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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00629-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00629-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 16 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Ra d ic a d o: 68001-23-33-000-2025-00629-01 Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00629-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00629-01
Accionantes: Jenny Liliana Ramón García
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de San Gil Santander
Tema: Derechos: debido proceso administrativo e igualdad. Acto
administrativo nombramiento vacaciones. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 16 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y a la igualdad, así como los principios de publicidad, mérito,
equidad en la provisión de cargos públicos, imparcialidad, legalidad, pro operario,
motivación de actos, transparencia, procesos de selección, «nombramiento y
posesión frente a vacantes temporales, transitorias o definitivas sin registro de
elegibles vigentes» los cuales considera vulnerados por el Juzgado primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil -Santander.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Manifestó que el 23 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de San Gil publicó vacante y convocó a las personas
que se encontraran en el registro de elegibles de la Convocatoria núm. 4 del

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Concurso de méritos- Consejo Seccional de la Judicatura de Santander-, al personal
del despacho y a los de carrera judicial que cumplieran con los requisitos para
ocupar el CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 06, por el periodo
de 25 días -vacaciones-

Que en la misma fecha, la actora envió vía correo electrónico a dicho juzgado la
hoja de vida con soportes respectivos y el 29 del mismo mes y año, se le comunicó
la resolución que nombró a la señora Yuli Natalia Jiménez Rodríguez, y que en la
motivación de la decisión no se evidenció si hacía parte de la lista de elegibles
convocatoria núm. 4, o es empleada de carrera en la rama Judicial.

Considera la actora que esa decisión le vulnera los principios constitucionales que
rigen la provisión de empleos públicos en la Rama Judicial, en especial los de
mérito, transparencia, igualdad, motivación y publicidad, previstos en el artículo 125
de la Constitución Política y en los artículos 156 y 204 de la Ley 270 de 1996,
modificada por la Ley 2430 de 2024.

Afirma que el nominador omitió verificar si existían personas con derecho preferente
para ocupar la vacante temporal, como aquellas inscritas en carrera judicial o en
lista de elegibles. Que, pese a haberse postulado en tiempo y cumplir con todos los
requisitos, su aspiración fue desconocida sin justificación objetiva.

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 010 del 26 de septiembre de 2025
expedida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de San Gil -Santander, que nombró en provisionalidad a la señora Yuli Natalia
Jiménez Rodríguez para desempeñar el cargo de asistente administrativo grado 06.
y se ordene a dicho juzgado, proceder de manera inmediata a realizar un nuevo
nombramiento conforme a lo dispuesto en el artículo 132 numeral 2 de la Ley 270
(reformada por la Ley 2430), los principios orientadores de la función administrativa,
los fines de la función pública; la normatividad y los reglamentos, estudiando para
ello las hojas de vida allegadas.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de octubre de 2025 el magistrado sustanciador admitió la demanda y vinculó a
los 10 profesionales que se postularon a la vacante ofertada para el cargo de
asistente administrativo grado 06 del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de San Gil -Santander y a ASONAL Judicial S.I; y corrió el
respectivo traslado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil -
Santander se opuso a la prosperidad de las pretensiones, afirmando que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la accionante ni la tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia; específicamente el de la subsidiariedad, por

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cuanto no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa, ni se trata de conjurar
un perjuicio irremediable.

Expresó que la convocatoria para suplir la vacancia temporal del cargo de asistente
administrativo grado 06 por el periodo de vacaciones concedido a partir del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), a veintitrés (23) de
octubre de la presente anualidad; se realizó con fundamento en el artículo 132 de
la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024 y el nombramiento
provisional se efectuó conforme a los principios de igualdad, imparcialidad,
moralidad y celeridad motivado en la experiencia y responsabilidad de la
seleccionada.

Que en la Resolución núm. 10 del 26 de septiembre de 2025 se dejó constancia de
que no existía registro de elegibles vigente para el cargo, por lo que no hubo
vulneración alguna.

Agregó que no existe obligación legal de designar a un empleado de carrera de otro
despacho judicial, que el Consejo de Estado suspendió los efectos de los artículos
1° y 2° del Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024, mediante auto del
5 de septiembre de 2025 y que al no existir empleados de carrera o elegibles
disponibles, la designación de la señora Yuli Natalia Jiménez Rodríguez fue válida,
razonada y ajustada a la ley, dentro de la discrecionalidad del nominador.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

ASONAL JUDICIAL S.I. coadyuvó la acción de tutela reiterando su compromiso
con la defensa del mérito, la transparencia, la motivación de los actos
administrativos y el respeto de los derechos de carrera judicial, pilares esenciales
de la función pública y de la administración de justicia.

Solicitó ordenar al Juzgado accionado la revisión objetiva y motivada de las hojas
de vida allegadas, observando los artículos 132 y 204 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 2024.

La señora Yuli Natalia Jiménez Rodríguez, vinculada al trámite constitucional
intervino manifestando que las actuaciones del despacho judicial se ajustaron
plenamente a la legalidad, transparencia y buena fe, conforme a los principios que
rigen la función pública y la administración de justicia; que no se presentó
irregularidad alguna en el proceso de provisión temporal; que no existe en el
expediente hoja de vida alguna de las personas incluidas en la lista de elegibles ni
del personal de carrera del despacho, por lo que el Juzgado estaba facultado para
designar libremente a quien considerara más idóneo según sus capacidades,
destrezas y experiencia.

No se presentaron más intervenciones.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 16 de octubre de
2025 declaró improcedente la acción de tutela, luego de determinar que no cumple
con el requisito de subsidiariedad; puesto que la tutelante disponía de las acciones
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en particular la de nulidad y
restablecimiento del derecho que resultaba efectiva para la protección de sus
derechos fundamentales.

Expresó que la accionante señaló las razones de la ilegalidad del acto administrativo
reprochado a fin de dejarlo sin efectos y también y pretendió el restablecimiento de
sus derechos, pese a que pudo participar de la convocatoria al cargo ofertado por
el despacho encartado.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, cuestionando en primer lugar el argumento
de que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es idónea y eficaz, frente
al cual expresó que es una falacia, pues no está demostrada su eficacia en el caso
concreto. Que dicha acción, incluso con solicitud de medidas cautelares, no puede
ofrecer una protección oportuna y eficaz contra un acto administrativo de tan corta
duración y cuando el proceso ordinario concluyera, el nombramiento ya habría
cesado, tornando ilusorio el restablecimiento del derecho.

Aseguró entonces que es la acción de tutela el único mecanismo eficaz para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable, por lo cual el requisito de
subsidiariedad debió tenerse por satisfecho y citó como fundamento las Sentencias
SU-961 de 1999, T-308 de 2018, SU-448 de 2019 y SU-452 de 2024.

Insistió en los argumentos expresados en el escrito introductor.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad tratándose de
acto administrativo y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

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Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales» 1.

Por otra parte, la amplia jurisprudencia constitucional ha establecido de manera
general la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la
suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la
Corte Constitucional:

«[…] Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. […]»2

1 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
2 Sentencia T-149 de 2023

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En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

La accionante impugna la sentencia de primer grado considerando que incurre en
falacias al determinar que no es procedente la tutela contra el acto administrativo
que pretende se deje sin efectos, dada la temporalidad de este. Considera que era
procedente la tutela para precaver un perjuicio irremediable; situación que no
encontró acreditada la primera instancia.

Al respecto, la Sala evidencia que a través de la Resolución núm. 10 del 26 de
septiembre de 2025 se nombró a la señora Yuli Natalia Jiménez Rodríguez en el
cargo de asistente administrativo grado 06 en el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de San Gil, durante el periodo del 29 de septiembre
y el 23 de octubre de 2025, con ocasión de las vacaciones del titular en propiedad.

De lo anterior se deduce que no existe una violación de derechos fundamentales
actual o inminente que amerite la intervención del juez constitucional, ya que la
acción de tutela fue motivada por una situación temporal que en este momento no
existe, pues el cargo ya no está vacante.

Es pertinente aclarar que no le asiste razón a la señora Ramón, al considerar que
la temporalidad del acto administrativo hace procedente la acción de tutela, cuando
no se acreditó ni siquiera de manera sumaria la ocurrencia de un perjuicio
irremediable en relación con los derechos fundamentales que estima transgredidos.

En este sentido, aun tratándose de un acto administrativo temporal, la accionante
puede acudir a las acciones contencioso-administrativas para procurar la nulidad
del acto que considera ilegal y la consecuente indemnización de perjuicios por los
efectos que le hubiera producido durante su vigencia; teniendo en cuenta que la
falta de vigencia no impide su control judicial.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 16 de octubre de 2025 que declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 16 de octubre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

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Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Con salvamento de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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