Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00077-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00077-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00077-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: MARTHA IDALYD SAAVEDRA ARIZA
Accionado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales de petición, seguridad social y debido proceso administrativo /
CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL – Procedencia excepcional de la acción
de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, actuando por conducto de su directora
de asuntos constitucionales, en contra de la sentencia del 25 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. La parte accionante presentó acción de tutela en contra de Colpensiones con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, seguridad
social y debido proceso administrativo, presuntamente vulnerados con ocasión de
la falta de corrección de unos ciclos faltantes en su historia laboral.
Hechos relevantes
2. La accionante afirma que el 31 de julio de 2024 revisó su historia laboral con
Colpensiones teniendo certificadas un total de 1.237.39 semanas cotizadas al
fondo. No obstante, los ciclos desde 1999-06 hasta 1999-08 y 1999-10 y desde
2023-05 hasta 2024-06, no le aparecían cargados, dado que figuraban como pago
recibido del RAIS.
3. Con ocasión de lo anterior, el mismo día se acercó de forma personal al Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir para solicitar el archivo plano por los ciclos
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Que ingresó para fallo el 13 de marzo de 2025.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
trasladados a Colpensiones y radicó la solicitud ante dicha entidad respecto de los
ciclos faltantes.
4. Posteriormente, el 6 de septiembre y el 9 de diciembre de 2024 reiteró la petición
de corrección a Colpensiones, sin que a la fecha de la interposición de la acción de
la referencia se hayan adelantado los trámites administrativos para la actualización
de su historia laboral, pese a que los períodos cotizados en cuestión fueron
certificados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de
Bucaramanga.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1- Que, dentro de 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
Colpensiones realice las respectivas correcciones en mi historia laboral
actualizando los ciclos de 1999-02 hasta 1999-07 y 2024-11 y se me remita
certificado con las correcciones efectuadas a la dirección de
correspondencia”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La demandante manifiesta que tiene una “imperiosa necesidad” que se efectúe
la corrección de su historia laboral, debido a que se encuentra recién “operada de
la columna” y no recibe ningún ingreso para su subsistencia, por lo que requiere la
actualización de las cotizaciones faltantes para poder completar las 1.300 semanas
exigidas por la ley y así acceder al reconocimiento de su pensión de vejez.
Trámite en primera instancia
7. Por medio de auto del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bucaramanga,
a Colpensiones y al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir para que ejercieran
su derecho de defensa.
Intervenciones
8. Colpensiones solicitó que se rechace por improcedente la acción por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad, dado que la tutela no es el mecanismo idóneo
para pretender la corrección de la historia laboral de un trabajador.
9. Sostuvo que, mediante oficio del 1° de noviembre de 2024, le informó a la
accionante lo siguiente:
“[…]
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
[…]”.
10. Manifestó que esta respuesta brinda una información clara sobre las razones
por las cuales no es posible computar las semanas solicitadas, por lo cual, hasta
tanto el empleador no realice el pago de los aportes pendientes, los períodos
solicitados no se verán acreditados correctamente en la historia laboral.
11. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la cuenta de ahorros individual
que la accionante tenía con la entidad fue cancelada con ocasión de una decisión
judicial, por lo que, una vez efectuado el traslado a Colpensiones, el informe de los
aportes fue remitido al fondo pensional en el que actualmente se encuentra.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga indicó que el 18 de septiembre de 2024 respondió a la petición
interpuesta por la accionante y expidió el certificado núm. 202410800165
941000980007, de acuerdo con lo solicitado.
13. Sin embargo, aclaró que el Certificado Electrónico de Tiempos Laborados
(CETIL) sólo certifica tiempos cotizados a entidades distintas al extinto ISS,
Colpensiones o fondos privados. En consecuencia, precisó que, luego de revisar el
sistema de nómina ZAPHITO, constató que la señora Saavedra está afiliada a la
Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir desde el 1° de enero de 1999,
por lo que no es procedente expedir el CETIL para el período comprendido entre el
1 de enero de 1999 y el 5 de julio de 2004.
14. Adicional a ello, señaló que por medio de Oficio núm. DESAJBUO24-2437 del 6
de noviembre de 2024, remitió a la demandante las planillas de pagos de pensión
de los periodos de junio, julio y agosto de 1999, en atención a la petición de planillas
de los pagos realizados a pensiones por los ciclos faltantes, por lo que los trámites
para la corrección de la historia laboral deben ser adelantados ante el respectivo
fondo de pensiones.
La sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia del 25 de febrero
de 2025, accedió a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia por
considerar que existió una vulneración de los derechos fundamentales de petición,
seguridad social y debido proceso administrativo de la señora Martha Idalyd
Saavedra Ariza.
16. En consecuencia, ordenó:
“[…] Segundo. Ordenar a Colpensiones que en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, adelante las gestiones administrativas tendientes a la
corrección de la historia laboral de la señora Martha Idalyd Saavedra Ariza,
con la inclusión de las semanas cotizadas las semanas cotizadas para los
periodos 199801 a 199803, 199807, 199808, debidamente certificadas por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
Tercero: Ordenar a Colpensiones notificar debidamente a la señora
Martha Idalyd Saavedra Ariza del pronunciamiento emitido frente a su
solicitud de corrección de historial pensional radicada ante la entidad el 09
de diciembre de 2024. Para lo anterior, concédase a favor de
Colpensiones el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente providencia. […]”.
17. Sostuvo que Colpensiones incurrió en un incumplimiento del deber de diligencia
en lo relacionado con la conservación, actualización y corrección de la información
que debe reposar en la historia laboral de la accionante, pues ha dilatado el trámite
administrativo para corregir la información de pago a la seguridad social en pensión
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
efectuada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, para los
periodos 1998-01 a 1998-03, 1998-07, 1998-08.
18. De igual modo, indicó que la falta de pago de la prestación económica afecta
gravemente los derechos fundamentales de la accionante, pues se encuentra
incapacitada y requiere de la actualización de su historia laboral para poder solicitar
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
La impugnación
19. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones impugnó la decisión
precitada mediante escrito en el que señaló que lo solicitado por la accionante por
vía de tutela desnaturaliza este mecanismo de protección de carácter subsidiario y
residual frente “a los derechos invocados cuando no han sido sometidos a los
procedimientos pertinentes e idóneos para su solución”; desconociendo así la
norma constitucional, ya que considera que este no es el medio idóneo para realizar
“este tipo de reconocimientos”.
20. Indicó que resolver lo solicitado en la presente acción haría que el juez de tutela
desborde el ámbito de sus propias competencias y pueda generar, a futuro, el
detrimento de los recursos de naturaleza pública administrados por Colpensiones,
los cuales son objeto de especial y obligatoria protección y vigilancia, “no sólo por
parte de las entidades a las que son confiados, y de las entidades que ejercen
dichos controles, sino que la responsabilidad recae en todos y cada uno de los
servidores públicos de la Nación”.
21. Precisó que, en relación al caso objeto de estudio, la actora debe agotar los
procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no discutir la
acción u omisión de Colpensiones vía acción de tutela, ya que, ésta solamente
procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial, pues la Corte Constitucional
“ha referido sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar el
reconocimiento de derechos de naturaleza pensional, indicando que inicialmente
resulta improcedente; no obstante se debe hacer un estudio del panorama fáctico y
jurídico que sustenta la solicitud de amparo, así como las circunstancias particulares
del accionante, pues considera que la situación de vulnerabilidad de los sujetos de
especial protección constitucional no es suficiente para que la acción de tutela
proceda mecánicamente”.
22. Finalmente, aportó copia del Oficio BZ_2025_3177049 del 25 de febrero de 2025
a través del cual le informó a la señora Martha Idalyd Saavedra Ariza que los
periodos 1999-02 a 1999-06 y 2024-11 se acreditan correctamente en su historia
laboral a la fecha, sin embargo, frente al ciclo 1999-07 que se certifica de manera
inexacta en su historia laboral, expuso que aquello obedece a que la cotización
efectivamente pagada por su empleador, es decir, la Rama Judicial, resultó ser
insuficiente para cubrir los montos correspondientes al valor del IBC registrado en
favor de la demandante, siendo acreditados solamente los días frente a los cuales
equivale la cotización recibida a través del proceso de imputación de pagos.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
23. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
24. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”.
25. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’2(se
destaca)3.
26. En el presente asunto, se decide la impugnación presentada por Colpensiones
en contra de la sentencia del 25 de febrero de 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Santander protegió los derechos fundamentales de petición,
seguridad social y debido proceso de la señora Martha Idalyd Saavedra Ariza y
ordenó a la entidad adelantar las gestiones administrativas tendentes a la corrección
de la historia laboral de la accionante con la inclusión de las semanas cotizadas
2
Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
3
T-346-10.
6
Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
debidamente certificadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial.
27. Como fundamento de su recurso, Colpensiones manifiesta, en primer lugar, que
la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para obtener la corrección de la
historia laboral, toda vez que existen herramientas idóneas y efectivas dentro del
ordenamiento jurídico mediante las cuales la accionante puede formularle al juez
ordinario laboral las pretensiones que plantea ante el juez constitucional.
28. Al respecto, en lo referente a la procedibilidad de la tutela para obtener la
corrección de la historia laboral, la Corte Constitucional ha precisado, en efecto, que
la acción ordinaria laboral es un medio de defensa judicial idóneo cuando el afiliado
reclame periodos en los que el empleador haya omitido su deber de pagar los
aportes a la seguridad social, puesto que “las administradoras de pensiones deben
agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los obligados al pago
de aportes al sistema”.
29. Frente a ello, ha señalado el Tribunal Constitucional:
“La corrección y actualización de la historia laboral que por esta vía pretende
el accionante, involucra un conflicto de naturaleza jurídica que escapa de la
competencia del juez constitucional, debido a su alcance residual y a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial, como el proceso
ordinario laboral cuya idoneidad ha sido evidenciada tanto por la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral como por la Corte
Constitucional, en jurisprudencia ya citada; precedentes que esta
Corporación siguió en reciente pronunciamiento.
Aspecto al que cabe agregar que, la acción judicial que se surte ante los
jueces laborales, resulta ser un medio “idóneo y eficaz, regido por el principio
de oralidad, pero que a la vez brinda a las partes términos probatorios
suficientes y recursos para hacer valer sus inconformidades con las
decisiones judiciales”, y en desarrollo de la misma “las partes pueden
solicitar la práctica de las pruebas que se echan de menos y las demás que
juzguen necesarias para la plena demostración de sus pretensiones”4.
30. No obstante, la misma corporación ha delineado unos eventos en los cuales es
posible la procedencia excepcional de la acción de tutela para tramitar dichos
asuntos, supuesto que se fundamenta en la inminencia, gravedad, urgencia,
necesidad e impostergabilidad de la intervención del juez constitucional.
31. De esta manera, la Corte Constitucional sostiene que cuando se presenten
“condiciones particulares de vulnerabilidad socioeconómica que tornen ineficaz e
inoportuna la acción ordinaria”5 es posible acudir a la acción de tutela como
mecanismo de protección, pues se hace necesaria la intervención del juez de tutela
“para conjurar la eventual afectación del derecho al mínimo vital o a la vida digna
del accionante y de su familia”6.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-205 de 2012.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-258 de 2019.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-034 de 2021.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
32. Ahora bien, la señora Martha Idalyd Saavedra Ariza manifiesta que requiere la
corrección de su historia laboral para poder completar las 1.300 semanas
necesarias para el reconocimiento de su pensión de vejez, teniendo certificadas
1.237.29 semanas a 4 de febrero de 2024. Afirma que su necesidad es “imperiosa”
ya que sufre unos graves padecimientos en la columna en razón de su edad, lo que
la llevaron a someterse a una cirugía de cadera que impide su movilidad.
33. Adicional a ello, y como argumento principal, refiere que se encuentra
desempleada y no tiene “como sufragar mis gastos necesarios de comida y
alojamiento, por lo cual acudo a usted para que proteja mis derechos
fundamentales”. Situación que puede confirmarse con el certificado expedido por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, del cual la accionante aparece
“retirada”, por lo que ya no se encuentra cotizando.
34. En este orden de ideas, considera esta Sala que la gravedad de la condición
fáctica de la accionante pone de relieve la necesidad de la intervención del juez
constitucional para conjurar una posible afectación de sus derechos fundamentales
y, por tanto, la procedibilidad excepcional de la acción de tutela en el presente
asunto, tal como lo decidió el a quo.
35. De esta manera, no le asiste razón a Colpensiones al afirmar que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad.
36. En segundo lugar, en el escrito de impugnación la entidad accionada manifiesta
que el 25 de febrero de 2025 le informó a la accionante lo siguiente:
“Nos permitimos informarle que validadas las bases de datos de
Colpensiones y conforme a las competencias asignadas a la Dirección de
Historia Laboral, frente a los ciclos pretendidos 1999-02 a 1999-07 y 2024-
11, se aprecia que los periodos 1999-02 a 1999-06 y 2024-11 se acreditan
correctamente en su historia laboral a la fecha.
No obstante, frente al ciclo 1999-07 que se acredita de manera inexacta
en su historia laboral, vale precisar que aquello obedece a que la cotización
efectivamente pagada por su empleador RAMA JUDICIAL resulto ser
insuficiente para cubrir los montos correspondientes al valor del IBC
registrado a su favor, siendo acreditados solamente los días frente a los
cuales equivale la cotización recibida a través del proceso de imputación
de pagos.
Ahora bien, frente al proceso de imputación de pagos mencionado
previamente, el mismo es el mecanismo mediante el cual son trasladadas
las sumas pagadas a favor de la Administradora a través de stickeres y/o
referencias de pago a las historias laborales en forma de días de
cotización, según los afiliados que hayan sido relacionados en el detalle de
información aportado por los Empleadores.
En este sentido, en caso de encontrarse valores inexactos en la cotización
estos a su vez afectan la contabilización de días para dicho periodo, sin
embargo, de acuerdo a las reglas de imputación de pagos previstas en el
Decreto 1406 de 1999 en el artículo 53, automáticamente nuestro sistema
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
toma sumas de cotización pagadas en cotizaciones posteriores y/o
anteriores para completar los valores pendientes y de esta manera,
contabilizar de manera completa los ciclos previos en su reporte de
semanas de cotización. […]”.
37. Con fundamento en lo anterior, Colpensiones solicita que se revoque la decisión
de primera instancia, por cuanto no tiene responsabilidad y no ha incurrido en
vulneración alguna de derechos fundamentales, dado que sus actuaciones en lo
referente a la corrección de la historia laboral de la accionante se han adelantado
conforme a derecho.
38. Sobre este punto, considera la Sala necesario precisar que el Tribunal
Administrativo de Santander amparó los derechos fundamentales de petición,
seguridad social y debido administrativo de la señora Martha Idalyd Saavedra Ariza
mediante sentencia del 25 de febrero de 2025, fecha en la cual Colpensiones
suscribió el Oficio núm. BZ_2025_3177049 al cual se refiere.
39. Adicional a ello, conviene aclarar que la solicitud formulada por la accionante a
Colpensiones corresponde a una petición que tenía como finalidad la corrección de
unos ciclos faltantes que ya estaban certificados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, por lo que no existía
controversia alguna en relación con dichos períodos. De esta manera, más que un
debate sobre la historia laboral de la señora Saavedra Ariza, en el presente asunto
lo que se protegió fue el derecho de petición de la demandante y el trámite de una
solicitud relacionada con su seguridad social que había sido reiterada a
Colpensiones el 6 de septiembre y el 9 de diciembre de 2024, sin obtener respuesta.
40. En ese sentido, es a todas luces evidente que dicha comunicación del 25 de
febrero de 2025 no fue puesta en conocimiento del juez constitucional en forma
oportuna, por lo que no es posible entonces que el juez de segunda instancia
revoque una decisión que fue proferida en derecho. Más aún cuando el
encabezado del oficio en mención señala que la información se dio “en observancia
del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Santander”.
41. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en un estado democrático
de derecho, la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales resulta vital
en el ejercicio de la función jurisdiccional, como garantía ciudadana. En este sentido,
la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente
que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una
barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia7.
42. Así las cosas, por las razones señaladas, se confirmará la sentencia objeto de
impugnación que concedió la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con las
razones expuestas previamente.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2012.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2025-00077-01
Accionante: Martha Idalyd Saavedra Ariza
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que amparó los derechos fundamentales de
petición, seguridad social y debido proceso administrativo de la señora Martha
Idalyd Saavedra Ariza, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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