RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2025-00252-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00252-01

Fecha
16 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00252-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de mayo del 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente el amparo solicitado por Luis Fernando Vásquez Escudero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00252-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 68001-23-33-000-2025-00252-011
Demandante : Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandado : Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional
de Juzgamiento de Santander y la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento N° 3
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, al trabajo, mínimo vital y seguridad social
Tema : Suspensión de efectos de una sanción disciplinaria
Decisión : Confirma sentencia que declaró improcedente

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por Luis Fernando Vásquez Escudero contra la Procuraduría General de la Nación,
Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander y la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento N° 3, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, mínimo vital y seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al Debido proceso, al trabajo, mínimo vital y seguridad social,

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

presuntamente vulnerado por la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría
Regional de Juzgamiento de Santander y la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Juzgamiento N° 3.

Por consiguiente, requirió:

«[…] ordenar a la Procuraduría General de la Nación que DE MANERA TRANSITORIA Y
HASTA TANTO LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SE PRONUNCIE
SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES A SOLICITAR suspenda el cumplimiento de la
sanción impuesta con ocasión al fallo disciplinario contenido en la Resolución No. PRJS-PI-
005 del 21 de enero de 2025, proferida por el despacho de la procuraduría regional de
juzgamiento de Santander, dentro del proceso disciplinario radicado I US E-2021-644991/I
UC D-2021-2159488 y el fallo No. 140-25 del 31 de marzo de 2025 […]».

1.3 Hechos.2

Relato el accionante que, fue nombrado Gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio de
Padua de Simití – Bolívar, mediante el Decreto No. 316 del 11 de agosto de 2020. El 20
de agosto de 2020, se expidió el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del hospital.
Posterior a ello, el 11 de marzo de 2021, el actor emitió dos resoluciones (0001 y 0002)
para iniciar cobro coactivo contra COOSALUD EPS-S y en las mismas ordenó el embargo
de dineros contra la entidad de salud.

A raíz de la denuncia presentada por el apoderado de COOSALUD, el 16 de noviembre
de 2021 la Procuraduría Provincial de Magangué remitió el caso por presunto detrimento
patrimonial. Posteriormente, la Procuraduría Regional de Santander abrió indagación
preliminar el 2 de febrero de 2022, y el 22 de febrero de 2023 se dio la apertura de la
investigación disciplinaria.

Como consecuencia del trámite desarrollado, el 23 de abril de 2024, la Procuraduría
formuló cargo único por presunta vulneración al principio de inembargabilidad de recursos
del SGSSS y el 21 de enero de 2025, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de
Santander lo declaró disciplinariamente responsable, sancionándolo con suspensión del
cargo de Gerente de la ESE por el término de cinco meses. El 31 de marzo de 2025, la
Procuraduría Delegada de Juzgamiento No. 3 confirmó la responsabilidad disciplinaria,
pero modificó la sanción reduciéndola a cuatro meses, y la conmutó a una multa
equivalente a 4 meses del salario devengado en el 2021.

2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

En mayo de 2025, la Comisión Nacional del Servicio Civil lo incluyó en la lista de elegibles
para el cargo de Profesional Especializado código 2028 en la Superintendencia de Salud,
ocupando el puesto N.º 14. Debido a la vigencia de la sanción disciplinaria, el actor
manifiesta que perderá la posibilidad de ser nombrado en el cargo, lo que representa la
pérdida de su sustento económico y de su familia.

El 19 de mayo de 2025, radicó solicitud de conciliación extrajudicial de radicado E-2025-
241310, como requisito previo a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, advierte que, el trámite ordinario tardará al menos tres meses, lo que
volvería inútil cualquier decisión futura si ya ha perdido el empleo.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora indicó que, su inconformidad radica en la imposibilidad de asumir el cargo
en la Superintendencia eventualmente por la sanción disciplinaria en su contra, situación
que causará un daño irreversible, ya que perderá el empleo ganado por mérito, sin
posibilidad de reintegración futura aun si obtiene un fallo favorable años después. Para
soportar esta afirmación manifestó que:

«Así, con base en las pruebas que aporto, es más que claro que al acudir ante el juez de lo
contencioso tardaría aproximadamente 3 meses (o más) para que el togado se pronunciara y
decretara como medida provisional la suspensión de los actos administrativos demandados
a través de la accion de nulidad y restablecimiento de derecho, lo cual me traería como
consecuencia la perdida de la oportunidad de ocupar un empleo que obtuve por meritocracia
siguiendo las reglas de la carrera administrativa y que se convertiría en mi única fuente de
ingreso, garantizando con esto el mínimo vital propio y de mi núcleo familiar.

[…]

El amparo constitucional de tutela suspendiendo la aplicación de la Sentencia de primera
instancia contenida en la No. PRJS-PI-005 del 21 de enero de 2025, proferida por el despacho
de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander, dentro del proceso disciplinario
Radicado I US E-2021-644991/I UC D-2021-2159488 y mediante la cual fui declarado
responsable disciplinariamente, en su calidad de gerente de la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Padua del Municipio de Simití (Bolívar), para la época de los hechos,
sancionándolo con suspensión el ejercicio del cargo por cinco (05) meses; así como también
se declare nulo el fallo No. 140-25 del 31 de marzo de 2025, proferido por el despacho de la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3., de Bogotá, por medio del cual
resuelve el recurso de apelación impetrado contra la resolución No. PRJS-PI-005 del 21 de
enero de 2025, es una medida que se requiere con la mayor urgencia.

Las demás alternativas legales jurisdiccionales y administrativas que brinda el ordenamiento
jurídico se iniciaron, pero se insiste no son idóneas ni eficaces para evitar el perjuicio
irremediable […]»

II. TRÁMITE PROCESAL
3

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo de Santander a través de
auto del 22 de mayo del 20253, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión,
ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional de
Juzgamiento de Santander y Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento N° 3
como accionados.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 las accionadas, a pesar de haber sido notificadas en debida forma, no contestaron
la acción de tutela.

2.2 Sentencia de Primera Instancia4

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 30 de mayo del 2025
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad, teniendo en cuenta que, el accionante con mecanismos ordinarios
para proteger sus derechos, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, para justificar lo anterior, indicó que:

«En ese sentido, contrario a lo expuesto por el accionante, esta Sala considera que, en el
presente caso, el accionante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
(C.P.A.C.A., art. 138), como medio judicial de defensa principal para controvertir la decisión
adoptada por la Procuraduría General de la Nación. Dicho instrumento procesal es idóneo y
eficaz para alcanzar los propósitos planteados por el actor en el escrito de demanda, máxime
cuando en la situación descrita por él no se vislumbra la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable que haga viable la transitoriedad de la acción de tutela, toda vez que la sanción
disciplinaria, como lo ha afirmado la Corte en ocasiones anteriores, no puede considerarse
en sí misma un perjuicio irremediable
.
Además, al demandarse la nulidad de un acto administrativo como el que se cuestiona, se
cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, si el Juez de la causa estima
que éste manifiestamente contradice una norma superior a la cual se encuentra subordinado,
medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se emite la decisión de
mérito sobre su legalidad (C.P.A.C.A., art. 229 y s.s.).

Del análisis del escrito de tutela, se concluye que los argumentos presentados como sustento
del presunto perjuicio irremediable provienen más del temor e incertidumbre del actor que de
una amenaza concreta, real e inminente. Si bien se indica que se adjuntó un enlace de prueba,
el despacho no pudo acceder al mismo, siendo inexistente pruebas que demuestren lo
contrario».

2.3 Impugnación5

3
Expediente digital en SAMAI, índice 5.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI 12.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI 16.
4

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

El actor impugnó la decisión por encontrarse inconforme con ella, indicó que, la decisión
atacada desconoce sus derechos fundamentales y la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; señaló que, existe un
peligro inminente que exige medidas inmediatas, porque los mecanismos ordinarios de
defensa judicial no son suficientes para proteger sus intereses de manera oportuna. Esto
incluye la imposibilidad de acceder al empleo en carrera administrativa en la Supersalud
debido a los efectos de la sanción disciplinaria. Frente a ello manifestó:

«Resulta claro que la decisión impugnada desconoce el propósito final de la presente acción,
la cual valga insistir, nunca ha pretendido relevar al Juez Natural del acto o decisión sometida
al medio de control de Nulidad y restablecimiento del Derecho. Así las cosas, la presente
decisión no solo desconoce las pruebas que se acompañaron con el presente amparo, sino
que desconoce la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, tal y como se demostró en el escrito de tutela en los acápites III.-
CONSIDERACIONES REFERENTES A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y IV. DERECHOS FUNDAMENTALES
AMENAZADOS.

Es claro para este accionante que existe otro mecanismo de defensa, una jurisdicción y juez
natural que no es el de tutela, sin embargo ante la inminencia, el peligro inminente estos
medios resultan diáfanos frente a lo que hoy reclamo, es por eso que a través de este
mecanismo busco la protección de mis derechos Constitucionales.

[…]

No existe ninguna herramienta legal que pueda utilizar (salvo la acción de tutela) para poder
obtener un pronunciamiento para suspender transitoriamente los efectos de la sanción
impuesta con ocasión al fallo disciplinario contenido en la Resolución No. PRJS-PI-005 del 21
de enero de 2025, proferida por el despacho de la procuraduría regional de juzgamiento de
Santander, dentro del proceso disciplinario radicado I US E-2021-644991/I UC D-2021-
2159488 y el fallo No. 140-25 del 31 de marzo de 2025, proferido por el despacho de la
procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento no. 3., de Bogotá, por medio del cual
resuelve el recurso de apelación impetrado contra la resolución No. PRJS- PI-005 del 21 de
enero de 2025».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 20199 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.

6
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
9
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
5

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela es procedente para
suspender los efectos de la sanción impuesta al señor Luis Fernando Vásquez Escudero
hasta que acuda al juez ordinario; de superarse ello, se deberá analizar si la Procuraduría
General de la Nación, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander y la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento N° 3 han vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso del actor, al mantener vigente una sanción que le impide
ejercer un cargo obtenido por concurso, sin que existan mecanismos judiciales ordinarios
eficaces y oportunos para evitar la pérdida irreversible de su oportunidad laboral.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable, cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho10.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga

10
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
6

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa
previstos en la correspondiente regulación común.11

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico. 12 Esto
porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios
de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce
de un determinado asunto radicado bajo su competencia.13

En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:

«(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse
el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el
constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo».14

No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de

11
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
13
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
14
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

7

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.15

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado.16

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando
la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial
ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:

«(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad»17.

3.6 Solución al caso concreto.

3.6.1 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de
tutela.

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse
de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que,
se pretenda evitar que se cause de un perjuicio irremediable.

15
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

8

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional18 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien
requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya] agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable».

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente
cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos; sin
embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo
de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria19.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el actor no cumplió con el requisito
de procedibilidad de la subsidiariedad. Cabe precisar que, tal y como lo admite en su
escrito de tutela, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho20 para controvertir el fallo de la Procuraduría que lo sancionó y frente a ello
no existe discusión:

«Así, con base en las pruebas que aporto, es más que claro que al acudir ante el juez de lo
contencioso tardaría aproximadamente 3 meses (o más) para que el togado se pronunciara y
decretara como medida provisional la suspensión de los actos administrativos demandados
a través de la accion de nulidad y restablecimiento de derecho, lo cual me traería como
consecuencia la perdida de la oportunidad de ocupar un empleo que obtuve por meritocracia
siguiendo las reglas de la carrera administrativa y que se convertiría en mi única fuente de
ingreso, garantizando con esto el mínimo vital propio y de mi núcleo familiar.»

En efecto, la Corte Constitucional ha indicado frente a la subsidiariedad en punto a la
existencia de otros mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico que buscan
proteger de alguna forma los derechos fundamentales de los actores, lo siguiente:

18
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
19
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018
20
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado
por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

9

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

«El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente,
es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando
existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A
este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable””»21.

En este caso, el actor solicita que esta Sala ordene la suspensión de los efectos de la
sanción impuesta en su contra al considerar que los mismos le impiden ingresar a un
cargo de carrera en la Superintendencia de Salud en el que se encuentra en lista de
elegibles22, situación que, en su concepto encuadraría en el riesgo inminente que
permitiría superar el test de procedibilidad de esta acción.

Al respecto, según se puede evidenciar en el fallo 140-25 emitido por la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 en segunda instancia23, se confirmó la
responsabilidad disciplinaria del señor Vásquez Escudero y se disminuyó la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo de 5 meses a 4; pero el juzgador, al evidenciar que
el actor había cesado su periodo constitucional en el cargo, conmutó el correctivo a multa
equivalente a 4 meses del salario devengado en el 2021:

«PRIMERO: CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria en el fallo proferido por la
Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander del 21 de enero de 2025 que declaró
disciplinariamente responsable al señor LUIS FERNANDO VÁSQUEZ ESCUDERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.046.697 de San Jacinto (Bolívar), quien se
desempeñó en el empleo de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio
de Padua del municipio de SIMITI (Bolívar) para la época de los hechos sancionándolo con
suspensión el ejercicio del cargo por cinco (05) meses por estar probado el cargo único
formulado 23 de abril de 2024 por la Procuraduría Regional de Instrucción Santander, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sanción impuesta en primera instancia al disciplinado señor Luis
FERNANDO VÁSQUEz ESCUDERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.128.046.697 de San Jacinto (Bolívar), la cual quedará disminuida en la de suspensión en el
ejercicio del cargo por el término definitivo de cuatro (4) meses, debiendo ser convertida en
salarios de acuerdo al monto básico de lo devengado para el momento de la comisión de la
falta; es decir, teniendo en cuenta que para la época de los hechos (año 2021)».

Al respecto, según se puede evidenciar al existir un medio adecuado de defensa de sus
derechos fundamentales, esta Sala está obligada a verificar la idoneidad y la eficacia del
mismo, de modo que no se haga nugatorio el derecho fundamental del actor, en
particular, la Corte Constitucional24 ha manifestado que:

21
Corte Constitucional, sentencia T 022 del 2017.
22
Ocupa el puesto número 14 en la lista de elegibles para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, conforme se evidencia
en la Resolución 5219 del 16 de mayo de 2025 portada por el actor al expediente.
23
Del 31 de marzo del 2025.
24
Corte Constitucional, sentencia T 156 de 2024.
10

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

«50. La Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la idoneidad y eficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En la providencia T-161 de 2017
se afirmó que “por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos
administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación
de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
Igualmente, en la Sentencia T-442 de 2017 se reiteró que la tutela tiene una naturaleza
subsidiaria y que “el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad
de preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la Ley a las
diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia
judicial”.

51. Esto es así dado que la ley dotó a los procesos que se tramitan ante dicha jurisdicción de
una “perspectiva garantista, dado que amplió la procedencia de las medidas cautelares que
pueden ser decretadas en el ejercicio de cualquier acción propia de esta jurisdicción lo que
admite, entre otras cosas, que la protección de los derechos constitucionales pueda llevarse,
al menos prima facie, de manera efectiva”.

52. Precisamente en esa dirección señaló la Corte que de la referida acción se predican cinco
características que evidencian su capacidad para la protección de los derechos y que
contrastan con la regulación de la acción de nulidad y restablecimiento en el régimen anterior,
contenido en el Decreto 01 de 1984. Estas son: (i) existe una serie amplia de medidas
cautelares entre las que se encuentran el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento, la orden de adopción a la administración de una decisión,
la demolición de una obra o las órdenes de imponer obligaciones de hacer o no hacer; (ii) fue
suprimida la expresión “manifiesta infracción” como condición para decretar la medida de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; (iii) se estableció un sistema
innominado de medidas cautelares; (iv) se conciben las medidas cautelares de forma
autónoma a la demanda presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no
les es aplicable; y (v) se prevén las medidas de urgencia que, por la finalidad que persiguen,
fueron estructuradas como medios preliminares dotados de eficacia inmediata para la
protección de los derechos fundamentales.

53. En el punto relativo a las medidas cautelares es importante señalar que el artículo 229 de
la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)- establece la posibilidad de decretar estas medidas “[e]n todos los
procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso”. Igualmente, el artículo 233 de
la misma normativa indica que “[l]a medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación
de la demanda y en cualquier estado del proceso”. Este esquema se ve reforzado por las
medidas cautelares de urgencia que establece el artículo 234 del CPACA con un trámite
abreviado.

54. En conclusión, la acción de tutela en contra de actos administrativos es, por regla general,
improcedente. Esto es así porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuenta con un régimen de medidas cautelares robusto y garantista. Sin embargo, en
caso de que se evidencie que (i) el medio no es idóneo o efectivo o que (ii) puede configurarse
un perjuicio irremediable, será procedente el amparo».

En este caso, tal y como se desprende de la jurisprudencia citada, no se demuestra que
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sea en efecto ineficaz para
obtener el amparo deprecado por el actor, sobre todo considerando que puede solicitar
la adopción de medidas cautelares en los términos del artículo 233 de la ley 1437 del
2011, entre ellas la de urgencia.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, la presente acción

11

Acción de tutela 68001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Luis Fernando Vásquez Escudero
Demandada: Procuraduría General De La Nación y otros

no supera el requisito de subsidiariedad, se confirmará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de mayo del 2025 emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que declaró improcedente el amparo solicitado por Luis
Fernando Vásquez Escudero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.