RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2024-00739-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00739-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00739-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00739-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

7 de febrero de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco del IX Curso de
Formación Judicial. Requisitos de procedibilidad. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó el actor en contra de la sentencia del 27
de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela

Alfredo Larrota Ramírez, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a cargos públicos, que consideró vulnerados por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, con
ocasión de la Resolución No. EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio del mismo año y le asignó el puntaje 790 en la Subfase General realizada en el
marco del IX Curso de Formación Judicial dentro de la Convocatoria 27.

2. Hechos

El accionante superó las pruebas de la Convocatoria 27 adelantada para proveer
cargos de funcionarios en la Rama Judicial e hizo parte del IX Curso de Formación
Judicial regulado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2009.

La entidad accionada expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, “Por
medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial”, en la que asignó al actor una calificación insuficiente para
avanzar a la Subfase Especializada. Contra esta decisión el señor Larrota Ramírez
formuló recurso de reposición, el cual fue resuelto favorablemente mediante la
Resolución EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024, que elevó su calificación a 790;
sin embargo, este puntaje aún lo ubicó en la categoría de “reprobado”.

El actor presentó una solicitud de aclaración y corrección de la Resolución EJR24-905;
no obstante, la Escuela Judicial señaló que, conforme al artículo 87 de la Ley 1437 de
2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación del acto que resolvió la
reposición, por lo que no emitió una decisión de fondo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

3. Pretensiones y argumentos de tutela.

3.1. La parte actora solicitó que: i) se amparen sus derechos fundamentales; y ii) se
ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla “corregir la Resolución No. EJR24-
905 notificada el 8 de noviembre de 2024, en la que se resolvió el recurso de reposición
que interpuse contra la Resolución EJR24 298 del 21 de junio de 2024, procediendo a
corregir los errores formales, aritméticos y gramaticales aducidos, y en consecuencia
me sea rectificada la parte resolutiva de la resolución con el puntaje que realmente
obtuve y que corresponde a 810,01 puntos, el cual constituye puntaje aprobatorio para
continuar con las demás etapas del concurso”.

Como fundamentos de la acción de tutela expuso, en síntesis, los siguientes:

3.2. Informó que presentó recurso de reposición en contra de la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 y enlistó las preguntas que fueron calificadas como “mal
respondidas”, pero que en su criterio eran acertadas, “encontrando que la sumatoria
del puntaje de las respuestas que fueron objeto de reposición como consecuencia de
mi recurso, como se muestra a continuación suman 25.83 puntos, y por tanto si se
tiene en cuenta dicho puntaje, al sumárselo a los 775.840 puntos obtenidos
inicialmente, da como resultado 801.67 puntos”.

Señaló que lo anterior se sustentó en el criterio técnico adoptado por la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, el cual sirvió de fundamento para la decisión del recurso de
reposición. No obstante, a pesar de que las preguntas fueron respondidas
correctamente, la calificación no fue ajustada, lo que impidió alcanzar el puntaje de
801.67.

3.3. Afirmó que existen errores aritméticos y gramaticales en la Resolución No. EJR24-
905 del 5 de noviembre de 2024 —que resolvió el recurso de reposición— “pues los
puntos de las preguntas que me repusieron suman 25.83 puntos y los que por error no
me repusieron a pesar de que en la resolución indica la unión temporal que dichas
preguntas fueron respondidas correctamente, suman 8.34 puntos, para un total a
reponer de 34.17 puntos”.

3.4. A su juicio, y con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, la solicitud
de corrección y aclaración del acto que resolvió el recurso de reposición era
procedente. Además, señaló que, aunque la Escuela Judicial “hace entrever” que debe
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es que el inicio de la
Subfase Especializada era inminente, por lo que una eventual demanda ordinaria “no
resulta eficaz para la protección de mis derechos fundamentales, además de no ser
un mecanismo idóneo, pues para ello se está solicitando la corrección del error
aritmético y gramatical”.

4. Trámite en primera instancia

4.1. Mediante auto del 14 de noviembre de 20241 el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la acción de tutela y negó la medida provisional solicitada.

1 Índice 0005 del aplicativo SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

4.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla2 pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, dado que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de las Resoluciones EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-905 del 5 de noviembre de esa anualidad, y
resaltó que lo que pretende es la modificación del puntaje asignado para cambiar su
estado a “aprobado” y continuar a la Subfase Especializada.

Agregó que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni de
alguna de las circunstancias especiales que, según la jurisprudencia constitucional,
permitan considerar superado el requisito de subsidiariedad. Por otro lado, indicó que
la pretensión de ordenar la corrección de los errores gramaticales y aritméticos de la
Resolución EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024 no se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y que su verdadera intención es lograr la
modificación de su estado a “aprobado” mediante la eventual corrección.
4.3. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia el 27
de noviembre de 20243, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional, al estimar que no superó el requisito de subsidiariedad.

Para lo anterior, el a quo precisó la existencia de un acto administrativo cuya legalidad
puede ser cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, idóneo para abordar el
estudio de los argumentos de la petición de corrección y aclaración remitida por el
accionante.

Agregó que la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y
que los argumentos de la solicitud de corrección y aclaración “implican un estudio y
análisis de fondo en el que se requerirán elementos de prueba adicionales que
permitan constatar las presuntas irregularidades en los valores consignados como
puntaje obtenido”; además, destacó que la Ley 1437 de 2011 prevé la posibilidad de
solicitar el decreto de medidas cautelares, incluidas aquellas que se derivan de una
situación de urgencia.

7. Impugnación

El señor Alfredo Larrota Ramírez presentó escrito de impugnación en el que solicitó
revocar el fallo de primera instancia para que “sean tutelados mis derechos, bien sea
ordenando la modificación de la resolución o al menos concediendo la medida de
protección transitoriamente para que se me incluya de inmediato en la fase
especializada del Curso de Formación Judicial, mientras se resuelve de fondo el
asunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”4.

Insistió en que la Escuela Judicial incurrió en un error aritmético al otorgar 790 puntos
como calificación de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial “a pesar

2 Índice 0009 aplicativo SAMAI.
3 Índice 0011 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
4 Índice 0014 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

de que las preguntas que me repusieron suman 25,83 puntos, por lo que al sumarse
con el puntaje que obtuve en la fase general del Curso de Formación Judicial (775.840
puntos), el resultado arrojado es de 801.67 puntos”. Asimismo, reiteró que no se
requiere de una valoración de los puntajes de cada pregunta, dado que este ejercicio
ya fue realizado por la accionada en la resolución que resolvió el recurso de reposición,
“y lo único que se está pidiendo es una corrección al error aritmético, para lo cual solo
hace falta realizar la siguiente operación en una calculadora: 775.840 + 25.83 =
801.67”.

Consideró que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para corregir un
simple error aritmético constituye un exceso ritual manifiesto, contribuye a la
congestión judicial, se erige como una nueva vulneración de sus garantías
fundamentales y perpetúa el perjuicio irremediable que se le causó al no permitirle
continuar a la Subfase Especializada, a pesar de haber obtenido un puntaje
aprobatorio.

En su criterio, el perjuicio irremediable fue probado y consiste en que “al suscrito, le
fueron repuestos 25.83 puntos, lo que al sumarlos con los 775.840 puntos que había
obtenido de puntaje en los resultados de la fase general, da como resultado 801.67
puntos, puntaje que es aprobatorio para continuar en la fase especializada del Curso
de Formación Judicial. Sin embargo, por un error aritmético, se me otorga como
puntaje 790 puntos, lo que me excluye de continuar en la convocatoria 27”.

Explicó que la Subfase Especializada inició el 16 de noviembre de 2024, se encuentra
en curso y finalizará el 29 de junio de 2025. Con base en estos tiempos, consideró que
ni la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ni el decreto de una medida
cautelar por parte del juez ordinario serían eficaces, ya que la decisión podría emitirse
después de la fecha mencionada. Esto, debido a que ya se han presentado algunas
demandas ante los Juzgados Administrativos de Bucaramanga en las que los
funcionarios han manifestado impedimentos. Además, en caso de que se decrete la
medida y se interponga el recurso de apelación, el tiempo que tomaría el Tribunal
Administrativo de Santander para adoptar una decisión superaría ampliamente la fecha
límite de finalización de la Subfase Especializada.

Así las cosas, la parte actora indicó que la solicitud de amparo amerita un estudio de
fondo, y “como mínimo” ordenar a la accionada que permita su participación en la
Subfase Especializada de manera transitoria.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Alfredo
Larrota Ramírez, pues conforme a las pruebas aportadas con el escrito de tutela,
participó como discente en el IX Curso de Formación Judicial e interpuso recurso de
reposición en contra de la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 “por
medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

Formación Judicial Inicial”, con el fin de que se modificara el puntaje que le fue
asignado por calificación de la Subfase General. Asimismo, remitió la petición de
aclaración y corrección frente a la Resolución EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024,
que resolvió la reposición.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, dado que fue la autoridad que profirió los actos administrativos
que asignaron el puntaje de calificación, así como la decisión que resolvió el recurso
de reposición, y es la autoridad que recibió la petición de corrección y aclaración.

3. Subsidiariedad

Al respecto, resulta importante destacar que este requisito está definido expresamente
en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de
tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el
artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 19915.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 ha sostenido que es deber de la parte
accionante desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así se correría el
riesgo de interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.

En la decisión SU 067 de 2022 dicha Corporación estudió la procedencia de la acción
de tutela promovida con ocasión de la convocatoria 27 para proveer cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, a propósito de lo cual precisó que el mecanismo no
es, en principio, el adecuado para reclamar la protección de los derechos
fundamentales que se consideran lesionados por la expedición de un acto
administrativo, pues “el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437
de 2011 como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los
actos administrativos”7; además, las medidas cautelares previstas en tal estatuto
“permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa
judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este campo”.

No obstante, la Corte recordó tres excepciones a la regla general de improcedencia de
la solicitud de amparo en materia de concursos de méritos, de la siguiente forma:

“[...] 96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el
campo específico de los concursos de mérito8. Los actos administrativos que se

5“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
6 Sentencia C-590 de 2005.
7 Sentencias T-505 de 2017, T-146 de 2019, T-270 de 2012.
8 Tras analizar la línea jurisprudencial existente en la materia, la Corte manifestó lo siguiente en la

Sentencia T-049 de 2019: «[L]a Corte Constitucional recalcó en la sentencia T-315 de 1998, reiterada
en los fallos T-1198 de 2001, T-599 de 2002, T-602 de 2011 y T-682 de 2016, que la acción de amparo,
en principio, no procede para controvertir los actos administrativos que reglamentan o ejecutan un
proceso de concurso de méritos, salvo en los siguientes casos:- Cuando la persona afectada no tenga
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados
por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia
de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii)
planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»9. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción
de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de
trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera que
tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo»10.

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda
excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra estos
actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable11. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no
producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción»12.

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida
por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan
ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las
sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la
aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»”13

4. Caso concreto.
legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es
eminentemente constitucional.- Cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción».
9 Sentencia T-314 de 1998.
10 Sentencia T-292 de 2017.
11 Sentencias T-227 de 2019, T-049 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017 y T-551 de

2017.
12 Sentencia T-049 de 2019.
13 En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de

sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

De antemano la Subsección anuncia que la presente acción constitucional no cumplie
con el requisito de subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

4.1. El estudio de los documentos aportados con el escrito de tutela14 acredita lo
siguiente:

• A través de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de la calificación de la Subfase
General del IX Curso de Formación Judicial, en el que el señor Larrota Ramírez
obtuvo 755,840 puntos, que lo ubicó en estado “reprobado”.

• El actor interpuso recurso de reposición, con el fin de que se modificara la
calificación y se le asignara el puntaje de 872.5 que lo ubicara en el estado
“aprobado”.

• Mediante la Resolución EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024, la entidad
resolvió el recurso y modificó la calificación de la Subfase General del
accionante para asignar 790 puntos, con estado “reprobado”.

• El accionante presentó el día 11 de noviembre de 2024 “solicitud de aclaración
y corrección de la Resolución EJR24-905”, a la que se asignó el ticket 26208.

• Como respuesta, el 12 de noviembre siguiente la Escuela Judicial informó lo
siguiente

4.2. A partir de lo anterior, la Subsección advierte la existencia de un acto
administrativo definitivo que estableció la calificación de la Subfase General del IX
Curso de Formación Judicial y otorgó al actor 790 puntos, lo que resulta insuficiente
para continuar con la Subfase Especializada. En este sentido, el actor cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1381
de la Ley 1437 de 2011 para cuestionar la legalidad de la decisión, como un
mecanismo de defensa judicial idóneo15, aunado a que en dicho proceso se encuentra

14 Índice 0002 del aplicativo Samai del expediente de tutela de primera instancia.
15 ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

contemplada la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, en los
términos de los artículos 229 y siguientes de la misma norma, incluidas aquellas con
carácter de urgencia.

En este punto conviene precisar que las pretensiones elevadas por el actor en este
trámite tienen por objeto la “corrección” de la Resolución EJR24-905 del 5 de
noviembre de 2024, con el fin continuar en el Curso de Formación Judicial, lo que pone
en evidencia que se busca atacar la legalidad del citado acto administrativo y sus
fundamentos, pretensión propia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Asimismo, la Sala considera que los argumentos expuestos en la solicitud de
aclaración y corrección del 11 de noviembre de 2024 se enmarcan en las razones con
las cuales se cuestiona la legalidad del acto de calificación, ya que su propósito no es
otro que modificar el puntaje asignado con el fin de permitir su participación en la
Subfase Especializada.

Por otro lado, el interesado no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, y de
las pruebas aportadas en sustento de la acción no se desprende una condición de
debilidad manifiesta ni una situación que amerite una protección especial que justifique
exceptuar el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se desestima la solicitud
planteada en el escrito de impugnación, relativa a la concesión del amparo transitorio
y la autorización para participar provisionalmente en la Subfase Especializada. De este
modo, la Sala comparte la decisión de primera instancia sobre la improcedencia del
amparo solicitado y, en consecuencia, procederá a confirmarla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2024-00739-01
Accionante: Alfredo Larrota Ramírez

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SFGS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.