no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que
deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental
que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio
ni por cuestiones de índole presupuestal.
4.7. Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión negativa sobre la asignación de recursos
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
atenta contra el derecho al descanso de Paola Andrea Arias Toro, pues en la práctica implica
el aplazamiento indefinido de las vacaciones, a fin de no entorpecer el funcionamiento normal
del Juzgado. Situación que a juicio de la Sala no es más que un obstáculo administrativo.
Igualmente, un escenario en el que la referida empleada salga al disfrute de sus vacaciones
sin que sea posible el nombramiento de su reemplazo, dada la falta de asignación de recursos,
vulnera el derecho al trabajo digno de Indira Katy Vélez Murillo. Esto en razón a que será ella
quien soportará las cargas de presidir un juzgado penal con funciones de control de garantías,
con tan solo un servidor judicial que la apoye en la realización de audiencias, proyección de
providencias, realización de labores administrativas y atención al público. […]»
En el caso concreto de Aura Lizeth Pinto Sierra, se observa que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santander carece de toda justificación para dejar
en suspenso de forma indefinida el disfrute de sus vacaciones, pues, si bien es cierto
que esto lo define la titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Bucaramanga, en calidad de nominadora, una respuesta favorable al respecto debe
16 Artículo 101 de la Ley 270 de 1996
11
Radicado: 680012333000-2024-00352-01
Demandante: Aura Lizeth Pinto Sierra
estar en concordancia con la expedición del CDP que permita el pago correspondiente y
nombrarle un reemplazo durante su ausencia, en aras de no afectar la prestación del
servicio; razón por la cual, debe accederse a la solicitud de amparo.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo mediante la cual amparó los
derechos fundamentales de Aura Lizeth Pinto Sierra, en la solicitud de tutela presentada
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santander y otros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de
Aura Lizeth Pinto Sierra, en la solicitud de tutela presentada contra la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santander y otros, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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