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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00602-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00602-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar los numerales primero y segundo, y confirmar todos los demás, de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Nelly Maritza González Jaimes, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00602-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes
Demandado: Procurador Delegado con Funciones Mixtas No. 6 y otro

Temas: Tutela contra acto administrativo / Negativa ante solicitud de
permiso laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Procurador Delegado con Funciones
Mixtas No. 6 y la Procuraduría General de la Nación, en contra de la sentencia
proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Nelly Maritza González Jaimes promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la vida, trabajo, dignidad humana, familia,
a la protección integral e interés superior de los niños y niñas, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la negativa frente a la solicitud de permiso remunerado
para el 17 y 18 de septiembre de 2024.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El 3 de septiembre de 2024, como procuradora 159 Judicial II para la Conciliación
Administrativa, se me informó sobre la celebración y asistencia obligatoria al
«Encuentro de Procuradores Judiciales Administrativos», los días 17 y 18 de septiembre
en Bogotá.

ii) El 5 de septiembre de 2024, radicó a través del aplicativo INSAP ante su jefe
inmediato, solicitud para que le fuera autorizada la inasistencia al mencionado
encuentro, y se le otorgara permiso de 4 horas en las tardes de aquellos días para
cuidar sus nietos. Petición que fue reiterada y adicionada, en el sentido de informar

1 Ver índice 3 de SAMAI en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado
«11ED_3_ExpedienteDigi_yan(.pdf) NroActua 3»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

acerca de su condición de salud.

iii) Luis Ramiro Escandón Hernández, Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa, en comunicaciones del 6 se septiembre siguiente le informó que no
encontró justificado el permiso solicitado ni la asistencia al encuentro, por lo que no
lo autorizó.

iv) El 9 y 10 de septiembre de 2024, reiteró la petición de permiso ante la Procuradora
General de la Nación, sin que haya recibido respuesta alguna.

v) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados, toda vez que, debido a sus
condiciones familiares, tenía la calidad de madre cabeza de familia, y la no concesión
de lo solicitado se encontraba ante la configuración de un perjuicio irremediable, toda
vez que podría ser sujeto disciplinable al no tramitar la correspondiente comisión de
servicios para asistir al evento académico.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta y la medida provisional peticionada,
la Sala entiende que lo pretendido por la demandante es que se le ordenara a la parte
demandada concederle la solicitud de permiso remunerado por 4 horas, para los días
17 y 18 de septiembre de 2024, así como su inasistencia al «Encuentro de Procuradores
Judiciales Administrativos», que se celebraría en esos días en la ciudad de Bogotá.

1.2. Actuaciones preliminares en primera instancia

Mediante decisión del 13 de septiembre de 2024, la magistrada ponente resolvió:

«[…] SEGUNDO: DECRETAR MEDIDA PROVISIONAL, consistente en ORDENAR a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: que de forma inmediata a la comunicación
de esta decisión: i) conceda permiso no remunerado por cuatro (4) horas de las 13:00
horas a las 17:00 horas para los días 17 y 18 de septiembre de 2024, o permiso
remunerado en la misma fecha de dos (2) horas entre las 14 horas a las 16 horas,
modificando el horario de trabajo para los días citados en la jornada de las 07:00 a las
16:00 horas, a favor de la doctora Nelly Maritza González Jaimes, como Procuradora 159
Judicial II para la Conciliación Administrativa, ii) exonerarla de participar en el Encuentro
de Procuradores Judiciales Administrativos en la ciudad de Bogotá, para los días 17 y 18
de septiembre de 2024, iii) en el evento que el Encuentro de Procuradores Judiciales
Administrativos previsto para los días 17 y 18 de septiembre de 2024 en la ciudad de
Bogotá, sea transmitido mediante plataformas tecnológicas, informarlo a la doctora
González Jaimes para su participación remota […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

1.3.1. El Sindicato de Procuradores Judiciales2 requirió que se admitiera su
coadyuvancia en el presente asunto y se accediera a lo pretendido, toda vez que el
permiso remunerado o de ajustar temporalmente su jornada laboral, es una medida

2 Ver índice 10 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado
«14_MemorialWeb_Otro-COADYUVANCIAACCION(.pdf) NroActua 10»

2

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

que se enmarca en las obligaciones que la procuraduría tiene, según la Convención
sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

1.3.2. El Procurador Delegado con Funciones Mixtas No. 63 solicitó se negara lo
pretendido, ante la inexistencia de vulneración a derechos fundamentales, toda vez
que los hechos referidos por la demandante para no asistir al encuentro no
constituían una causa justificable e insalvable para no ir a una jornada laboral, pues,
la custodia de los menores se encuentra en cabeza de su hija y no de ella, por lo que
tampoco es cierto que tenga la condición de madre cabeza de familia.

Punto en el cual refirió que, según el decir de la propia demandante, su hija para los
días referidos tenía una actividad laboral organizada por la empresa Molinos de
Colombia S.A.S., respecto de lo cual, llamó la atención que la certificación aportada
para acreditar su dicho, no la firmó el representante legal de la empresa, sino quien
dijo ser la asistente de gerencia, ni se anexó el certificado de su existencia y
representación.

Asimismo, puso de presente que este año se le ha autorizado sin discusión alguna
los permisos que ha solicitado, y pese a que resultó comprensible su condición de
abuela, lo cierto es que en atención a las funciones que desempeña y que el
encuentro es convocado durante dos días hábiles, se espera que los procuradores
puedan asistir.

Finalmente, respecto a la coadyuvancia presentada por el sindicato, cuando hacen
referencia a los derechos de la familia y de la niñes en relación con el trabajo digno
en condiciones iguales, omitieron mencionar que la demandante no es madre cabeza
de familia, ni tiene la custodia de los menores.

1.3.3. La Procuraduría General de la Nación4 solicitó que se negara el amparo
pretendido ante la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales
invocados y la configuración de un perjuicio irremediable, pues, la demandante no
cumplió con los presupuestos para que se le pueda considerar madre cabeza de
familia, en razón a que sus hijos ya alcanzaron la mayoría de edad, y tampoco ha
solicitado ante la División de Gestión Humana de la entidad tal reconocimiento.

Respecto de la petición de permiso elevada por la demandante, informó que mediante
oficio del 16 de septiembre de 2024 se le indicó que la autorización de estos
corresponde a los superiores inmediatos, en este caso, al doctor Luis Ramiro
Escandón Hernández, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa,
razón por la que se encontraba en imposibilidad de concederla; aspecto en los que
el juez de tutela no puede reemplazar las decisiones adoptadas por las entidades en
el marco de los trámites administrativos.

3 Ver índice 18 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado
«25_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAPROCURADOR(.pdf) NroActua 18»
4 Ver índice 19 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado

«26_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 19»

3

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

1.3.4. La demandante5 en informe posterior allegó el certificado Adres, certificado de
existencia y representación de la sociedad comercial MOLINOS DE COLOMBIA
S.A.S., certificado de vinculación mediante contratos de obra o labor contratada de
María Fernanda Oyuela González con la sociedad, copia de los contratos celebrados
y copia del registro civil de nacimiento.

Así, indicó6 que no entiende la carga gravosa que la entidad demandada exige a sus
servidores, ni los cuestionamientos que rayan con el fuero personal y la intimidad
propia de cada individuo, sin tener en cuenta el principio de la buena fe, toda vez que,
para el caso en particular, es la única red de apoyo de su hija para el cuidado de los
menores.

1.4 Sentencia de primera instancia7

El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 27 de septiembre de 2024,
amparó los derechos fundamentales de Nelly Maritza González Jaimes, como
procuradora 159 judicial II para la Conciliación Administrativa, al considerar que la
decisión de negar el permiso por parte del Procurador Delegado es irracionable y
desproporcional, y además perpetúa patrones de desigualdad de género, al pasar
por alto las diferentes dimensiones de las vidas de las mujeres trabajadoras en
contextos de cuidado de sus familiares cercanos.

Que, si bien es un deber dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al
desempeño de sus funciones, aquel se enfrenta al derecho de obtener permiso
remunerado de hasta 5 días al mes para atender situaciones personales y familiares
para así obtener un equilibrio adecuado entre la vida familiar y el ámbito laboral.

Y que, en cuanto a los argumentos traídos por la demandante de ser madre cabeza
de hogar, se probó que el permiso fue justificado con la única razón de asistir a sus
nietos por unas cuantas horas con la finalidad de llevarlos y recogerlos del colegio,
ante la imposibilidad de su madre para hacerlo.

1.5. Escrito de impugnación8

La Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión del a quo, de conformidad
con los siguientes argumentos:

5 Ver índice 20 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado
«Memorial_NGJ_29Otro(.pdf) NroActua 20»
6
Ver índice 21 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado
«Memorial_NGJ_43Otro(.pdf) NroActua 21»
7 Ver índice 26 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado

«49SentenciadePr_68001233300020240060(.docx) NroActua 26»
8 Ver índice 29 de Samai en el expediente 68001233300020240060200. Archivo denominado

«50_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONFALLODE(.pdf) NroActua 29»

4

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

La negativa para otorgar el permiso remunerado no desconoció los principios y/o
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que la demandante
fundamentó su solicitud en la calidad de madre cabeza de familia, de la cual no goza
ni la ha reportado al empleador.

Según el artículo 132 del Decreto Ley 262 de 2000 los servidores de la Procuraduría
General de la Nación tendrán derecho a permisos remunerados en un mes por causa
justificada, y acá se acreditó una razón objetiva para la negativa de un permiso
remunerado, como lo fue la programación del Encuentro de Procuradores para
Asuntos Administrativos 2024, evento que se realiza por lo general cada dos años, y
que conlleva esfuerzos institucionales importantes para su organización, y por ende
es necesaria y obligatoria la asistencia.

Por otra parte, el Procurador Delegado con Funciones Mixtas No. 6 también impugnó
la decisión del a quo, al referir que:

La negativa frente al permiso solicitado no contrarió los criterios de razonabilidad y/o
proporcionalidad, ni vulneró los derechos invocados por la demandante, ni el deber
de protección integral e intereses superiores de los menores, toda vez que se esperó
una conducta alineada con las responsabilidades, deberes y funciones que el
ejercicio de su cargo conlleva.

Existió una instrumentalización de la causa de igualdad género y de los menores de
edad, pues, nada se dijo, analizó o concluyó sobre las razones que arguyó la
procuradora para justificar su inasistencia al encuentro.

En una simple ponderación frente a dos compromisos laborales, esto es, el de la
demandante y el de su hija, madre de los menores, quien debía ceder en su jornada
laboral para la protección de los niños, era esta última, y más aún cuando existen
indicios de que tal compromiso no existió, por cuanto en el sistema de información
sobre seguridad social, no aparece registro de que María Fernanda Oyuela González
para la fechas debiese trasladarse de la ciudad por decisión de la empresa Molinos
de Colombia S.A.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en los escritos de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico; iii) procedencia de la tutela contra actos administrativos: comunicaciones
desfavorables de permiso; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

5

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Procurador Delegado con Funciones Mixtas No. 6
vulneró los derechos fundamentales de Nelly Maritza González Jaimes al negarle la
solicitud de permiso remunerado por 4 horas, para los días 17 y 18 de septiembre de
2024, y para inasistir al Encuentro de Procuradores Judiciales Administrativos, en
tanto no consideró los hechos expuestos como una justa causa?

2.2. Procedencia de la solicitud tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.2.1. Procedencia de solicitud de tutela contra comunicaciones desfavorables
de permiso

El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la improcedencia de la
solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de
manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en
que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de
defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

6

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia T-548 de 201012:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos
cuya protección se invoca […]».

La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de tutela para
suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos de carácter
particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del proceso por la
parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como mecanismo
definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para la defensa
judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-244
de 201013:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de
existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de
esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la
práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la
jurisprudencia de esta Corporación […]».

Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que presenta
las características de inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente,
en relación con las medidas a adoptar para evitar su consumación, aplicando para el
efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico
protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable]
relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la tutela sea
adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad.

En cuanto a los actos administrativos expedidos con ocasión de las solicitudes de
permiso, se advierte que son dos las posibilidades que se puede presentar; pues,
este puede ser concedido o no, y, será el jefe inmediato quien determine si el motivo
que lo originó tiene mérito suficiente y así definirá si hay lugar o no a concederlo.

Expuesto lo anterior, definir la procedencia de la solicitud de tutela respecto de actos
desfavorables de permiso, dependerá de la vulneración a derechos fundamentales,
cuando pese a estar acreditada una justa causa para ausentarse de su trabajo, sea
negado sin la competencia y sustentación necesaria.

12
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
13
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

7

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

2.5. Análisis de la Sala

Nelly Maritza González Jaimes acude al juez de tutela con el fin de lograr el amparo
de sus derechos fundamentales, los cuales consideró vulnerados ante la negativa a
su solicitud de permiso, emitida por el Procurador Delegado con Funciones Mixtas
No. 6, al considerar que la justificación expuesta no configuraba una justa causa.

Al respecto, se recuerda que el tribunal de tutela de instancia accedió a la solicitud
de amparo, bajo las siguientes consideraciones:

«[…] La Sala concluye que, al negar el permiso solicitado a la accionante no solo se
vulneran sus derechos laborales, sino que también podría afectar el interés superior de
los menores, pues no se consideraron las urgencias y vulnerabilidades que presentaba la
situación familiar. En consecuencia, la decisión del Procurador Delegado no solo, no es
razonable y desproporcional, sino que perpetúa patrones de desigualdad de género que
deben ser desmantelados para garantizar un entorno laboral y familiar equitativo.

Además, aunque se cumplió la medida cautelar y se logró satisfacer el objeto de la
presente acción, la falta de reconocimiento de los derechos laborales y familiares de la
accionante resalta la necesidad de que, en situaciones futuras, y al decidir sobre los
permisos laborales de los empleados a cargo, se integre un enfoque de género,
asegurando que se valoren adecuadamente las múltiples dimensiones de las vidas de las
mujeres trabajadoras en contextos de cuidado de sus familiares más cercanos. […]» (sic)

En razón a los anterior argumentos, se recuerda que la Constitución Política
determinó que «[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica»14; es decir, las mujeres tampoco
deben ser discriminadas ni sometidas a tratos desiguales y/o violentos de ningún tipo,
esto es, físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial.

Sin embargo, la Sala recuerda que la realidad social en general evidencia que las
mujeres día a día se encuentran en mayor riesgo de enfrentarse a conductas que las
ponen en un alto grado de vulnerabilidad, en razón a los estereotipos en que han sido
encasilladas por la sociedad; situaciones frente a las cuales existen mecanismos
normativos relevantes como:

«[…] la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, acogida por
Colombia mediante la Ley 51 de 1981, de cuyo articulado se extraen las obligaciones
impuestas a los Estados parte, como el hecho de «[m]odificar los patrones socioculturales
de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres»15, «reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la
ley»16, entre muchas otras.

14 Artículo 13 Constitución Política.
15
Literal a) artículo 5.
16
Numeral 1 artículo 15.

8

Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

Asimismo, «la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (1981), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer (1993) y, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Por otra parte, la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994,
aprobada mediante Ley 248 de 1995, en su artículo 4 reconoce que «[t]oda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y
a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos», entre estos, «[…] El derecho a igualdad de protección ante la ley y
de la ley; [y] [e]l derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos; […]»17.

A su vez, mediante Ley 1257 de 200818, en protección de los derechos de la mujer, se
ordenó «la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción
de las políticas públicas necesarias para su realización.»19 […]»(sic)

La Corte Constitucional en la sentencia C- 203 de 2019, entre otras20, en cuanto a la
perspectiva de género, señaló:

«[…] La jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con múltiples sentencias que
desarrollan las normas constitucionales que reconocen el derecho a la igualdad de las
mujeres. En realidad la necesidad de este reconocimiento en la Constitución y a lo largo
de la jurisprudencia se debe al contexto histórico y social que existía antes de la década
de los años 90.21 La propia Corte reconoce que las mujeres tanto en el ámbito político
como el doméstico han tenido que reivindicar sus derechos y luchar por tener espacios
efectivos de participación.22 En palabras de la Corte: “La situación de desventaja que en
múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada a la
existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los reclamos de
liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la consecuente proyección de
esa lucha en el campo de la igualdad formal y sustancial (…) Las consideraciones acerca
de la inferioridad de la mujer y de su sometimiento a la voluntad del varón, tienen una
larga historia; a este respecto basta recordar que en los albores del estado liberal, las

17
Ver sentencia de tutela del 28 de abril de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01806-00.
18 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación

contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.
19 Artículo 1.°.
20 Ver también T-624 de 1995, C-588 de 1992, C-410 de 1994, C-068 de 1999, C-082 de 1999, C-112 de 2000, C-

1440 de 2000, C-007 de 2001, C-507 de 2004, C-101 de 2005, C-804 de 2006, C-278 de 2014, entre otras.
21 Esto lo reconoce la Corte en su jurisprudencia constantemente: “Ahora bien, el sometimiento de la mujer a la

voluntad del hombre no solamente estaba reflejada en el ámbito familiar, cultural y social, sino que irradió el
campo del derecho y, en ese sentido, las instituciones jurídicas reflejaron ese estado de cosas con la expedición
de leyes que reforzaban la práctica de la discriminación de la mujer, aunque valga aclarar, también el legislador
en un proceso de superar esa histórica discriminación, ha adoptado medidas legislativas tendientes a mermar los
efectos de las situaciones de inferioridad y desventaja que sometían a las mujeres. Eso se puede observar con
claridad, realizando una breve reseña de nuestro ordenamiento jurídico. || En efecto, hasta 1922 las mujeres no
podían ser testigos porque se desconfiaba de su manera de percibir, de recordar y de relatar lo percibido, es
decir, carecían de capacidad de razonamiento y deliberación; mediante la Ley 8 de 1922 se les permitió ser
testigos. Solamente hasta el año de 1932 con la expedición de la Ley 28 de ese año, se les confirió a las mujeres
casadas capacidad civil plena, porque antes de la expedición de esa ley eran tratadas como menores de edad y,
en consecuencia, no podían ejercer actos de disposición y administración de sus bienes sino por intermedio de
su cónyuge, que era su representante legal. En la Constitución de 1886 sólo los colombianos varones mayores
de 21 años eran ciudadanos (…)”. Corte Constitucional, sentencia C-101 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra; SV
Rodrigo Escobar Gil).
22 Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV Marco Gerardo Monroy

Cabra; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Nilson Pinilla Pinilla).

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Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

revoluciones americana y francesa produjeron declaraciones de derechos humanos, pese
a lo cual el nuevo orden se abstuvo de reconocer los derechos de participación política de
las mujeres, quienes también fueron excluídas de otras esferas reservadas a los hombres.
La preocupación básica se tradujo entonces en el logro de la igualdad jurídica, empeño
que actualmente, y luego de una lenta evolución, cristaliza en el reconocimiento formal de
la igualdad entre los sexos en el ordenamiento jurídico de numerosos países y en el plano
internacional”.23

Razón por la cual, de ser el caso, los jueces tienen el deber de presentar un enfoque
de género en aquellas controversias en que la mujer pueda verse en situaciones de
discriminación basadas en estereotipos socioculturales, que la pongan en desventaja
frente a una recta e imparcial administración de justicia24.

Precisado lo anterior, para mayor claridad de la situación particular de la demandante,
de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, la Sala encuentra acreditado lo
siguiente:

• Nelly Maritza González Jaimes labora en la Procuraduría General de la Nación,
como procuradora 159 judicial II para la conciliación administrativa, y cuyo jefe
inmediato es el procurador delegado con funciones mixtas No. 6.

• Mediante correo electrónico del 5 de septiembre de 2024, solicitó a su jefe
inmediato, y ante el vencimiento del término para pedir comisión de servicios, permiso
para no asistir al Encuentro de Procuradores Judiciales Administrativos que se
llevaría a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 2024 en la ciudad de Bogotá, así:

23 Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz).
24
T-338 de 2018 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

• Solicitud que fue reiterada el 6 de septiembre de 2024, como se observa:

• En la referida fecha, el procurador delegado con funciones mixtas No. 6, emitió
decisión negativa respecto de conceder el permiso solicitado, en los siguientes
términos:

• Frente a la negativa, la demandante insistió en su solicitud de permiso en similares
términos ante la procuraduría general de la nación; respecto de la cual con Oficio
1110030000000 - 18890/2024/GD del 16 de septiembre de 2024, se le informó:

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Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

«[…] En relación con lo expuesto, le informamos que esta Secretaría General no tiene la
competencia para pronunciarse respecto de su solicitud de autorización para ausentarse
del encuentro de Procuradores Judiciales en Asuntos Administrativos. De igual forma, está
en imposibilidad de conceder el permiso ordinario, puesto que acceder a sus solicitudes
desbordaría la competencia institucionalmente asignada, dado que, el doctor Luis Ramiro
Escandón Hernández, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, es quien
tiene la competencia para decidir frente al particular, previa valoración de si existe la
“causa justificada” a que se refiere el artículo 132 del Decreto 262 de 2000, para no cumplir
con su deber legal como servidora pública de “Dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas (…)”25, por
tratarse de su superior inmediato y encontrarse en ejercicio de sus funciones en el
mencionado empleo […]».

De conformidad con lo expuesto, se observa que la Procuraduría General de la
Nación emitió concepto de falta de competencia frente a la solicitud de permiso
presentada por Nelly Maritza González Jaimes; por su parte, el procurador delegado
con funciones mixtas No. 6, jefe inmediato, negó su pedimento al considerar que: i)
el permiso que solicita es remunerado y no consideró que fuera justificado, y ii) resulta
irregular que ante la negativa del permiso invocara condiciones médicas, para no
asistir a los dos únicos días que se le requiere para participar en una jornada conjunta
con todo su equipo de trabajo.

Al respecto, resulta oportuno referir las normas que rigen los permisos en la
Procuraduría General de la Nación, pues, contrario a lo considerado por el a quo, la
decisión desfavorable frente al permiso requerido no se tornó irrazonable, ni
desproporcional.

El Decreto Ley 262 de 200026 reconoce como un derecho de los servidores de la
Procuraduría General de la Nación acceder a «permisos remunerados» r causa
justificada. Dice la norma:

Artículo 132. Permisos. Los servidores de la Procuraduría General tendrán derecho a
permisos remunerados en un mes, por causa justificada, siempre y cuando no se
soliciten los últimos días de un mes acumulados a los primeros del mes siguiente, así:

El Procurador General, el Viceprocurador General, los procuradores delegados, los
procuradores auxiliares, el secretario general hasta por cinco (5) días, los demás
empleados, hasta por tres (3) días.

Si un servidor ha disfrutado de permiso, y le sobreviene una calamidad doméstica, tendrá
derecho a tres (3) días más, para lo cual deberá aportar la prueba pertinente dentro de los
diez (10) días siguientes. […]

25 Ley 1952 de 2019, por la cual se expide el Código General Disciplinario:

“Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público: (...) 12. Dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones
legales. (...)”
26 […] Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación

y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de
la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se
regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos […]

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Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

En cuanto a la presentación de la solicitud dispuso:

Artículo 133. Solicitud. El permiso remunerado de que trata el artículo anterior deberá
solicitarse por escrito, de ser posible con tres (3) días de anticipación a la fecha en que se
hará uso del mismo.

Por su parte, la Resolución 102 del 31 de marzo de 2022 de la Procuraduría General
de la Nación27 asignó a la Secretaría General el trámite y análisis de los permisos de
los funcionarios, únicamente, ante ausencia del jefe inmediato, en los siguientes
términos:

Artículo primero. - permisos ordinarios remunerados.

[…]

De conformidad con la Resolución 531 del 13 de octubre de 2017 las solicitudes de
permisos, días compensatorios y vacaciones suscritas por el Viceprocurador General de
la Nación, Procuradores Delegados, Procuradores Auxiliares, Directores, Procuradores
Regionales, Procuradores Distritales y Jefe de Oficina, deben ser elevadas ante el
Secretario General.

Los demás funcionarios de la Entidad que requieran permiso ordinario para ausentarse
de la Entidad, deberán realizar las solicitudes de permiso ordinario por escrito a su
superior inmediato; en caso de ausencia de éste, le corresponderá al Secretario General
tramitar el permiso solicitado.

Ahora bien, como lo solicitado por la demandante también conllevaba a que se le
autorizara su inasistencia al «Encuentro de Procuradores Judiciales Administrativos»,
por lo que no tramitó la comisión de servicios pertinente, se hace necesario referir
dicha figura en concordancia con los deberes de los funcionarios de la entidad, según
el Decreto Ley 262 de 2000, así:

Artículo 94. Comisión De Servicio. La comisión de servicio se presenta cuando el servidor
público ejerce temporalmente las funciones propias de su empleo en lugar diferente de la
sede habitual de su trabajo, o cuando se desarrollan transitoriamente actividades oficiales
distintas de las inherentes al empleo del cual es titular pero relacionadas con él, como
asistir a reuniones, conferencias, seminarios o realizar trabajos de investigación o visitas
de observación que interesen a la Procuraduría General de la Nación.

El cumplimiento de las comisiones de servicio hace parte de los deberes de todo
servidor público de la Procuraduría General y no constituye forma de provisión de
empleo.

Precisado lo anterior, se recuerda que, por un lado, la demandante solicitó
autorización para no asistir al pluricitado encuentro a realizarse el 17 y 18 de
septiembre de 2024, y permiso remunerado de 4 horas para ausentarse en los
mismos días, esto, según su decir, al tener la calidad de madre cabeza de familia, y
porque su hija debía viajar por cuestiones laborales, por lo que al ser su red de apoyo
debía atender los cuidados y necesidades de sus nietos.

27 Por medio de la cual se modifica la Resolución 531 del 24 de mayo de 2019

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Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

Posteriormente, al no recibir respuesta, reiteró su solicitud, pero esta vez, con
fundamentó en quebrantamientos en su salud, pues, según indicó, es paciente de
alto riesgo cardiovascular, razón por la que debe manejar y evitar situaciones que le
generen estrés. Ante la negativa, acudió a la procuraduría general de la nación, ante
quien precisó que el permiso remunerado solicitado lo podía ajustar a solo dos horas
cada día.

Ocurrido ello, finalmente, la parte demandada negó la solicitud de permiso, al
encontrar que las razones que lo sustentaban no configuraban una justa causa, pues,
se trataba de una jornada laboral de capacitación de carácter obligatorio y más en
razón al cargo de la demandante, así como la particularidad de que, al ser
comunicada del encuentro, precisamente solicitara permiso para la misma fecha,
primero para apoyar el cuidado de sus nietos, y luego, ante la negativa inicial, por
razones de salud, cuando nada comunicó al respecto durante todo el año.

Para la Sala, y en atención a los escritos de impugnación, más allá de precisar la
situación laboral de María Fernanda Oyuela González, hija de la demandante, y si
tenía o no el viaje de carácter laboral advertido, lo cierto es que en ella recae la
responsabilidad del cuidado de sus hijos en un primer momento, lo cual de ninguna
manera desconoce que pueda ser apoyada por su madre y, mucho menos, que esa
situación genere la calidad de madre cabeza de familia invocada.

Es claro entonces que, de conformidad con lo anterior, las normas no señalan los
eventos que constituyen una justa causa, por lo que es potestad del jefe inmediato
evaluar si es viable o no autorizar el permiso pretendido, tal como sucedió en el caso
en concreto, pues, su superior inmediato dentro del marco de sus competencias,
evaluó la justificación otorgada y encontró que no configuraba una causa justificada;
por el contrario, si la necesidad e importancia de su asistencia al «Encuentro de
Procuradores Judiciales Administrativos».

Así, contrario a lo señalado por la tutelante, no se evidencia que la autoridad
demandada haya incurrido en irregularidad alguna en su labor, pues lo cierto es, que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 es un deber de
los funcionarios, el dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones encomendadas, dentro de las cuales se encuentra la
comisión del servicio para asistir a encuentros de gran importancia, frente a lo cual,
su jefe inmediato expuso argumentos razonables para negar el permiso solicitado,
punto que llama la atención de la Sala, en atención al cambio de argumentos
propuestos por la demandante para lograrlo.

Expuesto lo anterior, la Sala difiere del planteamiento realizado por el a quo referente
a la perspectiva de género, pues, en este caso la negativa a una solicitud de permiso
no constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la demandante ni
la pone en condición de desigualdad «por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica», pues, como ya se precisó, es
competencia del jefe inmediato evaluar el caso en particular y determinar si los

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Radicado: 680012333-000-2024-00602-01
Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

hechos constituyen o no una justa causa, lo cual ocurrió en el presente asunto, pues,
el superior inmediato de Nelly Maritza González Jaimes, negó el permiso al
considerar que no era justificado, luego de evaluar las razones expuestas, la
importancia de su asistencia al evento en razón al cargo y las pruebas allegadas.
Máxime cuando a la demandante ya se le habían autorizado otros permisos
solicitados en diferentes ocasiones.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará los numerales
primero y segundo, y confirmará todos los demás, de la decisión del a quo; en su
lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales de Nelly Maritza González
Jaimes, en la solicitud de tutela presentada contra el procurador delegado con
funciones mixtas No. 6 y otro.

Sin perjuicio de lo expuesto, no sobra advertir que finalmente, la materialización del
permiso concedido obedeció a la orden emanada por el juez de tutela de primera
instancia, sin que ello pueda implicar alguna consecuencia adversa a la demandante,
en razón a la revocatoria de la orden de amparo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar los numerales primero y segundo, y confirmar todos los demás, de
la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Nelly
Maritza González Jaimes, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: Nelly Maritza González Jaimes

Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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