Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00688-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00688-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00688-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de diciembre de 2024
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00688-01
Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 68001-23-33-000-2024-00688-01
Demandante YHON MARIO BLANCO URIBE
Demandado JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA
Temas Acción de tutela contra providencia que resolvió solicitud de
insistencia. Derecho de acceso a la información pública. Información
semiprivada. Censura en la entrega de información ordenada en
recurso de insistencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección de Tránsito y Transporte
de Floridablanca contra el fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander, que dispuso:
«Primero. Amparar el derecho de petición y acceso a la información del señor Yhon Mario
Blanco Uribe y, en consecuencia;
Segundo. Dejar sin efecto la providencia proferida el pasado 15 de octubre de 2024 por el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga mediante la cual se
resuelve el recurso de insistencia tramitado dentro de radicado 680013333007-2024-00223-
00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga que
en el término de tres (03) días siguientes a la notificación de la presente decisión, se pronuncie
nuevamente dentro recurso de insistencia tramitado dentro de radicado 680013333007-2024-
00223-00 atendiendo a los lineamientos expuestos en esta decisión.» 1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de octubre de 20242, el señor Yhon Mario Blanco Uribe, invocando sus
facultades de veedor ciudadano, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga aduciendo la vulneración de
sus derechos fundamentales de petición, a la información y a la participación
ciudadana, con ocasión de la providencia de 15 de octubre de 2024 que resolvió el
recurso de insistencia con radicación Nro. 680013333007-2024-00223-00 que ordenó
la entrega de la información que fue negada por tratarse de reservada, pero dispuso
la anonimización de su contenido.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensiones3:
«Se revoque AUTO 680013333007-2024-00223-00 de fecha quince (15) de octubre de 2024,
proferido por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BUCARAMANGA dentro del radicado mediante el cual se resolvió recurso de insistencia
y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de petición y acceso a la información
pública en relación con la solicitud de “nombres presuntos infractores , numero documentos
de identidad de infractor, numero de placa de cada vehículo ” relacionados dentro de los
1
Página 15 del fallo de tutela de primera instancia. Samai para tribunales administrativos, índice 12.
2 Samai, para Tribunales Administrativos, índice 3.
3 Páginas 15 y 16 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
comparendos expedidos por la DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
FLORIDABLANCA (SANTANDER) el día veintisiete (27) de agosto de 2024 en el entendido
que sobre estos datos no opera reserva legal y no son datos sensibles ».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Yhon Mario Blanco Uribe presentó derecho de petición ante la
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca en el que solicitó lo
siguiente:
«PRIMERO Sírvase enviar a él suscrito los nombres y códigos de los agentes de tránsito así
también las copias de las ORDENES DE SERVICIO ORIGINALES (versión digitalizada) que
participaron en la instalación de retenes de tránsito el día VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE
2024 en el municipio de Floridablanca. SEGUNDO. Sírvase enviar a él suscrito VERSION
PUBLICA (digitalizada) de las copias originales de la totalidad de documentos públicos tipo
comparendo de tránsito que se expandieron en el municipio de Floridablanca el día
VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024. TERCERO. Sírvase enviar a él suscrito la información
de los conductores y de las placas de los vehículos tipo grúa que trasladaron los vehículos y
motocicletas a los patios de la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca el día
VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024.» (Sic para toda la cita)
2.2. En comunicación del 17 de septiembre de 2024, la Dirección de Tránsito y
Transporte de Floridablanca negó la entrega de las copias de los comparendos
por considerar que se trataba de actos administrativos con información
personal e íntima cuya circulación es reservada.
2.3. El señor Blanco Uribe insistió su petición el 26 de septiembre de 2024. Adujo
que la información requerida no contiene datos sensibles, sino que se trata de
información pública.
2.4. El conocimiento del recurso de insistencia correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y se le asignó la
radicación 680013333007-2024-00223-00.
En providencia del 15 de octubre de 2024, el juez accedió de manera parcial
a la insistencia, pero ordenó al sujeto pasivo del derecho de petición
anonimizar la copia digitalizada de las órdenes de comparendo impuestas el
27 de agosto de 2024 en el municipio de Floridablanca, eliminando de cada
uno de los archivos lo correspondiente a datos personales identificables.
3. Fundamentos de la acción
El accionante argumentó que la información censurada por el juez que conoció del
recurso de insistencia como los nombres de los infractores, sus documentos de
identificación y el número de placa de los vehículos no es información sensible ni
cumple con los presupuestos legales para disponer su reserva. Advirtió que son
datos personales de naturaleza pública, según lo dispuesto en el artículo 243 del
Código General del Proceso (CGP)
Enfatizó en que el ejercicio de vigilancia de la gestión de la Dirección de Tránsito y
Transporte de Bucaramanga no requiere de la autorización del titular de la
información, tal y como lo dispone el artículo 10 literal b) de la Ley 1581 de 2012.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 17 de octubre de 2024, el despacho sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Yhon Mario Blanco Uribe
contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
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El despacho además vinculó a la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca, en calidad de tercero con interés. Asimismo, dispuso que se
vinculara a la Procuradora Judicial 159 II delegada en Asuntos Administrativos
para que, si a bien lo tenía, se pronunciara sobre la tutela.
4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, por conducto del titular del despacho, argumentó que el
trámite del recurso de insistencia atendió a las disposiciones constitucionales
y legales aplicables, por lo que estima innecesario realizar consideraciones
adicionales frente a los desacuerdos del tutelante.
4.3. La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, a través del
secretario general y jurídico, defiende que la providencia judicial acusada no
vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor. A ese respecto,
explicó que los nombres y documentos de identidad de los ciudadanos son
datos que requieren autorización para poder entregarse a terceros, como lo
dispone el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012.
Así pues, el juez decidió mantener reservados algunos datos de los
documentos requeridos en garantía del derecho a la intimidad de los
ciudadanos a quienes se les ha impuesto una orden de comparendo por
infracciones de tránsito. Esta acción resulta acertada si se considera que al
señor Blanco Uribe no le asiste ningún interés legítimo para acceder a esa
información. Precisó que el objeto de la veeduría es prevenir hechos
irregulares en los procedimientos institucionales y puede ejercer esa labor con
la información que se le suministró.
5. Providencia impugnada
En la sentencia del 23 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
amparó el derecho de petición y de acceso a la información del señor Yhon Mario
Blanco Uribe y, como consecuencia de ello, dejó sin efectos la providencia del 15
de octubre de 2024 para que la autoridad judicial accionada se pronunciara
nuevamente sobre el recurso de insistencia, pero teniendo en cuenta los
lineamientos expuestos en ese fallo.
En la parte considerativa de la sentencia se indicó que la providencia acusada
incurrió en defecto sustantivo porque realizó una interpretación aislada del artículo
4.c) de la Ley 1581 de 2012 lo que llevó a que le diera la categoría de reservados a
los datos contenidos en los comparendos de tránsito, aunque se trata de
documentos públicos.
A ese respecto, recordó que la autoridad judicial accionada estimó que la autoridad
administrativa de tránsito debía entregar la información solicitada sobre los
comparendos, pero reservando los datos que según la Resolución 3027 de 2010
del Ministerio de Transporte obran en esos documentos: (i) placas de los vehículos
involucrados, (ii) datos del infractor, (iii) licencia de tránsito, (iv) datos del propietario
y (v) los datos de los testigos.
El Tribunal Administrativo de Santander precisó:
«(…) aunque los Jueces son autónomos en la interpretación de las normas, también lo es
que, en el caso que nos ocupa existió una interpretación no sistemática de lo previsto
en el Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, pues desconoció en su interpretación, lo
establecido en el literal b) del Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 4, así como el Artículo 243
del Código General del Proceso5, obstaculizando la efectividad de un derecho fundamental
4
«casos en los que no es necesaria la autorización: b) Datos de naturaleza pública»
5 «Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o son su
intervención» (sic)
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de acceso a la información, toda vez que, el número de identificación de los presuntos
infractores o del testigo, así como su nombre y, la placa del vehículo con el que cometió la
infracción, en virtud del referido Artículo 243 corresponden a datos contenidos en
documentos públicos, pues devienen de documentos otorgados por un funcionario público
en ejercicio de sus funciones, no siendo entonces datos sensibles, como lo hace ver el Juez
aquí accionado, ni requiriendo autorización para su divulgación 6.
Ahora, en lo que respecta a la dirección de residencia, número de la línea de celular, o correo
electrónico, se precisa en primer lugar que, no son datos que estén contenidos en lo que el
Ministerio Público ha establecido como una versión pública de los comparendos de tránsito
y por ende, podría entenderse, no fue solicitada por el aquí accionante (…)»
6. Impugnación
La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca impugnó la sentencia de
tutela de primera instancia, precisando que las normas que regulan la reserva no
permiten que sea entregada información personal de los ciudadanos a quienes se
les impuso una orden de comparendo por infracciones de tránsito.
Destacó que la orden de comparendo es una citación ante la autoridad de tránsito
para establecer su responsabilidad frente a unos hechos evidenciados por los
agentes de tránsito (Ley 769, artículo 2). Por esa razón los datos de los involucrados
no tienen carácter público en esa instancia procesal, pues solo es de interés del
notificado o de las partes involucradas en el accidente.
Adicional a lo anterior, no se observa un interés legítimo del peticionario de acceder
a los nombres e identificación de los presuntos infractores aun en su alegada
condición de veedor ciudadano.
El objetivo de Veemovilidad es prevenir hechos irregulares en los procedimientos
institucionales y esa labor la puede ejercer con la información que le fue
oportunamente suministrada, sin que la información que se reservó represente
imposibilidad alguna para esa tarea, más cuando se desconoce la finalidad para la
que se solicitan los datos personales de los presuntos infractores.
Finalmente, manifestó que con los criterios de cédula y placa es posible acceder a
la información registrada en el RUNT sobre la situación jurídica de cada vehículo,
datos tiene la categoría de semiprivados y, por tal motivo requiere autorización para
su acceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
6 «Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria
cuando se trate de:
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o
por orden judicial;
b) Datos de naturaleza pública»
7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Determinación y planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en la impugnación, corresponde a la
Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia en declarar
que, la providencia del 15 de octubre de 2024 proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga incurrió en defecto sustantivo y, en consecuencia,
amparar los derechos de petición y de acceso a la información invocados por el
señor Yhon Mario Blanco Uribe.
Para solucionar el caso jurídico propuesto, esta Sección verificará, en primera
medida, si la tutela promovida por el señor Blanco Uribe supera los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
luego, estudiará el caso concreto.
4. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
Para la Sala esta acción de tutela supera el requisito de relevancia constitucional
porque en ella se discute la presunta afectación de los derechos fundamentales de
acceso a la información pública y de petición debido a que, según el actor, se negó
el acceso a información que no requiere autorización del titular de acuerdo con el
artículo 10, literal b) de la Ley 1581 de 2012, dada su naturaleza pública, como lo
son los nombres de los infractores, sus documentos de identificación y el número
de placa de los vehículos. En suma, se discute el acceso a la información contenida
en las órdenes de comparendo en atención a la clasificación de estos datos como
públicos.
La petición de amparo también satisface el requisito de inmediatez si se considera
que la providencia acusada se emitió el 15 de octubre del año en curso en el trámite
de insistencia nro. 68001-33-33-007-2024-00223-00 y se notificó a través de mensaje
de datos remitido a los sujetos procesales ese mismo día. Como la tutela se
interpuso el 17 de octubre del presente año, atiende al plazo razonable de 6 meses
establecido en la jurisprudencia para atacar por esa vía providencias judiciales.
Adicional a lo anterior, la Sala evidencia que no se cuestiona un fallo de tutela y que
el accionante identificó de manera clara y razonable los hechos que originaron la
alegada vulneración de sus derechos fundamentales ante la concreción de un
defecto sustantivo en la providencia acusada.
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5. Análisis del caso particular
5.1. El señor Yhon Mario Blanco Uribe argumenta que, la providencia del 15 de
octubre de 2024 proferido por el juez Séptimo Administrativo de Bucaramanga
y que resolvió su recurso de insistencia que formuló, incurrió en defecto
sustantivo porque desconoció el carácter público de la información que solicitó
a la autoridad de tránsito y transporte. Fundamentó esta afirmación en el
contenido de los artículos 135 y 136 de la Ley 769 de 2002, del artículo 10 de
la Ley 1581 de 2012 y del artículo 243 del CGP.
Por lo anterior, solicitó que se le permitiera el acceso a los nombres de los
infractores, sus documentos de identificación y el número de placa de los
vehículos contenidos en la orden de comparendo debido a que es información
pública no sujeta a reserva.
En la providencia acusada, el juez Séptimo Administrativo de Bucaramanga
destacó la tensión que puede surgir entre el derecho de acceso a los
documentos públicos (74 CP) y el derecho a la intimidad (15 CP) y destacó que
no hay un parámetro legal que defina con certeza como resolverla, por lo que
corresponde al juez de la causa decidir cuál debe prevalecer, según las
particularidades de cada asunto.
Para este caso, el juez de la insistencia resolvió la alegada colisión de
derechos, así:
«Al respecto, cabe resaltar que dentro de los formatos tipo comparendo reposa
información de varias personas, tales como el infractor y los testigos, de modo que de
permitirse el acceso a esta información a un tercero, como es el señor YHON MARIO
BLANCO URIBE, puede implicar la afectación del derecho de privacidad e intimidad de
los ciudadanos a quienes se les haya impuestos las órdenes de comparendo y de quienes,
en calidad de testigos, se hayan vinculado a los mismos.
(…) Así las cosas, para el presente caso advierte el despacho que, si bien es cierto, en
las órdenes de comparendo reposa información de carácter reservado, también lo es que
no toda tiene ese carácter. Ello, en tanto la única limitación de reserva corresponde a los
datos de la esfera privada de aquellos a quienes les fue impuesta orden de comparendo
el 27 de agosto de 2024, y de quienes en calidad de testigos allí figuren.
Por consiguiente, el despacho declarará parcialmente infundada la negativa de la
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA de suministrar al
señor YHON MARIO BLANCO URIBE copia en versión publica de las órdenes de
comparendos impuestas el 27 de agosto de 2024 en el municipio de Floridablanca.
En consecuencia, este despacho ordenará a la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA que, dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
siguientes contados a partir de la notificación de este proveído, suministre al señor YHON
MARIO BLANCO URIBE copia digitalizada ANONIMIZADA de las órdenes de
comparendo impuestas en el municipio de Floridablanca, el día 27 de agosto de 2024,
evitando la entrega de información sensible que pueda formar parte de la esfera privada
del infractor o de las personas que se hayan registrado como testigos en dichas órdenes
de comparendo; esto es, nombres, documentos de identidad, dirección, teléfono o correo
electrónico y número de placa del o de los vehículos objeto de la infracción; datos estos
que son de naturaleza privada y solo resultan relevantes para el titular.» (Subraya la Sala)
De otra parte, el juez de tutela de primera instancia amparó los derechos
fundamentales de petición y de acceso a la información pública, porque
consideró que la decisión de anonimizar la información solicitada por el
peticionario se traduce en una interpretación no sistemática del ordenamiento
jurídico. Se extracta uno de los apartes relevantes de la providencia:
«(…) aunque los Jueces son autónomos en la interpretación de las normas, también lo es
que, en el caso que nos ocupa existió una interpretación no sistemática de lo previsto en
el Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, pues desconoció en su interpretación, lo establecido
en el literal b) del Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, así como el Artículo 243 del Código
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General del Proceso, obstaculizando la efectividad de un derecho fundamental de acceso
a la información, toda vez que, el número de identificación de los presuntos infractores o
del testigo, así como su nombre y, la placa del vehículo con el que cometió la infracción,
en virtud del referido Artículo 243 corresponden a datos contenidos en documentos
públicos, pues devienen de documentos otorgados por un funcionario público en ejercicio
de sus funciones, no siendo entonces datos sensibles, como lo hace ver el Juez aquí
accionado, ni requiriendo autorización para su divulgación8» (Subraya la Sala)
5.2. Para establecer si la providencia del 15 de octubre de 2023, que resolvió la
petición de insistencia, incurrió en el defecto sustantivo alegado, es importante
referirse al marco jurídico que regula el derecho de acceso a la información y
la jurisprudencia que le ha dado alcance.
Así pues, los artículos 15 y 74 de la Constitución Política establecen que le
asiste a toda persona la posibilidad de recibir información veraz e imparcial y
de acceder a los documentos públicos, salvo en los casos en que la Ley
establezca alguna restricción. Esta consagración se acompasa con lo
dispuesto en el artículo 19.2.9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos10 y con
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos11.
La regulación del derecho de acceso a la información se encuentra
principalmente en la Ley 1712 de 2014 «Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones», pero también hay referencias importantes respecto de su
alcance y límites en la Ley 1581 de 2012, estatutaria para la protección de
datos personales (habeas data) y la Ley 1266 de 2008 que regula el habeas data
y el manejo de la información en bases de datos personales.
En virtud del análisis que nos ocupa, debe traerse a colación el principio de
máxima publicidad consagrado en el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, en
virtud del cual «[t]oda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional
o legal, de conformidad con la presente ley».
Para dar alcance a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 5° de la
mencionada normativa explica que tienen la calidad de sujetos obligados,
entre otros, «toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por
servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital».
Por tanto, en principio, toda la información en posesión, control o custodia de
los sujetos obligados es pública y su acceso solo puede ser restringido por
disposición constitucional o legal en los términos de esa normativa.
A este respecto, también resulta útil consultar la clasificación de la información
contenida en el artículo 6° de la Ley 1712. Veamos:
(i) Información pública: «Es toda información que un sujeto obligado genere,
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal».
(ii) Información pública clasificada: «aquella información que estando en poder
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio,
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su
8 «“Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria
cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial; b) Datos de naturaleza pública; (…)” Ley 1581 de 2012»
9 «2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»
10
Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969. Cfr. https://indicators.ohchr.org/
11 Ratificado por Colombia el 28 de mayo de 1973. Cfr.
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el
artículo 18 de esta ley»
(iii) Información pública reservada: «Es aquella información que estando en
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la
totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley».
Según lo expuesto, el acceso a la información pública clasificada puede ser
negado en los términos del artículo 18 de esa Ley, mientras que se exceptúa
el acceso a la información pública reservada por el daño a intereses públicos,
por ejemplo, la salud y la seguridad pública, en virtud de lo consagrado en el
artículo 19.
En ese sentido es pertinente retomar la clasificación que respecto de los datos
contiene la Ley 1266 de 2008, ya que al tenor del artículo 6° de la Ley 1712 la
información pública clasificada comprende los datos semiprivados. Así
entonces, el artículo 3° de la Ley 1266 contiene varias definiciones relevantes.
En primera medida, establece que un dato personal es cualquier información
que puede vincularse con una persona natural o jurídica determinada o
determinable, asimismo esta disposición clasifica los datos personales en
públicos, semiprivados y privados.
El dato semiprivado es aquel que «no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública
y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector
o grupo de personas o a la sociedad en general», mientras que son datos públicos
los que no contienen datos sensibles, privados o semiprivados, como los
contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva o clasificación y los relativos
al estado civil de las personas.
Finalmente, en la categorización de los datos en custodia de los sujetos
obligados vale la pena considerar los datos sensibles.
Estos fueron definidos en el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012, así:
«aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política,
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales,
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la
salud, a la vida sexual y los datos biométricos».
Los datos sensibles son a su vez información privada dado que, a voces de la
Corte Constitucional12, revela facetas importantes de la vida personal, social
o económico del individuo por lo que sólo a él interesa. En consecuencia, su
divulgación a terceros sólo está permitida con autorización del titular o por
orden judicial.
La Corte constitucional13 ha precisado que la anterior clasificación de la
información o de los datos personales no debe aplicarse de manera
automática o aislada, sino que debe determinarse a partir de un análisis
contextual y teleológico, pues ciertas circunstancias pueden impactar la
categoría asignada a un dato específico.
De acuerdo con lo anterior, explicó que:
12 Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 2018. Párrafos 65 a 67.
13 Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2024.
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«en las sentencias judiciales ejecutoriadas, documentos de carácter público que, en principio,
permitiría concluir que solo contienen datos públicos en virtud de la clasificación presentada,
pueden aparecer datos sensibles o semiprivados que, por su naturaleza particular, exijan una
restricción a su acceso»14
5.3. El contexto expuesto, evidencia que en este caso se materializa una tensión
entre el derecho de acceso a la información pública de un usuario y el derecho
a la intimidad de los titulares de los datos que aquel requirió, la cual debe ser
resuelta en atención a la clasificación de la información solicitada y a las pautas
de la jurisprudencia constitucional para que ese análisis consulte criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
Así las cosas, lo primero que debe evidenciarse es que la Dirección de Tránsito
y Transporte de Floridablanca es un sujeto obligado en los términos del artículo
3° de la Ley 1712 de 2014, pues es un «establecimiento público del orden
municipal, dotado de autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio
autónomo»15. Por ello, la información bajo su posesión, control o custodia es,
en principio, pública, por lo que su acceso no podrá ser reservado ni limitado
salvo disposición constitucional o legal (principio de máxima divulgación).
Como consecuencia de lo anterior, correspondía a la autoridad administrativa
y/o al juez de la insistencia resolver la categorización de la información
requerida a efectos de establecer si era pública o si debía limitarse su acceso
total o parcialmente por contener información clasificada o reservada según el
marco jurídico aplicable.
Para esta Sala es pacífico que los datos que refieren a la línea de celular,
correo electrónico y dirección de residencia de los presuntos infractores y de
los testigos se trata de información semiprivada cuyo acceso solo puede ser
permitido con previa autorización del titular, por lo que su divulgación fue
adecuadamente restringida por el juez Séptimo Administrativo de
Bucaramanga al disponer la elaboración de una versión pública de las órdenes
de comparendo donde se omitiera esta información. La determinación también
se armoniza con lo dispuesto en la sentencia T-254 de 2024, en la que se
indicó
«Los datos personales del señor Fernando que el accionante solicitó al Colegio son, en su
mayoría, datos semiprivados: la dirección de residencia, el número de la línea celular, el correo
electrónico, y el lugar donde trabaja. En efecto, se trata de información que no solo incumbe
al titular, sino también a terceros, como pueden ser sus empleadores. Para el acceso a dichos
datos, se requiere autorización previa otorgada por el titular en los términos del artículo 9 de
la Ley 1581 de 2012.» (Subraya la Sala)
La discusión se centra en determinar, si al solicitante debió permitírsele
acceder a los datos sobre los nombres de los presuntos infractores, su
identificación y las placas de los vehículos implicados en los hechos descritos
en la orden de comparendo.
A ese respecto, tenemos que los datos sobre el nombre e identificación de las
personas constan en un documento público, en los términos del artículo 243
del CGP, por lo que, en principio, podemos coincidir con el a quo en que se
trata de datos públicos cuyo acceso no debe ser limitado en garantía del
principio de máxima divulgación.
La anterior declaración se extiende a la placa de los vehículos relacionados en
las órdenes de comparendo, pues de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 769
de 2002, la placa es un documento público que permite la identificación externa
y privativa de un vehículo.
14 Corte Constitucional, sentencia T-020 de 2014.
15 Acuerdo 01 de 2018 del Concejo Municipal de Floridablanca
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5.4. De acuerdo con lo anterior, se estima apropiado el remedio del Juez Séptimo
Administrativo de Bucaramanga de disponer la divulgación parcial de la
información requerida por Yhon Mario Blanco Uribe Blanco, en el sentido de
restringir u ocultar la información semiprivada de los titulares de la información,
como su dirección, teléfono o correo electrónico; pero lo que no resultó
acertado fue restringir la información pública allí contenida sobre los nombres
y la identificación de los presuntos infractores así como las placas de los
vehículos involucrados en la alegada infracción, sin considerar su naturaleza
de datos públicos.
A este respecto, conviene recordar el análisis que hizo esta Sala en un caso
previo en el que se discutió un escenario fáctico y jurídico similar al que hoy
nos ocupa:
«En lo concerniente a la información relacionada con el Registro Único de Nacional de
Tránsito, como los comparendos, la Corte Constitucional señaló que podrían contener datos
de todo tipo, como públicos (identificación de los infractores) o semiprivados (como las
direcciones de ellos y sus números telefónicos), situación que imponía a la autoridad analizar
cada uno de ellos para determinar si son objeto de reserva o no, y en caso afirmativo, justificar
en debida forma esa inferencia, lo que podría conllevar a publicarla de manera parcial, en
virtud del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala constata que en la
providencia cuestionada se concluyó de manera categórica que la información pedida por el
actor era reservada, por cuanto concernía a la privacidad e intimidad de los infractores, postura
que, como lo indicó el a quo, comporta desconocimiento de las normas estudiadas en
precedencia, en virtud de las cuales se colige que esos documentos involucran información
pública (por cuanto están bajo custodia de una entidad pública, de acuerdo con el artículo 2º
de la Ley 1712 de 2014), que es pasible de divulgación (como la identificación de los
infractores) y aunque podría contener datos semiprivados (como la dirección de ellos), su
naturaleza debió ser analizada detalladamente para determinar si era reservada o no y si podía
divulgarse de manera parcial, en atención al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.» 16 (Subraya
propia)
En ese orden, la sola consideración de que los nombres de los presuntos
infractores, identificación y las placas de los vehículos era información
reservada porque concernía a la privacidad e intimidad de los infractores,
comporta el desconocimiento de las normas antes relacionadas. La naturaleza
de estos datos debió ser analizada detalladamente para establecer su
categoría y determinar de acuerdo con el marco jurídico pertinente la
posibilidad de su divulgación.
Así pues, la decisión de restringir los datos públicos analizados en el caso
particular no atiende a la carga argumentativa que se exige para justificar una
decisión en tal sentido17.
Recuérdese que, en virtud del precedente constitucional sobre este asunto, las
normas que limitan el derecho de acceso a la información pública deben ser
interpretadas de manera restringida y toda limitación debe ser adecuada y
suficientemente motivada.
5.5. Adicional a lo anterior, esta Sala desestimará la prosperidad de los argumentos
de la impugnación relativos a (i) la falta de acreditación por parte del
peticionario de un interés directo para acceder a la información y (ii) al riesgo
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 31 de
octubre de 2024. Proceso nro. 68001-23-33-000-2024-00608-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
17 sentencia C-540 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «Según se ha indicado las excepciones a la
regla general del derecho de acceso a la información son constitucionalmente válidas si persiguen la
protección de intereses como la seguridad y defensa de la Nación. El legislador puede establecer límites al
derecho de acceso a la información, que serán legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos
fundamentales o bienes constitucionalmente relevantes. En esta medida, se debe acreditar que tales
derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace
indispensable mantener la reserva (…)»
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que puede representar la consulta de la situación jurídica del vehículo en el
RUNT a partir de los datos contenidos en las órdenes de comparendo
requeridas.
Frente al primer cargo, conviene recordar que, según el precedente
constitucional18, cuando se pretende el acceso a información categorizada
como pública no es necesario que el peticionario acredite un interés directo o
una afectación particular para requerir la información.
En este sentido, resulta relevante el siguiente aparte de la sentencia T-324 de
2024:
«Al revisar la constitucionalidad del proyecto de ley estatuaria que luego fue sancionada y
promulgada como la Ley 1712 de 2014, la Sala Plena de esta Corte consideró, mediante la
Sentencia C-274 de 2013, que la titularidad universal del derecho al acceso a la información
pública tiene como fin «asegura[r] que ésta deba ser entregada sin que sea necesario acreditar
un interés directo o una afectación personal». (Subraya la Sala)
Relativo a la posibilidad de que con los datos otorgados el solicitante consulte
en el RUNT la situación jurídica de los vehículos involucrados en la orden de
comparendo, debe decir esta Sala que, de acuerdo con el artículo 9° de la Ley
769 de 200219, el acceso al RUNT es público.
Aunque no se desconoce que en esa base de datos puede existir información
de carácter semiprivada o privada sometida a restricciones, lo cierto es que la
información relativa al histórico vehicular, que comprende la situación jurídica
del bien mueble, está a disposición de cualquier persona con el pago de una
tarifa acudiendo a los canales de atención del RUNT20, por lo que el argumento
no justifica la restricción de la información analizada.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, al advertir que la providencia acusada desconoció el
ordenamiento jurídico, tal como se analizó en precedencia, deberá confirmarse la
decisión de primera instancia que ordenó al juzgado demandado que decidiera
nuevamente el recurso de insistencia Nro. 68001-33-33-007-2024-00223-00 a la luz
de las consideraciones aquí expuestas, de las normas y jurisprudencia que señalan
la naturaleza de la información pública y, la necesidad de justificar el carácter
reservado de los datos requeridos para no entregarlos.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 23 de octubre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
18 Corte Constitucional. Sentencias: T-324 de 2024, T-273 de 2023, T-451 de 2011 y C-274 de 2013.
19 Artículo 9°. Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el RUNT
será de carácter público. Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán
determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar garantizada únicamente con
el cobro de tarifas que serán fijadas por el Ministerio para el Ingreso de datos y la expedición de certificados
de información.
20 Cfr. https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular
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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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