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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00617-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2024-00617-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN DE TUTELA NO RESULTA
PROCEDENTE PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
NI PARA SOLICITAR REINTEGRO AL CARGO. TAMPOCO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO PUES LA ACTORA NO ACREDITÓ LA CALIDAD DE SUJETO DE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR SER MADRE CABEZA DE FAMILIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL Y A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 2 de octubre de 2024, mediante la cual el TRIBUNAL

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ACTORA: LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LICETH TATIANA ORTIZ ROMERO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral

reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BUCARAMANGA2 y el MUNICIPIO DE LEBRIJA con ocasión de la

expedición del Decreto Municipal 100-02-01-088 de 6 de agosto de

2024, por medio del cual se declaró insubsistente su nombramiento

en provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código

1
En adelante el TRIBUNAL.
2
En adelante el JUZGADO.

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367, Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y

Transporte del Municipio de Lebrija.

I.2.- Hechos

Indicó que mediante Decreto Municipal núm. 052 de 27 de junio de

2023, el Municipio de Lebrija (Santander – Colombia), la nombró en

provisionalidad en el cargo de Técnico Administrativo Código 367,

Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y

Transporte.

Adujo que el señor NORBERTO VÁSQUEZ promovió demanda de

nulidad simple, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo

Municipal 001 de 16 de marzo de 2023 “Por el cual se modifica la

estructura de la administración central del Municipio de Lebrija y se

señalan las funciones de sus dependencias” y, en consecuencia, de

ello, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos

contenidos en la Resolución núm. 047 de 8 de junio de 2023 “Por el

cual se ajusta la planta de la administración central del Municipio de

Lebrija” y la Resolución núm. 048 de 8 de junio de 2023 “Por el cual

se modifica el manual específico de funciones y competencias

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laborales para los empleos de la planta de personal de la

administración central del Municipio de Lebrija”.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 68001-33-33-002-2023-00305-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO que, en sentencia de 5 de junio de 2024,

declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 16 de marzo de

2023 “Por el cual se modifica la estructura de la administración

central del Municipio de Lebrija y se señalan las funciones de sus

dependencias”.

Manifestó que, a pesar de que el mencionado fallo solo declaró la

nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 2023, el Municipio de Lebrija

profirió la Resolución 100-02-04-14, por medio de la cual unificó el

manual específico de funciones y competencias laborales de los

empleos de la planta de personal de la administración municipal

sector central del municipio, contenido en las resoluciones núms.

138 de 2017 y 048 de 2023.

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Relató que mediante Decreto Municipal 100-02-01-088 de 6 de

agosto de 2024 se declaró insubsistente su nombramiento en

provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,

Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y

Transporte del Municipio de Lebrija, motivando esta decisión en la

sentencia de 5 de junio de 2024, comoquiera que la Resolución

núm. 047 de 2023 fue expedida con fundamento en el Acuerdo

Municipal 001 de 16 de marzo de 2023, el cual fue declarado nulo.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición en contra de la

anterior decisión, siendo declarado improcedente mediante la

Resolución núm. 100-02-04-121 de 6 de septiembre de 2024.

Afirmó que, por lo anterior, radicó solicitud de conciliación

prejudicial con el fin de promover el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que la

declaró insubsistente, a la cual le fue asignada el radicado E-2024-

618801 y se encuentra en trámite ante la Procuraduría General de

la Nación.

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, con la expedición del Decreto Municipal

100-02-01-088 de 2024 se transgredieron sus derechos

fundamentales, pues se desconocieron las obligaciones de la

administración, de tal forma que tanto los nombramientos como las

remociones de los servidores públicos deben hacerse con verdadera

observancia de las normas que regulan la función pública.

Aseveró que el Municipio de Lebrija se ampara en el artículo 189 del

CPACA, sin que este sea procedente en el caso bajo examen, pues

dicha norma dispone una nulidad extensiva a los decretos

reglamentarios y aquí lo que se expidieron fueron actos

administrativos por el cual se crearon unos cargos, modificaron el

manual de funciones y realizaron unos nombramientos.

Sostuvo que el artículo 91.2 del CPACA consagra que los actos

pierden ejecutoriedad cuando desaparecen los fundamentos de

hecho y de derecho, no siendo el caso de las resoluciones núms.

047 y 048 de 2023, por lo que la nulidad decretada al no haber

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modulado los efectos de esta no podía tener incluidos los derechos

particulares y concretos.

Sumado a lo anterior, advirtió que la sentencia en la cual se motivó

el acto administrativo acusado, aun no se encuentra ejecutoriada,

pues está en trámite el incidente de nulidad presentado en el

proceso de nulidad simple

Añadió que, por su parte, el JUZGADO le impidió defenderse

dentro del proceso de nulidad simple, pues no fue vinculada al

mismo pese a que le trajo consecuencias que afectaron sus

derechos fundamentales.

Adujo que, si bien es cierto que tiene a su alcance el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, también lo es

que tal proceso demora y el tiempo podría ocasionar daños

irremediables, pues es madre cabeza de familia y su salario es el

sustento de sus dos hijos y de su madre.

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Sumado a lo anterior, indicó que también se encuentra pagando un

préstamo de setenta millones de pesos ($70´000.000) al Banco de

Occidente por la compra de un lote.

Así las cosas, manifestó que su desvinculación le genera graves

consecuencias económicas, causándole afectación a sus derechos

fundamentales.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“… SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE LEBRIJA proceder MI
reintegro a mi cargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO CÓDIGO 367
GRADO 03 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE del municipio de Lebrija Santander
…”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- El MUNICIPIO DE LEBRIJA solicitó denegar el amparo

solicitado, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental

alguno en el asunto.

I.5.2.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma al

presente trámite, guardó silencio.

I.6.- Interviniente

I.6.1.- El CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA solicitó declarar

improcedente la acción de tutela de la referencia por falta del

requisito de la subsidiariedad, comoquiera que las pretensiones

solicitadas no están dentro del ámbito de acción permitido.

Sumado a lo anterior, afirmó que fue garante de los derechos

fundamentales, por lo que acató las decisiones judiciales dictadas

en el proceso de nulidad simple.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 2 de octubre de 2024,

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declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se

cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida en

que la actora cuenta con el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho como mecanismo eficaz para proteger

sus derechos fundamentales como servidora pública desvinculada,

trámite dentro del cual puede solicitar la suspensión de los efectos

de los actos administrativos que causen perjuicios irremediables y

solicitar medidas cautelares en cualquier etapa del proceso.

Sumado a lo anterior, consideró que no estaba acreditada la

condición de sujeto de especial protección – madre cabeza de

familia – pues revisados los elementos de la definición de la

categoría desarrollados por la jurisprudencia constitucional, era

indispensable aclarar que no toda mujer, por el hecho de que esté a

su cargo la dirección del hogar, ostenta la calidad de cabeza de

familia, encontrando que no habían pruebas suficientes que

acreditaran que la actora tuviera la responsabilidad exclusiva del

cuidado de sus hijos y progenitora, ya que no se demostró la

ausencia o abandono permanente del padre, falta de apoyo familiar

significativo, ni condiciones de salud que restrinjan sus

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posibilidades en el mercado laboral conforme a la edad que para la

fecha acredita.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, en los

siguientes términos:

Indicó que, a pesar de que el a quo consideró que tenía otro

mecanismo de defensa para debatir la legalidad de los actos

administrativos que declararon la insubsistencia y que ya fue

solicitada conciliación extrajudicial, la congestión judicial torna

ineficaz a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de tal

forma que la negativa a reconocer el amparo vulnera sus derechos

fundamentales.

Adujo que con la acción de tutela no pretende cuestionar las

decisiones emitidas por la administración municipal, sino la garantía

de sus derechos fundamentales y el respeto por su estatus de

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estabilidad laboral reforzada, el cual no fue tenido en cuenta por el

juez de primera instancia.

Destacó que el no contar con trabajo estable, afecta sus derechos

fundamentales, comoquiera que no tiene recursos económicos para

garantizar su subsistencia y mucho menos para realizar los pagos

de los aportes a seguridad social, lo que deriva en una grave

afectación a su dignidad humana.

Advirtió que el a quo desatendió la verdadera importancia del

asunto, toda vez que no pretende pasar por alto los procedimientos

de la jurisdicción, sino que se garanticen mientras se resuelve la

controversia en sede ordinaria, de tal forma que si bien es cierto

que ello debe ser analizado dentro de un proceso contencioso

administrativo, también lo es que se trata de actos administrativos

dictados con falsa motivación e ilegales.

Aseveró que el JUZGADO ha sido claro en afirmar que el proceso

de nulidad simple aun se encuentra en trámite, pendiente de

resolver el incidente de nulidad y el recurso de apelación contra la

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sentencia de primera instancia, por lo que es evidente que el acto

administrativo que la declaró insubsistente es vulnerador de sus

derechos fundamentales.

Por último, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en

su lugar, ordenar su reintegro al Municipio de Lebrija.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo

procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras

a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

El actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo

de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral

reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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MUNICIPIO DE LEBRIJA y el JUZGADO con ocasión de la

expedición del Decreto Municipal 100-02-01-088 de 2024, por

medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en

provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,

Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y

Transporte del Municipio de Lebrija.

A juicio de la actora, el MUNICIPIO DE LEBRIJA vulneró sus

derechos fundamentales con la expedición del Decreto Municipal

100-02-01-088 de 2024, pues el mismo se profirió con falsa

motivación y desconocimiento de las normas disponibles en el

CPACA; sumado a que la sentencia proferida dentro del medio de

control de nulidad simple aún no se encuentra ejecutoriada.

Añadió que, por su parte, el JUZGADO le impidió defenderse

dentro del proceso de nulidad simple, pues no fue vinculada al

mismo pese a que le trajo consecuencias que afectaron sus

derechos fundamentales.

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La controversia tiene su origen en el Decreto Municipal 100-02-01-

088 de 2024 expedido por el MUNICIPIO DE LEBRIJA a través

del cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora en

provisionalidad, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367,

Grado 03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y

Transporte del Municipio de Lebrija.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, en sentencia de 2 de octubre de 2024, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se

cumplía con el presupuesto general de la subsidiariedad, en la

medida en que la actora cuenta con el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho como mecanismo eficaz para

proteger sus derechos fundamentales; además, que no se acreditó

la condición de sujeto de especial protección como madre cabeza de

familia.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del

a quo para lo cual afirmó que, a pesar de tener otro mecanismo de

defensa, este no resulta idóneo ni eficaz, máxime cuando lo

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pretendido con la solicitud de amparo no es controvertir los actos

administrativos dictados por la administración municipal sino la

garantía de sus derechos fundamentales y el respeto por su estatus

de estabilidad laboral reforzada.

En este punto la Sala estima conveniente precisar que se

circunscribirá a los argumentos planteados por la actora en su

escrito de impugnación, de tal forma que el estudio de esta

segunda instancia se limitará a analizar los reproches emitidos

contra el MUNICIPIO DE LEBRIJA, comoquiera que no se expuso

inconformidad alguna frente al JUZGADO.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará, si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si

el MUNICIPIO DE LEBRIJA vulneró los derechos fundamentales

deprecados.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en

especial, el requisito de subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la

Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada

en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que

se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del

fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.

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Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 en reiteradas

oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos

administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el

juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto

de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente

arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean

afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En

efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el

particular de la siguiente manera:

«[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento
alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar
[…] »6.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico

5
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.

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requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador
es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia
necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no
suponga simplemente una separación transitoria u originada
en factores distintos al traslado o a circunstancias
superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado
pone en serio peligro la vida o la integridad personal del
servidor púbico o de su familia. En los anteriores eventos, la
Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden
familiar y económico del trabajador causada por el traslado,
tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del
amparo transitorio. Las circunstancias completas deben
revestir particular gravedad, de manera tal que sea
necesario el concurso del juez constitucional para conjurar
un perjuicio irremediable […] »7

Ahora bien, en el presente caso, la actora pretende que se ordene

su reintegro al cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado

03, adscrito a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del

Municipio de Lebrija, al cual se le declaró insubsistente mediante el

Decreto Municipal 100-02-01-088 de 2024 expedido por el

MUNICIPIO DE LEBRIJA.

Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es

improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su

disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho para controvertir la legalidad del Decreto Municipal 100-02-

7
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.

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01-088 de 2024 por medio del cual el MUNICIPIO DE LEBRIJA

declaró insubsistente su nombrmaiento en provisionalidad en el

mencionado cargo, mecanismo en el cual puede solicitar como

medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos. Máxime si

se advierte que la actora pretende hacer uso del mismo cuando

agote el requisito de conciliación prejudicial que ya se encuentra en

trámite ante la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, la Sala advierte que, tal como lo consideró el a quo, en

el presente caso no se encuentra acreditado que exista una

circunstancia de especial protección constitucional que amerite un

estudio de fondo del asunto como mecanismo transitorio o

definitivo para la protección de los derechos fundamentales

invocados, pues de las pruebas allegadas al expediente se advierte

que la actora cuenta con 30 años de edad, por lo que se encuentra

en una edad en la cual puede acceder al mercado laboral.

En efecto, aun cuando la actora alegó que es sujeto de especial

protección constitucional por ser madre cabeza de familia, no se

allegó prueba alguna que demostrara tal calidad, pues para ello se

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deben cumplir una serie de presupuestos establecidos por la Corte

Constitucional, para que opere la protección a estas mujeres.

Así las cosas, de conformidad con la sentencia SU-388 de 13 de

abril de 20058, la Corte Constitucional estableció que “[…] no toda

mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el

sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar […]”, pues

para ello se debía cumplir con los siguientes presupuestos:

“[…] para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i)
que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de
otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa
responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la
pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial,
síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros
de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la
madre para sostener el hogar […]”.

En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera

que no se cumple con los requisitos antes dispuestos, así como

8
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que

haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni

que la parte actora haya allegado prueba alguna encaminada a

demostrar dicha circunstancia.

En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela es

improcedente por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con otro medio de

defensa judicial, esto es, el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, a través del cual puede cuestionar

la legalidad de los actos administrativos que la declararon

insubsistente para el cargo.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la

actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre

de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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