Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2025-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00150-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
9 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Demandante: GERARDO HERRERA ALONSO HOYOS
Demandado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE CONFIRMA LA DECISIÓN DENEGATORIA
Síntesis: el actor cuestionó la decisión del juzgado accionado de declararse incompetente para
conocer de una acción popular por él promovida y que había sido remitida por competencia por
un juzgado de la jurisdicción civil ordinaria , ya que, en su parecer, es claro que la competente es
aquella jurisdicción, por lo cual la autoridad accionada no debió enviar a la Corte Constitucional
el proceso para que resolviera el conflicto de jurisdicciones, sino simplemente devolverlo al
juzgado de origen. Se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo, tras
verificarse que tal decisión se ajustó al procedimiento constitucional y legal establecido para esos
efectos sin que ello constituya una vulneración del debido proceso del actor.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 10 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
en la que se decidió:
“Primero. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Gerardo Herrera en contra del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, con fundamento en las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”. (negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 20251, el señor Gerardo Herrera promovió
proceso de acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga por considerar que la autoridad accionada no debió enviar a la
1
Índice 04 de Samai.
2
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
Corte Constitucional el proceso para que resolviera el conflicto de jurisdicciones, sino
simplemente devolverlo al juzgado de origen.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Gerardo Herrera presentó una acción popular2 en contra del párroco del
Cementerio Católico del municipio de Guaca (Santander) y, por auto del 12 de marzo de
2025, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito Judicial de Málaga declaró la falta de
competencia para resolver ese asunto y, en consecuencia, remitió el expediente a los
juzgados administrativos del circuito de Bucaramanga.
2) Efectuado el reparto, mediante auto del 25 de marzo de 2025, el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, a su vez, también declaró su
falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que
dirimiera el conflicto de jurisdicciones.
Fundamentos de la vulneración
El actor alegó la vulneración de su derecho del debido proceso porque el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante auto del 25 de marzo de
2025, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera un conflicto
negativo de competencia, en lugar de devolverlo al Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito Judicial de Málaga, que, en su criterio, era el competente para conocer la acción
popular.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
2
68001-33-33-011-2025-00057-00.
3
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
“SE ORDENE AL TUTELADO DEVOLVER INMEDIATAMENTE MI ACCIÓN
ANTE EL JUEZ CIVIL CTO DONDE A PREVENCIÓN, ART 16 LEY 472 DE
1998 ELEGÍ PRESENTAR MI DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR.
SE LE ACLARE BAJO TUTELA AL JUEZ CIVIL QUE NUNCA MÁS PUEDE
CREER PODER VARIAR AL DEMANDADO, CONTRA LA VOLUNTAD DEL
ACTOR POPULAR COMO REMAL (sic) LO CREEYO (sic) HACER Y SE LE
ACLARE QUE PUEDE VINCULAR A QUIEN ESTIME PERTINENTE POR
FUERO DE ATRACCIÓN, EL CUAL NUNCA HARÁ PERDER
COMPETENCIA”. (Fl. 1 del escrito de la demanda de tutela, índice 04 de
Samai).
Actuación procesal
Mediante auto del 28 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación al titular del Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción (índice 06 de Samai).
Sentencia de primera instancia
A través de sentencia del 10 de abril de 2025 (índice 14 de Samai), el Tribunal
Administrativo de Santander negó el amparo por considerar que la decisión del Juzgado
Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga de remitir la acción popular a
la Corte Constitucional para resolver el conflicto negativo de competencia ambas
jurisdicciones fue ajustada a derecho, ya que esa es la autoridad encargada de resolverlo,
conforme con lo previsto en el artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política3.
En consecuencia, el juzgado accionado no vulneró el derecho fundamental del debido
proceso de la parte actora, por cuanto mediante el auto del 25 de marzo de 2025 le
impartió el trámite correspondiente al conflicto de competencia suscitado.
3
“ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones:
(…)
11. <Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. > Dirimir los conflictos de
competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.
4
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 2 de mayo de 20254
En el escrito el actor se limitó a señalar “apelo y pido se ampare mi tutela”5.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto y 3) análisis de
los requisitos generales de procedencia.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga con el fin de que se proteja el
derecho constitucional fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado
porque dicha autoridad envió a la Corte Constitucional el proceso para que resolviera el
conflicto de jurisdicciones, cuando debió simplemente devolverlo al juzgado de origen.
4
Índice 19 de Samai.
5
Índice 17 de Samai.
5
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
En primera instancia, a través de sentencia del 10 de abril de 2025, el Tribunal
Administrativo de Santander negó el amparo, tras verificar que la accionada no afectó el
debido proceso de la parte actora.
En la impugnación, la parte demandante no expuso razones de inconformidad frente a la
decisión de primer grado, pues se limitó a manifestar que impugnaba.
Análisis de los requisitos generales de procedencia
3) En este caso, la Sala precisa que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, por cuanto el actor invocó la vulneración del derecho fundamental
del debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), con ocasión del trámite dado
al conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito Judicial de Málaga, y el posterior envío del expediente a la Corte Constitucional,
actuación que a su juicio desconoce el procedimiento legalmente previsto.
El actor se encuentra legitimado por activa para promover la presente acción, en tanto
actuó como demandante en el proceso del cual se derivó el conflicto de competencia. Por
su parte, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga está
legitimado por pasiva porque profirió la providencia cuestionada, situación que permite
atribuirle directamente la conducta que se estima lesiva.
El requisito de inmediatez también se satisface, toda vez que la acción fue presentada
tan solo tres días después de que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga profiriera el auto mediante el cual decidió remitir el expediente a la Corte
Constitucional, sin que se observe una dilación injustificada en la formulación del reclamo.
En lo que atañe a la subsidiariedad, se tiene que contra el auto que declara la falta de
jurisdicción no proceden recursos por tratarse de una actuación únicamente de trámite,
en consecuencia, por no existir medios judiciales ordinarios para cuestionar tal decisión,
era procedente la acción de tutela de la referencia.
Adicionalmente, se advierte que el análisis planteado reviste importancia constitucional,
en la medida en que la presunta irregularidad procesal no solo compromete derechos
individuales, sino también principios estructurales del ordenamiento jurídico, como el
6
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
respeto por el juez natural, el procedimiento legalmente establecido para los conflictos de
competencia y la seguridad jurídica.
Por consiguiente, la Sala encuentra acreditados los requisitos generales de procedibilidad
de la presente acción de tutela y, en consecuencia, procederá a resolver de fondo los
cuestionamientos planteados frente a la providencia judicial que ordenó remitir el
expediente a la Corte Constitucional en el trámite de conflicto negativo de competencia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que negó la acción de tutela por las siguientes razones:
0) El artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política, dispone que la Corte
Constitucional es la autoridad competente para resolver los conflictos de competencia
que se susciten entre distintas jurisdicciones, es decir, cuando dos despachos judiciales
y pertenecientes a diferentes jurisdicciones se declaran incompetentes para conocer de
un mismo asunto se configura un conflicto negativo de competencia cuya solución
corresponde a dicha Corte.
1) Asimismo, el derecho fundamental del debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución garantiza que las actuaciones judiciales se adelanten conforme al
procedimiento legalmente establecido, con respeto de las formas sustanciales, el
principio de legalidad, el derecho de defensa y al juez natural.
2) En el caso concreto, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito Judicial de Málaga se
declaró incompetente para conocer la acción popular presentada por el actor y remitió el
expediente a los juzgados administrativos de Bucaramanga por considerar que el
verdadero accionado era el municipio de Guaca, correspondiéndole, por reparto, al
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
3) Por su parte, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga,
por auto del auto del 25 de marzo de 2025, también declaró la falta de jurisdicción, tras
advertir que la demanda fue dirigida, de forma exclusiva y expresa, contra un particular –
el párroco del cementerio católico de Guaca– y que el propio accionante solicitó
expresamente que no se vinculara al municipio al proceso.
7
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
4) En consecuencia, el juzgado declaró un conflicto negativo de competencia y ordenó
remitir el expediente a la Corte Constitucional, de conformidad con el trámite previsto para
estos eventos.
5) Por consiguiente, la Sala encuentra que la remisión del expediente a la Corte
Constitucional no constituye una actuación irregular ni vulneradora del derecho
fundamental del debido proceso del actor, por el contrario, se trata de una actuación
ajustada al procedimiento constitucional previsto para la resolución de conflictos de
competencia entre jurisdicciones, ante la existencia de decisiones encontradas por parte
de dos jueces que se declararon incompetentes frente a un mismo asunto y con miras a
garantizarle al actor el derecho a tener un juez natural, lo cual implica la garantía de ser
juzgado por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico previamente le ha
atribuido dicha competencia6.
6) En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia de negar las súplicas
de la acción de tutela ante la falta de vulneración de los derechos del actor, ya que la
decisión del juzgado accionado fue suficientemente motivada, jurídicamente razonada y
acorde con los presupuestos de hecho y de derecho aplicables al caso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones en la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-685 de 2013.
8
Expediente: 68001-23-33-000-2025-00150-01
Actor: Gerardo Herrera Alonso Hoyos
Acción de tutela
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.