Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00141-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 680012333000202500141-01
Actora: Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el Caño San
Silvestre1
Demandados: Alcaldía Distrital del municipio de Barrancabermeja y otros2.
Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Alirio Torres Sánchez,
quien manifiesta ser representante de la Asociación de Agricultores del
Corregimiento el Llanito y el Caño San Silvestre, contra la sentencia de tutela de
10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) consideraciones de la
Sala y iii) resuelve, las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “8ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en medio digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 680012333000-2025-00141-01
Actora: Asociación de Agricultores del Corregimiento El
Llanito y El Caño San Silvestre
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El señor Alirio Torres Sánchez, quien manifestó actuar en calidad de
apoderado de la Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el Caño
San Silvestre, presentó acción de tutela contra el Distrito de Barrancabermeja y el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, porque, a su
juicio, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso con ocasión al
presunto incumplimiento de las órdenes judiciales impartidas dentro del proceso
de acción popular identificado con el número único de radicación
680813333001200700224-00.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, la Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el
Caño San Silvestre representada por los señores Arcelio Robles Niebles y José
María Agámez Noche, le confirieron poder especial en el año 2007, con la finalidad
de promover demanda en ejercicio de la acción popular contra el Distrito de
Barrancabermeja, para que se suministrara el servicio de acueducto y
alcantarillado para la referida vereda.
4. Sostuvo que el 20 de marzo de 2013, el Juzgado Único Administrativo del
Circuito de Barrancabermeja profirió sentencia, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
5. Indicó que el Distrito de Barrancabermeja interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión, frente al cual, el Tribual Administrativo de Santander,
mediante sentencia de 15 de diciembre de 2014, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia de fecha veinte
(20) de marzo de dos mil trece (2.013) proferida por el Juzgado Único
3
Núm. único de radicación: 680012333000-2025-00141-01
Actora: Asociación de Agricultores del Corregimiento El
Llanito y El Caño San Silvestre
Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, por las razones expuestas en la
motivación de esta providencia el cual quedará así:
*TERCERO: En consecuencia, el Municipio de Barrancabermeja deberá realizar
las siguientes actividades:
3.1.-Dentro de un término de cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de
esta sentencia elabore los estudios pertinentes que aprueben la alternativa más
viable que permita la ejecución del proyecto que garantice la toma de las medidas
administrativas pertinentes a efectos de que se ejecuten las obras necesarias que
tengan por objeto la puesta en marcha nuevamente del servicio público de
acueducto, alcantarillado y agua potable en todo el corregimiento El Llanito del
Municipio de Barrancabermeja, con las normas técnicamente establecidas,
incluyendo las plantas de tratamiento de agua potable y de tratamiento de aguas
residuales - PTARs, denominadas La Mejor Esquina, El Guamo y Machin,
siguiendo los lineamientos generales que para tal efecto contiene el Plan Maestro
de Alcantarillado del Municipio de Barrancabermeja, solo que proyectadas y
ejecutadas con prioridad, ante la necesidad imperiosa de salvaguardar y
restablecer los derechos colectivos conculcados, remitiéndolo a la Oficina de
Planeación Municipal para que sea inscrito en el Banco de Programas y Proyectos,
una vez sea obtenido el registro procederá a efectuar todas las gestiones
pertinentes para la consecución de los recursos necesarios para la ejecución del
servicio público de acueducto, alcantarillado y agua potable en todo el
Corregimiento El Llanito del Municipio de Barrancabermeja, y remediar la situación
que vienen padeciendo los habitantes del sector mencionado.
Estudio que se debe socializar con la comunidad afectada.
3.2.-Dentro de los doce (12) meses siguientes a la realización de dicho estudio,
ejecutar las medidas administrativas relacionadas con la confección del acueducto,
alcantarillado y agua potable en todo el corregimiento El Llanito del Municipio de
Barrancabermeja".
SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia […]”.
6. Manifestó que a la fecha de presentación de la acción de amparo
constitucional ha transcurrido un término de 114 meses, esto es, más de 9 años y
6 meses sin que se haya dado cumplimiento a la decisión judicial.
7. Señaló que el 15 de febrero de 2024, solicitó al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Barrancabermeja dar apertura al trámite incidental contra el alcalde
del Distrito de Barrancabermeja con fundamento en el presunto incumplimiento en
la ejecución y terminación de la obra ordenada; no obstante, el 4 de marzo de 2024
el despacho accionado requirió al ente territorial para que remitiera informes con
destino al proceso de protección de derechos e intereses colectivos acerca del
porcentaje de ejecución de las obras.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:3
“[…] PRIMERA.- .- AMPARAR el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, para
que se le ORDENE al Distrito Especial de Barrancabermeja, en un término
PERENTORIO NO SUPERIOR A DOS MESES suministre el Servicio de Agua
Potable a todo el Corregimiento El Llanito y sus veredas como lo ORDENO la
Sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil trece (20/III/2013) y confirmada por
el H. Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de fecha trece de diciembre
de dos mil catorce (13/XII/2014)
SEGUNDO.- AMPARAR el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, que se ha
conculcado por parte del Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, en
virtud a que con su proceder de OMISION y DESCUIDO ha quebrantado a todas
luces los Derechos Fundamentales a una PRONTA, CUMPLIDA, RAPIDA Y
DILIGENTE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
TERCERA.- Se ORDENE al Juzgado Accionado (que en un término perentorio),
proceda a REQUERIR al Distrito Especial de Barrancabermeja, con el propósito de
CONTINUAR con las OBRAS para la CULMINACION y SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE el corregimiento El Llanito en ese Distrito.
CUARTA.-SUBSANAR LAS VIAS DE HECHO en que han incurrido tanto el Juzgado
Primero Administrativo de Barrancabermeja, por su falta de diligencia y prontitud
judicial, al NO REQUERIR al Distrito Especial de Barrancabermeja, en la
EJECUCION de las OBRAS ORDENADAS en las Sentencias en comento.
QUINTA.- Que se ORDENE al Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja,
para que sin más DILACIONES le conceda a su vez un término PERENTORIO NO
SUPERIOR A DOS (2) MESES para el suministro de agua potable al corregimiento
EI LIanito en el Distrito Especial de Barrancabermeja.
SEXTA.- Las conductas NEGLIGENTE, DE ABADONO, DE APATIA, DESCUIDO,
INDOLENCIA OMISION, DESIĐIA. ETC., en que han incurrido los funcionarios de la
Administración Distrital debe Distrital, en cabeza de su Alcalde, DEBEN SER
OBJETO DE SANCION EJEMPLARIZANTE por parte de Uds. Hs. Magistrados, que
al momento de Resolver esta Acción Constitucional SE IMPONGAN LAS
SANCIONES PECUNIARIAS que en Vía de Excepción se consagran en estas
Acciones Constitucionales.
Por consiguiente, en Decisión que Uds. H. Magistrados profieran para dirimir esta
Acción, se DEBE CONDENAR al Distrito Especial de Barrancabermeja, al PAGO DE
INDEMNIZACIONES Y COSTAS, y por un monto NO INFERIOR A DIEZ MILLONES
($10'000.000) DE PESOS, en favor de cada uno de mis más de cuatrocientos
poderdantes, y en conformidad con lo establecido en el art 25 del Decreto 2591 de
1991, que al respecto señala:
3 Transcripción literal del texto.
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ARTÍCULO 25.- Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro
medio judicial, y la violación de derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción
clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio tiene la potestad de
ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere
necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas
del proceso. La liqui liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite
incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere
conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena
será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste,
si se considerará que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin
perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que
haya incurrido.
SEPTIMA. - Reconocer al suscrito abogado Aliirio Torres Sánchez, como apoderado
de los Accionantes, para Promover esta Acción Constitucional. […]”.
8.1 El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente4:
“[…] 6°.- Desde haberse proferido la Sentencia de Segunda Instancia, por parte del
H. Tribunal Adminis Administrativo de Santander, en la que concedieron plazo
perentorio para la ejecución de las obras en DOCE (12) MESES, han transcurrido H.
Magistrados MAS DE CIENTO CATORCE (114) MESES, es decir, MAS DE NUEVE
(9) AÑOS Y SEIS (6) MESES. Lo anterior significa H. Magistrados, que gracias a la
DESIDIA, INDOLENCIA, NEGLIGENCIA, ABADONO, DESCUIDO Y APATIA del
Municipio (hoy) Distrito Especial de Barrancabermeja, a través de sus diferentes
Alcaldes que ha tenido, el Corregimiento El Llanito sigue privado de sus servicios
fundamentales como son: i) el Acueducto; ii) El Alcantarillado y iii) Agua potable en
todo el corregimiento El Llanito.
7°.- Esa desidia, negligencia e indolencia del Distrito Especial de Barrancabermeja,
ha contado en buena parte con el concurso del Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja, en cuanto a que no se ha preocupado en exigir de la entidad
Accionado, el CUMPLIMIENTO del Numeral TERCERO de la Sentencia del A-quo.
8°.- Con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro (15/11/2024), el suscrito
apoderado de los Accionantes, le solicitó al Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja, que le abriera un INCIDENTE DE DESACATO al Alcalde Distrital
Dr. Jonathan Vásquez Gómez por el INCUMPLI-INCUMPLIMIENTO en la ejecución
y terminación de la obra.
Petición que fue resuelta mediante providencia de fecha cuatro (4) de marzo de dos
mil veinticuatro resolvió lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] 9".- EI INCUMPLIMIENTO de las autoridades Distritales de Barrancabermeja, en
la TERMINACION de las obras del Acueducto; y en la EJECUCIÓN de la Modificación
del servicio de Alcantarillado (que aún no se ha iniciado); Ni de las Unidades de
Tratamiento de Aguas Residuales, ha contado con la AQUIESCENCIA Y ANUENCIA
del Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, que ni siquiera les ha
4 Transcripción literal del texto.
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exigido el OBEDECER lo establecido por el mismo, en auto anteriormente transcrito
en su parte Resolutiva.
10°.- H. Magistrados, en mi sentir, la Aptitud, Posición y Compostura asumida por los
funcionarios de la Administración Distrital, a todas luces Indolente y muestra de
Desidia, debe ser objeto de SANCION SEVERA por parte de Uds., para que
entiendan que son Administradores Municipales y que como tal, su labor se encuentra
al servicio de la comunidad, en este caso, del corregimiento El Llanito, y no al servicio
de sus propios intereses; Sanción está prevista en el art. 25 del Dcto. Dcto.2591 de
1991, ya transcrito; toda vez que mis poderdantes en número superior a cuatro cientos
(400), han tenido que seguir pagando por el suministro de agua por mangueras que
ext extraen de pozo, que tienen otros pobladores; y que no está contemplada en la
Acción Popular que bajo el N° 2021-00028-00 de ASOAGRILL y otros pobladores,
porque sus perjuicios se han tasado hasta el año dos mil veintiuno (2021).
11°.- Son por esas circunstancias, que se están solicitando PERJUICIOS E
INDEMNIZACIONES en valor aproximado a diez millones por habitante del
corregimiento El Llanito […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander,
mediante auto de 28 de marzo de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a las autoridades accionadas, concediéndoles el término de 48 horas
siguientes al recibo de la notificación para rendir informe; y iii) requirió al señor Alirio
Torres Sánchez para que, en el término de 12 horas siguientes al recibo de la
notificación, allegara copia del poder otorgado por los representantes de la
“Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el Caño San Silvestre –
Asoagrill”, copia de los documentos que acreditaran la existencia de la referida
asociación y los medios de prueba relacionados en el escrito de tutela.
Intervención de las demandadas
10. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja rindió
informe de la siguiente manera:
“[…] Honorables Magistrados, de la revisión del escrito de tutela y las órdenes
impartidas al interior de la acción popular que ocupa este estudio, puede referir este
Operador Judicial que no le asiste razón al accionante en cuanto afirma que se
incurrió en vías de hecho violando el debido proceso judicial, pues como se vio, tal y
como consta en el expediente de la referencia, los trámites incidentales adelantados
en la acción popular radicada al No. 680813333001-2007-00224-00, han procurado
siempre recolectar el material probatorio requerido para verificar las gestiones
administrativas adelantadas para cumplir lo concerniente a la construcción del
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acueducto para el corregimiento de El Llanito, así como lo referido al alcantarillado, y,
especialmente, el suministro provisional de agua potable.
De igual manera, no ha sido impuesta sanción alguna contra el incidentado al
advertirse la inexistencia de los elementos necesarios para imponer las sanciones
previstas en el artículo 41 de la ley 472 de 1998, en especial, el elemento subjetivo
que requiere la prueba de un actuar negligente y caprichoso por parte de la autoridad
requerida a cumplir la orden judicial.
Consecuente con ello, reitera este Operador Judicial que no se está incurriendo en
vía de hecho alguna, además que todos los procedimientos adelantados ante este
Despacho se han llevado a cabo en debida forma siempre bajo el principio de
legalidad y respetando las garantías procesales concernientes al debido proceso.
Conforme a lo anterior, este Despacho ha considerado que el incidente de desacato
en las acciones populares previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, está
instituido como un mecanismo procesal de carácter coercitivo “frente al
incumplimiento de las órdenes proferidas en los procesos de acción popular y debe
imponerse previo agotamiento de trámite incidental, a cargo de la autoridad que
profirió la respectiva orden judicial. Además, la decisión sancionatoria es pasible del
grado jurisdiccional de consulta, ante el superior jerárquico de quien impuso la
sanción”. La finalidad del incidente de desacato en las acciones populares, como lo
ha explicado el Consejo de Estado, “no es la imposición de la sanción en sí misma,
sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. De ahí
que el desacato no es más que un medio disuasorio del que se dota al juez del
conocimiento de la acción popular, en orden a que en ejercicio de su potestad
disciplinaria proceda a sancionar a quien deliberadamente desatienda las órdenes
judiciales impartidas para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses
colectivos.
[…]
“[…] Finalmente, se reitera que, dada la finalización del convenio interadministrativo
para suministro de agua potable para la comunidad del Llanito el 31 de diciembre de
2024 conforme CDP N° 24 00681; el suscrito ordenó requerir al Distrito Especial De
Barrancabermeja para que informe las gestiones administrativas y contractuales que
ha adelantado con el fin de finalizar la construcción del acueducto y del
abastecimiento de agua a las personas habitantes del sector del Llanito. Así mismo,
para que aporte los cronogramas de entrega, avances y cumplimiento de la obra
pública No. 2169 del 22 de agosto de 2019 con la UT Acueducto Llanito y que tiene
por objeto la construcción del acueducto del centro poblado del Corregimiento El
Llanito de este municipio.
Lo anterior, con el fin de determinar la necesidad de iniciar un nuevo incidente de
desacato en el proceso de la referencia en aras de verificar el cumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia de fondo.
Conforme a lo anterior, reitera este Despacho que las decisiones adoptadas al interior
del presente trámite han observado en todo momento el debido proceso bajo el marco
de legalidad que corresponde, sin que en ningún caso pueda afirmarse la ocurrencia
de vías de hecho, tal como podrá corroborarse al verificar el expediente digital que se
pone a su conocimiento, razón por la cual, ante la evidencia de no haber vulnerado
los derechos fundamentales que invoca la parte actora, solicito muy respetuosamente
se deniegue el amparo constitucional solicitado. […]”.
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11. El Distrito de Barrancabermeja solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que:
“[…] La parte accionante interpone acción de tutela por la presunta vulneración a su
debido proceso, por parte de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, solicitando que
en un término de dos meses se suministre el servicio de agua potable al corregimiento
El Llanito. No obstante, las pretensiones de la parte demandante carecen de
fundamento, por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, es importante señalar que ya existe una sentencia judicial en el marco
acción (sic) popular, radicada bajo el número 68081333300120070022400, emitida
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja. Esta
sentencia se encuentra en etapa de cumplimiento y establece medidas específicas
para garantizar el servicio de agua potable al corregimiento mencionado. Para la
ejecución de dicha sentencia, la Alcaldía Distrital celebró el contrato de obra No. 2169
el 22 de agosto de 2019, en cooperación con la Gobernación de Santander. Este
contrato tiene como objetivo asegurar el suministro de agua potable a la comunidad
de El Llanito.
En el informe ejecutivo sobre el estado de las obras, fechado al 5 de diciembre de
2024, se detalla el avance en la ejecución de las mismas, evidenciando un
cumplimiento riguroso del cronograma establecido. A la fecha, los trabajos en curso
presentan un avance considerable, lo que refleja el compromiso de la Alcaldía en la
ejecución de la orden judicial. Además, se resalta que la cooperación interinstitucional
con la Gobernación de Santander ha sido clave para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones y asegurar la correcta ejecución de la obra.
Por lo tanto, el cumplimiento del fallo judicial se encuentra en marcha de acuerdo con
lo dispuesto por el Juzgado Primero Administrativo Oral. Se estima que, dentro de los
plazos establecidos en el contrato y el cronograma de ejecución, el servicio de agua
potable estará disponible para la comunidad de El Llanito en el plazo previsto, lo que
hace innecesaria la solicitud de la parte demandante de que el servicio se suministre
en un término de dos meses.
Es fundamental destacar que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso, ya
que la Alcaldía Distrital está cumpliendo con lo dispuesto en el fallo judicial,
ejecutando las obras correspondientes de manera adecuada y conforme a lo
estipulado. Las acciones emprendidas hasta la fecha están dentro del marco legal y
en total concordancia con las disposiciones judiciales.
En conclusión, se solicita que se desestime la acción de tutela interpuesta, dado que
las pretensiones de la parte demandante carecen de fundamento. El cumplimiento de
la orden judicial se está llevando a cabo de manera satisfactoria y en los plazos
establecidos, sin que exista incumplimiento o vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la comunidad.
Asimismo, se evidencia que el tutelante está solicitando el pago de una suma de DIEZ
($10.000.000) millones de pesos en moneda corriente, lo cual constituye un
mecanismo inapropiado dentro del ámbito de la acción de tutela. Cabe recordar que
la tutela tiene como propósito la protección y el restablecimiento de derechos
fundamentales cuando estos se ven vulnerados, y no está destinada a resolver
conflictos de índole pecuniaria o a ordenar el pago de cantidades de dinero. El
propósito de la acción de tutela no es obtener compensaciones económicas, sino
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Llanito y El Caño San Silvestre
garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que puedan verse
vulnerados por actuaciones ilegales o arbitrarias de las autoridades públicas.
Por lo tanto, la solicitud de una indemnización económica a través de esta vía no
corresponde al ámbito de la tutela y carece de base legal. Este tipo de solicitud debe
ser planteado a través de los canales jurídicos adecuados, como la vía ordinaria, y no
a través de un mecanismo diseñado para proteger derechos fundamentales. En
consecuencia, dicha pretensión no debe ser atendida en el marco de la presente
acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] En este caso, la pretensión de la parte demandante de obtener el suministro de
agua potable en un plazo de dos meses es inapropiada, dado que ya existe una
sentencia en el marco de una acción popular, la cual se encuentra en cumplimiento.
El proceso de ejecución de la sentencia está en marcha, con un contrato de obra en
vigor desde el 22 de agosto de 2019, en cooperación con la Gobernación de
Santander, y se están cumpliendo los plazos acordados. Por lo tanto, no hay
vulneración del derecho al debido proceso ni necesidad de una intervención adicional
por parte de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. […]”.
11.1 El Distrito de Barrancabermeja presentó otro informe, a través del cual señaló
lo siguiente:
“[…] Entre el DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la UNIÓN TEMPORAL UT
ACUEDUCTO LLANITO, se celebró el Contrato de Obra No. 2169 de 2019 cuyo
objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL
CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL MUNICIPIO BARRANCABERMEJA”, con fecha
de inicio 16 de septiembre de 2019 y fecha de terminación final del 15 de abril de
2025, alcanzando la ejecución del 100%, tal y como consta en el informe ejecutivo
que se anexa. […]”.
La sentencia impugnada
12. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 10 de abril
de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Luis
Alirio Torres Sánchez en nombre de la Asociación de Agricultores del Corregimiento El
Llanito y el Caño San Silvestre, ASOAGRILL, en contra del distrito especial de
Barrancabermeja y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. […]”.
12.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela.
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2.5.1. No se cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa, por las
razones que se exponen a continuación:
El abogado Alirio Torres Sánchez interpuso la acción de tutela de la referencia y
afirmó actuar en calidad de apoderado judicial de la Asociación de Agricultores del
Corregimiento El Llanito y el Caño San Silvestre, ASOAGRILL, con la finalidad de
lograr el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la asociación, el cual
considera vulnerado con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes judiciales
impartidas en el proceso de radicado 680813331001-2007-00224-00.
En ese sentido, desde el auto admisorio de la acción de amparo constitucional el
Despacho ponente advirtió que con el escrito de la acción no se allegó el poder
otorgado por quienes serían los representantes de ASOAGRILL, razón por la cual se
procedió a requerir al abogado con la finalidad de que se acreditara el requisito de
legitimación en la causa por activa necesario para la procedencia de la acción. No
obstante, de la revisión del expediente se advierte que no fue allegado documento
alguno que acredite la calidad de apoderado judicial de la referida asociación del
abogado Alirio Torres Sánchez, toda vez que únicamente reposa en el expediente el
mandato otorgado en el año 2007 para promover acción popular.
En ese sentido, conforme las disposiciones aplicables, los lineamientos
constitucionales reseñados en precedencia y ante la inexistencia de poder que faculte
al abogado Alirio Torres Sánchez para actuar en calidad de apoderado judicial de la
Asociación de Agricultores del Corregimiento El Llanito y el Caño San Silvestre,
ASOAGRILL en el presente asunto, no se encuentra configurado el requisito de
legitimación en la causa por activa necesario para la procedencia de la acción de
tutela, toda vez que el poder otorgado para promover el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos no se entiende conferido para instaurar
procesos diferentes.
Igualmente, resulta necesario precisar que si bien el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos es un proceso que interesa a la comunidad y en el
cual el titular de la acción puede ser toda persona natural o jurídica, la Ley 472 de
1998 «[p]or la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones» establece la posibilidad de coadyuvar las pretensiones de la acción
hasta antes de que se profiera fallo de primera instancia y prevé la participación en el
trámite de verificación de cumplimiento únicamente del juez, las partes del proceso y
las entidades públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la decisión judicial.
Por ende, no podría considerarse en el sub-lite que al señor Alirio Torres Sánchez le
asiste legitimación en la causa por activa para promover en nombre propio la acción
de amparo constitucional de la referencia por vulneración del derecho fundamental al
debido proceso con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes judiciales
proferidas en el proceso de radicado 680813331001-2007 00224-00 y, en
consecuencia, se hace necesario declarar la improcedencia de la acción de tutela.
[…]”.
La impugnación
13. El abogado Alirio Torres Sánchez impugnó la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander. En ese orden de ideas expresó lo siguiente5:
5 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 680012333000-2025-00141-01
Actora: Asociación de Agricultores del Corregimiento El
Llanito y El Caño San Silvestre
“[…] Este escrito tiene fundamentos legales, fácticos y jurisprudenciales, en las
siguientes consideraciones: Primero.- En lo establecido en los arts. 29 y 228 de la
Constitución Política de Colombia; los arts. 11, 12, 14, 77 de la Ley 1564 de 2012, en
el in fine del inc. 1°; estas disposiciones constitucionales y legales concordante con
lo establecido en sus diversas Jurisprudencias la H. Corte Constitucional, entre las
que me permito mencionar las siguientes: i) Sentencia SU041/22, coherente con las:
ii) T-352 de 2012; iii) SU636 de 2015.
Al respecto me permito transcribir lo consagrado en el infine (sic) del inc. 1º del art.
77 del C.G.P., que reza:
“…… y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y
se cumplan en el mismo expediente…"
El aparte pertinente transcrito de la norma invocada es coherente con la actuación
realizada por el representante judicial de la agremiación ASOAGRILL., en cuyo
nombre se presentó la acción de Tutela, a partir de las siguientes consideraciones:
a) La Acción de Tutela se promueve como consecuencia al INCUMPLIMIENTO,
NEGLIGENCIA Y DESIDIA por parte de la Administración del distrito Especial de
Barrancabermeja y en contra del Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja, teniendo en cuenta que la Sentencia que fue proferida inicialmente
por el Juzgado Único Administrativo y posteriormente por el Tribunal Administrativo
de Santander (con fechas 20 de marzo de 2013 Y 15 de diciembre de 2014), NO SE
HAN EJECUTADO EN SU CUMPLIMIENTO Y POR ENDE, FORMAN PARTE DEL
MISMO PROCESO, tal como LO DESCRIBE el aparte pertinente del inciso transcrito.
Lo cual significa, que la PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES que
ha solicitado el apoderado de la demandante en la Acción Popular, tiene SU PLENO
RESPALDO, en virtud al INCUMPLIMIENTO de las referidas Sentencias.
b) Si bien es cierto, que en la Acción Popular que cursa en el Juzgado Primero
Administrativo de Barrancabermeja, con Radicación N° 68081 3333 001 20207 00224
00, siendo Accionante ASOAGRILL contra el Distrito de Barrancabermeja, el mismo
se encuentra en trámite en virtud a que NO SE HAN EJECUTADO LAS OBRAS
referidas en la Sentencia y la Acción de tutela surge por su INCUMPLIMIENTO. […]”.
[…]
“[…] c) Concordante con lo anteriormente expresado, lo precisan los artículos 29 de
la Carta Política que regula el DEBIDO PROCESO (en toda actuación judicial); que
encuentra el respaldo legal en lo señalado en el art. 228 de la misma Carta, cuando
expresa: ......y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.".
Segundo. De manera Clara y Precisa lo tiene la H. Corte Constitucional, cuando en
sus diversas Jurisprudencias; y en particular, en la Sentencia SU041 de fecha 2022,
señaló con respecto al Derecho Sustancial que debe primar respecto al Derecho
Formal, en las Decisiones Judiciales.
De esta Sentencia, me permito transcribir unos apartes pertinentes: […]”.
[…]
“[…] Esta relación de providencias muestra cómo la jurisprudencia de la Corte ha sido
reiterada en la interpretación del principio constitucional consagrado en el artículo 228
de la Carta, acerca de la prevalencia del derecho sustancial. Según este, las formas
procesales han sido instituidas para garantizar la materialización de los derechos
subjetivos. Como se indicó -supra núm. 55-, si bien estas cobran especial importancia
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como garantía de igualdad y de seguridad jurídica, y son, por regla general, de
obligatorio cumplimiento, su aplicación no puede ser irreflexiva al punto de
convertirlas en límites infranqueables y desproporcionados para el acceso efectivo a
la administración de justicia […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: determinar si se cumplen o no los presupuestos procesales para que
proceda la acción de tutela, en especial, la legitimación en la causa por activa para
interponer la presente acción y, en caso de que la respuesta al anterior interrogante
sea afirmativa, establecer si las autoridades accionadas, al presuntamente incumplir
las órdenes judiciales impartidas dentro del proceso de protección de derechos e
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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intereses colectivos identificado con el número único de radicación 680813333001-
2007-00224-00, vulneraron el derecho fundamental invocado por el actor.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iii) el análisis del caso concreto; y iv) conclusiones
de la Sala.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
18. Al respecto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. (Destaca
la Sala).
19. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”
20. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
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donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado9:
“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
21. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida en que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los
niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”10
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa11 […]”. (Destaca
la Sala).
9 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
22. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
23. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
24. El señor Alirio Torres Sánchez, quien manifestó actuar en calidad de
apoderado de la Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el Caño
San Silvestre, presentó acción de tutela contra el Distrito de Barrancabermeja y el
12 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16
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Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, porque, a su
juicio, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión al
presunto incumplimiento de las órdenes judiciales impartidas dentro del proceso de
la acción popular identificado con el número único de radicación
680813333001200700224-00.
25. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
26. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
27.1. Copia digital del proceso de la acción popular identificado con el número único
de radicación 680813333001200700224-00.
Solución del caso concreto
28. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 10 de abril
de 2025, declaró improcedente la solicitud de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa, al considerar que:
“[…] El abogado Alirio Torres Sánchez interpuso la acción de tutela de la referencia y
afirmó actuar en calidad de apoderado judicial de la Asociación de Agricultores del
Corregimiento El Llanito y el Caño San Silvestre, ASOAGRILL, con la finalidad de
lograr el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la asociación, el cual
17
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considera vulnerado con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes judiciales
impartidas en el proceso de radicado 680813331001-2007-00224-00.
En ese sentido, desde el auto admisorio de la acción de amparo constitucional el
Despacho ponente advirtió que con el escrito de la acción no se allegó el poder
otorgado por quienes serían los representantes de ASOAGRILL, razón por la cual se
procedió a requerir al abogado con la finalidad de que se acreditara el requisito de
legitimación en la causa por activa necesario para la procedencia de la acción. No
obstante, de la revisión del expediente se advierte que no fue allegado documento
alguno que acredite la calidad de apoderado judicial de la referida asociación del
abogado Alirio Torres Sánchez, toda vez que únicamente reposa en el expediente el
mandato otorgado en el año 2007 para promover acción popular.
En ese sentido, conforme las disposiciones aplicables, los lineamientos
constitucionales reseñados en precedencia y ante la inexistencia de poder que faculte
al abogado Alirio Torres Sánchez para actuar en calidad de apoderado judicial de la
Asociación de Agricultores del Corregimiento El Llanito y el Caño San Silvestre,
ASOAGRILL en el presente asunto, no se encuentra configurado el requisito de
legitimación en la causa por activa necesario para la procedencia de la acción de
tutela, toda vez que el poder otorgado para promover el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos no se entiende conferido para instaurar
procesos diferentes.
Igualmente, resulta necesario precisar que si bien el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos es un proceso que interesa a la comunidad y en el
cual el titular de la acción puede ser toda persona natural o jurídica, la Ley 472 de
1998 «[p]or la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones» establece la posibilidad de coadyuvar las pretensiones de la acción
hasta antes de que se profiera fallo de primera instancia y prevé la participación en el
trámite de verificación de cumplimiento únicamente del juez, las partes del proceso y
las entidades públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la decisión judicial.
Por ende, no podría considerarse en el sub-lite que al señor Alirio Torres Sánchez le
asiste legitimación en la causa por activa para promover en nombre propio la acción
de amparo constitucional de la referencia por vulneración del derecho fundamental al
debido proceso con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes judiciales
proferidas en el proceso de radicado 680813331001-2007 00224-00 y, en
consecuencia, se hace necesario declarar la improcedencia de la acción de tutela.
[…]”.
29. El abogado Alirio Torres impugnó la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, al advertir que13:
“[…] Este escrito tiene fundamentos legales, fácticos y jurisprudenciales, en las
siguientes consideraciones: Primero.- En lo establecido en los arts. 29 y 228 de la
Constitución Política de Colombia; los arts. 11, 12, 14, 77 de la Ley 1564 de 2012, en
el in fine del inc. 1°; estas disposiciones constitucionales y legales concordante con
lo establecido en sus diversas Jurisprudencias la H. Corte Constitucional, entre las
que me permito mencionar las siguientes: i) Sentencia SU041/22, coherente con las:
ii) T-352 de 2012; iii) SU636 de 2015.
13 Transcripción literal del texto.
18
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Llanito y El Caño San Silvestre
Al respecto me permito transcribir lo consagrado en el infine (sic) del inc. 1º del art.
77 del C.G.P., que reza:
“…… y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y
se cumplan en el mismo expediente…"
El aparte pertinente transcrito de la norma invocada es coherente con la actuación
realizada por el representante judicial de la agremiación ASOAGRILL., en cuyo
nombre se presentó la acción de Tutela, a partir de las siguientes consideraciones:
a) La Acción de Tutela se promueve como consecuencia al INCUMPLIMIENTO,
NEGLIGENCIA Y DESIDIA por parte de la Administración del distrito Especial de
Barrancabermeja y en contra del Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja, teniendo en cuenta que la Sentencia que fue proferida inicialmente
por el Juzgado Único Administrativo y posteriormente por el Tribunal Administrativo
de Santander (con fechas 20 de marzo de 2013 Y 15 de diciembre de 2014), NO SE
HAN EJECUTADO EN SU CUMPLIMIENTO Y POR ENDE, FORMAN PARTE DEL
MISMO PROCESO, tal como LO DESCRIBE el aparte pertinente del inciso transcrito.
Lo cual significa, que la PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES que
ha solicitado el apoderado de la demandante en la Acción Popular, tiene SU PLENO
RESPALDO, en virtud al INCUMPLIMIENTO de las referidas Sentencias.
b) Si bien es cierto, que en la Acción Popular que cursa en el Juzgado Primero
Administrativo de Barrancabermeja, con Radicación N° 68081 3333 001 20207 00224
00, siendo Accionante ASOAGRILL contra el Distrito de Barrancabermeja, el mismo
se encuentra en trámite en virtud a que NO SE HAN EJECUTADO LAS OBRAS
referidas en la Sentencia y la Acción de tutela surge por su INCUMPLIMIENTO. […]”.
[…]
“[…] c) Concordante con lo anteriormente expresado, lo precisan los artículos 29 de
la Carta política que regula el DEBIDO PROCESO (en toda actuación judicial); que
encuentra el respaldo legal en lo señalado en el art. 228 de la misma Carta, cuando
expresa: ......y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.".
Segundo. De manera Clara y Precisa lo tiene la H. Corte Constitucional, cuando en
sus diversas Jurisprudencias; y en particular, en la Sentencia SU041 de fecha 2022,
señaló con respecto al Derecho Sustancial que debe primar respecto al Derecho
Formal, en las Decisiones Judiciales.
De esta Sentencia, me permito transcribir unos apartes pertinentes: […]”.
[…]
“[…] Esta relación de providencias muestra cómo la jurisprudencia de la Corte ha sido
reiterada en la interpretación del principio constitucional consagrado en el artículo 228
de la Carta, acerca de la prevalencia del derecho sustancial. Según este, las formas
procesales han sido instituidas para garantizar la materialización de los derechos
subjetivos. Como se indicó -supra núm. 55-, si bien estas cobran especial importancia
como garantía de igualdad y de seguridad jurídica, y son, por regla general, de
obligatorio cumplimiento, su aplicación no puede ser irreflexiva al punto de
convertirlas en límites infranqueables y desproporcionados para el acceso efectivo a
la administración de justicia […]”.
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30. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala determinar si se
configura o no el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa en la
solicitud de tutela objeto de estudio, razón por la cual se analizará si el señor Alirio
Torres Sánchez estaba legitimado para promover la presente acción constitucional
en calidad de apoderado de la Asociación de Agricultores del Corregimiento el
Llanito y el Caño San Silvestre, con el fin de lograr la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Distrito de
Barrancabermeja y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja, con ocasión al presunto incumplimiento de las órdenes judiciales
impartidas dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos
identificado con el número único de radicación 680813333001200700224-00.
31. La Sala advierte que frente a la legitimación en la causa por activa para la
presentación de la solicitud de tutela, de conformidad con el inciso primero del artículo
86 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i) el titular de los derechos
fundamentales; ii) mediante apoderado donde se acredite el respectivo poder; y iii)
por medio de la figura de la agencia oficiosa.
32. Frente a la presentación de la acción de tutela a través de apoderado, la Corte
Constitucional14 ha considerado:
“[…] 4.1.2. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho, también es preciso establecer
¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria debe acreditar poder especial para
adelantar en nombre de su representado la acción de amparo constitucional?
En relación con este tema, la Corte ha estimado - de manera reiterada - que la
legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo
representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder
especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo) que por las características de la acción “todo
poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el
fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en
punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión”15.
De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario
contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la
14 Corte Constitucional, sentencia T-658 de 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil:
15 Subrayado por fuera del texto original.
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citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple
con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.
Precisamente, la doctrina expuesta por esta Corporación ha determinado que:
“2.4. Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el
proceso penal lo habilitaba para dicho menester [es decir, para ejercitar la acción de
tutela], debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto
procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa
conforme al poder específico que se la ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercer la acción de tutela...
...Dicho de otra forma, la personería adjetiva de que goza para representar a la parte
civil en el proceso penal, en manera alguna lo habilita para la actuación que ha dado
lugar a este proceso...”16.
Por lo cual, en los términos de la jurisprudencia constitucional,17 la falta de poder
especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,
aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y,
por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera del texto original)
33. Por otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado18 ha considerado:
“[…]” la legitimación en la acción de tutela se predica del titular de los derechos
fundamentales, se observa que el referido abogado carece de tal presupuesto, en la
medida que lo que aquí se pretende es que el TRIBUNAL y su SECRETARÍA,
efectúen la liquidación de las costas y remitan el expediente al Juzgado que conoció
en primera instancia del proceso ejecutivo que él instauró en nombre y
representación de la señora ELVIA DEL CARMEN MUÑOZ y el hecho de que el
actor sea el apoderado judicial de la mencionada señora, no lo habilita para
que la titularidad de los derechos en cabeza de aquella, le sean transferidos y
pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a su
representada. Máxime, si como ya se dijo, la citada ciudadana coadyuvó las
pretensiones de la presente acción constitucional con el objeto de agenciar en
nombre propio sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, lo que
descarta que estuviera imposibilitada para promover la defensa de sus derechos.
Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia
T-697 de 22 de agosto de 200619, en la que indicó sobre la imposibilidad que tiene
el apoderado judicial para alegar en vía de tutela como propios los derechos de su
representado. En dicha oportunidad señaló:
“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa de los apoderados
judiciales, esta Corporación ha considerado que el abogado que representa
judicialmente a otro carece en principio de legitimación por activa, cuando en nombre
16 Sentencia T-530 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell. (Subrayado por fuera del texto original).
17 Además de las sentencias previamente citadas, pueden consultarse las providencias: T-207 de 1997,
T-693 de 1998, T-526 de 1998, T-695 de 1998 y T-088 de 1999.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de noviembre de 2021, número
único de radicación 11001-03-15-000-2021-06847-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la Corte
Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de 15 de agosto
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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propio pretende defender mediante tutela los derechos fundamentales de su
poderdante, o cuando acude al proceso de tutela sin poder especial para ejercer
dicha acción. En la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que implica que el interés que
defiende es el de su cliente y no el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la
profesión de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso, no es suficiente que el
apoderado alegue la defensa de la persona en un proceso diferente, o que
afirme comparecer a la tutela como representante, o que cuente con poder
general en otros asuntos; sólo el poder especial correspondiente, lo habilita
para interponer tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad […]”. (Resaltado fuera del texto original)
34. En el caso sub examine, la Sala advierte que, como lo señaló el a quo, el
abogado Alirio Torres Sánchez no tiene legitimación en la causa por activa para
promover la acción de tutela de la referencia en representación de la parte actora,
por cuanto al momento de la presentación de la solicitud de amparo no allegó poder
especial para tal efecto, comoquiera que el poder aportado fue el otorgado para
promover el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, lo
cual no reúne los requisitos que la Corte Constitucional ha considerado debe tener
el poder otorgado a un abogado para la presentación de la solicitud de amparo
35. En ese orden de ideas, la Sala observa que no se allegó el poder otorgado
por la Asociación de Agricultores del Corregimiento el Llanito y el Caño San Silvestre
para la presentación de la solicitud de tutela, razón por la que la Sala considera que
no se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa.
Conclusiones de la Sala
36. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 10 de abril del
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
22
Núm. único de radicación: 680012333000-2025-00141-01
Actora: Asociación de Agricultores del Corregimiento El
Llanito y El Caño San Silvestre
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 10 de abril del 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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