Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2024-00617-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN DE TUTELA NO RESULTA
PROCEDENTE PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
NI PARA SOLICITAR REINTEGRO AL CARGO. TAMPOCO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO PUES LA ACTORA NO ACREDITÓ LA CALIDAD DE SUJETO DE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR SER MADRE CABEZA DE FAMILIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL Y A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 2 de octubre de 2024, mediante la cual el TRIBUNAL
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ACTORA: LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA2 y el MUNICIPIO DE LEBRIJA con ocasión de la
expedición del Decreto Municipal 100-02-01-088 de 6 de agosto de
2024, por medio del cual se declaró insubsistente su nombramiento
en provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
En adelante el JUZGADO.
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ACTORA: LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO
367, Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y
Transporte del Municipio de Lebrija.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante Decreto Municipal núm. 052 de 27 de junio de
2023, el Municipio de Lebrija (Santander – Colombia), la nombró en
provisionalidad en el cargo de Técnico Administrativo Código 367,
Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y
Transporte.
Adujo que el señor NORBERTO VÁSQUEZ promovió demanda de
nulidad simple, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo
Municipal 001 de 16 de marzo de 2023 “Por el cual se modifica la
estructura de la administración central del Municipio de Lebrija y se
señalan las funciones de sus dependencias” y, en consecuencia, de
ello, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
contenidos en la Resolución núm. 047 de 8 de junio de 2023 “Por el
cual se ajusta la planta de la administración central del Municipio de
Lebrija” y la Resolución núm. 048 de 8 de junio de 2023 “Por el cual
se modifica el manual específico de funciones y competencias
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laborales para los empleos de la planta de personal de la
administración central del Municipio de Lebrija”.
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 68001-33-33-002-2023-00305-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO que, en sentencia de 5 de junio de 2024,
declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 16 de marzo de
2023 “Por el cual se modifica la estructura de la administración
central del Municipio de Lebrija y se señalan las funciones de sus
dependencias”.
Manifestó que, a pesar de que el mencionado fallo solo declaró la
nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 2023, el Municipio de Lebrija
profirió la Resolución 100-02-04-14, por medio de la cual unificó el
manual específico de funciones y competencias laborales de los
empleos de la planta de personal de la administración municipal
sector central del municipio, contenido en las resoluciones núms.
138 de 2017 y 048 de 2023.
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Relató que mediante Decreto Municipal 100-02-01-088 de 6 de
agosto de 2024 se declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,
Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y
Transporte del Municipio de Lebrija, motivando esta decisión en la
sentencia de 5 de junio de 2024, comoquiera que la Resolución
núm. 047 de 2023 fue expedida con fundamento en el Acuerdo
Municipal 001 de 16 de marzo de 2023, el cual fue declarado nulo.
Sostuvo que interpuso recurso de reposición en contra de la
anterior decisión, siendo declarado improcedente mediante la
Resolución núm. 100-02-04-121 de 6 de septiembre de 2024.
Afirmó que, por lo anterior, radicó solicitud de conciliación
prejudicial con el fin de promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que la
declaró insubsistente, a la cual le fue asignada el radicado E-2024-
618801 y se encuentra en trámite ante la Procuraduría General de
la Nación.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, con la expedición del Decreto Municipal
100-02-01-088 de 2024 se transgredieron sus derechos
fundamentales, pues se desconocieron las obligaciones de la
administración, de tal forma que tanto los nombramientos como las
remociones de los servidores públicos deben hacerse con verdadera
observancia de las normas que regulan la función pública.
Aseveró que el Municipio de Lebrija se ampara en el artículo 189 del
CPACA, sin que este sea procedente en el caso bajo examen, pues
dicha norma dispone una nulidad extensiva a los decretos
reglamentarios y aquí lo que se expidieron fueron actos
administrativos por el cual se crearon unos cargos, modificaron el
manual de funciones y realizaron unos nombramientos.
Sostuvo que el artículo 91.2 del CPACA consagra que los actos
pierden ejecutoriedad cuando desaparecen los fundamentos de
hecho y de derecho, no siendo el caso de las resoluciones núms.
047 y 048 de 2023, por lo que la nulidad decretada al no haber
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modulado los efectos de esta no podía tener incluidos los derechos
particulares y concretos.
Sumado a lo anterior, advirtió que la sentencia en la cual se motivó
el acto administrativo acusado, aun no se encuentra ejecutoriada,
pues está en trámite el incidente de nulidad presentado en el
proceso de nulidad simple
Añadió que, por su parte, el JUZGADO le impidió defenderse
dentro del proceso de nulidad simple, pues no fue vinculada al
mismo pese a que le trajo consecuencias que afectaron sus
derechos fundamentales.
Adujo que, si bien es cierto que tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, también lo es
que tal proceso demora y el tiempo podría ocasionar daños
irremediables, pues es madre cabeza de familia y su salario es el
sustento de sus dos hijos y de su madre.
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Sumado a lo anterior, indicó que también se encuentra pagando un
préstamo de setenta millones de pesos ($70´000.000) al Banco de
Occidente por la compra de un lote.
Así las cosas, manifestó que su desvinculación le genera graves
consecuencias económicas, causándole afectación a sus derechos
fundamentales.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“… SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE LEBRIJA proceder MI
reintegro a mi cargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 367
GRADO 03 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE del municipio de Lebrija Santander
…”.
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El MUNICIPIO DE LEBRIJA solicitó denegar el amparo
solicitado, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno en el asunto.
I.5.2.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma al
presente trámite, guardó silencio.
I.6.- Interviniente
I.6.1.- El CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA solicitó declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta del
requisito de la subsidiariedad, comoquiera que las pretensiones
solicitadas no están dentro del ámbito de acción permitido.
Sumado a lo anterior, afirmó que fue garante de los derechos
fundamentales, por lo que acató las decisiones judiciales dictadas
en el proceso de nulidad simple.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 2 de octubre de 2024,
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declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida en
que la actora cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como mecanismo eficaz para proteger
sus derechos fundamentales como servidora pública desvinculada,
trámite dentro del cual puede solicitar la suspensión de los efectos
de los actos administrativos que causen perjuicios irremediables y
solicitar medidas cautelares en cualquier etapa del proceso.
Sumado a lo anterior, consideró que no estaba acreditada la
condición de sujeto de especial protección – madre cabeza de
familia – pues revisados los elementos de la definición de la
categoría desarrollados por la jurisprudencia constitucional, era
indispensable aclarar que no toda mujer, por el hecho de que esté a
su cargo la dirección del hogar, ostenta la calidad de cabeza de
familia, encontrando que no habían pruebas suficientes que
acreditaran que la actora tuviera la responsabilidad exclusiva del
cuidado de sus hijos y progenitora, ya que no se demostró la
ausencia o abandono permanente del padre, falta de apoyo familiar
significativo, ni condiciones de salud que restrinjan sus
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posibilidades en el mercado laboral conforme a la edad que para la
fecha acredita.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, en los
siguientes términos:
Indicó que, a pesar de que el a quo consideró que tenía otro
mecanismo de defensa para debatir la legalidad de los actos
administrativos que declararon la insubsistencia y que ya fue
solicitada conciliación extrajudicial, la congestión judicial torna
ineficaz a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de tal
forma que la negativa a reconocer el amparo vulnera sus derechos
fundamentales.
Adujo que con la acción de tutela no pretende cuestionar las
decisiones emitidas por la administración municipal, sino la garantía
de sus derechos fundamentales y el respeto por su estatus de
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estabilidad laboral reforzada, el cual no fue tenido en cuenta por el
juez de primera instancia.
Destacó que el no contar con trabajo estable, afecta sus derechos
fundamentales, comoquiera que no tiene recursos económicos para
garantizar su subsistencia y mucho menos para realizar los pagos
de los aportes a seguridad social, lo que deriva en una grave
afectación a su dignidad humana.
Advirtió que el a quo desatendió la verdadera importancia del
asunto, toda vez que no pretende pasar por alto los procedimientos
de la jurisdicción, sino que se garanticen mientras se resuelve la
controversia en sede ordinaria, de tal forma que si bien es cierto
que ello debe ser analizado dentro de un proceso contencioso
administrativo, también lo es que se trata de actos administrativos
dictados con falsa motivación e ilegales.
Aseveró que el JUZGADO ha sido claro en afirmar que el proceso
de nulidad simple aun se encuentra en trámite, pendiente de
resolver el incidente de nulidad y el recurso de apelación contra la
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sentencia de primera instancia, por lo que es evidente que el acto
administrativo que la declaró insubsistente es vulnerador de sus
derechos fundamentales.
Por último, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, ordenar su reintegro al Municipio de Lebrija.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo
procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras
a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
El actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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MUNICIPIO DE LEBRIJA y el JUZGADO con ocasión de la
expedición del Decreto Municipal 100-02-01-088 de 2024, por
medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,
Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y
Transporte del Municipio de Lebrija.
A juicio de la actora, el MUNICIPIO DE LEBRIJA vulneró sus
derechos fundamentales con la expedición del Decreto Municipal
100-02-01-088 de 2024, pues el mismo se profirió con falsa
motivación y desconocimiento de las normas disponibles en el
CPACA; sumado a que la sentencia proferida dentro del medio de
control de nulidad simple aún no se encuentra ejecutoriada.
Añadió que, por su parte, el JUZGADO le impidió defenderse
dentro del proceso de nulidad simple, pues no fue vinculada al
mismo pese a que le trajo consecuencias que afectaron sus
derechos fundamentales.
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La controversia tiene su origen en el Decreto Municipal 100-02-01-
088 de 2024 expedido por el MUNICIPIO DE LEBRIJA a través
del cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora en
provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,
Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y
Transporte del Municipio de Lebrija.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, en sentencia de 2 de octubre de 2024, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplía con el presupuesto general de la subsidiariedad, en la
medida en que la actora cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho como mecanismo eficaz para
proteger sus derechos fundamentales; además, que no se acreditó
la condición de sujeto de especial protección como madre cabeza de
familia.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del
a quo para lo cual afirmó que, a pesar de tener otro mecanismo de
defensa, este no resulta idóneo ni eficaz, máxime cuando lo
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pretendido con la solicitud de amparo no es controvertir los actos
administrativos dictados por la administración municipal sino la
garantía de sus derechos fundamentales y el respeto por su estatus
de estabilidad laboral reforzada.
En este punto la Sala estima conveniente precisar que se
circunscribirá a los argumentos planteados por la actora en su
escrito de impugnación, de tal forma que el estudio de esta
segunda instancia se limitará a analizar los reproches emitidos
contra el MUNICIPIO DE LEBRIJA, comoquiera que no se expuso
inconformidad alguna frente al JUZGADO.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará, si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si
el MUNICIPIO DE LEBRIJA vulneró los derechos fundamentales
deprecados.
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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en
especial, el requisito de subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del
fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 en reiteradas
oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos
administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el
juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto
de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente
arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean
afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En
efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el
particular de la siguiente manera:
«[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento
alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar
[…] »6.
Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
5
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
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requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador
es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia
necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no
suponga simplemente una separación transitoria u originada
en factores distintos al traslado o a circunstancias
superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado
pone en serio peligro la vida o la integridad personal del
servidor púbico o de su familia. En los anteriores eventos, la
Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden
familiar y económico del trabajador causada por el traslado,
tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del
amparo transitorio. Las circunstancias completas deben
revestir particular gravedad, de manera tal que sea
necesario el concurso del juez constitucional para conjurar
un perjuicio irremediable […] »7
Ahora bien, en el presente caso, la actora pretende que se ordene
su reintegro al cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado
03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del
Municipio de Lebrija, al cual se le declaró insubsistente mediante el
Decreto Municipal 100-02-01-088 de 2024 expedido por el
MUNICIPIO DE LEBRIJA.
Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es
improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la legalidad del Decreto Municipal 100-02-
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Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.
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01-088 de 2024 por medio del cual el MUNICIPIO DE LEBRIJA
declaró insubsistente su nombrmaiento en provisionalidad en el
mencionado cargo, mecanismo en el cual puede solicitar como
medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos. Máxime si
se advierte que la actora pretende hacer uso del mismo cuando
agote el requisito de conciliación prejudicial que ya se encuentra en
trámite ante la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, la Sala advierte que, tal como lo consideró el a quo, en
el presente caso no se encuentra acreditado que exista una
circunstancia de especial protección constitucional que amerite un
estudio de fondo del asunto como mecanismo transitorio o
definitivo para la protección de los derechos fundamentales
invocados, pues de las pruebas allegadas al expediente se advierte
que la actora cuenta con 30 años de edad, por lo que se encuentra
en una edad en la cual puede acceder al mercado laboral.
En efecto, aun cuando la actora alegó que es sujeto de especial
protección constitucional por ser madre cabeza de familia, no se
allegó prueba alguna que demostrara tal calidad, pues para ello se
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deben cumplir una serie de presupuestos establecidos por la Corte
Constitucional, para que opere la protección a estas mujeres.
Así las cosas, de conformidad con la sentencia SU-388 de 13 de
abril de 20058, la Corte Constitucional estableció que “[…] no toda
mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el
sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar […]”, pues
para ello se debía cumplir con los siguientes presupuestos:
“[…] para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i)
que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de
otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa
responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la
pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial,
síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros
de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la
madre para sostener el hogar […]”.
En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera
que no se cumple con los requisitos antes dispuestos, así como
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M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni
que la parte actora haya allegado prueba alguna encaminada a
demostrar dicha circunstancia.
En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela es
improcedente por no cumplir el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con otro medio de
defensa judicial, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede cuestionar
la legalidad de los actos administrativos que la declararon
insubsistente para el cargo.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo
que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la
actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre
de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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