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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00750-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00750-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2024-00750-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández
Demandada: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga

Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Petición

Derecho Fundamental Amparado: Petición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga contra la sentencia de tutela de 2 de
diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio
de la cual amparó el derecho fundamental de petición de la actora.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, porque, a su juicio,
al no resolver “[…] la petición que radiqué el 9 de octubre de 2024 reiterada en 3
oportunidades, el 28 y 29 de octubre y 12 de noviembre de 2024 […]”, por medio de
la cual solicitó “[…] expidiera CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS y
CERTIFICACIÓN LABORAL del tiempo de servicio que presté en esa seccional del
01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024 como Juez Primero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga […]”, vulneró su derecho
fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] El 9 de octubre de 2024, por medio de correo electrónico,
radiqué derecho de petición ante la accionada, dirigido al área de Talento Humano
certificaciones (certificacionesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co), para que expidiera
CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS y CERTIFICACIÓN LABORAL del tiempo
de servicio que presté en esa seccional del 01 de noviembre de 2018 al 31 de
octubre de 2024 como Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bucaramanga. […]”.1

4. Manifestó que, “[…] El 28 de octubre de 2024 REITERÉ la petición y solo
hasta esa data el área de recursos humanos advierte que debo radicar la solicitud
al correo medesajbucaramanga@cendoj.ramajudicial.gov.co. […]”.2

5. Indicó que, “[…] El 29 de octubre de 2024 REITERÉ nuevamente la petición,
remitiéndola al correo medesajbucaramanga@cendoj.ramajudicial.gov.co,

1 Transcripción literal del texto.
2 Idem pie de página núm. 2 supra.

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

igualmente, advertí a la accionada que el término para emitir respuesta debía
contarlo a partir del 9 de octubre de 2024, debido a que casi 20 días después advirtió
sobre ese trámite. […]”.3

6. Sostuvo que, “[…] El 12 de noviembre de 2024 nuevamente insistí en la
petición de la expedición de los documentos requeridos el pasado 9 de octubre, sin
obtener respuesta, superando la accionada el término legal para emitir un
pronunciamiento. […]”.4

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela5:

“[…] PRIMERO: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA que en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas se pronuncie de fondo, de manera clara, precisa y
congruente del derecho de petición que radiqué el 9 de octubre de 2024 reiterado el 28
y 29 de octubre y 12 de noviembre de 2024 y proceda a la inmediata expedición del
CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS y CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS del
tiempo que presté servicio en esa seccional del 01 de noviembre de 2018 al 31 de
octubre de 2024 como Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bucaramanga y QUE LA RESPUESTA SEA PUESTA EN MI CONOCIMIENTO, lo que
deberán acreditar al Juzgado con la constancia de recibo. […]”.

7.1. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que6:

“[…] En sentencia T-377 de 2000 la Corte Constitucional determinó que el núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada sirve la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Asimismo, consideró que la respuesta debe cumplir con los siguientes requisitos: 1.
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado. 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional
fundamental de petición.

6.- En consecuencia, el hecho de que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga no se pronuncie de la petición que radiqué

3 Idem pie de página núm. 2 supra.
4 Idem pie de página núm. 2 supra.
5 Idem pie de página núm. 2 supra.
6 Idem pie de página núm. 2 supra.

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

el 9 de octubre de 2024 reiterada en 3 oportunidades, el 28 y 29 de octubre y 12 de
noviembre de 2024, vulnera mi derecho fundamental de petición, según lo expuesto
por la Corte Constitucional. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander,
mediante auto de 18 de noviembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó
notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, concediéndole el término de 2 días para rendir informe.

Intervención de la demandada y del Ministerio Público

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las siguientes
razones:

“[…] Al respecto, es indispensable informar a Su Señoría que la atención y trámite de
las solicitudes que se radican ante esta Seccional se adelanta con la aplicación del
derecho de turno, el cual corresponde a la fecha de radicación de su solicitud,
teniendo por delante más trámites, radicados con fecha anterior a la solicitud
presentada y, que se encontraban en turno para ser resueltos, toda vez que así lo
dispone la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos” […]”.

[…]

“[…] Lo anterior, teniendo en cuenta que esta entidad acoge la aplicación legal del
trámite de las solicitudes mediante turno, comoquiera que sólo existe UNA (1)
persona en la planta permanente de personal de esta Dirección Seccional encargada
de darle trámite a la expedición de CETIL, expedición de certificaciones laborales,
expedición de certificados de ingresos y retenciones de retirados, certificación de
periodos de vacaciones de funcionarios, entre otros múltiples trámites propios de esta
entidad.

En este sentido, resulta preciso indicar a la Honorable Magistrada que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga - Santander tiene
vinculados a la planta de personal aproximadamente 1.900 servidores judiciales
activos, entre empleados y funcionarios, más los servidores judiciales retirados y los
que fluctúan por nombramientos en situaciones administrativas que reportan los 358
nominadores de la Rama Judicial competencia de esta Seccional, de los cuales se
recepcionan diariamente solicitudes de diferentes asuntos, entre ellos como los
requeridos por la parte accionante, lo que hace más lento y, por ende, sujeto a turno
el trámite en cuestión, se reitera.

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

Así las cosas, se advierte que la mora en resolver no implica per se la vulneración de
derechos fundamentales, pues lo que el ordenamiento jurídico proscribe son las
dilaciones injustificadas, resultando imperioso tener en cuenta los motivos reales del
retardo que, para el caso concreto, han sido expuestos ante Su Señoría. Ciertamente,
el derecho fundamental de petición no se vulnera cuando la Administración no está
en la capacidad de responder dadas las características de la petición y la complejidad
en la puesta en marcha del aparato administrativo para su resolución, conforme así
lo ha establecido la H. Corte Constitucional, en Sentencia T-1234 de 2008 […]”.

[…]

“[…] Efectuadas las anteriores precisiones, se informa a la H. Magistrada que, esta
entidad, por intermedio del Área de Talento Humano - Certificaciones, dio respuesta
clara, de fondo, precisa y congruente a la solicitud presentada por la señora Angélica
María Valbuena Hernández, mediante la expedición de la Certificación
DESAJBUCER24-1675 del 20 de noviembre de 2024, respecto del tiempo de servicio
laborado en la entidad y los pagos y no pagos efectuados, durante el último periodo
laboral, conforme se evidencia en las pruebas adjuntas como anexo 2, CON LO QUE
SE CONSIDERA EVACUADO EL FONDO DEL ASUNTO.

En este sentido, se informa que el Certificación DESAJBUCER24-1675 del 20 de
noviembre de 2024, fue remitidos por medios electrónicos, mediante mensaje de
datos de fecha 20 de noviembre del 2024, desde el buzón institucional
certificacionesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co al correo electrónico de la señora
Angélica María Valbuena Hernández [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, conforme se
evidencia en documental adjunto como anexo 1. […]”.

10. El Ministerio Público rindió concepto en los siguientes términos:

“[…] De acuerdo a lo anterior y conforme al marco jurisprudencial transcrito en líneas
precedentes, para esta Agencia Pública es evidente que se transgredió el término de
15 días con que contaba la entidad accionada para dar respuesta a la petición de la
actora, en la medida que la solicitud se radicó por vía electrónica o transferencia de
datos el 9 de octubre de 2024, de manera que el plazo para la respuesta fenecía el
31 de octubre de 2024.

En sentir de esta Agencia no puede ser de recibo el argumento de la accionada en
cuanto que debía radicarse en un correo electrónico diferente, pues como lo reseña
la jurisprudencia constitucional, el plazo para la respuesta de fondo se contabiliza
desde el momento en que la entidad recibió la solicitud por cualquiera de los medios
habilitados para tal efecto, pudiendo ser utilizados para el ejercicio del derecho
fundamental de petición, y no pudiendo negarse a recibir y tramitar las peticiones
formuladas por medio de mensajes de datos, a partir de la plataforma tecnológica.

Pese a lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial al dar
contestación a la acción, refiere que las pretensiones que dieron lugar a esta Acción
de Tutela han desaparecido jurídicamente, por estar frente a la carencia actual de
objeto por hecho superado. […]”.

[…]

“[…] Es decir, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga funda el hecho superado en que ya se expidió la Certificación
DESAJBUCER24-1675 del 20 de noviembre de 2024, respecto del tiempo de servicio

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

laborado en la entidad y los pagos y no pagos efectuados, durante el último periodo
laboral.

No obstante, revisada la respuesta y sus anexos se advierte que si bien la
certificación referida contiene la relación de valores pagados y no pagados, no se
certifica el tiempo de servicio de la accionante, tal como se había solicitado en su
petición.

En ese orden, de acuerdo a las pruebas, la respuesta no fue completa y congruente
con lo peticionado, por manera que a estas alturas se continúa vulnerando el derecho
de petición de la actora. […]”.

La sentencia impugnada

11. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia en primera instancia,
el 2 de diciembre de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Angélica
María Valbuena Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA – SECCIONAL
BUCARAMANGA, que, en el término máximo e improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
responda de manera clara, completa y precisa la solicitud de la accionante
presentada el 09 de octubre de 2024, en lo que tiene que ver con el certificado de
tiempos de servicios del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024 en el
cargo de Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Además, deberá
notificarle la respuesta en los términos de la Ley 1437 de 2011 […]”.

12. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Revisadas las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que, la
Dirección Ejecutiva le dio respuesta a la accionante respecto de la certificación de
pagos y no pagos y se la notificó de forma efectiva. Sin embargo, no hizo referencia
alguna al certificado de tiempos de servicios desde el 01 de noviembre de 2018 al 31
de octubre de 2024 que también requirió, por lo que no puede considerarse que
respondió de forma completa y congruente lo pedido.

Como quedó visto en el marco jurídico de esta providencia, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, para satisfacer el derecho fundamental de petición,
la respuesta debe ser completa, clara, precisa y congruente con lo solicitado. En el
caso sub examine, al no abordar uno de los elementos requeridos, la respuesta de
la entidad no cumple con estos criterios esenciales, configurándose así una
vulneración parcial del derecho de petición de la accionante y en esa medida no hay
lugar a declarar el hecho superado por carencia actual de objeto.

Lo anterior, porque la figura de carencia actual de objeto por hecho superado requiere
que la situación que originaba la vulneración haya cesado completamente. En el

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

presente caso, al persistir la falta de respuesta sobre el certificado de tiempos de
servicios, no se materializa dicha figura. […]”.

La impugnación

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
solicitó i) revocar la sentencia de 2 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, y en su lugar declarar improcedente la solicitud de
tutela; y ii) declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
siguientes razones:

“[…] DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO Y LAS RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN

[…]

Efectuadas las anteriores precisiones, se informa a la H. Magistrada que, esta
entidad, por intermedio del Área de Talento Humano - Certificaciones, dio respuesta
clara, de fondo, precisa y congruente a la solicitud presentada por la señora Angélica
María Valbuena Hernández, mediante la expedición de la Certificación
DESAJBUCER24-1675 del 20 de noviembre de 2024, respecto del tiempo de servicio
laborado en la entidad y los pagos y no pagos efectuados, durante el último periodo
laboral, conforme se evidencia en las pruebas adjuntas como anexo 2, CON LO QUE
SE CONSIDERA EVACUADO EL FONDO DEL ASUNTO.

En este sentido, se informa que el Certificación DESAJBUCER24-1675 del 20 de
noviembre de 2024, fue remitidos por medios electrónicos, mediante mensaje de
datos de fecha 20 de noviembre del 2024, desde el buzón institucional
certificacionesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co al correo electrónico de la señora
Angélica María Valbuena Hernández [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, conforme se
evidencia en documental adjunto como anexo 1. […]

[…]

“[…] En lo que respecta a las pretensiones del mecanismo de amparo vale precisar
que, conforme los argumentos anotados en el acápite anterior, en lo que respecta al
derecho fundamental de petición que ejerció el actor, el mecanismo de amparo
invocado CARECE DE OBJETO respecto de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga – Santander, por HECHO SUPERADO, al
no existir en el momento, las circunstancias de hecho que motivaron su interposición.

Lo anterior, comoquiera que se dio respuesta a la solicitud elevada por la accionante
mediante mensaje de datos remitido desde el correo electrónico
certificacionesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co el 20 de noviembre de la presente
anualidad, al correo electrónico de la señora Angélica María Valbuena Hernández
[...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, conforme se evidencia en documental adjunto
como anexo 1.

Así mismo, comoquiera que se dio alcance y complementación a dicha respuesta el
día 06 de diciembre de 2024, con la expedición de la Certificación DESAJBUCER24-
1808 de 6 de diciembre de 2024, que fue notificada por medios electrónicos al buzón
de correo de la accionante antes referido. […].

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto, se
debe proteger el derecho fundamental invocado por la actora, el cual considera
vulnerado porque, a su juicio no se dio una debida respuesta a la petición que
presentó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga.

17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

18. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

19. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198410, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

20. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201111, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.

21. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.

22. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

10 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

23. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201512 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

24. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

25. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.

26. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

27. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

28. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición

12 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

29. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que sólo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

30. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

31. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

32. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

33. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201213, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,

13 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden
el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que
resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130
de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

13

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

34. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

35. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

36. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”14.

14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.

14

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

37. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

38. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Análisis del caso concreto

39. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, porque, a su juicio,
al no resolver “[…] la petición que radiqué el 9 de octubre de 2024 reiterada en 3
oportunidades, el 28 y 29 de octubre y 12 de noviembre de 2024 […]”, por medio de
la cual solicitó “[…] expidiera CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS y
CERTIFICACIÓN LABORAL del tiempo de servicio que presté en esa seccional del
01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024 como Juez Primero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga […]”, vulneró su derecho
fundamental invocado supra.

40. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

15 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

15

Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

42.2. Informe rendido por la accionada, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

43. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por la actora
ha sido contestada.

44. La Sala advierte que, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción
de tutela se le proteja su derecho fundamental, presuntamente vulnerado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, al no
resolver la solicitud de 9 de octubre de 2024, reiterada el 28 de octubre, 29 de octubre
y 12 de noviembre de 2024, mediante la cual solicitó que se le“[…] expidiera
CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS y CERTIFICACIÓN LABORAL del tiempo
de servicio que presté en esa seccional del 01 de noviembre de 2018 al 31 de
octubre de 2024 como Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bucaramanga. […]”.

45. Dentro de los anexos que allegó la actora, en escrito de 9 de octubre de 2024,
se indica lo siguiente16:

16 Transcripción literal del texto.

16

Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

“[…] Señores
ÁREA DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Buen día

Informo que mediante Resolución No. 102 del 23 de septiembre de 2024 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales efectuó mi NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD POR TRASLADO en el cargo de JUEZ PRIMERO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MANIZALES, el cual acepté el día 4 de
octubre de 2024, solicitando prórroga para tomar POSESIÓN el 01 de noviembre de
2024, solicitud que aceptó esa Honorable Corporación mediante Resolución No. 106
del 7 de octubre de 2024.

Por tanto, como efectuaré cambio de Seccional, el área de Talento de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales requiere el
CERTIFICADO DE PAGOS Y NO PAGOS por tanto, solicito sea expedido dicho
documento.

Igualmente, requiero una CERTIFICACIÓN LABORAL del único cargo que he
ejercido en esta Seccional del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024,
esto es, el cargo de JUEZ PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE BUCARAMANGA, que requiere el Honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales para efectuar la posesión en el cargo citado.

Como prueba de lo manifestado, allegó las resoluciones citadas y solicitud de
cercado de pagos y no pagos del área de Talento de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Manizales. […]”.

46. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Al respecto, es indispensable informar a Su Señoría que la atención y trámite de
las solicitudes que se radican ante esta Seccional se adelanta con la aplicación del
derecho de turno, el cual corresponde a la fecha de radicación de su solicitud,
teniendo por delante más trámites, radicados con fecha anterior a la solicitud
presentada y, que se encontraban en turno para ser resueltos, toda vez que así lo
dispone la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos” […]”.

[…]

“[…] Lo anterior, teniendo en cuenta que esta entidad acoge la aplicación legal del
trámite de las solicitudes mediante turno, comoquiera que sólo existe UNA (1)
persona en la planta permanente de personal de esta Dirección Seccional encargada
de darle trámite a la expedición de CETIL, expedición de certificaciones laborales,
expedición de certificados de ingresos y retenciones de retirados, certificación de
periodos de vacaciones de funcionarios, entre otros múltiples trámites propios de esta
entidad.

En este sentido, resulta preciso indicar a la Honorable Magistrada que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga - Santander tiene

17

Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

vinculados a la planta de personal aproximadamente 1.900 servidores judiciales
activos, entre empleados y funcionarios, más los servidores judiciales retirados y los
que fluctúan por nombramientos en situaciones administrativas que reportan los 358
nominadores de la Rama Judicial competencia de esta Seccional, de los cuales se
recepcionan diariamente solicitudes de diferentes asuntos, entre ellos como los
requeridos por la parte accionante, lo que hace más lento y, por ende, sujeto a turno
el trámite en cuestión, se reitera.

Así las cosas, se advierte que la mora en resolver no implica per se la vulneración de
derechos fundamentales, pues lo que el ordenamiento jurídico proscribe son las
dilaciones injustificadas, resultando imperioso tener en cuenta los motivos reales del
retardo que, para el caso concreto, han sido expuestos ante Su Señoría. Ciertamente,
el derecho fundamental de petición no se vulnera cuando la Administración no está
en la capacidad de responder dadas las características de la petición y la complejidad
en la puesta en marcha del aparato administrativo para su resolución, conforme así
lo ha establecido la H. Corte Constitucional, en Sentencia T-1234 de 2008 […]”.

[…]

“[…] Efectuadas las anteriores precisiones, se informa a la H. Magistrada que, esta
entidad, por intermedio del Área de Talento Humano - Certificaciones, dio respuesta
clara, de fondo, precisa y congruente a la solicitud presentada por la señora Angélica
María Valbuena Hernández, mediante la expedición de la Certificación
DESAJBUCER24-1675 del 20 de noviembre de 2024, respecto del tiempo de servicio
laborado en la entidad y los pagos y no pagos efectuados, durante el último periodo
laboral, conforme se evidencia en las pruebas adjuntas como anexo 2, CON LO QUE
SE CONSIDERA EVACUADO EL FONDO DEL ASUNTO.

En este sentido, se informa que el Certificación DESAJBUCER24-1675 del 20 de
noviembre de 2024, fue remitidos por medios electrónicos, mediante mensaje de
datos de fecha 20 de noviembre del 2024, desde el buzón institucional
certificacionesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co al correo electrónico de la señora
Angélica María Valbuena Hernández avalbueh@cendoj.ramajudicial.gov.co,
conforme se evidencia en documental adjunto como anexo 1. […]”.

47. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, mediante Oficio
con Radicado núm. DESAJBUCER24-1675 de 20 de noviembre de 2024, dio la
siguiente respuesta a la petición de la actora:

“[…] Certificación DESAJBUCER24-1675
20 de noviembre de 2024

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL ÁREA TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que, revisada la información registrada en la base de datos del Aplicativo de nómina
EFINOMINA, se pudo establecer que el (la) señor(a) VALBUENA HERNANDEZ
ANGELICA MARIA identificado(a) con la cédula de ciudadanía número […], laboró
para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – JUZGADO
001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA,
ostentando el cargo de JUEZ MUNICIPAL - Grado 00.

18

Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

Durante el último periodo laboral y en lo que corresponde a las prestaciones sociales
del (la) señor(a) VALBUENA HERNANDEZ ANGELICA MARIA, a continuación, se
detallan los pagos NO efectuados, esto último por cuanto no se consolidó la fecha de
la exigencia, aunado a que el servidor solicita traslado en esta Seccional para ocupar
otro cargo y continuó su vínculo laboral con otra seccional de la misma Rama Judicial,
ellos son:

La presente constancia se expide en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de
noviembre del año 2024. […]”.

48. Al respecto, obra constancia de envío a la actora a través de correo
electrónico enviado el 20 de noviembre de 202417:

17Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado “11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Anexo1RESPUESTA(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en medio digital.

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

49. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
cumplió con los requisitos de i) oportunidad, ii) que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado y iii) que haya sido puesta en
conocimiento de la peticionaria; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración
del derecho fundamental de petición.

50. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
de la actora; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala
encuentra que se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

51. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que, en efecto como lo consideró
el A quo, la respuesta de 20 de noviembre de 2024 no cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga no se pronunció respecto del certificado de tiempos de servicios
desde el 1.° de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024 que también requirió
la actora.

52. De conformidad con las consideraciones mencionadas supra, la Sala advierte
que se vulneró el derecho fundamental de petición de la actora.

Del cumplimiento de la orden de tutela

53. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia en primera instancia,
el 2 de diciembre de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Angélica
María Valbuena Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA – SECCIONAL
BUCARAMANGA, que, en el término máximo e improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
responda de manera clara, completa y precisa la solicitud de la accionante
presentada el 09 de octubre de 2024, en lo que tiene que ver con el certificado de
tiempos de servicios del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2024 en el
cargo de Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga,

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Además, deberá
notificarle la respuesta en los términos de la Ley 1437 de 2011 […]”.

54. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, complementó la respuesta supra a la solicitud de la actora
mediante Oficio con radicado núm. DESAJBUCER24-1808 de 6 de diciembre de
2024, en los siguientes términos:

“[…] Certificación DESAJBUCER24-1808
6 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL ÁREA TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisada la base de datos de Efinomina que reposa en esta Seccional, se
constató que: el (la) señor(a) VALBUENA HERNANDEZ ANGELICA MARIA
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número […] registra diferentes vínculos
legales y reglamentarios interrumpidamente (sic) a LA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO DE BUCRAMANGA (sic) desde el 01 de octubre de 2018, con estado actual
INACTIVO, perteneciente al régimen ACOGIDO, con tiempo de servicio en esta
seccional conforme se muestra en la siguiente tabla:

Que respecto de los pagos realizados desde 01/11/2018, se extrae la información de
los sistemas de nómina KACTUS y EFINOMINA, así: […]”.

[…]

“[…] La presente constancia se expide en Bucaramanga a los seis (06) días del mes
de diciembre del año 2024. […]”.

55. Al respecto, obra constancia de envío a la actora a través de correo
electrónico enviado el 6 de diciembre de 202418:

18 Cfr. Índice núm. 15 de SAMAI. Documento denominado “18_MemorialWeb_Recurso-
certANGELICAMARIA(.pdf) NroActua 15”. Archivo aportado en medio digital.

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

56. Atendiendo a que, i) la Dirección Ejecutiva Seccional impugnante allegó en
el trámite de segunda instancia la constancia de expedición del certificado que “[…]
contiene tanto pagos y no pagos, como el certificado de tiempo de servicios del
01/11/2018 al 31/10/2024 en el cargo de Juez Primero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bucaramanga […]”, así como la respectiva comunicación de
tal actuación; y ii) dicha actuación la realizó en cumplimiento de la orden de la
sentencia de tutela proferida en primera instancia: la Sala advierte que no se
configura una carencia actual de objeto por hecho superado.

57. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente19:

“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante20. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado21 […]”. (Resaltado por la Sala).

19 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
21 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

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Núm. único de radicación: 680012333000202400750-01
Actora: Angélica María Valbuena Hernández

58. En ese sentido, la Sala observa que, aun cuando ya cesó la vulneración, no
se puede señalar que la orden para garantizar el derecho fundamental de petición
carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que
corresponde es confirmarla.

59. La Sala considera que, no es que resulte innecesario decretar una orden de
amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse
en todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, no es que se haya negado la
solicitud de tutela y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga hubiese expedido el Oficio con radicado núm. DESAJBUCER24-
1808 de 6 de diciembre de 2024 para dar respuesta completa a la petición de la
actora, sino que fue con ocasión de la orden de tutela que se expidió dicho Oficio.

60. Al respecto esta Sección ha considerado que:22

“[…] Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para
aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias,
advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir
orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo ajustada a
derecho, corresponde confirmarla […]”.

61. En ese orden de ideas, habrá lugar a confirmar la sentencia de tutela
proferida en primera instancia.

Conclusiones de la Sala

62. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 2 de diciembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
amparó el derecho fundamental de petición de la actora.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de abril de

2024, radicado núm. 660012333000-2024-00059-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

23

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Actora: Angélica María Valbuena Hernández

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de diciembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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