Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00398-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2025-00398-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00398-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00398-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
28 de agosto de 2025
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL
Tema: Tutela contra providencia judicial, procesos ejecutivos para
obtener pago de costas. Requisitos generales de procedencia,
requisito general de subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia del 22 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvió:
«PRIMERO. DECLÁRESE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
MARCO ANTONIO VELASQUEZ contra el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
SAN GIL».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de julio de 2025, Marco Antonio Velásquez, en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la defensa y de igualdad ante la ley. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1) Proteger los derechos fundamentales a Al (sic) debido proceso, vía de hecho al acceso
a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad ante la ley, garantizar los
principios de independencia e imparcialidad de la administración de Justicia (Artículo 5 de
la Ley 270 de 1996).
2) Ordenar JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL revocar los actos
administrativos donde negaron los procesos ejecutivos y en consecuencia ordenar para
que sean admitidos y tramitados»
(sic para toda la cita)
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Marco Antonio Velásquez promovió dos medios de control para la protección
de los derechos e intereses colectivos en contra del municipio de Barbosa
(Santander), bajo los radicados 686793333001-2021-00082-00 y 686793333001-
2023-00005-00. Dichos procesos se tramitaron ante el Juzgado Segundo
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Administrativo de San Gil, que, profirió sentencias favorables al demandante el 26 de
junio de 2023 y el 22 de marzo de 2024, respectivamente, en ambas decisiones
incluyó la condena en costas a su favor.
Posteriormente, el señor Velásquez presentó demandas ejecutivas contra el municipio
de Barbosa con el fin de obtener el pago de las costas reconocidas en los referidos
medios de control. A estas demandas se les asignaron los radicados 686793333002-
2025-00057-001 y 686793333002-2025-00058-002.
El actor asegura que el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil inadmitió
inicialmente las demandas por no haber acudido mediante apoderado judicial. Luego
de esto, las inadmitió nuevamente y, finalmente, las rechazó por no haber agotado el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
Mediante autos del 19 de junio de 2025, el juzgado rechazó las demandas ejecutivas
por no haberse subsanado los requisitos señalados.
3. Argumentos de la acción de tutela
Según el actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al rechazar las demandas ejecutivas, sin tener en cuenta que su caso
se enmarcó en la excepción descrita en el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 196
de 1971. Dicha norma permite litigar en causa propia, sin necesidad de un abogado
inscrito, en los procesos de mínima cuantía.
El demandante afirmó que, para la autoridad judicial accionada, si bien los procesos
de mínima cuantía (aquellos que no superan los 40 smlmv) pueden ser ejercidos en
causa propia, esto aplica siempre y cuando la competencia radique en un juez civil
municipal en única instancia; con base en lo anterior, el juzgado concluyó que no podía
conocer del asunto por ser un juzgado del circuito. Al respecto, el actor señaló que tal
situación generaría, a lo sumo, un «conflicto de competencias», pero no constituiría
una causal de inadmisión por falta de apoderado.
En cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de la conciliación extrajudicial, indicó
que no es exigible en los procesos ejecutivos. Sostuvo que la Ley 640 de 2001
establece que no son conciliables los asuntos que versen sobre conflictos tributarios,
los que se deban tramitar mediante procesos ejecutivos derivados de contratos
estatales, o aquellos en los que haya operado la caducidad de la acción.
En esa medida, argumentó que los procesos ejecutivos para el cobro de costas
procesales, al igual que otros procesos de ejecución, no requieren agotamiento de la
conciliación como requisito de procedibilidad. Añadió que tal excepción está prevista
para agilizar los procesos judiciales y facilitar la ejecución de obligaciones claras,
expresas y exigibles contenidas en títulos ejecutivos.
Finalmente, en lo que respecta a los cambios de radicado de los procesos, indicó que
esta situación también vulneró los derechos fundamentales, pues careció de
justificación legal, transgredió el debido proceso e impidió su acceso efectivo a la
administración de justicia.
1
Corresponde al cobro de las costas decretadas en la sentencia del 26 de junio de 2023 (expediente 686793333001-2021-00082-
00).
2
Corresponde al cobro de las costas decretadas en la sentencia del 22 de marzo de 2024 (expediente 686793333001-2023-
00005-00).
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
4. Trámite previo
El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Juzgado Segundo Administrativo de San Gil como
demandado. Asimismo,
5. Oposiciones
El Juzgado Segundo Administrativo de San Gil pidió que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia, porque no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad.
Al respecto, señaló que el actor promovió demandas ejecutivas en nombre propio
contra el municipio de Barbosa y la Dirección de Tránsito y Transporte del mismo ente
territorial. Que, en ambos procesos, se profirieron autos de rechazo de las demandas
el 19 de junio de 2025, por no subsanar en debida forma, porque la parte ejecutante
no aportó la prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación,
señalado en el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, acorde con lo previsto en el numeral
3 del artículo 169 del CPACA.
Explicó que, esa norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional, en sentencia C-830 de 2013, en el sentido que el agotamiento del
requisito de procedibilidad es siempre exigible, salvo acreencias laborales. Que, en
esa medida, el proceso cuestionado no se trató de una reclamación de carácter
laboral, sino de frente al cobro ejecutivo de una condena por costas y agencias en
derecho, reconocida en sentencia judicial. Por lo tanto, resultaba exigible el requisito
de procedibilidad, teniendo en cuenta que el demandado es un municipio.
Que los autos de rechazo se notificaron el 20 de junio de 2025, pero la apoderada del
actor se abstuvo de interponer recurso alguno, por lo que la acción de tutela resultó
improcedente, en el entendido que la parte ejecutante tenía la oportunidad de apelar
la decisión, situación que jamás ocurrió.
Respecto al derecho de postulación, indicó que en los dos procesos ejecutivos efectuó
requerimiento al ejecutante para que nombrara apoderado que lo representara, en
cuyo cumplimiento el accionante otorgó poder en ambos casos a la abogada Yenny
Lucia Montenegro Guerrero. Punto frente al cual, adujo que se presenta la carencia
actual de objeto por sustracción de materia.
Precisó que los procesos ejecutivos tienen diferente radicado al de los medios de
control de protección de derechos e intereses colectivos, en los que se profirieron las
sentencias que presentó como título ejecutivo, porque son de distinta naturaleza,
requieren un trámite autónomo con asignación de radicado diferente.
6. Sentencia de primera instancia
El 22 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
de tutela de primera instancia, en la que declaró improcedente el recurso de amparo,
por las siguientes razones:
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Indicó que el requisito de conciliación prejudicial se encuentra regulado en el artículo
47 de la Ley 1551 de 2012 y es un requisito de procedibilidad de los procesos
ejecutivos que se adelanten contra municipios.
Precisó que la Corte Constitucional en la sentencia C-830 de 2013 declaró
condicionalmente exequible esa disposición, bajo el entendido de que no aplica
cuando se trata de acreencias laborales. Sin embargo, en el caso objeto de
cuestionamiento, se pretendía ejecutar una condena en costas, lo cual no se enmarca
en las excepciones señaladas por la jurisprudencia, por lo que, consideró que fue
acertada la decisión del juzgado de exigir el requisito.
Que, en ese sentido, la acción de tutela no cumplió con el requisito general de
subsidiariedad, porque el actor no interpuso recurso de apelación contra los autos que
rechazaron las demandas de los procesos ejecutivos, pese a estar debidamente
notificados y, en todo caso, no se encontró acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la acción de tutela.
En cuanto a la vulneración del derecho de postulación, indicó que, de acuerdo con las
pruebas aportadas, una vez la autoridad judicial demandada requirió al señor
Velásquez para constituir apoderado el interesado designó a la abogada Yenny Lucía
Montenegro Guerrero para que lo representara en los procesos ejecutivos, que, en
esa medida no existió afectación actual del derecho de acceso a la administración de
justicia, por lo que consideró que se configuró una carencia actual de objeto por
sustracción de materia, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
la sentencia T-204 de 2013.
En lo relacionado con el cambio de radicado de los procesos, trajo a colación lo
expuesto por el juzgado en la contestación de la acción de tutela, en el sentido de
precisar que se trataba de un medio de control distinto, que exige un trámite autónomo,
por lo que concluyó que se trataba de actuación respaldada por el principio de
legalidad procesal y no constituyó, por sí solo, vulneración del derecho al debido
proceso.
7. Impugnación
La accionante impugnó el fallo de primera instancia, insistió en los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y solicitó que se declarara la nulidad de la referida
providencia.
Señaló que fue contradictoria la decisión de primera instancia, en cuanto indicó que
se configuró la carencia de objeto por sustracción de materia respecto de los reclamos
frente al derecho de postulación, porque, a pesar de que atendió el requerimiento y
constituyó apoderada para que actuara en su nombre, dispuso no admitir la demanda
y procedió a exigir el requisito de conciliación prejudicial, para que se subsanara en el
término de diez (10) días. Al respecto, sostuvo que es un trámite «que tarda hasta diez
(10) meses», por lo que no era posible su cumplimiento.
Que el a quo no distinguió qué clase de procesos ejecutivos son conciliables y cuáles
no, pues no todos los que se promueven contra los municipios deben cumplir el
requisito previo para demandar. Señaló que, en el caso concreto se trata de un
proceso ejecutivo por costas procesales y agencias en derecho «donde existe la
consolidación de un título judicial y no es conciliable».
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Reiteró que el cambio de radicado de los procesos acusados transgredió sus derechos
fundamentales, toda vez que los procesos ejecutivos de costas y agencias en derecho
en acciones populares se tramita dentro del mismo proceso y no por aparte.
Indicó que el a quo no tuvo en cuenta que el Juzgado Segundo Administrativo de San
Gil «es la única autoridad judicial del país que exige esos requisitos», porque las
demás autoridades admiten los procesos ejecutivos donde se busca el pago de costas
y agencias en derecho, dentro de los mismos radicados e incluso los mismos
demandantes pueden litigar en nombre propio, por tratarse de asuntos de mínima
cuantía.
Indicó que la autoridad judicial tiene un trato diferente en los casos en los cuales él
actúa «como retaliación porque asesoramos una demanda donde le quitaron el
estatus de conjunto cerrado ilegal a palmeras dos donde el (sic) vive y que afecta la
valorización de los predios allí construidos, donde conoció el señor juez segundo y
donde solo se declaro (sic) impedido asta (sic) poco antes de la sentencia en el
proceso acción de simple nulidad Rad. 686793333002-2020-00160-00 donde hoy en
samai se puede constatar lo dicho».
Aunado a lo anterior, señaló que el magistrado ponente de la acción de tutela de
primera instancia debió declararse impedido, porque «es de público conocimiento que
existe un vínculo con la juez primera de san (sic) gil (sic) a (sic) quien tengo múltiples
denuncias», citó los datos del proceso y señaló que era de público conocimiento la
enemistad que tenía con la referida juez.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
De conformidad con los argumentos la impugnación, corresponde determinar si el
Juzgado Segundo Administrativo de San Gil vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al rechazar las demandas ejecutivas con las cuales
pretendía el pago de las costas reconocidas dentro del medios de control de
protección de derechos e intereses colectivos, que promovió contra el municipio de
Barbosa (Santander).
Como fundamento de los cargos, el actor aduce que la autoridad judicial demandada
incurrió en irregularidades procesales, toda vez que: (i) transgredió el derecho de
postulación al exigírsele actuar mediante apoderado judicial; (ii) la conciliación
prejudicial no era requisito de procedibilidad para las demandas dentro de los
procesos ejecutivos; y, (iii) se cambió de radicado los procesos ejecutivos, cuando
debieron tramitarse a continuación de los medios de control de protección de derechos
e intereses colectivos, dentro de los cuales podía actuar en causa propia.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente, con el requisito de subsidiariedad, solo en caso afirmativo
será posible abordar el estudio de fondo de los alegatos de la parte actora.
Sin embargo, de manera previa, la Sala deberá resolver el argumento expuesto en el
escrito de impugnación, según el cual, en el proceso cuestionado se configuró una
causal de nulidad.
(i) Cuestión previa
En el escrito de impugnación el actor solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado
dentro de la acción de tutela de la referencia, porque el magistrado ponente del fallo
de primera instancia no manifestó impedimento para conocer el asunto, pese a que
«es de público conocimiento que existe un vínculo con la juez primera de san gil a
quien tengo múltiples denuncias» (sic).
Sin embargo, de entrada la Sala advierte que la solicitud de nulidad que presenta la
actora debe ser rechazada de plano, de conformidad con el inciso final del artículo 135
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
del Código General del Proceso, según el cual «el juez rechazará de plano la solicitud de
nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que
pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o
por quien carezca de legitimación».
En el presente asunto resulta evidente que los alegatos de la parte actora,
relacionados con una posible causal de recusación o impedimento en el trámite de
tutela de la primera instancia, no se enmarcan dentro de las causales previstas en el
artículo 133 del mismo estatuto.
(ii) Del requisito general de subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó6:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
(iii) Caso concreto
El señor Marco Antonio Velásquez promovió la presente acción de tutela, porque
considera que el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil vulneró sus derechos
fundamentales al rechazar las demandas dentro de los procesos ejecutivos
686793333002-2025-00057-00 y 686793333002-2025-00058-00, con las cuales
6
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
pretendía que el municipio de Barbosa (Santander) hiciera efectivo el pago de las
costas procesales decretadas dentro de dos medios de control de protección de
derechos e intereses colectivos, tramitadas en el mismo despacho judicial, que
resultaron a favor.
El a quo declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió el requisito de
subsidiariedad, pues aseguró que contra las providencias cuestionadas no se
interpuso recurso de apelación.
Al respecto, la Sala encuentra que, revisado el sistema de consulta de procesos
SAMAI los procesos ejecutivos 686793333002-2025-00057-00 y 686793333002-
2025-00058-00, se surtieron actuaciones semejantes, razón por la cual la autoridad
judicial accionada emitió decisiones similares, en las mismas fechas, dentro de las
cuales se destacan las siguientes:
• El 3 de abril de 2025, el señor Marco Antonio Velásquez, en nombre propio, presentó
demandas ejecutivas contra el municipio de Barbosa (Santander), con el fin de que
se hiciera efectivo el pago de las costas reconocidas dentro de los medios de control
de protección de derechos e intereses colectivos, en sentencias del 26 de junio de
2023 y 22 de marzo de 2024, dentro de los expedientes 686793333001-2021-00082-
00 y 686793333001-2023-00005-00, respectivamente.
• Mediante autos del 11 de abril de 2025, el Juzgado inadmitió las demandas con el
fin de que se cumpliera con el derecho de postulación previsto en el artículo 160 del
CPACA y se otorgara poder a un profesional del derecho o demostrara la calidad de
abogado, para continuar con el trámite de los procesos. Aunado a ello, indicó que,
una vez presentada las subsanaciones con los anexos respectivos, que para el caso
en concreto comprende el poder debidamente diligenciado, debía correr traslado de
esos escritos a la parte ejecutada, tal y como lo prevé el artículo 162, numeral 8,
inciso segundo del CPACA.
• Contra las anteriores decisiones el actor presentó recursos de reposición y en
subsidio apelación, al considerar que se encontraba dentro de las excepciones
descritas en el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 196 de 1971, según la cual, en
los procesos de mínima cuantía se podrá litigar en causa propia y sin necesidad de
abogado inscrito.
• En autos del 30 de abril de 2025, el Juzgado no repuso los autos inadmisorios, al
considerar que no existe norma expresa que permita litigar en causa propia dentro
de los procesos ejecutivos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Además, rechazó por improcedente los recursos de apelación.
• El 19 de mayo de 2025, la abogada Yenny Lucia Montenegro Guerrero presentó
memoriales con los poderes que la acreditaban para actuar en nombre y
representación del señor Marco Antonio Velásquez dentro de los dos procesos
ejecutivos.
• Mediante autos del 22 de mayo de 2025, el Juzgado inadmitió las demandas por no
acreditar el requisito de conciliación prejudicial como lo exige el artículo 47 de la Ley
1551 de 2012 y reconoció personería a Yenny Lucia Montenegro Guerrero.
• Posteriormente, mediante autos del 19 de junio de 2025, el Juzgado rechazó las
demandas por no subsanarla, conforme había dispuesto en el auto del 22 de mayo
del mismo año. Providencias que se notificaron por correo electrónico el 20 de junio
de 2025.
• El 1° de julio de 2025, se dispuso el archivo de los referidos expedientes.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
Conforme con lo expuesto, se advierte que, tal como lo refirió el a quo, el actor no
interpuso el recurso de apelación contra los autos que rechazaron las demandas
ejecutivas que promovió contra el municipio de Barbosa.
No obstante, en el escrito de impugnación, el accionante reiteró los argumentos
expuestos en la acción de tutela, en los que insistió en que las demandas no debieron
ser rechazadas, porque: (i) no era exigible actuar mediante apoderado judicial, al
tratarse de procesos de mínima cuantía; (ii) por la naturaleza del asunto —un proceso
ejecutivo—, tampoco debió exigirse el agotamiento de la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad; y (iii) los procesos debieron tramitarse dentro de los
mismos expedientes de los medios de control en los que se decretaron las costas, por
existir conexidad procesal y por ser una instancia donde también podía actuar en
causa propia.
En tal sentido, queda en evidencia que los argumentos que presenta el actor en la
presente acción de tutela son propios del recurso de apelación del cual no hizo uso
en su momento contra los autos de rechazo de las demandas de los procesos
ejecutivos.
Por lo tanto, la parte actora contaba con otro mecanismo de defensa judicial idóneo
para la protección de los derechos invocados: el recurso de apelación, previsto en el
numeral 1 del artículo 243 de la Ley 1437 de 20117, el cual procede contra el auto que
rechaza la demanda.
En consecuencia, se evidencia que el demandante, al no haber interpuesto el recurso
dentro del término, pretende ahora utilizar la acción de tutela como un mecanismo
sustitutivo de los medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que dejó de
ejercer.
De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se satisface el requisito de
subsidiariedad, uno de los presupuestos generales de procedencia de la acción de
tutela. En concreto, el actor no agotó en debida forma el medio de defensa judicial que
tuvo a su alcance para la protección de los derechos fundamentales que considera
vulnerados.
En efecto, el recurso de apelación era el mecanismo legal idóneo y eficaz para
controvertir las decisiones del juzgado, específicamente: i) si podía actuar en causa
propia en los procesos ejecutivos; ii) si debía agotar el requisito de la conciliación
extrajudicial; y iii) si los procesos debían tramitarse bajo el mismo radicado de las
acciones populares que dieron origen al título ejecutivo. Se insiste en que los
argumentos expuestos por el accionante eran propios del recurso de apelación del
cual no hizo uso.
En consecuencia, al no encontrarse acreditado el requisito de subsidiariedad, se
confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de amparo
promovida por el señor Marco Antonio Velásquez contra el Juzgado Segundo
Administrativo de San Gil.
7
Artículo 243. Apelación «Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma
instancia: 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. (…)»
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00398-01
Demandante: Marco Antonio Velásquez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta por el señor Marco Antonio
Velásquez.
2. Confirmar la sentencia del 22 de julio de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander, objeto de impugnación.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.