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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00619-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00619-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de la subsidiaridad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00619-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de octubre de 2024

Demandante: Mario Alejandro Acevedo Iriarte
Demandados: Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otro
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00619-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00619-01
Demandante: MARIO ALEJANDRO ACEVEDO IRIARTE
Demandados: JUZGADO 2° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA Y OTRO.

Tema: Tutela contra acto administrativo – confirma – requisito de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primer grado proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el 2 de octubre de 2024. En ese fallo se declaró improcedente la acción
de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte, actuando a nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y el municipio de Lebrija (Santander)1. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica al Decreto
municipal 100-02-01-0106 de 2024 que declaró insubsistente su nombramiento en
el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 04, adscrito a la Secretaría
de Gobierno, Seguridad y Convivencia del municipio de Lebrija, en provisionalidad.
Y, a la omisión del Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga de
vincularlo al proceso de nulidad simple que se adelanta con el radicado 68001-33-
33-002-2023-00305-00.

1
La solicitud de amparo fue radicada el 20 de septiembre de 2024.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Mario Alejandro Acevedo Iriarte
Demandados: Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otro
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00619-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental del accionante al MÍNIMO VITAL,
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, DIGNIDAD
HUMANA, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA los cuales están siendo
vulnerados POR EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA.
SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE LEBRIJA proceder MI reintegro a mi cargo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219 GRADO 04 ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, del municipio de
Lebrija Santander. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte estuvo vinculado al municipio de
Lebrija desde el año 2020 hasta el 2023, en diferentes cargos, en condición de
provisionalidad. El último, fue como Profesional Universitario – Código 219 – Grado
04 adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

6. Afirmó que mediante Resolución 100-02-14 de 2023 del 19 de febrero de
2024 se unificó el manual específico de funciones y competencias laborales de los
empleados de la planta de personal del sector central del municipio de Lebrija,
contenido en las Resoluciones 138 de 2017, 047 y 048 de 2023.

7. De otro lado, el señor Norberto Vásquez Villareal instauró el medio de control
de nulidad simple en contra del municipio de Lebrija, con el fin de que se anulara el
Acuerdo Municipal 001 del 16 de marzo de 2023. En este acto administrativo «se
modifica la estructura de la administración central del municipio de Lebrija y se
señalan las funciones de sus dependencias»2.

8. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 2° Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga. Autoridad judicial que el 5 de junio de 2024
profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la
demanda.

9. En contra de la anterior decisión, el señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte y
otros funcionarios del municipio de Lebrija (Santander), interpusieron incidente de
nulidad. Alegaron que no fueron vinculados a dicho trámite pese a que eran los
afectados directos de la declaratoria de nulidad. Por ende, no pudieron ejercer su
derecho a la defensa.

2
Proceso que se identifica con el número de radicado: 68001-33-33-002-2023-00305-00.

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00619-01

10. Mediante Decreto municipal 100-02-01-106 de 2024 el ente territorial de
Lebrija declaró la insubsistencia del cargo de Profesional Universitario – Código 219
– Grado 04 adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia ocupado
por el señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte. Acto que fue notificado mediante
correo electrónico del 8 de agosto de 2024.

11. El 20 de agosto de 2024 el señor Acevedo Iriarte interpuso derecho de
petición ante el ente territorial nominador. Allí, solicitó la aplicación de la sentencia
T-388 de 2020 en atención a que es padre cabeza de familia.

12. El 28 de agosto de 2024, instauró recurso de reposición en contra del Decreto
municipal 100-02-01-106 de 2024.

13. El 6 de septiembre de 2024 le fue notificada la Resolución 100-02-04-115 de
2024 a través de la cual el municipio de Lebrija declaró improcedente el recurso de
reposición que instauró contra la declaratoria de insubsistencia. Ello, con
fundamento en que el mismo era un acto de ejecución, en la medida que daba
cumplimiento a una orden judicial.

14. El 9 de septiembre de 2024, el Juzgado 2° Administrativo el Circuito de
Bucaramanga dio traslado a las partes del incidente de nulidad presentado por el
actor al interior del medio de control de nulidad simple que se adelanta con radicado
68001-33-33-002-2023-00305-00.

15. De otro lado, mediante radicado 20243041 la Alcaldía municipal de Lebrija le
dio respuesta al derecho de petición radicado el 20 de agosto del corriente. Allí le
informó que no cumplía con los requisitos de la sentencia T-388 de 2020. Además,
informó que el cargo ocupado no se encuentra en la planta de dicha entidad
territorial.

16. Informó que radicó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de
la Nación para el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, en el
cual pretende la anulación del Decreto municipal 100-02-01-106 de 2024 y su
reubicación en el cargo que ocupada u otro similar de igual categoría; así como, el
pago de todos los valores dejados de percibir hasta su reintegro.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte accionante afirmó que, con la expedición del Decreto municipal 100-
02-01-106 de 2024 se trasgredieron disposiciones constitucionales referidas al
derecho al trabajo y al debido proceso.

18. Esto, pues fue proferido con falsa motivación, en la medida que la autoridad
nominadora no sujetó sus atribuciones a los cánones legales. Cuestionó el hecho
de que el municipio de Lebrija se amparara en el artículo 189 de la Ley 1437 de
2011; disposición que, en su sentir, no era aplicable porque la misma dispone una

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nulidad extensiva a los decretos reglamentarios y en el caso concreto, se expidieron
unos actos administrativos por los cuales se crearon unos cargos, se modificó el
manual de funciones y realizaron unos nombramientos.

19. Por ello, considera que a las Resoluciones 047 y 048 de 2020 no le fueron
extensivos los efectos de la declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal 001 del
16 de marzo de 2023. Al no haber sido modulados las consecuencias de esta, no
podían entenderse incluidos los derechos particulares y concretos de las personas
naturales como los de él, aún más cuando no fue vinculado al trámite ordinario.

20. Además, cuestionó que no fue vinculado al medio de control de nulidad
simple pese a que era el afectado directo. Tampoco se llamó al proceso al Concejo
Municipal de dicho ente territorial.

21. Indicó que es padre del menor de edad y es quien le provee lo necesario en
temas personales y académicos. Afirmó que su madre tiene otro hijo y no tiene
trabajo que le permita apoyar su sustento. Además, señaló que el niño se encuentra
en tratamiento médico especializado con el fin de tratar diferentes procesos
respiratorios.

22. Asimismo, señaló que en virtud de la confianza legítima generada por su
contrato, adquirió obligaciones crediticias con diferentes entidades financieras. Y,
reinició sus estudios de maestría en administración.

23. Afirmó que el acto administrativo que lo declaró insubsistente transgredió su
derecho a la legítima defensa y no se tuvo en cuenta su condición de padre cabeza
de la familia, afectando con ello sus derechos fundamentales y los de sus
dependientes.

24. De igual manera, afirmó que no tiene los recursos para garantizar su congrua
subsistencia y la de su familia. Por ende, sus derechos fundamentales a la vida, al
mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la educación suya y de su hijo, al
acceso a la seguridad social y a tener una vida en condiciones dignas están siendo
afectados.

25. Agregó que sus padres son adultos mayores de 60 años y actualmente
cuentan con su apoyo mensual para su subsistencia. Que, si bien son 5 hermanos,
3 de ellos se encuentran sin empleo, y 1 tiene trabajo, sin embargo, solo le alcanza
para mantener a su familia.

26. Trajo a colación el artículo 43 constitucional, la Ley 909 de 2004 y las
sentencias T-7388 del 3 de septiembre de 2020, T-186 de 2013, SU-446 de 2017 y
SU-389 de 2005 relacionados con la protección de la familia y las madres cabeza
de hogar como sujetos de especial protección constitucional.

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27. Finalmente, mencionó que en el sub judice concurren los requisitos genéricos
de procedencia de la acción de tutela atinentes a la inmediatez y la subsidiariedad.
Respecto de este último, afirmó que si bien existe el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para discutir la legalidad del acto administrativo al que
le adjudica la transgresión de sus garantías fundamentales, se encuentra en
imposibilidad de acudir al mismo «por la vacancia judicial».

1.5. Trámite de primera instancia

28. En auto del 24 de septiembre 2024, el magistrado ponente de primera
instancia avocó conocimiento de la acción de tutela de la referencia. En
consecuencia, dispuso la notificación del municipio de Lebrija y del Juzgado 2°
Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

29. De otro lado, negó la medida provisional solicitada por el actor3 y vinculó al
señor Norberto Vásquez Villareal y al Concejo Municipal de Lebrija como terceos
con interés.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Municipio de Lebrija

30. Actuando a través de apoderado judicial solicitó que se desestimen las
pretensiones de la tutela. Para el efecto, el ente territorial indicó que el accionante
no acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que presentó
una solicitud de conciliación ante la Procuraduría con miras a agotar el requisito de
procedibilidad para demandar en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el acto que lo declaró insubsistente.

31. En ese sentido, mencionó que no ha agotado todos los mecanismos de
defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico. Y, por el contrario, acude a
la tutela como mecanismo intermedio y desnaturalizando la acción pues no es este
el escenario para controvertir las actuaciones administrativas. Asimismo, tampoco
se reúnen las características de configuración de un perjuicio irremediable
dispuestas por la Corte Constitucional en sentencia T-161 de 2019.

32. De otro lado, señaló que no se han vulnerado sus derechos fundamentales y
para sustentar su afirmación, trajo a colación las sentencia T-579 de 1997, T-1618
de 2000, T-804 de 2002 y T-130 de 2014.

1.6.2. Concejo Municipal de Lebrija

3
El actor solicitó en el escrito de la tutela que se le ordenara al municipio que procediera con su
reintegro hasta la fecha en que se profiriera el fallo de primera instancia al interior del trámite de
nulidad y restablecimiento del derecho que pretende ejercer.

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33. Señaló que no partició directamente en el proceso de nulidad simple porque
no cuenta con personeria juridica y por tanto, las actuaciones judiciales de dicho
concejo se hacen a través del ente territorial que si cuenta con dicho atributo; esto
es, el municipio de Lebrija. La única exceción es en el caso de nulidad electoral, en
los términos del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

34. De otro lado, señaló que no tiene conocimiento sobre la situación personal
del accionante y, por tanto, no le constan ni los hechos ni los fundamentos de la
vulneración señalados por el.

35. Asimismo, refirió que no evidencia una situación que pueda constituir un
perjuicio irremediable o una afectación directa a derechos fundamentales del actor
y que ameriten la procedencia de la solicitud de amparo. En ese sentido, refirió que
no se acredita el requisito de la subsidiariedad porque existen otros mecanismos
judiciales.

1.6.3. Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga

36. Refirió que en el trámite de nulidad simple adelantado bajo el radicado 68001-
33-33-002-2023-00305-00 se respetaron los derechos de la parte actora y del ente
territorial. Para sustentar su dicho, hizo un recuento de todas las actuaciones
procesales surtidas en el proceso referido .

37. Hizo énfasis en el incidente de nulidad presentado por el actor y otros, contra
la sentencia del 5 de junio de 2024. Mencionó que, surtidos los traslados necesarios,
se resolverá el mismo de conformidad con el trámite dispuesto por el legislador en
la Ley 1437 de 2011.

1.6.4. Mario Alejandro Acevedo Iriarte
38. Efectuó un pronuncimiento sobre las intervenciones recibidas en el trámite.
Así las cosas, señaló que de la intervencion del juzgado se podía corroborar que la
sentencia de nulidad simple no está ejecutoriada. Que el Concejo Municipal solicita
también la protección de sus derechos fundamentales. Respecto del municipio iteró
que realizó una actuación ilegal con la decisión de insubsistencia. Con ello, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales invocados en la presente acción.

1.7. Sentencia de primera instancia

39. En sentencia del 2 de octubre de 20244, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la improcedencia de la acción de tutela tras considerar que no
se acreditó el requisito de la subsidiariedad. Esto, pues la parte actora tiene a su
disposición los medios de control propios ante la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo dentro de los cuales puede solicitar el decreto de medidas cautelares.

4
Esta decisión fue notificada el 15 de mayo de 2024. Cfr. Índice SAMAI N. º13. Exp 76001-23-33-000-
024-00256-00.

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Aunado al hecho que no logró acreditar su condición de sujeto de especial
protección constitucional en la categoría de padre cabeza de familia.

1.8. Impugnación

40. El señor Acevedo Iriarte refirió que, si bien ya solicitó conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría, la congestión judicial torna en ineficaz el medio de control
pertinente, en razón a la gran cantidad de procesos que se encuentran represados.

41. Refirió que lo pretende no es cuestionar la legalidad del acto administrativo
que declaró su insubsistencia, sino la protección de sus derechos fundamentales
porque se encuentra en una situación apremiante derivada del «abuso de poder del
alcalde», pues aun cuando no se encontraba ejecutoriada la sentencia del 5 de junio
de 2024 adoptó una decisión en su contra.

42. Expuso que a su edad no le es fácil conseguir otro trabajo, pues el sector
privado prioriza la contratación de personas jóvenes y en la esfera pública le resulta
materialmente imposible porque, afirma, es tan grave su situación que se encuentra
inhabilitado para vincularse.

43. Iteró los argumentos elevados en su escrito de tutela y finalmente, solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar, se acceda a la
solicitud de amparo constitucional deprecado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

44. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
cartera accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 2 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

46. La Sala advierte que el señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte está legitimado
en la causa por activa. Esto porque es el destinatario del Decreto municipal 100-02-
01-0106 de 2024, que señala como transgresor de sus garantías fundamentales.

47. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Juzgado 2° Administrativo del
Circuito de Bucaramanga y el municipio de Lebrija se encuentran legitimados en la

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causa por pasiva al ser las autoridades judiciales a quienes se les reprocha; de un
lado, la omisión de vincularlo al proceso de nulidad simple 68001-33-33-002-2023-
00305-00; y de otro, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento en
provisionalidad.

2.3. Problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 2 de
octubre de 2024.

49. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿el municipio de Lebrija vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante, con la expedición del Decreto municipal 100-02-01-0106
de 2024, motivado en la expedición de la sentencia del 5 de junio de 2024
por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga?

• ¿el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante al omitir
vincularlo al proceso de nulidad simple adelantado con el radicado 68001-33-
33-002-2023-00305-00?

50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, y de superarse los requisitos
generales de procedibilidad, (ii) naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e
improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces,
(iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos y;
(iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

51. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

52. Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el
interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede
la tutela como mecanismo transitorio.

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2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

53. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.

54. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

55. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.

56. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

57. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del
artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es
vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y
en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

58. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

59. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo. Esta es la vía procesal idónea que el legislador ha diseñado para la
garantía de los derechos5.

60. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la
tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las
actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»6.

61. Tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de procesos
es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido ordenamiento.

62. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

2.7. Análisis sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso
concreto

2.7.1. Del cargo contra el municipio de Lebrija

63. Debe recordarse que la parte accionante atribuye al municipio de Lebrija la
vulneración de sus garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada.

64. Adjudica dicha transgresión, en particular al Decreto municipal 100-02-01-
106 de 2024 que declaró su insubsistencia del cargo de Profesional Universitario –
Código 219 – Grado 04 adscrito a la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Convivencia del municipio de Lebrija, en provisionalidad.

65. Acto administrativo que habría sido consecuencia de la sentencia del 5 de
junio de 2024 proferida por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Bucaramanga en el trámite del medio de control de nulidad simple identificado con
el radicado 68001-33-33-002-2023-00305-00. Providencia en la que se resolvió
declarar la nulidad del Acuerdo Municipal 001 de 2023 «[p]or el cual se modifica la
estructura de la administración central del municipio de Lebrija y se señalan las

5
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.

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Demandante: Mario Alejandro Acevedo Iriarte
Demandados: Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otro
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funciones de sus dependencias».

66. En concreto, el actor señala que con la declaratoria de insubsistencia se
afectó el mínimo vital, la salud, la seguridad social y demás garantías de él y de su
hijo menor. Esto, por cuando alega que es padre cabeza de familia y que por su
edad le es difícil reintegrarse al mercado laboral. Señaló que dicha decisión adolece
de falsa motivación y fue proferida en contravía de su derecho fundamental al
debido proceso.

67. Puso de presentó que elevó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación contra el municipio de Lebrija, con miras a una
eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del Decreto municipal
100-02-01-106 de 2024. Sin embargo, indicó que está en una situación apremiante
que no le permite someterse a la espera indefinida de la resolución judicial del
conflicto y por eso acudía a la acción de tutela.

68. Con este contexto, sería del caso proceder con el estudio de fondo que
permitiera determinar si era procedente la declaratoria de insubsistencia del señor
Mario Alejandro Acevedo Iriarte, aun cuando la decisión judicial que la motivó no se
encuentra en firme. Sin embargo, se hace necesario retomar las consideraciones
efectuadas por el Tribunal Administrativo de Santander en relación con el requisito
general de la subsidiariedad.

69. La Sala considera que la petición de amparo es improcedente porque para
cuestionar la decisión tomada en el acto administrativo objeto de la presente
solicitud de amparo constitucional, nuestro ordenamiento jurídico tiene establecido
un medio de control. En efecto, en este caso para desvirtuar la presunción de
legalidad del acto mencionado, la parte actora tiene a su alcance el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del CPACA.

70. Se estima que, contrario a lo afirmado por el actor, este mecanismo resulta
idóneo y eficaz para solicitar que se deje sin efecto la decisión enjuiciada y proteger
los derechos fundamentales que considera en riesgo. Nótese que el juez ordinario
cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20117.

7 «Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que

se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o
en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo
y podrán ser decretadas de oficio.

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71. A propósito de este último aspecto, recuérdese que esta corporación ha
señalado que las medidas cautelares establecidas en el CPACA también son
idóneas para la protección de derechos fundamentales, en la medida que las
mismas pueden ser:

(i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa, o la
realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio
o la agravación de sus efectos; (ii) conservativas, cuando el juez ordena que se
mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible; (iii)anticipativas, en
el evento que se ordene la adopción de una decisión administrativa o se imparta
órdenes o se le imponga a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de
hacer o no hacer; (iv) suspensivas, cuando se ordene suspender un procedimiento
o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual o se ordene suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo8.

72. Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional la
acción de tutela es procedente, pese a existir otro medio de defensa judicial, cuando
el amparo se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

73. En este asunto, la Sala considera que no se configura tal evento pues,
aunque el accionante señala que es padre cabeza de familia y que por su edad, le

Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación
directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado
Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A
esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la
cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o
no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando
tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»
8
Corte Constitucional, sentencia T-733 de 2014.

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es difícil reintegrarse a un cargo profesional, lo cierto es que, de los elementos de
juicio que integran el expediente: i) no se logra corroborar que es el único que tiene
a su cargo económica y socialmente de su hijo menor de edad; y ii) tiene 33 años;
es decir, está en edad productiva y no ajena al mercado laboral.

74. En este punto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha
señalado que para que la madre – en este caso el padre – ostente la calidad de
cabeza de hogar y por tanto sea beneficiaria del derecho a la estabilidad laboral
reforzada, se requiere:

Responsabilidad de Cuidado: Debe tener a su cargo la responsabilidad de hijos
menores o personas incapacitadas para trabajar.
Responsabilidad Exclusiva: La responsabilidad debe ser exclusiva, sin recibir ayuda
de otros miembros de la familia, o, si la recibe, esta ayuda debe ser insuficiente para
cubrir el mínimo vital de los dependientes, haciendo que el sustento del hogar
recaiga únicamente sobre la madre.
Responsabilidad Permanente: Esta responsabilidad debe ser de carácter
permanente, derivada de la ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja,
la incapacidad física, sensorial, síquica o mental de la pareja para asumir sus
responsabilidades, o la muerte de la pareja.9

75. Sin embargo, de las pruebas recaudadas hasta esta instancia, no se logra
acreditar que el padre sea el único responsable del cumplimiento de las obligaciones
económicas a cargo de su hijo, ni que el mismo esté a cargo de su cuidado.

76. Acá, se recuerda que el alto tribunal ha establecido que la connotación de
padre cabeza de hogar no se adquiere por el simple de hecho de ser el proveedor
de dinero, como lo pretende alegar el actor:

No basta con que el hombre se encargue de proveer el dinero necesario para
sostener el hogar y asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de los
hijos, panorama tradicional del hombre que mantiene un hogar, es el proveedor de
los bienes de consumo, y el pater familias. El hombre que reclame tal status, a la luz
de los criterios sostenidos para las mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante
las autoridades competentes, algunas de las situaciones que se enuncian, las cuales
obviamente no son todas ni las únicas, pues deberá siempre tenerse en cuenta la
proyección de tal condición a los hijos como destinatarios principales de tal
beneficio. (i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su
cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea
una persona que les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para
un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y
manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo
de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por
inasistencia de tales compromisos. (ii) Que no tenga alternativa económica, es
decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención
exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera,

9
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2024.

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ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la
tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos
menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la
madre. (iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los
mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de
familia para demostrar tal condición.10 [Énfasis de la sala].

77. No sobra exponer que tampoco existen elementos que demuestren que el
menor está en un tratamiento médico como lo afirmó el señor Acevedo Iriarte,
tampoco él o sus padres. Mucho menos, una situación que en efecto acredite que
está «inhabilitado» para vincularse a una relación laboral con el Estado, ni que su
edad sea impedimento para acceder al mercado, pues como fue expuesto, el actor
tiene 33 años y está en edad productiva.

78. Por lo expuesto, la sala considera que no hay una situación que permita inferir
la existencia de un perjuicio irremediable en cabeza del señor Acevedo Iriarte y que,
por lo mismo, habilite la intervención del juez constitucional.

79. Por consiguiente, es claro que el mecanismo de amparo no supera el
requisito de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro
instrumento idóneo para cuestionar la legalidad del acto administrativo ya referido.
Se añade el hecho de que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
presente.

80. Con tales consideraciones, mal haría esta sección en ocuparse de un tema
que eminentemente escapa de la órbita constitucional y corresponde a la autoridad
natural definir, luego de evaluar si los motivos aducidos tienen la suficiente entidad
para enervar la declaratoria de insubsistencia, o, por el contrario, son contrarias a
las disposiciones en que debía fundarse la decisión.

2.7.2. Del cargo contra el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Bucaramanga

81. Finalmente, debe recordarse que el señor Mario Alejandro Acevedo Iriarte
cuestionó el hecho de que la autoridad judicial que tiene a su cargo el medio de
control de nulidad simple identificado con el radicado 68001-33-33-002-2023-
00305-00, no lo vinculara al proceso, pese a que era el afectado directo.

82. Al respecto, la sala encuentra que el reproche alegado tampoco acredita el
requisito de la subsidiariedad. Esto es así, pues se tiene noticia de que el actor
presentó incidente de nulidad contra la sentencia del 5 de junio de 2024 proferida
por tal autoridad judicial, en el que alegó la indebida conformación del contradictorio.

10
Corte Constitucional, sentencia SU-389 de 2005.

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83. Ahora bien, al revisar el expediente ordinario se tiene conocimiento de que el
4 de octubre de la presente anualidad, el juzgado accionado resolvió de manera
desfavorable el referido incidente. Decisión que se notificó por estado del 7 de
octubre de 2024 y en contra de la cual se interpuso recurso de apelación11.

84. En ese orden de ideas, mal haría esta Sala de Decisión en usurpar las
competencias propias del juez ordinario, cuando se está a la espera de que la
autoridad judicial competente se pronuncie sobre los reparos que aquejan al señor
Acevedo Iriarte y resuelva los recursos correspondientes contra el auto que negó el
incidente de nulidad.

85. Por ende, la sala advierte que ninguno de los cargos propuestos por el señor
Mario Alejandro Acevedo Iriarte superan el requisito de subsidiariedad, en la medida
que dispone de mecanismos judiciales idóneos para que sus reparos sean
atendidos.

86. Así las cosas, la sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida
el 2 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, tras no acreditarse el requisito de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Santander que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por no superar el requisito de la subsidiaridad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

11
Visible en Samai, índices 63 y 67. Expediente: 68001-33-33-002-2023-00305-00.

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00619-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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