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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00607-01

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00607-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y, en su lugar, dispone: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por Michelle González Casafús en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, conforme a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Michelle González Casafús, vulnerado por el Municipio de Lebrija, protección que está sujeta a que la tutelante ejerza el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, en los términos del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, y que estará vigente hasta que el juez administrativo resuelva las medidas cautelares que solicite la accionante al interior del referido proceso, salvaguarda que, en todo caso, no podrá ser inferior al periodo de lactancia. 40 “Artículo 2.2.3.4.3. Pago de prestaciones económicas. (…) De presentarse incumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de la entidad promotora de salud o entidad adaptada, el aportante deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, de acuerdo con sus competencias, esta entidad adelante las acciones a que hubiere lugar. (…)”. 20 Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01 Accionante: Michelle González Casafús TERCERO: ORDENAR al Municipio de Lebrija que garantice la permanencia de la tutelante en un empleo igual o equivalente al que desempeñaba antes de que su nombramiento fuera declarado insubsistente, protección que estará vigente hasta que el juez administrativo resuelva las medidas cautelares que solicite la señora González Casafús al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho referido en el numeral anterior, salvaguarda que, en todo caso, no podrá ser inferior al periodo de lactancia. En caso de que se adopte una decisión definitiva por parte del Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, en el marco del medio de control […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00607-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

18 de noviembre de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Actor: Michelle González Casafús
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y otro
Referencia: Acción de tutela

Tema 1: tutela por falta de vinculación a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Subtema 1.1: incumplimiento del requisito de subsidiariedad – proceso en curso. Tema 2: tutela por
declaración de insubsistencia en estado de embarazo. Tema 2.1: requisitos generales de
procedencia. Subtema 2.2: presupuesto de subsidiariedad. Subtema 2.3: estabilidad laboral
reforzada. Subtema 2.4: fuero de maternidad. Subtema 2.5: alcance de la protección empleada en
provisionalidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que formuló el Municipio de Lebrija en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), que accedió parcialmente a las
pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Michelle González Casafús presentó escrito de tutela1 en procura de la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la
dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada y de acceso a la administración
de justicia, garantías que consideró vulneradas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga y por el Municipio de Lebrija con ocasión de la falta
de vinculación al proceso de nulidad simple identificado con radicado número
68001-33-33-002-2023-00305-00 y de la expedición del Decreto 100-02-04-14 de
2024, respectivamente.

1 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
DB26A8A1E07D1B10 43BF251ABA135B01 9588F4B9BF805E16 49B66890DE6EA765, ubicado en el índice 3
de SAMAI.

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Accionante: Michelle González Casafús

1.2. Hechos probados

1.2.1. Michelle González Casafús fue nombrada en provisionalidad, mediante
Decreto 065 del veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)2, en el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 01, adscrito a la Secretaría de Gobierno,
Seguridad y Convivencia del Municipio de Lebrija.

1.2.2. La accionante notificó, el ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)3,
al Municipio de Lebrija sobre su estado de gestación.

1.2.3. De manera paralela, el señor Norberto Vásquez Villarreal ejerció el medio de
control de nulidad simple, con el fin de que la jurisdicción declarara la nulidad del
Acuerdo 001 del dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)4; proceso que
conoció, en primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga,
autoridad judicial que, en sentencia del cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro
(2024)5, declaró la nulidad del referido acto administrativo.

1.2.4. El alcalde municipal de Lebrija, por medio del Decreto 100-02-01-090 de
20246, declaró insubsistente el nombramiento de Michelle González Casafús en el
cargo de profesional universitario, código 219, grado 01, adscrito a la Secretaría de
Gobierno, Seguridad y Convivencia, con fundamento en la siguiente motivación: (i)
el cargo que ocupaba la señora González Casafús fue creado a través de la
Resolución 047 de 2023, acto soportado en el Acuerdo 001 de 2023; (ii) comoquiera
que el Acuerdo 001 de 2023 fue anulado, la Resolución 047 de 2023 perdió fuerza
ejecutoria porque desparecieron sus fundamentos de derecho; (iii) es deber del
alcalde cumplir la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga, conforme lo disponen las leyes 1564 de 2012 y 1437 de 2011; y (iv)
en obedecimiento a la jurisprudencia constitucional, como no es posible la
permanencia de Michelle González Casafús en el cargo que fue suprimido, el ente
territorial garantizará el pago de las prestaciones que le permitan acceder a su

2 El documento no obra en el expediente, no obstante, el Municipio de Lebrija reconoció este hecho en su

contestación.
3 El documento no obra en el expediente, sin embargo, fue un hecho que reconoció el Municipio de Lebrija en

su informe.
4 “Por el cual se modifica la estructura de la administración central del Municipio de Lebrija y se señalan las

funciones de sus dependencias”.
5 Documento contenido en el expediente digital del medio de control de nulidad con certificado

D1532D1BC933E7D6 318F968ECFA0FF94 5C2E32A665C64848 F0B8CADF49646A49, ubicado en el índice
25 de SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado F34224ECCE088E11
75A9D1AAFA568384 3357E4B3D064B16F 8BCFE3A5D4D534E9, ubicado en el índice 2 de SAMAI, página 19
a 22.

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Accionante: Michelle González Casafús

licencia de maternidad desde el momento de la desvinculación y hasta la semana
dieciocho (18) posterior al parto, y, además, continuará asumiendo mes a mes el
pago de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud.

1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de amparo

La señora González Casafús solicitó al juez constitucional que ampare sus derechos
fundamentales y que le ordene al Municipio de Lebrija reintegrarla al cargo de
profesional universitario, código 219, grado 01, adscrito a la Secretaría de Gobierno,
Seguridad y Convivencia.

En primer lugar, en lo relativo al actuar del Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga, censuró que este no le hubiera permitido ejercer su defensa en el
proceso de nulidad simple identificado con radicado número 68001-33-33-002-
2023-00305-00, trámite en el que el Acuerdo Municipal 001 de 2023 fue declarado
nulo, acto administrativo que sirvió de fundamento para crear el cargo que ella
ocupaba en provisionalidad. Además, reparó en que existía una demora en el
proceso judicial, motivación que la llevó a radicar un nuevo memorial el dieciséis
(16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), precisamente, porque estaba
desesperada como consecuencia de que, para ese momento, ya llevaba un mes
desvinculada.

Por otro lado, adujo que el Municipio de Lebrija, aun cuando ella se encontraba en
estado de embarazo, información que conocía el ente territorial desde el ocho (8)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la declaró insubsistente mediante el
Decreto 100-02-01-090 de 2024, acto administrativo dictado con falsa motivación.
Sobre el antedicho vicio, aseguró que: (i) no era cierto que dicho acto, por estar
dando cumplimiento a una orden judicial, pudiera catalogarse como de ejecución.
Primero, porque el fallo citado como fundamento no está ejecutoriado, y, segundo,
en atención a que esa sentencia no le es oponible por cuanto no fue vinculada al
proceso de nulidad simple; (ii) el alcalde no cumplió los requisitos que ha
desarrollado la jurisprudencia para declarar insubsistente un nombramiento
provisional; y (iii) el Municipio de Lebrija no se guio por las disposiciones que regulan
la estabilidad laboral reforzada, derivada de la situación de embarazo en la que se
encontraba.

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Accionante: Michelle González Casafús

Acotó que existió un desconocimiento de las disposiciones constitucionales porque
tanto los nombramientos como las remociones efectuadas por el Estado deben
observar a plenitud las normas que regulan la función pública, a efectos de evitar
que se generen irregularidades. Afirmó que su desvinculación genera repercusiones
en su vida y en la de su familia, al no contar con recursos para su adecuada
subsistencia.

Explicó que, a pesar de la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para exigir el reconocimiento de su derecho, lo cierto
es que este proceso tiene una duración prolongada en el tiempo, periodo en el que
sobrevendrían daños irremediables en su hogar en vista de que es quien se encarga
de todos los gastos.

En último término, hizo referencia al artículo 43 de la Constitución Política, a la Ley
909 de 2004, en lo concerniente a la protección especial de la madre cabeza de
familia que ostenta un empleo en provisionalidad, y a la Sentencia T-388 de 2020.

1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones

1.4.1. La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander, en auto del
veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)7, admitió la acción de tutela
y ordenó, como medida provisional, que el Municipio de Lebrija reintegrara a la
señora González Casafús a la planta de personal de la entidad, en un cargo igual
y/o equivalente al que desempeñaba, hasta tanto la corporación profiriera sentencia
de primera instancia, y que, de no contar con un cargo vacante, debía garantizar el
pago de seguridad social de la tutelante por el mismo término.

1.4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en informe rendido el
veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)8, realizó un recuento de
las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de simple nulidad y, en función de
este, consideró que respetó la totalidad de las garantías de la parte actora. Puso de
presente que los distintos escritos radicados por la señora González Casafús y otras
personas más –solicitud de vinculación, incidente de nulidad y recurso de apelación

7 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
24DED3313A0F0ADB EE33DEE5390E3C7F E1FA77E2EB3ED64F AA3E17784423A1FD, ubicado en el índice
5 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

25F05DCDDF64CBFD DEED919B8FB37788 1696772A652D58FE E4D3ABAB72904BE2, ubicado en el índice
9 de SAMAI.

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Accionante: Michelle González Casafús

en contra del fallo de primera instancia– se tramitarían de acuerdo con los términos
dispuestos en la Ley 1437 de 2011.

1.4.3. El Municipio de Lebrija, al pronunciarse sobre la controversia9, pidió negar las
pretensiones de la tutela, por las siguientes razones: (i) el presente asunto no
cumple con el requisito de subsidiariedad, en consideración a que la accionante no
agotó todos los medios de defensa judicial disponibles, específicamente el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) no está acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable, tal como lo exige la jurisprudencia de la
Corte Constitucional; (iii) ningún funcionario del Municipio de Lebrija ha vulnerado
derecho alguno de la señora González Casafús; (iv) no es posible reintegrar a la
aquí tutelante porque el cargo que desempeñaba en provisionalidad fue suprimido,
además, su hijo nació el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024);
y (v) desde que la accionante fue declarada insubsistente, la entidad ha garantizado,
sin interrupciones, el pago de la seguridad social en salud y en pensión, en plena
observancia de los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024)10, resolvió: (i) declarar improcedente la
acción de tutela en lo relativo al Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga;
(ii) conceder el amparo transitorio de los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la protección laboral reforzada y a la protección de la mujer en
embarazo; (iii) ordenar el reintegro de la señora González Casafús a la planta de
personal del Municipio de Lebrija en un cargo igual y/o equivalente al que
desempeñaba; y (iv) exhortar a la aquí tutelante para que, en el término de cuatro
(4) meses, contados desde la notificación de dicha providencia, ejerza el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En relación con el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, explicó que
el amparo era improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en
la medida en que, de la lectura del escrito de tutela, no era posible extraer la

9 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
067FBEB52C8BD3B0 5F77AF57D240A18F ECE0FDA96A5E340B 146C79ADCC503EA9, ubicado en el índice
9 de SAMAI.
10 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

5855FAD9770B26A0 A2CE8E90D741A6C5 3BA2A790D86E9AAE 2EEFCE75CFC45FE0, ubicado en el índice
17 de SAMAI.

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Accionante: Michelle González Casafús

providencia judicial o la actuación específica contra la que la señora González
Casafús formuló reparos, así como tampoco se refirió a las causales específicas de
procedibilidad, esto es, los defectos definidos por la Corte Constitucional. Aun así,
de oficio, estudió la mora judicial en que pudo incurrir el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga al tramitar el incidente de nulidad; análisis en el que
concluyó que la autoridad judicial ha impulsado el proceso sin dilación alguna.

Más adelante, en lo concerniente a los cargos en contra del Municipio de Lebrija,
denotó que, a pesar de que la accionante tenía a su disposición el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la presunción de legalidad
del Decreto 100-02-01-090 de 2024, este medio no era idóneo ni eficaz porque la
señora González radicó solicitud de amparo en la semana treinta y tres (33) de
gestación, y su hijo nació para la fecha en que fue proferida la sentencia. De ahí
que, a su juicio, la tutela procedía como mecanismo de amparo transitorio hasta
tanto se interpusiera el medio de control procedente, con el fin de impedir la
consumación de un perjuicio irremediable, que afectaría no solo su estabilidad
laboral reforzada como madre lactante, sino los derechos fundamentales de su hijo
recién nacido.

Expuso que la señora González Casafús era una trabajadora en provisionalidad en
estado de gravidez, condición de la que estaba enterado el Municipio de Lebrija
desde el ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), lo que la hacía titular de
la estabilidad laboral reforzada hasta la culminación de su licencia de maternidad, y
que ello implicaba que, aun en procesos de restructuración en los cuales
aconteciera la supresión de cargos, se debía dar prioridad a la protección de las
mujeres que se hallaran en estado de embarazo o de lactancia, tal como lo ha dicho
la Corte Constitucional.

Sobre el particular, resaltó que si bien el Municipio de Lebrija, al declarar
insubsistente el nombramiento de la accionante, obedeció la orden dada por el
Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga dentro del proceso de nulidad
simple identificado con radicado número 68001-33-33-002-2023-00305-00, lo cierto
es que no le ofreció una alternativa laboral dentro de la planta de personal de la
entidad. En criterio del a quo, el antedicho deber no puede suplirse con el pago de
cotizaciones a seguridad social que ha hecho el Municipio de Lebrija luego de la
declaración de insubsistencia, máxime cuando aquella se encontraba en un
avanzado estado de gestación al momento de ser desvinculada del organismo.

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

1.6. Impugnación

El Municipio de Lebrija impugnó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Santander11.

En su escrito, sostuvo que el a quo aplicó inadecuadamente las reglas y las
subreglas establecidas por la Corte Constitucional en sus sentencias de unificación,
dado que ordenó garantizarle a la tutelante una alternativa laboral sin tomar en
consideración que: (i) la señora González Casafús ya dio a luz y se encuentra
incapacitada para trabajar; (ii) el ente territorial no cuenta con alguna vacante apta
para el perfil de la accionante, y tampoco puede crear un cargo sin cumplir con todos
los requisitos legales; (iii) mantener a la accionante vinculada al municipio hasta que
concluya el proceso contencioso administrativo laboral contraría y desborda la
protección establecida en las sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018, pues
la salvaguarda no puede ser indefinida en el tiempo, sino hasta la semana dieciocho
(18) del recién nacido; y (iv) extender la protección hasta que la autoridad judicial
se pronuncie definitivamente sobre la nulidad del acto administrativo de
insubsistencia no es una postura que encuentre respaldo en la Constitución Política,
en la ley o en la jurisprudencia.

De acuerdo con lo expuesto, como pretensión principal, pidió la revocación integral
de la sentencia de primera instancia; y, de manera subsidiaria, solicitó la
modificación del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, en el sentido
de que los efectos del fallo se mantendrán vigentes hasta la semana dieciocho (18)
del hijo recién nacido, término que coincide con el extremo final del cumplimiento de
su licencia de maternidad.

1.7. Incidente de desacato

1.7.1. La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander, en proveído
del quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) 12 , dio inicio al trámite
incidental por desacato.

11 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
1A3AC983F0321654 1C7A07A87682B691 91446348CA2949A4 DF890BD8F862516E, ubicado en el índice 20
de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

9D889B7078EA3FAA 00C5330C624EE091 B087EBC6C32BED5F E1A2B94396343D20, ubicado en el índice
25 de SAMAI.

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

1.7.2. En un primer momento13, el Municipio de Lebrija manifestó que no había sido
posible cumplir lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander porque no
existía en la planta de personal un cargo igual y/o equivalente al que ocupaba la
señora González Casafús que se encontrara vacante, razón por la que la entidad
estaba realizando todas las acciones positivas a su alcance para reintegrarla.
Posteriormente 14 , remitió copia del Decreto 100-02-01-149 de 2024, acto que
ordenó el reintegro de Michelle González Casafús y la nombró, con carácter
provisional, en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 04, adscrito
a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

1.7.3. El a quo, en auto del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024)15, resolvió no continuar con el incidente de desacato en contra del alcalde de
Lebrija, debido a que constató que este había cumplido con las órdenes impartidas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

En el presente asunto, Michelle González Casafús pretende la protección de los
derechos fundamentales vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga y por el Municipio de Lebrija. En concreto, adujo que la autoridad
judicial omitió vincularla al proceso de nulidad simple identificado con radicado
número 68001-33-33-002-2023-00305-00, falencia que le impidió ejercer su
defensa, y que el ente territorial, pese a su estado de embarazo, declaró
insubsistente su nombramiento.

13 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
0A331BC40B5DE889 A39B76FCF231D7DA 6C955599120E90C8 3D7D7914C1210A0B, ubicado en el índice
32 de SAMAI.
14 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

C5A5E4AC99253CC4 88A941D972DDC4B0 F223D5CC8765D58B 52A628D7EB88AA97 y
F89DD3FE8174420E B41D304193B150A0 9B2B6748643D5E5E 921E0FDE23EDEF1C, ubicado en el índice
35 de SAMAI.
15 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

C77EF4E197D33E4E 869AADD24AD0BD93 5397139E3B0E68F8 3C352F6DBD73670D, ubicado en el índice
39 de SAMAI.

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

En vista de lo anterior, esta Sala dividirá el estudio en dos partes: primero,
examinará lo alusivo al Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y,
después, lo atinente al Municipio de Lebrija.

2.2.1. Procedibilidad de la acción de tutela en contra del Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga

En primer lugar, a efectos de llevar a cabo un adecuado estudio de los requisitos de
procedibilidad, resulta imprescindible determinar cuál es la razón por la que Michelle
González Casafús considera que el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga transgredió sus derechos fundamentales.

A lo largo del escrito inicial, la parte accionante imputó una omisión al Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga, entendida esta como la falta de
vinculación al proceso de nulidad simple con radicado número 68001-33-33-002-
2023-00305-00.

En ese orden, contrario a lo que concluyó el Tribunal Administrativo de Santander,
esta Sala infiere que, en estricto sentido, los argumentos de Michelle González
Casafús no van encaminados a censurar una providencia judicial, pues no dirige
razonamiento alguno en contra del fallo dictado en el medio de control de nulidad
simple. Tan es así que la tutelante no hace mención a los defectos fijados por la
Corte Constitucional, así como tampoco planteó alguna pretensión orientada a dejar
sin efectos la mentada sentencia.

En función de la anterior precisión, procede estudiar si se cumplen los requisitos
mínimos para evaluar de fondo la acción de tutela, a saber: (i) legitimación en la
causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) subsidiariedad; y (iv)
inmediatez.

2.2.1.1. La legitimación en la causa por activa de Michelle González Casafús está
acreditada, puesto que, según su relato, no fue vinculada al medio de control de
nulidad simple, motivo por el que no pudo ejercer su defensa.

2.2.1.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga, en la medida en que fue la autoridad que

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

conoció el proceso de nulidad simple con radicado 68001-33-33-002-2023-00305-
00.

2.2.1.3. El requisito de subsidiariedad hace referencia a la existencia de
mecanismos ordinarios para proteger los derechos en el caso particular. En otros
términos, la tutela resultará improcedente cuando sea utilizada como un medio
alternativo de defensa a los medios judiciales ordinarios establecidos en la
legislación, excepto que se requiera el amparo constitucional para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable o que los mecanismos ordinarios no
resulten idóneos o eficaces para garantizar la protección de los derechos en
discusión16.

Pues bien, este presupuesto se revela incumplido por dos motivos fundamentales:
el primero de ellos es que la indebida integración del contradictorio está prescrita
como una causal de nulidad, al tenor del numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso, de suerte que, quien se considere un litisconsorte necesario,
puede servirse de esa norma para solicitar la nulidad del proceso; y, en segundo
término, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez
constitucional está vedada, salvo circunstancias excepcionales17.

Las razones expuestas en precedencia están absolutamente ligadas en este caso,
puesto que, en efecto, Michelle González Casafús formuló incidente de nulidad,
pero este no ha sido resuelto, por lo que no solo no se ha agotado con la exigencia
de hacer uso de todos los medios de defensa judicial, sino que el proceso está en
curso y, por ende, es el juez contencioso administrativo quien debe dar respuesta a
los problemas jurídicos que surjan al interior del trámite ordinario.
Al respecto, es necesario memorar lo acontecido en el proceso de nulidad con
radicado 68001-33-33-002-2023-00305-0018:

(i) Michelle González Casafús y otras personas más radicaron un escrito en el que
solicitaron la vinculación al proceso como terceros intervinientes, pidieron la nulidad

16 Consultar, entre otras decisiones: sentencias T-129 de 2009, T-268 de 2013, T-375 de 2018, T-340 de 2020

y T-160 de 2023.
17 “(…) la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención

del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la
posible configuración de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas
jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado,
se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el
ordenamiento jurídico. (…)”. Sentencias T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, T-396
de 2014 y T-335 de 2018, Corte Constitucional.
18 Actuaciones visibles en el expediente digital del medio de control de nulidad simple.

10

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

de todo lo actuado desde la notificación del auto admisorio y, en caso de no ser
procedente lo anterior, interpusieron recurso de reposición y en subsidió de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia;

(ii) el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en auto del cuatro (4) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024), negó la solicitud de nulidad y “declaró” que
no resultaban procedentes los recursos formulados;

(iii) los interesados, en escrito del nueve (9) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024), recurrieron la decisión del cuatro (4) de octubre del mismo año;

(iv) el Tribunal Administrativo de Santander, en fallo de tutela del veinticinco (25) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024), dejó sin efectos el auto proferido el cuatro
(4) de octubre de la misma anualidad y ordenó que el juzgado accionado se
pronunciara nuevamente frente al memorial del demandante; y

(v) el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en proveído del treinta y
uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió que la sentencia de
tutela solo cobijaba al señor Marlon Ríos Calderón, de ahí que concediera el recurso
de apelación formulado por este únicamente.

Entonces, podría inferirse la existencia de dos escenarios: (i) como el Tribunal
Administrativo de Santander dejó sin efectos el auto que resolvió la nulidad, le
correspondería al Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga pronunciarse
nuevamente; o (ii) si el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga estima
que el fallo de tutela solo es aplicable a la situación del señor Ríos Calderón, lo que
implica que, frente a las demás personas, el auto del cuatro (4) de octubre de dos
mil veinticuatro (2024) quedó incólume, tendrá que darle trámite al recurso de
apelación interpuesto por estas en contra de la mentada providencia.

Como puede observarse, independientemente del camino que tome el proceso, el
incidente de nulidad no ha sido resuelto definitivamente por el juez natural de la
causa. Nótese que, de sobrevenir la primera opción, faltaría que el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga decidiera la solicitud de nulidad en
primera instancia, y el proveído podría ser recurrido si no es favorable a los
interesados, al tenor del artículo 321 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión del parágrafo segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento

11

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, de ocurrir la segunda
alternativa, la aquí tutelante tiene a su disposición el recurso de apelación en contra
del auto que negó el trámite de la nulidad, con fundamento en la misma normativa
referida anteriormente.

En este caso, los recursos ordinarios son idóneos y eficaces para salvaguardar los
derechos fundamentales de la actora, y no es dable vislumbrar la posible causación
de un perjuicio irremediable derivado de la falta de vinculación al proceso de nulidad
simple, pues, aun cuando el Municipio de Lebrija se ampara en la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga para declarar
insubsistente el nombramiento de Michelle González Casafús, lo cierto es que,
según la estructuración del escrito de tutela, la acción directamente transgresora de
garantías constitucionales corresponde a la desvinculación efectuada por el ente
territorial.

Por consiguiente, en lo relativo al Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga, la acción de tutela deviene improcedente.

Finalmente, la Subsección no pasa por alto que el Tribunal Administrativo de
Santander decidió estudiar de oficio una supuesta mora judicial en el trámite del
incidente de nulidad propuesto por la aquí tutelante, sin embargo, en atención a que
el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga ya se pronunció sobre el
particular19, ese análisis no es procedente en esta instancia.

2.2.2. Procedibilidad de la acción de tutela en contra del Municipio de Lebrija

2.2.2.1. La legitimación en la causa por activa de Michelle González Casafús está
acreditada, en consideración a que, mediante el Decreto 100-02-01-090 de 2024,
su nombramiento en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 01,
adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia fue declarado
insubsistente.

19 El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en auto del cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro

(2024), se pronunció sobre las solicitudes radicadas por varias personas, entre esas, Michelle González
Casafús. Si bien dicho auto fue dejado sin efectos por una orden dada en el curso de una acción de tutela, ello
es un asunto ajeno al acontecer ordinario.

12

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

2.2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del
Municipio de Lebrija, dado que el representante legal del Municipio de Lebrija fue
quien dictó el Decreto 100-02-01-090 de 2024.

2.2.2.3. Como ha sido ampliamente reiterado por la Corte Constitucional20, la tutela
es improcedente para controvertir actos administrativos, especialmente, porque: (i)
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
estableció mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de nulidad
y restablecimiento del derecho; (ii) en el ordenamiento jurídico existen medios
judiciales ordinarios para censurar las actuaciones de la Administración; (iii)
aquellos están cobijados por la presunción de legalidad; y (iv) a través de las
medidas cautelares o provisionales, es factible que se adopten remedios idóneos y
eficaces de protección de los derechos.

En ese orden de ideas, en principio, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo ordinario idóneo y eficaz para
controvertir los actos administrativos de carácter particular y concreto, teniendo en
cuenta que permite anular el acto administrativo y obtener una reparación por los
daños irrogados, y, además, en el curso del proceso, el interesado puede solicitar
la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

Dicho esto, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que, “cuando el
amparo es promovido por personas que requieren especial protección
constitucional, como (...) mujeres en estado de gestación o de lactancia (…) el
examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de
análisis más amplios, pero no menos rigurosos” 21 . En esa línea, la Corte
Constitucional ha indicado que “en los casos en que el accionante sea titular del
derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una situación de
debilidad manifiesta, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte
en el mecanismo de protección preferente” 22 . Entendimiento que parte de
considerar que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no tienen “un carácter
sumario para restablecer los derechos de sujetos de especial protección

20 Entre otras: sentencias T-1059 de 2005, T-467 de 2006, T-1256 de 2008, T-270 y T-271 de 2012, T-041 de

2013, T-505 y T-178 de 2017, SU-077 de 2018, T-146 de 2019, T-253 de 2020, SU-067 de 2022 y T-149 de
2023.
21 Sentencias SU-075 de 2018, T- 418 de 2022, T-141 de 2023 y T-424 de 2024, Corte Constitucional.
22 Sentencias SU-075 de 2018 y T-424 de 2024, Corte Constitucional.

13

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

constitucional que, amparados por la estabilidad laboral reforzada, requieren una
medida urgente de protección y un remedio integral”23.

Al margen de lo expuesto, en este asunto se hará un análisis de la procedencia del
amparo bajo la tesis de que existen mecanismos idóneos y eficaces para alcanzar
la protección invocada, dadas las particularidades del caso concreto.

De suerte que, en el caso objeto de análisis, pese a la existencia de mecanismos
ordinarios, esta Sala considera que, para evitar la causación de un perjuicio
irremediable, se justifica superar el requisito de subsidiariedad por las
siguientes razones: (i) cuando Michelle González Casafús interpuso la acción de
tutela se encontraba en estado de embarazo –sujeto de especial protección
constitucional–; (ii) según lo afirmado por González Casafús, ella es quien sostiene
su hogar y no cuenta con un trabajo para garantizar su subsistencia ni la de su
familia; (iii) la aquí tutelante radicó solicitud de conciliación, sin embargo, a la fecha,
no se tiene noticia sobre el avance de dicho trámite, lo que devela una demora que
impide una protección célere y oportuna de los derechos fundamentales –sin
desconocer que en asuntos laborales la conciliación extrajudicial es facultativa–; y
(iv) surge la necesidad de salvaguardar no solo los derechos fundamentales de
Michelle González Casafús, sino también los de su hijo recién nacido –la tutelante
informó, en escrito del veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024),
el acaecimiento de este último evento–.

Como el requisito de subsidiariedad fue superado para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable y como existe otro mecanismo de defensa judicial -medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, junto a la posibilidad de solicitar
medidas cautelares-, el amparo que se ordene será transitorio. Recuérdese que, al
tenor del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, la afectada deberá ejercer el medio
de control en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

2.2.2.4. La demanda fue presentada dentro de un término razonable -inmediatez-,
dado que el acto administrativo de insubsistencia fue comunicado a la accionante el
dieciséis (16) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)24 y la tutela fue ejercida el
diecinueve (19) de septiembre siguiente.

23 Ibidem.
24 Michelle González Casafús formuló, el veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), recurso de

reposición en contra del acto administrativo de insubsistencia; medio de impugnación que, el seis (6) de
septiembre siguiente, fue declarado improcedente.

14

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

2.3. Caso concreto

2.3.1. En el presente asunto, Michelle González Casafús solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada,
garantías que estimó conculcadas por el Municipio de Lebrija, ente territorial que,
pese a su estado de embarazo, declaró insubsistente su nombramiento en el cargo
de profesional universitario, código 219, grado 01, adscrito a la Secretaría de
Gobierno, Seguridad y Convivencia.

2.3.2. La especial protección de la que gozan las mujeres en estado de embarazo y
en periodo de lactancia se origina en mandatos constitucionales y en obligaciones
internacionales a las que se ha comprometido el Estado. Por ejemplo, dicha
salvaguarda encuentra respaldo en los artículos 13 25 y 43 26 de la Constitución
Política, 2527 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10.228 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12.2 29 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.

En virtud de disposiciones constitucionales y de normas internacionales, la mujer
está amparada por un fuero de maternidad que atiende diversas necesidades 30: (i)
el descanso remunerado antes y después del parto; (ii) la prestación de los servicios
médicos y hospitalarios; (iii) la licencia remunerada para la lactancia del recién
nacido; y (iv) la estabilidad laboral reforzada, indistintamente de la alternativa laboral

25 “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
26 “Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida

a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y
protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o
desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
27 “Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
28 “Artículo 10. (…) 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo

razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. (…)”.
29 “Artículo 12. (…) 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a

la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada
durante el embarazo y la lactancia”.
30 Sentencias T-568 de 1996 y C-118 de 2020, Corte Constitucional.

15

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

en la que se encuentre. Claro está, el alcance de la protección varía según la
modalidad correspondiente.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dejado sentado que la protección
reforzada derivada de la maternidad procede cuando se demuestren los siguientes
elementos31: (i) la existencia de una relación laboral o de prestación; y (ii) que la
mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres (3) meses siguientes
al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. Mientras que el
alcance de protección depende del conocimiento del embarazo por parte del
empleador y de la alternativa laboral mediante la que se encontraba vinculada la
mujer embarazada32.

2.3.3. Pues bien, conforme las pruebas allegadas a esta Corporación, en la presente
actuación está probado que:

2.3.3.1. El alcalde del Municipio de Lebrija, mediante Decreto 0065 del veintiocho
(28) de junio de dos mil veintitrés (2023), nombró en provisionalidad a Michelle
González Casafús, en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 01,
adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

2.3.3.2. Michelle González Casafús notificó, el ocho (8) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024), al Municipio de Lebrija sobre su estado de gravidez.

2.3.3.3. El alcalde municipal de Lebrija, a través del Decreto 100-02-01-090 del seis
(6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), declaró insubsistente el nombramiento
en provisionalidad de Michelle González Casafús.

2.3.4. Tal como puede advertirse, no hay duda del cumplimiento de los elementos
que ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que proceda la
estabilidad laboral reforzada por maternidad, a saber: (i) la existencia de una
vinculación legal y reglamentaria; (ii) Michelle González Casafús fue declarada
insubsistente y se encontraba en embarazo; y (iii) el Municipio de Lebrija estaba
enterado del estado de gestación.

31 Sentencias SU-070 de 2013, T-238 de 2015, SU-075 de 2018 y T-329 de 2022.
32 Sentencias T-148 de 2014, T-238 de 2015, T-102 de 2016, SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018.

16

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

Establecida la necesidad de amparar los derechos fundamentales vulnerados, la
Sala pasará a determinar el alcance de dicha protección.

Por regla general, la medida principal de protección del fuero de maternidad es el
reintegro al cargo, no obstante, en el evento de que dicha orden sea de imposible
cumplimiento desde el punto de vista fáctico, es pertinente acudir a la medida de
protección sustitutiva, es decir, “el reconocimiento de las prestaciones en materia
de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho
al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad”33.

Particularmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que34:
(i) las autoridades tienen el deber de procurar que la desvinculación de una mujer
en embarazo que ejerce funciones en provisionalidad sea el último recurso,
cometido que se logra al implementar diversas medidas afirmativas para garantizar
los derechos de la mujer y de su hijo por nacer; (ii) las mujeres en estado de gravidez
no tienen que asumir la carga de los cambios administrativos que se realicen al
interior de una entidad, por más legítima que sea dicha transformación; y (iii) si una
entidad debe retirar a una funcionaria pública en un cargo de provisionalidad que
está en embarazo, la autoridad competente tiene el deber de emitir un acto
administrativo que esté debidamente justificado y soportado en una causa legal.

En vista de lo expuesto y debido a las particularidades del asunto objeto de estudio,
es menester realizar las siguientes precisiones:

Las razones esgrimidas por el Municipio de Lebrija, en el acto administrativo de
insubsistencia, consistieron en que el acuerdo por medio del cual fue modificada la
estructura de la administración central del ente territorial fue anulado por la
jurisdicción contencioso administrativo, incidente que dejó sin sustento jurídico la
creación de varios cargos, entre esos el ocupado en provisionalidad por la señora
González Casafús. Luego, ante la desaparición de los fundamentos de derecho, la
entidad consideró que era aplicable la institución de pérdida de fuerza ejecutoria y
que no tenía otro camino que declarar insubsistente el nombramiento ante la
extinción de la posición que desempeñaba la aquí tutelante.

33 Sentencias T-082 de 2012 y T-353 de 2016, Corte Constitucional.
34 Sentencia T-356 de 2024, Corte Constitucional.

17

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

A juicio de la Sala, al momento de la expedición del acto administrativo era plausible
considerar que la sentencia estaba ejecutoriada, por los siguientes motivos: (i) la
sentencia fue notificada el cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024); (ii) de
conformidad con el artículo 247 del CPACA, el recurso de apelación debe
interponerse y sustentarse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación
(dos días adicionales por notificación electrónica); (iii) el plazo para apelar venció
en silencio de las partes; y (iv) el escrito presentado por varias personas -nulidad e
interposición de recursos-, entre esas la aquí tutelante, no incidió en la ejecutoria de
la decisión porque la solicitud de nulidad no interrumpe la ejecutoria y aquellos no
tenían legitimación para formular recursos. Conclusión que, incluso, no variaría si
los solicitantes se consideraran como coadyuvantes.

Así las cosas, en principio, el Municipio de Lebrija, como autoridad competente,
expidió un acto administrativo razonablemente fundado, que incluía los motivos de
hecho y de derecho correspondientes. No obstante, la Sala de Subsección no puede
pasar por alto que, producto de un fallo de tutela dictado por el Tribunal
Administrativo de Santander, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga,
en auto del treinta (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), concedió el recurso
de apelación interpuesto por el señor Marlon Ríos Calderón contra la sentencia de
primera instancia, proferida al interior del medio de control de nulidad simple con
radicado núm. 68001-33-33-002-2023-00305-0035. Lo anterior significa que el fallo
que sirvió de apoyo al Municipio de Lebrija para declarar insubsistente a Michelle
González Casafús no se encuentra ejecutoriado, pues el proceso de nulidad
simple está en curso.

Con todo, más allá de la debida justificación o no del acto administrativo de
insubsistencia de la accionante, en este proceso no quedó probado que el Municipio
de Lebrija adoptara las medidas necesarias para evitar que Michelle González
Casafús fuera desvinculada de la entidad o que ese retiro fuera el último recurso a
disposición del ente territorial, como tampoco pudo observarse que reconociera
alguna prestación económica a favor de la accionante, distinta a los pagos de
seguridad social, con ocasión de la declaración de insubsistencia; además, como
ya fue dicho, en modo alguno las situaciones administrativas deben ser una carga
que asuma un sujeto de especial protección constitucional -como la aquí

35 Radicado número 68001-23-33-000-2024-00632-00.

18

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

accionante-, ni la ausencia de cargos similares vacantes en la planta de personal
puede usarse como pretexto para el retiro del cargo que detentaba.

Por consiguiente, comoquiera que el Municipio de Lebrija vulneró el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de Michelle González Casafús, la Sala amparará dicha
garantía constitucional y ordenará al ente territorial que asegure la permanencia de
la tutelante en un empleo igual o equivalente al que desempeñaba antes de que su
nombramiento fuera declarado insubsistente, protección que está sujeta a que la
tutelante ejerza el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo-, en los términos del artículo 8 del Decreto 2591 de
1991, y estará vigente hasta que el juez administrativo resuelva las medidas
cautelares que ejerza la accionante al interior del referido proceso que, en todo
caso, no podrá ser inferior al periodo de lactancia.

Ahora bien, en caso de que se adopte una decisión definitiva por parte del Tribunal
Administrativo de Santander, en segunda instancia, en el marco del medio de control
de nulidad simple identificado con radicado núm. 68001-33-33-002-2023-00305-01,
el Municipio de Lebrija tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar que la actora sea desvinculada de la entidad o para que ese retiro sea el
último recurso.

No sobra resaltar que la licencia de maternidad deberá ser tramitada por el
Municipio de Lebrija, puesto que el artículo 12136 del Decreto 19 de 201237 dispone
que el empleador es el encargado de efectuar todo el trámite de reconocimiento de
la licencia de maternidad ante la respectiva empresa prestadora de salud y que tal
obligación en ningún caso podrá trasladársele al afiliado. A su vez, el artículo
2.2.3.4.1. 38 del Decreto 780 de 2016 39 preceptúa que, para el reconocimiento,
liquidación y pago de las prestaciones económicas derivadas de la licencia de

36 “Artículo 121.Trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. El trámite

para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a
cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el
empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser
trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. Para efectos laborales, será
obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia”.
37 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública”.
38 “Artículo 2.2.3.4.1. Documentos para el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones

económicas. Para el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones económicas derivadas de
incapacidad de origen común, licencia de maternidad y licencia de paternidad y sus diferentes modalidades, de
la licencia por aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto pretérmino o prematuro no viable
y de la licencia para el cuidado de la niñez, el aportante deberá entregar a la entidad promotora de salud o
entidad adaptada, los siguientes documentos comunes y especiales (…)”.
39 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.

19

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

maternidad, el aportante deberá entregar a la entidad promotora de salud o entidad
adaptada los documentos allí exigidos.

Tal como lo estatuyen las disposiciones antes referidas, al Municipio de Lebrija le
compete efectuar tanto los trámites administrativos dirigidos a lograr el
reconocimiento de la licencia ante la EPS, como las gestiones ante la
Superintendencia Nacional de Salud en caso de que exista incumplimiento por parte
de la empresa prestadora de salud –artículo 2.2.3.4.3.40 del Decreto 780 de 2016 -.

Bajo ese derrotero, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander será
modificada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y, en su lugar, dispone:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por Michelle
González Casafús en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga,
conforme a las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de Michelle González Casafús, vulnerado por el
Municipio de Lebrija, protección que está sujeta a que la tutelante ejerza el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho -previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, en los
términos del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, y que estará vigente hasta que el
juez administrativo resuelva las medidas cautelares que solicite la accionante al
interior del referido proceso, salvaguarda que, en todo caso, no podrá ser inferior al
periodo de lactancia.

40 “Artículo 2.2.3.4.3. Pago de prestaciones económicas. (…) De presentarse incumplimiento del pago de las

prestaciones económicas por parte de la entidad promotora de salud o entidad adaptada, el aportante deberá
informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, de acuerdo con sus competencias, esta entidad
adelante las acciones a que hubiere lugar. (…)”.

20

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00607-01
Accionante: Michelle González Casafús

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Lebrija que garantice la permanencia de la
tutelante en un empleo igual o equivalente al que desempeñaba antes de que su
nombramiento fuera declarado insubsistente, protección que estará vigente hasta
que el juez administrativo resuelva las medidas cautelares que solicite la señora
González Casafús al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho referido en el numeral anterior, salvaguarda que, en todo caso, no podrá
ser inferior al periodo de lactancia.

En caso de que se adopte una decisión definitiva por parte del Tribunal
Administrativo de Santander, en segunda instancia, en el marco del medio de control
de nulidad simple identificado con radicado núm. 68001-33-33-002-2023-00305-01,
el Municipio de Lebrija tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar que la actora sea desvinculada de la entidad o para que ese retiro sea el
último recurso.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Lebrija que ejecute todas las gestiones
pertinentes para que Michelle González Casafús reciba el pago de la licencia de
maternidad.

QUINTO: NOTIFICAR, por el medio más expedito, la presente decisión a las partes.

SEXTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
CAOP

21

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