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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00511-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00511-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2024-00511-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego
Accionado: Manuel Eduardo Ardila Rojas
Tema: Violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de
investidura. Inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada contra la
sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1.El señor Luis Eduardo Solano Gallego en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 solicitó:

“[…] Que se DECRETE la Pérdida de Investidura del Concejal del Municipio de
Puerto Wilches - Santander, MANUEL EDUARDO ARDILA ROJAS, del Movimiento
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), elegido para el período constitucional
2024-2027, por violación del régimen de inhabilidades, por la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el art. 40 de la Ley
617 de 2000, “Celebración de contrato en el año anterior a la elección”. […]”. (Negrilla
del texto).

I.1.1. Los hechos

2. Afirmó que el accionado se inscribió como candidato al Concejo Municipal de
Puerto Wilches, departamento de Santander, para el período constitucional 2024 –
2027, y que resultó elegido en las elecciones de autoridades territoriales realizadas
el 29 de octubre de 2023.

3.Manifestó que el accionado fue accionista de la sociedad Transportes Especiales
de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. identificada con NIT. 900651630-8 y matrícula
111373, con porcentaje de participación accionaria del 21.15%, como se evidencia
en el acta de Junta de Accionistas Extraordinaria núm. 008-2023 de 9 de mayo de

1
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

2023, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja el 10
de mayo de 2023. Agregó que en dicha asamblea el accionado participó como
secretario y que en ella se nombró nuevo gerente.

4. Explicó que el acta anterior fue la última registrada ante la Cámara de Comercio
de Barrancabermeja, según informó esa entidad mediante comunicación de 15 de
diciembre de 2023.

5.Señaló que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas fue accionista de la precitada
sociedad durante el año 2023 y que esta celebró contrato de prestación de servicios
núm. 326 el 26 de octubre de 2023 con la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches,
cuyo objeto fue la prestación del servicio de transporte terrestre local para el
desarrollo de las elecciones territoriales de 2023 en el municipio de Puerto Wilches.

6. Asimismo, que la sociedad del accionado celebró contrato de transporte núm.
3038257 el 25 de febrero de 2021 con Ecopetrol S.A. Agregó que en el marco de
dicho contrato se han celebrado diversos otrosí, entre ellos el núm. 3 de 5 de mayo
de 2023, que, según afirma, “[…] Modifica el anexo GAB-F 128 V5 Evaluación de
Desempeño, Modifica la CLÁUSULA VIGESIMA ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS y se incluye la CLAUSULA DESCARBONIZACION. […]”.

7. Argumentó que este último se constituyó en un verdadero negocio jurídico,
autónomo e independiente del celebrado el 25 de febrero de 2021, porque se
realizaron una serie de modificaciones significativas e incluso se incluyó una nueva
cláusula. Explicó que el Consejo de Estado, particularmente la Sección Quinta3, ya
ha considerado que un otrosí es un acuerdo de voluntades que materializa la
inhabilidad.

8. Destacó que la inhabilidad se configura porque: i) los precitados contratos se
celebraron dentro del periodo inhabilitante; ii) las entidades contratantes son
entidades públicas; iii) “[…] El demandado obro en interés propio como socio de la
empresa […]”; iv) los contratos se ejecutaron en el municipio donde el accionado
fue elegido concejal; y v) el contrato de transporte con el municipio de Puerto
Wilches implicó una ventaja electoral del accionado frente a los demás candidatos.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

9. El solicitante señaló como fundamento de derecho: i) el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944 que establece la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades; y ii) el numeral 3. del artículo
43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de

3
Mencionó la siguiente Providencia: “[…] CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN QUINTA, Consejero Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO, de fecha 02 de agosto de 2018, según Radicado:
13001-23-33 000-2018-00394-01 […]”.
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.

3

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

20005, en cuanto establece la inhabilidad relativa a que no podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

10. Consideró que en este caso estaban probado los supuestos del elemento
objetivo, establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, a saber “[…] a)
que el demandado ostente la calidad de concejal municipal o distrital; b) que haya
intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier
nivel; c) durante el año anterior a la elección como concejal; d) en interés propio o
de terceros; y e) que aquel debiera ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo
municipio. […]”. (Negrilla del texto).

11. El accionante pidió a título de medida cautelar la suspensión del acto de elección
del accionado.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura6

12. El señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, a través de apoderado, se pronunció
sobre la solicitud de pérdida de investidura y pidió que no se accediera a las
pretensiones de la demanda porque no se encuentra probado que hubiere incurrido
en la inhabilidad que alega el accionante.

13. Señaló que es verdad que fue candidato y posteriormente elegido concejal, que
fue accionista de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches
S.A.S., pero que el 24 de mayo de 2023 vendió el 100% de su participación
accionaria de la empresa.

14. Argumentó que el accionante tergiversa la información en torno a la información
proporcionada por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, que no todas las
actas deben ser registradas en cámara de comercio como la venta de acciones,
tratándose de una sociedad por acciones simplificada; y que, en todo caso, no solo
el accionado vendió su participación, sino sus antiguos socios, al punto que en la
actualidad la sociedad solamente tiene una accionista propietaria del 100% de las
acciones de la empresa.

15. Aclaró que corresponde al accionante probar los supuestos de hecho de la
causal de pérdida de investidura que invoca y que ninguno de ellos se encuentra
probado. Que tampoco se encuentra probado el elemento subjetivo que exige una
conducta dolosa o gravemente culposa.

5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
6
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

16. En relación el primer contrato que fundamenta la demanda, indicó que
corresponde a un contrato con el municipio de Puerto Wilches. Aseveró que el
accionado no intervino en su celebración porque no tenía ni la condición de
accionista para la época de la celebración y que, aun siendo accionista, la conducta
es atípica y en caso de ser típica no hay pruebas sobre el elemento subjetivo.

17. Sobre el segundo contrato, el celebrado con Ecopetrol S.A.S., explicó que el
otrosí núm. 3 no es un contrato, no fue celebrado por el accionado, no conocía
sobre su existencia y que el representante legal no tiene la obligación de pedir
autorización a los socios para celebrarlo. Adujo que el contenido de las cláusulas
no afectó el plazo, el valor o el objeto del contrato inicial y que por ende no era
procedente fundar la causal de pérdida de investidura en este.

18. Manifestó que el contrato celebrado con el municipio de Puerto Wilches para el
transporte el día de las elecciones es el único argumento en torno al elemento
subjetivo. Añadió que “[…] aunque razón le asistiría en la presunta ventaja que
podría obtener en plena época electoral. Lo cierto es, como se demuestra con la
certificación de la Representante Legal de la Sociedad y el revisor fiscal que, el hoy
concejal al haber vendido su participación el 24 de mayo de 2023, para la fecha en
que el accionante censura la posible ventaja, mi representado ya no era accionista
de la sociedad. […]”.

19. Propuso la excepción que denominó “[…] 1. Ausencia de elemento subjetivo
por incumplimiento de carga probatoria del accionante […]” con fundamento
en que no se argumentó ni probó nada en torno a la conducta dolosa o gravemente
culposa del accionado. Explicó que la ausencia de argumentos y pruebas en torno
a ese supuesto imposibilita y torna innecesario el desgaste del análisis del elemento
objetivo. (Negrilla del texto).

20. Alegó que ninguna de las pruebas se orienta a generar al menos un debate en
torno al elemento subjetivo; que está proscrita la presunción de dolo o culpa grave
en esta clase de procesos, según lo ha explicado el Consejo de Estado.

21. Indicó que el contrato con el municipio fue celebrado cuando el accionado no
tenía la condición de accionista lo que descarta de plano la configuración de la
inhabilidad.

22. Alegó que en el evento de considerar en forma extensiva que esta causal se
configura por la condición de accionista, que el otrosí núm. 3 sí tiene fuerza
contractual y que Ecopetrol S.A.S. es una entidad pública, no se configura el
elemento subjetivo en relación con este acto contractual porque dicho documento
suscrito por el representante legal no era conocido por el accionado y fue anterior
a la inscripción de la campaña.

23. Propuso como excepción la “[…] 2. Ausencia de configuración de factores del
elemento objetivo […]” con fundamento en que no celebró ni el contrato con el

5

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

municipio ni el otrosí con Ecopetrol S.A.S. Que tampoco se probó la intervención
en el contrato y la dignidad de accionista no es una conducta típica de la causal.
Por ende, no se configura ninguno de los supuestos del elemento objetivo en
relación con el contrato celebrado con el municipio. (Negrilla del texto).

24. En relación con la condición de entidad pública explicó que no está probada la
naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A.S., que el otrosí no es un contrato, que este se
rige por el derecho privado y que no fue celebrado por el accionado. Asimismo,
alegó que el domicilio del contrato con Ecopetrol S.A.S. es en Barrancabermeja y
que el objeto estipula que la ejecución tendría lugar en el municipio de Cantagallo,
departamento de Bolívar.

25. Adujo la excepción de “[…] 3. Atipicidad de la condición de accionista.
Prohibición de interpretar extensivamente la causal de inhabilidad […]” y
explicó que esta se enfocaba exclusivamente en torno a la firma del otrosí porque
el accionado no tenía la condición de accionista para la fecha de celebración del
contrato de transporte para las elecciones entre la sociedad y el municipio de Puerto
Wilches. (Negrilla del texto).

26. Explicó en torno a la celebración del otrosí, que el accionado solo tenía la
condición de accionista minoritario y que dicha condición no está incluida dentro de
la causal de pérdida de investidura. Afirmó que la jurisprudencia ha sido uniforme
en torno a que la lectura de las causales debe hacerse de manera restrictiva y que
no está permitidas las interpretaciones extensivas o analógicas.

I.3. Trámite del proceso

27. Mediante auto de auto de 12 de agosto de 20247 se admitió la solicitud de pérdida
de investidura, ordenándose la notificación al accionado y al agente del Ministerio
Público y corriéndose traslado para que el acusado contestara la solicitud, aportara
y solicitara la práctica de pruebas. En providencia aparte8 proferida ese mismo día
se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar formulada por el
accionante.

28. El accionado contestó la solicitud de pérdida de investidura y en memorial aparte
solicitó que se niegue la medida cautelar. El Ministerio Público solicitó que se
negara la medida cautelar9.

29. En auto de 22 de agosto de 202410 se resolvió sobre las solicitudes probatorias
presentadas por las partes, decretó pruebas de oficio y fijó fecha para realizar la
audiencia de pruebas, el 27 de agosto de 2024.

7
Cfr. Índice 6 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 7 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 21 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.

6

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

30. Mediante auto de 26 de agosto de 202411 se negó la medida cautelar solicitada
por el accionante y mediante providencia aparte de la misma fecha12 se decretaron
de oficio unas pruebas.

31. El 27 de agosto de 202413 se realizó la audiencia de pruebas con la participación
del accionante, el accionado y su apoderado, y el Ministerio Público.

32. En la audiencia se practicaron las pruebas, se recibió la declaración de los
señores Armando Cassianni Santamaría, Yuly Aidee Quintero Villar y Stella
Rodríguez Díaz y se ordenó la compulsa de copias a la Superintendencia de
Sociedades, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la
Nación, para que investiguen las conductas presuntamente constitutivas de delito
y faltas disciplinarias derivadas de la declaración que rindió bajo juramento la
señora Stella Rodríguez Díaz.

33. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201814 se realizó el día 29 de agosto de 202415, con la asistencia e intervención del
accionante, del agente del Ministerio Público y del concejal y su apoderado.

I.4. La sentencia de primera instancia16

34. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de
2 de septiembre de 2024, resolvió:

“[…] Primero. Declarar no probadas las excepciones de «ausencia de elemento
subjetivo por incumplimiento de carga probatoria»; «ausencia de configuración
de factores del elemento objetivo» y «atipicidad de la condición de accionista»
propuestas por el apoderado del demandado,

Segundo: Decretar la pérdida de investidura del señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas en su condición de concejal del municipio de Puerto Wilches, (Santander)
período 2024-2027 con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia sin que sea interpuesto recurso en su contra
y, previas las anotaciones a que haya lugar en el aplicativo SAMAI, archívese el
expediente. […]”. (Negrilla del texto).

35. Señaló que el problema jurídico que se debían resolver consistía en determinar:
“[…] si procede declarar la pérdida de investidura del señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas, en su calidad de concejal del municipio de Puerto Wilches, período 2024-
2027, por haber incurrido, según la demanda, en la causal prevista en el numeral 3

11
Cfr. Índice 37 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 40 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
14
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
15
Cfr. Índice 63 del expediente digital de primera instancia.
16
Cfr. Índice 66 del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000. […]”.

36. Explicó el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales de: i) la pérdida de
investidura; y de ii) la violación del régimen de inhabilidades por haber intervenido
en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ante entidades públicas
en interés propio o de terceros.

I.4.1. Análisis del elemento objetivo por el tribunal, en relación con el contrato
núm. 3038257 celebrado entre Ecopetrol S.A. y Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S

37. En relación con el contrato núm. 3038257 celebrado el 25 de febrero de 2021
entre Ecopetrol S.A. y Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y
el otrosí núm. 3 celebrado el 5 de mayo de 2023, consideró que estaba probado
que este último se celebró dentro del periodo inhabilitante comprendido entre el 29
de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023.

38. Explicóque para la fecha de celebración del otrosí núm. 3 la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. estaba representada
por el señor Armando Cassiani Santamaría y que el documento suscrito no implicó
modificaciones sustanciales en tiempo, valor o plazo, sino que se incluyeron
cláusulas referidas a la evaluación de desempeño, de descarbonización, garantías
e impuestos de timbre y actualización de información y documentos en el Sistema
de Proveedores de SIPROE.

39. Por ende, que no se configuraba el supuesto del elemento objetivo relativo a la
“celebración” de un contrato, por cuanto los supuestos sustanciales del contrato
inicial no se mutaron mediante el otrosí núm. 3.

I.4.2. Análisis del elemento objetivo respecto del contrato núm. 326 celebrado
entre el municipio de Puerto Wilches y Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S.

40. En relación con el contrato núm. 326 celebrado entre Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y el municipio de Puerto Wilches se explicó lo
siguiente:

41. Que el accionado fue elegido concejal del municipio de Puerto Wilches para el
periodo constitucional 2024 – 2027, en las elecciones de autoridades territoriales
realizadas el 29 de octubre de 2023.

42. El 26 de octubre de 2023 el municipio de Puerto Wilches celebró contrato de
prestación de servicios núm. 326 con la Sociedad Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S., representada por la señora Yuly Aidee Quintero
Villar, cuyo objeto fue “[…] PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
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TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
(SANTANDER) […]”.

43. El tribunal señaló que ante la existencia de dudas en torno la composición
accionaria de Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. para la
fecha de celebración del precitado contrato y con ocasión de que algunos
documentos aportados como prueba tenían información contradictoria o errores en
torno a la condición o no de accionista del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la
composición accionaria de la empresa, se decretó como prueba el testimonio de la
señora Stella Rodríguez Díaz en su condición de representante legal de
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y la exhibición del libro
de accionistas.

44. En especial, indicó que en la propuesta contractual que presentó la entonces
representante legal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S. en el trámite del contrato con el municipio de Puerto Wilches y en la
certificación de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja se indicaba que el
señor Manuel Eduardo Ardila Rojas tenía la condición de accionista de la empresa
para la fecha de celebración del contrato, es decir, el 26 de octubre de 2023. Por el
contrario, los documentos aportados por los representantes legales y certificaciones
empresariales indicaban que el accionado había enajenado sus acciones en favor
de la actual representante legal y propietaria de la empresa, desde el 24 de mayo
de 2023.

45. El tribunal esgrimió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado
que en materia societaria se deben analizar algunas figuras relevantes para la
configuración de causales de pérdida de investidura como la subordinación y la
presunción de subordinación, con el objeto de identificar realidades de control
societario. Agregó que, si bien, tener la condición de socio de una empresa
contratista del Estado no genera la inhabilidad, se debía probar la intervención
activa, directa y efectiva del demandado en la contratación, fase precontractual o
firma del contrato respectivo, para luego demostrar el interés con que aquella se
efectuó; o la posición mayoritaria, de dominio o de control que le permitiera hacer
prevalecer su poder o sus intereses personales o de terceros.

46. Luego de analizar y valorar los testimonios practicados en el proceso a los
señores Armando Cassiani Santamaría y Yuly Aidee Quintero Villar explicó que se
podía concluir que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora Maryury
Marcela González Álvarez eran compañeros permanentes. Asimismo, que el
testimonio de Yuly Aidee Quintero Villar fue contradictorio con las certificaciones
por ella suscritas para efectos contractuales el 23 de octubre de 2023, en las cuales
se hace constar que la composición accionaria de la sociedad Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. estaba compuesta por el 21.04% de
propiedad del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y un 57.81% de la señora
Marcela González Álvarez.

9

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47. Posteriormente analizó y valoró el testimonio de la señora Stella Rodríguez Díaz
y consideró que este fue impreciso, evasivo, eludió información al punto que el
Ministerio Público dejó constancias sobre ello y denotó una falta de conocimiento
en torno a la fecha en que asumió la representación legal de la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., el manejo de la
empresa, la ausencia de recursos por parte de la señora Stella Rodríguez Díaz que
explicaran la adquisición del 100% de las acciones de una empresa avaluada en
más de doscientos treinta millones de pesos y de sus motivos para adquirirla.

48. La declaración permitió corroborar finalmente no solo que para la fecha de
celebración del contrato el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas contaba con una
composición accionaria del 21.04% y su compañera permanente, la señora Maryury
Marcela González Álvarez, con el 57.81%, sino la existencia de una simulación para
encubrir la real participación accionaria, el real poder decisorio y de subordinación
en la empresa, poderes que según se explicó recaían sobre el concejal accionado
y la señora González Álvarez, su compañera permanente.

49. Así lo concluyó el tribunal:

“[…] La declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz conforme a las
transcripciones efectuadas, corroboran todas las dudas que pudieran recaer sobre el
documento allegado el 23 de octubre de 2023 con la propuesta presentada al
municipio de Puerto Wilches en la que la entonces representante legal Yully Aidee
Quintero Villar, certificó que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas contaba con una
composición accionaria del 21.04% y la señora Maryuri (sic) Marcela González
Álvarez del 57.81%, lo cual conjuntamente por su condición de compañeros
permanentes, evidencia que para esta última fecha ostentaban el real poder decisorio
o de subordinación sobre la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S.

La anterior afirmación, surge, además, porque la declarante hizo revelaciones que
denotan la existencia de una simulación para encubrir la real participación accionaria
dado que adujo que los citados señores Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora
Marcela González 57.81%, la buscaron para que fuera representante legal cuando
se supone que con motivo de la venta de las acciones que le efectuaron el 24 de
mayo de 2023 debían estar desligados totalmente de la empresa, lo cual
evidentemente se aprecia que no ocurrió porque la declarante aseguró, en varias
oportunidades que los citados señores continuaban ejerciendo actos que denotan la
existencia de vinculación con la mentada sociedad; además, la endilgada venta de
acciones pierde respaldo con la afirmación que le expresó a la magistrada ponente
en presencia del Ministerio Público y del secretario ad hoc al señalar que no contaba
con los recursos para adquirirlas. […]”.

50. La sentencia consideró que ante las declaraciones de la señora Stella Rodríguez
Díaz, el apoderado del accionado no solo se abstuvo de presentar reparos en al
momento de la práctica del testimonio, sino que indicó que “[…] realmente requiero
analizar todo el compendio de las consecuencias que esto genera para poder
ejercer la respectiva defensa, si la hay, para el día viernes. […]”.

51. El tribunal agregó que, contrario a lo manifestado por el apoderado del accionado
en la audiencia pública, las preguntas formuladas no contienen ningún sesgo por la

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

condición de ama de casa de la declarante, no orientaron sus respuestas ni hubo
actos intimidatorios por parte del Ministerio Público. Que no son de recibo los
argumentos orientados a demeritar la credibilidad del testimonio, que la declaración
cumple los requisitos para ser valorada como medio válido de prueba, toda vez que
en la declarante no se apreciaba una actitud que pudiera evidenciar su inhabilidad
para declarar en los términos del artículo 210 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201217, ni fue formulada la tacha por inhabilidad por alguna de las partes o
intervinientes.

52. Con fundamento en lo anterior, el tribunal afirmó que las pruebas permiten
concluir que el accionado celebró, por interpuesta persona, con el municipio de
Puerto Wilches, el contrato núm. 326 de 26 de octubre de 2023 ejecutado en ese
municipio, el cual tenía como propósito “[…] PRESTAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
WILCHES (SANTANDER) […]”, toda vez que ostentaba el poder decisorio, de
subordinación e influencia dominante sobre la sociedad Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S., dado que la sumatoria de las acciones del
accionado junto con las de su compañera permanente representan un porcentaje
equivalente al 78,96%.

I.4.3. Análisis del elemento subjetivo por el tribunal

53. Respecto del análisis del elemento subjetivo el tribunal consideró que el
accionado conocía los requisitos para ser elegido concejal y el régimen de
inhabilidades.

54. Que la conducta del accionado, señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, fue dolosa
porque se valió de una maniobra fraudulenta orientada a evadir la inhabilidad para
celebrar dentro del periodo inhabilitante y ejecutar un contrato el mismo día de las
elecciones y en el mismo municipio en que fue candidato y resultó elegido como
concejal, lo cual implicó una ventaja electoral si se tiene en cuenta igualmente el
objeto del contrato.

55. Señaló que el demandado intentó encubrir su relación con la señora Maryury
Marcela González Álvarez, su condición de accionista y la posición mayoritaria, de
dominio y de control, que tenían él y su núcleo familiar sobre la entonces
representante legal y la empresa y que se valió de interpuesta persona para
celebrar el contrato, con la intención positiva de lesionar un interés jurídico y de
evadir la configuración de la inhabilidad.

56. Agregó que, aunque formalmente el accionado no celebró el contrato por
cuanto la señora Yuli Aydee Quintero Villar se identificó como la representante legal
para dichos efectos, estaba probado que la compra venta de acciones fue simulada,
que su poder accionario le otorgaba una posición dominante, subordinante e

17
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

11

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

influyente y que pretendió ocultar dicha situación mediante maniobras fraudulentas,
lo cual fue corroborado por las inconsistencias en las pruebas documentales, las
inconsistencias en los testimonios y las manifestaciones realizadas por la presunta
actual representante legal de la empresa, señora Stella Rodríguez Díaz, en torno a
que el accionado ejercía actos de manejo y administración pese a que no tenía ni
siquiera la condición de accionista.

57. Por ende, consideró probado el elemento subjetivo.

58. Por último, el tribunal explicó que no eran de recibo los reparos formulados en
la audiencia pública por el apoderado de la parte accionada en torno a la carga de
la prueba y una presunta flexibilización probatoria derivada de que el tribunal
decretó y practicó pruebas de oficio.

59. Explicó que los procesos de pérdida de investidura se rigen por el principio de
la carga de la prueba, libertad probatoria y libre apreciación y que, por ende,
cualquier medio de prueba puede ser utilizado para acreditar los hechos y
circunstancias que son objeto de debate, siempre que se respeten las garantías
constitucionales y los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba.

60. Expresó que las normas sobre carga de la prueba no impiden al tribunal su
facultad oficiosa de decretar pruebas que guarden relación con el proceso, las que
para el caso resultaron necesarias en atención a la imposibilidad de las Cámaras
de Comercio de allegar la información solicitada por el demandante y a las dudas
que surgieron en torno a la real participación accionaria del demandado.

61. Por ende, el auto de pruebas no implicó vulneración de ningún derecho del
accionado ni mucho menos una ruptura del principio de inocencia y tampoco fue
objeto de recursos por el accionado o su apoderado. Tampoco se vulneran
derechos del accionado en la práctica de la prueba porque estos se practicaron con
la asistencia del apoderado del accionado, quien se abstuvo de intervenir durante
su desenvolvimiento o presentar recursos o tachas.

62. Con fundamento en todo lo anterior, el tribunal decretó la pérdida de investidura
del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas como concejal del municipio de Puerto
Wilches para el periodo constitucional 2024 – 2027.

I.5. El recurso de apelación18

63. El accionado interpuso por intermedio de apoderado recurso de apelación para
que se revoque en su integridad la sentencia proferida en primera instancia y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura.

18
Cfr. Índice 69 del expediente digital de primera instancia.

12

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

I.5.1. Las pruebas de oficio decretadas por el tribunal y el desequilibrio
procesal

64. Señaló que el decreto de pruebas de oficio por parte del tribunal implicó un
desequilibrio que operó en contra del accionado, que generó una desventaja
procesal y que rompió con las cargas probatorias de este proceso porque suplió la
actividad de la parte demandante a quien le correspondía la carga de la prueba.

65. Que dicha situación implicó que el accionado no solo debía defenderse “[…] de
las imputaciones de la demanda sino de la oficiosidad surgida de la magistrada
sustanciadora y el ministerio público, que a la postre llevó a una sentencia
desfavorable […]”.

66. Explicó que el accionado solamente contó con la contestación de la demanda
para pedir el decreto y práctica de pruebas y que las documentales y testimoniales
de oficio no pudieron ser controvertidas porque la defensa “[…] no tuvo oportunidad
de controvertir con la solicitud de pruebas de refutación […]”.

67. Indicó que las pruebas de oficio, en este caso, no versaron sobre aspectos
oscuros del proceso, sino que se orientaron a suplir la actividad probatoria de la
parte actora.

68. En relación con la práctica de las pruebas, sostuvo que se observó una “[…]
inclinación oficiosa de la magistrada sustanciadora de suplir la inactividad de la
parte actora […]” e indicó que al finalizar la audiencia de pruebas ordenó un receso
para “[…] tomar decisiones con el ministerio público […]”. Cuestionó sobre qué
decisiones podía tomar la magistrada ponente “[…] en medio de una diligencia
virtual, donde se solicitó que los testigos debian (sic) asistir presencialmente […]”.
Cuestionó si ¿pudieron existir “[…] conversaciones o presiones adicionales fuera
de registro de cámara? […]”.

I.5.2. La práctica de la declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz

69. Manifestó que durante la declaración de la testigo Stella Rodríguez Díaz esta
fue “[…] presionada insistentemente […] no solo por la magistrada sustanciadora
sino por el ministerio público […]” con preguntas “[…] atentatorias sobre su
condición socioeconómica, su rol como mujer ama de casa […]” y que ello ocasionó
que la testigo “[…] sufriera una alteración evidente que llevó a decir una serie de
incoherencias que a la postre constituyeron la única fuente para endilgar
responsabilidad a mi prohijado, pasando por alto todas las pruebas documentales
aportadas y las demás deposiciones testimoniales que favorecen al investigado y
daban fe de la existencia de los negocios jurídicos de ventas de acciones […]”.

70. Explicó que se le resta credibilidad al testimonio de la señora Rodríguez Díaz
en unos aspectos, como las manifestaciones sobre la inexistencia del vínculo de
parentesco entre Maryury Marcela González Álvarez y el señor Manuel Eduardo

13

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Ardila Rojas -por ser contradictorio con los otros testimonios-, pero sí se le da
credibilidad a las otras manifestaciones como aquellas relacionadas con “[…] la
presunta simulación en la compraventa de acciones […]”, pese a que los otros
testimonios habían afirmado lo contrario. Alegó que se trata de una valoración
incoherente y sesgada que se orienta a argumentar la culpabilidad del accionado.

71. Sostuvo que la declaración de la testigo “[…] denota a simple vista una
alteración significativa […]” que permite inferir su inhabilidad para rendir testimonio
o al menos restar credibilidad a su declaración, dadas sus “[…] circunstancias
psíquicas […]”. Ello, a partir de las preguntas “[…] atentatorias contra la dignidad
de la mujer y su rol de ama de casa, partiendo de estereotipos tales como que
hacían entender a la testigo que por ser ama de casa no podía tener dinero para
comprar las acciones de mi poderdante, inquiriéndola sobre el origen de sus
recursos, y con preguntas a todas luces sugestivas que ya sugerían una respuesta
[…]”19 y que, en su criterio, contraría el inciso final del artículo 220 de la Ley 1564
que establece que cuando la pregunta insinúe la respuesta deberá ser rechazada,
sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando
la insinuación, si la considera necesaria.

72. Para el accionado, la situación anterior denota parcialidad y desconocimiento
de las reglas sobre práctica del testimonio por parte del tribunal.

73. Por lo anterior, solicitó que no se tenga en cuenta como única prueba del
sustento de responsabilidad del accionado el testimonio de la señora Stella
Rodríguez Díaz. Ello por cuanto, en su criterio, el testimonio está viciado por la
visible alteración psíquica derivada de las preguntas, en su criterio discriminatorias
y sugestivas, así como por las condiciones de salud de la declarante, lo que implica
que la declaración no fue espontánea y sincera, responsiva, exacta y completa.

74. Expresó que el accionado “[…] pensó en denunciar el testimonio de la señora
Stella, al comunicarse con ella se encontró con una persona afectada. Esa
afectación inclusive, al día de hoy la señora Stella ha manifestado que no recuerda
haber dicho lo que refiere la sentencia en el aparte de su testimonio. […]”.

I.5.3. La exclusión de la certificación de la revisora fiscal y del testimonio de
Stella Rodríguez Díaz. Valoración conjunta de las pruebas e inexistencia de
prueba de intervención en la celebración del contrato

75. Explicó que la sentencia proferida por el tribunal se soporta en: i) la certificación
de la composición accionaria de la sociedad, suscrita por la revisora fiscal; y ii) la
declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz.

76. Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, reiteró que la certificación
solamente fue decretada en virtud de la labor oficiosa de la magistrada

19
Indicó como ejemplo de su argumento la siguiente pregunta: “[…] Despacho: ¿Entonces, puedo afirmar aquí,
presuntamente, que usted, pues prácticamente ellos continúan a cargo de esta sociedad? […]”.

14

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

sustanciadora en primera instancia y que no podía ser desvirtuada probatoriamente
por la defensa. En relación con el testimonio, explicó que este fue valorado en forma
parcializada, surgió en virtud de presiones y preguntas prohibidas y argumentó que
el apoderado no las podía objetar porque fueron formuladas por la magistrada o por
el Ministerio Público.

77. Por ende, al excluir dichas pruebas de la valoración probatoria, concluye que
“[…] no existen en el proceso otros medios probatorios que lleven a la Sala a tener
certeza de la conducta censurada en lo relacionado con los contratos con el
municipio de puerto Wilches. Por lo anterior, el concejal demandado no incurrió en
la causal de pérdida de investidura consagrada en la causal contemplada en el
numeral 4° (sic) de la Ley 136 de 1994 […]”.

78. Luego de mencionar que las pruebas se deben valorar al amparo de las reglas
de la sana crítica y que se debe tener en cuenta lo favorable y desfavorable al
accionado, manifestó que la sentencia apelada no dio las razones sobre por qué se
le restó credibilidad a unas pruebas y no a otras o a los apartes de unos testimonios
y no de otros, que no se realizó una contextualización de las pruebas y no se tuvo
en cuenta las circunstancias de alteración del testimonio para resolver sobre su
valoración.

79. Afirmó que al testimonio de la señora Stella Rodríguez Díaz se le dio un alcance
que no tiene por sí mismo, como es atribuirse que el accionado intervino en el
contrato celebrado con el municipio de Puerto Wilches, pues ni de su dicho ni de
los otros testimonios se establece que el demandado haya intervenido
específicamente en dicho contrato. Adujo que “[…] se presumió objetivamente que
el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas participó en dicho contrato sin que la testigo
u otra prueba así lo determinen […]”.

80. Expresó que el alcance del testimonio no permite afirmar la existencia de una
simulación en la venta de acciones, y que dicha afirmación del tribunal desconoce
el valor probatorio de los documentos comerciales aportados al proceso, máxime si
se tiene en consideración que el “[…] contrato de compraventa de acciones se
presume auténtico y solamente con la declaratoria judicial de la simulación dentro
de un proceso contractual se puede denotar que la misma haya existido, por tanto,
se da un alcance indebido al testimonio. […]”.

I.6. Trámite del recurso de apelación

81. Mediante auto de 25 de septiembre de 202420, la magistrada sustanciadora del
tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el
accionado en contra de la sentencia de 2 de septiembre de 2024.

20
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.

15

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

82. En auto de 7 de marzo de 202521 se resolvió admitir el recurso de apelación,
negar el decreto de pruebas solicitadas en segunda instancia y correr traslado del
auto admisorio del recurso a la parte accionante y al Ministerio Público por el
término de tres (3) días. El accionado interpuso22 recurso de reposición y en
subsidio súplica contra la decisión de negar las pruebas, en segunda instancia.

83. Mediante auto de 8 de julio de 202523 se resolvió no reponer el auto de 7 de
marzo de 2025 y ordenar a la Secretaría de la Sección impartir el trámite del recurso
de súplica interpuesto por la parte accionada contra el auto de 7 de marzo de 2025.

84. La Sala de decisión en sede de súplica, mediante auto de 17 de octubre de
202524 resolvió confirmar el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto de 7 de
marzo de 2025, por medio del cual se negó el decreto de unas pruebas solicitadas
en segunda instancia.

85. El Ministerio Público25 rindió concepto en el sentido de indicar que estaba
probado que el accionado suscribió un contrato dentro del periodo inhabilitante con
el municipio de Puerto Wilches, al ostentar el poder decisorio, de subordinación o
influencia dominante sobre la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S., teniendo en cuenta que la sumatoria de las acciones propias y de
su compañera permanente equivalían a un 78,96%.

85.1. Agregó que la conducta tuvo lugar a título de dolo en virtud de la evidencia del
comportamiento intencional para obtener un provecho propio a través de una
interpuesta persona, motivo por el cual en su criterio se debe confirmar la sentencia
del tribunal y por ende la declaratoria de pérdida de investidura del accionado.

86. El accionante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

87. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal
del accionado; iii) los problemas jurídicos; iv) la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de inhabilidades; v) el estudio de los problemas jurídicos;
y vi) las conclusiones.

II.1. La competencia

88. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley

21
Cfr. Índice 7 del expediente digital de segunda instancia.
22
Cfr. Índice 11 del expediente digital de segunda instancia.
23
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia.
24
Cfr. Índice 22 del expediente digital de segunda instancia.
25
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia.

16

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201926, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15027 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

89. La condición del accionado, señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, como concejal
del municipio de Puerto Wilches para el periodo 2024 - 2027, se encuentra probada
con la copia del formato E-26 CON, correspondiente al “[…] ACTA DEL
ESCRUTINIO MUNICIPAL […] CONCEJO […]” de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, de las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de
octubre de 202328. Asimismo, con el acta núm. 001 de 2 de enero de 2024 del
Concejo Municipal de Puerto Wilches en la que consta la sesión inaugural del
concejo municipal y la posesión de los concejales asistentes, entre ellos el
accionado29.

90. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio de Puerto
Wilches para el periodo 2024 – 2027 no fue objeto de cuestionamiento en el recurso
de apelación.

II.3. El problema jurídico

91. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437,
observa lo siguiente:

92. El accionante pidió que se decrete la pérdida de investidura del concejal Manuel
Eduardo Ardila Rojas por haber incurrido en violación del régimen de inhabilidades
previsto en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, con ocasión de la celebración, dentro del periodo inhabilitante, del
contrato de prestación de servicios núm. 326 el 26 de octubre de 2023 entre la
sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y la Alcaldía
Municipal de Puerto Wilches, cuyo objeto fue la prestación del servicio de transporte
terrestre local para el desarrollo de las elecciones territoriales del año 2023, en el
municipio de Puerto Wilches.

93. Asimismo, la solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en la celebración,
dentro del periodo inhabilitante, del otrosí núm. 3 de 5 de mayo de 2023 al contrato
de transporte núm. 3038257 de 2021, suscrito entre la sociedad Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S y Ecopetrol S.A.

26
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
27
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
28
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 2 a 13.
29
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 17 a 22.

17

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

94. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de 2 de
septiembre de 2024 consideró en relación con el otrosí núm. 3 de 5 de mayo de
2023 al contrato de transporte núm. 3038257 de 2021, que no se cumplía el
supuesto del elemento objetivo relativo a la “celebración de contrato” porque el
documento suscrito no implicó modificaciones sustanciales en tiempo, valor o plazo
del contrato inicial que permitieran entender la existencia de un nuevo negocio
jurídico.

95. El tribunal consideró en relación con el contrato núm. 326 celebrado el 26 de
octubre de 2023 entre Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.
y el municipio de Puerto Wilches, que el análisis y valoración probatorios
permitieron concluir que estaban probados los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto
en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, porque se probó la existencia de una simulación para encubrir la real
participación accionaria y el real poder decisorio y de subordinación en la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., poderes que recaían
sobre el accionado, señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, y su compañera
permanente, la señora Maryury Marcela González Álvarez.

96. En ese orden, que se probó que el accionado celebró por interpuesta persona,
dentro del periodo inhabilitante, el precitado contrato con el municipio de Puerto
Wilches, en interés propio, y que el contrato debía ejecutarse en el mismo municipio
en que resultó elegido el concejal en tanto su objeto se orientaba a la prestación
del servicio de transporte terrestre local para el desarrollo de las elecciones
territoriales del año 2023, en ese ente territorial.

97. La existencia de maniobras fraudulentas de simulación de la representación legal
de la sociedad y de la participación accionaria para encubrir el verdadero poder
decisorio y la existencia de subordinación, permitieron al tribunal concluir que la
conducta fue dolosa y por ende configurado el elemento subjetivo.

98. El accionado en el recurso de apelación argumentó lo siguiente:

99. Sostuvo que la magistrada ponente del tribunal decretó pruebas de oficio sin
cumplir con los requisitos para ello y generando un desequilibrio procesal que operó
en contra del concejal accionado, quien tuvo que defenderse de la magistrada y del
Ministerio Público, y que irrumpió en las cargas probatorias porque suplió las
obligaciones procesales del demandante. Agregó que el accionado no tuvo la
oportunidad de controvertir estas pruebas decretadas y practicadas en forma
oficiosa y que estas condujeron a la declaratoria de pérdida de investidura.

100. Indicó que no se debe valorar o, al menos, se debe restar credibilidad al
testimonio de la señora Stella Rodríguez Díaz, por inhabilidad derivada de una “[…]
alteración significativa […]” de carácter psíquico verificable “[…] a simple vista […]”
que tuvo origen en presiones insistentes durante el interrogatorio por parte de la

18

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

magistrada ponente del tribunal y el Ministerio Público; preguntas que, en criterio
del apelante, atentaron contra su dignidad como mujer y su rol en la sociedad,
partiendo de estereotipos y de una formulación sugestiva30, que llevó a la
declarante a “[…] decir una serie de incoherencias […]” que fundamentaron la
sentencia condenatoria.

101. Agregó que la práctica del interrogatorio de la señora Stella Rodríguez Díaz
evidencia parcialidad y desconocimiento de las reglas para su práctica y que este
se valoró en forma incoherente y sesgada, para argumentar la culpabilidad del
accionado.

102. Por último, indicó que si se excluye del análisis y valoración probatoria la
certificación de la representante legal de la sociedad, decretada de oficio por el
tribunal, relativa a la composición accionaria para la fecha en que se celebró el
contrato con el municipio; y la declaración rendida por la señora Stella Rodríguez
Díaz bajo circunstancias de alteración que le restan su credibilidad, se concluye, al
amparo de las reglas de la sana crítica, de una valoración integral y de la presunción
de autenticidad del contrato de compraventa de acciones, que no está probada la
existencia de una simulación en la venta de acciones ni que el poder decisorio y de
subordinación en la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches
S.A.S. recaía en el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas.

103. Por ende, que no está probado que el accionado haya intervenido en la
celebración del contrato con el municipio de Puerto Wilches.

104. En ese orden, la Sala considera que el problema jurídico en este caso
consiste en definir:

105. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura del accionado, señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, como
concejal del municipio de Puerto Wilches para el periodo constitucional 2024 -2027,
por haber incurrido en la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral
2. del artículo 55 de la Ley 136, por la inhabilidad prevista en el numeral 3. del
artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, con ocasión
de la celebración del contrato núm. 326 de 26 de octubre de 2023 entre la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y el municipio de Puerto
Wilches S.A.S.

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
inhabilidades

106. Las inhabilidades han sido definidas31 como aquellas circunstancias
previstas en la Constitución Política o en la ley que impiden o imposibilitan que una
persona sea elegida, o designada en un cargo público y cuya finalidad u objetivo

30
Que en criterio del apelante desconocen el inciso final del artículo 220 de la Ley 1564.
31
Corte Constitucional, sentencias C-380-97, C-200-01, C-1212-01 y C-558 de 1994.

19

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

primordial es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio
de cargos o funciones públicas, así como la garantía de que el comportamiento
anterior de la persona que aspira a ser elegida o el vínculo familiar no afecten el
desempeño del empleo o función32 o impliquen la obtención de ventajas respecto
de los demás candidatos33.

107. El numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 señala:

“[…] Articulo 55. Perdida de investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:

[…]

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]”. (Negrilla fuera de texto).

108. Las inhabilidades aplicables a los concejales municipales o distritales fueron
previstas, entre otras, en el artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 60
de la Ley 617.

II.4.1. La inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617

109. El numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, establece:

“[…] Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:

[…]

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

[…]”. (Negrilla del texto).

110. El numeral 3. de la norma anteriormente indicada establece tres supuestos
fácticos para la configuración de la inhabilidad de los concejales municipales o
distritales34.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
Sentencia de 10 de agosto de 2020. Radicación núm. 110010315000202000061-00 C.P. doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Asimismo, ver sentencia, en segunda instancia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
proferida el 14 de octubre de 2020. C.P. doctor Rafael Francisco Suárez Vargas.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctor Alberto Montaña Plata. Sentencia de 8 de
octubre de 2019. Radicación número: 110010315000201802417-01.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de julio de 2020. Radicado
núm. 250002315000201900142-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.

20

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

111. El primer supuesto, relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, en interés
propio o de terceros.

112. El segundo, según el cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
celebración de contrato con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros, siempre que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito.

113. El tercero, que establece que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal quien dentro del año anterior a la elección haya sido representante legal
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

114. La Sala Plena de esta Corporación35 se ha referido a la finalidad de esta
inhabilidad, en la siguiente forma:

“[…] 78. En concordancia, son tres los eventos en que se configura la causal de
inhabilidad objeto de estudio: 1) haber intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de la elección; 2) haber intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los
6 meses anteriores a la fecha de la elección; 3) haber sido representante legal de
entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los
6 meses anteriores a la fecha de la elección.

79. Al respecto, la jurisprudencia36 ha manifestado que esta inhabilidad tiene un
sentido:

“(…) eminentemente preventivo, orientado a preservar la igualdad de los
aspirantes enfrentados en una contienda electoral, bajo el propósito de
precaver, de una parte, la indebida utilización de la condición de candidato en
las diligencias que éste adelante ante entidades oficiales y de la otra, la
utilización por el candidato de sus vínculos y relaciones con estos entes para
acreditarse ante el electorado.

De ello surge, como lo ha considerado la jurisprudencia de la Corporación al
ocuparse del estudio de esta causal, que para su configuración no se requiere
que el deseo o la intención se logren en la práctica, como consecuencia de las
diligencias o de las actuaciones adelantadas. Lo relevante es la potencialidad
que la participación en diligencias ante entidades públicas le otorga al aspirante
en la obtención de ventajas respecto de los demás candidatos, quienes no
tienen posibilidades para relacionarse con entidades públicas a ese nivel.”

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctor Alberto Montaña Plata. Sentencia de 8 de
octubre de 2019. Radicación número: 110010315000201802417-01.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 19 de enero de 2010, Radicado 2009-
00708-00(PI).

21

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

80. La finalidad de la inhabilidad se encuentra sustentada en el principio de igualdad
entre los candidatos, que impide que se puedan utilizar ventajas electorales como
instrumento para obtener la calidad de congresista. Es por esto, que en las
discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente se manifestó37:

“En cuanto al tema de la gestión de negocios inhabilita para presentarse como
candidato y para ser elgido (sic), es un tema que muchos de los presentes han
tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos
cuestiones, uno es el hecho de evitar que una persona con dineros del estado,
si es contratista, haga las labores de la campaña o a travs (sic) de hacer la obra
en una comunidad que se siente beneficiada, adquiera la influencia necesaria
para ser elegida, (…); adicionalmente, no hay duda de que la eventualidad de
ser elegido a una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad
o empleado público ante la cual una persona está gestionando (…) 38”

81. Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos
que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en
la contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el
candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro
lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que
pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre
la entidad pública o sobre otros proponentes. […]”. (Negrilla del texto).

115. La Sección Primera del Consejo de Estado consideró en sentencias de 4 de
octubre de 201839 y 30 de julio de 202040 que la inhabilidad establecida en el
numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
se configura siempre que se acrediten los siguientes supuestos acumulativos: “[…]
i) la celebración del contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que la
celebración del contrato lo haga en interés propio o de terceros, iii) que el contrato
se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal; y iv) que el contrato se
ejecute en el mismo municipio para el cual resultó elegido como concejal […]”.

116. Posteriormente, mediante sentencia de 29 de julio de 202141 esta Sección
precisó “[…] que para la configuración de la referida inhabilidad se requiere, en
síntesis, la presencia de los siguientes presupuestos42: a) que el demandado
ostente la calidad de concejal municipal o distrital; b) que haya intervenido en la
celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel; c) durante el

37
Ibídem.
38
(Cita del texto original) Corte Constitucional. Constitución Política de Colombia. Antecedentes artículo 179. Sesión Comisión
3 de abril 29 (3429). Presidencia de la República Consejería para el Desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional
Constituyente 1991. 20 Ene 1994 Página 18.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 4 de octubre de 2018.
Radicación núm. 810012339000201700118-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de julio de 2020. Radicación
número: 250002315000201900142-01(PI). C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de julio de 2021.
Radicación núm. 440012340000202000232-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 16 de mayo de 2019, número
único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01 (PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; 15 de marzo de
2018, número único de radicado 73001-23-33-000-2014-00553-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González;
19 de abril de 2018, número único de radicado 54001-23-33-000-2014-00061-01(PI), consejera ponente María Elizabeth
García González; 10 de mayo de 2018, número único de radicado 73001-23-33-004-2016-00477-01(PI), consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés; 27 de octubre de 2017, número único de radicado 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López; 14 de abril de 2016, número único de radicado 76001-23-31-000-2012-00633-
01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; 19 de febrero de 2015, número único de radicado 08001-23-31-000-2013-
00340-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.

22

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

año anterior a la elección como concejal; d) en interés propio o de terceros; y e) que
aquel debiera ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo municipio. […]”.

II.4.1.1. El supuesto relativo a la celebración de contrato con entidad pública:
celebración indirecta y subordinación societaria

117. En relación con el supuesto relativo a “[…] la celebración de contrato con
entidad pública de cualquier nivel […]”, la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que “[…] se encuentra dirigido a que el sujeto haya acordado libre
y voluntariamente con una entidad de naturaleza pública, la estipulación de
obligaciones mutuas, ya sea que estas sean o no de carácter pecuniario, de modo
que a partir de dicho acuerdo ambas partes adquieren obligaciones […]”43.

118. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado44 manifestó en
relación con este supuesto de la inhabilidad, lo siguiente:

“[…] 89. Dilucidados los contornos de la gestión de negocios, es necesario explicar el
alcance de la inhabilidad por la intervención en la celebración de contratos. Lo primero
que debe resaltarse, es que la diferencia de estas dos inhabilidades reside en la
existencia de un contrato. Es así como, la jurisprudencia45 ha señalado:

“(…) la Corporación partiendo de la existencia del contrato, ha manifestado que
la intervención en la celebración de contratos tiene lugar a través de gestiones
o actuaciones que indiquen una participación personal y activa, directa o indirecta,
en los actos tendientes a su formación, perfeccionamiento y suscripción y de los que
se deduzca un interés propio o de terceros en su realización46.”

90. De esta forma, es admisible que la causal se configure de forma directa o
indirecta. Sobre este asunto, la Sala Plena47 precisó:

“(…) dentro de la prohibición constitucional caben dos situaciones: la primera,
la celebración directa por parte del congresista de contratos con entidades
públicas o personas que administren tributos, y la segunda, la contratación
del congresista por interpuesta persona, que tiene ocurrencia cuando es
otra la que celebra el contrato por encargo o en provecho suyo, pero
aparentando obrar en nombre propio.

Así mismo debe precisar que no necesariamente la ‘interpuesta persona’
o ‘testaferro’ debe ser una persona natural, sino que también puede ser
una persona jurídica ya que el artículo 180 de la Carta no hizo distinción
alguna al respecto. (…)”

Pero si bien no puede descartarse de plano la figura del contrato por
interpuesta persona cuando quien contrata es la sociedad de la que es
socio el congresista, tampoco puede afirmarse que en todos los casos en

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de julio de 2020. Radicación
número: 250002315000201900142-01(PI). C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctor Alberto Montaña Plata. Sentencia de 8 de
octubre de 2019. Radicación número: 110010315000201802417-01.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de abril de 2009, Radicado 2007-00581-
00(PI).
46
(Cita del texto original) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencias de 17 de
febrero de 2005, Exp. 3222 y de 25 de mayo de 2005, Exp. 3537.
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de agosto de 1994. Expediente AC -
1500.

23

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

que la persona jurídica actúa se dé dicha figura; por tratarse de un negocio
aparente cuya realidad debe desentrañar el juez, el examen del negocio
contractual no puede detenerse en la simple verificación de quiénes
fueron los firmantes del contrato, o de quiénes conforman el ente
societario que lo suscribe, sino que debe extenderse a todas las
circunstancias que develen la conexión entre el congresista y quien se
dice fue su testaferro para llegar a la verdad que ilustre su decisión (…)”

91. En ese sentido, el juez de la pérdida de investidura deberá examinar de
manera minuciosa la relación que existe entre el congresista y la persona
natural o jurídica que presuntamente lo representa, porque no puede realizarse
una simple verificación de los firmantes del contrato o de quienes conforman el
ente societario que lo suscriben. […]”. (Negrilla fuera de texto).

119. La tesis anterior fue reiterada y aplicada por esta Sección en sentencia de 19
de abril de 202148, en la que se estudió si un concejal del municipio de Tuluá había
incurrido en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
inhabilidades previsto en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por
el artículo 40 de la Ley 617.

120. En esa oportunidad se consideró que la “[…] intervención puede ser directa o
por interpuesta persona. Esta última situación tiene ocurrencia cuando es otra la
que celebra el contrato por encargo o en provecho suyo, pero aparentando obrar en
nombre propio, por lo que esta Corporación advirtió que se debe analizar de manera
minuciosa la relación existente entre, en este caso, el concejal acusado y la persona
natural o jurídica que presuntamente lo representa, pues no puede realizarse una
simple verificación de los firmantes del contrato o de quienes conforman el ente
socitario que lo suscriben. […]”.

121. Esta Corporación ha considerado que la acreditación de la celebración de
contratos por interpuesta persona no es un asunto que se revele exclusivamente a
través de pruebas directas, ante el sigilo de quienes actúan movidos con el propósito
de ocultar una realidad negocial, por lo que, a falta de estas, el indicio se erige como
un elemento de juicio que permite poner en evidencia la verdadera intención del
acusado49.

122. En ese orden, de conformidad con los artículos 240 a 242 50 de la Ley 1564, el
indicio, como medio probatorio autónomo, se concibe como un hecho conocido del
cual se infiere otro desconocido, por virtud de una operación lógico-analítica
sustentada en las reglas de la experiencia o en principios técnico o científicos y se
integra por los siguientes elementos: i) los hechos indicadores; ii) el hecho que se

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de abril de 2021. Radicación
núm. 760012333000 2020 01132-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
49
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de junio de 2021.
Radicación núm. 05001-23-33-000-2019-01747-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 2011. Radicación
núm. 27001-23-31-000-1997-03012-01 (18722). C.P. doctor Mauricio Fajardo Gómez.
50
“[…] ARTÍCULO 240. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar
debidamente probado en el proceso.
ARTÍCULO 241. LA CONDUCTA DE LAS PARTES COMO INDICIO. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal
de las partes.
ARTÍCULO 242. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su
gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. […]”.

24

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

pretende demostrar; y iii) la relación lógica entre aquél y éste, cimentada en las
reglas de experiencia, de la técnica, de la lógica o de la ciencia, construida por el
operador jurídico mediante una inferencia que permite tener como cierto o probable,
la existencia del hecho que se quiere acreditar51.

123. Ahora bien, en materia societaria, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado explicó en la sentencia de 28 de julio de
201552, que es innegable que los asuntos societarios tienen figuras que deben ser
aplicados y valorados al interior de los procesos de pérdida de investidura, como es
el caso de “[…] la subordinación en el derecho mercantil societario […]”, que ha
cobrado fuerza debido a que “[…] se requiere levantar el velo que permite aparentar
que socios minoritarios carecen de posibilidad de decisión, cuando en realidad se
advierte que logran controlar a la entidad directamente o con el concurso de otros
[…]”, en los términos de los artículos 26053 y 26154 del Código de Comercio.

124. Seguidamente la Sala Plena explicó que dichas normas entrañan los conceptos
de dominio y de poder de decisión y que el legislador estableció presunciones de
hecho, “[…] a fin de predicar que en realidad el control societario es desplegado por
socios que individualmente no tendrían el poder para hacerlo […]”. Se consideró lo
siguiente:

“[…] Esas presunciones flanquean en tres aspectos principales: la parte económica o
monetaria materializada en el capital “a más del 50%” que pertenezca a la matriz
(numeral 1°) con el presupuesto de que sólo se cuentan las acciones con derecho a
voto; la parte de determinaciones o “influencia dominante”, esto es, el poder decisorio
propiamente dicho a través de su mayoría en los órganos de administración:
asamblea o junta de socios. En este se desliga del monto societario a fin de
diferenciarse de la anterior y permite entonces que se mire desde el poder de todos
los socios incluso de otras subordinadas (numeral 2°); y, el control contractual que ya
no depende ni del capital a más del 50% ni del poder decisorio en sus órganos de

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de junio de 2021. Radicación
núm. 05001-23-33-000-2019-01747-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
52
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de julio de 2015. Radicación núm.
110010315000201301621-00. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53
Subrogado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995. “[…] ARTÍCULO 260. <SUBORDINACIÓN>. Una sociedad será
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que
serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. […]”.
54
Subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. “[…] ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE
SUBORDINACIÓN>. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el
concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la
mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría
de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con
la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de
la sociedad.
PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los
supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no
societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del
cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante
en la dirección o toma de decisiones de la entidad.
PARÁGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por
intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior. […]”.

25

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

decisión sino de la imposición de una compañía sobre otra o de personas naturales
sobre la persona jurídica (numeral 3°).

Ha de resaltarse que la subordinación proviene o bien de una o varias personas
naturales o bien de una o varias personas jurídicas, como claramente lo prevén los
parágrafos 1° y 2° de la norma en cita.

Por eso es viable afirmar que el control o poder de una entidad comercial no
necesariamente está dado por el porcentaje que individualmente cada uno de
sus integrantes, persona natural o persona jurídica, tengan sino que también
deviene de factores o presupuestos de otra índole. Como el poder decisorio en
sus órganos directivos o el control contractual, esto para desvirtuar el
argumento del demandado de su poca capacidad accionaria55.

[…]

Es más, la situación de control entre entidades comerciales no se detiene solo para
los entes de control en la fría objetividad del capital, la decisión y la subordinación
contractual, sino que trasciende a aspectos tan de las personas como los
vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus accionistas unido al de sus
participaciones en el capital social. En efecto, la Superintendencia de
Sociedades, en este aspecto ha dicho: “… el hecho de existir vínculos de
consanguinidad o afinidad entre sus accionistas, unido a que sus
participaciones suman más del 50% del capital social, podría llevar a la
conclusión de un control conjunto…”56. […]”.

125. La Sala Plena señaló que la doctrina societaria ha desarrollado la posibilidad de
otras formas de control y que lo fundamental es determinar la “realidad de control”,
de tal manera que en ocasiones este poder de control puede provenir de personas
que no tienen la calidad de socio57.

126. La tesis anterior sobre “[…] la subordinación en el derecho mercantil societario
[…]”, “[…] posición mayoritaria, de dominio o de control […]” societario, ha sido
reiterada por esta Sección en procesos de pérdida de investidura de concejales por
incurrir en la inhabilidad prevista en el precitado numeral 3. del artículo 43 de la Ley
136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, como ocurrió en la sentencia de 31
de marzo de 201158.

II.4.1.2. Los demás supuestos necesarios para la configuración de la
inhabilidad

127. En relación con los demás supuestos, esta Sección ha explicado que “[…] el
relativo al periodo inhabilitante, […] hace referencia a que el contrato se haya
55
En doctrina de la Supersociedades incluso se dice: “…pueden existir otras formas de control de acuerdo al concepto general
del artículo 260 del Código de Comercio. Lo fundamental es la ‘realidad’ del control, de tal manera que éste puede
presentarse aún cuando se encuentre atomizado el capital social o el controlante no tenga la calidad de socio”.
56
Doctrina de la Supersociedades contenida en Oficio 220-065692. Publicado el 22 de agosto de 2012 “Situación de Control,
vínculos de consanguinidad”.
57
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de julio de 2015. Radicación núm.
110010315000201301621-00. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Ver pie de página núm. 13.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de marzo de 2011.
Radicación núm. 230012331000200900011-01 C.P. doctor Rafael E. Ostau Delafont Pianeta. En dicha oportunidad se
reiteraron el criterio contenido en las siguientes sentencias de la Sala Plena: sentencia de 26 de agosto de 1994 “[…] C:P.
Dolly Pedraza de Arenas. Radicación AC-1500. Actor: Jorge Rooselvet Leal Botello. Demandado: Félix Salcedo Baldión. […]”
y sentencia de 13 de noviembre de 1997 “[…] C.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Radicación AC-5061. Actor: Mesa Directiva
H. Senado de la República. Demandado: Henry Cubides Olarte. […]”.

26

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

suscrito dentro de los doce meses anteriores a la elección del concejal. Respecto el
interés, se entiende que el negocio jurídico celebrado reporte beneficios para los
contratantes o para terceros, y que la ejecución del mismo se haya dado en la
entidad territorial (municipio o distrito) en la que se realizó la correspondiente
elección […]”59.

128. Se aclara, además, que según se ha explicado, “[…] el interés al que se refiere
la norma no necesariamente debe tener un contenido económico o pecuniario, de
suerte que, para que este se configure, no es forzoso que el contrato reporte una
utilidad económica […]”60.

129. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los siguientes requisitos
concurrentes para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3. del
artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, son los
siguientes: i) que el accionado ostente la calidad de concejal municipal o distrital; ii)
que el accionado haya celebrado contrato con entidad pública de cualquier nivel; iii)
que la celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros; iv) que el
contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal; y v) que el
contrato se ejecute en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal.

II.5. Estudio del caso concreto

II.5.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades

130. La Sala, teniendo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de
apelación, analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura y en el marco de cada uno
resolverá sobre los respectivos reparos contenidos en el recurso de apelación.

II.5.1.1. La calidad de concejal como sujeto activo de la conducta

131. Se encuentra probado que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas resultó elegido
concejal del municipio de Puerto Wilches (Santander), para el periodo 2024 – 2027
en las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023,
según se indicó anteriormente.

132. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de julio de 2020. Radicación
número: 250002315000201900142-01(PI). C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de julio de 2020. Radicación
número: 250002315000201900142-01(PI). C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.

27

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

II.5.1.2. Que el accionado haya celebrado contrato con entidad pública de
cualquier nivel

133. La configuración de la inhabilidad se estudiará exclusivamente en relación con
el contrato núm. 326 de 26 de octubre de 2023 celebrado entre Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y el municipio de Puerto Wilches.

134. Para resolver, se tendrá en cuenta que la jurisprudencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado61 y de la Sección Primera62 han considerado que la
configuración del supuesto relativo a la celebración de contrato con entidad pública
de la inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617, se puede configurar en forma directa o indirecta.

135. En relación con la segunda modalidad, se explicó: i) que se configura cuando
el miembro de la corporación pública de elección popular actúa por interpuesta
persona, que aparenta obrar en nombre propio; ii) que “[…] no necesariamente la
‘interpuesta persona’ o ‘testaferro’ debe ser una persona natural, sino que también
puede ser una persona jurídica […]”; iii) por tratarse de un negocio aparente, el juez
debe desentrañar la realidad, lo que implica incluso acudir a la prueba por incidio;
iv) el examen del negocio contractual no puede detenerse en la simple verificación
de quiénes fueron los firmantes del contrato o de quiénes conforman el ente
societario que lo suscribe, sino que debe extenderse a todas las circunstancias que
develen la conexión entre el miembro de la corporación pública de elección popular
y la interpuesta persona o “testaferro”.

136. Asimismo, la Sala tendrá en cuenta que la jurisprudencia63 de esta Corporación
ha considerado que en materia de pérdida de investidura por violación del régimen
de inhabilidades por la conducta prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley
136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, son aplicables las figuras de
subordinación y presunción de subordinación establecidas en el Código de
Comercio y que es necesario determinar la “[…] realidad de control societario […]”
que puede provenir de la existencia de participaciones superiores al 50% del capital
social, la existencia de vínculos entre los accionistas unido al de sus participaciones
que superen el 50% del capital social que podrían llevar a un control conjunto; e
incluso, la existencia de poderes de control que pueden provenir de personas que
no tienen la calidad de socios.

137. Para efectos de resolver, la Sala observa lo siguiente:

61
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctor Alberto Montaña Plata. Sentencia de 8 de
octubre de 2019. Radicación número: 110010315000201802417-01.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de abril de 2021. Radicación
núm. 760012333000 2020 01132-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de julio de 2015. Radicación núm.
110010315000201301621-00. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de marzo de 2011. Radicación núm. 230012331000200900011-01 C.P.
doctor Rafael E. Ostau Delafont Pianeta. En esta última se reiteran los siguientes pronunciamientos de la Sala Plena:
sentencia de 26 de agosto de 1994 “[…] C:P. Dolly Pedraza de Arenas. Radicación AC-1500. Actor: Jorge Rooselvet Leal
Botello. Demandado: Félix Salcedo Baldión. […]” y sentencia de 13 de noviembre de 1997 “[…] C.P. Dr. Carlos Betancur
Jaramillo. Radicación AC-5061. Actor: Mesa Directiva H. Senado de la República. Demandado: Henry Cubides Olarte. […]”.

28

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

138. Con el escrito de la demanda, el accionante aportó al proceso como prueba de
la participación accionaria de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S. la copia del acta de junta de accionistas extraordinaria núm.
008-2023 de 9 de mayo de 202364 en la cual se hizo constar que, para esa fecha,
la composición accionaria era según se expresa a continuación:

“[…] 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El señor ARMANDO CASSIANI SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadanía
[…] quien actúa como Representante Legal de la sociedad, procedió a verificar los
asistentes a la asamblea, lográndose constatar la presencia de:

En mérito de lo expuesto, se evidencia que existe QUÓRUM deliberatorio y decisorio
para aprobar las decisiones que se consideren pertinentes, considerando que se
encuentran presentes y representadas el 100% de acciones suscritas y pagadas de
la sociedad.

[…]

4. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.

La socia MARYURI (sic) MARCELA GONZALEZ ALVAREZ, presenta la hoja de vida
de la señora YULY AIDE QUINTERO VILLAR, identificada con la cédula de
ciudadanía No. […] expedida en Bucaramanga postulándolo ante los socios
accionista como nueva Gerente de la sociedad TRANSBETWIL SAS.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la elección y nombramiento
de la señora, YULY AIDEE QUINTERO VILLAR como Gerente de la sociedad, la
cual participa en la reunión de Junta de Accionista a fin de dejar constancia
acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designada, así como para
manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su
designación como gerente. […]”. (Negrilla fuera de texto).

139. En dicha asamblea se dejó constancia de lo siguiente: i) se aceptó la renuncia
como “gerente” del señor Armando Cassiani Santamaría; y ii) en virtud de
postulación que hiciere la socia Maryury Marcela González Álvarez y por votación
unánime y por ende con el voto favorable del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas,
se eligió como “gerente” a la señora Yuly Aidee Quintero Villar, quien participó en
la reunión y aceptó la designación.

64
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 28 y 29.

29

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

140. Con el escrito de la demanda se aportó adicionalmente copia del oficio de 15
de diciembre de 202365 expedido por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
en el que informó al accionante que “[…] la última acta de Asamblea General de
Accionistas reportada en el Sistema de Información Integrado de este ente cameral,
es la 008-2023 de fecha 09/05/2023, inscrita en nuestra cámara de comercio el
día 11/05/2023 bajo la inscripción RM09-33449-01 que reposa en la base de datos
del registro mercantil, que por delegación del Gobierno Nacional lleva esta Cámara
de Comercio, de la Persona Jurídica: TRANSPORTES ESPECIALES DE BETULIA
Y PUERTO WILCHES S.A.S. Identificada con Nit. 900651630-8. Matrícula No.
111373. Anexos (06 folios útiles). […]”. (Negrilla fuera de texto).

141. Adicional a lo anterior, la entidad registral le informó al accionante que,
tratándose de sociedades por acciones simplificadas, la determinación de la
titularidad de las acciones escapa a la injerencia de la cámara de comercio,
quedando la mencionada actividad al arbitrio organizacional de la empresa. Por
ende, que esa información no es sujeto de registro, no reposa en el registro
mercantil y que debe estar contenida en el libro de registro de accionistas de la
respectiva sociedad comercial.

142. La naturaleza de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S. se encuentra probada con las certificaciones expedidas por la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja y, en especial, con el documento
denominado “[…] ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 002-
2021 TRANSPORTES ESPECIALES DE BETULIA Y PUERTO WILCHES S.A.S.
“TRANSBETWIL” IDENTIFICADA CON NIT N° 900651630-8, LA CUAL
CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FECHA 23
DE JUNIO DE 2021 – 9:00 A.M. […]”66, que contiene la reforma de los estatutos
de la sociedad y que en su artículo 1°. Indica que la compañía que se constituye es
una sociedad por acciones simplificada67.

143. Con la contestación de la demanda, el accionado, señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas, aportó como prueba algunos documentos orientados a probar que había
enajenado sus acciones desde el 24 de mayo de 2023 y que desde esa fecha no
tenía la condición de accionista de la precitada sociedad.

144. Entre ellos, se aportaron y decretaron como prueba algunos documentos
suscritos por la actual representante legal de la sociedad y propietaria del 100% de
las acciones de Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. EL
primero de ellos es la certificación expedida por la representante legal de la
sociedad, la señora Stella Rodríguez Díaz, y por el revisor fiscal, señor Omar

65
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 41 a 46.
66
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia. Documento 22.
67
“[…] ART. 1°. Forma. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de
naturaleza comercial, constituida conforme a la ley 1258 del 5 de diciembre de 2.008, regida por esta en lo no previsto en
estos estatutos, sociedad que se denominará TRANSPORTES ESPECIALES DE BETULIA Y PUERTO WILCHES S.A.S y
para todos los efectos, se conocerá con la sigla “TRANSBETWIL S.A.S.”. […]”.

30

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Ernesto Prada Rueda, el 15 de agosto de 202468, en la que hacen constar lo
siguiente:

“[…] CERTIFICAN

Que según el libro de accionistas el cual se encuentra debidamente registrado ante
la cámara de comercio el día 24 de mayo de 2023, que el señor MANUEL
EDUARDO ARDILA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No […] de Puerto
Wilches transfirió a título de venta las 2746 acciones correspondientes al 100%
de participación enumeradas así 1771-2730/ 7053-7466/ 10414-11292/ 4855- 5157/
3846-3940 / 2957-3065 a la señora STELLA RODRIGUEZ DIAZ identificado con
cédula de ciudadanía No […] de Barrancabermeja. […]”. (Negrilla fuera de texto).

145. Seguidamente, la misma representante legal y revisor fiscal certificaron el 15
de agosto de 2024 la composición accionaria de Transportes Especiales de Betulia
y Puerto Wilches S.A.S. para el 26 de octubre de 2023 -fecha en que se celebró el
contrato núm. 326 de 2023 con el municipio de Puerto Wilches- e indicaron lo
siguiente:

“[…] CERTIFICAN:

Que para la suscripción del contrato # 326 con la ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUERTO WILCHES el día 26 de octubre de 2023, la composición accionaria de
la sociedad de acuerdo con el libro oficial de registro de Accionista inscrito en
Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Capital Suscrito y Pagado de la
sociedad es de 13.050 acciones por valor $18.000 cada una y está representada
en las siguientes proporciones:

A la fecha la composición accionaria es la siguiente.

[…]”. (Negrilla fuera de texto).

146. La condición de la representante legal y del revisor fiscal de la empresa se
acreditó mediante certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja el mismo “[…] 15/08/2024 […]”. En dicho
documento se hace constar que la naturaleza societaria de Transportes Especiales

68
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia. Documento 20.

31

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. es la de sociedad por acciones simplificada y
que “[…] De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074
de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es
MEDIANA EMPRESA. […] Lo anterior de acuerdo a la información reportada
por el matriculado o inscrito en el formulario RUES: Ingresos por actividad
ordinaria: $8.630.480.153,00 […]” (Negrilla fuera de texto).

147. Llama la atención de la Sala y en su momento del tribunal, la imprecisión
contenida en las certificaciones expedidas por la representante legal y el revisor
fiscal sobre la venta de las acciones, en cuanto indicaron que, “[…] según el libro
de accionistas […]” de la empresa, el 24 de mayo de 2023 “[…] el señor MANUEL
EDUARDO ARDILA ROJAS […] transfirió a título de venta las 2746 acciones
correspondientes al 100% de participación […] a la señora STELLA
RODRIGUEZ DIAZ […]”, pese a que según el acta de junta de accionistas
extraordinaria núm. 008-2023 realizada días antes, a saber el 9 de mayo de 2023,
y que fue registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se indicaba
que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas ostentaba 2.760 acciones y que quien
poseía 2.746 acciones era el señor Armando Cassiani Santamaría.

148. Teniendo en cuenta que la Ley 1258 de 5 de diciembre de 2008 69 y en especial
su artículo 45, estableció que en lo no previsto por esa normativa, la sociedad por
acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos
sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto,
en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a
las sociedades previstas en el Código de Comercio, entre ellas, el artículo 19570
que en su inciso segundo obliga a las sociedades por acciones a registrar un libro
de acciones con información sobre las acciones, accionistas y su enajenación; y
atendiendo a la duda e imprecisión advertida en las certificaciones aportadas al
proceso por la representante legal y el revisor fiscal en relación con este libro, el
tribunal resolvió en el auto de pruebas de 22 de agosto de 202471 decretar las
pruebas aportadas por las partes y decretar pruebas de oficio. Dicha providencia
no fue objeto de recursos por las partes ni por el Ministerio Público.

149. Entre las pruebas decretadas de oficio, se observan algunas documentales
relacionadas con los antecedentes de los contratos que fundamentaron la demanda
y el testimonio de quienes fungieron como representantes legales de la empresa
en el periodo comprendido entre el 1.° de octubre de 2022 y 1.° de noviembre de
2023 y la declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz, en su condición de actual

69
“[…] Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. […]”.
70
“[…] ARTÍCULO 195. <INSCRIPCIÓN DE REUNIONES EN LIBRO DE ACTAS Y ACCIONES>. La sociedad llevará un
libro, debidamente registrado, en el que se anotarán por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la
junta de socios. Estas serán firmadas por el presidente o quien haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta
de socios.
Asimismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente registrado para inscribir las acciones; en él anotarán
también los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones,
embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio, si
fueren nominativas. […]”.
71
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.

32

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

representante legal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S. y propietaria del 100% de las acciones.

150. Esta última declaración tenía como propósito adicional que la representante
legal exhibiera el libro de actas y accionistas de la sociedad, de que trata el artículo
195 del Código de Comercio, conforme con el artículo 186 de la Ley 1564.

151. Las pruebas aportadas por las partes y decretadas permitieron advertir lo
siguiente:

152. El 24 de octubre de 202372 la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches presentó ante el municipio de Puerto Wilches – Secretaría de
Gobierno y Asuntos Administrativos una propuesta -Formato de cumplimiento de
condiciones técnicas- en el “[…] PROCESO No. PW-SG-MC-23-072: "SERVICIO
DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNCIPIO DE PUERTO
WILCHES-SANTANDER" […]”.

153. El documento fue suscrito y presentado por la señora Yuly Aidee Quintero
Villar en su condición de representante legal de la sociedad y detalla que la
propuesta de la sociedad gira en torno al alquiler de 6 busetas con capacidad para
entre 20 y 30 pasajeros; y 5 camionetas con platón. Todos los vehículos se
proporcionarían con sus respectivos conductores, para el transporte de suministros
y pasajeros durante las elecciones a realizar en el municipio de Puerto WIlches.

154. La propuesta contractual -se reitera, radicada el 24 de octubre de 2023- se
presentó por valor de once millones de pesos ($11.000.000.oo) e incluyó la
presentación de diversos documentos anexos, entre los cuales se resaltan en forma
relevante para este proceso, los siguientes: i) el documento que acredita la
existencia y representación legal; ii) la certificación sobre composición accionaria
de la sociedad; iii) el registro único tributario; y iv) la certificación de pagos al
Sistema de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales.

155. En relación con el primer anexo, se aportó el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja el “[…]
2023/10/09 […]”73, el cual contiene la siguiente información relevante sobre la
precitada sociedad:

155.1. Que los activos totales de la empresa ascienden a dos mil quinientos diez
millones novecientos setenta y nueve mil ciento quince pesos con ochenta y dos
centavos ($2.510.979.115,82);

72
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 95 y 96.
73
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Páginas 161 y 164.

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

155.2. Que su actividad principal es el transporte de pasajeros, mixto y de carga y
“[…] CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL […]”74;

155.3. Que según “[…] ACTA NÚMERO 008-2023 DEL 09 DE MAYO DE 2023 DE
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA
DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33449 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 11 DE MAYO DE 2023 […]”, fue designada como representante
legal y gerente de la sociedad la señora Yuly Aidee Quintero Villar, que la suplente
del gerente es la señora Maryury Marcela González Álvarez, cargo que ostenta
desde el 15 de junio de 2019; y que la revisora fiscal de la sociedad es la señora
Lilia del Socorro Villegas Lebolo; (Negrilla fuera de texto).

155.4. Que la sociedad es propietaria de tres sucursales y agencias en
Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches y que de acuerdo con lo “[…]
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225
de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA […]” y tiene
“[…] Ingresos por actividad ordinaria: $8,603,708,076 […]”; (Negrilla fuera de
texto).

155.5. Que el capital societario es como se expone a continuación:

“[…]

[…]”.

156. En relación con el segundo aspecto, se aportó con la propuesta el certificado
GAC: C157-2023 de 23 de octubre de 202375 suscrito por la revisora fiscal de la
sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., señora Lilia

74
“[…] OBJETIVO SOCIAL: ARTICULO 4. SE HACE REFORMA SEGÚN ACTA NO. 002 DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 23 DE JUNIO DE 2021, INSCRITA EL 17 AGOSTO DE 2021, ANTES MENCIONADA: LA
SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA COMERCIAL Y CIVIL,
EN ESPECIAL LA DE: SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS DE
SERVICIO PÚBLICO, MIXTO, ESCOLAR, TURISMO, Y TRANSPORTE DE CARGAS SÓLIDAS Y FLUIDOS, TRANSPORTE
FLUVIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS, SERVICIO DE ENCOMIENDAS, ALQUILER DE
EQUIPOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA, DISTRIBUIDOR MINORISTAS DE COMBUSTIBLES, LAVADERO Y
PARQUEADERO DE VEHÍCULOS, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y OBRAS CIVILES, CELEBRAR
CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS Y EN GENERAL NEGOCIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO; DAR EN GARANTÍA REAL SUS BIENES Y LEVANTAR DICHAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES;
ADQUIRIR Y ADMINISTRAR CUALESQUIERA DERECHOS, LICENCIAS, PATENTES Y MARCAS; SUSCRIBIR,
EJECUTAR, CEDER, TERMINAR O HACER VALER CUALQUIER CONTRATO O CONVENIO CON ENTIDADES DE
DERECHO PÚBLICO; ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTAR A FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN EL
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO SOCIAL; EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR
CUALQUIER ACTO O CONTRATO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, EN DESARROLLO Y
CUMPLIMIENTO DEL MISMO PUEDE HACER EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O CON
PARTICIPACIÓN DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, SOBRE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, Y CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMOS, CAMBIO, DESCUENTO, CUENTAS
CORRIENTES, DAR O RECIBIR GARANTÍAS Y ENDOSAR, ADQUIRIR O NEGOCIAR TÍTULOS VALORES, EJECUTAR
TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO
DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO DEL MENCIONADO, TALES COMO:
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS, CELEBRAR CONVENIOS Y FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. […]”.
75
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Página 165.

34

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del Socorro Villegas Lebolo, en la que se hace constar la composición accionaria
de la empresa para la fecha de la certificación, en el siguiente sentido:

“[…] COMPOSICION ACCIONARIA

La suscrita Revisora Fiscal de la sociedad, TRANSPORTES ESPECIALES DE
BETULIA y PUERTO WILCHES SAS con NIT 900.651.630-8 hace constar que, de
acuerdo con el libro oficial de registro de Accionista inscrito en Cámara de
Comercio de Bucaramanga, el Capital Suscrito y Pagado de la sociedad es de
13.050 acciones por valor $18.000 cada una y está representada en las siguientes
proporciones:

Se expide en puerto Wilches a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).

157. Llama la atención de la Sala que, contrario a lo certificado por la representante
legal actual de la sociedad, señora Stella Rodríguez Díaz, y por el revisor fiscal,
señor Omar Ernesto Prada Rueda el 15 de agosto de 2024, donde indicaron que
el 24 de mayo de 2023, el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas había transferido a
título de venta las “2.746” acciones correspondientes al 100% de su participación
accionaria en la empresa a la señora Stella Rodríguez Diaz, se aportó al proceso
como prueba el anexo de la propuesta contractual presentada el 24 de octubre de
2023 que corresponde a una certificación expedida el 23 de octubre de 2023 por
la entonces revisora fiscal de la sociedad donde se informa que, de acuerdo con el
libro oficial de registro de accionista de la empresa inscrito en Cámara de Comercio
de Bucaramanga, la composición accionaria de la precitada sociedad incluye: i) a
la señora Maryury Marcela González Álvarez quien es propietaria de 7.544
acciones que equivalen a 57.81%; ii) al señor Armando Cassiani Santamaría es
propietario de 2.746 acciones, que equivalen a 21.15%; iii) que el señor Manuel
Eduardo Ardila Rojas es propietario del 21.04% de la participación accionaria; y iv)
no se registra ningún porcentaje accionario en favor de la señora Stella Rodríguez
Diaz, pese a que la certificación es posterior a la fecha en que se realizó la presunta
transferencia accionaria en su favor.

158. La certificación de 23 de octubre de 2023 es concordante con la información
contenida en el acta de junta de accionistas extraordinaria núm. 008-2023 de 9 de
mayo de 202376, registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

76
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 28 y 29.

35

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

159. Adicionalmente, se aportó como anexo de la propuesta contractual de 24 de
octubre de 2023 el registro único tributario de la precitada sociedad, expedido el
“[…] 2023 – 08 -11 […]”77, en el que se indica que la representante legal principal
es la señora Yuly Aidee Quintero Villar, que la suplente del gerente es la señora
Maryury Marcela González Álvarez y que la revisora fiscal es la señora Lilia del
Socorro Villegas Lebolo.

160. El municipio de Puerto Wilches expidió el mismo 24 de octubre de 202378 el
informe de evaluación del proceso núm. PW-SG-MC-23-072 de mínima cuantía,
para llevar a cabo el “[…] SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN
EL MUNCIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER […]”.

161. En dicho documento se detalló que la sociedad TRANSBETWIL S.A.S., en su
condición de proponente núm. 1 había presentado la propuesta de menor valor y
que, bajo la presunción de autenticidad de los documentos que soportaron la
propuesta, cumplía con los requisitos y se recomendaba a la Secretaría de
Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio comunicar la carta de aceptación.
Asimismo, se hizo constar que la propuesta no aportó en debida forma el certificado
de pagos al Sistema de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales, por cuanto este
no había sido firmado por la revisora fiscal.

162. El alcalde del municipio de Puerto Wilches suscribió el 26 de octubre de 2023
el oficio núm. 326-202379 la “[…] Carta de Comunicación de Aceptación de la Oferta
del Proceso de Mínima Cuantía PROCESO No. PW-SG-MC-23-072, cuyo Objeto
es: "SERVICIO DE TRANSPORTЕ TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO
DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNCIPIO DE PUERTO
WILCHES-SANTANDER" […]” y en ella se especificó que el objeto del contrato era
el de prestar el servicio de transporte terrestre local para el desarrollo de las
elecciones territoriales de 2023 en el municipio de Puerto Wilches con
disponibilidad de 24 horas. En el punto 7 se indicó que la ejecución del contrato
sería en el municipio de Puerto Wilches y en documento aparte se designó la
supervisión del contrato80.

163. El 26 de octubre de 202381 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios
núm. 326 de 2023 entre Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches, por
intermedio de su representante legal, la señora Yuly Aidee Quintero Villar; y el
municipio de Puerto Wilches, cuyo objeto fue prestar el “[…] SERVICIO DE
TRANSPORTЕ TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNCIPIO DE PUERTO
WILCHES-SANTANDER […]”. Se aportó al proceso el acta de inicio del contrato
con fecha de inicio: 27 de octubre de 2023 y finalización 1.° de noviembre de 2023,

77
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Páginas 173 a 178.
78
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 97 a 104.
79
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 105 a 112.
80
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Página 113.
81
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 121 a 129.

36

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

así como el acta de recibo final, el informe de supervisión, el informe del contratista,
la factura por once millones de pesos ($11.000.000.oo) expedida por la sociedad y
cargo del municipio y el acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato82.

164. Se resalta que el informe de supervisión final de 14 de noviembre de 202383
certificó: i) el cumplimiento de la obligación contractual derivada del precitado
contrato de prestación de servicios núm. 326 de 2023; y ii) dejó constancia “[…] que
se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los
aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF,
SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 780 de 2022 […]” (Negrilla
fuera de texto).

165. Como anexo al documento anterior se adjuntó la consulta a la liquidación
detallada de aportes al Sistema General de Seguridad Social84 de la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., en la cual se detalla la
liquidación y pago de aportes de pensión, salud, CCF, riesgos y parafiscales de los
32 empleados y afiliados de la empresa para el periodo “[…] Pensión […] 2023-09
[…]” y “[…] Salud […] 2023-10 […]” y fechas “[…] Límite […] 2023 /10 /09 […]” y
“[…] Pago […] 2023 /10 /24 […]”. En dichos documentos se registran como
empleados: i) a renglón 5, el señor “[…] ARDILA ROJAS MANUEL EDUARDO
[…]”, con un IBC de 30 días por valor de “[…] $2,320,000 […]”; ii) a renglón 11, el
señor Armando Cassiani Santamaría con un IBC de 30 días por valor de “[…]
$2,500,000 […]”; iii) a renglón 17, la señora Maryury Marcela González Álvarez con
un IBC de 30 días por valor de “[…] $2,320,000 […]”; y, entre muchos otros, iv) a
renglón 27, la señora Yuly Aidee Quintero Villar con un IBC de 30 días por valor de
“[…] $3.000.000 […]”. (Negrilla fuera de texto).

166. La sociedad registró para el periodo septiembre – octubre de 2023 un pago total
de “[…] $18.529.600 […]” por concepto de aportes en afiliaciones de empleados al
Sistema General de Seguridad Social. Asimismo, el IBC de ese periodo -un mes-
reflejó que la empresa reconoció por salarios en favor de sus 32 empleados
registrados una suma superior a los “[…] $64.236.529 […]”.

82
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 130 a 149.
83
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 133 a 135.
84
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 136 a 138.

37

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

167. El documento anterior evidencia que para los meses de septiembre y octubre
de 2023 se mantenía un vínculo relevante entre la sociedad Transportes Especiales
de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. y el accionado, señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas, mismo que mantenían otras personas como los demás accionistas, entre
ellos la señora Maryury Marcela González Álvarez y la representante legal de la
sociedad para la fecha, señora Yuly Aidee Quintero Villar.

168. Asimismo, los documentos anteriores evidencian que la sociedad tenía al
menos en materia salarial y prestacional una carga económica que para ese mes
superaba los ochenta millones de pesos ($80.000.000.oo). Cifra apenas lógica si
se tiene en consideración que según la certificación de la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches
S.A.S. tiene la categoría de “[…] MEDIANA EMPRESA […]”; “[…] Ingresos por
actividad ordinaria: $8,603,708,076 […]”; opera, al menos, mediante tres agencias
o sucursales ubicadas en distintos municipios; y posee activos totales que
ascienden a dos mil quinientos diez millones novecientos setenta y nueve mil ciento
quince pesos con ochenta y dos centavos ($2.510.979.115,82).

169. El 27 de agosto de 2024 se realizó la audiencia de pruebas 85, con la
participación del demandante, señor Luis Eduardo Solano Gallego; del apoderado
del accionado y del representante del Ministerio Público. En ella se practicaron e
incorporaron las pruebas documentales y testimoniales decretadas mediante
providencias de 22 y 26 de agosto de 2024, las cuales, se reitera, no fueron objeto
de recursos por las partes e intervinientes.

170. En efecto, en la audiencia de pruebas se registró la incorporación formal de la
prueba documental, sin que las partes presentaran observaciones o tachas que
pudieren comprometer la fuerza probatoria de los documentos. Tampoco se
formularon tachas en relación con los testimonios. El acta registró lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo anterior, el Despacho incorpora formalmente al proceso las
documentales relacionadas.

Se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes procesales, para
que se pronuncien respecto de las pruebas aportadas.

Parte demandante: Sin observación alguna.
Parte demandada: Sin observación alguna.
Ministerio Público: Sin observación alguna

De acuerdo con lo anterior, el Despacho incorpora formalmente al proceso los
documentos allegados.

85
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.

38

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

La anterior decisión, se notifica en estrados de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 202 del CPACA. […]” (Negrilla del texto).

171. Seguidamente se practicaron los testimonios de Armando Cassiani Santamaría
y Yuly Aidee Quintero Villar, quienes fungieron como representantes legales de la
sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. para el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023.
Posteriormente, se practicó el testimonio de la señora Stella Rodríguez Díaz, en su
calidad de representante legal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S.

172. Para efectos de la valoración de los testimonios, la Sala resalta que la fuerza
probatoria material de esta clase de pruebas depende de que el juez encuentre o
no, en cada uno de los relatos, y en su conjunto con los demás elementos de
prueba, argumentos que le sirvan para formar su convencimiento sobre los hechos
que interesen al proceso86. El testimonio se encuentra regulado principalmente en
los artículos 208 a 225 de la Ley 1564.

173. En ese marco, la jurisprudencia ha desarrollado cuatro parámetros de análisis
que permiten una valoración sobre la credibilidad de los declarantes, a saber: i) la
coherencia de los relatos; ii) su contextualización; iii) las corroboraciones
periféricas; y iv) la existencia de detalles oportunistas.

174. En relación con la coherencia del relato, se busca identificar la adecuada
estructura lógica de la declaración, para efectos de valorar la credibilidad del
testigo, mediante el análisis de la coherencia de lo manifestado con las demás
pruebas del proceso87. Se trata de un análisis directo del testimonio en relación con
los demás medios de prueba.

175. La contextualización consiste en que el testigo describa datos del entorno
espacial o temporal en el que tuvieron lugar los hechos acerca de los cuales
declara. Lo que se busca es identificar que el relato “[…] se inserta fácilmente en
ese ambiente […]”, lo que puede configurar un indicio de su verosimilitud88.

176. Las corroboraciones periféricas se refieren a que el relato de un testigo se vea
corroborado por otros datos aportados al proceso que, indirectamente, acrediten la
veracidad de la declaración. En ese sentido, este parámetro requiere que coincidan
las diferentes declaraciones que varios sujetos hayan realizado sobre un mismo
hecho o que el testimonio del que se estudia su credibilidad se reafirme con los
indicios a través de los cuales se construyen presunciones que acreditan la
hipótesis fáctica a probar89.

86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda. Sentencia de 29 de
agosto de 2019. Radicación núm. 080012333000201401034-01. C.P. doctor William Hernández Gómez.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
89
Ibidem.

39

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

177. La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante consiste en que el
testigo haga referencia a datos innecesarios que busquen favorecer a una de las
opciones que se debaten en el proceso, o incluso al propio declarante.

177.1. En este caso, se trata, por ejemplo, de manifestaciones sobre el carácter o la
intencionalidad de una de las partes, o justificaciones de las propias actuaciones o
de la persona que se quiere beneficiar, las cuales van más allá de lo que se le haya
preguntado al declarante. Estos detalles son indicadores de pérdida de objetividad
del testigo que pueden conducir a la falsedad de sus afirmaciones90.

178. Adicional a lo anterior, se resalta que los artículos 210 y 211 de la Ley 1564
establecen que los testimonios pueden ser tachados por las partes por inhabilidad
o imparcialidad.

179. Para efectos de este proceso, conforme con el artículo 210 anteriormente
indicado, “[…] Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes
al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas
graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo
el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás
personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento
determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. […]”. (Destacado fuera
de texto).

180. La norma establece adicionalmente que “[…] La tacha por inhabilidad deberá
formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del
testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia, y si
encuentra probada la causal se abstendrá de recibir la declaración. […]”.
(Destacado fuera de texto).

181. En el caso concreto, la Sala observa que ninguna de las partes ni el Ministerio
Público presentó tacha por inhabilidad en relación con alguno de los declarantes o
testigos citados a rendir declaración en el proceso y teniendo en cuenta que la
norma es clara en torno a que esta se debe presentar por escrito, antes de la
audiencia señalada para la recepción del testimonio; u oralmente, dentro de ella, la
Sala considera que ni los alegatos ni el recurso de apelación contra la sentencia
constituyen oportunidades para proponerlas, como ocurrió en este caso concreto.

182. Corresponde a la autoridad judicial la valoración de la prueba con el objeto de,
se reitera, establecer la fuerza probatoria del relato mediante la aplicación de las
reglas de la sana crítica y los principios de la lógica, teniendo en cuenta
adicionalmente los parámetros anteriormente indicados para la valoración del
testimonio.

183. Así las cosas, la Sala procederá al análisis y valoración de los testimonios,
teniendo en cuenta que una característica común a los declarantes se relaciona

90
Ibidem.

40

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

con su condición de representantes legales de la sociedad Transportes Especiales
de Puerto Wilches S.A.S.91.

184. El señor Armando Cassiani Santamaría rindió declaración presencial92 en la
que indicó que tuvo una vinculación accionaria con Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S. Explicó que en principio la sociedad pertenecía a
13 socios y que, por problemas administrativos, la señora Maryury Marcela
González Álvarez, el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y el declarante,
negociaron y adquirieron la empresa. Seguidamente el declarante indicó lo
siguiente:

“[…]. Despacho: Sabe usted si el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, fue accionista
o es accionista de Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.
Contestó: Señoría, Manuel Ardila fue accionista de Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S. Despacho: Amplíenos más esa respuesta ¿En qué
época? ¿El porcentaje de composición accionaria lo que tenga conocimiento?
Contestó: su señoría de verdad ahoritica, pues los porcentajes no lo recuerdo,
porque me interesaba mucho los porcentajes que tenía yo, ¿sí?, pues era ambos
ellos, ellos son una pareja, ellos dos son pareja y yo era el socio minoritario de
la sociedad, entonces. Despacho: cuando dice ellos dos ¿son quienes? Contestó:
éramos, 3 socios y los dos socios, los otros dos socios son una pareja, Manuel
y su esposa, Despacho: ¿Cuál es el nombre de la esposa? Contestó: Marcela
González, Maryury Marcela ella es la otra socia de la sociedad y en el mes de
mayo, ellos hicieron unas proposiciones de ventas de acciones en el cual yo
pues ni tenía la plata, yo le dije yo no, me abstengo de ese negocio y hasta ahí, yo
no supe que más pasó, yo sé que después el vendió y compró una señora, Stella
Rodríguez fue la que compró, pero yo de verdad me abstuve de eso porque no
tenía la cantidad que ellos solicitaban para la compra de Acciones, entonces
yo me abstuve del negocio.

[…]

91
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia. Documento 22. Según los estatutos de la sociedad, se establece
lo siguiente en relación con el gerente:
“[…] ART. 44º. Tanto el Gerente principal, como el suplente, serán elegidos por la asamblea general para periodos de un (1)
año, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indefinidamente o la misma pueda removerlos libremente en cualquier tiempo.
La totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al Gerente General designado por
la asamblea.
ART. 45º. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes:
1. Representar a la sociedad s (sic), ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.
2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en
estos estatutos.
3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades
sociales o en interés de la sociedad.
4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un
informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de
distribución de utilidades obtenidas.
5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción lo delegue la Junta Directiva.
6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la
administración de la sociedad e impartirle las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
7. Convocar la Junta Directiva cuando considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios
sociales.
8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y en particular, solicitar
autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o Junta Directiva según lo disponen las normas
correspondientes del presente estatuto, en caso de que así se requiera.
9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el
funcionamiento y actividades de la sociedad.
10.Presentar a la junta directiva para su aprobación el plan de gestión y representación cada vez que lo requiera.
[…]”.
92
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia. A partir del minuto 00:19:30 a 00:53:19.

41

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Despacho: No, no le pregunto todavía por el otrosí, sino que para el 2021 que se
celebró el contrato [con Ecopetrol S.A.], según me dicen el 2021, la celebración no,
los otrosí. Sí para esa época era accionista… el señor… el señor Ardila. Contestó:
Sí claro. El primer contrato, sí claro el señor Ardila era socio con su esposa…
era la otra socia y yo era el otro socio. Los tres éramos socios. Despacho:
¿Quién era el representante legal para ese? Contestó: Su señoría yo, Armando
Cassiani Santamaría.

[…]

Despacho: Sabe usted, señor Cassiani, si el señor Ardila Rueda tiene algún
vínculo de parentesco con Maryury Marcela González. Contestó: sí su Señoría,
él tiene un vínculo conyugal con Maryury Marcela González […] Despacho:
¿Sabe usted sí Maryury Marcela González ha actuado como suplente de Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.? Contestó: Sí su señoría. Ha actuado
como subgerente de Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. […]
Despacho: Entonces su rol como suplente del gerente. ¿En qué consistía, señor
Cassiani? Contestó: El rol de suplente de gerencia, es un cargo, como éramos […]
3 personas, era… era… como como ocupar cargos en Cámara de Comercio,
entonces ella entró a hacer parte de la subgerencia porque necesitábamos tener ese
cargo ahí, pero ella prácticamente no oficiaba como subgerente.

[…]

Despacho: ¿Y la señora Stella Rodríguez Díaz la conoce? Contestó: Stella
Rodríguez claro la distingo… creo que es la gerente que está al frente de
“TRANSPBETWIL S.A.S”, claro, y fue la que compró las acciones de ellos dos y
también yo inicié un proceso de venta de mis acciones y ella también me las
compró.

[…] Parte demandante, preguntó: [Asistencia virtual] Su Señoría sí necesito
hacerle dos preguntas al señor Cassiani Santamaría, teniendo en cuenta señor
Cassiani, que el otrosí número 3… que se suscribió con Ecopetrol, el otrosí número
3 que se celebró el 5 de Mayo del 2023, ¿sí?, necesito que ratifique ante esta
audiencia si efectivamente la señora Maryury Marcela González Álvarez, quien fuera
accionista de la sociedad en cuestión con un porcentaje del 57.81%, según Acta de
Junta número 08 del 2023 de fecha 8 de mayo del 2023, ¿sí? necesito ratifique si
la señora efectivamente era esposa del señor Manuel para esta fecha?
Contestó: Muy buenas tardes, sí, claro para esa fecha, la señora Maryury
Marcela González era la esposa de él, inclusive en este momento todavía es la
esposa de él, mejor dicho, no es la esposa, es la compañera permanente,
porque ellos no son casados.

[…]

Parte demandante, preguntó: Señor Cassiani la señora le repito la señora
Maryury Marcela González Álvarez, en el momento que se suscribe el otrosí
número 3 con Ecopetrol el 5 de mayo del 2023, dice usted que era esposa del
señor Manuel Eduardo Ardila Rojas. Contestó: si como ya lo he rectificado, sí
he dicho ya era es la compañera permanente de él, porque ellos no son casados
y hasta la fecha de hoy, todavía son compañeros permanentes los dos, sí,
Claro.

[…]

Parte demandante, preguntó: Listo. una última pregunta su Señoría. Señor
Cassiani. Sírvase informar ante esta audiencia, ¿hasta qué fecha exacta fue socio el

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

señor Manuel Ardila Rojas y qué cargos ocupó en la sociedad Transportes Especiales
Betulia y Puerto Wilches. […] Contestó: Fechas, no manejo de verdad, no sé hasta
qué fecha, el señor Manuel Ardila fue socio de la empresa. No sé. eh ¿cargos?
Manuel era el coordinador de servicios y un socio.

[…]

Despacho: ¿Doctor Leonardo? [apoderado del accionado] Apoderado de la parte
demandada: Sin ninguna pregunta honorable magistrada.

[…]

Despacho: ¿Ministerio Público? […] Ministerio Público: Gracias su señoría.
Señor Armando Cassiani […] Al iniciar su intervención ante las preguntas que
le formuló la señora Magistrada, usted alcanzó a decir Manuel y su esposa, ya
aclaró que es la compañera permanente, eran los socios mayoritarios. Cuando
usted se refiere a que eran mayoritarios, eso indica que eran accionistas…
tenían las acciones superior al 50% o menos. Contestó: Cuando digo que son
un socio mayoritario era Maryury Marcela tenía más del 50% de las acciones.
Ella era la socia mayoritaria y entre Manuel y yo nos repartimos el siguiente
porcentaje. Ministerio Público: cuando la Empresa Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches ha suscrito otros contratos en… mientras usted fue gerente,
¿se participaba a los socios sobre los contratos que se iba a celebrar? No me refiero
al de Ecopetrol. Me refiero a otros que haya firmado la entidad y que de que usted
tenga conocimiento, ¿se compartía esa información con los socios? Contestó: Por
lo general, esto… los 3 teníamos un rol de que conseguiremos contrato y los
traíamos la sociedad. ¿Sí?. entonces, por lo general casi nunca se informaba, sino
que… mira llegó este contrato.

[…]

Ministerio Público: Manifestó usted que la señora Maryury Marcela González […]
era la socia mayoritaria para ese momento. La suscripción del otrosí. ¿Es común en
el desarrollo de las funciones de la empresa?. Contestó: Tengo algo porque dije que
no sabía, no, yo sé que ellos habían puesto en venta las acciones. Me los habían
ofrecido a mí. Entonces yo en ese momento no sé si ya ellos habían hecho la venta
de acciones. No sé si ya en el libro de accionistas ya hay la venta de acciones para
ese tiempo. Yo cuando suscribir el otrosí con Ecopetrol no sabía si ya ellos habían
vendido o no habían vendido. Ministerio Público: Gracias por esa precisión. Ya
manifestó que no recuerda con precisión cuando dejó de ser socio de la empresa el
señor Manuel, pero ¿recuerda cuándo dejó de ser socio… socia la señora Maryury
Marcela González? Contestó: Así como no sé de Manuel no sé de Marcela. De
verdad, no, ninguno de los dos. No sé cuándo dejaron de ser socios. Ministerio
Público: Y eso es común que un socio de una empresa no se entere cuando un socio
se retira de la sociedad y que los socios mayoritarios ¿no se enteren de los contratos
que se firman por parte de la empresa?. ¿Eso es común dentro de la sociedad?
Contestó: Pues, vuelvo y le digo, yo sé… yo era el socio minoritario de la empresa
y ellos, en una oportunidad me ofrecieron la venta de las acciones. Entonces yo le
dije, no, yo no puedo con todo eso porque no tengo el capital. Entonces yo dije
no, yo me aparto de eso y ustedes negocien las acciones… porque la primera
opción de venta de acciones es mía. En la sociedad… los 3 socios… a la venta
de acciones a los accionistas le ofrecen las acciones a los accionistas primero.
Si el accionista dice que no, que no está interesado, entonces ellos tienen la
opción de negociarlas con un particular. Con otra persona. Entonces yo hasta
ahí, el día que me ofrecieron la venta de las acciones dije, no, yo no quiero
participar porque no tengo la cantidad de plata que necesito para comprar
acciones y me aparté de eso y no me enteré del negocio.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

[…]

Despacho: Señor Cassiani ¿tiene algo más qué agregar a esta diligencia?
Contestó: No, pues, Señoría. que estoy dispuesto cada vez que me quieran… pues
aquí estoy a la orden. […]”. (Destacado de la Sala).

185. La Sala considera que la declaración que rindió en el proceso el señor Armando
Cassiani Santamaría fue espontánea, coherente, estructurada, contextualizada y
de ella se pueden inferir algunos aspectos relativos: i) al origen de la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.; ii) las situaciones que
motivaron la adquisición de la sociedad por el declarante, por el señor Manuel
Eduardo Ardila Rojas y por la señora Maryury Marcela González Álvarez; iii) la
forma en que dicha empresa operaba y la obligación de los socios en torno a la
consecución de contratos; iv) la composición accionaria de la precitada sociedad; y
v) el proceso de venta accionaria, donde detalló en forma coherente y
contextualizada que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora Maryury
Marcela González Álvarez le ofrecieron sus acciones, pero que este les manifestó
su imposibilidad para adquirirlas debido a la falta de recursos económicos.
Asimismo, explicó que a él se las ofrecieron primero porque tenía prelación en la
compra accionaria, lo cual se deriva y es coherente con los estatutos de la
sociedad93, pero reitera que al no tener los recursos así se lo informó a los otros
accionistas e indicó: “[…] me aparté de eso y no me enteré del negocio […]”.
(Negrilla fuera de texto).

186. Adicionala lo anterior, la declaración fue coherente, contextualizada,
espontánea y reiterada en torno a que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la
señora Maryury Marcela González Álvarez tienen la condición de pareja y
compañeros permanentes.

187. El declarante indicó que “[…] hasta la fecha de hoy, todavía son compañeros
permanentes los dos […]”. Asimismo, la declaración reveló que dicha condición se
tiene desde mucho tiempo atrás y que para el año 2023 ostentaban la condición de
compañeros.

188. La señora Yuly Aidee Quintero Villar rindió declaración94 en la cual indicó que
tuvo la condición de representante legal de la sociedad Transportes Especiales de
Betulia y Puerto Wilches S.A.S., desde el 8 de mayo del año 2023 hasta el 29 de
febrero de 2024. Indicó que es administradora financiera y especialista en gerencia
pública.

93
“[…] ART. 15º. COLOCACION DE ACCIONES: Para la colocación de acciones proveniente de cualquier aumento social,
se preferirá como suscriptores a quienes sean accionistas salvo que la Asamblea General de Accionistas resuelva lo contrario
para casos concretos. a Junta Directiva o a falta de esta a la Asamblea General reglamentará el ejercicio de derecho de
preferencia sobre la base de que los accionistas podrán suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones
en circulación en la fecha en que se apruebe el reglamento. También corresponderá a la Junta Directiva o a falta de esta a la
Asamblea General reglamentar toda colocación de acciones. […]”.
94
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia. A partir del minuto 00:54:00 hasta el 01:18:15.

44

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
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189. La Sala, una vez analizado y valorado el testimonio de la señora Yuly Aidee
Quintero Villar, considera que se trató de una declaración que no fue espontánea y
se caracterizó por ser evasiva, poco contextualizada, contradictoria con las demás
pruebas del proceso y en relación con los actos propios en su condición de
representante legal de la sociedad, ausente de compromiso en torno a sus
afirmaciones y adicionalmente se evidenció la existencia de manifestaciones
oportunistas orientadas a favorecer dos situaciones relevantes y que se encuentran
bajo debate en el proceso de la referencia:

190. La primera, relativa a la venta accionaria que presuntamente realizó el señor
Manuel Eduardo Ardila Rojas a la señora Stella Rodríguez Díaz en el mes de mayo
de 2023 [venta accionaria]; y la segunda, relativa a que el señor Manuel Eduardo
Ardila Rojas no tuvo ninguna injerencia o vinculación con la sociedad Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. con posterioridad a la enajenación
de las acciones [ausencia de injerencia, relación o vinculación con la sociedad con
posterioridad a la venta].

191. Una de las preguntas iniciales realizada a la testigo versó sobre si conocía al
accionado y sobre cuál fue el motivo, razón o circunstancia de dicho conocimiento,
a lo cual la declarante manifestó que sí lo conocía y seguidamente indicó sobre las
razones: “[…] Porque el municipio, pues no es grande y pues todo mundo se conoce
y cuando yo entré a trabajar a TRANSBETWIL… lo conocí en TRANSBETWIL.
[…]”. Inmediatamente, la magistrada del tribunal preguntó a la declarante “[…]
Correcto. Entonces ya que nos indica que trabajó en […] Transportes
Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. […] indíquenos al despacho si
¿tiene o tuvo algún vínculo, relación laboral, contractual con esta sociedad?
[…]”. (Destacado de la Sala).

192. La respuesta que otorgó la testigo resulta relevante para efecto de establecer
la credibilidad de su declaración, no solo porque denotó desde un inicio un ánimo
de favorecer la tesis relativa a la venta accionaria y la inexistencia de injerencia,
relación o vinculación del accionado con la sociedad, con posterioridad a la
presunta venta de acciones, sino porque es contradictoria con las demás pruebas
aportadas al proceso.

193. La testigo contestó: “[…] Al momento que yo ingresé que fue en mayo del año
pasado como representante legal de TRANSBETWIL, en su momento fue como
el 8 de mayo más o menos que yo entré, hacía parte de la sociedad y en la
sociedad él vendió sus acciones finalizando el mes. Entonces hasta ahí tuve
como contacto con él, porque él ya no hacía parte de la… de la empresa. […]”.
(Destacado de la Sala).

194. La Sala considera que la respuesta ofrece detalles oportunistas relacionados
con un asunto ajeno a la pregunta formulada por la magistrada -que versó sobre la
sociedad y no sobre el accionado- y que evidencia la intención de incluir información

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

no solicitada y favorecer la tesis de venta de acciones que se debate en el proceso
[patrón que se repite en la declaración en forma consistente].

195. Adicional a lo anterior, la declarante incluye manifestaciones que no se
acompasan con los demás medios de prueba aportados al proceso, como aquella
relacionada con que la testigo solamente tuvo relación con el accionado hasta
finales del mes de mayo del año 2023 “[…] porque él ya no hacía parte de la… de
la empresa. […]”. Dicha manifestación fue reiterada en otras oportunidades95 y
aquella relativa a que para la época en que se celebró el Contrato núm. 326 de 26
de octubre de 2023 la señora Maryury Marcela González Álvarez no tenía la
condición de accionista de la empresa96.

196. Al respecto, se aportó al proceso la propuesta contractual de 24 de octubre de
2023 de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.,
suscrita y presentada por la señora Yuly Aidee Quintero Villar, para efectos del
proceso contractual que concluyó con la celebración del Contrato núm. 326 de 26
de octubre de 2023.

197. Llama la atención de la Sala que uno de los anexos de la precitada propuesta
sea la certificación GAC: C157-2023 de 23 de octubre de 202397 suscrita por la
revisora fiscal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches
S.A.S., señora Lilia del Socorro Villegas Lebolo, en la que se hace constar que,
según el libro de accionistas de la sociedad, el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas
y la señora Maryury Marcela González Álvarez, para esa fecha, tenían la condición
de accionistas.

198. Adicional a lo anterior, se aportó al proceso el informe de supervisión final
suscrito el 14 de noviembre de 202398, en relación con el contrato núm. 326 de
2023, en el que se certificó que el contratista Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S. cumplió con su obligación de realizar los “[…] aportes al
sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de
conformidad con el artículo 50 de la ley 780 de 2022 […]”, lo cual fue objeto de
verificación por la interventoría.

199. Como anexo a dicho informe se aportó la consulta realizada por la interventoría
al Sistema de Seguridad Social en la cual se detalla la liquidación y el pago de
aportes de la sociedad para el periodo pensión: septiembre de 2023 y salud:

95
En su declaración la testigo manifestó en otras oportunidades, por ejemplo: i) “[…] Despacho: Para ese momento era
accionista el señor Manuel Eduardo Ardila. Contestó: no señora. Despacho: Concrétele entonces al Despacho… Yuly... Si
el señor Ardila tuvo alguna participación, sugerencias, recomendación para que la sociedad celebrará el contrato con el
municipio de Puerto Wilches. Contestó: No, señora, no tuvo nada que ver porque yo era la que estaba al frente de la
empresa, pues yo fui la que hice la participación en la licitación, documento todo y él no. Él la empresa tampoco iba
porque él ya no hacía parte de esa sociedad. […]”. (Destacado de la Sala).
96
“[…] Despacho: ¿Para la época en que se celebró el contrato con el municipio de Puerto Wilches, la señora Maryury
era accionista? Contestó: No señora. Despacho: El señor Manuel Ardila. Contestó: Manuel, no, tampoco. Despacho:
¿Sabe usted que porque razón ya no eran accionistas? Contestó: Porque ellos decidieron disolver la sociedad como para el
mes de mayo 2023. Despacho: ¿Y qué pasó con sus acciones? Contestó: ellos las colocaron en venta. Despacho: ¿sabe
a quién se las vendieron? Contestó: La verdad, no, no sé cómo habrán distribuido esas acciones. […]”.
97
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Página 165.
98
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 133 a 135.

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octubre de 2023, observando que la empresa registra como empleado al señor “[…]
ARDILA ROJAS MANUEL EDUARDO […]”.

200. Salta a la vista la contradicción existente entre la declaración de la testigo y la
información contenida en la prueba documental, lo cual cobra mayor relevancia si
se tiene en cuenta:

200.1. Su posición de gerente y representante legal de una sociedad que, según la
información contenida en Cámara de Comercio, tiene la característica de mediana
empresa, con activos que ascienden a dos mil quinientos diez millones novecientos
setenta y nueve mil ciento quince pesos con ochenta y dos centavos
($2.510.979.115,82) y con “[…] Ingresos por actividad ordinaria: $8,603,708,076
[…]”;

200.2. Que según los estatutos de la empresa “[…] La totalidad de las funciones de
administración y representación legal le corresponderán al Gerente General
designado por la asamblea. […]” y que entre sus funciones se encuentra la de “[…]
Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción
lo delegue la Junta Directiva […]”, lo cual implica necesariamente el conocimiento
sobre cuáles son las personas vinculadas a la empresa -32 empleados, para la
fecha-;

200.3. El hecho de que la testigo, según informó ella misma bajo la gravedad de
juramento, es profesional, administradora financiera y especialista en gerencia
pública, lo que implica que es una persona con formación especializada en el
ámbito de la administración empresarial; y

200.4. Que fue ella quien presentó la propuesta ante el municipio y, en sus palabras,
“[…] yo era la que estaba al frente de la empresa, pues yo fui la que hice la
participación en la licitación […]”.

201. El testimonio fue adicionalmente evasivo en aquellos eventos en que se
pretendía indagar en torno a cuestiones relevantes para efectos del proceso, en
especial, aquellos asuntos relacionados con la inscripción de la venta de las
acciones y el procedimiento que se siguió al interior de la empresa, incluido el
registro en el libro de accionistas.

“[…] Despacho: ¿Para la época en que se celebró el contrato con el municipio de
Puerto Wilches, la señora Maryury era accionista?
Contestó: No señora.
Despacho: El señor Manuel Ardila.
Contestó: Manuel, no, tampoco.
Despacho: ¿Sabe usted que porque razón ya no eran accionistas?
Contestó: Porque ellos decidieron disolver la sociedad como para el mes de mayo
2023.
Despacho: ¿Y qué pasó con sus acciones?
Contestó: ellos las colocaron en venta.
Despacho: ¿sabe a quién se las vendieron?

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Contestó: La verdad, no, no sé cómo habrán distribuido esas acciones.
Despacho: ¿Registró usted en el libro de accionistas la venta de acciones que hizo
el señor Ardila?
Contestó: Sí, eso se registraba y lo hacía por medio de la revisora fiscal.
Despacho: ¿hizo usted ese registro?
Contestó: No recuerdo muy bien si yo lo… para esa época lo firmé, no, no lo
recuerdo.
Despacho: entonces, precísele al Despacho […] ¿cómo se dio ese proceso de venta
de acciones que nos comenta del señor Ardila y de la señora Maryury y que asientos
se hicieron en alguno de los libros?
Contestó: pues la verdad ahorita mismo, pues no, ya ha pasado tanto tiempo y
yo me retiré y más bien no, no recuerdo muy bien cómo fue que hicimos ese
proceso, pero se hizo por medio de la revisora fiscal.
Despacho: ¿Y quedó entonces en los libros?
Contestó: Sí señora.
Despacho: ¿Pero no… no sabe usted… qué soportes se requieren para efectos de…
llevar a cabo esos registros?
Contestó: No. la verdad, no recuerdo. No recuerdo muy bien eso.
[…]

Ministerio Público: ¿Con la experiencia que tiene de haber sido representante legal
de la empresa Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., nos puede
recordar cuáles son los órganos de dirección y control de esa empresa?
Contestó: Ay, no, ahorita mismo no recuerdo.
Ministerio Público: ¿O sea, usted era representante legal y no sabía quién eran los
órganos de dirección de la empresa?
Contestó: No, ahora mismo ya ni me acuerdo yo casi de esa empresa.
Ministerio Público: ¿Qué recuerda de los órganos al interior de la empresa? ¿Había
o no había?
Contestó: No, no, ahorita no, no recuerdo muy bien.
Ministerio Público: Ok, Su Señoría, yo tengo que insistir en que aclare por qué
tiene conocimiento tan preciso de algunas circunstancias y de otras que son
elementales para un representante legal no las tiene, a mí sí me llama
poderosamente la atención de que una representante legal de una empresa no
sepa cuáles son los órganos de dirección de la empresa, de hecho, me resulta
casi que increíble. Entonces debo insistirle, aclárele al Despacho, ¿por qué
usted, entonces usted entró a dirigir una empresa que no sabía cuáles eran los
órganos de control?
Contestó: Sí, pero ahorita mismo no, no, no tengo, así como ese conocimiento
claro…
Ministerio Público: ¿de ninguna, no se acuerda ni de una?
Contestó: no.
Ministerio Público: gracias.
[…]

Despacho: lo verificó entonces… los libros… ¿que estuviera ese ese movimiento de
composición accionaria?,
Contestó: ahorita no tengo muy muy Claro, como el… como el proceso.
Despacho: sí, pero la pregunta en concreto es si a usted le consta porque pudo
verificar que en el libro quedó plasmado ese movimiento.
Contestó: No… no recuerdo muy bien.
Despacho: Pero antes nos dijo que sí.
Contestó: por eso le digo, eso se hizo y lo plasmó. Se hizo a través de la revisora
fiscal de la empresa y quedó plasmado en los libros. Pero usted me dice que el
proceso de la venta y cómo fue. No lo recuerdo.
Despacho: No. Que si a usted le consta que si se plasmó evidentemente en el libro
Contestó: Sí, claro, sí señora.

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Despacho: Y ¿por qué recuerda que le conste Yuly?
Contestó: Porque en su momento le digo, yo apenas iba entrando, estaba haciendo
empalme y ellos ya estaban en el proceso de la venta y la vendieron en el mismo
mes, como a finalizando mes.
Despacho: Entonces, en síntesis, si usted le puede asegurar al despacho que, en
efecto, ¿esa transacción se realizó?
Contestó: no, no le puedo asegurar porque no lo tengo muy Claro. Ahora mismo.
[…]”. (Destacado de la Sala).

202. Por el contrario, el relato de la testigo era contundente al ser preguntada sobre
si le constaba que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas había realizado la venta
de acciones y sobre la inexistencia de injerencia, relación o vinculación con la
sociedad por parte del accionado, con posterioridad a la venta, aun incurriendo en
contradicciones conforme se indicó anteriormente.

203. La Sala observa adicionalmente que la testigo incurrió en contradicciones en
su propio relato, relacionadas con, entre otros aspectos: i) los accionistas para la
fecha en que ingresó a la sociedad; y ii) si la venta de acciones se plasmó o no en
el libro de accionistas. Se observa lo siguiente:

“[…] Despacho: ¿Conoce usted al señor Manuél Eduardo Ardila Rojas?
Contestó: Sí señora.
[…]

Contestó: Al momento que yo ingresé que fue en mayo del año pasado como
representante legal de TRANSBETWIL, en su momento fue como el 8 de mayo
más o menos que yo entré, hacía parte de la sociedad [se refiere a Manuel
Eduardo Ardila Rojas] y en la sociedad él vendió sus acciones finalizando el mes.
Entonces hasta ahí tuve como contacto con él, porque él ya no hacía parte de
la de la empresa.
[…]

Despacho: Entonces podría precisarle al Despacho si conoce quiénes eran
accionistas de esa… Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. para
la época, estamos hablando para mayo del 2023
Contestó: Para mayo, cuando yo inicié estaba… recuerdo Armando y la señora
Stella, si no estoy mal o de pronto me confundo, pero esa sociedad terminó,
como en finalizando mayo que ellos disolvieron la sociedad y vendieron las
acciones.
[…]

Despacho: Stella Rodríguez Díaz. ¿La conoce?
Contestó: Sí señora es la que estaba con nosotros acá [Se refiere a la audiencia]
Despacho: ¿Ella ha sido accionista de la empresa?
Contestó: Sí señora.
[…]

Despacho: ¿Para la época en que se celebró el contrato con el municipio de Puerto
Wilches, la señora Maryury era accionista?
Contestó: No señora.
Despacho: El señor Manuel Ardila.
Contestó: Manuel, no, tampoco.
Despacho: ¿Sabe usted que porque razón ya no eran accionistas?

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Contestó: Porque ellos decidieron disolver la sociedad como para el mes de mayo
2023.
Despacho: ¿Y qué pasó con sus acciones?
Contestó: ellos las colocaron en venta.
Despacho: ¿sabe a quién se las vendieron?
Contestó: La verdad, no, no sé cómo habrán distribuido esas acciones.
[…]

Despacho: ¿A usted le consta que se plasmó en los libros?
Contestó: Sí, Claro. Lo hizo la revisora fiscal.
[…]

Despacho: sí, pero la pregunta en concreto es si a usted le consta porque pudo
verificar que en el libro quedó plasmado ese movimiento.
Contestó: No… no recuerdo muy bien.
Despacho: Pero antes nos dijo que sí.
Contestó: por eso le digo, eso se hizo y lo plasmó. Se hizo a través de la
revisora fiscal de la empresa y quedó plasmado en los libros. Pero usted me dice
que el proceso de la venta y cómo fue. No lo recuerdo.
Despacho: No. Que si a usted le consta que si se plasmó evidentemente en el
libro
Contestó: Sí, claro, sí señora.
Despacho: Y ¿por qué recuerda que le conste Yuly?
Contestó: Porque en su momento le digo, yo apenas iba entrando, estaba haciendo
empalme y ellos ya estaban en el proceso de la venta y la vendieron en el mismo
mes, como a finalizando mes.
Despacho: Entonces, en síntesis, si usted le puede asegurar al despacho que,
en efecto, ¿esa transacción se realizó?
Contestó: no, no le puedo asegurar porque no lo tengo muy Claro. Ahora
mismo. […]”. (Destacado de la Sala).

204. Las anteriores consideraciones permiten a la Sala concluir que el relato de la
señora Yuly Aidee Quintero Villar carece de suficiencia para formar un
convencimiento cierto sobre los hechos narrados en su relato, se reitera, por cuanto
sus manifestaciones no fueron espontaneas, coherentes y contextualizadas.
Asimismo, realizó afirmaciones contrarias a las corroboraciones directas e
indirectas y se evidenciaron datos oportunistas, orientados a favorecer la tesis del
accionado.

205. Por último, se resalta que la testigo, en su relato, manifestó adicionalmente que
Manuel Eduardo Ardila Rojas y Maryury Marcela González Álvarez son “[…]
esposos […]”99.

206. La Sala considera que el testimonio carece de fuerza probatoria suficiente y
que las manifestaciones realizadas por la declarante deben ser analizadas de forma
rigurosa, estricta y confrontada con las demás pruebas del proceso, teniendo en
cuenta que la declaración: i) se orienta a favorecer la tesis del demandado en torno
a la venta de acciones y la inexistencia de injerencia, relación o vinculación con la
sociedad por parte del accionado, con posterioridad a la venta; ii) su relato es

99
“[…] Despacho: ¿Conoce usted a la señora Maryury Marcela González? Contestó: Sí, señora. Despacho: ¿sabe usted si
ella tiene algún vínculo de parentesco o cualquier otro vínculo con el señor Manuel Eduardo Ardila? Contestó: Sí, señora, es
la esposa. […]”.

50

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contrario a otras pruebas del proceso; y iii) la declaración fue evasiva, incoherente
y carente de contexto.

207. Asimismo, para efectos de valoración de esta prueba, se tendrá en
consideración que, conforme con la prueba documental aportada al proceso, en
especial, el acta de junta de accionistas extraordinaria núm. 008-2023 de 9 de mayo
de 2023100, la designación de la señora Yuly Aidee Quintero Villar como
representante legal y gerente de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S. tuvo lugar por la postulación que hiciere la socia Maryury
Marcela González Álvarez y por votación unánime y, por ende, con el voto favorable
del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas.

208. En el proceso se recibió la declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz el
27 de agosto de 2024101, a quien se le explicó que, adicional a su relato sobre los
hechos, se le solicitaría la exhibición de los libros de accionistas de la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.

209. La testigo rindió declaración102 en los siguientes términos:

“[…] Despacho: Bueno, entonces, señora Stella indíquenos, ¿cuál es su vínculo, su
participación desde qué épocas en la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S? Contestó: Desde el año pasado, desde mayo del año
pasado vengo vinculada a la empresa, pero no tengo vínculos con el señor
Ardila, ninguno de la empresa soy una persona aparte, una persona de aparte,
amigos nada más. Despacho: ¿Y su vínculo con Transportes Especiales de Betulia
y Puerto Wilches S.A.S es en que condición? Contestó: compré unas acciones,
compré las acciones del año pasado a don Manuel Ardila y le compré este año
a don Armando Cassiani. Despacho: ¿y eso sucedió, en qué época? Contestó:
más o menos es que no me acuerdo de la fecha, pero creo que de mayo más o
menos mayo. Despacho: ¿Solamente al señor Ardila le compró? Contestó:
Ardila si señora. Despacho: y usted sabe, señora Stella, para mayo, ¿Cuál era la
composición accionaria de esa empresa cuando usted la compró, de esa sociedad
mejor dicho cuando usted compró esas acciones? Contestó: No, no, no recuerdo
muy bien en el momento. Despacho: O sea, usted compró y no, no sabía la
composición accionaria. ¿Entonces, cómo compro Stella? Contestó: m… yo
compré, pero no, no, no me acuerdo bien cómo fue y estoy en un plan de pago
con ellos. Despacho: ¿Con ellos quiénes son? por favor precísenos más.
Contestó: con la señora Marcela González. Despacho: ajá con Manuel y con
Marcela ¿ellos eran los socios? Contestó: si señora. Despacho: ¿Cuándo usted
les compró? Contestó: yo les compré a ellos. Despacho: Entonces ¿no solo le
compró a Manuel, sino a Marcela? Contestó: también a ella a ellos dos.
Despacho: Sabe usted cuál era la composición, ¿cuántas acciones compró y qué
porcentaje le compró a Manuel y qué porcentaje a Marcela? Contestó: Creo que un
78%. Despacho: ¿en total? Contestó: sí, en total... total. Despacho: pero ¿no sabe
exactamente los porcentajes? Contestó: no se explicarle muy bien los
porcentajes. Despacho: ¿Y, a partir de ese momento, también asumió la
representación legal? Contestó: si señora desde ese momento, de esa fecha
del año pasado para este año. Despacho: Puede mostrarle al Despacho, por favor,
si tiene en los registros de libros de accionistas, el momento en el que se registró ese

100
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 28 y 29.
101
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
102
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia. A partir del minuto 01:19:24 y hasta el minuto 02:06:40.

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cambio de composición accionaria. Verifiquemos por favor, por Secretaría que
aparezca el libro con el registro en Cámara de Comercio, por favor doctor Juan José. Secretario de la diligencia: Su Señoría, conforme a la orden impartida del
Despacho, tengo en mis manos el libro de registro de accionistas con la numeración
en Cámara de Comercio de Bucaramanga 19 92 92 y la numeración de las páginas
señala anuladas las páginas 21, 22, 23 y 24 están impresas hasta la página 27 y
consta de 100 páginas. Despacho: ¿Es el registro de accionistas doctor Juan José?
Secretario de la diligencia, contestó: Sí, su Señoría. Está rotulado como registro
de accionistas de la sociedad con Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches, Resolución Ministerio de Transporte 65 del año 2014. Despacho: para
efectos del expediente doctor Juan José… lo mostramos en la Cámara. El registro
en Cámara de Comercio […] Despacho: Por favor, señora Stella, en ese libro de
accionistas, por favor, Ubíquenos el movimiento de composición accionaria,
que se hizo, mejor dicho, la venta de las acciones que se hizo por parte del
señor Manuel Eduardo Ardila y la señora Maryury Marcela, a usted. Contestó:
venta de acciones de la empresa con Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches S.A.S… De mayo, 24 de mayo del 2023, valor nominal de cada acción
18.000. Valor total de acciones, […]. Despacho: me permite, por favor, para
efectos de la audiencia, leo lo siguiente: dice página 26, registro de accionistas
de la empresa Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches
“TRANSPBETWIL S.A.S.” composición accionaria 24 de mayo de 2023. Observaciones de conformidad con la enajenación de 2760 acciones por parte
del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, contempladas en las Numeraciones
(1771-2730/ 2957-3065/ 3846-3940/ 4855-5157 / 7053-7466 / 10414-11292) y la
enajenación de las 7.544. acciones por parte de la señora Maryury Marcela
González Álvarez, contempladas en las Numeraciones (3181-3640/ 911-1770/ 1-
910/ 2731-2843/ 9101 10010/ 10377-10413 / 7467-8190/ 10303-10339 / 2884-2956 /
5461-6060/ 5158-5460 /11293-12171/ 3941-4550 / 10011-10302/ 3070-3180/ 6771-
6750/ 3641-3845) las cuales fueron adquiridas por Stella Rodríguez Díaz el día
24 de mayo de 2024. Y la composición accionaria quedó de la siguiente forma,
número de título los que acabamos de leer, nombre de la accionista Stella
Rodríguez Díaz. Número de identificación […]. Número de acciones totales
10.304, fecha del trámite, 24 Mayor del 23. Valor nominal 18.000. Valor total de
las acciones 185.472.000 y número de título […] Accionista, Armando Cassiani
Santamaría, número de identificación […]. Número acciones total 2.746. Fecha
del trámite, 24 mayo del 2023. Valor nominal 18.000. Valor total de acciones. 49.428.000. Despacho: ¿Señora Stella, esto quiere decir que el señor Cassiani
también le vendió a usted acciones? Contestó: Sí señora. Despacho: ¿Eso fue
simultáneo la venta del señor Ardila de Maryury y de Armando Cassiani?
Contestó: Sí, señora. Despacho: […] ¿En qué momento asumió la
representación legal de la sociedad señora Stella? Contestó: para mayo del año
pasado. Despacho: ¿Para mayo? Contestó: [dialogo ininteligible] Despacho: ¿Y,
entonces, la testigo anterior que es […] Yuly Aidee ¿ella en qué época estuvo?
Contestó: estuvo, creo que hasta abril o mayo antes de que yo cogiera el cargo, lo
cogió, sí. Despacho: ¿es que usted me dice que lo asumió. fue en el 24?
Contestó: Sí señora 24, de mayo para acá del año pasado… sí del año pasado
Despacho: ¿mayo del año pasado? Contestó: y le compré las acciones a don
Armando, este año. Despacho: a don Armando este año y ¿al señor Ardila y a
Maryury? Contestó: en mayo del año pasado a ellos primero fuera, ellos sí y a
don Armando ya este año sí. Despacho: entonces no, no comprendo si ¿usted nos
puede precisar el período en el que fue representante legal Yuly… Yuly Aidee
Quintero? Contestó: No lo recuerdo, no lo recuerdo. Despacho:

Porqué según
certificado de existencia y representación que de la Cámara de Comercio Yuly
Aidee Quintero fue representante legal o gerente del 11 de mayo del 23 al 28 de
febrero del 24. Contestó: Asumí ya este año, más que todo fue este año, del 23
para acá a la fecha. Despacho: Pero es que estamos en el 24. Contestó: eso el
24 para acá. Despacho: yo le pido que me concrete la respuesta, la noto un

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poco como… como… no estuviera tranquila, entonces precisemos ¿el señor
Ardila y la señora Maryury, cuando le vendieron las acciones? Contestó: el año
pasado. Despacho: ¿mes? Contestó: para mayo, pero no me acuerdo bien la
fecha correcta. Despacho: En esa época, ¿quién era el representante legal?
Contestó: era don Armando. Despacho: ¿conoce a la señora Yuly Aidee
Quintero? Contestó: no señora… sí, la distingo, pero no, no. Despacho: ¿Sabe
si ella fue representante legal? Contestó: Si, ella fue representante legal. Despacho: ¿y usted, además de ser accionista, ha sido representante legal?
Contestó: Sí, señora, soy representante legal de la empresa en estos
momentos. Despacho: ¿A partir de qué fecha? Contestó: de mayo del año
pasado… de este año del 2024, perdón. Despacho: ¿Última respuesta?
Contestó: si señora de este año. Despacho: Bueno, ¿tiene usted conocimiento de
la celebración de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que se dio la
celebración del contrato de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto
Wilches con Ecopetrol? Contestó: no, señora, no me acuerdo en el momento
Despacho: ¿y con el municipio de puerto Wilches? Contestó: no, señora no me
acuerdo. Despacho: ¿no tiene conocimiento de esas circunstancias? Contestó:
no señora Despacho: Porque para esa época, especialmente con el municipio
de Puerto Wilches, usted era accionista. Si en esa medida, si en esa condición
tiene usted conocimiento de alguna modalidad de celebración de ese contrato
con el municipio de Puerto Wilches para transporte. Contestó: Nada…
Despacho: ¿Conoce a la señora Maryury Marcela González por supuesto?
Contestó: si, la conozco. Despacho: ¿Sabe usted sí, entre el señor Manuel Eduardo
Ardila y la señora Maryury Marcela González hay algún vínculo de parentesco,
consanguinidad o cualquier otro vínculo? Contestó: [realizó un gesto negativo]
Despacho: ¿Sabe si son casados, si son compañeros permanentes y tienen alguna
relación de esa naturaleza? Contestó: que yo sepa no. Despacho: Bueno, entonces
el despacho le concede el uso de la palabra al señor Luis Eduardo Solano. […] Parte
demandante: [Asistencia virtual]: [el apoderado formuló dos preguntas que fueron
objetadas por el apoderado de la parte demandada, por repetitivas. La magistrada
pidió que se precisara la objeción y posteriormente la magistrada consideró que la
existencia del registro de la venta de acciones y la fecha, así como la inexistencia de
parentesco entre la testigo y el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, ya habían sido
dilucidados al inicio de la declaración por la testigo] Parte demandante: No tengo
preguntas, honorable magistrada. Gracias. […] Ministerio público: [Asistencia
presencial] Muchas gracias su Señoría, muy buenas tardes, señora Stella
aportó a usted en una respuesta a requerimiento realizado por el Despacho,
una certificación. No sé si sea conveniente exhibirle el expediente en la
contestación de la demanda. Yo lo tengo acá en físico, pero creo que lo
prudente es mostrárselo… [El Despacho pone de presente las certificaciones
aportadas con la contestación de la demanda suscritas por la testigo y por el revisor
fiscal]. Ministerio público: Señora Stella, le pido el favor entonces que observe en
pantalla el documento que se le va a exhibir simplemente para que nos haga una
aclaración, este documento, que obra en el expediente y que al final el doctor tiene
la firma, ¿Esa es su Firma Stella rodríguez Díaz verdad? okey señora Stella, quisiera
que me explicara, usted allí está certificando la composición accionaria de la sociedad
para el 26 de octubre del año 2023, como lo dice el enunciado del documento, sin
embargo, realiza dos cuadros, uno, en el que dice que el 78% pertenece a usted y el
21.15% le pertenece al señor Armando Cassiani.

Sin embargo, acto seguido señala
que la composición accionaria del 100%, es de su propiedad, ¿Eso cuando sucedió?
¿cuándo vario? O sea, eso es para el 26 de octubre también está… la adquisición de
todas las acciones fue el 26 de octubre del 2023, o fue en fecha posterior es para
que nos lo aclare. Apoderado de la parte demandada: Objeción a la pregunta
señora magistrada. Honorable magistrada es que el señor procurador no está
revisando que finalizando el texto del primer cuadro ahí, perdón en la parte de arriba
en finalizando la primera hoja, allí dice a la fecha, la composición accionaria es la
siguiente yo quería dejar constancia de eso. Ministerio público: Ok, sí, por eso

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

quiero que me precise ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo adquirió
el 100 entonces? ya entonces quedó Claro que para el 26 de octubre era así
como está en el primer cuadro y en el segundo cuadro aparece ya usted con el
100%. ¿Eso cuándo sucedió, señora Stella? Contestó: Si, este año. Ministerio
público: ¿Señora Stella por qué decidió usted comprar las acciones de la
empresa del señor Manuel y a su compañera? Contestó: quería vincularme con
ellos y decidí comprársela a ellos ujum Ministerio público: ¿Cuándo me dice
que quería vincularse con ellos a quién se refiere? Contestó: a la empresa. Ministerio público: ¿a la empresa? Contestó: si señor. Ministerio público: Normalmente cuando uno compra acciones… normalmente no quiero decir que
sea su caso, lo hace porque resulta fructífero, le va a dejar algún rendimiento a
uno ¿Qué motivó en su caso, la compra de esas acciones Simplemente?
Contestó: vincularme a la empresa. Ministerio público: ¿sabía usted si la
empresa era rentable? Contestó: si claro. Ministerio público: ¿cómo lo sabía?... Contestó: por el progreso de ellos, de su empresa, y sí, me vincule con ellos. Ministerio público: cuando dice que ha hablado con ellos. A quienes se refiere. Contestó: a Marcela. Ministerio público: ¿y a quién más? Contestó: [frase
ininteligible] Ministerio público: ¿y de que hablaban? Contestó: de su empresa,
sobre todo del emprendimiento que ellos formaron y me causó curiosidad y
decidí vincularme a ellos ujum. Ministerio público: le refirieron en su momento
los contratos que estaban en ejecución por parte de la empresa de transportes. Contestó: sí. Ministerio público: ¿Me puede decir los que recuerda cuáles eran?
Contestó: ¿los que? Ministerio público: le pregunto que si recuerda que si le
refirieron los contratos que estaban en ejecución para el momento de la compra de
su parte de las acciones de ellos. Contestó: no, no perdón, no me acuerdo, pero
decidí vincularme con ellos. Ministerio público: Ok, ¿cuándo usted compró las
acciones de la empresa, le dieron algún reporte sobre los contratos que
estaban Ejecución? Contestó: de los contratos, Claro. Ministerio público:
¿Recuerda usted un contrato con la empresa Ecopetrol? Contestó: Sí, claro
tienen contrato con la empresa Ecopetrol. Ministerio público: por favor, ¿nos
explica qué le refirieron los vendedores al momento de venderle sobre ese contrato
de Ecopetrol, le dieron alguna indicación en particular o no? Contestó: no. Ministerio público: ¿en qué consiste ese contrato con Ecopetrol o en que consistió,
si es que ya no existe? Contestó: en transporte de empleo de trabajadores
Ministerio público: ¿Y quién logró la consecución de ese contrato? ¿Se lo refirieron
o no? Contestó: Sí me lo refirieron, no más. Ministerio público: ¿y le refirieron a
algo relacionado con un otros sí suscrito en el contrato de Ecopetrol? Contestó: no,
no me acuerdo. Ministerio público: ¿Cuándo usted recibe la empresa o las
acciones le dieron algún reporte sobre ese otrosí, y ese contrato que estaban en
ejecución? Contestó: no, señor. Ministerio público: ¿Usted compró sin tener
entonces conocimiento exacto de los contratos que se estaban ejecutando por
la empresa? Contestó: no. Ministerio público: ¿No tenía conocimiento?
Contestó: [frase ininteligible] Ministerio público: me genera inquietud señora
Stella, no es mi ánimo incomodarla ni simplemente que se estila que cuando
uno compra acciones de una empresa o cuando compra una empresa tiene que
haber un motivo relacionado, particularmente con las finanzas, y eso se deriva
de las ejecuciones, de las funciones y contratos. ¿por qué a usted no le
interesaba la información en relación con los contratos que estaba ejecutando
la empresa, por qué no le interesó, que me dice que no, que no tuvo
conocimiento? Contestó: Estaba segura de que era una empresa correcta y
seria y entonces me vinculé con ellos simplemente.

Ministerio público: ¿y esa
seguridad de dónde la obtuvo? Contestó: ¿de ellos de la empresa de ellos vi
los resultados, los logros que he visto de ellos. Ministerio público: ¿cuándo se
refiere a los resultados y logros se refiere en general o usted vio libros
contables? Contestó: no, en general… en general. Ministerio público: ¿En la
actualidad, el contrato que se tenía suscrito o se tiene suscrito con Ecopetrol está
vigente con la empresa? Contestó: sí, creo que ¿sí? Ministerio público: señora

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Stella, usted es la absoluta accionista total de la empresa y representante legal
y ¿no está segura si ese contrato está vigente? señora Stella le tengo que
recordar que usted está bajo la gravedad de juramento y que el omitir dar las
respuestas verdaderas la puede hacer incurrir en un delito que se pena con
cárcel. Insisto, no es mi ánimo intimidarla, solo quiero que me diga lo que
conoce, ya certificó que usted es la absoluta dueña de la empresa, le estoy
preguntando algo muy sencillo y usted es la representante legal, además. Que
si un contrato que se firmó por la empresa con Ecopetrol está vigente o no y
me dice que. Contestó: sí está vigente. sí señor. Ministerio público: ¿hasta
cuándo está vigente? Contestó: ahí aparecen en los libros, en las actas.
Ministerio público: ¿En cuales actas perdón? Contestó: [la testigo guardó silencio
y señaló el libro de accionistas] Ministerio público: ¿nos lo puede mostrar?
Contestó: No, no, no, no. Francamente no le puedo… sí, yo estoy recién en el
puesto en el de representante. Ministerio público: sí, pero usted es socia desde
el año pasado, lo acaba de declarar. ¿No tiene conocimiento de los contratos?
Contestó: no. Ministerio público: Su Señoría, el Ministerio público, en esta
oportunidad, si quiere dejar constancia de la situación bastante particular que
se presentan no solamente con este testigo, sino con todos los que han pasado
y es que, desconocen todo el funcionamiento de la empresa y particularmente
la señora Stella es la propietaria y representante legal. Pareciere y queda en el
ambiente que se estuviese tratando de evitar alguna información que pueda
resultar relevante para el proceso. Quiero dejar esa constancia y no formulare
más preguntas por esta circunstancia. […]”. (Destacado de la Sala).

210. La declaración que rindió hasta este punto la señora Stella Rodríguez Díaz se
evidenció evasiva, incoherente, imprecisa y ausente de contextualización, que
permitiera un entendimiento sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
los hechos de su relato.

211. En efecto, no fue precisa y además fue contradictoria en torno a la fecha en que
asumió la condición de representante legal de la sociedad Transportes Especiales
de Betulia y Puerto Wilches S.A.S. Por ejemplo, en algunos momentos de su relato,
la testigo manifestó que asumió la representación legal de la empresa en mayo del
año 2023, fecha en que, según la prueba documental, fungía como tal la señora
Yuly Aidee Quintero Villar; y en otros manifestó que fue en el año 2024.

212. La declaración fue adicionalmente imprecisa en torno a su conocimiento sobre
el trámite de la compra del 100% de las acciones de la sociedad y evasiva sobre
las razones que motivaron la adquisición.

213. Asimismo, del interrogatorio formulado hasta este punto se aprecia
desconocimiento en torno al funcionamiento de la sociedad e imprecisiones y
respuestas evasivas sobre esa misma situación, razón por la cual el Ministerio
Público dejó constancia sobre el particular y ante la actitud de la testigo, manifestó
que se abstendría de continuar con el interrogatorio.

214. Posteriormente, la declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz se siguió de
la siguiente forma:

“[…] Despacho: Muy amable doctor [refiriéndose al Ministerio Público] Señora Stella,
¿usted declara renta?.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Contestó: sí, señora
Despacho: ¿y la compra de estas acciones está declarada?
Contestó: sí, señora.
Despacho: Debo preguntarle, señora Stella, ¿cuánto le valieron esas acciones?
Contestó: eh, no me acuerdo en el momento.
Despacho: Estamos hablando de una suma aproximada ¿en qué monto?
Contestó: Ahí está el abogado de la empresa y él le puede dar toda esa
información.
Despacho: Pero yo se la estoy preguntando es a usted, señora Stella.
Contestó: No, no me acuerdo en el momento el monto.
Despacho: ¿Y podría indicarle el Despacho cuál es pues, ¿cuál es su actividad
económica antes de comprar las acciones?
Contestó: Soy ama de casa, nada más.
Despacho: ¿Y puedo preguntarle cómo o con qué recursos compró esas
acciones?
Contestó: [la testigo guardó silencio. bajó la mirada y agachó la cabeza. No
respondió]
Despacho: Tranquila, díganos la verdad, porque esto es una, no es intimidarla…
estamos bajo la gravedad del juramento. Entonces necesitamos saber la
verdad.
Contestó: A mí me pidieron que sirviera de representante legal de la empresa de
este año, pero ya no más.
Despacho: ¿O sea que usted no tuvo los recursos para comprar las acciones?
Contestó: [la testigo realizó una manifestación inaudible y bajó la mirada]
Despacho: Bueno, entonces estamos frente a una situación bastante y con unas
presuntas implicaciones de toda índole, entonces… el Despacho… sí, correcto.
Estamos en unas implicaciones que diríamos... estamos en la búsqueda de la
verdad y cuando usted nos dice eso que la… que la buscaron para esto…
queremos saber ¿quién?
Contestó: Manuel Ardila y Marcela González,
Despacho: ¿Entonces, puedo afirmar aquí, presuntamente, que usted, pues
prácticamente ellos continúan a cargo de esta sociedad?
Contestó: Sí.
Despacho: ¿En cuanto al manejo la administración, estas cosas?
Contestó: Sí señora.
Despacho: Bueno, entonces dadas todas esas manifestaciones… el Despacho
se toma unos minutos para tomar algunas decisiones, que serán consultadas
con el señor agente del Ministerio público.

[…]

Despacho: Señora Stella una última pregunta porque ya diríamos tenemos
cosas muy claras. Pero solamente preguntarle si nos puede precisar las
circunstancias en las que se dio esta… este hecho que usted nos dice: “me
buscaron para ser representante” y concretamente ¿quién y en qué fecha?
¿cómo se verificó esas circunstancias? el Despacho le agradece su
colaboración… y diríamos, el hecho de que nos esté exponiendo esas razones.
Entonces solamente le voy a pedir que me precise ese aspecto, ¿quién la
buscó? ¿Y le dijeron que asumiera qué? o concretamente ¿cómo fueron esas
circunstancias, esos hechos?
Contestó: fue este año. Este año y me buscó la señora Marcela González que le
sirviera de representante legal de la empresa. Así no más. Desde el año pasado
eh… venimos hablando con ellos, con Manuel Ardila y Marcela y me dijeron que
fuera representante de la empresa… del año pasado.
Despacho: ¿desde el año pasado?
Contestó: más o menos desde mayo, más o menos para acá la fecha.
Despacho: ¿Y por qué le pidieron eso Stella?

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Contestó: Este porque ya iba a retirarse la señora Yuly entonces yo cogía ese
cargo ya.
Despacho: Y esto, en últimas. ¿la representación de esa empresa quien la hace?
Contestó: Manuel Ardila y doña Marcela González.
Despacho: ¿Y puede decirle al Despacho si para la época en la que Yuly
Quintero, también, aparentemente, fungió como representante, si para esa
época Manuel, el señor Manuel y Maryury Administraban la Sociedad?
Contestó: sí, para esa época si señora
Despacho: ¿ellos también eran como administradores de la sociedad?
Contestó: Sí, señora.
Despacho: ¿Y el señor Manuel diríamos hacía actos como de administración de
manejo de los contratos, en fin, estamos hablando para… para la época, por
decir octubre del 2023 que nos puede decir?
Contestó: sí, ellos son los encargados de la empresa Manuel Ardila y doña
Marcela.

[…]

Despacho: Apoderado de la parte demandada.
Apoderado de la parte demandada: [Asistencia virtual] Honorable magistrada
en estas circunstancias, realmente requiero analizar todo el compendio de las
consecuencias que esto genera para poder ejercer la respectiva defensa, si la
hay, para el día viernes.
Despacho: el día jueves doctor leonardo
Apoderado de la parte demandada: perdón. Sí señora, para el día jueves.
Despacho: correcto.
Despacho: Correcto entonces en este estado de la diligencia, señor secretario,
alguna complementación, igualmente que se incorpore en el expediente este
documento registro de accionistas de la empresa Transportes Especiales de Betulia
y Puerto Wilches “TRANSBETWIL S.A.S.” en donde aparece que el 14 de mayo 2024
que la señora Stella Rodríguez Díaz. aparece con un número de acciones totales de
13.050 y aparece pues como la única, llamémosla accionista de la sociedad, no,
estos documentos son los que deben ser anexados a la compulsa de copias que se
haga la Fiscalía, concretamente por la presunta falsedad de estos documentos
también.
Secretario de la diligencia: Su Señoría, conforme la orden impartida por el
Despacho se tomó reproducción fotográfica de la página primera del libro de
accionistas de las páginas 26 y 27 del libro y de la página primera del registro.
Despacho: Señora Stella, el Despacho le agradezco su asistencia a esta
audiencia, no sé si quiera decir algo más. para finalizar.
Contestó: no señora, gracias.
[…]”. (Destacado de la Sala).

215. En su recurso de apelación la parte accionada indicó que el juez suplantó la
labor de la parte actora y que la testigo Stella Rodríguez Díaz fue “[…] presionada
insistentemente […] no solo por la magistrada sustanciadora sino por el ministerio
público […]”, con preguntas “[…] atentatorias sobre su condición socioeconómica,
su rol como mujer, ama de casa […]”. Agregó que se realizaron preguntas
sugestivas que la parte accionada no pudo objetar y que todo lo anterior ocasionó
que la testigo “[…] sufriera una alteración evidente […]” de sus capacidades
cognoscitivas que afectó su declaración.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

216. Adicional a lo anterior indicó que la forma en que se condujo el interrogatorio
evidenció ausencia de imparcialidad y desconocimiento de las reglas sobre práctica
del testimonio.

217. Al respecto, conforme con el artículo 213103 de la Ley 1437, el juez podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de
la verdad, las cuales se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas
por las partes. Asimismo, que la facultad y obligación del juez de interrogar a los
testigos se deriva directamente de los incisos 1., 2. y 3. del artículo 221104 de la Ley
1564.

218. Cabe poner de presente que la parte demandada no interpuso recurso contra
el auto que decretó las pruebas del proceso, en especial, la prueba testimonial de
la señora Stella Rodríguez Díaz; ni presentó por escrito, con anterioridad a la
audiencia, ni en el transcurso de la misma, alguna tacha por inhabilidad, en los
términos del artículo 210 de la Ley 1564.

219. Tampoco objetó las preguntas realizadas durante el interrogatorio, conforme lo
establece el inciso cuatro del artículo 220 de esa misma normativa, la cual, contrario
a lo manifestado por el apelante, no establece limitación alguna105 en torno a la
posibilidad de las partes de objetar las preguntas realizadas durante el
interrogatorio, más allá de indicar que la objeción debe atender a “[…] las mismas
causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, y cuando fueren
sugestivas […]”.

220. En todo caso, la Sala considera que no está probado ni se observa que al
momento de rendir su declaración la señora Stella Rodríguez Dïaz hubiere
padecido de alteración mental o perturbación psicológica grave, o que se
encontrara bajo algún estado que implique inhabilidad en los términos de la norma
anteriormente señalada.

103
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley 1881.
104
“[…] ARTÍCULO 221. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes
reglas:
1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya
realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que
afecte su imparcialidad.
2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que
haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar
el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos.
3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la
razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada
hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o
contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y
alcance.
[…]”.
105
“[…] ARTÍCULO 220. FORMALIDADES DEL INTERROGATORIO. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de
quienes les precedan.
[…]

Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, y cuando
fueren sugestivas. En este evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano y sin necesidad de
motivar, mediante decisión no susceptible de recurso. […]”.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

221. Por el contrario, la declarante mantuvo un juicio de realidad y capacidades
mentales que le permitieron comprender las preguntas formuladas por la
magistrada ponente, por las partes y por el Ministerio Público, responderlas y dar
explicaciones, complementarlas e interpretarlas, sin que se haya observado en el
marco de la práctica de la prueba una conducta o manifestación que permita
concluir la existencia de alguna situación inhabilitante que impacte en su
credibilidad y, por ende, que tenga la virtualidad de restar fuerza probatoria a su
declaración por ese motivo.

222. Asimismo, se considera que las preguntas realizadas a la testigo fueron
respetuosas en torno a su condición de mujer, sin que se haya observado alguna
actitud discriminatoria o parcializada en relación con su condición de “[…] ama de
casa […]”106, como lo manifiesta la parte demandada.

223. Las preguntas realizadas a la testigo por parte del tribunal y por el Ministerio
Público versaron exclusivamente sobre los hechos que son materia de debate en
el trámite del presente medio de control y fueron pertinentes, conducentes, útiles,
necesarias, consecuenciales y buscaron siempre que la declarante describiera los
hechos sobre los cuales rendía su declaración, con el objeto de que esta cumpliera
con los requisitos previstos en el artículo 221 de la Ley 1564, en especial, que el
testimonio fuera “[…] exacto y completo […]” y exigiendo al testigo que expusiera
“[…] la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho […]”.

224. En ese orden, realizando un análisis de la diligencia y de la intervención de la
magistrada ponente en primera instancia y del Ministerio Público, resulta evidente
que el interrogatorio realizado a la señora Stella Rodríguez Díaz, no solo fue
respetuoso de los mandatos constitucionales y legales, sino que, en armonía con
la demás pruebas del proceso, se realizó con la comparecencia de todas las partes
e intervinientes y corrió traslado de las decisiones allí adoptadas a las partes y al
Ministerio Público107, se orientó, desde una perspectiva imparcial, a clarificar los
hechos, en beneficio de “[…] la obtención de una justicia material, fin último de
cualquier proceso […]”108, entre ellos, el de pérdida de investidura, máxime si se
tiene en consideración que subyace a esta clase de asuntos un interés general y
público orientado a garantizar la moralidad de la investidura de los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular.

106
“[…] Despacho: ¿Y podría indicarle el Despacho cuál es pues, ¿cuál es su actividad económica antes de comprar las
acciones?
Contestó: Soy ama de casa, nada más.
Despacho: ¿Y puedo preguntarle cómo o con qué recursos compró esas acciones?
Contestó: [la testigo guardó silencio. bajó la mirada y agachó la cabeza. No respondió]
Despacho: Tranquila, díganos la verdad, porque esto es una, no es intimidarla… estamos bajo la gravedad del juramento.
Entonces necesitamos saber la verdad. […]”.
107
Contrario a lo manifestado por el apelante, el tribunal no indicó en la audiencia que tomaría “[…] decisiones con el ministerio
público […]”, sino que, una vez escuchada la declaración de la señora Stella Rodríguez Díaz, “[…] entonces dadas todas esas
manifestaciones… el Despacho se toma unos minutos para tomar algunas decisiones, que serán consultadas con el señor
agente del Ministerio público. […]”. Se trata de manifestaciones subjetivas, carentes de prueba.
108
Corte Constitucional. sentencia T-503 de 30 de junio de 2011. M.P. doctor Humberto Antonio Sierra Porto.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
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225. Clarificado lo anterior, la Sala resalta de la declaración que rindió la señora
Stella Rodríguez Díaz los siguientes hechos relevantes:

225.1. Que no tenía la capacidad económica para adquirir el 100% de las acciones
de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.;

225.2. Que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora Maryury Marcela
González Álvarez iniciaron acercamientos orientados a solicitarle que fungiera
como representante legal de la sociedad, una vez terminara el periodo la señora
Yuly Aidee Quintero Villar;

225.3. Que pese a la presunta venta de acciones y la designación formal de la señora
Stella Rodríguez Díaz como representante legal, el señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas y la señora Maryury Marcela González Álvarez continúan materialmente al
frente de la sociedad y ejercen la representación de la misma; y

225.4. Que, incluso, para “[…] la época en la que Yuly Quintero […]” fungió
formalmente como representante legal de la sociedad, la administración material
recaía en el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y en la señora Maryury Marcela
González Álvarez. En especial, que estos eran los encargados de la administración
de la sociedad durante el año 2023, incluido el mes de octubre.

226. Teniendo en cuenta el análisis y valoración probatoria, la Sala considera que
en este caso está probado que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas celebró, por
interpuesta persona, a saber, la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S. y su representante legal, señora Yuly Aidee Quintero Villar,
un contrato con entidad pública y, por ende, que se configura el segundo supuesto
de la inhabilidad objeto de estudio.

227. Es importante anotar que la Corte Constitucional109 y el Consejo de Estado110,
han considerado que el estado civil de las personas es un hecho objeto de prueba,
a través de los medios probatorios establecidos por el ordenamiento jurídico.

228. Al respecto, el Consejo de Estado consideró que “[…] cuando el estado civil se
aduce como fuente de derechos y de obligaciones (artículo 1° Decreto 1260 de
1970) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101
y siguientes del Decreto 1260 de 1970, mientras que cuando se aduce una relación
parental, o simplemente parentesco para deducir consecuencias jurídicas distintas
a la esfera propia del estado civil como las concernientes a inhabilidades o
incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse
con la prueba del estado civil si lo hay o mediante cualquiera de los medios
probatorios legales, previstos en el […]” Código General del Proceso. (Negrilla
fuera de texto).

109
Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
110
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 24 de agosto de 2006, exp. 2005-01477-01(PI), C.P. Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta.

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229. En ese orden de ideas, la Sala considera, como se indicó anteriormente, que
se encuentra probado con la declaración que rindió el señor Armando Cassiani
Santamaría, la cual fue corroborada por la señora Yuly Aidee Quintero Villar, que
el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora Maryury Marcela González
Álvarez tienen la condición de compañeros permanentes.

230. La situación anterior es relevante en este caso concreto, si se tiene en cuenta
que la jurisprudencia111, aplicable al proceso de pérdida de investidura, ha
explicado que la celebración de contrato por interpuesta persona, para efectos del
régimen de inhabilidades por la conducta prevista en el numeral 3. del artículo 43
de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, permite en materia
societaria la aplicación de figuras como la subordinación y la presunción de
subordinación para efectos de determinar la “[…] realidad de control societario […]”,
que puede provenir de la existencia de participaciones individuales superiores al
50% del capital social o, en otros casos, de la existencia de vínculos entre los
accionistas que unido al de sus participaciones superen el 50% del capital social,
lo cual podrían llevar a un control conjunto y a la existencia de subordinación, con
la claridad de que el control incluso puede provenir de personas que, en apariencia,
no tiene la condición de socios.

231. Y es que, según se explicó anteriormente, las pruebas permiten concluir que,
para el 9 de mayo de 2023, fecha en que se realizó la junta de accionistas
extraordinaria núm. 008-2023112 que fue registrada en Cámara de Comercio, el
señor Manuel Eduardo Ardila Rojas tenía una participación accionaria del 21.15%
y la señora Maryury Marcela González Álvarez -su compañera permanente-
ostentaba una participación accionaria del 57.81%, lo que implica que, en conjunto,
ostentaban un real control de la sociedad al poseer más del 78% de las acciones,
subordinación que se encuentra probada y, en todo caso, se presume en los
términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y de la jurisprudencia
de esta corporación.

232. Se puede concluir que para esa fecha el accionado y su compañera ejercían
control y poder de subordinación al interior de la sociedad Transportes Especiales
de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., así como de los órganos que integran la
estructura societaria, entre ellos, la gerente o representante legal, lo cual se hizo
evidente con la declaración que rindió en este proceso la señora Yuly Aidee
Quintero Villar.

111
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de julio de 2015. Radicación núm.
110010315000201301621-00. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de marzo de 2011. Radicación núm. 230012331000200900011-01 C.P.
doctor Rafael E. Ostau Delafont Pianeta. En esta última se reiteran los siguientes pronunciamiento de la Sala Plena: sentencia
de 26 de agosto de 1994 “[…] C:P. Dolly Pedraza de Arenas. Radicación AC-1500. Actor: Jorge Rooselvet Leal Botello.
Demandado: Félix Salcedo Baldión. […]” y sentencia de 13 de noviembre de 1997 “[…] .P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo.
Radicación AC-5061. Actor: Mesa Directiva H. Senado de la República. Demandado: Henry Cubides Olarte. […]”.
112
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 28 y 29.

61

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233. Se debe resaltar que la representante legal fue postulada por la señora Maryury
Marcela González Álvarez y elegida por el voto unánime de los accionistas, entre
ellos el accionado, lo cual se constituye en un primer indicio de la existencia de
subordinación en relación con la persona natural que en su condición de
representante legal y a nombre de la sociedad, celebró el contrato con el municipio
el 26 de octubre de 2023.

234. Adicional a lo anterior, llama la atención de la Sala que la declaración que rindió
la entonces representante legal hubiere estado enmarcada en evasiones,
incoherencias y contradicciones en su relato, un ánimo de favorecer la tesis del
demandado y la evidente contrariedad de su declaración con las pruebas del
proceso. En especial, se reitera, la declaración fue abiertamente contraria a la
certificación GAC: C157-2023 de 23 de octubre de 2023113 suscrita por la revisora
fiscal de la sociedad, en la que hizo constar que el señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas y la señora Maryury Marcela González Álvarez tenían la condición de
accionistas para el 23 de octubre de 2023; y el anexo del informe de supervisión
final suscrito el 14 de noviembre de 2023114, en el que se evidencia que el
accionado y su compañera se encontraban vinculados a la sociedad para los meses
de septiembre y octubre de 2023.

235. La conducta de la señora Yuly Aidee Quintero Villar durante el interrogatorio
constituye además un indicio grave sobre la existencia de la precitada dependencia
en relación con el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y la señora Maryury Marcela
González Álvarez, que, sumado a la existencia de un móvil, permitiría concluir que
el accionado buscó, mediante una maniobra fraudulenta, evitar la inhabilidad
prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, y el castigo para tal conducta o minimizar el riesgo, acudiendo a
personas de confianza que se presumen guardarán silencio115.

236. La Sala no desconoce que la presunta venta de acciones por parte del
accionado y de su compañera tuvo lugar meses antes de la fecha en que se
realizarían las elecciones al concejo municipal de Puerto Wilches, a la cual aspiraba
el accionado, lo cual se constituye en un hecho adicional que indica el ánimo de
evadir la inhabilidad que surge de la celebración de contratos con el ente territorial.

237. En todo caso, la existencia de subordinación fue ratificada en la declaración
que rindió la señora Stella Rodríguez Díaz, quien manifestó que Manuel Eduardo
Ardila Rojas y Maryury Marcela González Álvarez iniciaron acercamientos
orientados a solicitarle que fungiera como representante legal de la sociedad, una
vez terminara el periodo la señora Yuly Aidee Quintero Villar.

238. Su relato deja entrever que la venta de acciones y la designación formal de la
señora Stella Rodríguez Díaz como representante legal, fueron actos simulados,

113
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Página 165.
114
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 133 a 135.
115
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de junio de 2021. Radicación
núm. 05001-23-33-000-2019-01747-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

en la medida en que la administración de la sociedad y la propiedad se mantuvieron
materialmente en cabeza del señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y de su
compañera, función que según explicó la declarante, cumplían en forma conjunta
de tiempo atrás, incluido el año 2023.

239. Las pruebas e indicios anteriores, en armonía con la certificación GAC: C157-
2023 de 23 de octubre de 2023116 suscrita por la revisora fiscal de la sociedad
Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S., en la que hizo constar
que para esa fecha el accionado y su compañera tenían la condición de accionistas
de la sociedad en una proporción superior al 78%, permiten a la Sala concluir que
la venta de acciones se constituyó en una simulación que es posterior a la fecha en
que se celebró el contrato con el municipio117, con el propósito, se reitera, de
transgredir la inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, encubrir la conducta contraria a la
normativa y evitar el castigo o, al menos, minimizar el riesgo, acudiendo a personas
de confianza.

240. Las anteriores constituyen pruebas directas e indicios que permiten concluir
que el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas y su compañera permanente
instrumentalizaron la precitada sociedad y a sus representantes legales con el
propósito de celebrar el 26 de octubre de 2023, por interpuesta persona, el
precitado Contrato núm. 326 de 2023 con el municipio de Puerto Wilches118, cuyo
propósito era el de prestar el “[…] SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE
2023 EN EL MUNCIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER […]”.

241. Por lo anterior, la Sala considera que se encuentra probado el segundo
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura objeto de
estudio.

II.5.1.3. Que la celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros

242. La Sala encuentra probado el interés propio del señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas en la celebración, por interpuesta persona, del Contrato núm. 326 de 26 de
octubre de 2023, en razón a que su objeto fue el de prestar el “[…] SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ELECCIONES TERRITORIALES DE 2023 EN EL MUNCIPIO DE PUERTO
WILCHES - SANTANDER […]”, y en el cual se pactó una contraprestación a su
favor por valor de once millones de pesos ($11.000.000.oo), generándole así un
beneficio, provecho o utilidad.

116
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 66. Página 165.
117
Por ende, la Sala considera que, contrario a lo manifestado por el apelante, las pruebas aportadas al proceso permitieron,
para efectos de la pérdida de investidura, desvirtuar la veracidad del contrato de compraventa de acciones presuntamente
celebrado entre el señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, la señora Maryury Marcela González Álvarez y la señora Stella
Rodríguez Díaz.
118
El artículo 1 de la Ley 136 establece lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 1.- Definición. El municipio es la entidad territorial
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los
límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población en su respectivo territorio. […]”.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00511-01
Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

243. Por lo anterior, la Sala considera que se encuentra acreditado que el señor
Ardila Rojas celebró el contrato por interpuesta persona, en interés propio, y, en
consecuencia, el tercer supuesto del elemento objetivo de la inhabilidad objeto de
estudio.

II.5.1.4. Que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del
concejal

244. La Sala encuentra probado que las elecciones al Concejo Municipal de Puerto
Wilches se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023119, razón por la cual el año
anterior a la elección del concejal comprende el período entre el 29 de octubre de
2022 y el 29 de octubre de 2023.

245. Asimismo, encuentra probado que el Contrato núm. 326 de 2023 fue celebrado
el 26 de octubre de 2023120.

246. En ese sentido, la Sala encuentra que se configura el cuarto supuesto de la
inhabilidad endilgada, debido a que el contrato celebrado entre el señor Manuel
Eduardo Ardila Rojas por interpuesta persona y el municipio de Puerto Wilches se
celebró dentro del periodo inhabilitante.

II.5.1.5. Que el contrato se ejecute en el mismo municipio en el cual resultó
elegido el concejal

247. Esta Sección ha considerado que para que concurra el último de los supuestos
de la causal de inhabilidad invocada por el solicitante, el contrato debe ejecutarse
materialmente en el respectivo municipio en el cual el miembro de la corporación
pública de elección popular resultó elegido como concejal.

248. La Sala considera que se cumple este supuesto si se tiene en cuenta que según
los documentos aportados al proceso como prueba, el Contrato núm. 326 de 26 de
octubre de 2023 se debía ejecutar “[…] entre el casco urbano y la zona rural, sector
norte del Municipio de Puerto Wilches (Santander) […]”121 y que, en efecto, las
actividades del contratista se ejecutaron en el municipio de Puerto Wilches y
durante el trámite de las elecciones, conforme consta en el informe de supervisión
final del contrato de 14 de noviembre de 2023122 y en el informe del contratista123,
suscrito por la señora Yuly Aidee Quintero Villar en su condición de representante
legal de la sociedad Transportes Especiales de Betulia y Puerto Wilches S.A.S.

249. Así las cosas, al haberse demostrado los requisitos concurrentes del elemento
objetivo de la inhabilidad prevista en el numeral 3. Del artículo 43 de la Ley 136,

119
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Documento 3. Páginas 2 a 13.
120
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 121 a 129.
121
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Página 108.
122
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 133 a 135.
123
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Documento 65. Páginas 139 a 141.

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

modificado por el artículo 40 de la Ley 617, la Sala entrará a analizar el elemento
subjetivo con el propósito de determinar si la conducta del accionado fue dolosa o
gravemente culposa.

II.5.2. El estudio del elemento subjetivo

250. La Sala, una vez acreditado que en el presente asunto el concejal acusado,
violó objetivamente el régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, tras haber incurrido en la
conducta descrita en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136, procederá a realizar
el análisis del elemento subjetivo.

251. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003,
establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura “[…] es un juicio
de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas
que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”. Para
establecer el grado de responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa
grave.

252. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 2016124 indicó que
en los procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad
objetiva, toda vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe
estar gobernado por los principios que forman parte integrante del debido proceso:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que
implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un
sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio
del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de
pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura
la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito
o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la
culpa […]”. (Negrilla fuera del texto).

253. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
2017, se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
124
Corte Constitucional, SU 424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, los cuales fueron
reiterados en la sentencia de 19 de abril de 2021125, cuyos apartes más relevantes
merece la pena transcribir:

“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura

124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).

[…]

126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.

127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).

[…]

130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su
conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo,
de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]

La conducta dolosa o gravemente culposa

133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.

125
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado núm.: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).

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134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.

135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.

136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

254. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige
analizar tanto los hechos como la ilicitud de la conducta; es decir, se debe
determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

255. Así las cosas, pueden presentarse dos hipótesis: la primera de ellas, si se
comprueba que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era
constitutivo de una causal de pérdida de investidura, se estaría en presencia de una
situación de total intención en la realización de esta, por ende, de un grado de
culpabilidad a título de dolo. La segunda hipótesis, cuando la persona no conozca
la ilicitud de la conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho
y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

256. Además de ello, el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse según
las condiciones personales del sujeto, el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon y los actos realizados para conocer dicho marco
normativo, entre ellos, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración de
la conducta, para determinar si se obró o no con el cuidado requerido y definir si la
conducta del infractor de la norma fue dolosa o gravemente culposa o, si, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de
su actuar.

257. Por otro lado, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la
conducta prohibida porque se actúa bajo el amparo de la buena fe cualificada, por
ejemplo: i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima y; ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.

258. La Sala considera que de los hechos probados y los indicios construidos a partir
de los mismos, es posible establecer que el accionado, señor Manuel Eduardo

67

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

Ardila Rojas, conocía el régimen de inhabilidades previsto para los concejales y por
ello pretendió, empleando una maniobra fraudulenta y prevalido de poder decisorio
e influencia dominante, utilizar la sociedad Transportes Especiales de Betulia y
Puerto Wilches S.A.S. para eludir la conducta constitutiva de inhabilidad que impide
a quien aspire a ser inscrito como candidato y ser elegido concejal celebrar
contratos con entidades públicas que deban ejecutarse en el respetivo municipio,
en interés propio o de terceros, dentro del año anterior a la elección, por lo que nos
encontramos ante un grado de culpabilidad doloso.

259. Se debe advertir que frente a los hechos objeto de este medio de control de
pérdida de investidura, el tribunal en primera instancia ordenó compulsar copias de
las piezas procesales y declaraciones rendidas en el proceso por el señor Armando
Cassiani Santamaría y las señoras Yuly Aidee Quintero Villar y Stella Rodríguez
Díaz, con destino a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de
la Nación y a la Superintendencia de Sociedades, para lo de su competencia, por
lo que esta Sección se abstendrá de dar noticia de lo acreditado y decidido en este
asunto, a las autoridades respectivas.

260. Con fundamento en las razones expuestas y al encontrarse demostrados los
elementos objetivos y el subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, en concordancia con el numeral 3.
del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, esto es,
por violación del régimen de inhabilidades, la Sala confirmará la sentencia de 2 de
septiembre de 2024 proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Santander, que decretó la pérdida de investidura del señor Manuel Eduardo Ardila
Rojas, quien resultó elegido concejal del municipio de Puerto Wilches (Santander),
para el período constitucional 2024-2027.

II.6. Conclusiones

261. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que reposan en el
expediente, se demostró que el concejal del municipio de Puerto Wilches para el
periodo 2024 - 2027, señor Manuel Eduardo Ardila Rojas, incurrió en los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de inhabilidades establecido en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, por
incurrir en la conducta establecida en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617.

262. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 2 de septiembre de 2024
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto
decretó la pérdida de investidura del accionado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

68

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Accionante: Luis Eduardo Solano Gallego

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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