Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00388-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00388-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00388-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
2 de agosto de 2024
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00388-01
Accionante: Luz Stella Pinilla García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 68001-23-33-000-2024-00388-01
Accionantes: Luz Stella Pinilla García
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES y otros
Referencia: Acción de tutela.
Tema: tutela en defensa del derecho de petición
Subtema 1: requisitos de procedibilidad
Subtema 2: respuesta a la petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia de tutela del 29 de junio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Luz Stella Pinilla García, obrando en nombre propio, presentó escrito en ejercicio
de la acción de tutela, en el que solicitó la protección de su derecho fundamental de
petición, que afirmó fue vulnerado por la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-E.I.C.E., la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, ante la falta de respuesta
al escrito que radicó el 29 de abril de 20241.
1.2. Hechos de la solicitud de amparo
1.2.1. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,
el 25 de julio de 2022, profirió sentencia de primera instancia en el proceso radicado
68001-33-33-005-2019-00349-00, mediante la cual ordenó la reliquidación y pago
de la pensión vitalicia de vejez de la señora Luz Stella Pinilla García por
COLPENSIONES.
1.2.2. Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones presentó recurso de
apelación. La alzada fue desatada por la Sala del Tribunal Administrativo de
Santander, a través de sentencia del 18 de abril de 2024, que confirmó en su
totalidad la sentencia de primera instancia. La mencionada providencia fue remitida
a las partes por correo electrónico el 29 de abril de 2024.
1 SAMAI, Índice 3, Solicitud de Tutela, Doc. No. E7DF4E1B626F96D9 0B41C391694B4D12
72632111483578B0 CC38081F33B3B86D del expediente digital
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1.2.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 11
de junio de 2024, profirió auto de obedecer y cumplir, el cual fue notificado el 12 de
junio de 2024.
1.2.4. Luz Stella Pinilla García, el 29 de abril de 2024, por conducto de apoderada,
presentó ante COLPENSIONES solicitud para que se surtiera el reconocimiento y
pago de la asignación pensional de conformidad a lo dispuesto en la sentencia
emitida en el proceso radicado 68001-33-33-005-2019-00349-00/01. La parte actora
afirmó en su escrito de tutela que de la referida petición remitió copia a la
Procuraduría General de la Nación y al Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Bucaramanga.
1.2.5. COLPENSIONES emitió respuesta a la señora Pinilla García, el 6 de mayo
de 2024, en los siguientes términos:
“(…) Reciba un especial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES. En respuesta a su petición relacionada con: “(…) cuenta de cobro
se remite en copia al juez de instancia para su conocimiento y que obre en el
expediente (…), le confirmamos que, fue recibida satisfactoriamente a título
informativo, y que, será gestionada, tan pronto como el juzgado quinto administrativo
oral del circuito de Bucaramanga, autoridad competente, nos notifique. (…)”.
1.2.6. La actora indicó que, ni la Procuraduría General de la Nación, ni el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, hicieron manifestación
alguna sobre el particular.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La señora Pinilla García solicitó la protección de su derecho fundamental de petición
y en consecuencia se ordene: i) a la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES E.I.C.E., le dé respuesta clara, precisa, congruente y de fondo; ii)
a la Procuraduría General de la Nación que inicie la actuación administrativa
pertinente conforme al artículo 23 de la Ley 1437 de 2011, y; iii) al Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Bucaramanga, que en su condición de autoridad
jurisdiccional competente del trámite de instancia, registre e imparta el trámite que
en derecho corresponda al memorial que radicó el 29 de abril de 2024 a través de
los correos electrónicos ofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y
Ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1.4. Trámite en primera instancia
1.4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, por auto del 11 de junio de 2024,
admitió el amparo constitucional y ordenó las notificaciones de rigor2.
1.4.2. La Procuraduría General de la Nación, presentó su informe y se opuso a la
solicitud de tutela, pues consideró que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno. Informó que la interesada radicó en forma errónea e indebida la petición.
Expresó que, una vez enterada del asunto, precisamente a partir de la notificación
del auto admisorio de la tutela, cumplió con su deber legal de vigilancia, pues a
través de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Constitucionales, en ejercicio tanto de
2 SAMAI, Índice 19. Auto admisorio de tutela. Doc. No. 515EFCB4383C63F3 49451C76DFEB5C5F
18521452D13EA588 908EAE4D5EF583A9 del expediente digital
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su función preventiva, como de sus funciones de supervigilancia, mediante auto del
12 de junio de 2024, requirió a COLPENSIONES para que informe el trámite dado
a lo solicitud presentada por Luz Stella Pinilla García, bajo conminación y
advertencias de Ley; con copia a la peticionaria.
Por lo anterior, afirmó que, se configuró el hecho superado por lo que, pidió la
desvincule del trámite en cuanto ya satisfizo lo pedido a ella por la señora Pinilla
García.
1.4.3. La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES E.I.C.E.
contestó la demanda y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela. Indicó que la accionante contaba con otros medios para procurar la ejecución
de la sentencia ordinaria cuyo cumplimiento pretende.
Expresó que, dentro de un estado social y democrático de derecho, es imperativo
acatar lo dispuesto por las autoridades judiciales, sin embargo, la petente que ahora
acude en tutela, no allegó con su petición de ejecución, copia auténtica de la
sentencia, con sus constancias de notificación y firmeza, circunstancia que impide
acceder a lo deprecado, hasta tanto el juez de conocimiento allegue el fallo referido.
Todo esto por razones de garantía de certeza, transparencia y seguridad.
Finalmente, en caso que la declaración de improcedencia no sea atendida y se
resuelva el asunto de fondo, solicitó se vincule y requiera al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, para que allegue las piezas procesales
requeridas para proceder al cumplimiento de la referida sentencia.
1.4.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dio
respuesta a la solicitud de amparo y manifestó que, en primer lugar, la jurisprudencia
ha sostenido que el derecho de petición no es el medio idóneo para lograr el impulso
de los procesos. Adujo que revisado el expediente contentivo del proceso por el
aplicativo SAMAI, no se encontró la petición aludida, por lo que se pidió a la oficina
de apoyo, informara si había llegado ésta a los correos electrónicos
correosofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, a lo que esta oficina respondió que el
primero se encontraba deshabilitado desde el 1 de marzo de 2024, por lo que en su
momento debió producirse un correo de devolución o rebote al correo remitente del
escrito; y, el segundo pertenece a la oficina judicial -Santander -Bucaramanga y, no
está habilitado como canal receptor de memoriales de la jurisdicción contenciosa.
La autoridad judicial afirmó que, el memorial contentivo del derecho de petición
nunca llegó a ese Despacho, pero que, revisado su texto, se advierte que este va
dirigido a COLPENSIONES como cuenta de cobro, y, se remite en copia al juez de
conocimiento para su información, por lo que ninguna solicitud se hizo a esa
judicatura, ni ella tiene injerencia alguna en el trámite.
Por otra parte, el juzgado indicó que la susodicha petición fue elevada el día 29 de
abril de 2024, fecha en la que el expediente no había regresado al despacho de
origen, tras el trámite de segunda instancia, pues, esto ocurrió hasta el 15 de mayo
de 2024, momento a partir de la cual se profirió auto de obedecimiento, sin que
existan actuaciones pendientes por tramitar.
Finalmente, explicó que la decisión adoptada en primera instancia en el proceso
ordinario de la señora Pinilla García, respetó el debido proceso y las demás
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garantías constitucionales y legales, tal y como se aprecia de la foliatura cuyo link
de acceso se acompaña, con la respuesta remitida por la OSJA -oficina de servicios
de juzgados administrativos-.
1.5. Sentencia de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, profirió sentencia de primera instancia, el
19 de junio de 2024, en la que negó las pretensiones de la tutela3.
El juez constitucional de primer grado consideró entre los argumentos que, de
acuerdo a las pruebas allegadas, COLPENSIONES resolvió de fondo la petición y
no fue elusiva en su contenido, toda vez que no le era dable proceder al
cumplimiento de unas órdenes dadas por una sentencia que no se le había
notificado, ni había cobrado ejecutoria.
En relación con el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga,
indicó que no se probó que la accionante hubiera radicado en los medios
electrónicos correspondientes alguna petición con la que supuestamente hubiera
acompañado copia de la solicitud dirigida a COLPENSIONES, como quiera que las
direcciones electrónicas dichas por la actora no estaban habilitadas para la
recepción de memoriales, por lo que no es de recibo endilgarle responsabilidad
alguna al referido despacho judicial.
Respecto a la Procuraduría General de la Nación, expuso que estaba demostrado
que la petición no fue dirigida a esta entidad y se remitió a un correo no habilitado
para la recepción de solicitudes, por lo que tampoco le asistía responsabilidad en la
afectación del derecho fundamental de petición.
1.6. Impugnación.
La parte accionante presentó escrito de impugnación4 en contra de la sentencia de
primer grado y reiteró los argumentos esbozados en el escrito inicial.
Expresó que, conforme a la naturaleza fundamental del derecho de petición, no era
posible hacer restricciones o exigencias a los solicitantes para hacer peticiones,
salvo que estén previstas en la ley.
Indicó que era desacertado concluir que la Procuraduría General de la Nación y el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga no estaban en el
deber de dar respuesta a la petición presentada fuera de reglas y canales internos,
pues el artículo 21 del CPACA, impone a quien recibe una petición de la que carece
de competencia, el deber de remitirla a la autoridad competente,
independientemente de la circunstancia referida, como lo tiene sentado la Corte
Constitucional desde la sentencia C-951 de 2014.
Afirmó que, la ausencia de respuesta de fondo por parte de COLPENSIONES es la
que lleva al juez de tutela de la primera instancia a agregar argumentos y hechos a
la situación para estimar que la petición fue atendida en debida forma, situación que
3 SAMAI, Índice 27. Sentencia de tutela de primera instancia. Doc. No. 4B39C85C28109DDD
9FE2FF7F9B9D626E D83CF4EB7AA59978 03A179D40F8CDC5E del expediente digital.
4 SAMAI, índice 30. Impugnación sentencia de tutela. Doc. 4B39C85C28109DDD
9FE2FF7F9B9D626E D83CF4EB7AA59978 03A179D40F8CDC5E del expediente digital.
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no es admisible, pues quien debe pronunciarse de manera negativa y/o positiva
respecto a lo pedido es la entidad ante quien se presenta la solicitud, y no la
autoridad judicial al resolver el amparo.
Finalmente, estimó que la petición del 29 de abril de 2024 fue presentada cuando
ya se encontraba ejecutoriada la providencia que la soportaba, pues al ser una
decisión de segundo grado, que se notificó en debida forma conforme al artículo
302 del CGP, carecía de recursos, sin que fuera necesario esperar el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
II CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591
de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Luz Stella Pinilla García se encuentra
acreditada, como quiera que fue ella quien presentó la petición que dice no resuelta,
con la que se gestó en su sentir, la vulneración de su derecho fundamental.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES E.I.C.E., como de
la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga, en la medida en que fueron las autoridades
destinatarias del original y copias de la controvertida petición que la actora dice
insatisfecha.
2.3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley5.
2.4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución.
5 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como
intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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Este artículo fue regulado en el Titulo II de la Primera Parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 13
ibídem, dispuso que las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa,
solicitudes de interés general o particular ante las autoridades, y a “obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma”.
La Corte Constitucional ha establecido las condiciones que deben cumplir las
respuestas a las peticiones de los ciudadanos, al respecto ha indicado:
“(…) Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los
derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la
respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente
lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas
o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y
sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición
resulta o no procedente” .
2.5. Caso concreto
En el caso bajo estudio, Luz Stella Pinilla García el 29 de abril de 2024 presentó
petición a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES E.C.I.E.,
para que se diera cumplimiento a la orden de reliquidación pensional dispuesta por
el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia
del 25 de julio de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante fallo del 18 de abril de 2024. Así mismo, la actora acreditó que remitió
copia de la referida petición, en la misma fecha, a los correos electrónicos
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co,
ofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, que, según afirmó, corresponden a la
Procuraduría General de la Nación y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Bucaramanga.
2.5.1. De la petición presentada a COLPENSIONES
La petición fue respondida por COLPENSIONES el 6 de mayo de 2024 mediante
oficio BZ2024_8942507-1219535, el cual fue comunicado a la actora el 10 de mayo
siguiente a la dirección de correo electrónica dispuesta para ello.
Sobre el particular, la Sala resalta que su intervención en el presente asunto, como
juez constitucional, está dirigida a la verificación de la presentación de una solicitud
de forma respetuosa, y que a la interesada se le haya dado respuesta de fondo
dentro de los términos previstos en la ley y la jurisprudencia.
En ese orden de ideas, esta judicatura pone de presente que el 6 de mayo de 2024
COLPENSIONES contestó la petición presentada por Luz Stella Pilla García y le
indicó que:
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“(…). En respuesta a su petición relacionada con: “(…) cuenta de cobro se
remite en copia al juez de instancia para su conocimiento y que obre en el
expediente (…)”, le confirmamos que, fue recibida satisfactoriamente a título
informativo, y que, será gestionada, tan pronto como el juzgado quinto
administrativo oral del circuito de Bucaramanga, autoridad competente, nos
notifique. (…)”.
Precisado lo anterior, se encuentra que, de conformidad con el expediente del
proceso ordinario allegado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander el 18 de abril de 2024, fue remitida a las partes por
correo electrónico el 29 de abril de 2024, misma fecha en que la accionante
presentó la petición objeto de la presente acción de tutela.
Ahora bien, cabe denotar que, respecto del cumplimiento de sentencias judiciales
por parte de entidades públicas, la legislación contencioso administrativa ha
establecido un trámite el cual se encuentra regulado en el artículo 192 del CPACA,
que dispone:
“Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda
su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada (…)” (Negritas y subrayado por fuera de
texto).
En este orden de ideas, revisado el expediente ordinario en el que se profirió la
decisión que la actora depreca sea cumplida, se observa que, para el momento de
la radicación de la solicitud en COLPENSIONES, esto es el 29 de abril de 2024, el
proceso aún se encontraba en trámite de segunda instancia, pues en esa misma
fecha se envió a las partes el correo electrónico con la sentencia del 18 de abril de
2024, por lo tanto, la decisión aún no había cobrado ejecutoria.
De ahí que, se advierte que la respuesta proferida por COLPENSIONES
corresponde a la realidad del trámite procesal, toda vez que, para ese momento la
decisión no había sido comunicada a la entidad para que se diera cumplimiento y
mucho menos había cobrado firmeza.
Así entonces, para esta Subsección la controvertida contestación dada por
COLPENSIONES, resulta responsiva de lo pedido, además de clara y concisa, en
la medida en que no era dable a la peticionada, pretermitir el trámite que la ley tiene
establecido para la ejecución de las sentencias de condena; como no era dable
tampoco, para la solicitante, ignorarlos.
Al margen de lo anterior, cabe precisar que la protección del derecho fundamental
de petición, tal y como se expuso, está encaminada a que los peticionarios reciban
respuestas oportunas, claras y que resuelvan de fondo las solicitudes que presenten
ante las autoridades. Eso no significa, que la protección implique que el juez de
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tutela deba ordenar a la entidad involucrada que resuelva la petición conforme a lo
requerido por el interesado. Lo anterior, ha sido establecido en la jurisprudencia
constitucional en los siguientes términos:
“el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente
que [la] recibe (…) se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones
del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, ‘producida y comunicada
dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de
petición, de tal manera que, si la autoridad ha dejado transcurrir los términos
contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que
vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta,
quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional’6”7. (Negritas y
subrayado por fuera de texto).
Conforme a lo expuesto, se tiene que la respuesta brindada por la entidad no podía
ser otra, pues no es posible que de forma inmediata se ejecute la reliquidación y el
pago ordenados por el juez de conocimiento en doble instancia, sin tener en cuenta
las disposiciones que regulan el trámite de ejecución de sentencias de condena,
que, reitera la Sala, estaba en el deber de conocer la peticionaria, pues la ignorancia
de la ley no excusa a nadie.
Corolario de lo anterior, el sentido de la respuesta al derecho de petición, no hace
parte del núcleo esencial del derecho fundamental, en cuanto compete única y
exclusivamente al destinatario de la solicitud, por lo que la decisión contraria a los
intereses del interesado, en ningún caso entraña vulneración a una garantía
constitucional, pues una cosa es el derecho de petición y otra, bien distinta, es el
derecho a obtener lo pedido.
En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, en la medida en que,
conforme a lo esbozado, COLPENSIONES dio respuesta de fondo a la solicitud
presentada el 29 de abril de 2024 por Luz Stella Pinilla García.
2.5.2. De la petición presentada a la Procuraduría General de la Nación y al
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
La parte actora en la solicitud de amparo deprecó que se ordenara i) a la
Procuraduría General de la Nación que inicie la actuación administrativa pertinente
conforme al artículo 23 de la Ley 1437 de 2011, y; ii) al Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Bucaramanga, que, en su condición de autoridad
jurisdiccional competente del trámite de instancia, registre e imparta el trámite que
en derecho corresponda al memorial que radicó el 29 de abril de 2024.
Sobre el particular, esta judicatura señala que, de una interpretación sistemática de
los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional instituyó como
presupuesto “de orden lógico-jurídico” para la procedencia del amparo, la existencia
de una acción u omisión amenazante o vulneradora de derechos fundamentales,
que haya sido cometida por particulares o por la autoridad pública.
La Alta Corporación Constitucional ha desarrollado este requisito como la
imposibilidad de acudir al amparo de tutela bajo una conjetura, de simples
6 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2012.
7 Corte Constitucional, sentencia T-242 de 1993
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especulaciones o de hipótesis en torno a una eventual afectación para las garantías
iusfundamentales, sin haberle otorgado a la administración “la oportunidad de
pronunciarse en ese o en otro sentido. No se puede llegar al absurdo de acudir a
la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola
el debido proceso de las entidades públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen,
sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de
asegurar la vigencia de un orden justo”8.
Este requisito, guarda correspondencia con otra causal que torna en improcedente
el amparo, el acudir a la acción de tutela a partir de situaciones futuras e inciertas,
que exige la existencia de “hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia se
puede inferir la violación o vulneración de derechos fundamentales”9. De este modo,
la interposición de un amparo cuyo propósito sea suponer una violación de derechos
fundamentales por hechos o actos futuros, esto es, aquellos inexistentes o
imaginarios, que, por su naturaleza, no están soportados en razones fundadas y
objetivadas, no tiene vocación de procedencia.
En el asunto bajo análisis, la Sala encuentra que la Procuraduría General de la
Nación y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
manifestaron en sus contestaciones que no emitieron respuesta alguna, ni
ejecutaron actuación relacionada sobre la supuesta petición presentada, en la
medida en que los canales usados por la petente, no eran los adecuados. En el
caso de la Procuraduría el correo utilizado no estaba habilitado para la recepción de
este tipo de mensajes, y, respecto del Juzgado Administrativo, los buzones
empleados estaban deshabilitados para recibir mensajes.
Frente a ello, una vez verificados los canales utilizados por la parte accionante, esta
judicatura colige que la petición no se presentó de manera correcta a las entidades
demandadas, puesto que, la parte accionante no acreditó haber enviado la solicitud
por un medio permitido para ello.
Expuesto lo anterior, la Sala concluye que está insatisfecho el presupuesto lógico-
jurídico de existencia de una acción u omisión que, realizada por la Procuraduría
General de la Nación y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, amenace con vulnerar o haya lesionado los derechos fundamentales
del accionante, en consecuencia, declarará la improcedencia de la acción, pues, de
la lectura de sus contestaciones10, soportada en la falta de pruebas que demuestren
lo contrario, es posible colegir que el tutelante no acudió a solicitar a las entidades,
por los medios idóneos, que le fuera concedido el pedimento de este amparo.
Por consiguiente, la Sala modificará la decisión de primera instancia en el sentido
de negar la solicitud de amparo en cuanto a COLPENSIONES y declarará su
improcedencia respecto de la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2008. Citó el contenido de la sentencia T-066 de 2002 de
la misma Corporación.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 2012. Citó el contenido de las sentencias T-279 de 1997
y T-647 de 2003.
10 Es factible que este juez se valga del contenido del informe que rindió la Presidencia de la República para
solucionar el caso, pues este fue rendido bajo juramento. (Inciso 3, artículo 19 del Decreto 2591 de 1991).
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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00388-01
Accionante: Luz Stella Pinilla García
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el
29 de junio de 2024, la cual quedará así:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, frente al derecho fundamental de
petición, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES-E.I.C.E., de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta en
contra de la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
SABF
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