Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00618-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00618-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00618-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: JESÚS EDUARDO MANTILLA SOLANO
Autoridad: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-Carácter
subsidiario del amparo. ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el afectado dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. TUTELA-No procede para interferir
en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido el 2
de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró
improcedente la solicitud de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 29 de febrero de 2024, Jesús Eduardo Mantilla Solano, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad
laboral reforzada, que alegó vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de
Bucaramanga y el Municipio de Lebrija con ocasión de la expedición del Decreto
Municipal 100-02-01-092 de 2024 que declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407, Grado 01 adscrito a la
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia – Inspección de Policía del Municipio
de Lebrija Santander.
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
Resuelve impugnación
En virtud de lo anterior, pide que se amparen sus derechos fundamentales y que se
ordene su reintegro al cargo que desempeñaba hasta que se profiera sentencia dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al cual acudirá para
discutir la legalidad del referido acto.
2. Hechos relevantes
Mediante el Decreto No. 108 del 26 de diciembre de 2023, el accionante fue nombrado
en provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01, adscrito
a la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia-Inspección de Policía en el
Municipio de Lebrija, conforme a los cargos creados por el Acuerdo 001 del 16 de marzo
de 2023.
El 1 de diciembre de 2023, el señor Norberto Vásquez Villarreal interpuso demanda de
nulidad simple contra el Acuerdo 001 del 16 de marzo de 2023 «por medio del cual se
modifica la estructura de la administración central del municipio de Lebrija y se señalan
las funciones de sus dependencias» mediante el cual se crearon tres nuevos cargos de
auxiliar administrativo en el sector central de la administración del municipio de Lebrija,
Santander. El asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, bajo el radicado n°. 68001-33-33-002-
2023-00305-00.
El día 5 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga profirió fallo y declaró la nulidad del Acuerdo Municipal No. 001 de 2023.
El 19 de junio de 2024 el accionante junto con un grupo de funcionarios del municipio de
Lebrija-Santander conocieron del fallo de nulidad y simple, y formularon incidente de
nulidad invocando el artículo 133.8 del CGP, pues no fueron vinculados al proceso y no
pudieron ejercer su derecho de defensa a pesar que tenían interés directo en este.
Asimismo, formularon recurso de reposición y en subsidio apelación contra el fallo de
primera instancia.
El Juez Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante auto del 4 de octubre
de 2024, resolvió denegar la intervención de los terceros en el proceso, el incidente de
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
Resuelve impugnación
nulidad y los recursos de reposición y apelación que habían interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, porque los afectados no estaban vinculados al proceso1.
El 8 de agosto de 2024, el secretario general del municipio de Lebrija le notificó al
solicitante el Decreto Municipal 100-02-01-092 de 2024 mediante el cual se declara
insubsistente el nombramiento del accionante. Lo anterior, en cumplimiento del fallo del
5 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, que declaró la nulidad del Acuerdo 001 del 16 de marzo de 2023 que creó
el cargo que el accionante ocupaba en provisionalidad.
El señor Mantilla Solano interpuso recurso de reposición contra la referida decisión, sin
embargo, el 6 de septiembre de 2024 fue declarado improcedente por tratarse de un acto
de ejecución. En consecuencia, interpuso solicitud de conciliación ante el Ministerio
Público, con miras a interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto.
3. Fundamentos de la solicitud
El solicitante alega que el acto que lo declaró insubsistente está viciado porque se motiva
en el cumplimiento de un fallo que no está ejecutoriado, pues se encuentra en trámite un
incidente de nulidad que formularon el accionante junto con otros funcionarios del
municipio porque no fueron vinculados al medio de control de nulidad simple a pesar de
tener interés en este; no obstante, el municipio de Lebrija fundamentó el acto de
declaratoria de insubsistencia en esa decisión.
Sostuvo que, si bien, lo alegado en sede de tutela debe ventilarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso esta solicitud porque la
jurisdicción contenciosa no es idónea para salvaguardar sus derechos fundamentales
por la demora que implica el trámite del proceso ordinario, ya que mientras se tramita el
proceso, el accionante no tiene la posibilidad de devengar su sustento diario y el de sus
hijos, como padre cabeza de familia y como una persona cuya edad de 38 años no le
permite vincularse rápidamente a otro trabajo. Solicita que se tenga en cuenta que
cumple los requisitos constitucionalmente establecidos para ser «madre cabeza de
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SAMAI, Proceso de nulidad ante el Juez Administrativo de Bucaramanga, Radicado 68001333300220230030500,
índice 63.
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
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familia» y, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional sobe la materia, debe
protegérsele a él como padre en las mismas condiciones.
Trámite de primera instancia
El 24 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción
de tutela y se ordenó su notificación al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga y al Municipio de Lebrija como accionados; así mismo, se vinculó al
Concejo Municipal de Lebrija y a Norberto Vásquez Villarreal como terceros interesados.
En el escrito de contestación, el Municipio de Lebrija solicitó que se declare
improcedente la solicitud, dado que no se cumple el requisito de subsidiariedad por no
haber acudido al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del
decreto. Por su parte, el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
informó del estado del proceso de nulidad, sin pronunciarse sobre la solicitud de tutela.
El Concejo Municipal, como tercero interviniente, solicitó que se niegue el amparo
solicitado.
Mediante sentencia del 2 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se había cumplido el
requisito de subsidiariedad respecto del acto administrativo que declaró la insubsistencia
del accionante, pues las medidas cautelares procedentes en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho –incluyendo la suspensión provisional del acto
administrativo– tienen la vocación de proteger derechos constitucionales y, además, son
suficientemente expeditas como para salvaguardar los derechos que el accionante
estima vulnerados. Además, señaló que el accionante no proporcionó suficientes
elementos de juicio respecto de su situación como padre cabeza de hogar, ni sobre que
sus circunstancias donde requieren protección constitucional reforzada, en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
El solicitante impugnó la decisión y alegó la ineficacia de la jurisdicción contenciosa para
asegurar su sustento diario. Asimismo, insiste en que, por su edad, el sector privado no
lo va a contratar y, por su situación tan gravosa, el sector público está completamente
vedado para él. En consecuencia, señaló que «yo no pretendo saltarme los
procedimientos de la jurisdicción, sino que me garanticen que mientras esto se decide,
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
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contaré con los recursos necesarios para acceder a los medicamentos que mes a mes
requiero, que podré realizar mis aportes a seguridad social y que contaré con el sustento
económico para cubrir mis necesidades». Asimismo, reiteró los argumentos expuestos
en la tutela. El 11 de octubre de 2024, se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
4. Cuestión Previa
El accionante formuló la acción de tutela contra el municipio de Lebrija que profirió el acto
que lo declaró insubsistente y el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga que
conoció del proceso de nulidad simple que se interpuso contra el Acuerdo 001 del 16 de
marzo de 2023 «por medio del cual se modifica la estructura de la administración central
del municipio de Lebrija y se señalan las funciones de sus dependencias». Sin embrago,
la Sala no advierte que el actor haya formulado algún reparo contra la autoridad judicial
o el fallo proferido en el marco de ese proceso.
En efecto, en la solicitud de tutela el señor Mantilla Solano señaló que «Mediante la
acción de amparo no pretendo cuestionar las decisiones emitidas por los despachos que
conocieron el proceso adelantado en mi contra, pues, lo que persigue es la garantía
efectiva de mis derechos esenciales al mínimo vital, de modo que se respete mi
estabilidad laboral reforzada; recabando que, soy padre cabeza de familia, sustento que,
al estar desvinculado laboralmente no puede cubrir, porque carece de recursos
económicos, quedando así desprotegido».
Así las cosas, la Sala procederá a resolver los reparos formulados por el accionante
contra el acto proferido por el Municipio de Lebrija que declaró insubsistente su
nombramiento, pues no tuvo en cuenta que es padre cabeza de familia y que no cuenta
con los recursos necesarios para su subsistencia y la de su familia.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
2 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró
improcedente la solicitud de tutela que interpuso el accionante contra el Decreto
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
Resuelve impugnación
Municipal 100-02-01-092 de 2024, que declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407, Grado 01 adscrito a la
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia – Inspección de Policía del Municipio
de Lebrija Santander.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados2.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos mecanismos
no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.3
Protección especial a las madres y padres cabeza de familia
La jurisprudencia constitucional ha ordenado acciones afirmativas para proteger sujetos
de derecho cuyos bienes jurídicos quedan en estados de especial indefensión ante
2
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
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ciertas acciones, como, por ejemplo, la desvinculación laboral. Este es el caso de las
cabezas de familia, quienes tienen una protección reforzada a su estabilidad
ocupacional. La sentencia SU-388-05 es clara en los requisitos que deben acreditarse
para considerar a la mujer como madre cabeza de familia:
Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre
cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En
efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo
la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii)
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente
o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la
muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para
sostener el hogar.
A partir de la sentencia C-1039 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la calidad de cabeza de familia no es exclusiva de la mujer y, a pesar de que existen
acciones afirmativas y protecciones interseccionales que se activan al coincidir el ser
mujer y cabeza de familia en una persona, el hombre también puede ser cabeza de
familia y ser sujeto de protección.
Caso concreto
El solicitante alega que se vulneraron los derechos fundamentales alegados con ocasión
de la expedición del Decreto municipal 100-02-01-092 de 2024 que declaró insubsistente
su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407,
Grado 01 adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia-Inspección de
Policía del Municipio de Lebrija Santander. Lo anterior en cumplimiento de la sentencia
que dictó el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga dentro del medio de
control de nulidad simple rad. n°. 2023-00305-00 que declaró la nulidad del Acuerdo
Municipal No. 001 de 2023 «Por el cual se modifica la estructura de la Administración
Central del Municipio de Lebrija y se señalan las funciones y dependencias»
En virtud de lo anterior, pidió que se ordene su reintegro hasta que se profiera sentencia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que pretende
incoar para discutir la legalidad de ese acto.
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
Resuelve impugnación
El artículo 138 del CPACA dispone que toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le reestablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. A su vez, los artículos 229 y siguientes
del mismo precepto disponen la procedencia y requisitos de las medidas cautelares
frente a los actos administrativos, con el fin de suspender de manera provisional los
efectos de los actos.
La Sala advierte que el solicitante tiene a disposición el trámite previsto por el artículo
138 del CPACA para controvertir la legalidad del acto que declaró insubsistente su
nombramiento y puede solicitar como medida cautelar la suspensión de ese acto. En
consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito de subsidiariedad porque existe otro
medio de defensa judicial que debe ser agotado por el accionante antes de la
interposición de la solicitud de tutela.
En efecto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a la parte actora la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios de defensa
ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de las garantías
fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas, para acudir al recurso de amparo,
la parte accionante debe actuar con suma diligencia en tales procedimientos, pero
también, que la falta injustificada de agotamiento de los recursos ordinarios o
extraordinarios a que haya lugar deviene por completo en la improcedencia del
mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 Superior4.
Se reitera lo expuesto en la sentencia SU-691 de 2017, invocada por el Tribunal:
[L]a acción de nulidad y restablecimiento del derecho es, en principio, un mecanismo de
defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales de los
servidores públicos desvinculados de las entidades públicas, al estar dotado de
herramientas propicias para, entre otras cosas, suspender los efectos de actos
administrativos que generen perjuicios irremediables a los demandantes, en cualquier
etapa del proceso y sin que el rechazo inicial de la solicitud, sea obstáculo para que
posteriormente sean solicitadas las cautelas necesarias.
Además, coincide la Sala con el a quo en que el accionante no justificó su calidad de
padre cabeza de hogar ni otras circunstancias específicas con suficiencia, como para
4
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
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Resuelve impugnación
invocar la protección a la estabilidad ocupacional reforzada, en los términos de la
jurisprudencia constitucional. Ni siquiera sumariamente se logra acreditar, con los
insumos que se allegan al expediente, cuál es la afectación real al mínimo vital, quiénes
son los hijos del actor, su edad y condiciones que generan dependencia, ni el margen de
maniobra que posiblemente tenga para conseguir un trabajo.
En consecuencia, de las pruebas allegadas no se advierte una situación de
vulnerabilidad que amerite la intervención del juez de tutela como lo pretende el
accionante, por lo que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Por demás, según consulta al aplicativo SAMAI del proceso de nulidad Rad. 68001-33-
33-002-2023-00305-00 el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en
cumplimiento de un fallo de tutela, concedió el recurso de apelación contra el auto del 4
de octubre de 2024 que negó la solicitud de apertura de un incidente de nulidad que
interpusieron el accionante y otros, al considerar que se les debió vincular al proceso por
ser las personas que se nombraron y posesionaron en los cargos públicos territoriales
creados en virtud del Acuerdo No. 001 de 2023 que precisamente modificó la Planta de
Personal Central de la Alcaldía Municipal de Lebrija. En consecuencia, el expediente se
remitió al Tribunal Administrativo de Santander para que resuelva el recurso de
apelación.
Como el recurso de apelación contra el auto que negó la apertura del incidente de nulidad
se encuentra en curso y pendiente de que sea resuelta por el Tribunal Administrativo de
Santander, no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta se
encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto. Por ello, el
pronunciamiento del juez de tutela configuraría un desplazamiento del juez competente
y emitiría un prejuzgamiento sobre asuntos que le corresponden, según la legislación
procesal, de modo que la solicitud de tutela es improcedente.
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 2 de octubre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela
pues no cumple con el requisito de subsidiariedad.
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Expediente No. 68001-23-33-000-2024-00618-01
Solicitante: Jesús Eduardo Mantilla Solano
Resuelve impugnación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que declaró improcedente la solicitud de tutela de Jesús
Eduardo Mantilla Solano contra el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y
el Municipio de Lebrija-Santander.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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