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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00438-01

Fecha
10 de octubre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00438-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 20 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en la presente sentencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00438-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 68001-23-33-000-2025-00438-01
Demandante COLOMBIANA ORIENTAL DE AMBIENTE SAS ESP
Demandado EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. Y OTROS
Temas Acción de tutela, Disposición final de desechos en relleno sanitario.
Autorización de ingreso a relleno sanitario. Requisitos de procedencia
de acción de tutela: la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación interpuesta por la empresa Colombiana Oriental
de Ambiente SAS ESP contra la sentencia del 20 de agosto de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander que dispuso:
«PRIMERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la empresa
COLOMBIANA ORIENTAL DE AMBIENTE SAS ESP contra la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA - EMAB S.A. ESP, SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,
JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1º de agosto de 20251, la Empresa Colombiana Oriental de Ambiente SAS ESP
interpuso acción de tutela contra la Empresa de Aseo de Bucaramanga, la
Superintendencia de Sociedades y el Juzgado Quince Administrativo de
Bucaramanga al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.

Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes:

«1. Tutelar y Amparar mis derechos fundamentales a: LA LIBRE IGUALDAD, INICIATIVA
PRIVADA, DEBIDO PROCESO.
2. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE A LA EMAB SA ESP QUE PERMITA EL
ACCESO A COLOMBIANA ORIENTAL DE AMBIENTE SAS ESP AL SITIO DE DISPOSICION
DE BASURAS EL CARRASCO.
3. Se ordene señor EMAB SA ESP que no interponga barreras administrativas A
COLOMBIANA ORIENTAL DE AMBIENTE SAS ESP.
4. POR ÚLTIMO, SEÑOR JUEZ LE SOLICITO FALLE ULTRA Y EXTRA PETITA EN PRO DE
PROTEGER LOS DERECHOS QUE DEMASIADAS VECES HAN SIDO VULNERADOS POR
EMAB SA ESP».

2. Hechos

Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La empresa Colombiana Oriental de Ambiente SAS ESP se registró en la
Cámara de Comercio de Bucaramanga el 14 de octubre de 2020 para llevar a
cabo entre otras actividades, la recuperación de materiales, la recolección de

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Escrito de tutela radicado en el correo

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desechos no peligrosos, actividades de saneamiento ambiental y otros
servicios de gestión de desechos.

2.2. Sostuvo la empresa accionante que desde el 19 de octubre de 2022 cuenta
con el registro RUPS, esto es, el Registro Único de Prestadores de Servicios
que se encuentra registrado en el sistema SUI que es el Sistema Único de
Información de Servicios Públicos y que les fue otorgado permiso por la
Superintendencia de Servicios Públicos para trabajar en los municipios de
Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija, todos en
Santander.

2.3. El 4 de abril de 2025 la empresa accionante presentó solicitud a la Empresa
de Aseo de Bucaramanga SA ESP, EMAB para acceder al relleno sanitario
«El Carrasco» y allegó los soportes que la habilitaban.

2.4. La empresa EMAB SA ESP dio respuesta el 28 de abril de 2025 en la que se
le indicó que al haberse establecido temporalmente la operación en el relleno
sanitario «El Carrasco» dados los pronunciamientos que al respecto había
tenido tanto los jueces administrativos como el Tribunal Administrativo de
Santander, para pronunciarse al respecto era necesario contar con la
concurrencia y voluntad de diversos actores que tenían competencia en el
tema ambiental, de servicios públicos y de disposición final como era el caso
del municipio de Bucaramanga al que se consultaría sobre la solicitud.

2.5. El 9 de abril de 2025 la empresa actora radicó solicitud en este mismo sentido
ante la alcaldía de Bucaramanga a lo que se dio respuesta en la que se le
indicó que debía llevarse a cabo una mesa de trabajo con la empresa EMAB
SA ESP y el representante de la Superintendencia de Servicios Públicos
inicialmente programada para el 10 de junio de 2025 a la que no asistieron la
totalidad de los convocados por lo que debió ser reprogramada para el 18 de
junio de 2025.

2.6. En la mesa de trabajo adelantada el 18 de junio de 2025 se indicó por parte
de la alcaldía de Bucaramanga que el permiso solicitado por la parte actora
era de competencia exclusiva de la empresa EMAB SA ESP

2.7. La accionante manifestó que actualmente cursa en el Juzgado Quince
Administrativo de Bucaramanga una acción popular en la que se ordenó el
cierre y una ampliación del uso al relleno sanitario «El Carrasco» hasta el año
2027, lapso en el que sería el único sitio de disposiciones finales para el área
metropolitana de Bucaramanga y en el que se advierte a los municipios el
deber de reducción de los desechos para un óptimo rendimiento.

2.8. Dijo que una vez se le autorice el ingreso al relleno sanitario, los desechos se
manejarían con la empresa Grupo Natural Andino SAS ESP que los utilizaba
como compostaje y de esta manera se reducía en gran parte los ingresos que
recibía el relleno sanitario.

2.9. Agregó que en el fallo del juzgado no se ordenaba la prohibición de la entrada
de nuevas empresas o la implementación de requisitos adicionales a los de
ley.

3. Fundamentos de la acción

La Empresa Colombiana Oriental de Ambiente SAS ESP hizo mención a la libertad
en la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común
y a la dirección general de la economía por parte del Estado, postulados
contemplados en los artículos 333, 334 y 337 de la Constitución Política, así como

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a la prestación de los servicios públicos conforme lo dispuesto en el artículo 365 de
la mencionada disposición.

En concreto frente a la disposición final de desechos y residuos se refirió a lo
dispuesto en los artículos 32, y 105 a 107 del Decreto 806 de 1998 y al artículo 83
del Decreto 1713 de 2002.

Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-741 de 2003 en relación con el
derecho a la igualdad y la prestación de servicios públicos por personas jurídicas
privadas y a las regulaciones y restricciones.

Además manifestó que lo que se busca con el ingreso al relleno sanitario es el buen
manejo y administración de los desechos que podían ser recolectados por la
empresa y tratar de mejor manera los mismos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Inicialmente por auto del 4 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo de
Santander aceptó el impedimento presentado por el magistrado Iván Fernando
Prada Macías y en consecuencia se le separó del conocimiento del asunto.

4.2. Por auto del 6 de agosto de 2025 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar a las partes accionante y accionadas, esto es, a la Empresa de Aseo
de Bucaramanga SA ESP, EMAB, la Superintendencia de Sociedades y el
Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga; se dispuso poner en
conocimiento de la presente acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante.

4.3. El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, se pronunció e indicó
que actualmente conoce de la acción popular interpuesta por Luis Guillermo
Rosso Bautista, Linette Andrea Gutiérrez y Jacob Giraldo en contra del
municipio de Bucaramanga y otros (radicación 68001-23-31-000-2002-02891-00)
que actualmente se encuentra en la etapa de incidente de desacato en la que
se está verificando el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida el
1º de marzo de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga
confirmada parcialmente el 16 de febrero de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Santander.

Indicó que por auto del 15 de diciembre de 2013 se resolvió el incidente de
desacato en el sentido de declarar incumplidas las órdenes judiciales y se
sancionó económicamente a las personas que para ese momento tenían la
representación legal del municipio de Bucaramanga y de Girón y, al gerente
de la EMAB.

Dijo que el 23 de febrero de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander
resolvió el grado jurisdiccional de consulta y revocó la sanción de quienes
hasta el año 2023 fungían como alcalde y alcaldesa de los municipios de
Bucaramanga y Girón y mantuvo la sanción al representante legal de la EMAB
modificando únicamente su cuantía.

Que por auto del 26 de abril de 2024 se dispuso obedecer y cumplir lo
ordenado por el superior y en relación con el funcionamiento del sitio de
disposición final «El Carrasco» se adoptaron una serie de medidas frente a la
reducción de los residuos sólidos.
Informó que tanto la EMAB como la Empresa de Aseo Sostenible SA ESP
presentaron solicitudes de aclaración con el fin de que se diera una directriz
frente a la entrada de residuos en el sitio de disposición final «El Carrasco» y
la autorización o no de ingreso a esos lugares a nuevos prestadores del
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servicio público domiciliario de aseo y gestores de residuos especiales y que
por auto del 27 de enero de 2025 se indicó la falta de competencia del juez del
incidente de desacato para resolver lo pretendido.
En ese orden de ideas, sostuvo que esta misma pretensión de la tutela de
permitir el ingreso de la empresa al sitio de disposición final basuras El
Carrasco, la había dirigido a la Empresa de Aseo de Bucaramanga y que en
caso de accederse a las pretensiones de la demanda no había competencia
legal alguna para emitir una orden en tal sentido al juzgado.
Precisó que únicamente podían depositarse en «El Carrasco» residuos sólidos
provenientes de los municipios que integran el Área Metropolitana de
Bucaramanga. Además, que continuaba vigente la obligación de reducir en al
menos un 15 % la cantidad de residuos enviados a disposición final, los cuales
debían ser sometidos a procesos de tratamiento, aprovechamiento y
transformación conforme a lo ordenado en el auto del 26 de abril de 2024 y lo
reiterado en las audiencias celebradas los días 29 de mayo y 30 de octubre
del mismo año.
4.4. La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP, presentó escrito de
oposición en el que manifestó que lo pretendido por la parte actora era que se
le permitiera el ingreso de un vehículo al sitio de disposición final de basura
«El Carrasco» sin que esto fuera posible según se informó a todas las partes
y se le dio respuesta a su petición, máxime cuando por orden judicial este sitio
se encontraba cerrado de manera temporal y, había sido abierto de manera
parcial y bajo ciertos parámetros conforme lo dispuso el auto del 26 de abril de
2024 proferido por el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga.
En este sentido sostuvo que no existía vulneración alguna de los derechos
fundamentales por parte de la empresa ya que se trataba de un trámite
administrativo de una relación entre particulares y que con ocasión de la
habilitación temporal por orden judicial del relleno sanitario le correspondía
atender las consultas que se surtieran en relación con las condiciones de
recepción de residuos. Agregó que no era posible aplicar la Ley 142 de 1994
ni era potestativo exceder la autorización judicial.
4.5. La Superintendencia de Sociedades y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado no se pronunciaron en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada
En sentencia del 20 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander,
declaró improcedente la acción de tutela.
Consideró que la controversia tenía que ver con decisiones u omisiones
administrativas sobre el acceso a un sitio de disposición final de residuos sólidos,
determinaciones que constituían actos administrativos susceptibles de control de
legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo
104 del CPACA a través de medios de control como el de nulidad y restablecimiento
del derecho o la acción de cumplimiento, mecanismos judiciales idóneos para
controvertir la actuación respectiva.
En relación con el derecho fundamental al debido proceso que la parte accionante
sustentó en las presuntas dilaciones y contradicciones entre la alcaldía y la EMAB,
dijo que del análisis del caso se advertía que el ordenamiento jurídico ofrecía
canales ordinarios para controvertir los actos y omisiones administrativas, tales
como la interposición de recursos y acciones judiciales previstas en la ley, de modo
que la simple inconformidad con la respuesta recibida o con la demora en su emisión
no habilitaba el uso de la tutela, siempre que existieran mecanismos ordinarios
eficaces.
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6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión. Dijo que el tribunal no tuvo en cuenta el
relato de los hechos narrados ni de las pruebas aportadas, refiriéndose únicamente
al carácter residual de la acción de tutela y no a la medida cautelar invocada que se
presentó con el fin de proteger la empresa y sus activos ya que desde el inicio la
empresa EMAB buscaba dilatar su ingreso al sitio de disposición final lo que le
causaba un perjuicio irremediable al no poder iniciar actividades para el
funcionamiento teniendo que asumir gastos administrativos como personal e
insumos de alto costo como lo era el camión de aseo a costa de su patrimonio sin
contar con más recursos para continuar.

En consecuencia solicitó lo siguiente:
«1. REVOCAR el fallo de tutela emitido por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER MAGISTRADO del día 20 de Agosto de 2025 dentro del referido proceso.
2. SOLICITO se me sea decretada una medida cautelar para evitar un perjuicio irremediable
de acceso provisional al carrasco para iniciar funcionamiento y no ocasionar más
perdidas y de esta forma no tener que liquidar la empresa y acabar el trabajo de muchas
familias y el propio ocasionando un daño económicamente insuperable en búsqueda de
iniciar el trámite administrativo pertinente».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si se
cumple con el requisito de subsidiariedad, en consideración a que la tutela persigue
que se ordene a la EMAB SA ESP permita el acceso a la empresa al sitio de
disposición de basuras «El Carrasco» y no interponga barreras administrativas.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante.

También debe analizarse la existencia o no de un perjuicio irremediable, en
los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, el juez de tutela tiene
la potestad de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente; o si, por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado
que: «La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza
de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto
otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto
no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y
la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 3.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

3.2. Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la
jurisprudencia de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta
acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos administrativos,
puesto que el interesado puede o pudo discutir su contenido a través de los
distintos medios de control consagrados en el ordenamiento jurídico,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.

4. Análisis del caso

4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existen mecanismos de defensa para
controvertir los actos administrativos relacionados con la negativa frente al
ingreso al relleno sanitario que pretende la empresa actora, concretamente el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, según el cual «Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño».

4.2. En el caso concreto advierte la Sala que la empresa Colombiana Oriental de
Ambiente SAS ESP solicitó el 4 de abril de 2025 a la Empresa de Aseo de
Bucaramanga SA ESP, EMAB se le permitiera el ingreso de un vehículo al

3
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.

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relleno sanitario «El Carrascal» con el propósito de realizar el proceso de
disposición final.

A lo anterior se le dio respuesta el 28 de abril de 2025 por parte de la empresa
EMAB, en los siguientes términos:
«Cordial Saludo: En atención a la comunicación de la referencia, en la cual solicita ingreso al relleno sanitario
"el Carrasco' para Disposición Final de residuos no aprovechables de los usuarios del
Municipio de Floridablanca y Girón, me permito indicarle: La Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
dispuso en el artículo 32 como regla general, que la constitución y los actos de las empresas
de servicios públicos se rigen por el derecho privado, independientemente del tipo
empresarial de que se trate, esto es: empresa de servicios públicos oficial, mixta, privada o
empresa industrial y comercial del Estado. Siendo clara la Imposibilidad de que estas
empresas ejerzan funciones públicas o que expidan actos propios de las autoridades tal como
se deriva de los mandatos del citado artículo 32 de la Ley 142 de 1994 y de la doctrina
constitucional contenida en la sentencia SU-1010. Además como se explica más adelante las relaciones jurídicas que se generan entre las
empresas de servicios públicos entre sí y con sus usuarios son *contractuales sometidas al
derecho privado y no reglamentarias y en consecuencia la actividad que realizan los
prestadores no comporta la expedición de actos administrativos y en consecuencia no ejercen
autoridad propia de las autoridades lo que significa que el escrito al que se da respuesta no
es un derecho de petición en sentido estricto, sino una propuesta de inicio de una etapa
precontractual en una relación jurídica de derecho privado. Al margen de lo anterior debe resaltarse que, frente a la regla general establecida el
prenotado articulo 32 deja a salvo las normas de la Constitución y de la misma ley que
estipulen expresamente lo contrario, vale decir, que privilegien la aplicación del derecho
público en el manejo y resolución de determinados asuntos, tal como ocurre en la hipótesis
de la defensa de los usuarios en sede de la empresa. En efecto, obsérvese cómo a pesar de
que el inciso segundo del artículo 152 de la ley de servicios, destaca una hermenéutica
protectora de la costumbre comercial frente a las normas sobre presentación, trámite y
decisión de recursos; por mandato de los artículos 154 a 159 ibidem el procedimiento para
conocer y decidir en cuanto a las peticiones, quejas reclamos y recursos es de Iinaje público. Lo que a todas luces es indicativo de que las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios cumplen funciones administrativas al tenor de la vía gubernativa que asumen,
esto es, en cuanto conocen y deciden sobre las peticiones, quejas, reclamos y recursos
presentados por los suscriptores o usuarios: Bajo estos lineamientos la ley 142 de 1904 estableció en su capítulo Vi las reglas
correspondientes a la DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA,
destacando in limine el rol esencial que las peticiones, quejas y recursos juegan dentro del
contrato de servicios públicos domiciliarios. En tal sentido estipuló un mandato orgánico y
funcional según el cual todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
deben contar con una oficina de peticiones, quejas y recursos, con facultades para decidir
sobre los pedimentos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los
suscriptores potenciales con el servicio o los servicios que presten. Seguidamente se definió al recurso como un acto del usuario para obligar a la empresa a
revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato,
enunciando como actos susceptibles de recurso los de negativa del contrato suspensión,
terminación, corte y facturación que realice la empresa.

De este modo quedo regulada una auténtica vía gubernativa para el sector de los servicios
públicos domiciliarios, sin distingo alguno en cuanto a la naturaleza pública, mixta o privada
de los agentes prestadores que a su tumo obran como titulares de funciones administrativas. Lo cual encuentra su razón de ser en la necesidad de que las empresas y entidades del sector
tengan la oportunidad de revisar y enmendar sus propios actos hasta el grado de la
reposición, con la subsiguiente y complementaria competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en recurso de apelación. Del examen anterior, se advierte que su comunicación no está íntimamente asociado a la
existencia de un contrato de servicios públicos en condiciones uniformes y a los efectos y
condiciones que se deriven del mismo, sino que se orienta a una solicitud como prestador
para la celebración de un contrato al amparo de la Ley 142 de 1994, es decir bajo las
prerrogativas del derecho privado, en consecuencia, la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAS SA ESP que represento, no está actuando, a título de autoridad sino
iniciando un procedimiento administrativo que conlleve al agotamiento de la vía gubernativa.

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En cuanto a la solicitud en concreto: El marco jurídico que determina la respuesta de la
empresa la solicitud que se presenta es la siguiente: La situación actual del Municipio de Bucaramanga y el área metropolitana en relación con el
relleno sanitario “El Carrasco" que actualmente se encuentra operacionalmente bajo
seguimiento judicial por parte del Juez Administrativo de Bucaramanga que el pasado 25 de
abril de 2024 profirió auto que resolvió lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de
Santander y ordenó implementar un plan de acción sobre el sitio de Disposición Final
señalando HABILITAR de manera temporal a cierre del 01 DE MAYO DE 2024 la recepción
de residuos sálicos en el Sitio de Disposición Final El Carrasco que fue cerrado el 14 de
agosto 2021, con el fin de ejecutar el Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo señalado
por el H. Tribunal Administrativo de Santander, por tanto, los residuos sólidos que ingresen a
ese lugar deberán destinarse únicamente a garantizar la construcción de celdas de
estabilización, las cuales deberán estar aprobadas por la Autoridad Ambiental atendiendo el
gran volumen de toneladas (720 135 toneladas - corte junio 2023) de residuos que ingresaron
sin ningún tipo de autorización desde el 15 de agosto de 2021 (Subrayado y negrita fuera de
texto). ADVIERTASE, que la habilitación temporal tiene como única finalidad disminuir los residuos
sólidos que actualmente, ingresan al Sitio de Disposición Final El Carrasco, así como,
aumentar el tratamiento y aprovechamiento de los mismos con ocasión de la implementación
del plan de acción a corto, mediano y largo plazo depuesto por el superior, advirtiendo en
todo caso, que el Municipio que no cumpla con esta disposición, a pesar del apremio
judicial, no podrá seguir disponiendo sus residuos sólidos en ese lugar (subrayado y
negrilla fuera de texto). La providencia mencionada ordena: en consecuencia, LEVANTAR a restricción impartida en
el numeral 5 de la providencia del 27 de octubre de 2021 a la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - COMS, para que de manera inmediata
proceda a realizar la evaluación y la autorización de celdas de estabilización en el Sitio de
Disposición Final "El Carrasco” orientadas al funcionamiento transitorio de este lugar,
(subrayado y negrilla fuera de todo). En consecuencia, la autoridad judicial ordenó adoptar como meta a corto plazo la reducción
de un 15% al 01 de Abril de 2025 de los residuos sólidos que actualmente ingresan al sitio de
Disposición Final "El Carrasco' provenientes de los Municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta y Girón, así como la actualización inmediata del plan de gestión
de residuos sólidos PGIRS. Al respecto, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
COMB, expediente Resolución 0456 de 25 de mayo de 2024 'Por la cual se modifica el pian
de desmantelamiento y abandono del Sitio de Disposición el Carrasco, estableciendo en la
Resolución No. 00153 del 11 de Febrero de 2019 expedida por el Ania" en la cual se
estableció: ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No 153 del 11 de febrero de 2019, expedido por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con los dispuesto en el
Auto 26 de abril de 2024, donde se ordenó la evaluación y autorización de celdas de estabilización
en el sitio de disposición final “El Carrasco", orientada al funcionamiento transitorio de este lugar. ARTICULO SEGUNDO: Dar viabilidad ambiental a la Empresa de Aseo de Bucaramanga
EMAB SA ESP para el desarrollo de la ETAPA 1 (subetapa 1 A - 1.1 del plan de
desmantelamiento y abandono para el sitio de Disposición final *El Carrasco". ARTICULO TERCERO:

La Empresa de Aseo de Bucaramanga BMAB SA ESP deberá ejecutar
las obras establecidas en el siguiente cronograma de actividades, de conformidad con los
términos allí establecidos y presentar ante esta autoridad ambiental un informe mensual con los
registros documentales que evidencien el avance en la ejecución de las normas. Parágrafo: las fechas del cronograma de actividades dependerá de la reducción de residuos
sólidos proyectada en el plan de acción a largo plazo establecido en el auto del 26 de abril de
2024 por el Juez, Quinto Administrativo de Bucaramanga, que dispuso como fecha finde para el
funcionamiento transitorio de las celdas de estabilización autorizadas en las subetapas 1A - 1J
de la ETAPA 1, hasta el 01 de abril de 2027' (Resaltados, fuera del texto). Entendiendo, la temporalidad de la operación establecida para el Relleno Sanitario "'el
Carrasco", objeto de pronunciamientos judiciales por parte de los Jueces Administrativos y
Tribunal Administrativo de Santander, así, como de la autoridad ambiental, implicaba que
cualquier decisión no puede ser tomada sin la concurrencia y voluntad de varios actores que
tienen competencia en el tema de ambiental, servicios públicos y Disposición Final como
actividad complementaria contemplada en la Ley 142 de 1994, como es el caso del Municipio
de Bucaramanga, el cual será objeto de consulta sobre su solicitud. Finalmente es necesario aclarar, las competencias Municipales establecidas en el numeral 1
y 18 del Artículo tercero de la Lay 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551

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Demandante: Colombiana Oriental de Ambiente SAS ESP

de 2012, así como el artículo 6 del decreto 2581 de 2013, hoy compilado en el decreto 1077
de 2015, y lo señalado en el artículo 5 de la ley 142 de 1994».

La empresa actora presentó solicitud a la alcaldía de Bucaramanga el 9 de
abril de 2025 en el mismo sentido, a lo que se dio respuesta el 6 de junio de
2025 así:

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Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por la empresa actora, se llevó a
cabo la mesa de trabajo y se dispuso que quien estaba facultado para otorgar
ese tipo de autorizaciones al relleno sanitario era en el caso la empresa EMAB
SA ESP.

4.3. De acuerdo con el trámite descrito resulta necesario hacer las siguientes
precisiones:

Lo solicitado por la empresa accionante fue que se le autorizara el ingreso al
relleno sanitario para hacer la disposición final de derechos, indicando que
contaban con la documentación y permisos en regla para tales efectos.

La respuesta dada por la Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP, EMAB
fue en dos sentidos: (i) de una parte, se indicó que la solicitud no estaba
asociada a la existencia de un contrato de servicios públicos en condiciones
uniformes y a los efectos que de allí se generaran sino que se trataba de una
solicitud como prestador para la celebración de un contrato a la luz de la Ley
142 de 1994 y que en ese orden de ideas la empresa no estaba actuando
como autoridad ni dando inicio a un procedimiento administrativo que
conllevara el agotamiento de la vía gubernativa y, (ii) de otra parte, que en
atención a la temporalidad de la operación establecida por vía judicial en
relación con el relleno sanitario para la toma de una decisión debía consultarse
con el municipio de Bucaramanga.

A su vez, la respuesta dada por el municipio de Bucaramanga fue que el
competente para otorgar esa autorización de ingreso al relleno sanitario era la
Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP EMAB y, convocó a una mesa de
trabajo entre la citada empresa, el municipio y un delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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Conforme lo manifestó la parte actora, en el acta de la mesa de trabajo llevada
a cabo se determinó que quien debía resolver sobre la autorización de ingreso
al relleno sanitario era la Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP EMAB.

Siguiendo ese derrotero, se evidencia que en este momento existe una
respuesta por parte de las entidades a quienes se les solicitó el ingreso al
relleno sanitario. Sin embargo, dada la inconformidad que persiste en la
sociedad actora al no contar con la autorización del ingreso efectivo al relleno
sanitario, advierte la Sala es que no es la tutela el mecanismo idóneo para
obtener lo pretendido, pues existen otros mecanismos a los que puede acudir
y que resultan idóneos.

Esto por cuanto las decisiones que adoptó la Empresa de Aseo de
Bucaramanga SA ESP EMAB, e incluso el mismo municipio de Bucaramanga,
le negaron a la sociedad accionante la posibilidad de ingresar al relleno
sanitario por las razones que cada una de ellas expuso y pese a no decir de
manera expresa que no se autorizaba tal actividad.

De la lectura a lo afirmado por la empresa del servicio público de aseo de
Bucaramanga se extrae que se dieron distintas razones bien de orden
administrativo e incluso invocando la temporalidad de la apertura del relleno
sanitario por orden judicial para no dar una respuesta positiva a su solicitud,
de manera que bien sea por situaciones de orden contractual, del deber de
observar unas disposiciones de la Ley 142 de 1994 e incluso de indicar que se
requería la concurrencia de entidades siendo la primera de ellas el municipio
de Bucaramanga, lo cierto es que existieron unos motivos que llevaron a no
conceder el permiso solicitado.

Tal proceder indica que ante la negativa de permitir el ingreso del vehículo de
la sociedad actora para la disposición final de los desechos, queda la
posibilidad de demandar la decisión que le ha sido desfavorable pues se está
en presencia de un acto administrativo de carácter particular y concreto con
las razones que estimó y pese a no decir de manera expresa que no autorizaba
el ingreso, lo que afecta los derechos y obligaciones de la empresa
recolectora.

En materia de rellenos sanitarios, la Corte Constitucional en la sentencia T-
227 de 2017 con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez,
sostuvo lo siguiente:
«8. Rellenos sanitarios como dispositivos de saneamiento ambiental y generadores de
impactos susceptibles de afectar derechos fundamentales. Reiteración de
jurisprudencia
8.1. La gestión de residuos es una de las principales problemáticas que debe enfrentar el
Estado colombiano, pues, por una parte, la instalación de lugares de disposición controlada
responde al deber del Estado de garantizar el servicio público de saneamiento ambiental
según los artículos 49 y 366 de la Carta Política y, por otra, la tecnología empleada en la
actualidad basada en la construcción de rellenos sanitarios puede generar consecuencias
adversas para el ambiente y otros bienes jurídicos merecedores de protección constitucional.
En ese sentido, este Tribunal ha señalado que “la instalación de rellenos sanitarios o, en su
defecto, de otras tecnologías que puedan revelarse tanto o más idóneas para garantizar una
disposición adecuada de los residuos, constituye una actividad ya no sólo permitida sino
además ordenada con carácter imperioso por la Constitución”».

Es así como el impacto de los rellenos ambientales tiene una connotación
especial que corresponde al Estado y que es el de garantizar el servicio público
de saneamiento ambiental, sin embargo, como lo indicó la misma empresa en
los fundamentos de la acción, es posible que los particulares puedan ejercer
este tipo de función y, para el caso la empresa actora ha manifestado contar
con la idoneidad para llevar a cabo tal labor.

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Sin embargo, pese a tratarse a un tema de saneamiento ambiental, para la
Sala la presente acción no tiene tal connotación que afecte derechos de rango
fundamental a la comunidad en general o al ambiente, sino que lo que se
pretende por la sociedad actora es que se le permita el ingreso so pena de
incurrir en unos gastos de orden administrativo y operativo, lo que implica que
se trata de un tema de orden económico sin una trascendencia constitucional.

4.4. De manera que al insistir en la adopción de una medida provisional para evitar
este tipo de perjuicios en la actividad económica que desarrolla, el medio de
control, además, posibilita el empleo de medidas cautelares, como la
suspensión provisional del acto que afecta sus intereses.

Gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011, tales medidas
garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso
administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de
vasta magnitud las medidas cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del
medio de control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii)
que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo»4.

Además de tratarse de mecanismos eficaces e idóneos, en los cuales se
puede solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio
irremediable en los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es
decir una afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables.

4.5. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo
y eficaz para resolver las inconformidades mencionadas por la parte tutelante.
Para la Sala, este resulta eficaz para la defensa de los derechos invocados en
el escrito de tutela en el proceso ordinario se cuenta con las garantías y
herramientas que le provee el debido proceso que caracteriza el proceso
judicial.

4.6. Finalmente, es importante recordar que es imperativo que se cumplan con
rigor cada uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela,
incluyendo el de subsidiariedad. Si estos no se cumplen no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo, escenario último en el que se determinaría si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por
la parte actora.

4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014. Radicado 25000-
23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado: Procuraduría General de la
Nación.

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5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otro mecanismo judicial
de defensa para cuestionar lo resuelto por la autoridad administrativa, a lo que se
suma que no se configuran las condiciones necesarias para que la tutela proceda
como mecanismo transitorio.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 20 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander por las razones expuestas en la presente
sentencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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