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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00716-01

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00716-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de noviembre de 2024 que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, por los motivos consignados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00716-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de enero de 2025

Radicación: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad por indebida notificación.
Subtema 2: defecto procedimental.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el municipio de Bucaramanga en contra de la
sentencia del 13 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de Bucaramanga interpuso solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
defensa que consideró vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga con ocasión de la providencia que esta autoridad profirió el
17 de octubre de 2024, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 68001-
33-33-012-2019-00413-00, en la cual se negó el recurso de reposición y se rechazó
por improcedente el de apelación interpuestos en contra del auto que negó la solicitud
de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la acción popular.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes:

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga conoció de
la acción popular que promovió el señor Jaime Zamora Durán en contra de la Dirección
de Tránsito de Bucaramanga, mediante auto admisorio del 21 de agosto de 2024 y
ordenó vincular al municipio de Bucaramanga.

1

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga

El municipio de Bucaramanga solicitó el enlace del expediente digital el día 21 de
agosto de 2024, al correo jadmin12bga@notificacionesrj.gov.co, del cual no recibió
respuesta.

El juzgado en mención celebró audiencia de pacto de cumplimiento el 17 de octubre
de 2024, dentro de dicha diligencia el municipio vinculado solicitó la nulidad de lo
actuado por indebida notificación del auto admisorio, la cual fue negada; contra dicha
decisión se interpuso recurso de reposición, el que fue resuelto de manera negativa, y
en subsidio, apelación que fue rechazado por improcedente.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: Que se conceda el amparo de los derechos constitucionales al debido
proceso (Art 29 C.N.), acceso a la administración de justicia (Art 229 C.N.), y derecho
de defensa (Art 29 C.N) y contradicción a que tiene derecho el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA dentro de la acción popular bajo el radicado:680013333012-2019-
00413-00.
SEGUNDO: Declárese por parte del despacho judicial, la Nulidad de todo lo actuado
por indebida notificación del auto admisorio de la demanda dentro de la acción popular
bajo el radicado: 680013333012-2019-00413-00, y por lo tanto se retrotraigan las
actuaciones al inicio de la misma.1

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga incurrió en un defecto
procedimental, ya que al negar la solicitud de nulidad por indebida notificación
desconoció la afectación del debido proceso.

El municipio de Bucaramanga indicó que el día que se notificó el auto admisorio solo
se adjuntó dicha providencia, lo cual vulneró los derechos invocados, comoquiera que
cuando intentó acceder al expediente digital a través del enlace dispuesto para tal fin
en el correo de notificación no fue posible y tampoco le permitió la descarga de los
documentos. Seguidamente, al no poder tener acceso al expediente de su interés,
solicitó al correo electrónico de notificaciones del juzgado el enlace del expediente
digital sin obtener una respuesta, por lo cual no tuvo oportunidad de conocer los
argumentos expuestos por la parte demandante, configurándose así la causal de
nulidad deprecada.

La entidad accionante destacó que la notificación constituye un elemento esencial de
las actuaciones procesales, pues pone en conocimiento de la contraparte los derechos
en controversia para que, de esta forma, este último pueda ejercer su defensa, por lo
cual, al no practicarse en debida forma la misma, la actuación resulta viciada.

2.3. Trámite procesal

La tutela correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que, a través del
despacho ponente, profirió auto el 29 de octubre de 20242 en el que admitió la solicitud

1
Se transcribe, incluso, con errores del texto.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 5, 06B10D8469CDF3DF CE80EE9725CA9E99
1E1979BBC2BC6A98 A02CEA073171C10F.

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de tutela y ordenó las notificaciones de rigor; en auto del 13 de noviembre de 2024,
vinculó a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

2.4. Intervenciones

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga3
solicitó que se niegue el amparo constitucional, ya que no vulneró los derechos de la
parte accionante, pues indicó que la providencia que ordenó la vinculación al proceso
del municipio de Bucaramanga se notificó conforme lo establece la Ley 472 de 1998 y
el CPACA. Aseguró, que el expediente electrónico siempre estuvo a disposición de las
partes e intervinientes.

La autoridad accionada agregó que no se configuró la causal específica de
procedencia, esto es, el defecto procedimental, pues como demostró en el informe
rendido, actuó dentro del margen legal establecido para la acción popular.

2.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia, el 13
de noviembre de 20244, en la que negó las pretensiones de la tutela interpuesta por
el municipio de Bucaramanga. Fundamentó su decisión en que el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga realizó una debida
notificación del auto admisorio, pues al verificar las actuaciones en Samai se pueden
constatar las constancias de notificación y de envío del enlace para consulta del
expediente digital.

Agregó que, a consecutivo 52, se visualiza la actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», del
21 de agosto de 2024, día en que se realizó la notificación; en ella se brindó el enlace
que da acceso al expediente electrónico que se encuentra cargado en OneDrive.
Explicó que, de la solicitud remitida al correo jadmin12bga@notificacionesrj.gov.co,
recibió una respuesta automática a través de la cual le informaban que ese no era el
canal dispuesto para la radicación de memoriales y que, por tanto, no se daría trámite
a este.

El juez de tutela de primera instancia consideró que el juzgado accionado no incurrió
en el defecto procedimental, pues el auto admisorio se notificó en debida forma
conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, que a su vez remite a lo
dispuesto por el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de
la Ley 2080 de 2021.

2.6. Impugnación

El municipio de Bucaramanga presentó impugnación en contra de la sentencia del 13
de noviembre de 20245, para lo cual reiteró los cargos del escrito de tutela y argumentó
que el juez constitucional de primera instancia malinterpretó la norma frente a la forma

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 8, 4A9298B07457D0DD 4FEC7BB973290401
96AD8B1AD149493C 1A62101257311955.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 16, 776A36E16B73F38E 27179439FD6BB4CA
7EB305F2C2774422 56E3B89B71534394.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00716-00, índice 19, 9800637DB89F720B 001DF6551F722D41
3A6D608AF20D7DB6 F8102083AAA33DDF.

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de notificación, pues aseguró que el enlace es insuficiente, ya que al momento de
notificar la decisión se encontraba «vacío», que aunque se agregaran actuaciones
posteriores, dicho hecho no subsana la obligación que tenía el despacho de
conocimiento de la acción popular en la etapa procesal de admisión.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 13 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa del municipio de Bucaramanga se encuentra
acreditada, por cuanto fue la parte vinculada en el auto admisorio del 21 de agosto de
2024 y quien solicitó la nulidad por indebida notificación en audiencia del 17 de octubre
de 2024, la cual fue negada, mediante el auto que es objeto de tutela, y, por lo tanto,
es titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.

También, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga porque fue la autoridad que
profirió la providencia del 17 de octubre de 2024, que según afirmó la parte tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional, bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional7.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional10 ha
precisado en su jurisprudencia el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.

Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con
el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son:

(i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico», lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»;
(ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma, o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares, más no para el interés general, y
(iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional,
toda vez que de encontrarse configurado el defecto procedimental que aduce el

8
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Ibidem.

5

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accionante, podrían resultar afectados los derechos fundamentales al debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y a la defensa, para cuyo amparo acudió a
esta acción constitucional.

Respecto de los cargos atinentes al defecto procedimental, el accionante no cuenta
con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales, pues contra el auto que resolvió la nulidad propuesta solo
procedía el recurso de reposición que interpuso12 en audiencia y fue resuelto de
manera desfavorable13.

Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque el auto
proferido el 17 de octubre de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga fue notificado en estrados14, y la tutela se presentó el 28 de
ese mismo mes y año15; esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional16 y el Consejo de Estado17 como período razonable.

En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal; no obstante, la Corte Constitucional
ha establecido que «es necesario que quien reclama la protección constitucional
mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué
consiste la violación alegada y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito
del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo
haber planteado el punto de manera previa en el proceso respectivo, siempre que este
fuere posible»18.

Este requisito está satisfecho en el presente asunto, en la medida en que la parte
actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada,
tan así que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que
hubiera alegado vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente
porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que, a juicio del
tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
presupuestos generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental, y
en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

12 Artículo 36 de la Ley 472 de 1998.
13 Al no estar dispuesto el recurso de apelación dentro del artículo 37 de la Ley 472 de 1998, y al ser el único

aplicable en materia de acciones populares tal como lo dispone jurisprudencia de esta corporación en Sala Plena,
en la providencia del 26 de junio de 2019 con radicado núm. 25000-23-27-000-2010-02540-01, reiterada en proceso
con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00.
14 Samai, exp. 68001-33-33-012-2019-00413-00, índice 67, 3DFF12692F41E67A 1452CE989B60E210
144112F218DCCEFD 6615AC0335E64EA9 .
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05812-00, índice 16, E7DC2CBF68F2EC90 2001CFEAD9912A15

9D4E613BE935977E BC8A69F6800272D7.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.° 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

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3.5. Problema jurídico

La Sala debe decidir si revoca, confirma o modifica el fallo de primera instancia del 13
de noviembre de 2024, que negó las pretensiones de amparo. Para ello, deberá
establecer si el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga incurrió en un defecto procedimental en el auto dictado dentro de la
audiencia celebrada el 17 de octubre de 2024, que negó el recurso de reposición contra
el auto que resolvió la nulidad por indebida notificación.

Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades del defecto procedimental, y (ii) el
caso concreto.

Generalidades del defecto invocado

La parte actora consideró que el juzgado accionado transgredió las garantías
constitucionales, porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
procedimental.

Defecto procedimental – reiteración jurisprudencial

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.

En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de los
procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional nominó como defecto procedimental.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el defecto
procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se presenta
cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo
de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»19.

Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede configurar
porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido
a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido o
(iii) no realiza el debate probatorio»20.

De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela demostrar
que el juez ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés actuó completamente
por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello generó una vulneración
grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio adecuado y oportuno
de sus derechos a la defensa y a la contradicción.

19
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-008 de 2019 y T-367 de 2018.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.

7

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En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de tutela
en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental exige
verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i) que
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el
carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos fundamentales; (iii)
que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la
situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»21.

3.6 Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el municipio de Bucaramanga presentó solicitud de nulidad
por indebida notificación del auto admisorio dentro de la audiencia de pacto de
cumplimiento en la acción popular con radicado n.° 68001-23-33-000-2024-00716-00;
la cual fue negada por el juzgado accionado, bajo los siguientes argumentos:

Visto el expediente electrónico en el aplicativo SAMAI, a índice 00051 reposa la
diligencia de notificación personal realizada a las partes e intervinientes a las 8:56 am.
Seguidamente, a índice 00052 se advierte el registro y cargue del expediente
electrónico contentivo de esta acción constitucional realizado a las 9:07 am.
Se precisa al respecto que, conforme el artículo 8 de la Ley 2213 del 2022, la
notificación solo se entenderá surtida dos días después de realizada la comunicación;
igualmente, se pone de presente, como lo informa el Ministerio Público, el enlace de
acceso al expediente electrónico iba incluido en la comunicación enviada a las partes
e intervinientes realizada el 21 de agosto de 2024.
Por tal motivo, el Despacho considera que no se configura la causal alegada por
indebida notificación del auto admisorio de la demanda; por lo tanto, se negará la
nulidad presentada.

Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio,
apelación; el primero confirmó la negativa inicial, y el segundo se rechazó por
improcedente.

Cotejado lo anterior, en contraste con el expediente digital visible en el aplicativo Samai,
la Sala puede concluir que el auto admisorio del 21 de agosto de 2024 fue notificado
ese mismo día. Así mismo, de las constancias de notificación, se infiere que se adjuntó
la referida providencia pues, por defecto, siempre que se notifica una actuación
procesal por el sistema Samai, en esta se comparte el enlace del proceso, tal como se
refiere a continuación:

21 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

8

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga

En igual sentido, en el consecutivo 00052 se creó la actuación expediente digital con
fecha del 21 de agosto de 2024, es decir, el mismo día que se notificó la providencia,
tal como se advierte a continuación:

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga

Además, revisada la actuación, se advierte que, si bien en un primer momento el
documento fue anexado al sistema en la modalidad de «clasificado», lo cierto es que
el despacho cambió el estado a «público», de manera que las partes tenían acceso al
expediente digital a partir del mismo día y hora en que se registró en el aplicativo, tal
como se muestra:

Ahora, los argumentos que sustentan la pretensión de amparo no resultan suficientes
para deducir que la parte vinculada en la acción popular no tuvo acceso al enlace del
expediente digital, pues la captura de pantalla que anexó no permite visualizar la
actuación que seleccionó ni los documentos que esta contenía. Tampoco trajo prueba
de que el aplicativo Samai no le permitiera su descarga.

En los términos expuestos, la Sala puede afirmar con total certeza que el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga aplicó en debida forma lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, pues la obligación de adjuntar
copia electrónica del documento que se notifica se cumplió. Del mismo modo, los
documentos que soportan dicha providencia se anexaron con la dirección web del
proceso y la actuación número 00052 del expediente digital.

En ese orden, la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto procedimental,
en la medida en que resolvió en forma correcta los recursos interpuestos contra la
negativa para que se declarara la nulidad de todo lo actuado, no omitió ninguna etapa
procesal ni actuó por fuera del procedimiento establecido, así como tampoco incurrió
en exceso ritual manifiesto, pues sus actuaciones se ajustaron a las normas
procesales aplicables tal y como lo expuso en el auto que hoy es objeto de revisión en
esta sede constitucional.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2024-00716-01
Accionante: Municipio de Bucaramanga
Accionado: Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga

IV CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 13 de noviembre de 2024
que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, que negó la pretensión de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de noviembre de 2024 que profirió el
Tribunal Administrativo de Santander, por los motivos consignados en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

AC/SEJV

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