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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00370-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00370-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2024-00370-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala
Accionados: Carlos Heli Afanador Castro y otros1
Tema: Causal de pérdida de investidura de indebida destinación de
dineros públicos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la
sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura2

1. La señora Isabel Díaz Cala, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, solicitó:

“[…] Declarar la PERDIDA DE INVESTIDURA DE LOS CONCEJALES CARLOS
HELI AFANADOR CASTRO, CARLOS LOZANO BALLESTEROS, RAMON
CASTILLO DEL MOVIMIENTO POLITICO JUNTOS POR BARICHARA,
SEBASTIAN TORRES TORRES POR EL PARTIDO VERDE Y DIEGO
BUENAHORA POR EL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO, todos ellos
pertenecientes al MUNICIPIO DE BARICHARA (SANTANDER), para el periodo
2024-2027. […]”. (Mayúsculas y negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos

2.Informó que según el Acta 01 de la sesión extraordinaria de 18 de enero de 2024
del concejo, se presentó por parte del alcalde municipal de Barichara el proyecto
de acuerdo “[…] Por medio del cual se crea un subsidio de transporte escolar para
estimular la permanencia de estudiantes de los colegios y centros educativos del
municipio de Barichara Santander. […]”.

3. Precisó que, en la sesión de 23 de enero de 2024, se efectuó la votación del
referido proyecto de acuerdo y los accionados votaron a favor de esta iniciativa.

1
Carlos Lozano Ballesteros, Ramón Bernardo Castillo García, Sebastián Torres Torres y Diego Ferney Buenahora Aparicio.
2
Índice 3 del expediente del tribunal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

4. La accionante consideró que los concejales incurrieron en la causal de pérdida
de investidura de indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral
3.° del artículo 33 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944 y en el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005.

5. Argumentó que los auxilios educativos, becas, donaciones y subsidios, entre
otros, se encuentran prohibidos en el artículo 355 de la Constitución Política y por
la ley.

6. Aseguró que los concejales actuaron con dolo, al haber aprobado un subsidio de
transporte dirigido a favorecer a unos particulares que compraron unas busetas sin
estar habilitados para prestar el servicio público para así cumplir compromisos
políticos y sin haberse celebrado contratos con empresas autorizadas.

7. Anotó que estos recursos pudieron ser invertidos para otras obras de
infraestructura y explicó que este beneficio solo aplica para los estudiantes de
bachillerato, excluyendo a los niños que cursan sus estudios en primaria.

8. Aludió a los distintos desarrollos jurisprudenciales en los cuales se ha señalado
que la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
se configura cuando se destinan dineros públicos para: i) cubrir objetos, actividades
o propósitos no autorizados; ii) costear objetos, actividades o propósitos que sí
están autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados; iii) sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento; iv) pagar por materias
innecesarias o injustificadas; v) obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros y; vi) para derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

9.La magistrada sustanciadora del proceso mediante auto de 19 de junio de 2024 6,
admitió la demanda y ordenó la notificación personal a los accionados y a la
Procuradora Judicial II para Asuntos Administrativos.

10. A través de auto de 9 de julio de 20247, se ordenó la apertura del período
probatorio y se fijó fecha para celebrar la audiencia pública e igualmente, mediante
auto de la misma fecha8 se resolvió la medida cautelar solicitada.

4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
6
Índice 15 del expediente del tribunal.
7
Índice 25 del expediente del tribunal.
8
Índice 28 del expediente del tribunal.

3

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

I.3. La oposición de los accionados9

11. Los concejales, por conducto de apoderado judicial, contestaron la solicitud de
pérdida de investidura.

12. El apoderado planteó la excepción de inepta demanda porque, a su juicio, la
accionante no enuncia de manera clara y uniforme los hechos que sirven de
sustento a la demanda.

13. Sostuvo que la demanda se fundamenta en una serie de manifestaciones
subjetivas que carecen de soporte probatorio, teniendo en cuenta que a través del
acuerdo se creó el subsidio de transporte escolar “[…] que nada tiene que ver con
las modalidades de contratación, ni con lo expuesto por la demandante. […]”.

14. Aseguró que el subsidio de transporte escolar tiene como sustento los artículos
3.9 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 10; 4.° de la Ley 115 de 8 de febrero
de 199411; 15 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200112; la Ley 2033 de 27 de
julio de 202013 y el Decreto 746 de 28 de mayo de 202014. Igualmente, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional15, el servicio de transporte escolar de los
niños y niñas y adolescentes, en especial aquellos que residen en zonas alejadas
de la institución educativa o de difícil acceso constituye una prestación propia del
derecho a la educación.

15. Anotó que los concejales no traicionaron, cambiaron ni distorsionaron los fines o
cometidos estatales, pues estos dineros tenían como fin contribuir al cumplimiento
de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2.° de la Constitución
Política.

I.4. La audiencia pública

16. El 31 de julio de 202416, se realizó la audiencia pública con la participación de
los accionados y la agente del Ministerio Público; resumen que quedó consignado
en el acta respectiva.

I.5. La sentencia de primera instancia17

17. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de
5 de agosto de 2024, denegó las pretensiones de la demanda.

9
Índice 22 del expediente del tribunal.
10
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. […].
11
“[…] Por la cual se expide la ley general de educación. […]”.
12
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.[…]”.
13
“[…] Por medio de la cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas
de difícil acceso. […]”.
14
“[…] Por el cual se sustituye el Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 - Decreto Único Reglamentario
del Sector Transporte. […]”.
15
Citó la sentencia T- 890 de 2013
16
Índice 53 del expediente del tribunal.
17
Índice 58 del expediente del tribunal.

4

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

18. Estimó que los accionados no incurrieron en la comisión de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en los artículos
55 (numeral 3.°) de la Ley 136 y 48 (numeral 4.°) de la Ley 617, desde el punto de
vista objetivo.

19. Precisó que el derecho a la educación en el Estado Social de Derecho requiere
del establecimiento de políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal
para garantizar su efectividad mediante condiciones de acceso y disponibilidad de
recursos destinados para ello.

20. Anotó que el auxilio de transporte para los niños, niñas y adolescentes se
convierte en una garantía del cumplimento del derecho a la educación en el marco
del interés superior de esta población que goza de especial protección por parte del
Estado.

21.Consideró que para la configuración de la causal de pérdida de investidura es
necesario que se demuestren los siguientes requisitos: i) un sujeto activo y; ii) una
conducta prohibida, es decir, la indebida destinación de dineros públicos.

22. El a quo, tras valorar las pruebas aportadas al expediente, determinó que no se
demostró el segundo elemento -conducta prohibida- porque el subsidio de
transporte fue creado en la Ley 715, con el propósito de beneficiar a la población
de estudiantes de escasos recursos para así garantizar y promover el derecho a la
educación, en su dimensión de derecho fundamental de conformidad con los
artículos 44 y 67 de la Constitución Política.

23. Explicó que el subsidio de transporte no es un auxilio de aquellos prohibidos en
el artículo 355 de la Constitución Política. En sustento de ello, se refirió a la
sentencia C-027 de 2016, en la cual se señaló que el artículo 355 de la Carta
Política no puede ser interpretado de modo tal que vacíe el contenido de la cláusula
del Estado Social de Derecho y el principio de igualdad material.

24. Agregó que a través del juicio de pérdida de investidura no resulta posible
efectuar el control de legalidad de los actos administrativos que reglamentaron el
subsidio de transporte, debido a que esto escapa de la finalidad de este medio de
control.

25. El a quo, al no haber encontrado demostrado el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, no efectuó
el análisis del aspecto subjetivo o de la culpabilidad.

I.6. El recurso de apelación18

26. La accionante inconforme con la sentencia de primera instancia interpuso
recurso de apelación.

18
Índice 61 del cuaderno del Tribunal.

5

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

27. Adujo que como muestra de la urgencia por lograr que se aprobara esta
iniciativa, el alcalde convocó a sesiones extraordinarias con el propósito de crear
un subsidio de transporte que se aleja de las verdaderas necesidades de educación
y de pagar favores políticos.

28. Expresó que en el municipio de Barichara existen graves problemas de
educación, como el uso de tejas asbesto en los colegios, la pérdida de predios y
fallas estructurales en los colegios.

29. Indicó que el acuerdo fue aprobado por presión del alcalde, sin haberse suscrito
un contrato con empresas de transporte habilitadas para beneficiar a todos los
estudiantes, sin ningún tipo de discriminación.

30. A modo de pregunta, adujo: “[…] Si este subsidio es legal por tratarse de un
Derecho Constitucional, porque el señor Alcalde no lo realizó de manera directa
contratando una empresa seria privada con sus propias busetas legalizadas y no
hacerlo los concejales con personas particulares para que se beneficiaran
económicamente? […]”.

31. Adujo que, en los mismos términos que las sentencias de 4 de julio de 201319,
de 26 de noviembre de 201520, de 23 de junio de 201621 y de 24 de noviembre de
201622, en el presente caso se demostró que: i) los recursos se destinaron a
propósitos y fines prohibidos por la Constitución Política y la ley; ii) el acuerdo, bajo
el pretexto de amparar y proteger el derecho a la educación, benefició a particulares
sin ninguna experiencia para pagar favores políticos y; iii) el alcalde debió ordenar
la apertura de una convocatoria pública para contratar con empresas idóneas, con
el objetivo de garantizar que la prestación del servicio se realizara por una empresa
habilitada, en condiciones de igualdad para todos los estudiantes.

I.7. Trámite del recurso de apelación

32. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 6 de septiembre de 202423, concedió la alzada.

33.Repartido el proceso en el Consejo de Estado, mediante auto de 10 de abril de
202524, se admitió el recurso de apelación y se negó el decreto de unas pruebas.

34. Dentro del traslado anterior, la accionante y los accionados guardaron silencio.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2013, C.P. María
Claudia Rojas Lasso, radicado núm.: 6800-12331-000-2012-00335-01.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 68001-2333-000-2015-00324-01.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2016, MP:
Guillermo Vargas Ayala, radicación núm.: 68001-2333-000-2015-00117-02.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2016, MP:
María Elizabeth García González, radicado núm.: 68001-2333 000-2015-01322-01 (acumulado).
23
Índice 61 del cuaderno del Tribunal.
24
07, SAMAI.

6

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

35. El señor Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, al descorrer el
traslado, cuestionó el argumento del Tribunal en cuanto señaló que los concejos
distritales y municipales se encuentran autorizados para crear subsidios de
transporte escolar, con fundamento en el parágrafo 2.° del artículo 15 de la Ley 715,
teniendo en cuenta que esta norma no resulta aplicable al municipio de Barichara
porque este no se encuentra certificado en educación.

36. En su concepto, los recursos del sistema general de participaciones son
administrados por el departamento, por expresa disposición del inciso 3.° del
artículo 17 de la Ley 715 y, por ende, hasta tanto no obtenga tal certificación no le
son aplicables las reglas previstas en materia de destinación de recursos de
educación en la Ley 715.

37. El Ministerio Público estimó que el tribunal de primera instancia de manera
acertada señaló que según el artículo 3.° (numeral 9.°) de la Ley 105, los concejos
distritales y municipales gozan de facultades precisas para establecer subsidios a
favor de estudiantes.

38. Sostuvo que, sin perjuicio de lo anterior, “[…] Si en el municipio de Barichara,
Santander, no opera el sistema de transporte público municipal bajo las reglas de
las pluricitadas normas de transporte, no está permitida la asignación de subsidios
a estudiantes en la forma en que fue votado y aprobado por los hoy demandados
y, en consecuencia, se configuraría la causal objetiva de la indebida destinación de
dineros públicos. […]”.

39. Planteó que esta Sección, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 21
de la Ley 1881 de 15 de enero de 201825 y 213 de la Ley 1437, debía decretar
pruebas de oficio a fin de “[…] verificar si el municipio de Barichara, Santander,
contaba para el 23 de enero de 2024 (fecha de aprobación del proyecto de acuerdo
en el concejo municipal) con rutas de transporte municipal asignadas en debida
forma a las empresas constituidas para el efecto, en los términos de la Ley 336 de
1996 y el Decreto 170 de 2001. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

40. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de los
accionados; iii) el problema jurídico; iv) los desarrollos jurisprudenciales sobre la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; v)
los elementos de prueba; vi) análisis del caso concreto y; vii) conclusiones.

II.1. La competencia

41. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
25
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS
CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS
DISPOSICIONES. […]”.

7

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201926.

II.2. La acreditación de la condición de los concejales

42. Los señores Carlos Heli Afanador Castro, Carlos Lozano Ballesteros, Ramón
Bernardo Castillo García, Sebastián Torres Torres y Diego Ferney Buenahora
Aparicio tienen la calidad de concejales, según lo certifica el Formulario E-26 CON
expedido por la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
por medio del cual se declaró la elección de los cabildantes del municipio de
Barichara, para el período constitucional 2024-2027.

43. En consecuencia, los accionados son sujetos pasivos del presente mecanismo
de control de pérdida de investidura, cumpliéndose el requisito previsto en el literal
b) del artículo 5.° de la Ley 188127.

II.3. El planteamiento del problema jurídico

44. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201228, el problema jurídico que será analizado tiene como finalidad establecer si
los concejales del municipio de Barichara, Carlos Heli Afanador Castro, Carlos
Lozano Ballesteros, Ramón Bernardo Castillo García, Sebastián Torres Torres y
Diego Ferney Buenahora Aparicio incurrieron en la causal de pérdida de investidura
de indebida destinación de dineros públicos, con ocasión de su participación en el
trámite y aprobación del Acuerdo 01 de 25 de enero de 202429, por medio del cual
se creó un subsidio de transporte escolar para estimular la permanencia de
estudiantes de los colegios y centros educativos de dicho ente territorial.

45. En este sentido, se deberá establecer si la conducta reprochada a los
accionados encaja en alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia
para la configuración de la causal. Solo en el evento de encontrar configurado el
elemento objetivo, se analizaría si la conducta se realizó con dolo o culpa grave, en
los términos previstos en el artículo 1.° de la Ley 1881, modificada por el artículo
4.° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201930.

II.4. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos y su desarrollo jurisprudencial

46. El numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617 es del siguiente tenor:

26
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
27
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”.
28
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. Aplicable por virtud
de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437.
29
“[…] Por medio del cual se crea un subsidio de transporte escolar para estimular la permanencia de estudiantes de los
colegios y centros educativos del municipio de Barichara – Santander y se dictan otras disposiciones […]”.
30
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.

8

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

47. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de mayo de 200031,
al fijar el alcance y las características de esta causal de pérdida de investidura,
precisó lo siguiente:

“[…] Entre la gama de conductas que pueden dar lugar a la causal en cuestión, si
bien algunas de ellas al tiempo se encuentran definidas en la legislación penal como
delitos, tales como: el peculado (por apropiación, por uso, o por aplicación oficial
diferente (arts. 133, 134 y 136 del C. P.), el enriquecimiento ilícito (art. 148 del C.P.),
el interés ilícito en la celebración de contratos (art. 145 del C.P.), el trámite de
contratos sin observancia de los requisitos legales (art. 146 del C.P.), ellas no son las
únicas a las que se refiere el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución, por cuanto
existen otras más que perfectamente pueden quedar comprendidas en esta
específica causal de pérdida de investidura, en tanto consistan en la aplicación de
dineros públicos a una finalidad o propósito diferente o contrario al legal o
reglamentariamente preestablecido, sin que necesariamente las mismas estén
tipificadas como delitos.

Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor
público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer
las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los
fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados,
o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.

En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de
contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución,
la ley o los reglamentos. […]”.

48. La jurisprudencia, a modo enunciativo, ha señalado que esta causal se presenta
en los siguientes casos:

“[…] a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados;
b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes
a los cuales esos dineros se encuentran asignados;

31
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 30 de mayo del 2000, expediente AC-9877, Actor: Emilio Sánchez Alsina,
MP: Germán Rodríguez Villamizar.

9

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceros. […]”.

49. Además de ello, se ha señalado que “[…] [e]l énfasis interpretativo de la causal
no ha de colocarse sobre la expresión “dineros públicos” sino sobre la forma en que
se puede llevar a cabo su correcta destinación […]”32, ya que la indebida
destinación de dineros públicos puede darse de manera directa o indirecta.

50. La forma directa ocurre cuando el servidor público, en su calidad de ordenador
del gasto, dispone directamente de los recursos. Por su parte, la modalidad
indirecta se presenta cuando no actuando como ordenador del gasto propicia con
su conducta una destinación indebida de los dineros. Al respecto, la Sala Plena en
sentencia de 3 de febrero de 202133, indicó:

“[…] Ahora bien, para la configuración de dicha causal no se requiere que el
congresista ejerza las funciones de ordenación del gasto. Basta con que su actuación
tenga incidencia en el erario y que con ella, se cambie la destinación para la cual
fueron concebidos los dineros públicos. Es decir, se incurre en indebida destinación
de dineros públicos, de manera directa, en el caso de quienes ostentan la condición
de ordenadores del gasto, o de manera indirecta, tratándose de cualquier congresista.
En el primer caso, al aplicar los recursos a propósitos prohibidos, no autorizados,
injustificados o innecesarios y en el segundo, cuando los dineros se aplican a fines
diferentes de los que justificaron la disposición del gasto.
[…]”.

II.5. Lo probado en el proceso

51. En el presente caso se encuentra probado lo siguiente:

52. El alcalde del municipio de Barichara presentó ante el concejo municipal de
Barichara el proyecto normativo para la creación de un subsidio de transporte
escolar en ese ente territorial. Según la exposición de motivos34, se indicó que esta
iniciativa perseguía los siguientes objetivos:

“[…] Atendiendo la importancia que radica en las autorizaciones que el Honorable
Concejo municipal, le confiera al Alcalde para poder seguir desarrollando las metas
que se reflejaran en el plan de desarrollo “BARICHARA EN UN SOLO SENTIR
2020 -2023” en lo que tiene que ver con garantizar el subsidio de transporte escolar
en el municipio del (sic) Barichara – Santander, tiene como objeto asegurar el
acceso, la permanencia y la continuidad de los estudiantes, evitando así la
deserción escolar, ya que se trata de una transferencia económica que realizara
(sic) la Administración Municipal, tendiente a cubrir los costos de transporte ida y
regreso a la institución educativa más cercana a la residencia del estudiante, donde
se encuentre debidamente matriculado, condicionada a la asistencia continua y

32
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 3 de noviembre de 2001, MP: Ligia López Díaz, radicado núm.: 11001-03-15-
000-2001-00101-01, MP: Ligia López Díaz.
33
Ibidem.
34
Índice 22 del expediente del tribunal.

10

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

asignada de acuerdo a los criterios señalados en el presente acuerdo, por ello de
manera respetuosa radico este proyecto a su consideración dada la importancia de
contar con el respaldo de los integrantes del Honorable Concejo municipal para
poder desarrollar labores de manera articulada y coordinada con el Concejo
Municipal.

En plan de desarrollo “BARICHARA EN UN SOLO SENTIR 2020-2023” se
encuentra el diagnóstico de la necesidad en el factor sectorial en educación, y así
mismo en dicho plan se estableció en el Componente Programático como proyecto
Prioritario el Transporte Escolar con el fin de apoyar el Transporte Escolar de los
Estudiantes.

Línea estratégica: POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL Sector:
Educación programa presupuestal: Calidad cobertura y fortalecimiento de la
educación inicial, preescolar, básica y media. Producto: Servicio de apoyo a la
permanencia con transporte escolar indicador del producto Beneficiarios de
transporte escolar en el cuatrienio (245 Por año).

La obligatoriedad de garantía del derecho a la educación es un mandato
constitucional determino (sic) en el artículo artículo (sic) 67 de la misma que plasmo:

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.

[…]

La ley 105 de diciembre 30 de 1993, en su artículo 3 numeral 9, establece: “9. DE
LOS SUBSIDIOS A DETERMINADOS USUARIOS: El Gobierno Nacional, las
asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán
establecer subsidios a favor de estudiantes, personas discapacitadas físicamente,
de la tercera edad y atendidas por servicios de transporte indispensables, con
tarifas fuera de su alcance económico. En estos casos, el pago de tales subsidios
será asumido por la entidad que lo establece la cual debe estipular en el acto
correspondiente la fuente presupuestal que lo financie y una forma de operación
que garantice su efectividad. Los subsidios de la Nación solo se podrán canalizar a
través de transferencias presupuestales.

En razón de lo anterior, Honorables Concejales, recurro a Ustedes para que se cree
el subsidio de TRANSPORTE ESCOLAR para el acceso de los estudiantes del área
rural que deban desplazasen (sic) a las instituciones educativas públicas del
Municipio del (sic) Barichara, como un mecanismo para lograr la efectividad del
Derecho a la educación a las personas de bajos recursos en el Municipio del (sic)
Barichara – Santander, la cual quedara (sic) condicionada al cumplimiento de
compromisos de asistencia a clase durante el periodo académico, y así garantizar
los derechos de los niños facilitando el trasporte par a que puedan concurrir a la
formación académica en los colegios y centros educativos de la jurisdicción del
municipio de Barichara.

[…]”. (Negrilla del texto).

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Accionante: Isabel Díaz Cala

53. Según consta en el Acta 1 de 18 de enero de 202435, en la sesión extraordinaria
del concejo de esa misma fecha, se discutió en el orden del día la entrega del
proyecto de acuerdo; se efectuó la asignación del ponente y se definió la comisión
que se encargaría de su estudio.

54. Conforme al Acta 003 de 23 de enero de 202436, el concejo de Barichara, en
sesión extraordinaria de esa misma fecha, discutió el proyecto de acuerdo “[…] por
medio del cual se crea un subsidio de transporte escolar para estimular la
permanencia de estudiantes de los colegios y centros educativos del municipio de
Barichara. […]”.

55. A través del Acuerdo 01 de 25 enero de 202437, se creó un subsidio de
transporte escolar para estimular la permanencia de estudiantes de los colegios y
centros educativos del municipio de Barichara, el cual dispuso lo siguiente:

“[…] ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN: Créase el subsidio de TRANSPORTE
ESCOLAR para el acceso de los estudiantes del área rural que deban desplazarse a
las instituciones educativas públicas del municipio de Barichara, de igual manera para
los estudiantes que deban desplazarse del casco urbano hacia el área rural y
desplazamientos entre las mismas áreas rurales como un mecanismo para lograr la
efectividad del Derecho a la educación a las personas de bajos recursos en el
Municipio de Barichara – Santander, la cual quedara (sic) condicionada al
cumplimiento de compromisos de asistencia a clase durante el periodo académico.

PARAGRAFO 1: El valor y el número de subsidios entregados cada año estarán
sujetos al resultado de potenciales de (sic) beneficiarios, comprometiéndose el
municipio a asegurar la disponibilidad presupuestal necesaria apropiada al proyecto
para que el objeto de dicho acuerdo cumpla con los principios de oportunidad y
calidad.

PARAGRAFO 2: Ningún estudiante podrá recibir más de un beneficio en materia de
transporte escolar.

PARAGRAFO 3: La creación del presente subsidio regirá desde su publicación,
sanción y promulgación.

ARTICULO SEGUNDO: FORMA DE OPERACIÓN. El municipio de Barichara
entregará el subsidio económico equivalente al rango del cero coma uno (0.1%) al
Cien por ciento (100%) sujeto al parágrafo 1, con la disponibilidad presupuestal y
potencial de beneficiarios del valor del pasaje de transporte terrestre desde el área
rural o casco urbano, hasta la respectiva institución educativa, en donde se encuentre
legalmente matriculado el estudiante. El proceso de reconocimiento y entrega del
subsidio de que trata este acuerdo será reglamentado mediante decreto municipal
expedido por el Alcalde Municipal.

ARTICULO TERCERO: CONCÉDANSE facultades al Alcalde Municipal, para que
disponga desde el momento de la sanción y promulgación del presente acuerdo, las
acciones administrativas, legales, presupuestales y económicas tendientes a la
reglamentación del subsidio de transporte escolar.

ARTÍCULO CUARTO: CONCÉDANSE facultades al Alcalde Municipal, para que
coordine con las autoridades educativas del municipio, Juntas de Padres de Familia,

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y las Empresas Transportadoras, la prestación eficiente del servicio y el ejercicio de
los medios de vigilancia y control que demande el cumplimiento del presente Acuerdo.

[…]”. (Mayúsculas y negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

56. El alcalde municipal de Barichara a través de la Resolución 045 de 15 de
febrero de 202438 asignó unos subsidios de transporte escolar durante el calendario
académico para la vigencia 2024, para los estudiantes de instituciones educativas
del municipio de Barichara.

57. El alcalde municipal de Barichara mediante la Resolución 082 de 1.° de abril de
202439 asignó unos subsidios de transporte escolar durante el calendario
académico para la vigencia 2024, para los estudiantes de instituciones educativas
del municipio de Barichara.

II.6. Análisis del problema jurídico

II.6.1. Calidad de los sujetos

58. Según se indicó anteriormente, se encuentra demostrado que los señores
Carlos Heli Afanador Castro, Carlos Lozano Ballesteros, Ramón Bernardo Castillo
García, Sebastián Torres Torres y Diego Ferney Buenahora Aparicio tienen la
condición de concejales del municipio de Barichara para la época de los hechos
juzgados y, como tales, participaron en la aprobación de la iniciativa que tenía como
finalidad crear un subsidio de transporte escolar para estimular la permanencia de
estudiantes de los colegios y centros educativos.

II.6.2. Que se esté en presencia de una conducta prohibida

59. Se encuentra probado que, mediante el Acuerdo 01 de 202440, se creó un
subsidio de transporte escolar para estimular la permanencia de estudiantes de los
colegios y centros educativos del municipio de Barichara.

60. En el libelo introductorio, la actora afirmó que los accionados incurrieron en la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
porque el subsidio de transporte creado por el Acuerdo 01 de 2024 constituye un
auxilio, el cual se encuentra prohibido por virtud de lo dispuesto en los artículos 355
de la Constitución Política y 41, numeral 7.°, de la Ley 136.

61. El artículo 355 de la Constitución Política establece una prohibición según la
cual “[…] ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios
o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado […]”.
Igualmente, de conformidad con el numeral 7.° del artículo 41 de la Ley 136, los
concejos no pueden “[…] Decretar auxilios o donaciones en favor de personas
naturales o jurídicas. […]”.

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62. La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado que la prohibición
prevista en el artículo 355 de la Constitución Política no es absoluta, porque existen
excepciones que se justifican cuando estas se dirigen a asegurar los postulados y
principios del Estado Social de Derecho y la materialización de los deberes del
Estado. En sentencia C- 507 de 200841, se indicó:

“[…] Los conceptos de donación, auxilio, subsidio o subvención, encuentran desde el
punto de vista semántico, idéntico significado, así: subvenir42 significa venir en auxilio;
subsidio43, ayuda o auxilio extraordinario de carácter económico; auxilio44, ayuda o
amparo; y donación45, acto de liberalidad de una persona que transmite gratuitamente
una cosa que le pertenece a favor de otra. Desde esa óptica, podría suponerse
entonces que las subvenciones –subsidios y aportes- comparten las mismas
características que las donaciones o auxilios a que hace alusión el artículo 355
constitucional, en tanto se trata de partidas de origen público, que se asignan sin
contrapartida del beneficiario directo y, que pueden ser dirigidas a personas naturales
o jurídicas”.

[…]”.

63. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resultan válidos los auxilios
y subvenciones que apunten a los siguientes propósitos u objetivos: i) alberguen
una finalidad estrictamente altruista y benéfica, y no obedezcan a la mera
liberalidad del Estado; (ii) sean el resultado de la facultad de intervención del Estado
en la economía y, en consecuencia, orientarse al estímulo de una determinada
actividad económica y; iii) fundarse en un precepto constitucional que lo autorice
expresamente para garantizar los derechos fundamentales vía acceso a bienes y
servicios por parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos,
con lo cual se garantiza una contraprestación o beneficio social46.

64. La Corte Constitucional, en la sentencia C- 324 de 200947, sostuvo que la
prohibición del artículo 355 de la Constitución Política opera cuando ocurren los
siguientes eventos:

“[…] Pues bien, la prohibición consagrada en el inciso primero del artículo 355 de la
Carta se activará cuando la donación, auxilio, subsidio o incentivo, cualquiera que sea
su origen, se reconozca por mera liberalidad como una simple transferencia de
recursos y, no con criterio redistributivo, de manera que se convierta en un privilegio
aislado, empaquetado en medidas paliativas que no contribuyan al bienestar general
y, que en cambio, si puedan ser usados como instrumentos de manipulación política.

Es así como al endurecerse el control constitucional, la prohibición general de que
trata la disposición en comento se materializará cuando se registre, al menos, uno de
los siguientes eventos:

(i.) Cuando se omita dar aplicación al principio presupuestal de legalidad del gasto.
El principio de legalidad del gasto público implica que toda asignación de recursos
públicos debe ser decretada por el Congreso e incluida en una ley, de manera tal que

41
Corte Constitucional, sentencia C- 324 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez
42
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 1356.
43
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 1356.
44
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 164.
45
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 547.
46
Corte Constitucional, sentencia C- 324 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez
47
Ibidem.

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Accionante: Isabel Díaz Cala

se encuentra vedado al Gobierno realizar gastos que no cumplan con este específico
requerimiento.

[…]

(ii.) Cuando la ley que crea la subvención o auxilio en desarrollo de los artículos 334
y siguientes de la C.P. o desarrolla las subvenciones autorizadas directamente por la
Constitución Política, omita determinar de manera concreta y explícita su finalidad,
destinatarios, alcances materiales y temporales, condiciones y criterios de asignación,
publicidad e impugnación, así como los límites a la libertad económica.

Ello con el fin de asegurar los principios de justicia distributiva y, esencialmente,
igualdad material (Art.13 C.P.) de la asignación.

[…]

(iii.) La asignación será inconstitucional cuando obedezca a criterios de mera
liberalidad, es decir, no se encuadre en una política pública reflejada en el Plan
Nacional de Desarrollo o en los planes seccionales de desarrollo.

[…]

(iv.) Cuando el costo del subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio social
que se obtiene a partir de su implementación o cuando el auxilio o subsidio sólo
beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto
o contribuya a ampliar las diferencias sociales.

[…]

(v.) Cuando la asignación de recursos públicos no contribuya a fortalecer la capacidad
de acceso de los más pobres a los bienes y servicios públicos esenciales, en la
medida en que se entreguen a quienes menos los necesita o menos los merecen.

(vi.) Cuando el subsidio tenga vocación de permanencia convirtiéndose en una carga
al presupuesto público, en la medida que el subsidio o auxilio está llamado a producir
efectos inmediatos dentro de una determinada coyuntura económica, de manera que
una vocación de permanencia indica que la situación o sector al cual se dirige requiere
de otras y más profundas medidas estructurales.

(vii.) Cuando el subsidio entrañe la figura de la desviación de poder, esto es, cuando
el incentivo se cree con un propósito distinto de aquel para el cual aparentemente fue
creado. Es decir, que de manera intrínseca “corresponde a una asignación de tal
garantía, para perseguir intereses particulares que se contraponen a los principios de
transparencia, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y obviamente el de
moralidad que debe acompañar las actuaciones de todo servidor público
comprometido con sus funciones bajo el marco de la Constitución y la ley48”.

[…]”. (Negrilla del texto).

65. De conformidad con el numeral 2.° del artículo 313 de la Constitución Política
a los concejos municipales les corresponde adoptar los correspondientes planes y
programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

66. Por su parte, el numeral 9.° del artículo 3.° de la Ley 105, reconoce la siguiente
facultad a los concejos distritales o municipales:

48
C-1168 de 2001.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

“[…] El Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales
y Municipales podrán establecer subsidios a favor de estudiantes, personas
discapacitadas físicamente, de la tercera edad y atendidas por servicios de transporte
indispensables, con tarifas fuera de su alcance económico. En estos casos, el pago
de tales subsidios será asumido por la entidad que lo establece la cual debe estipular
en el acto correspondiente la fuente presupuestal que lo financie y una forma de
operación que garantice su efectividad. Los subsidios de la Nación sólo se podrán
canalizar a través de transferencias presupuestales.

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

67. Los subsidios de transporte escolar constituyen una herramienta
indispensable del Estado para garantizar el acceso a la educación, y en especial,
su garantía cobra especial relevancia para asegurar el acceso de los menores de
edad a las instituciones educativas desde lugares alejados. Según la Corte
Constitucional, en sentencia T- 537 de 201749:

“[…] el transporte escolar como servicio accesorio a la educación se torna en
indispensable cuando su provisión implica garantizar el acceso geográfico de los
menores de edad a las instituciones educativas, debido a que ellos deben trasladarse
desde veredas, corregimientos, pueblos muy pequeños o localidades alejadas, entre
otros, hacia la institución educativa. Simultáneamente, cuando las familias sean de
escasos recursos económicos, como frecuentemente ocurre, y son quienes más
deben desplazarse en distancias para recibir los servicios educativos, el costo de este
transporte debe ser gratuito de acuerdo con las circunstancias particulares, toda vez
que los gastos que ello implicaría a las familias de los menores podrían constituir una
barrera económica que haría inaccesible el servicio educativo por no poder
costearlas, vulnerando así el derecho a la educación. […]”.

68. El Plan de Desarrollo Municipal Juntos por la Barichara que soñamos 2024-
202750, en el ítem del sector de educación incluyó el programa “[…] 2.1. Calidad,
cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media (2201)
[…]”, en el siguiente sentido:

49
Corte Constitucional, T- 537 de 2017, MP: Iván Humberto Escrucería Mayolo (E).
50
https://www.barichara-santander.gov.co/planes/plan-de-desarrollomunicipal-2024--2027. Fecha de consulta: 16 de julio de
2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

69. Igualmente, dentro del componente del Plan Plurianual de Inversiones se
incluyó el sector de educación, con una asignación de $ 2.540.775.883:

70. El Plan de Desarrollo Municipal consideró prioritario incluir una política dirigida a
garantizar el transporte escolar de los niños y niñas para facilitar la conectividad de
las instituciones educativas hacia las veredas y corregimientos alejados,
considerando que constituía una barrera para el acceso a la educación. Esto
significa que este instrumento normativo autorizó la destinación de dineros públicos
para la financiación de este tipo de programas.

71. Esto implica que el Acuerdo 01 de 2024, mediante el cual se creó un subsidio de
transporte escolar dirigido a los estudiantes atañe a un proyecto o política pública
que, como tal, se encuentra contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Juntos
por la Barichara que soñamos 2024-2027, es decir, para el cumplimiento de
propósitos autorizados por la Constitución Política y la ley y el mismo se sujetó a la
disponibilidad del presupuesto del ente territorial y a la gestión de recursos con otros
entes públicos y privados.

72. En estas condiciones, no se trata de un auxilio de aquellos prohibidos por la
Constitución Política o la ley pues, dada su naturaleza, pretende asegurar los
postulados y principios del Estado Social de Derecho, en especial, el acceso a la
educación de los niños y niñas que habitan en las veredas y zonas apartadas de
nuestro país.

73. Por otro lado, en el presente caso la parte actora no demostró que los concejales,
al haber aprobado el Acuerdo 01 de 2024, hubieran cambiado o distorsionado los
cometidos estatales ni que este subsidio se haya creado para fines distintos a los
establecidos en la Constitución Política o en la ley. Aunque la accionante cuestiona
el hecho de que los recursos de los subsidios terminaron en manos de los
particulares para pagar favores políticos, estas afirmaciones no tienen soporte
probatorio que permitan arribar a esta conclusión.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

74. Resulta importante señalar que los posibles vicios de legalidad del Acuerdo 01
de 2024, no pueden ser cuestionados a través de la acción de pérdida de
investidura, porque escapan la finalidad de este medio de control y, en todo caso,
el argumento relativo a que el municipio de Barichara no se encuentra certificado,
no fue planteado desde la demanda y su estudio supondría afectar garantías
constitucionales como el debido proceso de la contraparte, quien no tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

75. Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante resaltar que los municipios no
certificados, de conformidad con el artículo 8.° de la Ley 71551, pueden participar en
la financiación de los servicios educativos, bajo la condición de que estos recursos
no generen gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones.

76. La acción de pérdida de investidura es una acción subjetiva dirigida a examinar
la conducta de los servidores públicos de elección popular por incurrir en alguna de
las causales previstas por la Constitución Política y la ley y que trae como
consecuencia la muerte política de los servidores públicos de elección popular. Por
ello, las eventuales irregularidades que se hayan presentado con ocasión de la
expedición del Acuerdo 01 de 2024 deben ser controvertidas a través de los
mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento jurídico.

77. En todo caso, la Sala precisa que el Acuerdo 01 de 2024, se limitó a crear el
subsidio de transporte escolar en el municipio de Barichara. Además, confirió
facultades al alcalde a fin de que: i) adoptara las acciones administrativas, legales,
presupuestales y económicas tendientes a la reglamentación del subsidio de
transporte escolar y; ii) coordinara con las autoridades educativas del municipio, las
juntas de padres de familia y las empresas transportadoras para asegurar la
prestación eficiente del servicio. En este sentido, este subsidio quedó sujeto a la
reglamentación posterior del alcalde municipal.

78. De ahí que aspectos relacionados con la fase de ejecución son de competencia
del alcalde del municipio y las eventuales irregularidades que se puedan dar en la
asignación de estos recursos no pueden comprometer la responsabilidad de los
accionados.

79. La Sala considera pertinente señalar que, en efecto, como lo sostiene el
Ministerio Público, el Decreto 174 de 2001 señala, en su artículo 6.° que el servicio
público de transporte terrestre automotor es aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y

51 51
El artículo 8. ° de la Ley 715 de 2001 frente a las competencias de los municipios no certificados señala:

“[…] ARTÍCULO 8. Competencias de los municipios no certificados. A los municipios no certificados se les asignarán las
siguientes funciones:
8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad.
8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente motivado.
8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos
permanentes para el Sistema General de Participaciones.
8.4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento.
[…]”.(Negrilla fuera del texto).

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya
sean estudiantes, entre otros, que requieren de un servicio expreso y que para todo
evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de
transporte y ese grupo específico de usuarios52. Además, el Decreto 1079 de 26 de
mayo de 201553 dedica un capítulo específico para el transporte público y privado,
previendo las condiciones para su prestación54.

80. Sin embargo, una vez analizado el contenido del Acuerdo 01 de 2024, se advierte
que no consagra disposiciones encaminadas a regular la prestación del transporte
escolar, situación por la cual la Sala no encuentra pertinente hacer uso de la facultad
oficiosa a que alude el señor agente del Ministerio Público, teniendo en cuenta que:
i) la prueba de oficio proviene de la iniciativa del juez y; ii) su ejercicio está reservado
cuando se considere oportuno resolver puntos oscuros o dudosos de la
controversia55.

81. Finalmente, frente a la aplicación del precedente jurisprudencial de las sentencias
de 4 de julio de 2013, de 26 de noviembre de 2015, de 23 de junio de 2016 y de 24
de noviembre de 2016, la Sala encuentra pertinente entrar a analizar lo decidido en
esas decisiones para poder determinar si la regla jurídica allí adoptada resulta
aplicable al presente asunto.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 4 de julio de 201356

PROBLEMA JURÍDICO TESIS DE LA SENTENCIA
Si los concejales del municipio de “[…] el bono de navidad otorgado como
Barrancabermeja incurrieron en la causal de incentivo a los empleados del Concejo
pérdida de investidura de indebida destinación Municipal de Barrancabermeja no cumple
de dineros públicos porque, en su calidad de con la finalidad u objetivo señalado en el
miembros de la mesa directiva del Concejo, Decreto Ley 1567 de 1998, los cuales según
expidieron la Resolución 117 de 28 de noviembre el artículo 26 de dicha norma, los incentivos
de 2008, mediante la cual se reconoció un bono deben orientarse a “1. Crear condiciones
en dinero a los funcionarios de la duma como favorables al desarrollo del trabajo para que
incentivo de navidad. el desempeño laboral cumpla con los
objetivos previstos y, 2. Reconocer o
premiar los resultados del desempeño en
niveles de excelencia”. Y menos si se trata
de incentivos pecuniarios, los cuales de
conformidad con el artículo 31 ibidem, se
asignan a los mejores equipos de trabajo de
cada entidad pública. […]”.

52
Artículo 6.°
53
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector. […]”.
54
Sección 10.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 22 de mayo de 2018, radicado: 25000
2337 000 2017 00003 01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2013, C.P. María
Claudia Rojas Lasso, radicado núm.: 680012331000-2012-00335-01.

19

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 26 de noviembre de 201557.

PROBLEMA JURÍDICO TESIS DE LA SENTENCIA
Si el concejal del municipio de Barrancabermeja “[…] [E]l “bono de navidad” no cumple con
incurrió en la causal de pérdida de investidura de los criterios fijados por la Corte
indebida destinación de dineros públicos porque, Constitucional, fue reconocido sin
en su calidad de miembro de la mesa directiva fundamento normativo y como una simple
del concejo, expidió la Resolución 111 de 2010, transferencia de recursos, no con carácter
por medio de la cual se reconoció un bono en redistributivo, sino como un privilegio para
dinero para los hijos de los funcionarios del determinadas personas de la Corporación
concejo municipal en cumplimiento de las Edilicia, y en todo caso no contribuye con el
acciones del programa de bienestar social e bienestar de la comunidad en general. […]”.
incentivos.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
23 de junio de 201658.

PROBLEMA JURÍDICO TESIS DE LA SENTENCIA
Si el concejal del municipio de Barrancabermeja “[…] El bono de navidad otorgado como
incurrió en la causal de pérdida de investidura incentivo a los empleados del Concejo
por indebida destinación de dineros públicos Municipal de Barrancabermeja no cumple con
porque, en su calidad de miembro de la mesa la finalidad u objetivo señalado en el Decreto
directiva del concejo, expidió la Resolución 111 Ley 1567 de 1998, los cuales según el artículo
de 2010, por medio de la cual se reconoció un 26 de dicha norma, los incentivos deben
bono en dinero para los hijos de los funcionarios orientarse a “1. Crear condiciones favorables
del concejo municipal en cumplimiento de las al desarrollo del trabajo para que el
acciones del programa de bienestar social e desempeño laboral cumpla con los objetivos
incentivos. previstos y, 2. Reconocer o premiar los
resultados del desempeño en niveles de
excelencia”. Y menos si se trata de incentivos
pecuniarios, los cuales de conformidad con el
artículo 31 ibidem, se asignan a los mejores
equipos de trabajo de cada entidad pública.
Por lo expuesto, para la Sala aparece
demostrada la prohibición contenida en los
artículos 355 de la Constitución Política y 41,
numeral 7º, de la Ley 136 de 1994 y, por tanto,
configurada la causal de pérdida de
investidura de los concejales demandados
por indebida destinación de dineros públicos,
al haberse aplicado los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento. […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 24 de noviembre de 201659.

PROBLEMA JURÍDICO TESIS DE LA SENTENCIA
Si los concejales del municipio de “[…] se demostró que los Concejales
Barrancabermeja incurrieron en la causal de demandados expidieron sendas
pérdida de investidura de indebida destinación Resoluciones en las que reconocieron, para
de dineros públicos porque, en su calidad de el año 2009, el mismo bono navideño

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 68001-2333-000-2015-00324-01.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2016, MP:
Guillermo Vargas Ayala, radicación núm.: 68001-2333-000-2015-00117-02.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2016, MP:
María Elizabeth García González, radicado núm.: 68001 2333 000 2015 01322 01 (acumulado).

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

miembros de la mesa directiva del concejo, controvertido en casos anteriores, lo cual
expidieron las Resoluciones 087 de 26 de desconoció abiertamente lo establecido en
noviembre de 2009 y 096 de 30 de diciembre de los artículos 355 de la Constitución Política
esa misma anualidad, por medio de las cuales se y 41, numeral 7º, de la Ley 136 de 1994 y
reconoció un bono en dinero a los funcionarios de contera, constituyó una destinación de
de la duma como incentivo de navidad. dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos o no
autorizados por la Constitución, la Ley o el
Reglamento, causal de pérdida de
investidura consagrada en el numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000. […]”.

82. Según lo anterior, la regla jurídica de las referidas sentencias no constituye
precedente jurisprudencial que resulte aplicable porque no existe similitud en los
supuestos fácticos.

83. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en las referidas
providencias, decretó la pérdida de investidura de varios concejales por haber
aprobado una serie de actos administrativos mediante los cuales se reconocieron
bonos en dinero a los funcionarios del concejo municipal al cual pertenecían,
mientras que en este caso se analiza la situación de los accionados por su
participación en el trámite y aprobación de un acuerdo mediante el cual se crea un
subsidio de transporte escolar para estimular la permanencia de estudiantes de los
colegios y centros educativos.

84. Así las cosas, la conducta que se le reprocha a los accionados no encaja en
ninguna de las hipótesis que la jurisprudencia ha desarrollado para encontrar
configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida investidura de indebida
destinación de dineros públicos, dado que no se demostró que estos se hayan
destinado a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o,
a materias innecesarias y mucho menos que se hayan aplicado esos recursos a
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución
Política, la ley o el reglamento.

85. Por estos motivos, la Sala confirmará la sentencia de 5 de agosto de 2024,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la
cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

II.7. Conclusiones

86. La Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en esta providencia,
encuentra que los concejales del municipio de Barichara, Carlos Heli Afanador
Castro, Carlos Lozano Ballesteros, Ramón Bernardo Castillo García, Sebastián
Torres Torres y Diego Ferney Buenahora Aparicio no incurrieron en la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, con ocasión de
su participación en el trámite y aprobación del Acuerdo 01 de 2024, porque el
subsidio creado cuenta con fundamento constitucional y legal y desarrolla los
principios y finalidades sociales del Estado, entre los cuales se encuentra la

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00370-01
Accionante: Isabel Díaz Cala

promoción de la educación en condiciones de accesibilidad e igualdad material,
siendo innecesario el estudio del elemento subjetivo o de la culpabilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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