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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00577-01

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00577-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00577-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

3 de diciembre de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01
Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01
Demandante: JUAN GUILLERMO HERRERA LA ROTTA
Demandados: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Exige probar que se agotaron los mecanismos dispuestos por
el legislador para cuestionar una providencia judicial o resolver una situación jurídica concreta.

La Sala1 decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 6
de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 19 de septiembre de la presente anualidad, el señor Juan Guillermo Herrera La
Rotta interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y
vida digna, a la salud, a la igualdad y protección reforzada de las personas con
discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y al derecho fundamental de los niños,
con ocasión de la medida cautelar de suspensión provisional que se decretó contra las
Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre
de 2024 en auto del 21 de enero de 2025. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):

1. Que se protejan mis derechos fundamentales al mínimo vital, salud, igualdad,
estabilidad laboral reforzada y los derechos prevalentes de mis hijos.
2. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga dejar
sin efecto, respecto de mi caso concreto, la medida cautelar de suspensión
provisional decretada en auto del 21 de enero de 2025.
3. Subsidiariamente, que se ordene a la Alcaldía de Bucaramanga reconocerme y
pagarme el 100% del salario durante el tiempo que dure mi incapacidad, conforme
al acuerdo colectivo adoptado en la Resolución 0359 de 2024, mientras se
resuelve de fondo el proceso contencioso.

1
Se advierte que el 5 de noviembre ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

3. El accionante es empleado público en provisionalidad en la Alcaldía de Bucaramanga,
en donde desempeña el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, desde el día 2 de
mayo de 2016.

4. A través de las Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024 “Por la cual se adopta
el acuerdo de negociación del pliego unificado de solicitudes presentado por las
organizaciones sindicales adscritas a la Alcaldía de Bucaramanga para los años 2024 a
2026”, se reconoció el derecho de los servidores públicos vinculado a la Alcaldía de
Bucaramanga a recibir el 100% de su salario durante las incapacidades laborales, porque
se acordó que la Alcaldía debía cubrir el 34% que no reconocía la EPS. Posteriormente,
la alcaldía expidió la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0255 del 16 de septiembre
de 2024”.

5. La Resolución 0255 del 16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de
octubre de 2024 fueron demandadas y en el proceso de simple nulidad con radicado No.
680013333-007-2024-00233-00 que se surte ante el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga, se profirió auto del 21 de enero de 2025 mediante el cual se decretó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

6. El accionante se encuentra incapacitado desde el día 31 de marzo de 2025, fecha en
la que fue hospitalizado hasta el 2 de agosto de 2025 con prórrogas de incapacidad hasta
el mes de febrero de 2026. Adicionalmente, cuenta con dictamen previo de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez con fecha del 12 de julio de 2023, en el que se
determinó una pérdida de capacidad laboral del 32.90% con ocasión a un diagnóstico
médico de “depresión, ludopatía y dependencia a sustancias psicoactivas”.

7. En virtud de la medida cautelar dispuesta en el auto del 21 de enero de 2025, la
Alcaldía de Bucaramanga expidió la Resolución 1470 del 25 de julio de 2025, por la que
“concedió treinta días de licencia por enfermedad general clasificación prórroga a
HERRERA LA ROTTA JUAN GUILLERMO, afiliado(a) a EPS SURA, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No 91.506.813, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, código
470, grado 25 de la planta Globalizada del Municipio de Bucaramanga, por el lapso
comprendido entre 05 de mayo de 2025 hasta 03 de junio del 2025”. Por lo anterior,
reconoció las incapacidades médicas al 66.66 % hasta el día 90 y al 50 % a partir del día
91, lo que se vio reflejado en los desprendibles de nómina del accionante desde el mes
de mayo de la presente anualidad.

8. En el escrito de tutela, el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta adujo que la reducción
de su salario al 50 % “afecta gravemente mi mínimo vital, mi capacidad de acceso al
tratamiento médico y mi sostenimiento básico, toda vez que mis ingresos habituales
($4.431.758) se redujeron a menos de la mitad ($1.978.874 en agosto de 2025).”

9. Adicional a ello, manifestó que es padre de cuatro hijos menores de edad respecto de
los cuales tiene obligaciones alimentarias fijadas judicialmente de la siguiente manera:
ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga se ordenó el descuento del 37.5 %

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Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

del salario (12.5 % para cada hijo) y del 45 % de sus primas y ante el Juzgado Sexto de
Familia de Bucaramanga se ordenó el descuento de un 12.5 % del salario. Por lo tanto,
al descontarse por la incapacidad laboral el 50 % de su salario, los recursos para la
subsistencia del accionado y la de sus hijos es “prácticamente inexistente”.

10. Adujo que la medida cautelar que dictó el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga configuró un defecto fáctico por omitir valorar la condición de salud,
discapacidad y obligaciones familiares del señor Herrera La Rotta.

B. Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 22 de septiembre de 20252, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo
de Bucaramanga y vinculó al señor Sergio Julián Santoyo Silva (demandante en el
proceso de nulidad) y al Municipio de Bucaramanga, en calidad de terceros con interés.

12. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga3 indicó que en ese
despacho se tramita el proceso de nulidad con el radicado No.
68001333300720240023300, en el que se decretó medida cautelar en auto del 21 de
enero de 2025. Posteriormente, en decisión del 18 de febrero de 2025 se rechazaron por
improcedente y extemporáneos los recursos de apelación que se presentaron contra la
referida providencia. Finalmente, en auto del 29 de julio de 2025 el despacho cumplió lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander en relación con el recurso de queja
que se elevó por la entidad demandada contra la decisión que rechazó la apelación.

13. Manifestó que las pretensiones de la acción de tutela son improcedentes al
desconocer la naturaleza del medio de control de nulidad en el que se adoptó de manera
fundamentada la medida cautelar objeto de reproche, por lo que considera innecesario
adicionar argumentos de defensa sobre la misma. Finalmente, señaló que no se cumplió
con el presupuesto de inmediatez.

14. El Municipio de Bucaramanga4 pidió que se negara el amparo solicitado. Indicó que
no vulneró los derechos del accionante y que la tutela no cumple con varios requisitos
para su procedencia. Principalmente, destacó que era un mecanismo de carácter
subsidiario por lo que no era la vía idónea para buscar dejar sin efecto la medida cautelar
que adoptó el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga en un proceso de
nulidad, más cuando existen recursos al interior de éste para refutar y debatirla, adicional
a que la tutela no puede ser utilizada para revivir términos procesales, lo que atentaría
con el principio de seguridad jurídica.

15. También solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva porque la medida
que se quiere cuestionar a través de la acción de tutela la tomó un juez de la república
al interior de un proceso de nulidad simple y no el municipio. Por lo tanto, el municipio
“no es el sujeto pasivo llamado para responder por la presunta vulneración de derechos”.
Al respecto, indicó que únicamente cumplió con la orden que impartió el juzgado y en
virtud de ese respeto y obediencia que le correspondía, profirió la Resolución 1470 de

2
SAMAI, índice 05.
3 SAMAI, índice 10.
4 SAMAI, índice 11.

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Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

2020 mediante la cual ajustó el reconocimiento de incapacidades, según la normativa
vigente.

16. De manera que, al no haber acción u omisión por parte del Municipio de
Bucaramanga que generara algún daño para el accionante, no podría endilgársele
responsabilidad alguna, todo lo cual permite concluir que se debe desvincular al ente
territorial del presente asunto.

C. Fallo impugnado

17. En decisión del 6 de octubre de 20255, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró improcedente la tutela interpuesta por el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta.
Para arribar a tal decisión, manifestó que la parte accionante no agotó los recursos
ordinarios que habilitan la intervención del juez constitucional.

18. Destacó que el señor Herrera La Rotta pretendió atacar la validez de la medida
cautelar que suspendió provisionalmente los efectos de las resoluciones, en el proceso
de nulidad que cursa su trámite ante el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga. Por lo tanto, para efectos de ejercer la defensa de sus derechos, el actor
debe acudir al proceso ordinario, de manera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

19. Adicional a lo anterior, indicó que no se aportó medio alguno que justificara el motivo
de la demora del señor Herrera La Rotta de acudir por la vía constitucional. Al respecto:
“Del recuento fáctico expuesto por el accionante y de la lectura del trámite adelantado en
el proceso ordinario, la Sala observa que, en primer lugar, el decreto de la medida
cautelar se profirió 2 meses antes de que el actor fuera incapacitado, de lo cual se deduce
que no alcanzó a beneficiarse de la disposición demandada; y que, en segundo lugar, el
propio actor reconoce estar incapacitado desde el 31 de marzo del año en curso, de
modo que han transcurrido más de 5 meses desde que empezó a percibir un ingreso
inferior al habitual con ocasión de su incapacidad médica, circunstancia que, según lo
alegado, originó la presunta amenaza de sus derechos fundamentales”.

D. Impugnación

20. En su impugnación6, el actor destacó que sufrió de una grave afectación económica
y una vulneración de su mínimo vital con la reducción del salario que determinó la
alcaldía, en cumplimiento del auto del 21 de enero de 2025, que, a su vez, decretó una
medida cautelar en un proceso de nulidad, lo que ha generado una disminución
comprobada de sus ingresos en más del 50 %, impidiendo cubrir sus necesidades
básicas y compromisos familiares.

21. Manifestó que la interrupción del pago total de su salario le ha provocado
inestabilidad emocional y el riesgo clínico de recaída, dado que, en la actualidad, se
encuentra en el programa de rehabilitación de adicciones con diagnóstico de trastorno
depresivo y dependencia de sustancias psicoactivas, lo que lo califica como un sujeto de
especial protección constitucional. Indicó que a la fecha de la impugnación continuó el

5 SAMAI, índice 14.
6 SAMAI, índice 20.

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pago de sus ingresos muy inferiores a los necesarios para subsistir, lo que configura un
perjuicio irremediable y vulnerabilidad económica, médica y familiar.

22. Consideró que el fallo impugnado incurrió en un defecto fáctico, al no valorar las
pruebas que se aportaron al expediente mediante las cuales se acreditó la afectación
grave al mínimo vital y a la salud del accionante. De la misma manera, señaló que se
aplicó inadecuadamente el principio de subsidiariedad por lo que se incurrió en un
defecto sustantivo. Al respecto, consideró que la tutela era un mecanismo principal
cuando el daño es actual, grave y continuo, y que los medios ordinarios no resultaban
eficaces para evitar su consolidación.

23. También puso de presente que en el fallo se incurrió en un defecto procedimental
porque erradamente se determinó que no se cumplió con el principio de inmediatez,
cuando quedó claro que el accionante estuvo hospitalizado desde el 31 de marzo al 2 de
agosto de 2025, fecha en la que pudo verificar que no le estaban pagando el 100 % de
su salario.

24. Solicitó lo siguiente:

1. Solicitudes principales.
1. REVOCAR el fallo de primera instancia y CONCEDER el amparo
solicitado.
2. ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral revaluar la
medida cautelar adoptada el 21 de enero de 2025.
3. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga – Secretaría Administrativa
restablecer el pago del 100 % de las incapacidades conforme al
numeral 42 de la Resolución 0273 de 2024.
4. EXHORTAR a Colpensiones a garantizar la continuidad en el pago
de incapacidades y coordinar con el Municipio los períodos de
cobertura.
5. ORDENAR reactivar los descuentos conciliatorios por alimentos en
beneficio de mis hijos Valentina, Luisa Fernanda y Jorge Andrés
Herrera Sánchez e Isabella Herrera Rodríguez.

2. Solicitudes subsidiarias.
1. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Bucaramanga revaluar la medida cautelar bajo el principio de
proporcionalidad.
2. Que se disponga la remisión inmediata del expediente a la autoridad
competente, conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

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F. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 6
de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Satander, que declaró
improcedente la petición de amparo. Para tal fin, en primera lugar, establecerá si se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, los de subsidiariedad e inmediatez, cuyo
incumplimiento advirtió el fallador de primer grado.

27. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del
asunto, con el fin de establecer si la providencia del 21 de enero de 2025, mediante la
cual el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de
2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, vulneró los derechos fundamentales
al mínimo vital y vida digna, a la salud, a la igualdad y protección reforzada de las
personas con discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y los derechos
fundamentales de los niños.

E. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

Inmediatez

28. Para la Sala resulta importante señalar que sobre este requisito, se aparta de la
determinación que tomó el tribunal a quo por lo siguiente: en el proceso se acreditó con
la historia clínica del señor Juan Guillermo Herrera La Rotta, suscrita por el personal
médico de la Clínica San Pablo S.A.S, que ingresó al centro médico el 31 de marzo de
2025 y se hospitalizó con un diagnóstico de “Trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: uso nocivo”
y que estuvo inicialmente hasta el 5 de mayo, fecha en la que ingresó al “Programa de
Adicciones” en el que continuó internado hasta el 2 de agosto siguiente.

29. En ese sentido, se observa que durante el período de tiempo en que estuvo
recibiendo tratamiento en el programa para el manejo de su adicción a las sustancias
psicoactivas, el señor Herrera La Rotta no pudo advertir sobre la disminución de su
salario, por lo que, al haber presentado la acción de tutela el día 19 de septiembre, para
la Sala, sin duda alguna, este término resulta razonable.

30. Ahora, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco
se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en
su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad7, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición

7 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114

y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.

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específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un
carácter general, impersonal y abstracto»8.

Subsidiariedad9.

31. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para
satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez
de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el
amparo impetrado.

32. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

G. Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

33. En el caso de estudio, el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta presentó acción de
tutela, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al mínimo vital y vida
digna, a la salud, a la igualdad, a la protección reforzada de las personas con
discapacidad, a la estabilidad laboral reforzada y al de los niños”, los cuales considera
vulnerados por el auto del 21 de enero de 2025, a través del cual se decretó la medida
cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 0255 del 16 de
septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024, providencia dictada
en el marco del proceso de nulidad con radicado 68001333300720240023300.

34. En su criterio, la determinación del Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga
conllevó a que la Alcaldía de Bucaramanga profiriera la Resolución 1470 del 25 de julio
de 2025, mediante la cual reconoció sus incapacidades, por un monto menor al 100%
que disponía el acto administrativo demandado. De ese modo, estimó que la reducción
de su salario en virtud de las incapacidades médicas afectó su mínimo vital, y el de sus
hijos, lo que le causó un perjuicio irremediable.

35. Sin embargo, de entrada, la Sala observa que la presente acción de amparo no
satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en la medida en que, por un lado, el
demandante, a la fecha, no ha acudido al proceso ordinario a presentar las
inconformidades que pretende introducir por esta vía judicial, pese a que dispone de
mecanismos judiciales idóneos para plantearlas.

36. Ahora bien, revisado el proceso ordinario se evidencia que el día 21 de enero de
2025, efectivamente, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga decretó la

8 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,

así como la sentencia T-131 de 2021.
9
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 0255 del
16 de septiembre de 2024 y la Resolución 0273 del 3 de octubre de 2024. Con
posterioridad, en decisión del 18 de febrero siguiente, se rechazaron los recursos de
apelación que se presentaron contra el auto y, en decisión del 13 de junio, el Tribunal
Administrativo de Santander se abstuvo de tramitar recurso de queja al haberse
presentado directamente, sin el recurso de reposición. Por lo tanto, al momento de este
fallo de tutela, la ultima decisión que se ha proferido en el proceso de nulidad es la del
29 de julio, mediante la cual, el juzgado obedeció y cumplió lo resuelto por tribunal.

37. Así las cosas, la Sala no halló ningún registro que dé cuenta de que el aquí
accionante hubiera acudido al referido trámite para solicitar su vinculación al proceso con
el fin de presentar los recursos correspondientes para defender sus intereses. Ello, con
el fin de que el juez de la causa hubiera tenido la oportunidad de estudiar su petición y
emitir un pronunciamiento al respecto.

38. Por el contrario, desconociendo que tenía a su disposición mecanismos judiciales
idóneos y eficaces para procurar la protección de los derechos que considera vulnerados,
el señor Herrera La Rotta decidió acudir a la presente acción constitucional para formular
tales reproches; sin embargo, este valioso mecanismo constitucional no fue previsto para
reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el legislador para resolver una
situación jurídica concreta.

39. Sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha
sostenido que dicho mecanismo de protección de derechos fundamentales ha sido
concebido únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por
actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible
de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

40. En tal sentido, el alto tribunal constitucional argumentó que la tutela no puede
converger con vías judiciales diversas, por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre este y la acción de tutela
porque siempre prevalece la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales.

41. Entonces, para que el juez estudie de fondo la acción de tutela, el interesado debe,
por lo menos, acreditar que agotó los recursos ordinarios que tenía a su disposición; no
obstante, como se expuso antes, en el caso de estudio, no existe prueba siquiera sumaria
de que el señor Juan Guillermo Herrera La Rotta hubiera acudido al proceso de nulidad
a fin de que el juez natural se pronunciara sobre su vinculación para solicitar la nulidad
de la medida que tomó el juzgado. Circunstancia que prima facie da lugar a la
improcedencia de la petición de amparo.

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42. No obstante, es cierto que el juez constitucional puede flexibilizar dicho requisito
cuando se advierta que, pese a existir un mecanismo judicial ordinario, este no resulta
idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, dado el riesgo
inminente de configuración de un perjuicio irremediable. Caso en el cual se puede acudir
a la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos.

43. Sobre la noción de perjuicio irremediable se tiene que este se puede definir como un
riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que, de llegar a producirse, no tendría ninguna forma de
reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende,
es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese
menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente
contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

44. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así10: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma
de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad
de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales».

45. Empero, en el caso concreto, aunque el accionante aseguró que los recursos
ordinarios de los que dispone para procurar la protección de sus derechos no son idóneos
y eficaces, la Sala estima lo contrario.

46. Lo anterior, por cuanto, por un lado, la providencia que aquí se cuestiona no
constituye una decisión definitiva, en la medida en que el trámite del proceso ordinario
se encuentra actualmente en curso y que, a pesar de haberse determinado la suspensión
de las Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y 0273 del 3 de octubre de 2024,
el juez que conoce del asunto puede levantarla y no se ha tomado una última decisión
en ese sentido.

47. A lo anterior se suma que el trámite se ha adelantado diligentemente y en plazos
razonables, por lo que en este caso no se avizora la posible configuración de un perjuicio
irremediable, que faculte al juez del amparo para flexibilizar el requisito de
subsidiariedad. Lo expuesto desestima directamente la falta de idoneidad y eficacia de
los mecanismos judiciales ordinarios dispuestos pues el trámite se ha adelantado con
celeridad y se encuentra en curso.

48. Según se desprende de los desprendibles de nómina del accionante11, efectivamente
empezó a percibir un ingreso inferior al habitual con ocasión de su incapacidad médica,
circunstancia que, según lo alegado, originó la presunta amenaza de sus derechos
fundamentales y una vulneración a su mínimo vital y al de sus hijos. No obstante,
analizados estos, se ve que la Alcaldía de Bucaramanga únicamente cumplió con la
orden dada por el juez de primera instancia de suspender la aplicación de las

10 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
11 Correspondientes a los meses de abril a septiembre de 2025.

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00577-01
Demandante: Juan Guillermo Herrera La Rotta

Resoluciones 0255 del 16 de septiembre de 2024 y 0273 del 3 de octubre de 2024, de
manera que estaba en la obligación de realizar los pagos conforme a lo dispuesto en el
Decreto No. 3135 de 1968, esto es “las dos terceras (2/3) partes del salario que devengue
el trabajador durante los primeros noventa (90) días y la mitad (1/2) del salario durante
los siguientes noventa (90) días”.

49. Incluso, para aclarar que no se trata de la configuración de un perjuicio irremediable
como lo indicó el recurrente, al observar los descuentos realizados a partir del mes de
mayo, la Alcaldía de Bucaramanga realizó los descuentos de las cuotas de alimentos en
proporción a lo que le iba reconociendo al señor Juan Guillermo Herrera La Rotta,
garantizando siempre su mínimo vital.

50. Así las cosas, encuentra la Sala que en este caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto que existe otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces con el objeto de lograr la protección del derecho, esto es, que el accionante acuda
ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacerse parte del proceso de nulidad
simple y manifieste lo que corresponda frente a la medida cautelar que se decretó en el
auto del 21 de enero de 2025 y que considera afecta sus intereses.

51. En conclusión, dado que el accionante tiene a su disposición varios mecanismos
judiciales ordinarios idóneos y eficaces para procurar la protección de sus derechos
fundamentales y que no se está ante la inminente configuración de un perjuicio
irremediable, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela.

52. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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