Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00797-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00797-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00797-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00797-01
Accionante: Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Revoca amparo / Declara improcedencia ante la
carencia de objeto por hecho superado.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad accionada
contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual amparó el derecho fundamental de
petición del demandante.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 4 de diciembre de 2024, el señor Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
presentó acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de
acceso a la información y mínimo vital. Consideró que estos fueron vulnerados por
la falta de respuesta frente a la solicitud que elevó el 8 de noviembre de ese mismo
año.
2. De acuerdo con su relato, el 11 de octubre del 2024 dejó de desempeñar sus
funciones como Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
en provisionalidad, con ocasión de la posesión de la titular en propiedad, quien venía
por traslado desde Sincelejo.
3. Refirió que el 14 de octubre de 2024 hizo entrega del inventario a la titular del
juzgado, tanto de los elementos físicos que estaban a su cargo, como de los
procesos asignados al despacho hasta ese momento. El 15 de octubre siguiente, el
secretario del Juzgado en mención remitió al Grupo de Almacén e Inventarios de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga el acta de traspaso
respectiva.
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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00797-01
Accionante: Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4. El 8 de noviembre de 2024, el Grupo de Almacén e Inventarios informó al despacho
y al accionante que no fue posible registrar la solicitud de traspaso, en atención a
que la ahora titular del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga todavía tenía inventario por legalizar en la Seccional de Sincelejo. En
razón de ello, a efectos de expedir el paz y salvo de inventario al señor Buitrago,
pidió designar a otro servidor del despacho que temporalmente recibiera los
elementos del inventario, mientras la juez legalizaba su inventario en la Seccional de
Sincelejo.
5. Por último, indicó que para emitir el paz y salvo de inventario se requiere: (i) no
tener elementos a cargo en el inventario, es decir, realizar el traspaso a quien los
tenga en la actualidad; (ii) certificado de paz y salvo del despacho, en el que conste
que está a paz y salvo por todo concepto con el despacho, esto es, que realizó la
entrega de todos los expedientes, funciones y elementos que tuviera a su cargo en
su inventario individual y; (iii) entregar el carnet.
6. En consideración a lo anterior, en esa misma fecha, el demandante solicitó a la
Juez Sexta Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga designar a un
empleado para la recepción del inventario, así como expedir la carta de paz y salvo
respectiva.
7. El tutelante aseveró que el 13 de noviembre de 2024 contactó vía telefónica a la
titular del despacho, con el fin de reiterarle la solicitud antes referida. Reprochó que,
en respuesta a ello, la juez le indicó que “como a ella no le recibían aún en Sincelejo
entonces que ‘tenía’ que esperar a ese resultado, lo anterior sin siquiera analizar la
sugerencia que hace la dependencia Almacén de realizar un entrega transitoria.” (sic)
8. El 18 de noviembre de 2024, el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga informó al actor sobre los
requisitos para impartirle trámite a su liquidación definitiva de prestaciones sociales.
Entre ellos:
<< (…) 2. Paz y salvo expedido por el Despacho en el cual el (la) servidor (a) judicial
finalizó definitivamente su vínculo con la Entidad.
3. Paz y salvo expedido por el Grupo de Almacén e Inventarios del Área Administrativa
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander, el
cual deberá ser solicitado a los correos electrónicos:
<yzambrasa@cendoj.ramajudicial.gov.co> y
<spedrazm@cendoj.ramajudicial.gov.co>, a través del cual también puede elevar
cualquier solicitud relacionada con el inventario de bienes a su cargo (…)>>.
9. En esa comunicación, puso de presente que al momento de retiro definitivo, el
servidor debe entregar los elementos de inventario a su cargo ante el servidor
competente, quien se encarga de expedir el respectivo paz y salvo. Lo anterior, so
pena de que, eventualmente, pudiera incurrir en una falta disciplinaria, por
incumplimiento de los deberes que le asisten a todo servidor público.
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Accionante: Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10. En atención a lo anterior y a la falta de respuesta por parte de la autoridad
enjuiciada, el 19 de noviembre de 2024, por correo electrónico, el actor reiteró
nuevamente la solicitud que elevó el 8 de noviembre anterior, en los siguientes
términos:
<< solicito por segunda vez a la señora Juez del despacho se sirva autorizar la
expedición del respectivo paz y salvo del Juzgado y la entrega de los bienes de
inventario a algún empleado del Juzgado Sexto administrativo de Bucaramanga, a fin
de poder realizar la liquidación laboral respectiva una vez han pasado un mes y nueve
días de mi desvinculación de esa entidad.>>
11. El 20 de noviembre de ese mismo año, el Grupo de Almacén e Inventarios de la
Seccional de Bucaramanga reiteró la solicitud de legalización del inventario de la
titular del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga,
toda vez que hasta ese momento no había sido posible el registro del traspaso de
los elementos entregados por el accionante.
12. La parte actora alegó que a la fecha de interposición de la acción constitucional,
la autoridad demandada todavía no había expedido el paz y salvo solicitado el 8 de
noviembre de 2024. De esta manera, las pretensiones de la demanda se orientaron
a que se ordenara a la titular del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga emitir una respuesta frente a dicha solicitud, en el sentido
de expedir la documentación requerida.
B. Sentencia de primera instancia
13. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander desvinculó del trámite de tutela a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Bucaramanga – Almacén General1 al estimar que no transgredió
el derecho fundamental de petición del accionante. No obstante, consideró que este
fue vulnerado por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga,
por lo que dispuso su protección respecto a dicha autoridad.
14. Delacervo probatorio encontró que el 6 de diciembre de 2024, la titular del
despacho accionado expidió el paz y salvo requerido por el accionante, en los
siguientes términos:
<< CERTIFICA Que el señor LUIS ALFREDO DE JESUS BUITRAGO BUITRAGO,
identificado con la cédula (sic) de ciudadanía No. 79.447.613, laboró en este juzgado
en el cargo de JUEZ PROVISIONAL entre el 10 de agosto de 2023 hasta el 10 de
octubre de 2024-inclusive. Actualmente se encuentra a PAZ Y SALVO con sus
funciones, enseres e implementos de oficina>>.
15.Una vez recibida dicha certificación, el 10 de diciembre de 2024, la Oficina de
Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
1 Dicha vinculación obedeció a que en el trámite de tutela la actual titular del Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga informó que esa dependencia era la encargada de entregar el paz y salvo final para
la liquidación definitiva y pago de las prestaciones del actor.
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Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Bucaramanga certificó que el actor se encontraba a paz y salvo con el área de
inventarios por no tener en la actualidad ningún bien a su cargo.
16. Con fundamento en lo anterior, estimó que la referida seccional no vulneró el
derecho fundamental de petición de la parte actora, en la medida en que, además de
expedir el respectivo paz y salvo, envió dicha certificación a la dependencia de
liquidación de contratos de la entidad para el pago de las prestaciones sociales del
accionante.
17. En lo que respecta al paz y salvo emitido por la autoridad accionada, señaló que
dicho documento se limitó a certificar las funciones, enseres e implementos de la
oficina que estaban a cargo del actor, pero no lo relacionado con los expedientes,
los procesos a su cargo y los demás aspectos establecidos en el artículo 32 del
Acuerdo PSAA10-7024 de 20103, debido a que el accionante no había levantado el
acta de informe de gestión, por lo que frente a ese aspecto todavía no se había
expedido el correspondiente certificado.
18. Indicó que el 9 de diciembre de 2024, el demandante solicitó a la Juez Sexta
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga que le brindara información y
directrices para suscribir el acta de informe de gestión, conforme lo previsto en la
citada disposición. Frente a lo cual, el 10 de diciembre siguiente, la titular le manifestó
que había corrido traslado de la solicitud al secretario del despacho para que
suministrara la información requerida.
19. Sin embargo, en el expediente no obraba evidencia de que la titular del despacho,
a través del secretario, hubiera otorgado la información solicitada por el actor a
efectos de obtener el paz y salvo relacionado con lo establecido en el artículo 3 del
Acuerdo PSAA10-7024 de 2010, omisión que, en su criterio, constituyó una
vulneración del derecho fundamental de petición de la parte accionante.
20. En consecuencia, ordenó al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga que, a través de su titular, en el término de dos (2) días,
otorgara una respuesta clara, concreta y de fondo a la petición radicada por el señor
Luís Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago, en la que le suministrara la información y
soportes necesarios para que rindiera el informe de gestión. Ello, debía efectuarse
de manera coordinada entre el accionante y la titular del despacho accionado en un
término máximo de diez (10) días. Una vez cumplido lo anterior, debía expedirse el
correspondiente paz y salvo.
2 “El servidor saliente levantará un Acta de Informe de Gestión, en los eventos señalados en el Artículo Segundo
del presente Acuerdo, que contenga como mínimo los siguientes aspectos:
a. Informe ejecutivo sobre la gestión realizada en el despacho judicial durante la permanencia en el mismo.
b. informe pormenorizado sobre la situación de los asuntos jurisdiccionales.
c. Informe sobre los asuntos administrativos a su cargo (situaciones administrativas del talento humano, que
conforma el despacho judicial, procesos disciplinarios en curso, depósitos judiciales, estadísticas).
d. Inventario y estado actual de los bienes asignados (software, hardware, muebles y enseres). (…)”.
3 “Por medio del cual se reglamenta el Acta de Informe de Gestión y se establece la metodología para la entrega
y recibo de Despachos Judiciales por cambio de servidor judicial”.
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Accionante: Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
C. Actuaciones con posterioridad al fallo de primera instancia
21. La Juez Sexta Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga solicitó adicionar
y aclarar la decisión de primera instancia. Pidió tener en cuenta que para la fecha en
que se profirió el fallo todavía no había vencido el término legalmente previsto para
atender la petición presentada por el accionante el 9 de diciembre de 2024 y cuya
falta de respuesta fue objeto de amparo. Tan solo habían transcurrido 4 días.
Además, resaltó que dicha solicitud es diferente a la petición que motivó la
interposición de la presente acción constitucional.
22. Indicó que en la contestación de la demanda se puso de presente la omisión del
actor de rendir el informe dispuesto en el Acuerdo PSAA10-7024 de 2010 en el
término legalmente previsto para tales efectos y que ese procedimiento se hallaba
en etapa de verificación, pues tuvo que suplir esa omisión, dado que, según la norma,
es deber del nuevo titular informar dentro de los 30 días siguientes a la suscripción
del acta de entrega, las irregularidades o inexactitudes que aquella presente.
23. Explicó que el término del juez saliente inició el 11 de octubre de 2024 y culminó
el 1° de noviembre siguiente, por lo que el término del juez entrante corrió entre el 5
de noviembre y el 17 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, este último día
no se laboró con ocasión de la celebración del día de la justicia. Por lo que aquella
elaboró el informe y lo remitió a la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Santander y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander el 18 de diciembre de 2024.
24. Aseveró que la elaboración de ese informe fue el resultado de un trabajo de más
de dos meses de verificación de expedientes, pero pareciera que se estuviera
ordenando nuevamente con ocasión de la orden impartida por el juez de tutela. En
ese sentido, solicitó se aclarara qué clase de certificado de paz y salvo se hacía
referencia en la orden de amparo, teniendo en cuenta el que ya se expidió para el
trámite de liquidación de las prestaciones sociales del actor.
25. Con fundamento en los mismos argumentos, impugnó la sentencia de primera
instancia.
26. Por auto del 21 de enero de 2025, el A quo negó la solicitud de aclaración y adición
del fallo de primera instancia y concedió la impugnación.
27. Posteriormente, el secretario del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga allegó un memorial, en el que informó que, en cumplimiento a lo
ordenado por el A quo, el 21 de enero de 2025 se expidió el paz y salvo requerido
por el actor. Este fue remitido junto con el respectivo informe de gestión al área de
talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga para el trámite de liquidación de prestaciones sociales definitivas.
II. CONSIDERACIONES
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
D. Competencia
28. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
29. Previo abordar el fondo del asunto, en atención a lo indicado en el escrito de
impugnación, esta Subsección considera necesario delimitar el problema jurídico
que habrá de resolverse.
30. En la demanda de tutela el accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
con ocasión a la falta de respuesta frente a la solicitud que elevó el 8 de noviembre
de 2024, mediante la cual pidió la expedición de un certificado de paz y salvo.
Petición que fue reiterada el 19 de noviembre siguiente. En ese sentido, las
pretensiones se orientaron a que se ordenara a la autoridad accionada contestar la
solicitud, en el sentido de expedir la documentación requerida.
31. Al examinar el asunto, el A quo resolvió amparar el derecho fundamental de
petición del actor, al estimar que este fue vulnerado por el Juzgado enjuiciado al
omitir dar respuesta a la petición formulada por el demandante el 9 de diciembre
anterior, a través de la cual solicitó información para elaborar el acta de informe de
gestión, prevista en el Acuerdo PSAA10-7024 de 2010. En consecuencia, ordenó a
la parte demandada brindar una contestación frente a dicha solicitud, suministrando
la información y soportes necesarios para que el actor rindiera el informe de gestión,
lo cual debía efectuarse de manera coordinada entre este último y la titular del
despacho. Cumplido lo anterior, ordenó expedir el paz y salvo correspondiente.
32. Visto lo anterior, la Sala advierte que la decisión adoptada por el juez de tutela de
primera instancia desbordó el objeto de la acción, pues la petición cuya falta de
respuesta fue objeto de amparo no corresponde a aquella frente a la cual la parte
actora reclamaba una contestación.
33. La demanda únicamente se dirigió a cuestionar la ausencia de respuesta frente a
la solicitud formulada por el actor el 8 de noviembre de 2024, reiterada el 19 de
noviembre siguiente. Sin embargo, el A quo dispuso la protección del derecho
fundamental de petición por la falta de pronunciamiento frente a una solicitud
incoada por el accionante el 9 de diciembre de ese mismo año, esto es, con
posterioridad a la presentación de la acción de tutela, por lo que es evidente que
mutó el problema jurídico que fue puesto a consideración del juez constitucional.
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
34. Así las cosas, lo que correspondía determinar en el presente asunto era si el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga dio respuesta a la
petición presentada por el demandante el 8 de noviembre de 2024, a efectos de
constatar una posible vulneración de su derecho fundamental de petición.
35. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se tiene que el 8 de
noviembre de 2024 el actor solicitó a la titular del Juzgado en mención designar a
un empleado del despacho para la recepción del inventario que tuvo a su cargo
durante su vinculación en provisionalidad, así como expedir “carta de Paz y Salvó,
para los efectos de ley”. (sic)
36. Al no obtener una respuesta, el 19 de noviembre de 2024 el accionante reiteró la
petición, en los siguientes términos:
<< (…) solicito por solicito por segunda vez a la señora Juez del despacho se sirva
autorizar la expedición del respectivo paz y salvo del Juzgado y la entrega de los
bienes de inventario a algún empleado del Juzgado Sexto administrativo de
Bucaramanga, a fin de poder realizar la liquidación laboral respectiva una vez han
pasado un mes y nueve días de mi desvinculación de esa entidad.>>
37. Asimismo, se acreditó que el 6 de diciembre de 2024, esto es, luego de haberse
impetrado la demanda de tutela, el secretario del despacho atendió la solicitud,
remitiendo al peticionario el paz y salvo requerido, firmado por la titular del despacho.
En esa misma respuesta, aclaró que la solicitud se gestionó desde el 21 de
noviembre anterior, fecha en la cual la juez entrante obtuvo su paz y salvo de la
Seccional de Sincelejo y lo remitió a la dependencia de Almacén de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga para el descargue
correspondiente. También informó que el 6 de diciembre de 2024 el Grupo de
Almacén procedió conforme a sus funciones, lo cual habilitó la expedición del
certificado en cuestión.
38. Dando alcance a dicha contestación, en esa misma fecha, el secretario del
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga aclaró al solicitante
que el certificado emitido se limitó a la entrega de elementos físicos de conformidad
con el acta de traspaso de ese tipo de bienes de inventario. Explicó que “los demás
aspectos estaban siendo verificados de acuerdo a los términos y los deberes que
indica el Acuerdo No. PSAA10-7024 de 2010 (…) numerales a,b,c y d, del articulo
No. 4o de dicha disposicion.”
39. Bajo ese escenario, resulta claro que los supuestos de hecho que motivaron la
presentación de la acción de tutela desaparecieron en el curso del proceso, lo que
condujo a que se configurara una carencia actual de objeto por hecho superado.
40. Con posterioridad a la interposición de la acción constitucional y previo a que se
adoptara una decisión de primera instancia, la autoridad accionada desplegó la
conducta que reclamaba el accionante, esto es, otorgar una respuesta frente a la
solicitud elevada el 8 de noviembre de 2024 y reiterada el 19 de noviembre siguiente.
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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00797-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
41. En esa medida, no había lugar a amparar el derecho fundamental de petición de
la parte actora, ya que si bien al momento de presentación de la demanda de tutela
todavía no se había emitido la respuesta que pretendía, lo cierto es que dicha
situación se superó en el transcurso del proceso, pues la accionada contestó la
petición cuya falta de respuesta se reprochaba.
42. Cabe precisar que el ámbito de protección del derecho fundamental de petición
únicamente cobija la posibilidad de ejercerlo y obtener una respuesta. En ningún
caso supone acceder a la solicitud5.
43. Por ende, siempre que se abarque el objeto de la petición, de forma clara y
congruente, se entiende que el pronunciamiento de la autoridad satisface
materialmente el derecho fundamental de petición, independientemente del sentido
de la respuesta, ya que esta no hace parte del núcleo esencial de dicha prerrogativa.
44. Lo anterior, cobra aún más relevancia en el caso objeto de estudio, si se tiene en
cuenta que la controversia no giraba en torno al contenido de la respuesta en sí
misma, sino a su ausencia. Luego entonces la labor del juez de tutela debía ceñirse
a verificar si hubo o no una contestación.
45. Examinar su contenido, a tal punto de direccionar el sentido en que debía
otorgarse, tal como lo hizo el A quo, constituye una intromisión indebida en un asunto
que es de competencia exclusiva del sujeto pasivo de la petición6.
46. Al abordar el estudio del caso el A quo consideró que el sentido de la respuesta
también debía comprender una solicitud que no era objeto de la tutela, cuando lo
cierto es que frente a la petición que dio origen a la acción constitucional, ya se había
otorgado una contestación de fondo y acorde a lo pedido.
47. Si bien la solicitud objeto de amparo guarda relación con la primera petición, en
últimas se trata de dos solicitudes diferentes. Por lo tanto, la falta de respuesta frente
a cada una de ellas implica el estudio de dos problemas jurídicos completamente
distintos. En ese sentido, el análisis debía centrarse exclusivamente en la petición
presentada el 8 de noviembre de 2024.
48. Por lo reseñado anteriormente, la Sala revocará la sentencia del 13 de diciembre
de 2024. En su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela al haberse
configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.
49. Finalmente, se hace un llamado de atención a todos los intervinientes del proceso,
a efectos de evitar que continúen propiciando controversias de índole administrativo
como las que ocupan la atención de la Sala en esta oportunidad, y que se trasladen
al ámbito judicial. Ese tipo de discusiones, derivadas del incumplimiento de los
5 Sentencia C-007 de 2017.
6 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel
Valbuena Hernández.
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Accionante: Luis Alfredo de Jesús Buitrago Buitrago
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
deberes propios de los operadores judiciales y la administración judicial, contribuyen
a la congestión judicial, desviando la atención de los jueces constitucionales hacia
asuntos netamente administrativos que podrían resolverse con la simple atención a
los deberes que le competen a todo servidor público. Esto afecta de forma
significativa la eficiencia y celeridad en la administración de justicia, en detrimento
de los asuntos que verdaderamente requieren la intervención del juez de tutela.
50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de
amparo ante la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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