RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2025-00560-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00560-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00560-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2025-00560-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada, director general de la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)

Tema: Nombramiento en cargo de libre nombramiento y remoción de empleado
de carrera no está condicionado a incluir los supuestos de la comisión

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2026, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano José Agudelo Escobar, en nombre propio y en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda el 28 de agosto de 2025
en la que solicitó la nulidad del Decreto 176 del 31 de julio del mismo año, por medio del cual
el alcalde de Floridablanca (Santander) nombró al señor Jahir Andrés Castellanos Prada como
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de ese ente territorial.

1.2. Hechos

2. Expuso los siguientes supuestos fácticos:

3. El señor Jahir Andrés Castellanos Prada se encuentra vinculado en carrera administrativa
en la planta global de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, en el cargo de
profesional universitario.

4. Mediante el Decreto 176 del 31 de julio de 2025 (acto acusado) fue nombrado director de la
entidad y en su motivación no se indicó que su vinculación obedeció a una comisión de
servicios y tampoco se señalaron las fechas de inicio y terminación de esta.

5. El 1.° de agosto de 2025, el demandado solicitó al director de la Dirección de Tránsito y
Transporte de Floridablanca que se le aprobara su comisión, la cual fue otorgada mediante la
Resolución 479 del 1.° de agosto de 2025 a partir del 4 del mismo mes y año para que ejerciera
el cargo para el que había sido nombrado el 31 de julio anterior.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
1.3. Concepto de la violación

6. El demandante consideró que el nombramiento cuestionado es nulo por infracción de las
normas en que debía fundarse y por falsa motivación, lo que concretó en los siguientes
reparos:

1.3.1. Desconocimiento de los artículos 26 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.5.39 del Decreto
1083 de 2015.

7. Adujo que dichas normas reglamentan la comisión para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción, de las cuales advirtió que no es facultativo de un funcionario público
(solicitante u otorgante de la comisión), medir el tiempo de permanencia en el cargo cuando
se trata de un empleado de carrera, toda vez que esto se debe reportar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, razón por la cual es un deber «dejar plasmado en el acto de nombramiento
la condición de comisión y la fecha de inicio y fecha de terminación del empleo otorgado».

1.3.2. Falsa motivación

8. Sostuvo que el acto administrativo demandado desconoce el deber de motivación previsto
en el numeral 9.º del artículo 3.º del CPACA, toda vez que no explica de manera suficiente las
razones jurídicas que sustentan el nombramiento cuestionado ni las circunstancias que
habilitaban su expedición.

9. Estimó que ello desconoce los principios constitucionales y legales de la función pública,
aplicables al nombramiento objeto de nulidad electoral (moralidad, eficiencia y eficacia).

10. En el escrito de la demanda solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto
acusado.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

11. El 15 de septiembre de 2025 el tribunal admitió la demanda y tuvo como parte pasiva al
municipio de Floridablanca y a la Dirección de Tránsito y Transporte del mismo ente territorial.
Luego, el 16 de diciembre del mismo año vinculó al señor Jahir Andrés Castellanos Prada
como demandado y se ordenó su notificación personal.

12. Por auto del 25 de febrero de 2026 la sala del Tribunal Administrativo de Santander declaró
fundado el impedimento de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez y negó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado1.

13. En providencia del 27 de marzo de 2026 se tuvieron como pruebas las aportadas con la
demanda y su contestación y se fijó el litigio en los siguientes términos:

«Una vez revisada la demanda, sus contestaciones, y las actuaciones surtidas dentro del proceso,
el Despacho advierte que la controversia no versa sobre hechos en discusión susceptibles de prueba
adicional, sino sobre la interpretación jurídica y la legalidad del acto administrativo demandado,
específicamente el Decreto 0176 del 31 de julio de 2025, proferido por el Alcalde Municipal de

1
En síntesis, porque de los elementos aportados no se observa una contradicción normativa evidente que permita concluir prima facie, que
el acto demandado vulnera de manera flagrante el ordenamiento jurídico; además, porque los argumentos presentados plantean
cuestionamientos que exigen debate probatorio, estudio de motivación administrativa y análisis jurídico de fondo, ninguno de los cuales es
viable en sede cautelar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
Floridablanca, mediante el cual se dispuso el nombramiento del señor Jahir Andrés Castellanos
Prada como Director General de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

En ese sentido, el debate se centra en establecer si dicho decreto vulnera el ordenamiento jurídico
por haber omitido expresar de manera explícita que el nombramiento se efectuaba en condición de
comisión, así como por no señalar una fecha de inicio y de terminación del [ejercicio del] cargo, pese
a que el funcionario designado ostentaba derechos de carrera administrativa, o si, por el contrario,
el acto acusado corresponde válidamente a un acto de nombramiento en un cargo de libre
nombramiento y remoción, el cual no está sujetado legalmente a la fijación de un término ni a la
incorporación de los elementos propios del acto que otorga la comisión.

Igualmente, el litigio implica aclarar si existe confusión jurídica entre el acto de nombramiento y el
acto administrativo que confiere la comisión, y si los requisitos temporales y procedimentales
previstos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 resultan exigibles al decreto de
nombramiento, como lo sostiene la parte demandante, o si tales exigencias recaen exclusivamente
sobre el acto administrativo que otorga la comisión, el cual, para el caso concreto, fue expedido
mediante la Resolución 479 del 1 de agosto de 2025, no demandada dentro del presente proceso.

Así mismo, deberá determinarse si la expedición del Decreto 0176 de 2025 adolece de indebida o
falsa motivación, vulnera principios constitucionales de la función administrativa o desconoce el
debido proceso, o si, el acto se encuentra amparado por la facultad discrecional del nominador,
propia de los empleos de libre nombramiento y remoción, conservando a su favor la presunción de
legalidad que gobierna los actos administrativos mientras no se demuestre lo contrario.

En consecuencia, el problema jurídico a resolver se concreta en definir si procede declarar la nulidad
del Decreto 0176 del 31 de julio de 2025, por los cargos formulados en la demanda, o si debe
mantenerse incólume su validez jurídica, teniendo en cuenta la naturaleza del acto, la normatividad
aplicable y la distinción legal entre nombramiento y comisión administrativa».

14. En la misma decisión se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

1.5. Sentencia de primera instancia

15. El 27 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de
la demanda.

16. Consideró que el decreto demandado, al corresponder a un nombramiento en un cargo de
libre nombramiento y remoción, es un acto condición que no exige término de duración ni
motivación sobre el tiempo de permanencia, debido a la discrecionalidad del nominador.

17. Además, que la comisión es una situación administrativa autónoma regulada por la Ley
909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, cuyo requisito temporal recae exclusivamente en el
acto que la concede, que, en este caso, fue otorgada mediante la Resolución 479 del 1.° de
agosto de 2025 y allí se fijó su duración; decisión que es independiente y no fue demandado,
por lo cual mantiene su presunción de legalidad.

18. Expuso que no prospera el cargo por falta o falsa motivación, pues en los empleos de libre
nombramiento y remoción no se exige «motivación exhaustiva» y el decreto cumple los
elementos legales mínimos, sin evidenciar contradicción con la realidad. Tampoco se advierte
vulneración del debido proceso, ya que el nombramiento, la comisión y la posesión se dieron
conforme a derecho y de manera coherente.

19. En consecuencia, el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto, al
atribuirle exigencias propias de la comisión, por lo que no se configuran las causales de nulidad
alegadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01

1.6. Recurso de reposición y, en subsidio, de apelación

20. El demandante en su impugnación insistió en que el Decreto 176 de 2025, mediante el cual
el alcalde nombró al demandado, adolece de los vicios de nulidad planteados en la demanda,
los cuales reitera, en tanto se omitió por parte del nominador indicar: i) el tiempo que duraría
el nombramiento (fechas de inicio y terminación) y; ii) que el nombrado ostenta derechos de
carrera administrativa, identificando el cargo que ocupa.

21. Estimó que lo anterior constituye el fundamento para que la dependencia en la que labora
el funcionario público determine el término de duración de la comisión; por consiguiente, no
resulta viable otorgarla por 3 años cuando el acto de nombramiento no establece un plazo
determinado.

1.7. Actuaciones en segunda instancia

22. El 16 de junio de 20262 se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara
concepto. Durante el término, se presentaron las siguientes intervenciones:

23. El demandante3 señaló en su escrito de cierre que cuando se nombra a un funcionario
con derechos de carrera, no es un asunto ordinario, sino especial, por lo tanto, no se le pueda
aplicar la «discrecionalidad pura» por parte del nominador como si fuera un particular, sino que
debió acudirse al artículo 26 de la Ley 909 de 2004 y reflejar en el acto administrativo la
verdadera naturaleza de la vinculación, que en este caso es una comisión.

24. Insistió en que el acto demandado adolece de falsa motivación en la medida en que se
omitió deliberadamente la condición de carrera del funcionario designado que sujeta el
nombramiento a una situación administrativa especial; además de las fechas de inicio y
terminación de la comisión.

25. Expresó que el acto acusado se expidió sin contar con la comisión aprobada, por lo tanto,
«nació muerto a la vida jurídica por ausencia de presupuesto legal concomitante, vicio que no
es saneable ni convalidable al día siguiente por una entidad descentralizada».

26. Concluyó que lo anterior conlleva el desconocimiento de los principios de publicidad,
transparencia, moralidad administrativa, eficacia, continuidad del servicio público y acceso a la
información pública.

27. El apoderado4 del municipio de Floridablanca5 solicitó la confirmación de la sentencia de
primera instancia, por cuanto estimó que el tribunal efectuó una correcta interpretación de las
normas constitucionales y legales aplicadas al caso concreto y concluyó que el decreto de
nombramiento no estaba obligado a consignar la comisión ni su término de duración.

2
Índice 4 de SAMAI.
3
Índice 11 de SAMAI.
4
Si bien el abogado Martín Basto Parra allegó memorial de renuncia al poder el 23 de julio de 2026 (índice 21 de SAMAI), no adjuntó la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido conforme lo exige el artículo 76 del CGP, por tanto, no se aceptará la misma.
5
Índice 10 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
28. Igualmente, la apoderada de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca
(Santander)6 expuso que la demanda parte de una evidente confusión conceptual y pretende
aplicar de forma extensiva las exigencias de la comisión al acto de designación, por cuanto el
requisito temporal fue satisfecho autónomamente por la Resolución 479 de 2025 que concedió
esta última.

29. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado7 solicitó que se confirme
la sentencia de primera instancia, en razón a que encontró acreditado que la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.5.5.39
del Decreto 1083 de 2015 y en la Ley 909 de 200, expidió la Resolución 479 del 1 de agosto
de 2025 (acto no demandado), mediante la cual se otorgó comisión para desempeñar un
empleo de libre nombramiento y remoción por el término de tres (3) años, contados a partir del
4 de agosto de 2025, sin que sea viable trasladar al decreto de designación una exigencia
normativa cuyo cumplimiento correspondía al acto administrativo que concedió la comisión.

30. Por auto del 16 de julio de 20268, la ponente ordenó a la Secretaría de la Sección Quinta
devolver el expediente al tribunal de origen, para que se pronunciara sobre el recurso de
reposición interpuesto por el demandante contra el fallo de primera instancia.

31. Mediante providencia del 26 de agosto de 20269, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró improcedente el mencionado medio de impugnación y ordenó devolver el expediente
a esta corporación para continuar con el trámite de la apelación de la sentencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15010 y 152.7.c)11 de la Ley 1437 del 2011,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por
el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado.

33. Al respecto, si bien en la demanda se cuestionan aspectos relacionados con la concesión
de una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, el acto
acusado corresponde al nombramiento del señor Jahir Andrés Castellanos Prada como
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, contenido en el
Decreto 176 del 31 de julio de 2025.

34. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 152, numeral 7, literal c),
de la Ley 1437 de 2011, el conocimiento del asunto corresponde en primera instancia a los
tribunales administrativos, por tratarse de una acción de nulidad electoral promovida contra un

6
Índice 12 de SAMAI.
7
Índice 15 de SAMAI.
8
Índice 17 de SAMAI.
9
Índice 67 de SAMAI del tribunal.
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11
«Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: […] c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de
voto popular, y de los de nombramiento sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o
sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o
que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
acto de nombramiento sin pretensión de restablecimiento del derecho respecto de un
empleado público del nivel directivo en un municipio con setenta mil (70.000) habitantes o más.

35. Lo anterior, tanto por la naturaleza del cargo ejercido por el demandado como porque el
municipio de Floridablanca supera el umbral poblacional previsto en dicha disposición, puesto
que, según las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) para 202512, año en que se presentó la demanda, contaba con una población de
314.188 habitantes.

2.2. Problema jurídico

36. Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2026, a través de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, para lo cual se deberá establecer si el Decreto 176 del 31 de
julio de 2025, mediante el cual se nombró al señor Jahir Andrés Castellanos Prada, empleado
de carrera, en un cargo de libre nombramiento y remoción, debía incluir expresamente la
condición de comisión y la fijación de su duración (fechas de inicio y terminación), en atención
a los derechos de carrera administrativa, de conformidad con los artículos 26 de la Ley 909 de
2004 y 2.2.5.5.39 del Decreto 1083 de 2015.

37. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sala abordará los siguientes tópicos: i)
la naturaleza jurídica del acto de designación en cargos de libre nombramiento y remoción; ii)
el régimen de la comisión para desempeñar esos empleos por parte de servidores con
derechos de carrera administrativa y; iii) el caso concreto.

2.3. La naturaleza jurídica del acto de designación en cargos de libre nombramiento y
remoción

38. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera y se exceptúan, entre otros, los de libre nombramiento y
remoción.

39. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 prevé en su inciso segundo que los
empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento
establecido en esta ley.

40. El artículo 5 de la misma ley señala:

Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la
presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

[…] 2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices […]
b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los
siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos
despachos […]

12
Dato recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion ingresar
al enlace «Serie municipal de población por área, para el periodo 2018-2042».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o
valores del Estado;
d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas funciones como
las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos.
e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de las Asambleas
Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales;
f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los
Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera.

41. Sobre la naturaleza de estos empleos, en la sentencia C-540 de 1998 de la Corte
Constitucional se señaló lo siguiente:

La Constitución prevé los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, cuya situación es
completamente distinta a los de carrera, pues para estos la vinculación, permanencia y retiro de sus
cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para decidir
libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. A
diferencia de los empleos de carrera, en los de libre nombramiento y remoción el empleador tiene
libertad para designar a personas que considera idóneas para la realización de ciertas funciones.
Cuando no lo son, el Estado, que debe cumplir con sus fines de acuerdo con los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, autoriza al empleador
para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se adecuen a los
requerimientos institucionales.

42. Así mismo, la jurisprudencia de la Sección Segunda13 del Consejo de Estado ha indicado
que el acto de nombramiento de un empleado público es un acto condición y solo produce
efectos y genera un derecho subjetivo particular cuando se perfecciona a través de la posesión
del empleado público en el cargo en el cual fue nombrado.

2.4. El régimen de la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción de servidores con derechos de carrera administrativa

43. El artículo 26 de la Ley 909 de 2004 dispone:

Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de
período. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho
a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o
discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período,
para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran
vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6)
años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática.

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado
renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento
del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera.
De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva.
De estas novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del
desempeño satisfactoria.

13
Sentencia del 4 de septiembre de 2017 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso con
radicado 54001-23-33-000-2012-00114-01(4147-14)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
44. Por su parte, el artículo 2.2.5.5.39 del Decreto 1083 de 2015 prevé:

Artículo 2.2.5.5.39 Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de
periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluación anual del desempeño sobresaliente sea
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho a que el jefe
de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante acto administrativo motivado, la respectiva
comisión para el ejercicio del empleo, con el único fin de preservarle los derechos inherentes a la
carrera.

La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o periodo se regirá por
lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.

45. En esa medida, la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción
por parte de un funcionario de carrera constituye una situación administrativa autónoma e
independiente del acto de nombramiento, cuya decisión corresponde al jefe de la entidad en
la que el servidor ostenta derechos de carrera a efectos de preservarle su condición laboral.

46. Ahora bien, el numeral 2° del artículo 42 de la Ley 909 de 2004 contempla que una de las
razones por las que se pierden los derechos de carrera administrativa, es cuando el empleado
tome posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión
respectiva.

47. La Corte Constitucional, en sentencia C-501 de 2005, al analizar la constitucionalidad de
la anterior norma, señaló que el retiro de la carrera y la correspondiente pérdida de los
derechos se presenta cuando un funcionario que ostente aquellos se posesiona en un cargo
de libre nombramiento y remoción sin que medie la comisión respectiva, lo que ocurre, entre
otras, en la siguiente circunstancia:

«[…] b) Por comisión hasta por tres años, prorrogables hasta por otros tres, cuando el empleado
de carrera haya obtenido una calificación de desempeño sobresaliente, de conformidad con lo que
establece el inciso primero del artículo 26 de la Ley 909 de 2004.14 En este evento, el empleado
de carrera tiene un derecho a que se le otorgue la comisión para posesionarse en el cargo
de libre nombramiento y remoción para el cual ha sido nombrado, o elegido. Para ello,
recibida la noticia de su nombramiento o elección, deberá hacer respectiva la solicitud a la
entidad. Sin esa solicitud, la Administración no puede, de oficio, otorgar la comisión, dado
que se requiere que el funcionario en cuestión manifieste su intención de aceptar el
nombramiento o la elección. Si a pesar de la solicitud de la comisión, la Administración no
responde y el funcionario se posesiona en el cargo de libre nombramiento y remoción, el afectado
puede interponer las acciones administrativas y jurisdiccionales para el restablecimiento de sus
derechos de carrera.

[…] No encuentra la Corte que las anteriores alternativas desconozcan el principio de estabilidad
laboral o que con ellas se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resulta arbitraria
o irrazonable. Dado que las condiciones que ha fijado el legislador para el nombramiento y posesión
de funcionarios en los distintos cargos –la clasificación del empleo como de carrera o de libre
nombramiento y remoción, los requisitos y calidades exigidos para cada cargo y función, y el
procedimiento para su provisión – son públicas y conocidas, la decisión de un funcionario de carrera
de posesionarse en un cargo de libre nombramiento y remoción sin que medie la comisión exigida,
supone su aceptación de la pérdida de los derechos de carrera. […]».

14
Ley 909 de 2004, Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. Los empleados de
carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años,
en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la
misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6)
años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. (…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
48. Así las cosas, la comisión es una protección de los derechos de carrera del empleado que
cuenta con estos, pero de su otorgamiento no depende la legalidad de un nombramiento en
un cargo de libre nombramiento y remoción que es previo.

2.5. Caso concreto

49. En el escrito de alzada, el demandante reiteró los cargos de nulidad de la demanda e
insistió en que el acto de nombramiento demandado (Decreto 176 de 2025), debió indicar
expresamente: i) el tiempo de duración (fechas de inicio y terminación); ii) que el nombrado
ostenta derechos de carrera administrativa, identificando el cargo que ocupa y; iii) que se trata
de una comisión.

50. A su juicio, como el acto no contempló la información referida, adolece de los vicios de
desconocimiento de las normas en que debía fundarse, a saber, los artículos 26 de la Ley 909
de 2004 y 2.2.5.5.39 del Decreto 1083 de 2015 y falsa motivación.

51. Para resolver los reparos, resulta pertinente precisar el contenido del decreto acusado,
para posteriormente determinar si, como lo sostiene la parte actora, era exigible que en dicho
acto se incluyeran los aspectos enunciados previamente, así:

52. Se advierte que el decreto acusado fue expedido por el alcalde municipal15 y que las
disposiciones invocadas por el actor no establecen que se deba indicar expresamente la
condición de empleado de carrera del nombrado o fijar las fechas de inicio y terminación del
nombramiento, ni supedita su validez al cumplimiento de tales formalidades o a la obtención
previa de la comisión.

53. Por el contrario, del contenido de los artículos 26 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.5.39 del
Decreto 1083 de 2015 se desprende que la comisión para desempeñar empleos de libre

15
«Artículo 315 de la Constitución Política. Son atribuciones del alcalde:[…] 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a
los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas,
los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
d) En relación con la Administración Municipal: […] 2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores
de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, […]»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01
nombramiento y remoción debe otorgarse mediante un acto administrativo propio, motivado y
autónomo por parte del nominador de la entidad en la que se ostentan derechos de carrera, lo
que demuestra una diferenciación normativa entre ambas figuras (el nombramiento y la
comisión) y desvirtúa la interpretación planteada en la demanda y que fue reiterada en el
recurso.

54. Para reforzar lo anterior, basta con señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-
501 de 2005, al analizar la constitucionalidad del numeral 2° del artículo 42 de la Ley 909 de
2004, expuso que «En este evento [se refirió al artículo 26 de la Ley 909 de 2004], el empleado
de carrera tiene un derecho a que se le otorgue la comisión para posesionarse en el cargo de
libre nombramiento y remoción para el cual ha sido nombrado, o elegido. Para ello, recibida la
noticia de su nombramiento o elección, deberá hacer respectiva la solicitud a la entidad. Sin
esa solicitud, la Administración no puede, de oficio, otorgar la comisión, dado que se requiere
que el funcionario en cuestión manifieste su intención de aceptar el nombramiento o la
elección».

55. En efecto, se encuentra acreditado en el expediente que, con posterioridad al
nombramiento demandado, mediante la Resolución 479 del 1.° de agosto de 2025 se otorgó
al señor Jahir Andrés Castellanos Prada, como profesional universitario, código 219, grado 12
en carrera administrativa, la correspondiente comisión para desempeñar el cargo de libre
nombramiento y remoción para el que había sido designado, decisión en la cual se precisaron
las condiciones propias de esa situación administrativa.

56. Al respecto resulta necesario precisar que tal acto no fue demandado dentro del presente
medio de control y, en consecuencia, conserva la presunción de legalidad que lo ampara e
impide analizar reproches en su contra.

57. En esa medida, la sala advierte que el cuestionamiento planteado recae sobre la presunta
irregularidad consistente en que la comisión no habría existido al momento de expedirse el
acto de nombramiento o, incluso, debía contenerse en este.

58. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5.5.39 del Decreto 1083 de
2015, en concordancia con las disposiciones de la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia
constitucional citada, la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción
constituye una situación administrativa autónoma encaminada a preservar los derechos de
carrera del servidor. Por tal razón, aunque presupone la existencia del nombramiento, no
integra su contenido ni constituye un requisito de validez del acto de designación.

59. Tampoco se configura la falsa motivación alegada, pues la censura se sustenta en una
premisa jurídica equivocada, consistente en asumir que el acto de nombramiento debía
incorporar elementos propios del acto que confiere la comisión. Dado que tal exigencia no
encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico, la omisión invocada no constituye una
discordancia entre los motivos del acto y la realidad jurídica que le sirve de fundamento.

60. Así las cosas, al no configurarse las causales de nulidad invocadas ni evidenciarse
vulneración de las disposiciones señaladas como infringidas, se impone confirmar la sentencia
apelada, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: José Agudelo Escobar
Demandado: Jahir Andrés Castellanos Prada,
director general de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Santander)
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00560-01

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 27
de abril de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.