Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00209-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de julio de 2025
Demandante: Ruitoque S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado 11 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00209-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 68001-23-33-000-2025-00209-01
Demandante: RUITOQUE S.A. E.S.P.
Demandado: JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA
Temas: Tutela contra providencia judicial, revoca y niega amparo, ausencia
de defectos fáctico y procedimental.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo de
14 de mayo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 2 de mayo de 2025, Ruitoque S.A. E.S.P., actuando por
intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Las anteriores garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
providencias judiciales proferidas por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga el 4 y 25 de marzo de 2025, junto con el auto de 22 de abril del
mismo año, a través de las cuales esa autoridad decretó una prueba de oficio, resolvió
negativamente una solicitud de nulidad procesal y confirmó lo resuelto al pronunciarse
sobre el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra lo decidido frente
a la nulidad, respectivamente. Todo lo anterior, dentro del medio de control de
controversias contractuales 68001-33-33-011-2023-00170-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO. Que se DECLARE que el JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA vulneró los derechos
fundamentales del Accionante al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y al DEBIDO PROCESO, al haber proferido las Providencias
Cuestionadas.
SEGUNDO. Que, en consecuencia, se TUTELE los derechos fundamentales del
Accionante al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y al DEBIDO
PROCESO.
1
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Demandante: Ruitoque S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado 11 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00209-01
TERCERO. Que, en consecuencia, REVOQUEN y dejen SIN EFECTOS las
Providencias Cuestionadas, proferidas por el JUZGADO ONCE (11)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA.
CUARTA. Que, en consecuencia, ORDENE al JUZGADO ONCE (11)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA,
proferir nuevamente decisión respecto de la orden de imponer la carga a la
Accionante para que aporte el expediente administrativo contractual para que, en
su lugar, dicha orden sea dirigida contra la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. E.S.P., como fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
El 5 de julio de 2023, el apoderado de la sociedad accionante presentó demanda a
través del medio de control de controversias contractuales contra la Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P. 2, la cual fue asignada al Juzgado 11 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga con el radicado 68001-33-33-011-2023-00170-00.
Con auto de 19 de julio de 2023, la mencionada autoridad rechazó la demanda por
cuanto consideró que había operado el fenómeno de la caducidad. Esta decisión fue
objeto de recurso de apelación.
El 2 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander consideró que,
para poder contar la oportunidad en el ejercicio del medio de control era imperativo
que se allegara el contrato de suministro de energía, respecto del cual se planteaba la
controversia, por lo tanto, revocó la providencia anterior y, en su lugar, dispuso:
que el a quo inadmita la demanda solicitando el contrato objeto de la demanda, o
en su defecto, provea sobre la admisión de la demanda instando a la entidad
demandada a que allegue el expediente administrativo contractual, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.
En cumplimiento a lo ordenado por su superior, el Juzgado 11 Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga admitió la demanda con auto de 6 de agosto de
2024, en cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011,
ordenó que la entidad demandada allegara «los antecedentes administrativos que
dieron origen a los actos administrativos demandados, todas las pruebas que tenga en
su poder y que pretenda hacer valer en el proceso».
El 4 de marzo de 2025, el mencionado despacho decidió prescindir de la audiencia
inicial, en ese sentido, resolvió sobre las excepciones previas y se manifestó respecto
el decreto de pruebas, en este punto, ordenó lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 180.10 y 213 de la Ley 1437 de 2011,
así como lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en auto de fecha
1
Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el
acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
2
La acción judicial estuvo fundada en los presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de
energía por parte de la Electrificadora de Santander, agravados porque la propia sociedad Ruitoque
ejerce como distribuidora – comercializadora de dicho servicio en los municipios de Floridablanca y
Piedecuesta.
2
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Demandante: Ruitoque S.A. E.S.P.
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2 de noviembre de 2023, mediante el cual se revocó el auto que dispuso el rechazó
de la demanda y dado que, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, se opone a
la existencia de un vinculo contractual con Ruitoque S.A. E.S.P., se requiere a la
parte demandante, a través de su apoderado para que, dentro de los tres (3) días
siguientes se sirva allegar:
1. El expediente administrativo contractual de suministro de fluido eléctrico pactado
entre las partes.
Inconforme, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y
propuso un incidente de nulidad, este último, por cuanto estimó que se estaba
desobedeciendo a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en el auto
de 2 de noviembre de 2023, en el entendido que dicha colegiatura dispuso que, quien
debía allegar el expediente administrativo, era la Electrificadora de Santander.
Con autos de 25 de marzo de 2025 3, el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga resolvió desfavorablemente ambas figuras, por cuanto la entidad
demandada negó la existencia de cualquier relación contractual 4, por lo que, en
ejercicio de su facultad para distribuir la carga de la prueba, estimó que la existencia
del contrato debía ser acreditada por la parte demandante.
En consecuencia, Ruitoque interpuso recurso de reposición contra el auto que decidió
la nulidad, lo que condujo a que, con auto de 22 de abril de 2025, el despacho se
mantuviera en lo decidido.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, las providencias atacadas están inmersas en los siguientes
defectos:
• Defecto fáctico
Estimó que no se valoró adecuadamente el acervo probatorio, esto por cuanto entre lo
allegado por Ruitoque existen las facturas expedidas por la Electrificadora de
Santander, de las cuales se da cuenta la existencia del contrato. En ese sentido, la
sola negación indefinida, por parte de la demandada, que aseguró que no tenía
relación contractual con el extremo activo, no puede ser fundamento para variar la
carga de la prueba.
Para el efecto, resaltó la imagen de uno de dichos documentos en el que figura la
información sobre el número de cuenta y el cliente, Ruitoque, de una factura por la
prestación del servicio de energía eléctrica.
• Violación directa de la Constitución.
Consideró que el Tribunal Administrativo de Santander limitó la facultad de distribuir la
carga de la prueba del juzgado accionado, por lo que no podía transferir la obligación
de allegar el contrato base del proceso al demandante cuando ya el superior había
3
La solicitud de nulidad y el recurso de reposición fueron decididos en providencias distintas de la misma
fecha.
4
Esto, por cuanto el vínculo con Ruitoque, según explicó, está regido por lo dispuesto por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para uso de los sistemas de transmisión regional
y distribución local, establecido en la Resolución 097 de 2008.
3
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dispuesto que esta era una obligación de la Electrificadora de Santander, lo que afectó
la igualdad entre las partes y la confianza jurídica.
Resaltó que, ante la existencia de la relación contractual, lo cual, en su sentir, demostró
con los documentos que no se estudiaron, es la Electrificadora de Santander quien
está en la mejor posición para allegar la prueba.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 2 de mayo de 2025, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Santander admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado
11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, como autoridad accionada.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentó la
siguiente respuesta:
1.6.1. Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
El titular del despacho realizó un recuento de las actuaciones procesales y concluyó
que no se habían vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
Adicionalmente, resaltó que el auto mediante el cual se negó la nulidad procesal no se
ejerció el recurso de apelación.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 14 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
concluyó que la acción de tutela no cumplía con el requisito adjetivo de la inmediatez,
a su juicio, todas las censuras de la parte actora estaban dirigidas a establecer que la
autoridad accionada desobedeció lo dispuesto por esa colegiatura en el auto de 2 de
noviembre de 2023, así:
No obstante, lo anterior, resulta inevitable advertir que la presente acción judicial
adolece [sic] del cumplimiento del requisito de inmediatez, exigencia procesal
reiteradamente señalada en el presente análisis. En efecto, aunque el accionante
manifiesta inconformidad con las más recientes actuaciones judiciales
anteriormente referidas, lo cierto es que tales actos se remontan al 6 de agosto de
2024, fecha en la cual el juzgado demandado profirió el auto mediante el cual
impartió el "obedézcase y cúmplase" a la decisión del superior […]
A su juicio, de haber existido una vulneración de los derechos fundamentales esta se
vio configurada en la providencia de 6 de agosto de 2024, con la cual el Juzgado 11
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, puesto que fue allí donde dispuso
la manera en que daría cumplimiento a lo ordenado por el superior. En ese orden de
ideas, al realizar el conteo de los 6 meses como plazo prudencial, concluyó que el
mecanismo constitucional carecía del cumplimiento del mencionado requisito.
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1.8. Impugnación 5
El apoderado del actor reiteró que su intención es cuestionar los autos proferidos en
marzo y abril de 2025, puesto que es allí donde se materializó el hecho que vulneró
los derechos fundamentales del actor.
Señaló que no tenía ningún fundamento en controvertir el auto admisorio de 6 de
agosto de 2024, en tanto que aquel le resultaba favorable, tanto así que la orden de
allegar el expediente administrativo fue dada a la Electrificadora de Santander y no se
impuso alguna carga a Ruitoque. En ese sentido, estimó que, si se cuenta el plazo
desde los autos contra los que sí se dirigió la acción de tutela, es evidente que se
encuentra dentro de un término razonable.
Acto seguido, abordó nuevamente un estudio de cada una de las providencias
atacadas y las razones por las que, a su juicio, vulneraron sus derechos
fundamentales.
1.9. Trámite en segunda instancia
Con auto de 26 de junio de 2025, el magistrado ponente de esta decisión advirtió la
existencia de una nulidad saneable, esto por cuanto no se vinculó a la Electrificadora
de Santander, motivo por el cual y en aplicación al artículo 137 de la Ley 1564 de 2012,
se ordenó poner en conocimiento de esa entidad lo ocurrido y s e le concedió un
término de 3 días para pronunciarse, al vencimiento de este lapso no se recibió
intervención alguna, por lo que se entiende saneada la irregularidad por falta de
notificación de aquella sociedad.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 14 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modific arse o revocarse la
decisión de primera instancia de 14 de mayo de 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Santander declaró improcedente la solicitud de amparo.
Para resolver, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
5
La sentencia de primera instancia se notificó el 16 de mayo de 2025 y el actor la impugnó mediante
escrito de 21 de mayo siguiente.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”12
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
6
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(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal16. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 17 en los que incurrió la
decisión atacada.
Para esta Sala, la controversia no se limita a un debate meramente legal, sino que
trasciende directamente a la posible afectación al debido proceso, esto por cuanto la
parte actora logra estructurar adecuadamente una argumentación según la cual la
autoridad accionada efectuó una inversión errada de la carga dinámica de la prueba,
presuntamente, imponiendo una obligación de allegar un documento trascendental
para la decisión del caso, a pesar de que existe una orden judicial que dispuso que
ello debía hacerlo su contraparte.
Nótese que, de ser ciertas las acusaciones de la parte actora, el Juzgado 11
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga podría estar incurriendo en una
actuación arbitraria al imponer obligaciones probatorias al demandante cuando estas,
en virtud del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, están legalmente instituidas a cargo
de las entidades accionadas.
Por lo que se entienden superado este requisito.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Ibid.
17
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
7
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2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, en este
punto, la autoridad accionada resaltó que la parte actora no interpuso recurso de
apelación contra el auto que resolvió la proposición de nulidad procesal.
Sobre el particular, se tiene que con la modificación introducida por parte de la Ley
2080 de 2021 al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, junto con la creación del artículo
243A del mismo estatuto, se tiene que actualmente el recurso de apelación contra el
auto que resuelve una nulidad, en el proceso contencioso – administrativo, no se
encuentra entre los que son procedentes ni tampoco entre los que se están
expresamente proscritos.
Esta circunstancia, ha llevado a dos interpretaciones del nuevo texto de la norma, la
primera, sostiene que, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 243 de
la Ley 1437 de 2011 18, los recursos contra las decisiones de nulidades procesales
deben tratarse de conformidad con el artículo 321 de la Ley 1564 de 2011, esto es,
que son susceptibles de la alzada 19.
La segunda postura, indica que la remisión a la norma general solo procede para
trámites que no tienen regulación específica en la norma especial, sin embargo, el
Título VIII de la Ley 1437 de 2011 20 dispuso las reglas especiales de procedimiento
para los casos de lo contencioso - administrativo, dónde no se estableció la
procedencia de la apelación. En ese sentido, se debe entender que la exclusión del
auto que resuelve nulidades en la nueva redacción del artículo 243 del C.P.A.C.A.
implica que tal figura no es procedente.
Ahora bien, la segunda posición fue la que acogió la Sección Quinta en providencia de
23 de julio de 2021 21, en ese sentido ya que hasta la fecha no existe unificación sobre
la materia, siendo concordante con el antecedente de esta Sección y en aplicación de
la interpretación más garantista, se tendrá por cumplido el requisito, en atención a que
el accionante sí agoto el requisito al interponer el recurso de reposición, sin que haya
claridad absoluta sobre el deber de presentar la apelación.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez y se aparta de lo considerado en primera instancia,
donde se estimó que la acción de tutela estaba controvirtiendo lo dispuesto en el auto
admisorio, como pasa a exponerse.
De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Santander, la acción de tutela pretende
cuestionar la providencia de 6 de agosto de 2024; no obstante, esta Sala evidencia
que esto resulta desacertado por dos motivos, principalmente.
18
«PARÁGRAFO 2o. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el
proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo
regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro
del término previsto para recurrir».
19
Ver providencia de 1 de diciembre de 2023 dentro del expediente 8001-23-33-000-2021-00332-01,
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
20
Título que trata sobre las nulidades e incidentes del proceso contencioso – administrativo.
21
Ver proceso 25000-23-41-000-2020-00354-01.
8
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En primer lugar, y como se expuso en la impugnación, dicha providencia fue favorable
a Ruitoque, puesto que allí se ordenó a la Electrificadora de Santander allegar el
expediente administrativo.
Ahora bien, en efecto, existió un error de digitación en aquella providencia, que incluso
reconoce la autoridad demandada en su auto de 26 de marzo de 2025, puesto que se
ordenó que se allegaran «los antecedentes administrativos que dieron origen a los
actos administrativos demandados 22», cuando lo que dispone el parágrafo 1 del
artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 es que las entidades deben aportar «los
antecedentes de la actuación objeto del proceso», el concepto resaltado es mucho
más amplio y abarca tanto los antecedentes de actos administrativos, como de hechos,
omisiones o contratos, efectivamente, el texto de la norma fue construido para ser
aplicable a cualquier medio de control.
Siendo así, a pesar de dicha falencia, lo cierto es que el despacho invocó el numeral
4. º y el parágrafo 1 del artículo 175 e impuso la carga a la Electrificadora de Santander,
luego no hubiera tenido sentido que Ruitoque atacara tal providencia por la vía
constitucional cuando, sustancialmente, se estaba ordenando algo que le favorecía.
En segundo lugar, es evidente que lo que señala la parte actora como vulneradora de
sus derechos fundamentales es la inversión de la carga de la prueba, nótese que fue
hasta que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga transfirió
esa obligación a Ruitoque, que esta sociedad consideró conculcadas sus garantías
superiores, lo cual solo ocurrió con los autos dictados entre marzo y abril de 2025. De
esta forma, al margen de la notificación y ejecutoria de aquellas providencias, es claro
que la acción de amparo es oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 23, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200524, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
controversias contractuales.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los cargos planteados.
2.5. De las generalidades de los defectos alegados
22
Claramente se trató de un error, puesto que en la controversia contractual planteada por Ruitoque no
se está demandado algún acto administrativo.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
9
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Previo a abordar este punto, se precisa que la parte tutelante alegó de manera taxativa
los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, sin embargo frente al último
yerro, la Sala lo adecuará al defecto procedimental, por cuanto lo que está exponiendo
la parte actora es que el juzgado accionado realizó una inversión de la carga de la
prueba que resulta contraria a los deberes de las partes dentro del proceso judicial.
2.5.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 25 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
decreto y práctica negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
de pruebas negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
asunto a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
25
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
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ocurrir, pues es desacertado.
2.5.2. Referente al defecto procedimental se tiene que la Corte Constitucional ha
reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se
presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales26.
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales
el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al
proceso respectivo» 27.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se alega
con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales» 28.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando el
operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
(absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la acción de tutela
en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos 29:
i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado 30.
26
Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también ha
considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la defensa
técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su
propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado,
quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica» (sentencia T- 561 de 2014).
27
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
28
Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
29
Ibidem.
30
Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU 478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011,
entre otras.
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2.6. Caso concreto
En el presente asunto se tiene que, en virtud de la orden proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga admitió una demanda de controversias contractuales y dispuso que la
entidad demandada, Electrificadora de Santander, debía allegar los antecedentes
objeto del proceso; no obstante, como dicha empresa negó que existiera la relación
contractual, entonces el director del proceso invirtió la carga de la prueba e impuso tal
deber a Ruitoque.
Para resolver la controversia, la Sala resaltará las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales, puesto que resultan relevantes para la solución del caso.
En su escrito inicial, Ruitoque solicitó:
PRIMERA. Que se declare que entre RUITOQUE y la ESSA existe un contrato
en virtud del cual esta última está obligada a suministrar de forma continua e
ininterrumpida el servicio de fluido eléctrico a RUITOQUE.
SEGUNDA. Que se declare que es obligación de ESSA suministrar de forma
continua e ininterrumpida a RUITOQUE el servicio de fluido eléctrico.
TERCERA. Que se declare que ESSA incumplió la obligación de suministrar de
forma continua e ininterrumpida a RUITOQUE el servicio de fluido eléctrico.
CUARTA. Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento de ESSA,
RUITOQUE sufrió perjuicios que ascendieron a la suma de $394.988.451, a causa
de la sanción impuesta a RUITOQUE por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
QUINTA. Que se declare que ESSA tiene la obligación de indemnizar a RUITOQUE
los perjuicios sufridos por esta última, con ocasión del incumplimiento de la
obligación de suministro continuo e ininterrumpido de fluido eléctrico. [Resaltado
fuera de texto]
Como puede observarse, desde el inicio del medio de control, Ruitoque dejó expreso
que, antes del estudio del eventual incumplimiento, sea el juez quien establezca la
existencia del contrato e, incluso, de las obligaciones que, presuntamente, tenía la
Electrificadora de Santander 31.
Ahora bien, al margen del desarrollo jurisprudencial que ha tenido la figura de la
pretensión de que se declare la existencia de un contrato por la vía judicial en lo
contencioso – administrativo32, lo cierto es que es evidente que en este caso la relación
contractual entre los sujetos procesales hace parte del objeto mismo de la causa, es
decir, es el juez quien, de considerar procedente que se continúe con el estudio de
fondo33, debe definir si existió un contrato, si realmente había una obligación como la
31
Llama la atención que, ante estas pretensiones, el Tribunal Administrativo de Santander hubiera
ordenado que la Electrificadora de Santander debía allegar dicho contrato; no obstante, por no ser objeto
de esta tutela, no se harán pronunciamientos de fondo respecto del auto de 2 de noviembre de 2023.
32
Recuérdese que, por regla general, en los asuntos que conoce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la existencia del contrato es un presupuesto para el inicio del medio de control de
controversias contractuales.
33
Debe tenerse en cuenta que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga aun
es libre de estudiar si el medio de control incoado es el adecuado para dirimir la controversia.
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señalada por la demandante y, ahí sí, resolver sobre un eventual incumplimiento 34.
Partiendo de lo anterior, para esta Sala, aunque resulta llamativo que la autoridad
judicial insista en que alguna de las partes deba aportar un contrato cuya existencia es
lo que debe definirse en el fondo del asunto, lo cierto es que con la orden controvertida
no se están vulnerando derechos fundamentales.
Lo anterior, por cuanto, en atención a las pretensiones de la demanda, es aceptable
que el juez, con la intención de aclarar aspectos difusos de la controversia, como que
haya un contrato entre las partes, acuda a sus poderes oficiosos para que los sujetos
procesales aporten todos los soportes con los que cuentan y que le permitan al fallador
establecer si, en efecto, la relación contractual fue real.
Del mismo modo, no se evidencia la configuración de un defecto fáctico por el hecho
que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga no haya
reconocido la existencia del contrato a partir de las facturas aportadas por Ruitoque
junto con su demanda, esto por cuanto, se insiste, tal circunstancia hace parte de lo
que debe resolver el fallador cuando profiera su sentencia.
En ese sentido, es contradictorio que la parte actora presente como primera pretensión
de la controversia contractual que se emita un fallo en el que se declare la existencia
del contrato, pero, a su vez, espere que el juez tome dicha situación como un
presupuesto cierto en las etapas previas del proceso, lo que podría implicar un
prejuzgamiento.
Así las cosas, no se aprecian vulnerados los derechos fundamentales de la parte
actora, en tanto que la inversión de la carga de la prueba no fue fruto de un actuar
irracional o arbitrario del Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, sino que es una decisión coherente y congruente con la particular forma
en que acudió la parte actora al medio de control de controversias contractuales, esto
es, solicitando que se declare la existencia del contrato por la vía judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Ruitoque S.A. E.S.P.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
34
Ver, entre otras, sentencia de 30 de enero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el proceso 85001-23-31-000-2000-00239-01 y sentencia de 18 de
noviembre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
proceso 47001-23-33-000-2017-00084-01.
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Demandante: Ruitoque S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado 11 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00209-01
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
15
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